Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 26 de Noviembre de 2018

Ponente:José Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución:26 de Noviembre de 2018
Emisor:Segunda de lo Penal
 

VISTOS:

S.F., sí me ratifico del contenido y firma...

Es importante señalar que los tres ciudadanos antes mencionados manifestaron de forma voluntaria que por el traslado de las maletas les estaban pagando la cantidad de $7,000.00 dólares y que se la habían entregado en Honduras para ser trasladadas hasta Manaos-Brasil...

De folio 515 a 520 se aprecia declaración jurada del Sargento Segundo, M.M., quien también participó de la aprehensión que relata el informe de novedad suscrito por G.T. y visible de folio 24 a 25 del dosier penal, en lo medular de su intervención señaló:

S.F., si me ratifico del contenido y firma de dicho informe

...mi participación fue ubicarlos dentro del avión por medio de los auxiliares de la aerolínea y cuando salieron en efecto por medio de los documentos confirmamos que se trataba de los ciudadanos colombianos W.J., A.M. y M.H., propietarios de las maletas las cuales tenían irregularidades

De igual manera se tiene la declaración jurada del agente de policía F.A. de folio 517 a 520, quien se ratifica de la participación en el hallazgo de dinero en las maletas con doble fondo propiedad de los procesados.

La declaración jurada del agente de policía J.L.C. de folio 521-524, quien se ratifica del informe y narra su participación en el conteo del dinero que se encontró en el doble fondo de las maletas de los procesados.

Contamos con la declaración del señor L.A.M., Auditor 1 de seguridad de la compañía COPA, asignado a rayos X, el cual señala que evidencio las irregularidades en las maletas de los procesados y procedió a llamar a su supervisor para coordinar con las autoridades correspondientes. (fs.526-527)

La Declaración jurada de F.C., encargado de la seguridad y de los procedimientos de seguridad de los vuelos de COPA, indicando en su intervención que el 9 de octubre de 2012, en compañía de L.M., se visualizan tres maletas sospechosas y se coordina con la revisión de las mismas en coordinación con las autoridades correspondientes, se encontró un doble fondo en las maletas por lo que se procedió a llamar a los propietarios que se encontraban en el avión.(fs.528-530)

De las pruebas enunciadas, considera la Sala que le asiste razón al recurrente, toda vez que al analizar la prueba que señala el activador judicial como mal valorada la Sala aprecia que verificadas en conjunto con las declaraciones juradas de los que participan de dicha diligencia señalada en el informe de novedad se evidencia el error que comete el Ad quem al momento de apreciarlo, desmeritándolo sin fundamento legal.

El Ad quem señala que del informe de novedad se desprende que no se hace inspección ni experticia al dinero, por cuanto se requería corroborar el hallazgo de otros detalles, haciendo énfasis a la prueba de ion scan.

La prueba de Ion Scan representa una herramienta indiciaria valiosa para la investigación de conductas relacionadas al tráfico de drogas, además de ser una de las tantas diligencias que puede realizar el funcionario de instrucción para comprobar el hecho punible; según lo que señala el artículo 2046 del Código Judicial, sin embargo, al ser la conducta externada por los procesados la de blanqueo de capitales, el agente de instrucción puede optar por la realización o no de dicha prueba, pues el delito de Blanqueo de Capitales es una conducta autónoma; consistente en realizar operaciones financieras y comerciales con la finalidad de conceder a bienes adquiridos de forma ilícita apariencia lícita. La legislación penal panameña sigue el sistema de catálogo, es decir, que la ley establece una serie de ilícitos de los cuales deben derivar los recursos a los cuales pretende concedérseles connotaciones acordes con la ley.

En cuanto a la acreditación del delito previo, la jurisprudencia de esta Sala se ha inclinado por considerar que ello no es necesario. La postura obedece a la compleja gama de relaciones que tienen lugar en la gestión delictiva del Blanqueo de Capitales.

Sobre este tema el autor J.A.Z.A., en su Obra Combate del Lavado de Activos desde el Sistema Judicial, pag.396, señala:

La determinación del origen criminal: Si la característica fundamental de esta figura delictiva, a los efectos de su aplicación práctica, es su naturaleza autónoma e independiente, sin accesoriedad respecto al delito previo, en buena lógica no cabe exigir la plena probanza de un ilícito penal concreto y determinado generador de los bienes y ganancias que son blanqueados, sino la demostración de una actividad delictiva.

El autor español I.B. por su parte explica el asunto en los siguientes términos:

"El fenómeno del blanqueo de capitales tiene un marcado carácter internacional. Es decir, sobrepasa las fronteras nacionales de los Estados e implica su desarrollo en otros, con los cambios de soberanía y jurisdicción que conlleva. El resultado es lo que se denomina "globalización de las actividades de blanqueo de capitales".

El blanqueo de capitales se desarrolla en un contexto internacional que proporciona una serie de ventajas a los blanqueadores, entre las que cabe destacar: a) La posibilidad de eludir la aplicación de normativas muy estrictas, y con ello la jurisdicción de Estados que mantienen políticas duras de control del blanqueo de capitales. b) También posibilita obtener ventajas de los problemas de cooperación judicial internacional y de intercambio de información entre países que tienen normativas diferentes, sistemas penales diferentes y también distintas culturas administrativas) Por último, permite beneficiarse de las deficiencias de la regulación internacional y de su aplicación, desviando los bienes objeto de blanqueo a aquellos países con sistemas más débiles de control y persecución del blanqueo de capitales." (B.C., I., El Delito de Blanqueo de Capitales, Editorial Aranzadi, Pamplona, 1997, páginas 55 y 56)

Así las cosas, la Sala ha entendido que en vías de acreditar el delito previo se requieren de indicios que permiten deducir entidad delictiva en determinado hecho. En esta dirección, en fallo de 24 de enero de 2005, esta Superioridad señaló lo siguiente:

Reitera esta Judicatura, que en el caso en examen, la certeza para condenar no se obtuvo de un solo y aislado elemento probatorio, que pudiera resultar ambiguo o indeterminado, sino de la relación concatenada de una gran cantidad de indicios graves, precisos y concordantes, directamente relacionados con el delito de blanqueo de capitales, que permitieron determinar la responsabilidad de los imputados en la conducta punitiva endilgada.

En este contexto considera la Sala que el hecho que no se haya realizado la prueba de Ion Scan al dinero encontrado en las maletas con doble fondo de la procesada no desvirtúa el contenido del Informe de Novedad que reposa de foja 24 a 25 del expediente, y ello es así por cuanto la forma irregular como transportaba el dinero A.M., sin lugar a dudas refleja una conducta delictiva tendiente al traslado de activos que facilitarán la realización de alguna de las fases del lavado de activos.

N. que de fojas 42 a 44 se aprecian, vistas fotográficas de la manera en que se encontró el dinero embalado en las maletas con doble fondo, se aprecia también el procedimiento a seguir por los agentes de policía para sacar el dinero pues tuvieron que romper las maleta completamente con el fin de poder extraer el dinero, que resultó una suma de $211,800.00 dólares, del mismo modo se encontró dinero en las maletas de los otros co-imputados, todas las maletas eran de la misma marca y el embalado del dinero se realizó de la misma forma, solo varió la cantidad de dinero en cada maleta.

Otro hecho notorio que llama la atención de la Sala y que debió ser considerado por el Ad quem como de gran valor probatorio para comprobar la conducta delictiva fue lo externado por los procesados al momento de ser aprehendidos en el aeropuerto y que consta en el Informe de Novedad (fs.24-25), cuando señalan de forma voluntaria que por el traslado de las maletas les estaban pagando una suma de dinero y que las maletas le fueron entregadas en Honduras con destino a Manaos-Brasil, dicha aseveración la ratifican los agentes de policía al momento de rendir declaración jurada.

Este señalamiento se confirmó pues, para el 9 de octubre de 2012, la sindicada utilizó los mismos vuelos de escala, con el mismo itinerario, vuelo 217 de TACA, de Roatán (Honduras) a El S.; vuelo 637 de LACASA de El S. a San José (Costa Rica); vuelo 392 de COPA, de San José (Costa Rica) a Panamá, y vuelo 141 de COPA, de Panamá a Manaos (Brasil) que la utilizada por los otros co-imputados.

Las constancias procesales antes señaladas permiten reconocer que A.M.G., no realizaba un tránsito regular por el Aeropuerto Internacional de Tocumen para el 9 de octubre de 2012. Ella ejecutaba una acción conjunta con los co-imputados, para transferir de país a país la suma de $601,900.00) (fs.72) ocultos en dobles fondos y de esta forma evadir los controles anti blanqueo, lo que demuestra el perfil utilizado por el crimen organizado ligado al tráfico de drogas, el cual realizaban de forma regular.

Así lo demuestra Movimiento Migratorio de A.M.G., quien registró entrada al territorio nacional los días 21 de enero de 2012, 7 de febrero de 2012 y 9 de octubre de 2012, por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con procedencia/destino Colombia, S. y Costa Rica. A su vez con otro pasaporte, registró movimiento migratorio para la fecha del 5 de agosto de 2012 y 5 de octubre de 2010, procedente de Colombia con domicilio en el Hotel Riande y Montreal.

También movimiento migratorio de W.J., quien registró entradas al territorio nacional los días 6 y 9 de octubre de 2012, por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con procedencia/destino Colombia y Brasil, donde para la fecha del 6 de octubre de 2012, entró al país con domicilio en el Hotel Montreal y el 9 de Octubre de 2012 paso en tránsito.

Y el movimiento migratorio de M.H.L., con número de pasaporte CC11343861, quien registró entradas al territorio nacional los días 14 de agosto de 2012 y 6 de octubre de 2012, por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con procedencia/destino Colombia y Costa Rica con domicilio en el Hotel Holiday Inn y Hotel Marriot.

El informe de novedad (fs.24-25), las ratificaciones de los policías, junto al cúmulo de diligencias prácticas al momento de revisar las maletas y la forma como fue encontrado el dinero, pues el mismo estaba forrado con plástico negro y cinta adhesiva color crema, más el recorrido que A.M. había dado de país en país junto a los otros co-imputados dan certeza de que, lo consignado en el informe de novedad, es veraz, y así debió ser apreciado.

No se puede dejar de lado el informe de la División de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional (fs.704-725), el cual refiere entre sus conclusiones que A.M.G. no utiliza el sistema financiero (banco), con el fin de que se le transfiriera la suma de dinero encontrada, supuestamente producto de un contrato de servicios, lo que crea dudas de la veracidad de dicha condición.

La Sala constata que efectivamente se dio una valoración sesgada a la prueba mencionada en este motivo, al tiempo que se cometió yerro al señalar que esta prueba no estaba apoyada por otras que las robustecieran en el proceso.

En el segundo motivo que sustenta la Primera Causal, el recurrente indica que el Ad Quem estimó erradamente el contrato de compra venta suscrito entre A.M.G. y J.A.S. (fs.680), porque consideró que da fe de la relación comercial y entrega del dinero a A.M.. Esto es una errónea valoración del contrato, porque de haberlo apreciado en su integridad, habrían advertido que dicho documento solo establece una obligación futura de pago, pero no certifica la entrega física del dinero a A.M.. Ello influyo en lo dispositivo del fallo, pues condujo a la revocación de la condena de A.M., en cambio si hubiera justipreciado adecuadamente el Contrato en mención habría estimado que no constituye medio idóneo para certificar la lícita procedencia del dinero, todo lo cual apreciado adecuadamente habría incidido en la confirmación de la condena de esta sindicada por blanqueo de capitales.

Por su parte la señora Procuradora señala que coincide plenamente con el criterio del impugnante, porque nuevamente el análisis sesgado realizado por el Tribunal de Alzada desconoció las reglas de la sana crítica. La lectura del fallo censurado determina que existe un examen parcial del material probatorio, enfocado exclusivamente en las formalidades requeridas para presentar una prueba procedente del extranjero, así como la supuesta inexistencia de elementos probatorios que permitan refutar la verosimilitud del documento privado aportado por la procesada, descuidando así los medios de prueba relacionados con el contenido del instrumento de descargo presentado, que determinan la mendacidad de la coartada.

Por su parte el Ad Quo sobre la prueba mal valorada, en su sentencia señaló:

"Tenemos pues que la defensa de la sindicada incorpora documentación, consistente en Contrato de Compra y Venta notariado y apostillado entre su persona A.M. y J.S., donde ésta se compromete a la confección de instrumentos y prendas artesanales utilizando joyas semi preciosas en la República de Honduras, pactando un monto de B/.211,800.00 como pago, con lo cual justifica la procedencia licita, situación ratificada en su declaración indagatoria, donde manifestó ser una comerciante de artículos de orfebrería y arribó al aeropuerto con el dinero, solamente en tránsito, para realizar compra de joyas preciosas y confeccionar prendas artesanales en el país de destino final." (fs.1107-1108)

En este segundo motivo de esta primera causal, aprecia la Sala que el recurrente señala que se estimó erradamente el Contrato de compra venta suscrito entre A.M. y J.A.S. (fs.680), porque consideró que da fe de la relación comercial y entrega del dinero a la procesada.

El documento que se aprecia a foja 680 del expediente, en efecto es un Contrato de Compraventa suscrito el día 3 de octubre de 2012, en la ciudad de Bogotá Colombia, entre A.M. y J.A.S., debidamente notariado y apostillado, en dicho contrato se aprecia que la vendedora en este caso A.M. se compromete a confeccionar un trabajo y por ello recibir un pago de parte del comprador quien es J.A.S..

Efectivamente, este documento demostró a juicio del A Quo que A.M.G., mantenía relaciones comerciales que originaron un pago, justificando de esta manera la procedencia lícita del dinero incautado, lo que los llevó a tomar la decisión de que no nos encontrábamos ante un delito de blanqueo de capitales.

Llama la atención de la Sala que el contrato visible a folio 680, no especifica que se pagaría el precio, por adelantado, sin haber recibido el bien o servicio pactado, de igual manera a pesar de la existencia previa de dicho contrato la sindicada al momento de ser retenida señaló tal cual se dejó plasmado en el informe de novedad (fs.24-25) que había recibido un pago por el traslado de la maleta que llevaba en doble fondo dinero, también en su indagatoria señaló que era comerciante desde hace 30 años en su país, sin embargo, su carácter de comerciante que pretende reflejar el contrato no concuerda con la documentación emitida por la Cámara de Comercio de Bogotá, acopiada mediante Asistencia Judicial (fs.921-922), la cual señala que la procesada no figura como comerciante ni como propietaria de establecimiento comercial, creando dudas del contenido del contrato de compra venta analizado.

De igual manera el documento que reposa a folio 36, formulario de declaración jurada del viajero, en el mismo menciona que desconoce qué cantidad de dinero tiene en su maleta, lo que no concuerda con su dicho posteriormente en indagatoria al señalar que el dinero era producto de un pago por la firma de un contrato.

Aunado a lo anterior el autor L.M.L.E. en su obra "Blanqueo de Capitales" señala:

"Cuando los activos a blanquear provengan del tráfico de drogas, los indicios más determinantes son: 1. El incremento inusual del patrimonio, manejo de dinero que por su cuantía, transmisión y tratarse de efectivo hacen patente que no responden a prácticas comerciales ordinarias. 2. La no existencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento el incremento del patrimonio o las transmisiones económicas 3. La constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de drogas, personas o grupos relacionados con las mismaso con otras actividades delictivas. (Blanqueo de Capitales, L.M.L., Editorial Bosch S.A, Barcelona, octubre 2009, página 214)

Luego de la cita up supra, considera la Sala que la existencias de los elementos que enumera el autor y que se configuran en el desarrollo de estas investigaciones dan certeza de la participación de la procesada en el delito de Blanqueo de Capitales, pues la forma en que la procesada adquiere el dinero en efectivo, la manera de transferirlo y la cuantía, evidencian que no responde a prácticas ordinarias de comercio, aunado al hecho; como lo señala el autor que la prueba indiciaria en los delitos de blanqueo de capitales es legal para que el juzgador tenga certeza sobre el conocimiento, intención o finalidad que se requiere como elemento del delito de blanqueo de dinero. (Convención NN.UU,20 dic.1988), y ello es así pues la reina en el delito de blanqueo es la prueba de indicios o indirecta, indicios que serán inferidos de datos externos y objetivos acreditados.

En conclusión luego de este análisis, logramos comprobar que efectivamente existe una serie de pruebas que analizadas en su conjunto, conforme a las reglas de la sana crítica, y en concurrencia con las actuaciones del despacho instructor, dan parte de la comisión del delito de blanqueo de capitales por parte de la procesada y aunque se presentó un documento que refiere la celebración de un contrato con el cual se quiso justificar la procedencia lícita del dinero las demás pruebas existentes son de mayor trascendencia restando credibilidad a la prueba considerada por el A Quo (f.680) como definitiva para absolver a la procesada.

En consecuencia, estima esta Corporación de Justicia que el postulante logra acreditar, el cargo de injuridicidad, consistente en el error valorativo que, a todas luces ha influido en lo dispositivo del fallo de segundo grado.

En lo relativo a las normas legales infringidas, la Sala coincide con el censor al considerar transgredido, en concepto de violación directa, por omisión, el artículo 836 del Código Judicial, que impone al juzgador, el deber de apreciar, los documentos públicos en su integridad y en concurrencia con otras pruebas del expediente y según las reglas de la sana crítica, y el artículo 871 de la ley adjetiva que señala que los documentos emanados de terceros serán estimados por el juez cuando sean de naturaleza dispositiva, si se han reconocido expresamente por su autores, y cuando sean de carácter testimonial.

Ello es así, porque como se ha venido señalando en este pronunciamiento, el Tribunal de Alzada ponderó las pruebas aludidas en los motivos primero y segundo de manera parcial, obviando su deber de hacerlo en su integridad, y sin explicar de manera clara y detallada, los motivos que le llevaron a restarle valor probatorio, tal como lo exige la norma conculcada. En adición, las ponderó aisladamente, soslayando ostensiblemente, que éstas adquirían mayor fortaleza a través de otros elementos de convicción obrantes en el proceso, como las señaladas al analizar cada uno de los motivos.

Por tanto, se acredita la vulneración de la norma adjetiva, en el concepto aludido, lo que de manera indirecta, conlleva la violación de la norma sustantiva penal, representada en esta oportunidad, por el artículo 254 del Código Penal, en concepto de violación directa, por omisión, toda vez que se dejó de aplicar la pena de prisión que realmente correspondía a la conducta desplegada por A.M.G., por ser el artículo 254 del Código Penal, la norma que tipifica y sanciona el delito de Blanqueo de Capitales, demostrándose así su infracción en el concepto citado.

De lo expresado anteriormente se desprende que el tribunal Ad quem estimó de manera parcial y aislada los medios de prueba referidos en los motivos primero y segundo que dan sustento a la causal de fondo invocada, con lo cual los cargos de injuridicidad que plantea el casacionista configuran los supuestos en que se manifiesta la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba, y en consecuencia debe casarse el fallo objeto de censura con base en esta causal.

Cabe señalar que no será necesario analizar la causal de error de hecho en la existencia de la prueba que también fue invocada por el censor, tal como lo permite el artículo 2446 del Código Judicial.

Por tanto, de acuerdo al artículo 2449, la Sala se constituye en tribunal de instancia a efectos de dictar el fallo de reemplazo.

En ese ejercicio, se tiene que el correcto análisis de las probanzas, ya realizado por la Sala al analizar los distintos motivos del recurso de casación se tiene que la conducta acreditada a A.M.G. es constitutiva del delito de blanqueo de capitales, tipificado en el artículo 254 del Código Penal, que señala que "Quien personalmente o por interpuesta persona, reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros... con el objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito, o ayude a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles será sancionado con pena de cinco a doce años de prisión.

A.M.G. es autora del referido delito, de conformidad con el artículo 43 del Código Penal, por haber ejecutado personal y directamente la conducta descrita en el tipo penal.

Para la individualización judicial de la pena se toma en consideración los parámetros establecidos en los numerales 2, 3, y 5 del artículo 79 del Código Penal, es decir, la magnitud del peligro; las circunstancias de modo, tiempo y lugar; la calidad de los motivos determinantes y el valor o importancia del bien. En ese ejercicio, estimamos que A.M. mantenía una maleta con doble fondo en la cual ocultaba $211,800.00 dólares, en cuanto a la calidad de los motivos determinantes, se considera que la procesada pretendía dotar del dinero que ocultaba apariencia de legalidad a bienes originados en comportamientos delictivos, y la conducta del agente, en este caso A.M. no mantiene antecedentes penales en nuestro país, y el bien jurídico protegido es el Orden Económico el cual es de gran valor.

Basado en este análisis, la Sala fijará como pena base, noventa y seis (96) meses de prisión.

También concurre a favor de la procesada el beneficio procesal específico, consagrado por el artículo 2529 del Texto Único del Código Judicial, por haberse acogido a los trámites del proceso abreviado. Así, se le reconocerá una tercera parte (1/3) de la pena base de prisión, treinta dos meses (32) por haberse acogido al proceso abreviado, y de los noventa y seis (96) meses de prisión en que discrecionalmente dosificó la pena el juez primario, se le rebaja treinta y dos (32) meses, quedándole en total una pena líquida de sesenta y cuatro meses (64) meses de prisión. Accesoriamente, se le inhabilitará para el ejercicio de funciones públicas, por igual período que la pena principal.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la Sentencia N° 77 S.I., del 16 de abril de 2015, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial de Panamá, y en su lugar, DECLARA PENALMENTE RESPONSABLE a A.M.G., mujer, colombiana, mayor de edad, con pasaporte número CC24930503, nacida el 6 de diciembre de 1945, hija de G.M. y E.G., y la CONDENA a la pena líquida de SESENTA Y CUATRO (64) MESES DE PRISIÓN, como AUTORA del delito de BLANQUEO DE CAPITALES.

. Accesoriamente, se le inhabilitará para el ejercicio de funciones públicas, por igual período que la pena principal.

Se ordena el comiso del dinero depositado de fechas 10 y 16 de octubre de 2012, y de las evidencias 12-2950 de 4 de diciembre de 2013, que se encuentran en el Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados del Ministerio Público, según lo dispuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Se ordena la realización de los trámites pertinentes para el registro y ejecución de esta sentencia.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Artículos 7, 10, 13, 17, 18, 24, 26, 35, 43, 50, 52, 53, 73, 79, 80, 90, 93, y 254 del Código Penal. Artículos 836, 871, 2430, 2446 y 2449 del Texto Único del Código Judicial.

Notifíquese Y DEVUÉLVASE

JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS MARIO CARRASCO .

E.V. DE ORDOÑEZ (Secretaria Judicial)