Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 23 de Febrero de 2021

PonenteCarlos Alberto Vásquez Reyes
Fecha de Resolución23 de Febrero de 2021
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Carlos Alberto Vásquez Reyes

Fecha: 23 de febrero de 2021

Materia: Juicio ejecutivo por jurisdicción coactiva

Excepción

Expediente: 478-19

VISTOS:

El LicenciadoEric SantamaríaRíos, en representación del heredero o presuntos herederos de G.S.R. (Q.E.P.D.), ha presentado Excepción de Prescripción, dentro del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue el Banco de Desarrollo Agropecuario a G.S.R. (Q.E.P.D.).

Admitida la Excepción propuesta, por medio del Auto de 23 de julio de 2019, se ordenó correrle traslado al ejecutante y a la Procuraduría de la Administración. De igual manera, se dispuso la suspensión del remate.

  1. ARGUMENTOS DEL EXCEPCIONANTE.

    El apoderado judicial del heredero o presuntos herederos de G.S.R. (Q.E.P.D.), fundamenta su pretensión en los siguientes puntos:

    · Que G.R. (Q.E.P.D.) suscribió contrato de préstamo con el Banco de Desarrollo Agropecuario, denominado con la numeración 44006084012, con fecha de apertura del 17 de abril de 1984, con plazo máximo de cancelación de 19 años, contados a partir de la fecha de suscripción y con vencimiento el 5 de diciembre de 2003.

    · Que el Juzgado Ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario, Zona de Chiriquí, inició la ejecución de la obligación a través del Auto N°.233-2017 de 21 de julio de 2017, fecha en la que se encontraba prescrita la obligación, conforme a lo estipulado en el artículo 1650 del Código de Comercio, al haber transcurrido más de cinco (5) años desde que la misma era exigible sin que hubiere mediado alguna circunstancia que interrumpiera la prescripción.

  2. ARGUMENTOS DE LA ENTIDAD EJECUTANTE.

    El Banco de Desarrollo Agropecuario, por medio del Licenciado Alberto J, G.U., en su calidad de Juez Ejecutor, designado mediante Resolución D.J. N°72-2012 de 16 de abril de 2012, presenta escrito de oposición a la Excepción incoada; no obstante, acepta la mayoría de los hechos en que se fundamenta dicha Excepción y las pruebas que acompañan la misma. Así mismo, se debe indicar que no realiza argumentación tendiente a expresar las razones por las cuales considera que no se ha configurado la prescripción invocada por el recurrente.

  3. OPINIÓN DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN.

    Por medio de su Vista Fiscal Número 1355 de 27 de noviembre de 2019, visible de fojas 21 a 32 del Expediente Judicial, el Procurador de la Administración, al analizar la controversia propuesta ante esta Superioridad, solicita se sirva declarar probada la Excepción promovida, toda vez que considera que concurren los elementos necesarios que permiten considerar la obligación como prescrita, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1650 del Código de Comercio.

  4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL.

    1. Cuestión Previa.

      Una vez efectuado el estudio del Expediente, lo primero que se debe tener presente es que las actuaciones que lo conforman se dan dentro de un Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo, el cual persigue el fin de hacer valer los créditos que a su favor posea el Estado, específicamente en aquellas instituciones a las que se le haya atribuido esta Jurisdicción para el cobro de tales créditos.

      El Proceso enunciado, se encuentra regulado en el Capítulo VIII "Proceso por Cobro Coactivo" del Título XIV "Procesos de Ejecución", del Código Judicial, que abarca desde el artículo 1777 al 1785 del referido cuerpo normativo.

      En tal sentido, el artículo 1777 del Código Judicial, señala lo citado a continuación:

      Artículo 1777. Los funcionarios públicos, los gerentes y directores de entidades autónomas o semiautónomas y demás entidades públicas del Estado a quienes la ley atribuya el ejercicio del cobro coactivo, procederán ejecutivamente en la aplicación de la misma, de conformidad con las disposiciones de los Capítulos anteriores y demás normas legales sobre la materia.

      En los procesos por cobro coactivo el funcionario ejerce las funciones de juez y tendrá como ejecutante la institución pública en cuyo nombre actúa.

      En estos procesos no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de recursos por la vía gubernativa.

      En estos procesos no habrá condena en costas, salvo las relativas a gastos que hayan sido estrictamente necesarios para la tramitación, absteniéndose de tasar o conceder aquéllos excesivos, superfluos o inútiles y los que para su comprobación no se evidencien con la correspondiente factura, tomando en consideración para tales fines los usos y costumbres de cada lugar.

      Tal como puede apreciarse, la principal particularidad de este tipo de Procesos recae en el hecho que la Ejecución Coactiva está a cargo de un Tribunal que forma parte de la propia entidad estatal que otorga el crédito, y no un Tribunal Ordinario, por tanto, puede decirse que en estos casos la Administración se constituye como Juez y parte.

      De ahí a que la normativa en referencia disponga en su artículo 1780que las Excepciones e Incidentes, Tercerías y N. que se presenten en estos juicios, serán conocidos por esta S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia y no el propio Tribunal que adelanta la Ejecución, debido al carácter imparcial que ante lo planteado posee esta Corporación Jurisdiccional. El contenido del artículo 1780 del Código Judicial es el citado a continuación:

      "Artículo 1780. La Corte Suprema de Justicia, S. Tercera, de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, conocerá de las apelaciones, incidentes, excepciones, tercerías y nulidades que fueren presentadas en las ejecuciones por cobro coactivo correspondiéndole sustanciar y resolver los recursos, incidentes, excepciones o tercerías. El interesado presentará el escrito correspondiente ante el funcionario que dictó la resolución que se impugna.

      Los recursos, tercería, excepciones e incidentes en los procesos ejecutivos por cobro coactivo se tramitarán en única instancia, correspondiéndole al pleno de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia decidir los mismos". (El Subrayado es nuestro).

      En concordancia con la anterior norma, tenemos el artículo 97 numeral 4 de la misma excerta legal, que su letra señala lo siguiente:

      "Artículo 97. A la S. Tercera le están atribuidos los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expida o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas.

      En consecuencia, la S. Tercera conocerá en materia administrativa de lo siguiente:

      1. ...

      4. De las apelaciones, excepciones, tercerías o cualquier incidente en los procesos por cobro coactivo;

      5. ..." (El subrayado es de la S.).

      De las excertas traídas a colación, se desprende con meridiana claridad que a esta S. Tercera le compete el conocimiento en única instancia de aquellas Excepciones que se presenten en los Procesos Ejecutivos por Cobro Coactivo.

    2. Sobre el fondo de la controversia.

      Conocidas las posiciones de las partes involucradas en la presente Excepción, y una vez cumplidos los trámites procesales de rigor, corresponde a esta S., resolver la presente incidencia, atendiendo los argumentos y fundamentos de hecho y de Derecho esgrimidos por las partes, a efectos de determinar si en el Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que ha motivado la Excepción en cuestión se ha configurado la Prescripción de la Acción invocada;sin embargo, para satisfacer tal quehacer, es imprescindible hacer una breve referencia a algunas actuaciones fundamentales que conforman el Expediente Ejecutivo.

      En este contexto, tenemos que el precitado expediente de Ejecución que precedió esta etapa inició, conforme se aprecia a su foja 2, con la emisión de la Resolución No.331-2016 de 28 de abril de 2016, proferida por el Comité Regional de Morosidad No. 10-2016 del Banco de Desarrollo Agropecuario, Zona de Chiriquí, a través de la cual recomienda el cobro por vía judicial del monto que G.S.R. (Q.E.P.D.) le adeudaba a la entidad bancaria en virtud del préstamo número 44006084012, suscrito entre esta última persona y el banco.

      En este punto, es importante subrayar que la descripción de las características del precitado préstamo se encuentran contenidas en el documento denominado "Información Básica", que consta a fojas 3 y 4 del Expediente Ejecutivo, en el que se señala, entre otras cosas: el monto original del préstamo (5,000 balboas), la tasa de interés (5%), fecha de apertura (17 de abril de 1984), fecha de vencimiento (5 de diciembre de 2003) y término para su pago (19 años).

      Así, a foja 5 del Expediente Ejecutivo, se profiere la Certificación de Saldo fechada 26 de junio de 2017, en la cual se hace constar la deuda que mantiene G.S.R.(.Q.E.P.D.), quien en vida portó el número de cédula de 4-107-531, por la suma de Nueve Mil Seiscientos Sesenta balboas con 19/100 (B/.9,660.19), como consecuencia de la morosidad en el préstamo número 44006084012, antes descrito.

      En virtud del título ejecutivo referido, observamos a foja 11 del Expediente Ejecutivo, el Auto No. 233-2017 de 21 de julio de 2017, proferido por el Juzgado Ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario, D., por cuyo conducto se Libró Mandamiento de Pago por la Vía Ejecutiva a favor del Banco de Desarrollo Agropecuario y en contra de G.S.R. (Q.E.P.D.), por la suma de Nueve Mil Seiscientos Sesenta balboas con 19/100 (B/.9,660.19).

      Seguidamente, se dictó el Auto No. 239-2017 de 26 de julio de 2017, mediante el cual se decretó secuestro en contra G.S.R. (Q.E.P.D.), sobre el inmueble de su propiedad, consistente en la Finca 76152, con código de ubicación 4702, de la sección de la propiedad del Registro Público de Panamá, ubicada en el corregimiento de Hornito, distrito de Gualaca, provincia de Chiriquí, con superficie de 6109 metros cuadrados (mts2), 96 decímetros cuadrados (dc2), hasta la suma de Nueve Mil Seiscientos Sesenta balboas con 19/100 (B/.9,660.19).

      Luego de eso, ante la imposibilidad de poder notificarle al ejecutado el contenido del Auto No. 233-2017 de 21 de julio de 2017, que libra mandamiento de pago en su contra, el Banco de Desarrollo Agropecuario, a través del Oficio J.E.CH.1996-2018 de 10 de mayo de 2018, dirigido a la Dirección Regional Registro Civil de la Provincia de Chiriquí, solicitó a dicha entidad que informara si en su registros aparece inscrito el fallecimiento de G.S.R. (Q.E.P.D.).

      Esta solicitud es respondida por la entidad a la cual se le requirió la información, mediante la Nota número 795 de 13 de junio de 2018, a la que se adjunta el Certificado de Defunción del demandado, que indica que el prenombrado falleció el día 24 de agosto de 2007.

      Como consecuencia de lo anterior, observamos que el Banco de Desarrollo Agropecuario profirió el Auto No. 38-2019 de 28 de marzo de 2019, por cuyo conducto se ordenó emplazar por edicto al heredero o presuntos herederos de G.S.R. (Q.E.P.D.), a efectos que concurrieran al Proceso en mención.

      En este orden de ideas, se constata su requerimiento, efectuado a través del Edicto Emplazatorio No. 31-2019 de 11 de abril de 2019, fijado en un lugar visible de la Secretaría del Juzgado Ejecuto de la Entidad por el término estipulado en la Ley, así como en un diario de circulación nacional, los días 13, 14, 15, 16 y 17 de mayo de 2019, conforme consta de fojas 28 a 34 del Expediente Ejecutivo.

      Así las cosas, ante la inasistencia del heredero o presuntos herederos del ejecutado al Proceso, se dictó el Auto No.98-2019 de 3 de junio de 2019, que resolvió la designación como Defensor de Ausente al Licenciado E.S.R., a objeto que asumiera la representación de éste o estos en el Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo instaurado.

      El nombrado Defensor tomó posesión del cargo de Defensor de Ausente el día 17 de junio de 2019 y el 26 de junio de 2019, presentó la Excepción de Prescripción sometida a nuestra decisión, alegando las razones a las que nos hemos referido en el epígrafe correspondiente.

      Bajo este marco, debemos anotar que la Excepción de Prescripción interpuesta por el Licenciado E.S.R., en representación del heredero o presuntos herederos de G.S.R. (Q.E.P.D.), fue presentada en término oportuno, toda vez que se advierte que la misma se interpuso dentro del término de ocho (8) días siguientes a la notificación del Mandamiento Ejecutivo, según lo establece el artículo 1682 del Código Judicial, que a su letra dice:

      "Artículo 1682. Dentro de los ocho días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, puede el ejecutado proponer las excepciones que crea le favorezcan; pero no se suspenderá la práctica de las diligencias ejecutivas, las cuales deben adelantarse hasta poner el proceso en estado de dictar auto de remate, para aguardar la decisión sobre las excepciones que se hayan propuesto". (El resaltado es nuestro).

      En este punto, consideramos oportuno resaltar que al momento que esta Corporación de Justicia examina la Excepción de Prescripción propuesta, no consta en el Expediente ninguna gestión de cobro por parte del Banco de Desarrollo Agropecuario anterior al 28 de abril de 2016, fecha en que se emite la Resolución No.331-2016 de 28 de abril de 2016, a través de la cual recomienda el cobro por vía judicial del monto que G.S.R. le adeudaba a la entidad bancaria en virtud del préstamo número 44006084012, que provocó que posteriormente se dictara el Auto que Libró Mandamiento de Pago, del cual se notificó el apoderado judicial de el o los recurrentes.

      En este sentido, también es necesario acotar que conforme queda evidenciado del propio Expediente Ejecutivo, el Contrato de Préstamo Número 44006084012, suscrito entre G.S.R.(.Q.E.P.D.) y el Banco de Desarrollo Agropecuario data del 17 de abril de 1984 y su fecha de vencimiento se dio el 5 de diciembre de 2003.

      Ahora bien, con respecto al tema de los actos de comercio ejecutados por el Estado, estos, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 32 del Código de Comercio, están sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley Mercantil.

      En estos términos, el artículo 2 del Código de Comercio enlista las acciones que dan lugar a las obligaciones mercantiles, de entre los cuales resaltamos el descrito en su numeral 19, que a su letra dice:

      Artículo 2. Serán considerados actos de comercio todos los que se refieren al tráfico mercantil, reputándose desde luego como tales, los contratos y títulos siguientes:

      ...

      19. El préstamo en general, cuando constituye por sí una operación comercial, o cuando se hace con motivo de una operación de esta naturaleza.

      ...

      Las normativas a las que hemos hecho referencia revelan que el Contrato de Préstamo Número 44006084012, suscrito entre G.S.R.(.Q.E.P.D.) y el Banco de Desarrollo Agropecuario, constituye un acto de comercio al cual le aplican las normativas dispuestas en el Código de Comercio.

      Así las cosas, se hace necesario manifestar que el término para la prescripción ordinaria en materia comercial, vigente al momento que se dieron los hechos, tenía lugar a los cinco (5) años desde el día en que la obligación se hacía exigible, de acuerdo lo establecía el artículo 1650 del mismo cuerpo legal, cuyo tenor literal pasamos a transcribir:

      "Artículo 1650.El término para prescripción de acciones comenzará a correr desde el día en que la obligación sea exigible. La prescripción ordinaria en materia comercial tendrá lugar a los cinco años. Esta regla admite las excepciones que prescriben los artículos siguientes y las demás establecidas expresamente por la ley, cuando en determinados casos exige para la prescripción más o menos tiempo." (El resaltado es de la S.)

      Bajo este contexto, vemos que tanto el artículo 669 del Código Judicial como el artículo 1649-A del Código de Comercio, regulan lo relativo a la interrupción del término de prescripción, disponiendo lo siguiente:

      "Artículo 669. La presentación de la demanda interrumpirá el término para la prescripción de cualquier pretensión, que se intente, siempre que antes de vencerse el término de la prescripción se haya notificado la demanda, o se haya publicado en un periódico de circulación nacional diaria o en la Gaceta Oficial un edicto emplazatorio o un certificado del Secretario del Juzgado respectivo en el cual se haga constar dicha presentación.

      Artículo 1649-A. La prescripción se interrumpirá por la presentación de la demanda, conforme al Código Judicial, por el reconocimiento de las obligaciones o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor.

      Se considera la prescripción como no interrumpida por la demanda si el actor desistiere de ella, o fuese desestimada, o caducara la instancia.

      Empezará a contarse nuevamente el término de la prescripción, en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se haga; en el de renovación desde la fecha de nuevo título, y si en él se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que este hubiere vencido.

      De lo anterior, se desprende entonces que la interrupción de la prescripción en los Procesos de Ejecución Coactiva, se configura con la debida notificación del Auto que libra mandamiento de pago en contra del ejecutado.

      Siendo ello así, las actuaciones traídas a colación logran evidenciar con meridiana claridad que la obligación exigida a través del Auto Ejecutivo 233-2017 de 21 de julio de 2017, emitido en contra de G.S.R.(.Q.E.P.D.), quien en vida mantuviera el número de cédula de 4-107-531, se encontraba prescrita al día 17 de junio de 2019, fecha en que le fue notificado al Licenciado E.S.R., en su calidad de representante del heredero o presuntos herederos de G.S.R. (Q.E.P.D.).

      Esto, debido a que, tal y como hemos advertido anteriormente, el vencimiento del Contrato de Préstamo suscrito entre el ejecutado y el Banco de Desarrollo Agropecuario, se dio el día 5 de diciembre de 2003, lo que pone de manifiesto que previo a la notificación del aludido Auto transcurrió un tiempo mucho mayor al de cinco (5) años, estipulado en el artículo 1650 del Código de Comercio (vigente al momento en que se suscitaron los hechos), sin que hubiere mediado alguna de las circunstancias interruptoras de la prescripción.

      Es por ello que al haber invocado el Licenciado Eric Santamaría la Excepción de Prescripción en tiempo oportuno, resulta procedente que se acceda a su pretensión y en esos términos se pronunciara este Tribunal.

      En consecuencia, los Magistrados que integran la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN PROBADA la Excepción de Prescripción interpuesta por el LicenciadoEric SantamaríaRíos, en representación del heredero o presuntos herederos de G.S.R. (Q.E.P.D.), dentro del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue el Banco de Desarrollo Agropecuario a G.S.R. (Q.E.P.D.).

      N.;

      CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

      CECILIO CEDALISE RIQUELME -- LUIS RAMÓN FÁBREGA S.

      KATIA ROSAS (Secretaria)

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