Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 17 de Febrero de 2022

PonenteAngela Russo de Cedeño
Fecha de Resolución17 de Febrero de 2022
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: A.R. de Cedeño

Fecha: 17 de febrero de 2022

Materia: Tribunal de Instancia

Denuncia

Expediente: 202200004180

VISTOS:

Para conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ingresó la denuncia penal presentada por J.L.G.L., actuando en su propio nombre y representación, por la presunta comisión del delito Contra la Administración Pública (Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos) contra los 71 Diputados que conforman la Asamblea Nacional.

ANTECEDENTES

El Licenciado J.L.G.L., panameño, portador de la cédula de identidad personal No. 8-270-718, abogado en ejercicio, compareció el día 18 de enero de 2022, ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, para presentar denuncia penal, por la presunta comisión del delito de Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos, en contra de los 71 Diputados que intregran la Asamblea Nacional.

El denunciante fundamenta su relato en los siguientes hechos:

"PRIMERO: Los Diputados de la Asamblea Nacional, con intensión (sic) dolosa, a sabiendas de la prohibición de expedir leyes que contraríen la letra o espíritu de la Constitución, tal y como lo señala La Constitución Política, ARTÍCULO 163: Es prohibido a la Asamblea Nacional:

  1. Expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución.

    Esta Asamblea Nacional expidió las siguientes leyes contrariando la letra y también el espíritu de la Constitución.

  2. Ley 254 de 11 de noviembre de 2021, GACETA Oficial Digital No.29413-A, jueves 11 de noviembre de 2021, que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y en materia de blanqueo de capitales, al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

    A- Viola el secreto profesional y la obligación de confidencialidad.

    B- Sanciona con multas elevadas al agente residente y a la persona jurídica que no cumpla con la referida ley.

    C- Dirige su supervisión a los sujetos no obligados financieros, abogados, contadores, etc.

  3. Ley 256 de viernes 26 de noviembre de 2021, que modifica artículos de la ley 76 de 1976, sobre medidas Tributarias.

    A- Establece la obligatoriedad de la expedición de facturas o documentos equivalentes para acreditar toda operación relativa a transferencia, venta de bienes, y prestación de servicios por parte de las personas residentes en el territorio panameño.

    B- La documentación de operaciones relativas a transferencia, venta de bienes y prestación de servicios deberá ser emitida mediante el uso de equipo fiscales autorizados o por medio del sistema de facturación electrónica de Panamá, bajo las modalidades de proveedor autorizado calificado o facturado gratuito del sistema de facturación electrónica de Panamá.

    C- Las infracciones o contravenciones por incumplimiento de esta ley será de multas y cierre provisional del establecimiento comercial.

  4. Ley 257 de 26 de noviembre de 2021, que modifica la ley 99 de 2019, en relación con la regulación Tributaria para el pago de tributos y al código de procedimiento tributario y dicta otras disposiciones.

    A- Establece amnistía tributaria para personas naturales y jurídicas y bienes inmuebles morosos en el pago de los impuestos, tasas, contribuciones.

    B- Permite desistir de acciones y recursos, arreglo de pago y hacer convenio de pagos.

    C- Crea la figura del certificado del buen contribuyente que permite el mecanismo de desempate en el evento de que dos o más participantes formularan propuestas similares en un proceso de licitación pública realizado por entidades gubernamentales.

SEGUNDO

Las referidas leyes viola (sic) el artículo 40 de la Constitución Política, el cual preceptúa: ARTÍCULO 40. Toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio sujeta a los reglamentos que establezca la Ley en lo relativo a idoneidad, moralidad, previsión y seguridad sociales, colegiación, salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias.

No se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios y las artes.

(El subrayado es nuestro)

De la excerta anterior se desprende que no se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios y las artes, el ejercicio de la abogacía es una profesión liberal.

TERCERO

EL ARTÍCULO 154 de la Constitución Política, dispone: Los miembros de la Asamblea Nacional no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo.

De la norma anterior se desprende que los miembros de la Asamblea Nacional no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo, pero sí son responsables penalmente por expedir leyes que contrarien la letra y el espíritu de la Constitución, debido a que es un mandato prohibitivo de la Constitución y un funcionario público sólo puede hacer lo q ue señale la ley.

CUARTO

El Código Penal regula el delito de Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos, en el artículo 355 del Código Penal, que dice:

Artículo 355: El servidor público que, abusando de su cargo, ordene o cometa en perjuicio de alguna persona un hecho arbitrario no calificado específicamente en la ley penal será sancionado con prisión de uno a dos años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.

(El subrayado es nuestro)

De la norma anterior se desprende que si los miembros de la Asamblea Nacional expiden leyes que violentan la letra o el espíritu de la Constitución, dicha conducta de los diputados se subsume el artículo 355 del Código Penal, como abuso de autoridad por acción".

Los Diputados mencionados en la denuncia son:

  1. B.R., circuito 1-1, partido PRD.

  2. A.Á., circuito 1-1, partido PRD.

  3. D.R., circuito 2-1, partido PRD.

  4. N.G., circuito 2-1, partido PRD.

  5. M.H., circuito 2-2, partido PRD.

  6. L.C., circuito, circuito 2-3, partido Panameñismo.

  7. J.H., circuito 2-4, partido Panameñismo.

  8. M.L., circuito 3-1, partido PRD.

  9. J.S., circuito 3-1, partido PRD.

  10. P.T., circuito 3-1, partido PRD.

  11. L.B., circuito 3-1, partido CD.

  12. N.J., circuito 3-1, partido CD.

  13. M.F., circuito 3-1, partido Molirena.

  14. F.A., circuito 4-1, partido PRD.

  15. H.M., circuito 4-1, partido Panameñismo.

  16. E.C., circuito 4-2, partido Panameñismo.

  17. J.E., circuito 4-3, partido PRD.

  18. R.A., circuito 4-3, partido CD.

  19. G.G., circuito 4-4, partido PRD.

  20. M.R., circuito 4-5, partido Molirena.

  21. A.G.R., circuito 4-6, partido CD.

  22. A.D., circuito 5-1, partido CD.

  23. J.V., circuito 5-1, partido PRD

  24. A.C., circuito 6-1, partido PRD.

  25. Julio M., circuito 6-2, partido PRD.

  26. M.C., circuito 6-2, partido PRD.

  27. E.B., circuito 7-1, partido PRD.

  28. O.F., circuito 7-2, partido PRD.

  29. K.H., circuito 8-1, partido PRD.

  30. Y.R., circuito 8-1, partido Panameñismo.

  31. M.V., circuito 8-1, partido CD.

  32. Y.A., circuito 8-2, partido CD.

  33. J.H., circuito 8-3, partido Panameñismo.

  34. H.D., circuito 8-4, partido CD.

  35. R.A., circuito 8-5, partido PRD.

  36. L.B. de Guerra, circuito 8-5, partido CD.

  37. R.A., circuito 8-5, partido PRD.

  38. Z.R., circuito 8-6, partido PRD.

  39. J.D.V., circuito 8-6, Independiente.

  40. R.P., circuito 8-6, partido PRD.

  41. L.Á., circuito 8-6, partido PRD.

  42. D.B., circuito 8-6, partido PRD.

  43. I.A., circuito 8-6, partido Panameñismo.

  44. F.A., circuito 8-6, partido Molirena.

  45. G.S., circuito 8-7, Independiente.

  46. H.B., circuito 8-7, partido PRD.

  47. S.G., circuito 8-7, partido CD.

  48. C.A., circuito 8-7, partido PRD.

  49. C.C., circuito 8-7, partido Molirena.

  50. M.C., circuito 8-8, partido CD.

  51. E.B., circuito 8-8, Independiente.

  52. J.S., circuito 8-8, partido PRD.

  53. V.C., circuito 8-8, partido PRD.

  54. R.F., circuito 8-8, Independiente.

  55. A.G., circuito 8-9, partido PRD.

  56. G.A., circuito 8-9, partido CD.

  57. T.R., circuito 8-9, partido Molirena.

  58. C.V., circuito 8-10, partido PRD.

  59. E.V., circuito 8-10, partido Panameñismo.

  60. A.C., circuito 8-10, partido CD.

  61. E.Z., circuito 8-10, partido CD.

  62. L.C., circuito 9-1, partido PRD.

  63. S.S., circuito 9-1, partido CD.

  64. A.P., circuito 9-2, partido PRD.

  65. E.B., circuito 9-3, partido PRD.

  66. R.T., circuito 9-4, partido PRD.

  67. P.A., circuito 10-1, partido PRD.

  68. A.A., circuito 10-2, partido PRD.

  69. L.A., circuito 12-1, partido CD.

  70. A.B., circuito 12-2, Independiente.

  71. R.S., circuito 12-3, partido PRD.

    Finalmente, el Licenciado J.L.G.L., adjunta como prueba idónea del hecho punible denunciado, lo siguiente:

  72. Ley 254 de 11 de noviembre, Gaceta Oficial Digital No. 29413, de jueves 11 de noviembre de 2021 (fiel copia de la versión digital).

  73. Ley 256 de viernes 26 de noviembre de 2021, y Ley 257 de viernes 26 de noviembre de 2021. Gaceta Oficial Digital No. 29424, fechada viernes 26 de noviembre de 2021.

  74. Copia cotejada con su original del certificado de idoneidad para ejercer la profesión de abogado en la República de Panamá.

    COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

    Mediante el Acto Constitucional N° 1 de 27 de julio de 2004, se efectuaron importantes reformas a la Constitución Política de la República, entre las cuales destaca el aumento de atribuciones constitucionales y legales a la Corte Suprema de Justicia en cuanto al juzgamiento de los miembros de la Asamblea Nacional, las que se encuentran contenidas en los artículos 155 y 206, numeral tercero de la Constitución, los cuales indican:

    "Artículo 155: Los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional. La detención preventiva o cualquier medida cautelar será determinada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

    ..." (Resaltado por el Pleno)

    "Artículo 206: La Corte Suprema de Justicia tendrá entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:

  75. Investigar y procesar a los Diputados. Para efectos de la investigación, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia comisionará a un agente de instrucción.

    Las decisiones de la Corte en el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en el Gaceta Oficial."

    Las normas del Código Procesal Penal, aprobado mediante Ley No. 63 de 28 de agosto de 2008, que entró a regir desde el día 2 de septiembre de 2011, le son aplicables a los procesos penales que sean de competencia de la Corte Suprema de Justicia, en Pleno y en la Sala Penal, como tribunal de única instancia. El artículo 39 del Código Procesal Penal, dispone que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es competente para conocer de los procesos penales y de las medidas cautelares contra los Diputados.

    PRESUPUESTOS PARA LA ADMISIBILIDAD

    Adicional a las normas constitucionales y legales que fijan la competencia para conocer los procesos contra los miembros de la Asamblea Nacional resulta necesario observar lo dispuesto en la Ley No. 55 de 21 de septiembre de 2012, "Que modifica y adiciona artículos al Código Procesal Penal, relativos a los procesos contra los miembros de la Asamblea Nacional", que entró en vigencia el primero (1°) de noviembre de 2012.

    En este sentido, el artículo 487 del Código Procesal Penal establece las formas en que puede ser promovida la investigación en contra de los Diputados, indicando lo siguiente:

    "Artículo 487. Competencia. Compete al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la investigación y juzgamiento de los actos delictivos y policivos cuya comisión se atribuya a los diputados de la República, principales o suplentes.

    La investigación podrá ser promovida por querella o denuncia del ofendido y será presentada ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

    Cuando se trate de causas penales no concluidas que se hayan iniciado en una agencia del Ministerio Público, del Órgano Judicial, del Tribunal Electoral, de la Fiscalía General Electoral, de la jurisdicción aduanera o en cualquiera otra jurisdicción, el funcionario o el juez que conozca del caso elevará inmediatamente el conocimiento del proceso en el estado que se encuentre, en lo que concierna al diputado principal o suplente, a la Corte Suprema de Justicia.

    Lo dispuesto en el párrafo anterior también se aplicará en las causas policivas en que aparezca involucrado un diputado principal o suplente".

    Se infiere en consecuencia, que procede la investigación y juzgamiento de un Diputado, cuando la respectiva investigación es promovida por querella o denuncia del ofendido o cuando tratándose de causas penales iniciadas en una Agencia del Ministerio Público, del Órgano Judicial, etc, el respectivo funcionario advierta que en un determinado proceso se vincule a un Diputado, en cuyo caso, se elevará el conocimiento del proceso a la Corte Suprema de Justicia.

    Por su parte, el artículo 488 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 55 de 2012, exige al denunciante o querellante, que su pretensión para el inicio de la investigación debe ser promovida por escrito, a través de abogado. Además establece el referido artículo, que la querella o denuncia debe cumplir con lo siguiente:

    "1. Los datos de identidad, domicilio y firma del querellante o denunciante y de su apoderado legal.

  76. Los datos de identificación del querellado y su domicilio.

  77. Una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar y tiempo de su realización.

  78. Prueba idónea del hecho punible investigado.

    Si la querella o la denuncia no reúne estos requisitos para su calificación, será rechazada de plano. En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, verificará la documentación aportada por la parte denunciante, a efectos de establecer si reúne los requisitos de admisión.

    Se constata que la denuncia ha sido presentada por escrito, mediante abogado, ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo así con la exigencia del artículo 487 del Código Procesal Penal.

    A continuación, el Pleno de esta Superioridad Judicial examinará si se cumple con lo dispuesto en el artículo 488 de la misma excerta.

  79. Los datos de identidad, domicilio y firma del querellante o denunciante y de su apoderado legal.

    En el libelo de la denuncia, visible de fojas 1-7 del expediente, se constatan los datos de identidad del denunciante, J.L.G.L., con cédula de identidad personal No. 8-270,718, con domicilio en la Provincia de Panamá Oeste, Distrito de Arraiján, corregimiento de Burunga, casa 77, abogado en ejercicio, con oficinas profesionales en el Distrito de La Chorrera, corregimiento de Barrio Balboa, E.K., local No. 7, teléfono 67463901, correo electrónico gallowaylogan@hotmail.com, por lo cual, estima el Pleno de la Corte se cumple con el requisito de admisibilidad correspondiente al numeral 1 de la norma precitada.

  80. Los datos de identificación del querellado o denunciado y su domicilio.

    Para cumplir con este requisito, el abogado denunciante enlista los nombres de los 71 Diputados de la Asamblea Nacional denunciados, con identificación del circuito electoral al que corresponden, el colectivo político al que pertenecen, y señala como domicilio de todos y cada uno de ellos, la Asamblea Nacional, ubicada en la Plaza 5 de Mayo, ciudad de Panamá, con teléfono (+507) 5128300. Por tanto, considera el Pleno de esta Superioridad Judicial, que se cumple con el requisito de admisibilidad correspondiente al numeral 2 de la norma precitada, tal como se ha examinado en denuncias y/o querellas precedentes.

  81. Una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar y tiempo de su realización.

    Con relación a esta exigencia, observa el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que el Licenciado J.L.G.L., afirma en su relato que los Diputados de la Asamblea Nacional, con intención dolosa, a sabiendas de la prohibición de expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de la Constitución Política, señalada en su artículo 163, expidieron las leyes que a continuación se indican, y que a su entender son violatorias a disposiciones y principios consignados en nuestra Carta Magna:

  82. Ley 254 de 11 de noviembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial Digital No.29413-A, del jueves 11 de noviembre de 2021, que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

  83. Ley 256 de 26 de noviembre de 2021, que modifica artículos de la Ley 76 de 1976, sobre Medidas Tributarias.

    3- Ley 257 de 26 de noviembre de 2021, que modifica la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, por la cual se concede amnistía tributaria general para el pago de tributos, se modifica la Ley 76 de 13 de febrero de 2019, relativa al Código de Procedimiento Tributario y se dictan otras disposiciones.

    Como se ha expresado, el denunciante considera que con la expedición de estas tres (3) leyes, antes descritas, los setenta y un (71) Diputados de la Asamblea Nacional denunciados, incurrieron en la presunta comisión de delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos, ya que a su criterio, estos 71 miembros de la Asamblea Nacional, de manera dolosa las aprobaron, a sabiendas que contrarían la letra o espíritu de nuestra Carta Magna, en razón de que conllevan:

    · Violación al secreto profesional y a la obligación de confidencialidad.

    · Sanción con multas elevadas al agente residente y a la persona jurídica que no cumpla con la referida ley.

    · Dirige su supervisión a los Sujetos No Obligados Financieros, Abogados, Contadores, etc.

    · La obligatoriedad de la expedición de facturas o documentos equivalentes para acreditar toda operación relativa a transferencia, venta de bienes, y prestación de servicios por parte de las personas residentes en el territorio panameño.

    · Que la documentación de operaciones relativas a transferencia, venta de bienes y prestación de servicios deberá ser emitida mediante el uso de equipos fiscales autorizados o por medio del sistema de facturación electrónica de Panamá, bajo las modalidades de proveedor autorizado calificado o facturado gratuito del sistema de facturación electrónica de Panamá.

    · Que las infracciones o contravenciones por incumplimiento de lo dispuesto en la ley, será de multas y cierre provisional del establecimiento comercial.

    También refiere el denunciante, que las citadas leyes infringen el artículo 40 de la Constitución Política, que establece:

    "ARTÍCULO 40: Toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio sujeta a los reglamentos que establezca la Ley en lo relativo a idoneidad, moralidad, previsión y seguridad sociales, colegiación, salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias. No se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios y las artes.

    De la exposición de los hechos contenidos en el libelo de la denuncia, considera el Pleno de esta Superioridad Judicial que no se logra extraer una relación precisa, clara y circunstanciada de cuál es el hecho que presuntamente se le atribuye a los setenta y un (71) Diputados de la Asamblea Nacional, entendiéndose que este requisito implica que se proporcione una explicación de las características de tiempo, lugar y modo que rodearon el hecho atribuido a los 71 Diputados y su realización, la cual debe figurar de manera clara y precisa.

    Lo anterior, en razón que los actos denunciados guardan relación con la función legislativa contemplada en el artículo 159 de nuestra Carta Magna, que señala es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado.

    T. en consecuencia, de la función legislativa, desarrollada a través de la expedición de leyes, el Pleno de esta Corporación Judicial, estima que el denunciante debió describir o detallar la actuación de cada uno de los Diputados denunciados, en el trámite relativo a las consultas, discusión, votación y/o aprobación de las iniciativas legislativas (proyectos de ley), que culminaron con la expedición de las tres (3) leyes antes descritas, que a juicio del Licenciado J.L.G.L., contrarían el espíritu de nuestra Carta Magna.

    En esta dirección, el artículo 166 de la Constitución Politica, establece que todo Proyecto de Ley deberá ser aprobado mediante tres debates, en días distintos y sancionados por el Ejecutivo en la forma que dispone la Carta Magna. Por otro lado, conforme al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional (Ley 49 de 4 de diciembre de 1984, que lo adoptó originalmente, con las modificaciones, adiciones y derogaciones aprobadas por la Ley 7 de 1992, la Ley 3 de 1995, la Ley 39 de 1996, la Ley 12 de 1998, la Ley 16 de 1998, la Ley 35 de 1999, la Ley 57 de 2002, la Ley 25 de 2006, la Ley 16 de 2008, la Ley 28 de 2009, la Ley 32 de 2009, la Ley 38 de 2009, la Ley 43 de 2009 y la Ley 66 de 2009, sobre la base del texto único publicado en la Gaceta Oficial No. 26476- D de 24 de febrero de 2010), de estos tres debates, uno es en la Comisión respectiva, y dos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Tanto en el primer debate como en el segundo, se admite la presentación y aprobación de propuestas de modificación al texto inicial del proyecto. El tercer debate es una discusión de la totalidad del proyecto, y no admite modificaciones de ningún tipo.

    En el debate que se lleva a cabo en la Comisión respectiva, es el que concentra la mayor participación de funcionarios y ciudadanos. Los proyectos con sus modificaciones aprobadas por la respectiva Comisión, son luego propuestos al Pleno de la Asamblea, donde pasarán por el segundo y tercer debate. Concluido el tercer debate, el P. y el S. de la Asamblea Nacional firman el proyecto y lo envían al órgano Ejecutivo para su sanción y publicación.

    Esta breve sinopsis de la función legislativa (trámite para la expedición de leyes), sirve de soporte al Pleno de esta Superioridad Judicial, para considerar que no estamos en presencia de hechos con apariencia de punible (Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos), en razón que para la expedición de las leyes objeto de la presente denuncia, se surtió el trámite previsto en el artículo 166 de nuestra Carta Magna, y en el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, de ahí que, de la documentación aportada por el denunciante, se observa que las citadas leyes fueron sancionadas por el P. de la República, y publicadas en la Gaceta Oficial, el mismo día. Lo que significa, que no fueron objetadas por el Órgano Ejecutivo.

    En apoyo a este razonamiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra el pronunciamiento de la Sala Segunda de lo Penal, de fecha 23 de enero de 2012, bajo la ponencia del Magistrado L.M.C., cuando se indicó en aquella oportunidad, lo siguiente:

    "La jurisprudencia de esta corporación ha establecido que el tipo penal transcrito (abuso de autoridad) requiere que el servidor público acusado realice un acto arbitrario no calificado en la ley penal. Así, se debe precisar que un acto arbitrario es aquello que se realiza sin referencia alguna a un marco legal. En otros términos, supone el ejercicio de la función pública por fuera de toda facultad normativa. Por otra parte, el delito de infracción de los deberes de los servidores públicos, consiste en que el agente indebidamente rehúse, omita o retarde algún acto inherente a sus funciones, cuya sanción es de seis meses a un año de prisión o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana (artículo 356 CP 2007). Este tipo penal se caracteriza por tratarse de una acción dolosa por omisión realizada por un funcionario en el ejercicio de su cargo, con el conocimiento de que está faltando a sus deberes: el agente, indebidamente, se abstiene de hacer lo que la ley le obliga." (lo resaltado es del Pleno).

    Con respaldo en este pronunciamiento, no es dable afirmar en consecuencia, que los 71 Diputados de la Asamblea Nacional incurrieron en la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, ante la ausencia de elementos probatorios que sugieran que el trámite para la expedición de las tres leyes cuestionadas por el denunciante, se desarrolló incumpliendo la normativa constitucional.

    El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, no desconoce la existencia y vigencia del artículo 154 de la Constitución Política, con relación a que los miembros de la Asamblea Nacional, no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo.

    Con respecto a la aseveración del denunciante, de que las tres (3) leyes antes citadas, contrarían el espíritu de la Constitución Política, considera este Tribunal Colegiado que la denuncia penal que nos ocupa, no es la vía idónea para pretender se logre esa declaración.

  84. Prueba idónea del hecho punible imputado.

    Frente a este análisis, debe el Pleno manifestar que de los hechos relatados por el denunciante o del caudal probatorio aportado en la denuncia, no se evidencia la comisión de un hecho punible, por lo que se revela la carencia de argumentos suficientes para iniciar el curso de una investigación penal en esta Sede, teniendo claro el contenido del artículo 488 del Código Procesal Penal.

    Es por esa razón, que esta Corporación de Justicia, estima que no se ha presentado la prueba idónea, que configure los presupuestos, de la existencia de un hecho con apariencia delictiva y la presunta vinculación de los Diputados, por el sólo hecho que se haya presentado una denuncia penal.

    Por lo que, acoger la denuncia presentada sin mayor justificación, sería asumir sin mayor objetividad ni análisis, que la denuncia promovida por el Licenciado J.L.G.L., acredita los extremos exigidos para una investigación y juzgamiento penal ante esta esfera jurisdiccional, lo que se traduce en un atentado contra la presunción de inocencia.

    PARTE RESOLUTIVA

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia- Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DISPONE:

  85. NO ADMITIR la denuncia penal presentada por el Licenciado J.L.G.L., actuando en su propio nombre y representación, por la presunta comisión del delito Contra la Administración Pública (Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos), contra los 71 Diputados quienes conforman la Asamblea Nacional.

  86. ORDENA el archivo del expediente.

Fundamento de Derecho

Artículos 155 y 206 de la Constitución Política; artículos 39, 487, 488 y demás concordantes del Código Procesal Penal, modificados por la Ley 55 de 21 de septiembre de 2012.

N.,

ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES - OLMEDO ARROCHA OSORIO -- JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS ROSALINDA ROSS SERRANO - MARÍA CRISTINA CHEN STANZIOLA -- MIRIAM CHENG ROSAS -- M.C.B. (Voto Concurrente) -- MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS.

YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)

VOTO CONCURRENTE

MAGISTRADA M.C.B.

Con el respeto acostumbrado, tengo a bien indicar que comparto la decisión adoptada por el Pleno, a través de la presente resolución, no así, la afirmación realizada a foja 13, cuarto párrafo del fallo, de tenor siguiente:

"El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, no desconoce la existencia y vigencia del artículo 154 de la Constitución Política, con relación a que los miembros de la Asamblea Nacional, no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo".

Lo anterior, debido a que considero se trata de un argumento de fondo, aspecto que no resulta posible atender en esta etapa formal del proceso, en la que corresponde únicamente verificar la admisibilidad o no de la denuncia, a partir del cumplimiento de presupuestos específicos, descritos en el artículo 488 del Código Procesal Penal.

Por tanto, al no estar de acuerdo con la afirmación antes expuesta, procedo, con base en el artículo 115 del Código Judicial, a emitir este VOTO CONCURRENTE.

Fecha ut supra,

Maribel Cornejo Batista

Magistrada

Yanixsa Y. Yuen

Secretaria General

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