Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 3 de Abril de 2018

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución 3 de Abril de 2018
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Y en su lugar, lo condena a la pena de tres (3) años de prisión como autor del delito de Posesión Agravada de Drogas Ilícitas, confirmándola en todo lo demás.

Verificada la audiencia oral que establece el Código Judicial, el negocio se encuentra en estado de decidir por la Sala.

ANTECEDENTES

La presente causa es un proceso acumulado de tres delitos por los cuales se le investigó al adolescente L.A.G.V.

La primera causa, inició para el día 23 de julio de 2011, cuando el S.P.R.F. y el Agente J.O. de Servicio en la Sub Estación de Policía de Las Lomas de la Zona Policial de Chiriquí, indicaron que aprehendieron al adolescente L.A.G.V., de 16 años de edad, quien trató de evadir la ronda policial cuando se mantenía deambulando cerca al mini super J.. Narran que al hacerle el registro, el mismo mantenía en el bolsillo posterior derecho del pantalón una cartera, con su partida de nacimiento y en el bolsillo trasero izquierdo del pantalón mantenía una bolsa plástica transparente que en su interior contenía 52 envoltorios en retazo de hojas de cuaderno con una hierba seca que se presumía era marihuana y otra bolsa transparente con una hierba seca que se presumía era marihuana y otra bolsa transparente con una hierba seca, presumiblemente, la droga conocida como pegón y en el bolsillo delantero derecho tenía una caja de fósforo marca gavilán, que en su interior contenía 21 carrizos con un polvo blanco que se presumía era cocaína y un celular negro, marca ALCATEL, y en el bolsillo delantero izquierdo del pantalón cargaba B/.14.00 dólares fraccionado en billetes de un dólar.

La Fiscalía de Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, en proveído de 24 de julio de 2011, dispone la apertura de la investigación en la presente causa (fs. 1).

Mediante resolución de 25 de julio de 2011, la Fiscalía de instancia, dispone receptar primera declaración a L.A.G.V., a fin de que responda a los cargos formulados en su contra, por infracción de las disposiciones penales contenidas en el Título IX, Capítulo V, Libro II del Código Penal, es decir, un delito CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA RELACIONADO CON DROGAS (fs. 78-83).

El adolescente L.A.G.V. no rindió su declaración voluntaria, toda vez que prefería que un familiar estuviera presente (fs. 84-87).

En resolución calendada 25 de julio de 2011, la Fiscalía de Adolescentes de Chiriquí ordenó la detención provisional del adolescente L.A.G.V, por presunto infractor de las disposiciones contenidas en el capítulo V, Título IX del Libro II del Código Penal, es decir, por DELITO CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA RELACIONADO CON DROGAS (v. fs. 89-96).

A través de Auto Penal 394. M.C., de 29 de julio de 2011, el Juez de N. y Adolescencia de Chiriquí dispone sustituir la detención provisional al adolescente L.A.G.V., por la obligación de residir en el domicilio cuya dirección se había suministrado, por el término provisional de seis (6) meses .

Así mismo se le prohibió al adolescente estar fuera del domicilio asignado en horas no permitidas a menores de edad, mientras que los padres del adolescente investigado, tenían el deber de acatar las órdenes que el juez impusiera y que involucraran su participación en la ejecución de medidas cautelares y que el incumplimiento de las medidas cautelares, daría motivo a su modificación, mientras se tramitara la causa penal (fs. 142-146).

A través de Escrito Acusatorio N° 76, de 24 de octubre de 2011, la Fiscalía de Adolescentes de la Provincia de Chiriquí recomendó al Juzgador de la Causa, proferir un auto de llamamiento a juicio contra el adolescente L.A.G.V., por ser presunto infractor de las disposiciones contenidas en el Capítulo V, Título IX del Libro Segundo del Código Penal, es decir, por delitos Contra la Seguridad Colectiva Relacionados con Drogas. (v. fs. 216-221).

Dicha recomendación fue acogida por el Juzgado Penal de N. y Adolescencia de la Provincia de Chiriquí, cuando el 10 de enero de 2012, decretó apertura de causa penal, al adolescente L.A.G.V., por ser presunto infractor de las disposiciones penales contenidas en el disposiciones contenidas en el Capítulo V, T.I., del Libro Segundo del Código Penal, es decir, por Delito contra la Seguridad Colectiva, Relacionado con Drogas (v. fs. 232-238).

En tanto, el segundo caso, se genera en virtud de que el día 8 de agosto de 2011, al realizarse Diligencia de Allanamiento por parte de la Fiscalía de Adolescentes de Chiriquí, en el lugar donde reside el adolescente L.A.G.V, en busca de artículos de dudosa procedencia, al requisarlo se le ubicó en el bolsillo derecho de la pantaloneta, una caja de fósforos EL GAVILÁN, el cual contenía en su interior, nueve carrizos de plástico transparente contentivos de una sustancia blanca (polvo), supuestamente la droga conocida como cocaína (fs. 258-259).

A folios 274, se constata certificado de nacimiento del menor L.A.G.V., que a la fecha de los hechos contaba con 16 años de edad.

A folios 277, se constata Dictamen Pericial emitido por el Laboratorio de Sustancias Controladas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que certifica que el contenido de los nueves carrizos de plástico, resultó POSITIVO para la determinación de cocaína, en la cantidad de 0.36 gramos.

En declaración voluntaria rendida por el adolescente L.A.G.V., se acogió al contenido del artículo 25 de la Constitución Política de la República de Panamá, (fs. 286-289). Igualmente para el día 25 de octubre de 2011, el adolescente volvió a acogerse al artículo antes citado (fs. 293-295).

Mediante Escrito de Acusación N° 81 de 8 de noviembre de 2011, el Fiscal de Adolescentes de Chiriquí solicita apertura de causa criminal contra el adolescente L.A.G.V., por presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo V, Título IX del Libro II del Código Penal, DELITO CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA RELACIONADO CON DROGAS (fs. 297-300).

En acto de audiencia Calificatoria de 10 de enero de 2012, el Juzgado de N. y Adolescencia de Chiriquí, decretó apertura de causa criminal contra el adolescente L.A.G.V., por presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo V, Título IX del Libro II del Código Penal, DELITO CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA RELACIONADO CON DROGAS (fs. 308-312).

Por su parte, el tercer caso inicia el día 4 de julio de 2011, cuando el Cabo I, B.M. de Facción del Grupo B de la de SDIJ de D., Provincia de Chiriquí, informa sobre un menor herido con arma de fuego ocurrido en Llano Grande Arriba de Las Lomas, el mismo responde al nombre de J.E.T. de 17 años de edad, herido en el tobillo derecho y muslo izquierdo por parte de un sujeto llamado HENRY.

En declaración jurada rendida por el adolescente J.E.T.O, (fs. 344-348), indicó que para el día 3 de julio de 2011, cuando regresaba a su residencia, varios sujetos, entre estos el adolescente L.A.G.V, apodado COCHITO, participó en el robo de un celular de su propiedad, marca BLACKBERRY curve, color gris con negro, con cobertor rosado transparente y B/. 15.00, indicando que el sujeto mayor de edad, quien responde al nombre de HENRY, le efectuó un disparo en la pierna mientras los otros sujetos, entre éstos, el adolescente L.A.G.V., le revisaba los bolsillos del pantalón, sustrayéndole el teléfono celular y la suma de dinero antes indicada.

Al rendir declaración voluntaria, el adolescente L.A.G.V., negó los cargos formulados en su contra, señalando que se encontraba en su residencia al momento de los hechos, con sus familiares (fs. 390-395).

Mediante providencia fechada 4 de octubre de 2011, la Fiscalía de Adolescentes del Tercer Distrito Judicial de Panamá, dispuso decretar detención preventiva contra el adolescente L.A.G.V., por ser presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo II, T.V., del Libro Segundo del Código Penal, es decir, por Delito contra el Patrimonio Económico (Robo), en perjuicio del menor J.E.T.O. (fs. 401-409).

A folios 413, reposa certificado de nacimiento del adolescente investigado L.A.G.V.

Mediante Escrito de Acusación N° 001 de 4 de enero de 2012, la Fiscalía de Adolescentes de Chiriquí solicita se dicte apertura de causa criminal contra L.A.G.V., por ser presunto infractor de las disposiciones contenidas en el Capítulo II, Título VI del Libro Segundo del Código Penal, Delito contra el Patrimonio Económico (Robo), en perjuicio del menor J.E.T.O. (fs. 624-633).

En acto de audiencia calificatoria, realizada el día 17 de enero de 2012, el Juzgado de N. y Adolescencia, decretó apertura a causa penal, contra L.A.G.V., por ser presunto infractor de las disposiciones contenidas en el Capítulo II, Título VI del Libro Segundo del Código Penal, Delito contra el Patrimonio Económico (Robo), en perjuicio del menor J.E.T.O. (fs. 640-648). Se ordenó también la acumulación de las causas contra el adolescente L.A.G.V., para ser resueltas en una misma cuerda legal.

En audiencia de Fondo, se celebra el día 8 de mayo de 2012, el menor se declaró inocente de los cargos endilgados en su contra. En la etapa de Alegatos, el Ministerio Público solicitó en cuanto a la primera causa, por Posesión Agravada de Drogas Ilícitas, que se le sancionara con pena mínima de un (1) año de prisión, de acuerdo a lo que establece el artículo 140 numeral 6, del RERPA. Respecto al segundo caso, por Posesión simple, de Drogas Ilícitas la fiscalía de instancia, solicita que fuese sancionado con órdenes de orientación y supervisión. En cuanto al tercer caso, solicitó que el adolescente fuese sancionado con pena de seis años de prisión en un centro de cumplimiento como establece el artículo 140 numeral 4 del RERPA, por tratarse del delito de Robo, al cual se acreditó su vinculación, y por tratarse por una de sus formas agravadas.

La Defensa del Adolescente, solicitó en el primero y segundo caso (Posesión Agravada y Posesión Simple de Droga Ilícita, respectivamente), se le sancionará con órdenes de supervisión y orientación; mientras que en el caso de Robo Agravado, solicitó que se le absolviera de los cargos endilgados en su contra (fs. 661-666).

Posteriormente, mediante Sentencia Penal 015 de 5 de Julio de 2012, se declaró penalmente responsable a L.A.G.V., por ser autor de los delitos contra la Seguridad Colectiva, en la modalidad de Posesión Agravada de Drogas, por el término de un (1) año y por el Delito de Robo Agravado en grado de Consumación, en perjuicio de J.E.T.O, por el término de CINCO (5) AÑOS, que equivalen a SESENTA (60) MESES, lo cual sumado al primer delito, equivalen a SEIS (6) años de prisión, haciendo un total de SETENTA Y DOS (72) MESES de prisión y se le impuso cumplir con pena privativa de la libertad en el Centro de Custodia y Cumplimiento "A.G., hijo" y de manera simultánea por el segundo delito de POSESIÓN ILÍCITA DE DROGAS, en su modalidad simple, se le sancionó con las órdenes de orientación y supervisión establecidas en los numerales 6 y 7 del artículo 136 del RERPA, que consisten en relación a sus hábitos, que se abstenga de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito y con relación al tratamiento de farmacodependencia que se atendió en programa de Rehabilitación en institución pública o privada, con la finalidad de lograr su desintoxicación o de eliminar su adicción a las drogas (fs. 690-724).

La Defensa Oficiosa no compartió la decisión jurisdiccional, por lo que interpuso Recurso de Apelación; sin embargo, mediante resolución fechada 31 de agosto de 2012, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, decidió modificar la sentencia N° 015 de 5 de julio de 2012, en el sentido de que, la sanción que deberá cumplir el adolescente L.A.G.V., por los delitos contra la Seguridad Colectiva en su modalidad de POSESIÓN ILICITA DE DROGAS, en su modalidad Agravada, será por el término de tres (3) años. Así mismo, establece que la sanción consistente en órdenes de orientación y supervisión será de manera simultánea con la privativa de libertad, pero por espacio de (2) dos años. Siendo que ambas serán computadas con la sanción de CINCO (5) AÑOS por la comisión del Delito Contra el Patrimonio Económico, en su modalidad de Robo Agravado Consumado, quedando la totalidad de la pena a cumplir, en ocho (8) años de privación de libertad, en el Centro de Cumplimiento "Aurelio Granados, Hijo", de los cuales se le descontarán los días que estuvo detenido preventivamente, confirmándola todo lo demás (fs. 738-757).

ÚNICA CAUSAL INVOCADA ADMITIDA Y ÚNICO MOTIVO

La defensora pública, Licda. R. de R.R., aduce como única causal de forma "La Falta de competencia del Tribunal" (causal prevista en el numeral 1, del artículo 2433 del Código Judicial), la cual viene sustentada en un único motivo, mediante el cual manifiesta la casacionista que el Tribunal Superior de Adolescencia de Panamá, en el fallo impugnado, desconociendo los límites que la competencia en materia de consulta le permite, modificó la pena impuesta por el juzgador de primera instancia por el delito de POSESIÓN AGRAVADA DE DROGAS, al adolescente L.A.G.V., imponiéndole una pena mayor, a pesar de que dicha sanción no había sido objeto de impugnación y se había aplicado la pena solicitada por el Fiscal Especial de Adolescente, sin considerar que, taxativamente, el ordenamiento jurídico señala que una vez llegue el expediente en apelación o en consulta ante el Tribunal Superior, sólo se le permite examinar los procedimientos para encontrar que se ha omitido alguna formalidad o trámite o se ha incurrido en alguna causal de nulidad.

Respecto a las disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción, la recurrente estima vulnerados los artículos 1151 del Código Judicial, en concepto de violación directa, por omisión, toda vez que dicha norma establece que en grado de consulta sólo se permite al Ad Quem examinar los procedimientos y si encontrare que se ha omitido alguna formalidad, subsanarlo, pero en este caso, aumentó la pena, en menoscabo de las garantías consagradas en el Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia. Señala que, de igual manera, se infringe el artículo 14 de la Ley 40 de 1999, en concepto de violación directa, por omisión, por cuanto el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, al dejar de aplicar el mencionado precepto legal, no aplicó supletoriamente una norma contenida en el Código Judicial.

Considera también que se violentó el artículo 3 de la Ley 40 de 1999, en concepto de violación directa, por omisión, toda vez que al dejar de aplicar el mencionado precepto legal, no se aplicaron las normas que están en la Ley 40 de 1999, que se refieren a aplicación de normas supletorias contenidas en el Código Judicial, siempre que sus disposiciones no sean contrarias a los derechos y garantías de la adolescencia ni los menoscaben.

Considera infringido el artículo 16 de la Ley 40 de 1999, en concepto de violación directa, por omisión, toda vez que el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia al dejar de aplicar el mencionado precepto legal que contiene el principio de aplicación de la ley más favorable, no aplicó normas supletorias contenidas en el Código Penal, ni tampoco, la norma adjetiva contenida en el Código Judicial, referente al alcance de la consulta, la cual debió aplicar en virtud del mandato expreso que señala que debe aplicarse la más favorable y la supletoria, siempre que sus disposiciones no sean contrarias a los derechos y garantías de la adolescencia ni los menoscaben.

Por lo que solicita a los Magistrados que al momento de resolver, casen la sentencia recurrida y en consecuencia, CONFIRMEN las sanciones de un (1) año de prisión impuesta por el Delito de Posesión Agravada de Drogas y de doce (12) meses de ÓRDENES DE ORIENTACIÓN y SUPERVISIÓN por el delito de Posesión Simple de Drogas, impuesta a su representado por el juez de primera instancia. (Fs. 781-798).

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Cumpliendo el procedimiento establecido en la ley, la licenciada K.P., en su condición de Procuradora General de la Nación, solicitó al momento de decorrer el traslado que no se case la sentencia objeto del recurso.

En lo que corresponde a la única causal en su único motivo, indica que tras la interposición del recurso de apelación por parte de la defensa oficiosa de L.A.GV., la causa es remitida la Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia de Panamá, en grado de apelación y consulta, luego de lo cual en la sentencia de segunda instancia dicha corporación judicial, explicó que el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia es la autoridad legalmente establecida para confirmar, revocar o modificar las sentencias en consultas que impongan penas de tres años de prisión.

Añadió que el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, luego de una adecuada motivación, consideró imponer al adolescente L.A.G.V., la pena de ocho años de privación de libertad para los delitos de Robo agravado consumado y Posesión agravada de Drogas, al igual que órdenes de orientación y supervisión por el delito de Posesión Simple de Drogas, de manera simultánea, por espacio de dos (2) años. Sostiene que el Tribunal Superior indicó que, cuando ambas partes hayan apelado o exista prevista, el Superior resolverá sin más límites. Agrega que el Tribunal Ad Quem señaló el numeral 4 del artículo 24 de la Ley N° 40 de 1999, sobre el Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, el cual señala la competencia funcional de aquel tribunal, al poder confirmar, revocar o modificar las sentencias en consultas que impongan en sanción de reclusión de tres años o más.

Concluye indicando que, a pesar de que se presenten uno o varios recursos de apelación contra la sentencia, al igual que de la pena que haya pedido el Fiscal de Adolescentes en el momento procesal oportuno, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia tiene la competencia funcional para aumentar la pena impuesta por el A Quo, por lo cual, al proceder de esta forma, no vulneró las reglas que fijan su competencia en la materia.

Por tanto, solicita a la Sala Penal que descarte el cargo de injuridicidad ensayado por la casacionista en el desarrollo de esta causal. Respecto a las disposiciones legales y el concepto de su infracción, señala que la censora no logró demostrar la infracción de las disposiciones legales citadas. (Fs. 815-826).

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término de ley, el Licdo. F.S.M., Defensor de Oficio del Circuito Judicial de la Pprovincia de Chiriquí, presentó ante la secretaría de la Sala Penal, escrito de Alegatos de Conclusión, el cual reposa de folios 842-850, peticionando que se Case la sentencia recurrida y se Confirmen las sanciones de un (1) año de prisión impuestas por el Delito de Posesión Agravada de Drogas y de doce (12) meses de órdenes de orientación y supervisión por el delito de Posesión Ilícitas Drogas en su modalidad simple, interpuesta a su representado por el juez de primera instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

ÚNICA CAUSAL DE FORMA

La defensora pública, Licda. R. de R., adujo como causal de forma, "La falta de competencia del tribunal", contemplada por el artículo 2433 numeral 1 del Código Judicial.

Según la doctrina, la causal invocada se encuentra inmersa dentro de las nulidades absolutas, toda vez que "no admiten saneamiento e invalidan la relación procesal en forma total o parcial. La invalidación es total, o de todo el proceso, cuando el juez carece de competencia;..." 1

El artículo 234 del Código Judicial, nos define la competencia, como la facultad de administrar justicia en determinadas causas y el artículo 235 de la misma excerta legal, nos señala que la competencia de un juez para conocer en determinados procesos, se fija, en razón de territorio, por la naturaleza del asunto, por su cuantía o por la calidad de las partes.

En el caso que nos ocupa, por tratarse de un adolescente infractor de la ley penal, éste es juzgado por tribunales especializados, de acuerdo al Texto Único de la Ley 40 de 26 de agosto de 1999, del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia (RERPA), indicándose en su artículo 21, sobre la competencia de los jueces penales de adolescentes, que éstos conocen privativamente en primera instancia, de procesos penales contra adolescentes; en tanto, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, tiene como competencia, conocer las apelaciones que se interpongan dentro del proceso penal de adolescente, y entre otras funciones, la de Confirmar, revocar o modificar las sentencias en consulta, que impongan sanción de prisión de tres años o más; así como el cumplimiento de todas las demás atribuciones que señale la ley a los Tribunales Superiores de Justicia.

La disconformidad de la recurrente estriba en que el Tribunal Superior de Adolescencia de Panamá desconoció los límites de competencia que, en materia de consulta le permite la ley, ya que modificó la pena impuesta por el juzgador de primera instancia, por el delito de Posesión Ilícita Agravada de Drogas, al adolescente L.A.G.V., imponiéndole una pena mayor, a pesar de que dicha sanción no había sido objeto de impugnación y se había aplicado la pena que el Fiscal Especial de Adolescente había solicitado, sin considerar que, taxativamente, el ordenamiento jurídico señala que, una vez llegue el expediente en apelación o en consulta ante el Tribunal Superior, sólo se le permite examinar los procedimientos para encontrar que se ha omitido alguna formalidad o trámite o se ha incurrido en alguna causal de nulidad.

De las constancias procesales se advierte que, mediante Sentencia Penal 015 de 5 de julio de 2012, el Juzgado de Niñez y Adolescencia declaró penalmente responsable al adolescente L.A.G.V, por ser autor de los delitos contra la Seguridad Colectiva, en la modalidad de Posesión Agravada de Drogas, por el término de un (1) año y por el Delito de Robo Agravado en grado de Consumación, en perjuicio del menor J.E.T.O., por término de CINCO (5) AÑOS, que equivalen a SESENTA (60) MESES, lo cual sumado al primer delito, equivalen a SEIS (6) años, haciendo un total de SETENTA Y DOS (72) MESES de prisión los que deberá cumplir en el Centro de Custodia y Cumplimiento "A.G., hijo".

De manera simultánea, por el segundo delito de POSESIÓN ILÍCITA DE DROGAS, en modalidad simple, se le sancionó con las órdenes de orientación y supervisión establecidas en los numerales 6 y 7 del artículo 136 del RERPA, que consisten en que se abstenga de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito y con relación al tratamiento de farmacodependencia, que se atendiera en programa de Rehabilitación en la institución pública o privada, con la finalidad de lograr su desintoxicación o de eliminar su adicción a las drogas.

También indica la parte resolutiva de la referida sentencia, en su segundo punto, que las prohibiciones y órdenes anteriores tendrían una duración de Doce (12) meses y su cumplimiento deberá iniciarse a más tardar un (1) mes después de ejecutoriada la sentencia, de manera simultánea con las sanciones privativas de la libertad, como lo establece el artículo 127 del RERPA.

Como tercer punto de la parte resolutiva, indica que se compute como parte cumplida de la sanción impuesta al adolescente L.A.G.V, el término que cumplió en detención provisional la cual se inició el 4 de octubre de 2011 y se liberó el 4 de julio de 2012.

Como quinto punto, se ordena al equipo interdisciplinario del Centro de donde cumplirá la sentencia el sancionado, que al momento de elaborar el Plan individual de cumplimiento de L.A.G.V, sea incluido en programas de orientación psicosocial y farmacodependencia, así como en el sistema educativo, que propicie la formación vacacional o profesional, durante el tiempo que éste se encuentre en internamiento.

Agrega como sexto punto, que el Tribunal velará porque las sanciones se cumplan de acuerdo al plan individual de cumplimiento, que será elaborado por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios, dentro del término de un (1) mes después que se haya iniciado la ejecución de la sentencia, el cual deberá comunicarse al juzgado con el objeto de verificar si el mismo es eficaz con el proceso de resocialización del sancionado.

Como último punto, ordena el Tribunal que se proceda a notificar la sentencia, a fin de que, si a bien lo tienen las partes legitimadas, promuevan los recursos permitidos por el Texto Único de la Ley N° 40 de 1999 y, de recurrirse, que se surta el trámite de rigor, y de lo contrario, remitir el proceso en grado de CONSULTA, al Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, tal como lo dispone el artículo 24, numeral 4 de la citada ley especial (fs. 723-724).

La Defensa Oficiosa no compartió dicha decisión jurisdiccional, por lo que interpuso Recurso de Apelación, sustentándola en tiempo oportuno, basándose en que su representado es inocente del delito de Robo, por lo que solicita, le sea revocada la sentencia y se le absuelva de los cargos formulados. (fs. 726-728.

A folios 729, se aprecia providencia fechada 25 de julio de 2012, mediante la cual el Juzgado de Niñez y Adolescencia de Chiriquí, concede en efecto suspensivo y en grado de consulta el presente proceso, fundamentando dicha decisión en los artículos 24 y 117 del RERPA.

Ante la disconformidad de la recurrente, al interponer recurso de Apelación, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, en resolución fechada 31 de agosto de 2012, decide modificar la Sentencia N° 015 de 5 de julio de 2012, en el sentido de que la sanción que debía cumplir el adolescente L.A.G.V., por los delitos contra la Seguridad Colectiva en su modalidad de Posesión Ilícita de Drogas Agravada, será por el término de tres (3) años. Así mismo, establece que la sanción consistente en órdenes de orientación y supervisión será de manera simultánea con la privativa de libertad, por espacio de (2) dos años y que ambas serían computadas con la sanción de CINCO (5) AÑOS por la comisión del Delito Contra el Patrimonio Económico, en su modalidad de Robo Agravado Consumado, en perjuicio del menor J.E.T.O, quedando la totalidad la pena a cumplir, en OCHO (08) años de privación de libertad, en el Centro de Cumplimiento "Aurelio Granados, Hijo", de los cuales se le descontarán como parte cumplida los días que estuvo detenido preventivamente y se CONFIRMA en todo lo demás (fs. 738-757).

Ahora bien, nos corresponde como Tribunal de Casación realizar un análisis respecto a la institución jurídica de la Consulta, la cual obedece y procesalmente se ha justificado como un imperativo legal para que ciertas decisiones adoptadas por un funcionario, sean revisadas por su superior jerárquico.

En fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se indica: "Cabe señalar que la consulta es una figura procesal que faculta a un superior para verificar la decisión proferida por un inferior, como si se tratase de una apelación, pero con mayores facultades, ya que puede fallar sin restricción alguna, es decir, que el análisis del superior en consulta puede ir más allá del principio de reformatio in pejus y del principio que la apelación sólo puede versar sobre los puntos impugnados"2

Por otra parte, la Jurisprudencia Colombiana ha precisado que: "La consulta no es propiamente un recurso, porque este es un derecho concedido por la ley a las partes; aquella es un grado de jurisdicción especial de oficioso y obligatorio cumplimiento. El recurso, reposición, apelación o casación depende de las partes que intervienen en el proceso penal; es el ejercicio de una acción en cumplimiento de un derecho emanado de la ley; la consulta no es un derecho ni una acción de libre arbitrio o disposición de las partes, es un imperativo de la ley, con carácter obligatorio que ordena al juez- sin petición alguna- que la sentencia debe consultarse cuando ella no ha sido apelada" (Auto, 5 de diciembre de 1956. Resalta la Sala). 3

En tanto, podemos indicar que la Consulta Judicial, en nuestro Código Judicial, sigue el lineamiento antes expuesto, en el sentido de que no es un recurso de las partes, es un imperativo de la ley, al señalar qué tipo de resoluciones judiciales, deben ser objeto de la Consulta, siendo competente el superior jerárquico de la autoridad judicial que emitió la resolución.

En este orden de ideas, se tiene que el artículo 1225 del Código Judicial, aplicable al proceso civil, establece que las resoluciones judiciales que se hayan dictado en primera instancia, adversas al Estado, los municipios o cualquier entidad político administrativa o que contra las mismas liquiden perjuicios, deben ser consultadas ante el Superior; así como también aquellas sentencias que decreten interdicción o las que aprueben la venta de bienes de incapaces, las que declaren que son vacantes determinados bienes y las que fueran adversas a quienes estuvieron representados por el curador ad lítem. Destaca dicho artículo que las consultas se decidirán sin trámite, salvo que el superior, de oficio, disponga oír a las partes. En tanto, el artículo 1226 íbidem, refiere que la resolución que deba ser consultada, no se ejecutoriará mientras se surta la consulta.

Por su parte, el Título IX, Capítulo II del Código Judicial, establece en su artículo 2477, que el auto de sobreseimiento y la sentencia en los juicios contra servidores públicos, se consultarán con el superior respectivo, aunque no hayan sido apelados.

Considera la Sala que el Superior jerárquico de la autoridad que profirió las resoluciones consultadas en los casos expuestos en las anteriores normas, tiene la facultad de resolver ilimitadamente, es decir, puede confirmar, revocar o modificar las decisiones in comento, puesto que el artículo 1148 del Código Judicial, en su segundo párrafo así lo permite.

Artículo 1148. ....

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o exista prevista la consulta para que no apeló el superior resolverá sin limitaciones.

Ahora bien, en lo que respecta al proceso penal de adolescentes, nuestro país, adoptó la Ley 40 de 26 de agosto de 1999, del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, la cual comprende las modificaciones, adiciones y derogaciones aprobadas por la Ley 38 de 2000, 46 de 2003, Ley 48 de 2004, Ley 15 de 2007, Ley 6 de 2010 y Ley 32 de 2010.

Así, la figura de la Consulta, fue introducida en esta jurisdicción especial por la Ley 46 de 2003, de la siguiente manera:

Artículo 23. competencia. En cuanto al sistema de Justicia Penal para la Adolescencia, y sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia es la autoridad competente para:

  1. Conocer de las apelaciones que se interpongan dentro del proceso penal de adolescentes;

  2. ...

  3. ...

  4. Confirmar y revocar las sentencias en consulta que impongan sanción de prisión de tres años o más;

  5. ...

  6. ...

  7. ...

    Pero fue la reforma sufrida mediante Ley 6 de 2010, respecto a la competencia de los Tribunales Superiores de N. y Adolescencia, la que introdujo al RERPA el concepto de modificar, en la figura de la Consulta Judicial, quedando así:

    "Artículo 23. competencia. En cuanto al sistema de Justicia Penal para la Adolescencia, y sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia es la autoridad competente para:

  8. Confirmar, revocar o modificar las sentencias en consulta que impongan sanción de prisión de tres años o más;

  9. "

    Considera la Sala que el concepto de Consulta, recogido por el RERPA, se refiere a la función de revisar sin limitaciones la resolución judicial que la ley ordena se eleve en tal sentido, por lo que estima la Sala que la recurrente yerra al indicar en su único motivo que la facultad que tenía el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, respecto a la Consulta, era solo examinar los procedimientos en relación a alguna formalidad o trámite o que se hubiera incurrido en alguna causal de nulidad y no de aumentar la pena por el delito de Posesión Ilícita agravadas de Drogas.

    No tendría sentido que el instituto jurídico de la Consulta en la justicia penal de adolescentes, se refiriera solo a revisar aspectos procedimentales del proceso, cuando para ello ya existe el artículo 1151 del Código Judicial, el cual es aplicado supletoriamente a los procesos penales de adolescentes cuando se eleven en grado de apelación o consulta, en virtud de lo establecido en el artículo 14 del RERPA.

    Ahora bien, por otro lado, la recurrente hace mención de que el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, desconoció los límites que la competencia en materia de consulta le permite, ya que, al aumentarle la pena al adolescente L.A.G.V., le modifica la misma, a pesar de que dicha sanción no había sido objeto de apelación.

    Observa la Sala que el tema de competencia de los Tribunales Superiores de Niñez y Adolescencia, se encuentra regulado en el artículo 24 del RERPA, estableciendo lo siguiente:

    Artículo 24. Competencia. En cuanto al sistema de Justicia Penal para la Adolescencia, y sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia es la autoridad competente para:

  10. Conocer de las apelaciones que se interpongan dentro del proceso penal de adolescentes;

  11. Confirmar, revocar o modificar las sentencias en consulta que impongan sanción de prisión de tres años o más;

  12. "

    Se desprende de la lectura del citado artículo, que entre las funciones que tiene el Tribunal de Niñez y Adolescencia, se encuentra la de conocer las apelaciones que se interpongan dentro del proceso penal de adolescentes, siendo que, con base en artículo 117 de la citada excerta legal, establece que entre las resoluciones apelables, se tiene la sentencia condenatoria, cuyo recurso se concede en el efecto suspensivo, constatándose que en la causa que nos ocupa, se trata de una sentencia condenatoria proferida por un Juzgado de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Chiriquí.

    El numeral 4 del referido artículo, establece que el Tribunal Superior, tiene competencia para confirmar, revocar o modificar las sentencias en Consulta que impongan sanción de prisión de tres años o más, evidenciándose para la Sala que, la sentencia que nos ocupa, le impuso al adolescente L.A.G.V., la pena de prisión de cinco (5) años, por ser autor del delito de Robo Agravado y se le impuso la pena de un (1) año de prisión, por ser autor del delito de Posesión de Drogas Ilícitas en su modalidad Agravada, y por el Delito de Posesión de Drogas Ilícitas en su modalidad simple, le impusieron medidas de Orientación y Supervisión.

    Ahora bien, es evidente que las penas de prisión impuestas al adolescente L.A.V.G., exceden los tres años, lo que le otorga la competencia a dicho Tribunal para conocer en grado de consulta, dicha decisión judicial, tal cual lo contempla el numeral 4 del artículo 24 de la excerta legal antes citada. En este sentido, las facultades que tiene el Tribunal Superior en virtud de dicha normativa aplicada al proceso penal de adolescentes, son de confirmar, revocar o modificar la sentencia condenatoria que imponga tres años o más de prisión, por lo que, contrario a lo manifestado por la recurrente, considera la Sala que el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia no se excedió de los límites establecidos en el citado artículo 24, toda vez que dicha norma obliga al superior jerárquico a revisar en consulta con las facultades antes descritas la sentencia condenatoria que imponga sanción de tres años de prisión; amén de que, el artículo 9 del Código Civil establece que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu, es decir, que es claro lo preceptuado por el numeral 4 del artículo 24 del RERPA, en cuanto a las facultades con que cuenta el Tribunal Superior para confirmar, revocar o modificar la sentencia condenatoria que establezca la pena privativa de tres (3) años de prisión, elevada en Consulta.

    La recurrente, planteó el hecho de que el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia se excedió en sus límites al establecer una pena mayor, a pesar de que dicha sanción no había sido objeto de apelación y se le había aplicado al adolescente la pena que la Fiscalía de instancia había solicitado. Sin embargo, estima la Sala que tal como están redactados los numerales 1 y 4 del artículo 24 del RERPA, no existe colisión entre las competencias establecidas al Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, toda vez, que tal como hemos advertido en párrafos anteriores, la Consulta es un grado de jurisdicción especial que establece la Ley, en la cual el Tribunal competente (superior jerárquico), está obligado a revisar la resolución elevada en consulta aun cuando la misma no haya sido apelada.

    Por tanto, no le cabe razón a la censora, toda vez que, aun en el caso que se haya apelado, tal como es el caso que nos ocupa, el superior jerárquico está obligado a revisar la sentencia de manera ilimitada, tal como lo hemos expuesto anteriormente, con las facultades antes descritas contemplados explícitamente en el numeral 4 del RERPA.

    Siguiendo este lineamiento, se ha indicado que "carecería de sentido que empezando la consulta, se establezca prelación por el recurso impetrado por el procesado o su defensor contra la sentencia condenatoria atribuyendole acá todos los efectos de competencia restringida al ad quem" 4

    Así, esta Corporación de Justicia cita dentro del fallo anteriormente mencionado de 10 de mayo de 2016, respecto a la Consulta, lo siguiente:

    "... La consulta es una institución procesal establecida por el legislador para determinados casos, en virtud de la cual se traslada la competencia a un tribunal de superior jerarquía de manera automática, (de oficio), como si se hubiese ejercido el recurso de apelación, para que revise sin limitaciones el proceso, tanto en su aspecto fáctico como jurídico. Ello significa que el Tribunal de segundo grado no tiene limitaciones en sus poderes de decisión, es decir, cuando se consulta un sobreseimiento o sentencia dictada en proceso contra servidor público, no operan como limitantes los principios del tantum devolutum quantum apellatum, ni la prohibición de la reformatio in peius..." (sic).. (Cfr. Resolución de la Sala Penal de 23 de agosto de 1994 y del 1 de agosto de 2014).

    Del extracto del fallo citado, se colige claramente que la Jurisprudencia de nuestro país, al igual que la de otros como Colombia, plantean inequívocamente que el análisis del Superior en la Consulta, va más allá del principio de reformatio in pejus y de la regla que establece que la apelación sólo puede versar sobre los puntos impugnados, constatándose que en el caso que nos ocupa, el Tribunal Superior actuó conforme a lo establecido en los numerales 1 y 4 del artículo 24 del RERPA, conociendo de la Consulta y modificando la sentencia dictada por el Juzgado de Niñez y Adolescencia de Chiriquí, aumentándole en dos años más la pena por el delito de Posesión Agravada de Drogas Ilícitas, al adolescente L.A.V.G, lo que totaliza una pena privativa de libertad de tres (3) años que, sumada a la pena impuesta por el delito de Robo Agravado, resulta en una pena de Ocho (8) años de prisión, aunada a las Órdenes de Orientación y Supervisión, las cuales serán aplicadas simultáneamente con las penas privativas de libertad, pero por espacio de dos (2) años.

    Por tanto, la Sala estima que no se encuentra probado el motivo único, invocado por la casacionista dentro de esta causal de forma, lo cual impide casar la sentencia.

    En cuanto a las disposiciones legales infringidas, considera la Sala que no se encuentra infringido el artículo 1151 del Código Judicial en concepto de violación directa, por omisión, así como tampoco los artículos 3, 14 y 16 de la Ley N° 40 de 1999, en concepto de violación directa, por omisión.

    PARTE RESOLUTIVA

    Por las razones antes expuestas, la Corte Suprema de Justicia, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la Sentencia Penal fechada 31 de agosto de 2012, dictada por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Panamá, dentro del proceso penal seguido al adolescente L.A.G.V., por Delitos de Posesión Agravada de Drogas y Robo Agravado, en perjuicio del menor J.E.T.O.

Fundamento de Derecho

Artículos 21, 24 y 117 del Texto Único de la Ley 40 de

1999 y artículos 234, 235, 1148, 1151, 1225 y 2477 del Código Judicial.

N. y Devuélvase,

JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS MARIO CARRASCO

ELVIA VERGARA DE ORDOÑEZ (Secretaria)