Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 25 de Mayo de 2018

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución25 de Mayo de 2018
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Mediante la resolución con fecha del día 22 de junio de 2015, la Sala admitió el recurso de Casación interpuesto por el Licenciado C.E.C.G., en representación de los intereses de N.C., y la resolución 24 de agosto de 2015, fue admitido el recurso de Casación interpuesto por la Licenciada L.L.F.Y., en representación de los intereses del señor R.R.H., ambos en contra de la Sentencia No. 61 S. I., de 25 de mayo de 2012, emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial, en la que reformó la sentencia No. 94 de 30 de agosto de 2011, del Juzgado Decimoquinto de Circuito Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, y en su lugar absolvió a J.M.S., por el delito de Falsificación de Documento en General; declaró penalmente responsable a R.R.H., y lo condenó a la pena de 24 meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual término, de por ser el autor del delito de falsificación de documento público, en perjuicio de N.C..

Verificada la audiencia oral que establece el Código Judicial, el negocio se encuentra en estado de decidir por la Sala.

ANTECEDENTES

De las constancias procesales recabadas, se advierte que la génesis de la presente encuesta se da con la querella presentada por el Dr. H.I.H., quien en representación de N.C.H., comunicó a las autoridades, el día 6 de junio de 2003, de la supuesta comisión del delito de falsedad ideológica en su perjuicio.

En la querella se desprende que el día 26 de noviembre de 2002, mediante la Escritura Pública No. 17799, otorgada ante la Notaría Décima del Circuito de Panamá, se protocolizó acta del día 22 de noviembre de 2002, en la que se daba fe de reunión extraordinaria de accionistas de Mercedes Bay Corporation, S.A., en donde se decidió remover a N.C. de los cargos que ocupaba.

Indicó que el día 18 de marzo de 2003, en la Notaría Tercera del Circuito de Panamá, se llevó a cabo la reunión extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercedes Bay Corporation, S.A., en la que la Escritura No. 2093, en la cual se refiere estuvo la totalidad de accionistas, poseedores del 100% de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, sin embargo, N.C., quien poseía 200 de esas acciones no fue citado ni estuvo presente.

Aunado a ello, mencionó que R.R. vendió a Shark Hole Bay, S.A., la finca No. 1041, propiedad de Mercedes Bay Corporation, S.A., por mil quinientos cuarenta y cinco balboas con sesenta y cinco centésimos (B./ 1,545.65). De acuerdo con el querellante, fue una venta fraudulenta, pues fue despojado de los derechos que le correspondían como propietario del 20% de las acciones de la sociedad vendedora, que equivalen a 200 acciones, lo cual le ha causado perjuicios.

También reveló que la venta perjudicó al querellante, pues, como abogado, ve en peligro el crédito que como tal tiene la sociedad y finca, el cual estaba garantizado con la finca, luego de haber fungido como apoderado judicial en diversos procesos y gestiones que preservaron la finca a favor del vendedor.

De lo expuesto, aseguró que la separación de su representado como director, secretario, de ABADAS, como agente residente, sin su consentimiento tácito ni escrito, y la venta de la finca, ha afectado el derecho de su representado, quien ve en peligro el crédito por esos cargos, acumulados por varios años (fs. 2-13).

La diligencia cabeza del proceso fue proferida por la Fiscalía Auxiliar de la República, el día 9 de julio de 2003, a través de la cual se ordena practicar todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos (v. fs. 107).

El 23 de septiembre de 2003, la Auxiliar de la República, dispuso someter a los rigores de la indagatoria a R.R.H. y J.M.S., por presunta infractora de las disposiciones contenidas en el Capítulo I, T.V., Libro II del Código Penal, es decir por la presunta comisión de delito Contra la Fe Pública (v.f. 131).

En sus descargos, la señora R.R.H. negó todos los cargos que se le formularon, y por ello, explicó que no le consta que N.C. fuera accionista de la sociedad Mercedes Bay Corporation, S.A., pues no se lo han mencionado ni ha tenido documentación que así lo acredite.

Que su participación ha sido como secretario de esa sociedad desde 26 de noviembre de 2002, a petición de J.M.S., quien es el mayor accionista de la sociedad, en donde sus funciones son como facilitador de trámites o pasante.

Detalló que en la reunión de accionistas, contenida en la Escritura Pública No. 2093, de la Notaría Tercera de Circuito de Panamá, en la que el señor CARREYÓ no compareció. Que el acta la levantó M.S., ya que el señor CARREYÓ había sido sorprendido en su intento por vender la finca No. 1041, tomo 177, folio 210, haciéndose pasar como presidente de la sociedad Mercedes Bay Corporation, S.A., registrado en la Escritura Pública No. 6093 del 19 de agosto de 2002, en la Notaría Duodécima de Circuito de Panamá, pero fue declarada defectuosa en el Registro Público, se llevó la Escritura Pública No. 8136 de 25 de octubre de 2002, de la Notaría Duodécima de Circuito de Panamá, con la misma finalidad.

Precisó que no ha tenido los libros de la sociedad, ni sabe si existen, pero la única referencia que tiene es que J.M.S. es accionista, en tanto que otros han mandado poderes, desconoce la cantidad de acciones que posee cada uno (fs. 132-135).

Asumió el conocimiento de la encuesta la Fiscalía Octava del Primer Circuito Judicial de Panamá, el día 2 de octubre de 2003 (f. 168), la cual a través de su Vista Fiscal Nº 062 del día 27 de febrero de 2004, recomendó al honorable tribunal de la causa que, al momento de calificar la encuesta penal, lo hiciera dictando un auto de llamamiento a juicio en contra de R.R.H. y J.M.S., por la presunta comisión de delito Contra la Fe Pública, contenido en el Capítulo I, T.V., Libro II del Código Penal (v. fs. 227-234), reiterado en la Vista No. 084, de 29 de diciembre de 2004 (fs. 272-275).

De conformidad a la declaración de J.M.S., rendida en Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su Unidad de Policía Judicial, relacionada con la tramitación de Comisión Rogatoria pasiva, en materia penal, proveniente del Reino de España, manifestó lo siguiente.

Que se considera inocente de los cargo a él indilgados, pues se han hecho muchas reuniones, y desconoce si estaba ahí, pero lo el acta que es insertada en la Escritura Pública No. 2093 de 18 de marzo de 2003, ante la Notaría Tercera del Circuito de Panamá, no fue firmada por él. Además, aclaró posee el 80% de las acciones, pero que la sociedad no está operativa ahora.

Descartó haber hecho el acta, porque no es abogado, y RUDAS miente. Desconoce si el señor C. tenía acciones para cuando se llevó a cabo la reunión extraordinaria del día 18 de febrero de 2003. Él era el abogado de la sociedad pero dejó de serlo por deslealtad a la empresa, pero desconoce si se celebró la reunión (fs. 322-324).

El Juzgado Decimoquinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante Auto de Proceder No. 45, dictado durante la audiencia preliminar celebrada el día 2 de marzo de 2007, acoge la recomendación vertida por la representación de la Vindicta Pública y, abrió causa criminal contra R.R.H. y J.M.S., por presuntos infractores de las disposiciones legales contenidas en el Título VIII, Capítulo I, del Libro Segundo del Código Penal, es decir, por delito Contra la Fe Pública (v. fs. 368-372).

Mediante Sentencia Condenatoria No. 94 del día 30 de agosto de 2011, el Juzgado Decimoquinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, absolvió a R.R.H., de los cargos formulados en su contra, en tanto que declaró penalmente responsable a J.M.S. por el delito Contra la Fe Pública, específicamente de falsificación de documento en general, en perjuicio de N.C., y en calidad de autor, lo condenó a la pena de 24 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por igual término que la pena principal.

Además, dejó sin efecto la inscripción de la escritura pública No. 2093, del día 18 de marzo de 2003, de la Notaría Tercera del Circuito de Panamá, que protocoliza la reunión extraordinaria de la junta de accionistas de la sociedad Mercedes Bay Corporation, S.A., celebrada el día 18 de febrero de 2003, y accede a la solicitud de daños y perjuicios en la cuantía de B. / 29, 400.00 (fs. 781-793).

Posteriormente, mediante Sentencia 2da. I.. N. 061-S. I. del día 25 de mayo de 2012, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, como tribunal de alzada, previa reforma de la sentencia emitida por la Juez Decimoquinta de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, declaró la absolución de J.M.S., de los cuales por los que fue llamado a responder a juicio, en tanto que declaró penalmente responsable a R.R.H., en calidad de autor del delito de Falsedad de Documento Público, en perjuicio de N.C., y lo condenó a la pena de 24 meses de prisión, e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por el mismo término que la pena principal, y confirma todo lo demás (fs. 1576-1595).

RECURSO DE CASACIÓN PRESENTADO POR EL LICENCIADO C.E.C.G., EN REPRESENTACIÓN DE

N.C.

El licenciado C.E.C.G., en nombre y representación de los intereses de N.C., querellante dentro del proceso, adujo dos causales de fondo a saber en el recurso de casación, en contra el fallo recurrido.

PRIMERA CAUSAL INVOCADA Y MOTIVOS

Según el recurrente, se incurrió en "error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal", de acuerdo con el artículo 2430, del Código Judicial.

Esta causal viene sustentada en tres motivos. En el primer motivo, el casacionista expone que el Segundo Tribunal Superior de Justicia, incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba, al evaluar en el fallo recurrido, la Escritura Pública No. 2093 del 18 de marzo de 2003, de la Notaría Tercera de Circuito de Panamá, pues entendió que J.M.S. no era responsable de la comisión del delito contra la fe pública, sin embargo, debió arribar a la conclusión que J.M.S. usó y aprovechó el documento falso cuando se autorizó la venta de la finca No. 1041, propiedad de Mercedes Bay Corporation, S.A., donde el mismo aparece como dignatario y director.

Indicó que este error influyó en lo dispositivo de la sentencia y viola normas sustanciales penales que prohíben el uso de y aprovechamiento de documentos con declaraciones falsas, a sabiendas de su contenido, de haberse valorado correctamente, habría resultado una sentencia condenatoria en contra de J.M.S..

En el segundo motivo, se expone que, el Ad-Quem evaluó contrario a derecho, la Certificación de la sociedad anónima denominada Shark Hole Bay S. A., emitida por el Registro Público, la prueba de que J.M.S. es accionista/suscriptor, director y dignatario de la misma, al considerar que no era responsable de la comisión delictiva.

De esto, mencionó que de haberse valorado correctamente, el Tribunal hubiese llegado a la conclusión que J.M.S. hizo uso y aprovecho el documento falso, error que influyó en lo dispositivo del fallo, pues hubiera determinado su responsabilidad en el ilícito con una sentencia condenatoria.

En el tercer motivo, el casacionista manifiesta que, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba, al evaluar en el fallo recurrido, la declaración indagatoria de R.R.H., y la ratificación de cargos de esa declaración, y su ampliación, al considerar que J.M.S. no era responsable de la comisión del delito de la falsedad incluida en la Escritura Pública No. 2093, del día 18 de marzo de 2003, de la Notaría Tercera de Circuito del Panamá.

Calificó de errónea dicha apreciación pues, se desprende que J.M. fue la persona que le entregó el acta redactada, y derivó provecho de la falsedad, y que de haber aplicado las reglas de la sana crítica, el Tribunal de Alzada, hubiese concluido en una sentencia condenatoria en contra de J.M.S..

En cuanto a las disposiciones legales infringidas y el concepto de infracción, alega se vulneró el artículo 781 y 917 del Código Judicial y, el artículo 271 del Código Penal, todos en concepto de violación directa por omisión.

SEGUNDA CAUSAL INVOCADA Y MOTIVOS

La segunda causal alegada por el casacionista, consiste en "error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal", causal contenida en el artículo 2430 del Código Judicial, numeral 1.

Esta causal viene sustentada en un motivo. Así pues, manifestó el recurrente que el Tribunal Superior en el fallo, incurrió en error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba , toda vez que no tomó en consideración, ni le asignó valor probatorio, dando por inexistente a la copia autenticada de la Escritura Pública No. 17825, del 26 de noviembre de 2002, de la Notaría Décima del Circuito de Panamá, en la que consta, entre otras cosas que J.M. es accionista de la Shark Hole Bay, S.A., en un 51 %.

Así, estima que se prueba que J.M. hizo uso y derivó provecho de la falsedad al apropiarse de 1/3 de la finca No. 1041 de propiedad de Mercedes Bay Corporation, S.A., utilizando la sociedad Shark Hole Bay, S.A., en la que es accionista. Medita que dicho error que influyó en lo dispositivo del fallo, debido a que pudo haberse dictado en su contra una sentencia condenatoria de haberse considerado.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, alega que se vulneró el artículo 780 del Código Judicial, y, el artículo 271 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión. En fin, solicita se case la Sentencia No. 61 S. I., de 25 de mayo de 2012, emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial, y se hagan las declaraciones que en derecho correspondan (fs. 1607-1619).

RECURSO DE CASACIÓN PRESENTADO POR LA LICENCIADA L.L.F.Y., EN REPRESENTACIÓN DE

R.R. HERAZO

La defensa oficiosa del señor R.R.H., ejercida por la licenciada L.L.F.Y., sostiene en dos causales de fondo lo siguiente.

PRIMERA CAUSAL DE FONDO Y SUS MOTIVOS

En primer término, refiere que se cometió en "error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal", de acuerdo con el artículo 2430, del Código Judicial.

La causal que fue sustentada en dos motivos. El primero de ellos, la recurrente hace mención a la disminución de valor que se le otorgó a las declaraciones de R.R.H., en donde se entiende que él aparece en la Escritura Pública No. 2093 de 18 de marzo de 2003, porque siguió las instrucciones de su jefe J.M., quien le entregó el acta redactada y giró las instrucciones para la venta de bienes, sin que él conociera que N.C. era además secretario (dignatario), un accionista de dicha sociedad, y así hubiera colegido que RUDAS no cometió el delito investigado, pues el documento no fue confeccionado por él, ni derivó provecho de su uso posterior, desconocía la condición de accionista del querellante, lo que coincide por lo vertido por los señores J.M. y N.C. en el acto oral, cuando aseguran que no existía libros de acciones ni de registro de la sociedad que así lo informaran.

En el segundo motivo, la recurrente sostiene que al valorar la Escritura No. 17779, se comete en el error de derecho en su apreciación porque de ella se deduce que RUDAS, como secretario, en reemplazo del señor N.C., debió conocer que su calidad de accionista, incurriendo en el delito de falsedad de documento público.

A pesar de lo anterior, resalta que en esa reunión que refiere la escritura, J.M., participó como accionista mayoritario y representante de las otras acciones, con un poder de representación, por lo que RUDAS no conocía la condición de accionista del querellante dentro de la sociedad. Por lo que se debió entender que la suscripción que realizó RUDAS del documento espurio, no fue con dolo, pues desconocía la falsedad del contenido del documento y la calidad de accionante que poseía, lo conllevaría la confirmación del fallo de primera instancia.

Según la casacionista, las disposiciones infringidas son los artículos 917, 983 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, y el artículo 266, del Código Penal de 1982, en concepto de indebida aplicación.

SEGUNDA CAUSAL DE FONDO Y SUS MOTIVOS

La señora defensora expuso que en adición, el Tribunal de Segunda Instancia, incurrió en "error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado, e implica infracción de la ley sustancial penal", la cual está contenida en el artículo 2430 del Código Judicial, en el párrafo segundo, numeral 1. Causal que ha sido sustentada en dos motivos.

En el primero de los motivos refiere que el Tribunal Ad-Quem no apreció el testimonio del imputado J.M., incluso la vertida durante el acto de audiencia, porque determinó sancionar a su patrocinado, y que de haberse valorado correctamente, se tendría que M. aseguró ser el poseedor del 80% de las acciones de Mercedes Bay Corporation, S.A. y que removió del cargo de secretario al querellante CARREYÓ por razones de deslealtad, en tanto que RUDAS era sólo un facilitador para gestionarle, designado como secretario, sin recibir beneficio del ilícito.

Cree que de haberse valorado correctamente, concluiría que M.S. excluyó de responsabilidad penal a su defendido R.H., quien además acepta la propiedad de la mayoría de las acciones y participó en la remoción de N.C. como secretario, situación desconocida por RUDAS, pues tampoco constaba esto en libros de acciones, ni se han derivado indicios en su contra por este acto.

En cuanto a lo expuesto en el segundo motivo se cuenta que al no apreciarse el testimonio de N.C. durante el acto oral, se habría percatado el Tribunal de Alzada que éste explicó que R.H. era solo un pasante del señor M.S., y que la sociedad no contaba con libros de registros de acciones, y que de haberse valorado correctamente, se entendería que R.H. no participó en la falsedad a él atribuida.

En cuanto a las disposiciones que estima fueron infringidas, expuso que el artículo 780 del Código Judicial, fue transgredido en concepto de violación directa por omisión, en tanto que los artículos 266 y 265 del Código Penal de 1982, ambos en concepto de indebida aplicación.

Así las cosas, concluye el escrito solicitando que la sentencia de segunda instancia sea casada, y en su lugar se absuelva a R.R.H. de los cargos expuestos en el auto de proceder (fs. 1554-1564).

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Cumpliendo el procedimiento establecido en la ley, el Licenciado R.R.C., en calidad de Procurador General de la Nación, encargado, solicitó al momento de decorrer el traslado que no se case el fallo objeto del recurso.

En este sentido explicó que en cuanto el recurso propuesto por el Licenciado C.C.G., en su primera causal, que la Escritura No. 2093, de 18 de marzo de 2003, fue suscrita por R.R., M.N.G., los testigos instrumentales H.G.Z. y L.C.P., y el Notario Público Tercero de ese momento, R.E.R.Á., y de la minuta que sustentó la copia del Acta de una Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Mercedes Bay Corporation, S.A., indicó no fue suscrita por J.M.S., y fue refrendada por el licenciado D.F..

Es del criterio se encuentra acreditada la existencia del delito contra la fe pública, en la modalidad de uso y aprovechamiento del documento falsificado, por parte del señor J.S., quien ha sido el único beneficiario de todos estos eventos ilícitos, lo que no fue tomado en cuenta por el Tribunal de Segunda Instancia, además puntualizó que, en conjunto con el caudal probatorio, se determina que J.M.S., a sabiendas, derivó provecho del documento que contenía la falsedad, por lo que incurrió en el delito de marras, y en consecuencia debió ser declarado responsable, y que en adición, fue aquel quien le entregó a R.R.H., el acta confeccionada.

De las disposiciones legales, que se señalan de infringidas, mencionó que los artículos 781 y 917 del Código Judicial, en efecto, han sido violentado según el concepto del emitido por el censor, pues no fue aplicada en debida forma en torno a la responsabilidad de J.M.S., en ese mismo sentido estima que el artículo 271 del Código Penal fue violentado, según lo vertido en el recurso propuesto por la parte querellante.

De la segunda causal, argumentó que el Tribunal de Segunda Instancia no tomó en cuenta la Escritura No. 174825, de 26 de noviembre de 2002, de la Notaría Décima del Circuito de Panamá, la cual revela el movimiento fraudulento de marras, por lo que ocurrió error de derecho en este punto, de tal suerte que, los artículos 780 del Código Judicial y el artículo 271 del Código Penal, fueron infringidos en el concepto mencionado por el recurrente.

Ahora bien, relativo al recurso de casación propuesto por la licenciada L.L.F.Y., defensora de oficio del señor R.R.H., mencionó lo siguiente.

En relación a la primera causal presentada, es del criterio que R.R.H. tenía conocimiento de la calidad de accionista que poseía CARREYÓ en Mercedes Bay Corporation, S.A., pues manejaba información detallada de la misma y los inconvenientes que supuestamente habían ocurrido con su ánimo de vender la finca de la sociedad, por lo que reitera que el Tribunal de Alzada emitió un concepto apropiado pues de los elementos acopiados, precisó el conocimiento que RUDAS poseía, al momento que se ejecutaron los hechos delictivos, en donde el señor N.C. resultó afectado.

Por ello, descartó la infracción de los artículos 917 y 983 del Código Judicial y los artículos 266 y 265 del Código Penal de 1982, en los conceptos expuestos por la recurrente.

En cuanto a la segunda causal presentada por la defensora de oficio, si bien el testimonio de J.M.S. no fue mencionado por el Tribunal de Alzada, se ha acreditado que RUDAS fue el facilitador de los trámites utilizados y formó parte activa en la compra venta de la finca, en la directiva de las sociedades Mercedes Bay Corporation, S.A. y Shark Hole Bay, S.A., como secretario en ambas, por lo que la última de las sociedades resultó beneficiada de modo patrimonial con la adquisición del bien inmueble. Entonces, la ausencia de esa mención no varió lo dispositivo del fallo impugnado.

Discrepó del planteamiento de la letrada además, pues aunque el fallo recurrido no mencionó lo expuesto por el querellante en cuanto a la condición de RUDAS como pasante de J.M., no varía el criterio contenido en la sentencia impugnada, pues eso no demuestra que no participó en la falsedad objeto del proceso, situación que no hace variar el criterio del Juzgador de Segunda Instancia, de modo tal que desestima la infracción de los artículos 780 del Código Judicial y los artículos 265 y 2655 del Código Penal.

Debido a lo anterior, recomienda a esta Superioridad casar la sentencia recurrida, y se condene a J.M.S. como responsable del delito de hacer uso y derivar provecho de un documento falsificado o alterado, y se mantengan los demás expuestos en dicho fallo (fs. 1568-1593).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Antes de adentrarnos al fondo de la sentencia, esta Superioridad advierte que se basará solo en lo referente a los puntos de disconformidad, planteados por los recurrentes, que reposan en la sentencia impugnada, y no a puntos que no fueron objeto de los recursos, conforme lo establece el artículo 2424 del Código Judicial.

DEL RECURSO DE CASACIÓN PRESENTADO POR EL LICENCIADO C.E.C.G., EN REPRESENTACIÓN DE N.C.

De acuerdo con el licenciado C.E.C.G., quien en nombre y representación de los intereses del ofendido, N.C., querellante dentro del proceso, adujo dos causales de fondo, las cuales serán apreciadas por esta Colegiatura Suprema, en el siguiente sentido.

PRIMERA CAUSAL INVOCADA Y MOTIVOS

El recurrente ha advertido que se incurrió en "error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal".

Cuando se aborda esta causal de casación, siempre conviene ilustrar a la partes con el concepto del autor T.R., quien citado por la doctora Aura Emérita Guerra De Villaláz y el doctor J.F. en su obra Casación y Revisión Civil, Penal y Laboral, se refiere al error alegado en los siguientes términos:

"...en esta clase de error aparece una clara discrepancia entre la sentencia y la ley, en la que no se objeta la existencia de la prueba, sino la valoración o calificación que se le hace y que está incompatible con la ley que la regula. Dicho error de derecho puede ocurrir: a) cuando se acepta al medio probatorio no reconocido por la ley; b) cuando el medio probatorio reconocido por la ley se le da fuerza probatoria que la ley le niega; c) cuando el medio probatorio reconocido por la ley se le niega valor probatorio que la ley le atribuye." (F.P. y Guerra de Villaláz, 2001, pág. 269).

Hecha la anterior precisión, se procede a analizar el cargo formulado, no sin antes resaltar que importa tener presente que el yerro en la valoración probatoria debe ser de tal entidad que, de no haber ocurrido el fallo tendría connotaciones diferentes.

En el primer motivo, el casacionista explica que el Segundo Tribunal Superior de Justicia, incurrió en error de derecho de apreciación de la Escritura Pública No. 2093 del 18 de marzo de 2003, de la Notaría Tercera de Circuito de Panamá, en entender que J.M.S. no era responsable de la comisión del delito contra la fe pública, pero debió arribar a la conclusión que M.S. usó y aprovechó el documento falso al haberse autorizado la venta de la finca No. 1041, de Mercedes Bay Corporation, S.A., donde además emerge como dignatario y director, por lo que puede considerarse apropiadamente hubiera concluido en una sentencia condenatoria en contra de J.M.S..

Con respecto a este motivo, conviene aclarar que a folios 46 a 55 se encuentra la Escritura Pública No. 2093 del 18 de marzo de 2003, de la Notaría Tercera de Circuito de Panamá, en donde R.R.H. acude en calidad de secretario y apoderado especial de Mercedes Bay Corporation, S.A., facultado para vender a M.N.G., presidente y representante legal de Shark Hole Bay, S.A., el 1/3 de la finca No. 1041 de la Provincia de Panamá, la cual está libre de gravámenes y en paz y salvo con los impuestos y tasas de cualquier índole, para tales efectos.

Esta venta fue el resultado de la reunión de la junta de accionistas de Shark Hole Bay, S.A., realizada el día 18 de febrero de 2003, a las 11:00 a. m., que se llevó a cabo en sus oficinas en donde se indicó estaban presentes el 100% de los accionistas. Aquí presidieron M.N.G., como presidente de la sociedad y R.R.H., como secretario, en donde se resolvió hacer la compra de 1/3 de la finca No. 1041 de la Provincia de Panamá.

Paralelamente, ese mismo día y hora, en las oficinas de Mercedes Bay Corporation, S. A, se realizó también una junta de accionistas de esa sociedad, en la que estaban la totalidad de accionistas poseedores del 100% de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, y en dicha reunión, los señores, J.M.S., presidente, así como R.R.H., secretario de la sociedad, dirigieron el contenido de la reunión y a fin de cuentas, de modo unánime, los accionistas autorizaron la venta de 1/3 de la finca, autorizando para ello a RUDAS HERAZO.

De lo analizado aquí, se observa que R.H., fungió en ambas sociedades (vendedora y compradora) como secretario, y se le asignó representar a la sociedad para su formalización ante notario. El acto notarial relacionado, fue firmado por R.H., aportado en copia autenticada (f. 95).

Al respecto, llama la atención que a folio 102, al finalizar el acta de reunión extraordinaria de la junta de accionistas de la sociedad Mercedes Bay Corporation, S.A., no se observa la firma del señor J.M.S., a fin de avalar el contenido del acta, lo decidido, y la consecuente venta del bien inmueble. Por otro lado, sí se logra observar la rúbrica de R.H., y una certificación que esa copia corresponde al libro de actas de la sociedad Mercedes Bay Corporation, S.A.

Así las cosas, no podríamos entender que J.M.S. tuvo una participación, si no quedó constancia su aval para lo que allí se resolvió, y que luego esa decisión fue elevada a escritura pública que fue inscrita en el Registro Público y surtió los efectos legales conocidos. La sala no comparte el criterio del censor para estimar concurre el cargo de injuridicidad expuesto.

De acuerdo con el segundo motivo, el Ad-Quem evaluó contrario a derecho, la Certificación de la sociedad anónima denominada Shark Hole Bay S. A., emitida por el Registro Público, que prueba J.M.S. es accionista/suscriptor, director y dignatario de la misma, y éste hizo uso y aprovecho el documento falso.

La Sala, es de opinión que no le asiste la razón al recurrente nuevamente, por las siguientes razones: se observa que a folio 90 de la encuesta, J.M.S. aparece registrado como suscriptor de la misma a partir de la inscripción de la certificación el día 27 de noviembre de 2002, es el segundo director, y dignatario, en calidad de tesorero.

Pese a lo anterior, no puede considerarse que estamos ante una prueba idónea y eficaz para determinar ineludiblemente que M. era accionista de Shark Hole Bay, S.A., y, al consultar los folios 99 y 100 se observa que sin precisar las identidades de los accionistas que concurrieron a la junta extraordinaria de accionistas, no es identificable la presencia de MARTÍNEZ, en este caso.

En el tercer motivo, corresponde verificar si el Segundo Tribunal Superior de Justicia, incurrió en error de derecho en la apreciación de la declaración indagatoria de R.R.H., y la ratificación de cargos de esa declaración, y su ampliación, al considerar que J.M.S. no era responsable de la comisión del delito de la falsedad incluida en la Escritura Pública No. 2093, del día 18 de marzo de 2003, de la Notaría Tercera de Circuito del Panamá.

Al observarse la motivación plasmada en la sentencia de segunda instancia se observa que de folios 1588 a 1594 no existe fundamentación probatoria por los dichos del indagado, relacionada a liberar de responsabilidad penal de M.S., por el contrario, la resolución criticada centró sus apreciaciones sobre la base de otras pruebas de carácter documental, por lo tanto, no ha sido posible respaldar el cargo de injuridicidad atribuido por el recurrente en este motivo.

De las disposiciones legales que se han dicho fueron infringidas y el concepto de infracción de violación directa por omisión, es decir, el artículo 781 del Código Judicial, se aprecia que la Escritura Pública No. 2093, del 18 de marzo de 2003, de la Notaría Tercera del Circuito Judicial de Panamá, se incluyeron aseveraciones que distaron de la realidad, no se precia debe concluirse el provecho derivado de esa falsedad en favor de M.S..

Pese a que R.H. aseguró que J.M. fue la persona que le entregó el acta redactada, no compartimos que ese señalamiento suficiente sea para considerar inequívocamente que M.S., elaboró el acta tildada como falsa, o que demuestre con ese sólo señalamiento haya derivado provecho de la falsedad argüida, razón por la cual se descarta la infracción de la norma señalada.

En esa línea de pensamiento, se ha mencionado la violación, bajo el mismo concepto del artículo 917 del Código Judicial, sin embargo, las razones por las que cree existió la infracción no se materializaron, pues aunque en las deposiciones que R.H. se mencionara que ya el acta "estaba hecha" para cuando la llevó a protocolizar, no debemos pasar por alto lo que dispone el siguiente artículo, el 918, pues testimonios como éstos, no hacen plena prueba, y más porque la condición del declarante, en esta encuesta, es de procesado, por lo tanto amerita someter su dicho a consideraciones especiales.

Para colofón de las apreciaciones de la Sala, frente a este argumento, al verificar el artículo 844 del Código Judicial es claro al aclarar que la prueba testimonial no basta para comprobar hechos que constan en documentos o medios escritos preestablecidos por las leyes sustanciales, de tal suerte que, en sumatoria, pese a lo expuesto por R.H. en sus participaciones durante el proceso, no es elemento suficiente para arribar al entendimiento que esta norma adjetiva ha sido quebrantada.

Finalmente, el recurrente estima ha ocurrido infracción del artículo 271 del Código Penal, de 1982, en concepto de violación directa por omisión, debe esta S. disentir de su criterio, pues si bien la norma penaliza que aun conociendo de la falsedad de un documento o su alteración, use o se aproveche de cualquier modo, aunque no haya cooperado en tal falsificación o alteración, será sancionado como si fuere el autor del mismo, consideramos pertinente aclarar que las pruebas acopiadas no apuntan a entender que J.M.S. prestó uso o aprovechamiento de la falsedad, pues se requiere de elementos de convicción que ineludiblemente conlleven a un razonamiento equilibrado a ese resultado, sin que sólo sea dichos contradictorios los que sean sometidos a este debate, en particular.

SEGUNDA CAUSAL INVOCADA Y MOTIVOS

El recurrente ha advertido que se incurrió en "error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal". Contenida en el artículo 2430, numeral 1, del Código Judicial.

La causal fue sustentada en un motivo en que sugiere que el Ad-Quem no le otorgó valor probatorio a la Escritura Pública No. 17825 de 26 de noviembre de 2002, de la Notaría Décima del Circuito de Panamá, en la cual la sociedad anónima denominada Shark Hole Bay, S.A., donde J.M.S. es accionista de dicha sociedad por un 51%, permite entender que aquel hizo uso y provecho de la falsedad al apropiarse de 1/3 de la finca No. 1041, propiedad de Mercedes Bay Corporation, S.A., en la que es accionista, así pues, se debió haber dictado una sentencia condenatoria en contra de M.S. que utilizó el documento a sabiendas que era falso.

La Sala, es de opinión que le asiste la razón al recurrente, por las siguientes razones:

En las pruebas que reposan a fojas 1219 y 1920 se encuentra un documento titulado "ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO ----- 17825 POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA EL PACTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA SHARK HOLE BAY, S.A. P., 26 de noviembre de 2002", y de la cual en renglones posteriores se aprecia que J.M.S. funge como suscriptor, dentro de copias autenticadas que forman parte de un proceso de carácter civil del Juzgado Decimocuarto de lo Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá (fs. 1115-1549).

Debemos mencionar que, luego de verificada la cuota parte de participación accionaria del señor N.C. en la sociedad Mecrcedes Bay Corporation, S.A., y que no quedó mayor constancia que se surtieran los efectos de notificación de convocatoria respectivos establecidos en el pacto social o lo que establece la Ley 32, de 26 de febrero de 1927, sobre las Sociedades Anónimas (artículos 19, numeral 6 y 42), en su defecto, no podemos arribar a la conclusión que lo dispuesto en aquella reunión de accionistas cumpliera con los requisitos de ley a fin de considerar legal la enajenación de 1/3 de la finca 1041, propiedad de Mercedes Bay Corporation, S.A., de tal modo que la decisión a la que arribaron la totalidad de los accionistas reunidos, y la posterior actuación ante la inscripción de la venta del bien inmueble sea verás.

En cuanto a la convocatoria y asistencia de los accionistas de una sociedad, contamos con el siguiente fallo, a fin de ilustrar el presente análisis:

"Revisados los cargos planteados por la censura, en cuanto al concepto de Violación directa de la ley sustantiva expuesto en el Recurso de Casación, esta Colegiatura estima que según lo que refleja el dossier, la decisión del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial se ajusta a la Ley, por cuanto que la convocatoria realizada respecto a la celebración de las Asambleas Generales de Accionistas impugnadas por la parte actora, fue realizada respetando los parámetros establecidos en las normas legales pertinentes, especialmente, lo que dispone el artículo 68 de la Ley N°32 de 1927, al estar representados en dichas sesiones ´los tenedores de la mayoría de las acciones´ con derecho a voto en el respectivo asunto y que en este caso implicaba, obtener la aprobación de la ´dación en pago´ acordada por los accionistas en dicho acto.

Señalamos lo anterior, por cuanto que en las respectivas Juntas de Accionistas participaron la mayoría de los tenedores de las acciones de cada sociedad. La doctrina se ha encargado de abordar el tema del accionista mayoritario y sus efectos en las decisiones que toma la respectiva Sociedad Anónima. En este sentido, sostiene el Licenciado J.P.F.P. en su obra ´Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas´ que, la calidad de accionista mayoritario puede darse desde dos ópticas no necesariamente convergentes: la de quien tenga más Acciones en la Sociedad y, en consecuencia, una mayor participación en el capital de la misma, o de quien cuente con mayor cantidad de Acciones con derecho a voto y, por lo tanto, capacidad para controlar la sociedad. Que la Corte Suprema de Justicia ha brindado el siguiente concepto respecto del perfil del accionista mayoritario:

´Debe entenderse que un accionista controla la sociedad cuando tiene la posibilidad de ejercer una influencia dominante sobre la misma y puede subordinar los bienes de la sociedad a la consecución de las finalidades que ese socio determine. Este control normalmente surge a través de la propiedad de la mayoría de las acciones de la empresa.´ (Sentencia. 27 de febrero de 1998).

Al analizar la figura de la Acción, el autor que comentamos indicó que, ésta constituye una cuota o parte en que se divide el capital autorizado de la sociedad; de ahí que el accionista sea dueño o propietario de dicho capital en proporción a la cantidad de acciones que haya suscrito. Por ello, las decisiones de los asuntos de competencia de los accionistas no se pueden adoptar en forma individual, sino colectiva, entre quienes tengan derecho a ejercer el voto. (FÁBREGA POLLERI, J.P., ´Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas´, Sistemas Jurídicos S. A., 2008, primera edición, págs. 294, 298 y 299).

En consideración a los planteamientos que se dejan reproducidos, esta Colegiatura descarta por inexistente, la infracción directa de las normas sustantivas que se acusan como infringidas por el Ad quem, específicamente, la que hace referencia a los artículos 40 y 68 de la Ley 32 de 26 de febrero de 1927 y también, la referente a los artículos 417 y 418 del Código de Comercio.

...

Con relación a la violación del artículo 44 indicado, la Sala comparte el criterio plasmado en la Sentencia del Ad quem, pues, ´dicha norma va más allá y contempla la posibilidad de que, aunque no se haya hecho la convocatoria de conformidad con la Ley, pero que la decisión haya sido adoptada por la mayoría de los accionistas, los acuerdos son perfectamente válidos.´ (fs.1217).

Igualmente, la Sala estima válida la afirmación contenida en la Sentencia impugnada en cuanto a que ´en dichas Asambleas Generales Ordinarias, estuvieron presentes todos los accionistas, imposibilitando que se hubiese dado algún despojo de los derechos patrimoniales de la actora, ya que los accionistas no son dueños de los bienes de la sociedad, los accionistas son dueños mediante su acción alícuota correspondiente al capital social de la sociedad, siendo así, en este caso, dicho acuerdo no es violatorio de la Ley, el Pacto Social ni los Estatutos.´(fs.1217-1218)." R. L.G. de P. Corporation recurre en casación en el proceso ordinario que le sigue a Inversiones Nativas, S.A. y otros, Resolución del día 2 de enero de dos mil trece 2013, S. Primera de lo Civil.

En el entendido que la decisión de enajenar el inmueble no fue de conformidad a los trámites legales permitidos, su consecuente venta, podrá entenderse contraria a la ley y, en consecuencia de ello, existe una escritura pública en donde se plasmó fue acorde a la ley, y esto fue objeto de inscripción en el Registro público (fs. 45-47, 49-51, y 705-707), entonces, es evidente que el documento tachado de falaz fue usado un documento que contenía información falsa, pues no estaban todos los accionistas presentes, es decir, no estaba el afectado, N.C., ya que a folio 50 se dejó plasmado estaban la totalidad de accionistas poseedores del 100% de las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad Mercedes Bay Corporation, S.A.

Es este el escenario que permitió a J.M.S., utilizar, a través de su participación accionaria en la sociedad Shark Hole Bay, S.A. de 51 acciones (f. 1220), preparó la enajenación del inmueble a terceros, escapando del control interno del otro de los accionistas de la sociedad Mercedes Bay Corporation, S. A. Básicamente, al no contar con la participación de N.C., se vendió a sí mismo 1/3 parte de la finca No. 1041.

Aquí incumbe aclarar que a folio 707 se distingue que Shark Hole Bay, S.A. era propietaria de 2/3 parte de esa misma fisca, desde el día 8 de enero de 2003, es decir, un par de meses antes que se hiciera la transacción con la sociedad Mercedes Bay Corporation, S.A.; lo que en resumen implica que iba abonando el camino para facilitarse la enajenación del inmueble, que sin lugar a dudas, despeja toda duda razonable de casualidad o la manipulación de terceras personas, develando una clara intención de traspasar el bien, a través de la falsedad ya explicada, y que a la postre logó ingresarla a los historiales del Registro Público, y así consumó su uso, lo cual es sancionado por la Ley Penal.

Todavía cabe señalar, en cuanto a el consecuente provecho que pudo resultar del uso del documento en cuestión, se observa que, dentro del incidente de daños y perjuicios presentado por la parte querellante, se cuenta con la certificación de la entidad registradora en la que evidencia el historial o registro de transferencias posteriores a la enajenación que motivó el presente proceso (fs. 705-707), de tal modo, que según la experiencia, se desprende que transacciones como estas, se tratan de estrategias de negocios, que aunque, las escrituras que se aprecian en el expediente describen que el bien inmueble fue vendido por cuantías mínimas, se entiende que existió el tránsito de dineros, del comprador al vendedor, lo cual ineludiblemente representa en alguna medida el provecho que deriva de esa transferencia de esa venta a su favor.

Otro rasgo notable es que durante el acto de audiencia ordinaria, en calidad de prueba extraordinaria, el señor J.M.S., quien prestó testimonio, libre de juramento y apremio ante el Tribunal, en donde aseguró que sólo ha recibidoseis mil balboas (B./6,000.00) de las transacciones que se han hecho con 1041, registrada al documento No. 394172, asiento 1, de la Sección de Propiedad, de la Provincia de Bocas del Toro, lo cual, implica, sin lugar a dudas en un lucro, lo cual puede traducirse en beneficio o provecho ilícito, y que a fin de cuentas, es sancionado en el tipo penal a él atribuido.

Es menester aclarar que según el artículo 844 del Código Judicial, en circunstancias específicas, no basta el testimonio para probar un hecho que deba constar por escrito, por lo que para poder comprobarse deberán acopiarse al proceso las pruebas eficaces, que la ley estime y permita, según el caso.

Si el señor J.M.S. indicó no recibió beneficio frente a los gastos de inversión relacionados a esa finca, esos elementos de prueba no fueron acopiados para ser sometidos a consideración (Casete No. 2, lado B, en el momento, en el que era interrogado por su defensa).

Así las cosas, debemos arribar a la conclusión que sí le es atribuible al señor J.M.S. responsabilidad con el ilícito cometido que trata la presente encuesta, pues se ha comprobado que fue uno de los propulsores de la ejecución de dicha enajenación del bien inmueble.

La norma que se enuncia como transgredida, lo es el artículo 780 del Código Judicial, razonamiento que compartimos, pues debió considerarse la estratégica actuación del señor M.S., la cual permitió, quebrantando las leyes que regulan la materia de las sociedades anónimas, realizar la enajenación de la finca No. 1041 de la Provincia de Bocas del Toro, y al no apreciarse este escenario, directamente se omitió apreciar los elementos de prueba en su conjunto para alcanzar a un convencimiento fundado de lo ocurrido.

Con respecto al artículo 271 del Código Penal, del que se dice fue violado directamente por omisión, coincidimos la censura a la decisión del Tribunal de Segunda Instancia, debido a que quedó en evidencia, que ha sido, justipreciada a detenimiento, la manipulación estratégica con la que obró el procesado, con la utilización del documento que contenía información falsa, y que de él se sobrevino un beneficio a su persona.

En vista de lo resuelto, se procede a revocar la sentencia absolutoria recurrida, y por consiguiente, SE DECLARA PENALMENTE RESPONSABLE a J.M.S., en calidad de autor del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO EN GENERAL, tipificado en los artículos 265 y 266, en concordancia con el artículo 271 del Código Penal de 1982, el cual se encontraba vigente al momento que ocurrió el ilícito, en aras de aplicarle la ley más favorable al reo.

Ante tal panorama, corresponde personalizar la dosificación de la pena que le corresponde por el delito cometido, tal cual requiere el artículo 79 del texto punitivo.

Como se ha dicho, la magnitud de la lesión, trasciende al patrimonio del querellante N.C., que ha sido ya sustentado.

El hecho fue ejecutado transgrediendo la normativa que protege la fe en las actuaciones plasmadas en un documento público, y que implicó la enajenación de un bien inmueble sin la participación y voluntad de uno de los accionistas de una sociedad anónima. La determinación de tales actos permitió el traspaso de propiedad de la finca, lo que conllevó perjuicios, no solo a N.C., sino que acciones como esta merma la confianza que se tiene en los documentos públicos, que a fin de cuentas, ese bien es protegido por el Estado.

Sobre el valor del bien tutelado se destaca se trata que a través de la inserción de información falsa, de la cual ha resultado ulteriormente perjuicio. Se presume la imputabilidad del procesado.

Por lo que antecede, esta S. colegiada dispone aplicarle necesaria proporcional y razonablemente la pena de DOS (2) AÑOS, es decir, VEINTICUATRO (24) MESES, DE PRISIÓN, como pena base por el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL, de acuerdo al Código Penal de 1982, que se encontraba vigente a la fecha de su comisión.

No se advierten circunstancias que agraven o atenúen la pena, en tanto que, se observa que de acuerdo con el artículo 90 del Código Penal.

En adición, se le impone como pena accesoria la INHABILITACIÓN para ejercer funciones públicas por el mismo término que la pena principal, una vez sea cumplida, es decir, por VEINTICUATRO (24) MESES.

DEL RECURSO DE CASACIÓN PRESENTADO POR LICENCIADA L.L.F.Y., EN REPRESENTACIÓN DE

R.R.H.

De acuerdo con Licenciada L.L.F.Y., en representación de los intereses del señor R.R.H., adujo dos causales de fondo, las cuales serán apreciadas por esta Colegiatura Suprema, en el siguiente sentido.

PRIMERA CAUSAL INVOCADA Y MOTIVOS

El recurrente ha advertido que se incurrió en "error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal".

Antes de adentrarnos a resolver las cuestiones que atañen a los motivos que sustentan esta causal, importa tener presente que el yerro en la valoración probatoria debe ser de tal magnitud que, de no haber ocurrido el fallo tendría connotaciones diferentes.

En el primer motivo, de acuerdo con la censora, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, incurrió en error de derecho de apreciación de las declaraciones de R.R.H..

De entrada, conviene en este punto aclarar que, si bien no se aportó al proceso el libro registro de la sociedad Mercedes Bay Corporation, S.A. relacionado con la cantidad y calidad de acciones emitidas, ni quedó constancia consecuente de los certificados de acciones, sí llegó a quedar constancia de la cantidad de acciones que le correspondían a N.C. en la copia autenticada de la escritura pública No. 3734, de 10 de abril de 1995, donde J.M.S., le cedió 31 de las acciones y celebra contrato de transacción con Abogados, A. y Asesores, en donde acuerdan culminar el proceso que instauró esta última en contra de Mercedes Bay Corporation, S.A. con el compromiso de pagarle veintiún mil quinientos balboas (B/.21,500.00), en tanto que CARREYÓ se comprometió a devolver las acciones a él cedidas, una vez se vendiera la finca (f. 23).

También se cuenta con la copia autenticada del expediente 469, del 9 de septiembre de 1993, en el que consta que relacionado al proceso ordinario de ABADAS contra Mercedes Bay Corporation, S.A., reposa la escritura pública No. 6667, de 2 de septiembre de 1996, en donde se hace referencia que los señores J.M.S. y N.C. son los dos únicos accionistas de Mercedes Bay Corporation, S.A. y en común acuerdo optan por facultar a la Licenciada M.M. para que represente los intereses de la sociedad en el proceso que promueve ABADAS ante las autoridades jurisdiccionales civiles en una transacción, que fue inscrita en el Registro Público (f. 617-618), lo cual fue anotado en los reconocimientos del Registro Público, el día 17 de septiembre de 1996 (v. fs. 1191-192), y en razón de esa escritura, se observa que en ese proceso, la licenciada M., en nombre de la sociedad, en compañía de N.C., solicitan a los Magistrados del Primer Tribunal Superior de Justicia, se ponga fin al proceso, situación que no ha sido refutada en ninguna medida por la defensa de ambos procesados

Aunado a esto, a folio 36 al 38, se observa que J.M.S., por medio de la Escritura Pública No. 5187 de 23 de julio de 1997, cede a CARREYÓ la cantidad de 20 acciones, entre otras cesiones, cuyo motivo era que para que a partir de la firma de esa minuta, tenían seis (6) meses para gestionar u propiciar la obtención de inversionistas para proyectos de Desarrollo de Eco Turismo de la sociedad Mercedes Bay Corporation, S.A. sobre la finca No. 1041, tomo 177, folio 210, y para la aceptación de cualquier oferta se deberá contar con la autorización escrita de ambos, escritura que fue inscrita en el Registro Público el día 8 de agosto de 1997 (fs. 1194-1196).

Así las cosas, se puede dejar constancia que N.C. era accionista de la sociedad Mercedes Bay Corporation, S. A. Este tema es abordado, en razón de la teoría de la defensa del señor R.R.H., pues indican que éste desconocía de cualquier participación accionaria que poseía N.C. para las fechas en que fungió como "facilitador" o "pasante" de J.M.S..

Pese a su postura de inocencia por desconocimiento de la participación de acciones del querellante, no estima esta Superioridad que tales argumentos puedan derribar la barrera de responsabilidad penal que sobre él pesa, pues a pesar que dijo no haber elaborado el acta, de la cual se derivó la falsedad, su participación fue crucial para poder usar el documento público, tachado como falso, y que una vez la entidad registradora surtiera el trámite, activado por R.H., se logró efectuar el traspaso del bien inmueble, propiedad de la sociedad en donde CARREYÓ tenía cierto grado de injerencia para emitir su voto y así decidir si ésta transacción contaba con el aval de todos los accionistas.

En vista que esto no se dio, y que, de hecho R.H., tuvo una participación activa durante la sesión extraordinaria donde se dispuso la enajenación de bien sujeto a controversia por parte del querellante, pues le fue comisionada la tarea, en calidad de secretario, de cumplir con las formalidades de ley para que, ante un notario, representara los intereses de la sociedad Mercedes Bay Corporation, S.A. y así surgió la venta del inmueble y su registro respectivo.

Observamos que otro punto que sustenta la teoría de la defensa es que el procesado R.H. no obtuvo beneficio alguno por aquella venta, lo cual no es cónsono con la realidad de la carpeta penal, pues el señor J.M.S., que ha sido identificado en la encuesta como la persona que facilitó pagos o compensaciones económicas a R.H., en la tramitación de la venta de bien inmueble y el trámite correspondiente a su registro.

La excepción de que sólo fungía como pasante, no es cónsona del mismo modo, con el caudal probatorio, pues fungir como secretario de una sociedad, se excede de las funciones propias de la pasantía que dijo realizaba. Esto en virtud de la definición que otorga el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española sobre el término "pasante": "persona que asiste y acompaña al maestro de una facultad en el ejercicio de ella, para imponerse enteramente en su práctica.".

R.H. hizo más que sólo asistir y facilitar un trámite, pues consta que tomó rol de participación dentro de la Junta Directiva de la Sociedad Mercedes Bay Corporation, S.A., y, frente al notario de la Notaría Tercera de Circuito de Panamá (fs. 49-51) en la Escritura Pública No. 2093, de 18 de marzo de 2003, realizó todas las acciones propias como miembro del cuerpo directivo, por la cual fue designado, y suscribió formal contrato de la venta de una finca de la sociedad a la que representaba, y de la cual se desprende fue anotado en el Registro Público (véase folio 707, segundo párrafo), lo cual no puede ser obviado por esta Sala, para que sea relevado de la responsabilidad penal consignada en la encuesta.

La señora defensora ha solicitado se consideren lo que expusieron los señores J.M.S. y N.C. durante el acto de audiencia oral, a fin de librar a R.R. de los cargos que pesan en su contra, y por tal razón a esto nos referiremos de forma separada.

Durante el acto de audiencia celebrado el día 19 de mayo de 2011 (fs. 734-742), N.C., en calidad de testigo aducido por la defensa de J.M.S., manifestó que fue removido del cargo de secretario por R.H., quien actuó por instrucciones de J.M.S.. Mencionó que había visto a R.H. en el Registro Público muchas veces, lo describió como un experto, quien inclusive en una ocasión, previo al incidente, lo visitó en su despacho, en consecuencia de las actividades que realizaban, en razón de la sociedad Mercedes Bay Corporation, S.A. y era éste en compañía de J.A. de L.R., J.M.S., y el querellante los que estaban vinculados al grupo de personas relacionados a la sociedad.

Aunado a esto, indicó ante las preguntas de la señora defensora que conoce al procesado hace 9 u 11 años, cuando él era miembro de Mercedes Bay Corporation, S. A. (Casete No. 2, lado A).

En cuanto a lo que manifestó el procesado J.M.S. en el acto de audiencia, se destaca que le dijo a RUDAS HERAZO de un intento de incidir en la compra venta de la finca, en el Registro Público en Panamá, reclamaron la copia de las escrituras y había una venta fraudulenta promovida por CARREYÓ, por cien mil balboas (B./100,000.00) sin respetar las acciones de nadie, y como no podían permitir que una cosa así continuase, fue cuando se le removió del cargo que ocupaba.

Mencionó que en relación con el documento visible a folio 759, le entregó a RUDAS HERAZO la suma de dos mil balboas (B./2,000.00). Además mencionó que creó en compañía de RUDAS HERAZO la sociedad Shark Hole Bay, S.A., con el fin de proteger la finca, objeto del proceso, y en donde también es accionista, aunque cree que dicha sociedad se encuentra inactiva. Aseguró que supo de los "actos fraudulentos" relacionados a la finca porque el señor R.H. lo informó, según información del Registro Público.

Asimismo, mencionó que RUDAS participó en la junta de accionistas que resolvió sustituir a CARREYÓ, a raíz de sus intentos fraudulentos; la protección a la que se refiere en el párrafo anterior de la finca, la definió con una venta de la finca a la sociedad Shark Hole Bay, S.A., pero sin intercambio económico.

Sobre el documento visible a folio 762, mencionó que se trataba de un documento perfectamente legal, luego que RUDAS fuera la persona que lo contactó para informarle de los intentos fraudulentos de inscripción en el Registro Público de CARREYÓ, por este motivo, le pidió que hiciera los trámites, basado en el conocimiento que tenía R.H. de las leyes y su operativa de la República de Panamá (Casete No. 2, lado B).

Como punto relevante, se destaca que requería a alguien experto en el registro Público, que este era el caso de R.H., pero destacó que no le entregó dineros provenientes de actividades ilícitas de la sociedad Mercedes Bay Corporation, S. A. (Casete No. 3, lado A).

De la Escritura Pública No. 2093,de 18 de marzo de 2003, no podemos entender que RUDAS únicamente siguió las instrucciones de su jefe J.M., sino que más bien, según la documentación que aportó al señor notario, cumplía el mandato de la junta de accionistas, de los cuales carecía del visto bueno, o inclusive, el conocimiento de uno de sus accionistas, que no fue citado para emitir concepto de lo que ahí se debatía, pero que según lo que se aportó en la nota presentes ría, refería que estuvieron la totalidad de acciones emitidas en circulación presentes, y destacamos se indicó que en esa reunión "a moción debidamente presentada, discutida y aprobada por unanimidad" se dispuso autorizarlo a realizar la venta.

A pesar que RUDAS dijo sólo acataba las órdenes de MARTÍNEZ como pasante o tramitante, podemos observar que prestó su rúbrica para avalar la venta de 1/3 de la finca No. 1041, en nombre de Mercedes Bay Corporation, S. A. (fs. 93-95), de modo que esta Alta Sede entiende que si asumió la responsabilidad para firmar tales documento, debió dar fe que su contenido era real, es decir que la totalidad de los accionistas apoyaron la decisión de la venta de la finca, no basta con excusarse por desconocimiento, porque el documento que firmó ante notario buscaba dar, precisamente, fe pública que su actuar era conforme a derecho.

En cuanto al segundo motivo, pese a que la recurrente sostiene error de valoración de la Escritura No. 17779, de 26 de noviembre de 2002, observamos que R.R.H., en representación de Mercedes Bay Corporation, S.A., actuando como su secretario, protocolizó la minuta que modifica las cláusulas sexta, octava y novena de su Pacto Social, y se consolida su designación como apoderado para actuar amplia y suficientemente, su designación como directo de la sociedad, y en calidad de secretario fue facultado como secretario para elegir el destino de la sociedad (fs. 45-47), el cual quedó inscrito en el Registro Público (f. 88).

Sin embargo se destaca que RUDAS afirmó hechos ante un notario para su registro, que no le constaba, faltando a la verdad que requieren actos como los que buscan tener la certeza de fe pública. Veamos la redacción del Artículo 266 del Código Penal de 1982:

ARTICULO 266. "Las sanciones previstas en el artículo anterior son aplicables al que incluye o haga incluir en una escritura o documento público o auténtico, declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba aprobar, de modo que pueda resultar perjuicio."

Los hechos que acaparan nuestra atención se subsumen correctamente en el tipo penal mencionado, pues R.R.H., como representante de los intereses de Mercedes Bay Corporation, S.A., permitió se incluyera en la escritura (que también tramitó) declaraciones falsas (es decir, que estaban todos los accionistas y que acordaron la venta del inmueble) y no se fió de los registros de dicha sociedad para afirmar que ahí estaban todos los accionistas, lo cual resulta inclusive temerario, y que ha causado perjuicios (tal como reclama el querellante N.C., de manera tal que estimamos se ha comprobado completamente su actuar con dolo, que no sólo infringió la disposición legal penal, sino que ha ocasionado perjuicios al querellante.

Casos similares han sido objeto de estudio previamente, por lo que citamos un extracto para reiterar nuestro criterio:

"Para este Tribunal es un hecho cierto que A.O.A. incluyó en el acta de la asamblea extraordinaria llevada a notariar, una declaración falsa, al consignar que ´estuvieron presentes todos los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto ...´, porque de las cien acciones que autorizaba el pacto social, podía emitir la sociedad, sólo se encontraban en circulación dos, la de MEDIN CASTILLO y A.O.A., pero en la asamblea, sólo se encontraba presente una, la de O.A., por lo que la afirmación contenida en la escritura pública era falsa, ya que faltaba la otra acción para obtener la mayoría necesaria y poder modificar el acto social de MED, S.A.

El delito de Falsedad Ideológica se configura cuando se inserta en un documento público información que es contraria a la verdad, es decir, falsedades o mentiras.

En tal sentido la doctrina ha manifestado que el agente utiliza los medios de autenticidad oficiales, para hacer aparecer como garantizada por el Estado la prueba de un hecho y que por ese alcance de garantía oficial, esta hipótesis delictiva no puede cometerse en los documentos privados.

Por su parte S.S. expresa que ´la falsedad ideológica no se refiere a cualquier falsedad o mentira introducida en el documento, sino solamente aquellas que recaen sobre el hecho que el instrumento mismo prueba erga omnes´ (SOLER, Sebastíán, citado por B.D., H. en DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA, editorial Temis, 1986, pág.188).

A través de este tipo penal el sujeto activo se refiere a hechos que el documento público acredita y agrega la doctrina que se comete cuando se:

-hace aparecer como sucedido un acto que en realidad no ha ocurrido, para lo cual se cuenta con las facilidades que le proporcionan las formas autenticadoras de las que dispone;

-hace aparecer que intervino en un acto una persona que no ha concurrido a él;

-atribuye a las personas que han intervenido en el acto declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho;

-faltar a la verdad en la narración de los hechos; y

-suministra copia o certificado de un documento que no existe o manifiesta en ellos cosas diversas de la que contiene el verdadero." Recurso de casación interpuesto dentro del proceso seguido a A.O.A. y otros, sindicados por el delito contra la fe pública en perjuicio de Dallys Alicia Ríos Randolph y Mixila Guerra De Castillo. Sala Segunda, 22 de marzo de 2000.

En vista de lo anterior, se puede colegir que este Tribunal de Casación considera en el caso bajo examen, que el procesado R.R.H. fue sancionado por haber introducido en un documento público información falsa, hechos estos que son los elementos constitutivos del tipo penal por el cual fue sancionado.

En consecuencia, no ha sido vulnerado en concepto de violación directa por omisión de los artículos 917 y 983 del Código en ninguna medida han sido conculcados, pues no bastaban sólo las declaraciones de RUDAS para probar su inocencia, frente a un extenso caudal probatorio, en el que se destaca que su rol participativo principal como autor de injusto penal, donde fue crucial para obtener la introducción o inclusión de información falsa en la escritura pública que, a la postre, resultó en perjuicio del señor N.C..

En relación al artículo 266, del Código Penal de 1982, no estimamos se ha producido su indebida aplicación, por cuanto, tal como enunciamos en líneas previas, la conducta de R.H. se ajustó a la descrita ene l artículo en cuestión por lo que no ha sido posible desestimar su aplicación, como alude la señora defensora, lo que a fin de cuentas no se traduce en un cargo de injuridicidad.

SEGUNDA CAUSAL DE FONDO Y SUS MOTIVOS

En cuanto a la segunda causal, se acusa que la sentencia del Tribunal de Segunda Instancia, incurrió en "error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado, e implica infracción de la ley sustancial penal", en razón de los siguientes motivos que vamos a desarrollar:

El primero de ellos refiere que el Tribunal Ad-Quem no apreció el testimonio del imputado J.M., quien incluso la vertida en el acto de audiencia, lo cual, pese a que no fue objeto de mención en el desarrollo de la motivación del fallo, tales declaraciones no prestan el mérito suficiente para soslayar la responsabilidad penal de su representado con el ilícito, esto en razón que aún que MARTÍNEZ asegura ser el poseedor del 80% de las acciones de Mercedes Bay Corporation, S.A., RUDAS colaboró efectivamente para la introducción falsa de información a un documento público, pues realizó lo propio para que dicha escritura sostuviera su contenido falso.

No es cónsono con el sentido común aseverar información a este nivel de importancia notarial, sin tener absoluta certeza que esas afirmaciones sean verdaderas. Lo que declaró M. en el acto de audiencia oral, no lo excluye de responsabilidad penal a su defendido, más por cuanto, todos los testimonios vertidos, apuntan a que R.H., se dedicaba a trámites en el Registro Público (J.A.R. de L. a folios 290-292; los testimonios de N.C., durante el acto de audiencia oral; y J.M.S., a finales del Casete No. 2, lado B e inicios del casete No. 3, lado A, donde dijo que requería de alguien experto en el Registro Público, perfil que se ajustaba a R.R.H..

Sobre el segundo motivo, se refiere al testimonio de N.C. durante el acto oral, no desliga a R.H. de los hechos por ser sólo un "pasante", pues reiteramos, actuó más allá de lo que refieren a las funciones de un pasante, fungió como secretario, y representante de los intereses de la sociedad que enajenó su bien inmueble, sin la participación y consentimiento de uno de sus accionistas, lo cual se traduce en evidente perjuicio para este.

Y, en razón de la petición de la señora defensora, se destaca que inclusive, durante el acto de audiencia, el querellante N.C. mencionó que R.H. era experto conocedor de trámites en el Registro Público, lo cual no lo libera de responsabilidad, pues conocía cuál era el mecanismo para corroborar que la documentación que habría de ingresar en los registros de esa institución cumplieran con las formalidades legales, requerimientos que cumplió, pues debidamente facultado para la gestión de representación, enajenó la finca No. 1041 de la Provincia de Bocas del Toro, y surtieron los resultados ya conocidos.

En cuanto a la carencia de libros, N.C. declaró fue una decisión de la sociedad no tener y se regirían por la elevación de escrituras públicas para constancia de tales tenencias, y aunque no se cumplió con lo estatuido en la Ley No. 32 de 26 de febrero de 1927, que trata sobre las Sociedades Anónimas, en el artículo 36, correspondía verificar el historial de registros de esa sociedad, conociendo que, desde sus inicios cedían o traspasaban las acciones por medio de escrituras públicas (casete No. 2, lado A).

En relación a las cuanto al artículo 780 del Código Judicial, descartamos su transgresión en concepto de violación directa por omisión, debido a que los no solo una evaluación objetiva de lo que pudieron decir los señores CARREYÓ y M.S. en el acto de audiencia, sino que también han sido valorados el resto de los elementos probatorios acopiados a la encuesta, que permiten arribar al entendimiento, que sin lugar a dudas, que es atribuible a RUDAS HERAZO responsabilidad penal por los actos cometidos en desmedro de N.C..

Sobre los artículos 266 y 265 del Código Penal de 1982, estimamos, han sido aplicado en su justa dimensión, luego de haber comprobado la comisión del hecho, por medio la valoración de las pruebas a través de la sana crítica que rige nuestro sistema, en adición que al no encontrar acreditados los cargos de injuridicidad que el letrado recurrente traduce en una lesión a las disposiciones adjetivas señaladas, se sustenta la debida aplicación de tales normas.

Así las cosas, esta S. no concluye proceda casar la sentencia en cuanto a variar la responsabilidad penal atribuida a R.R.H., del delito de falsificación de documento público, como bien lo declaró el Tribunal de Alzada.

PARTE RESOLUTIVA

Por las razones antes expuestas, la Corte Suprema de Justicia, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la Sentencia No. 61 S. I., de 25 de mayo de 2012, emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial, en el sentido de declarar penalmente responsable a J.M.S., varón, de nacionalidad española, Pasaporte A3654626300, nacionalidad española, nacido el día 23 de abril de 1950 en Marató, Barcelona, hijo de P. y M., domicilio en calle E.C. 5, 2° 1° de Marató, con teléfono 93-757-95.21; en calidad de autor del delito de Falsificación de Documentos en General, en perjuicio de N.C., en consecuencia, se le condena a la PENA DE VEINTICUATRO (24) meses de prisión, e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término que la pena principal, una vez haya sido cumplida.

Por otro lado, NO CASA dicha sentencia en relación al recurso planteado por la defensa de R.R.H., por lo que se confirma todo lo demás.

N. y Devuélvase,

JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

HARRY A. DÍAZ --- JERONIMO E. MEJIA E.

ELVIA VERGARA DE ORDOÑEZ (Secretaria)

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