Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Agosto de 2017

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución22 de Agosto de 2017
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Mediante resolución de 10 de marzo de 2015, la Sala admitió el recurso de Casación interpuesto por el Licenciado Yocehil G.D., representante de la parte querellante, V.Y.R.M., contra el Auto 2da. I.. N° 71, de 18 de junio de 2012, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, Sala Transitoria, mediante la cual se confirmó el Auto Sobreseimiento Definitivo No. 25 de 12 de diciembre de 2011 emitida por el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal, del Tercer Circuito Judicial de Panamá, en donde sobreseyó definitivamente a CARLOS VALENCIA CORREA de las presentes sumarias, entre otros asuntos.

Verificada la audiencia oral que establece el Código Judicial, el negocio se encuentra en estado de decidir por la Sala.

ANTECEDENTES

De las constancias procesales recabadas, se advierte que la génesis de la presente encuesta se da con la querella presentada por el Licenciado Yocehil G.D., apoderado judicial de V.Y.R.M., el día 13 de marzo de 2009.

En el escrito en cuestión, querella por la supuesta comisión del delito Contra el Patrimonio Económico (Estafa y Daños), Delito Contra el Ambiente (Delito Contra la Normativa Urbanística), y cualquier otro delito que resulte, a CARLOS VALENCIA, G.G., R.S., M.H.V., y los accionistas de Urbanizadora del Oeste, S.A.A. también solicitó se investigue, se le impongan a los imputados sanciones penales respectivas y se les condene al pago de daños y perjuicios causados.

Expuso el Licenciado Y.G.D., representante de la parte querellante, que V.Y.R.M. compró un lote de terrero con mejoras, la finca No. 232455, a la empresa Urbanizadora del Oeste, S.A., y en ese acto celebró también contrato de préstamo hipotecario con Banistmo.

Agrega que el proyecto urbanístico presentaba vicios ocultos (saturación de agua en el terreno y corrientes de agua subterráneas) conocidos por los socios, directores y dignatarios de esa sociedad, y que esa situación ha hecho colapsar en oportunidades la residencia comprada.

Asegura que los defectos del suelo eran conocidos por la empresa, pero no hicieron nada para corregirlos, a fin de evitar lo costoso que resultaría para la promotora corregirlo los vicios del suelo, por el contrario siguió la construcción y así venderle casas a las personas que más adelante tendrían los problemas, que ahora, querellan.

Calificó de estafa, el haberle vendido a la querellante un proyecto fantasma, así como a los Bancos, que primero financian la obra, y luego la compra de la casa a los interesados.

Mencionó que la casa de la querellante ha presentado rajaduras estructurales, que la hacen inhabitable, por el riesgo a desplomarse y conllevar la pérdida de vidas humanas. Que pese que se han pseudo reparado o maquillado las rajaduras, la empresa promotora no corrigió los defectos del suelo y la saturación del agua.

Refirió que CARLOS VALENCIA y G.G., de la promotora, le prometieron a la querellada, por escrito y de modo verbal, solucionarían todos los problemas del proyecto, desviar las aguas, canalizarlas, pero arguyó que siempre se dañan las casas.

Mencionó que los residentes del lugar están cansados del engaño, por promesas que no se cumplen por parte de la promotora, y así sospecha deben haber actos de corrupción de las autoridades para conceder el aval y aprobación del residencial, por lo que tomó como referencia la Urbanización Prados del Este.

Así las cosas, detalló que la carta de compromiso firmada por C.V. y G.G., del día 26 de octubre de 2006, hace alusión a su compromiso de corregir la saturación del agua que debieron corregir en el año 2003, antes de la construcción de las viviendas, pero que no hicieron para ahorrarse dinero u obtener más ganancias, y es así que volvió a destruirse la vivienda, sin recibir indemnización por su actuar ilegal.

Asegura que su representada deberá enfrentar la deuda hipotecaria con los bancos, y buscar otro lugar donde vivir, aun haciendo frente al pago, pues su casa de los sueños se arruinó por culpa de la constructora y promotora y los intervinientes, debido a la falta de previsiones para evitar los daños al ambiente o las personas.

Peticionó levantar el velo corporativo de Urbanizadora del Oeste, S.A. y las otras empresas que formen parte de ese grupo económico, para ordenar la declaración indagatoria de los accionistas que autorizaron la venta del lote 157 a su cliente. Solicitó se indague a los miembros de la Junta Directiva.

Pronunció que existen autoridades que detectaron interrogantes, culpa grave y dolo en la construcción del proyecto denominado Parque del Oeste, además de los incumplimientos de las reglas de la construcción, la forma cómo se otorgaron los permisos de construcción de una manera irregular, y el cambio de zonificación por el MIVI.

Estima que el grupo económico deliberadamente omitió realizar los trabajos necesarios para preparar el terreno, desviar las aguas, realizar canales, para entonces poder construir, las aguas debieron ser desviadas o canalizadas a través del llamado canal francés.

Así también hizo mención de otra empresa, Corporación Internacional de Financiación e Inmediación, S.A., que es quien le vende a su cliente el lote de terreno contiguo a la finca No. 232455, para que hiciera su estacionamiento o garaje, por eso sustenta que el perjuicio económico es más grande para su cliente.

Aunado a esto se refirió al contenido del Informe del año 2006, el Informe de Inspección No. 063-2008 emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil; el Informe de Inspección C. B. A. 086-08-O. SE. P.I., del Cuerpo de Bomberos de Arraiján; el Informe de Técnico No. 051 del 5 de febrero de 2009 de ANAM; el Informe Técnico No. 254-08 del 12 de diciembre de 2008 de Ingeniería Municipal de Arraiján.

Agregó que en los querellados están ejecutando un nuevo Proyecto denominado Royal Park, Altos del Parque y Parque Dorado, justo detrás de la propiedad de la señora V.R., lo que le ha empeorado la situación de la estructura de la casa.

Peticionó la suspensión de las obras mencionadas, que son de la empresa Corporación Regente, S.A., que forma parte del grupo económico de los querellados.

Así las cosas, estima la infracción de los artículos 190, 200 y 201 del Código Penal de 1982.

Entre otros asuntos, destacó que la cuantía que representa los daños y perjuicios sufridos supera los ciento cincuenta mil balboas (B./150,000.00) y que la propiedad se encuentra hipotecada con Banistmo y se paga una letra mensual, de ineludible cumplimiento (v. fs. 2-15).

La diligencia cabeza del proceso fue proferida por la Procuraduría General de la Nación, el día 23 de marzo de 2009, tal como se hace constar a fojas 106 y 107 del expediente.

A folios 112 a 128, el licenciado G.D., corrige la querella y adiciona, el día 27 de abril de 2009, que la querella también está dirigida en contra de L.C.R.A., Almacenadora Nacional, S.A. e Inmobiliaria Valarco, S.A.; y se les condena al pago de los daños y perjuicios causados que estiman en doscientos mil balboas (B./200,000,00).

Mencionó que Almacenadora Nacional, S.A. e Inmobiliaria Valarco, S.A., y Urbanizadora del Oeste, S.A. participaron en la construcción, promoción y venta de la propiedad de la querellada, y que, dolosamente las empresas mencionadas omitieron solucionar los problemas del suelo, y que la casa de su representada se ha arruinado por la conducta dolosa de los directivos, accionistas, ingenieros y arquitectos de las empresas mencionadas.

Así mencionó que el arquitecto L.C.R. debió impedir que las empresas continuaran con la construcción de las viviendas hasta que los problemas del suelo fueran corregidos, por lo que recordó la responsabilidad de los arquitectos, o técnicos encargados de proyectar y dirigir la construcción de edificios.

La Fiscalía Segunda de Circuito del Tercer Circuito Judicial de Panamá, el día 1 de septiembre de 2009, asumió el curso de la investigación (f. 152), y el día 13 de noviembre de 2009 es admitida la querella (fs. 154-156).

Luego del curso de las investigaciones, la fiscalía de grado dispuso mediante resolución motivada del día 3 de febrero de 2011, formularle cargos a CARLOS VALENCIA, como representante legal de Urbanizadora del Oeste, S.A., a fin que responda por el Delito Contra el Patrimonio Económico, en la modalidad de Estafa, en perjuicio de la señora V.R.M. (fs. 773-787).

El señor C.V. rindió declaración indagatoria a fojas 809 hasta 822, y manifestó que los cargos formulados en su contra son totalmente falsos, indicando que no existe estafa pues no abandonaron la obra, por el contrario, arreglaron la casa de la demandante y otras casas, por la suma de ciento cuarenta mil balboas (B./140,000.00), además de los arreglos que le hicieron a la colina de la parte de atrás de la casa de la demandante, donde movieron al menos ciento cincuenta mil metros de tierra y berma de roca, a gran costo, lo cual hizo por recomendaciones técnicas.

Descartó locura o irracionalidad al haber proseguido con la construcción de esa obra, y otras cosas, por lo que categorizó lo ocurrido como un acto de la naturaleza, pese a que han hecho todos los arreglos pertinentes a su mejor entender, y a gran costo, para que los afectados puedan tener nuevamente sus viviendas adecuadamente, y hacer lo necesarios para evitar los deslizamientos.

Indicó así que la estación lluviosa en el año 2010 no dejó afectación a las casas que anteriormente las habían sufrido y que seguirán trabajando para bajar más la pendiente existente detrás de la casa de la demandante y de otras casa.

Narró que después del primer deslizamiento, sembraron las banquetas y taludes pero no resolvió el problema y tuvieron otro deslizamiento, luego acataron la recomendación de la berma y sacar la tierra de la parte más alta, para quitarle peso a la colina, reforzando la base y logrado una pendiente más reposada, acciones que han estado haciendo.

Señaló que la señora VIELKA ROBLES es la única que se mantiene en posición de reclamación pese a que le han ofrecido realizar los arreglos a su casa, pues ella pide doscientos mil balboas (B./200,000.00) por los daños morales y psíquicos que esta situación le causó, aunque los otros vecinos están viviendo muy satisfactoriamente sin problema psíquico, después de los arreglos que les hicieron.

Estima que la acusación es ilógica, y explicó que no se realizó relleno en el terreno donde se construyó la casa de ROBLES porque era el área más alta de la urbanización. Así descartó no era necesario deshabitar, derrumbar, rellenar y volver a construir, pues también se le puso una viga sísmica perimetral para protección de la casa, por lo que considera que si lo hubieran dejado hacer los arreglos en la terraza posterior y otros lados, la casa estaría habitable sin problemas como en otras viviendas que se arreglaron en perfectas condiciones.

Aclaró que no recuerda recomendaciones de las autoridades de tirar abajo la vivienda y hacerla de nuevo, y esto no tiene relación con la estafa, es decir, que las promotoras conocían de la condición del terreno, que afectaría la residencia.

Aunado a ello, mencionó que los primeros arreglos no habían sido suficientes para evitar los movimientos y no cree que haber reconstruido la vivienda no tiene nada que ver, sino que se trata de la situación del terreno y de la colina ubicada en la parte posterior de la casa.

Se refirió al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, en el que no tiene nada que ver con la posibilidad de deslizamiento de la colina en cuestión por lo que no trazó ninguna medida para ello, sino posiblemente algo relacionado a la siembra de árboles.

Agregó que al domicilio de ROBLES le harían falta arreglos sencillos, sin muchos gastos, que le han ofrecido para que pueda ser utilizada, que se ha portado responsable con los compradores y seguirán siéndolo.

Aclaró que no existe la estafa porque, se supone que con pleno conocimiento que ocurrirían los deslizamientos, que causaron los daños, los dueños del proyecto continuaron con la construcción, buscando lucrar indebidamente con estas acciones, por lo que implicaría haber abandonado la obra y lucrar. Por el contrario, los promotores y propietarios decidieron arreglar, pese al costo alto, aunque se trató de un acto de la naturaleza, por interés propio y por querer atender a sus clientes.

A través de su Vista Ampliatoria No. 68 de 29 de julio de 2011, la Fiscalía Segunda de Circuito del Tercer Circuito Judicial de Panamá, La Chorrera, recomendó al honorable tribunal de la causa que, al momento de calificar la encuesta penal, lo hiciera dictando un auto de llamamiento a juicio, en contra del señor C.V., por presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo IV, Título IV, Libro II del Código Penal, por delito Contra el Patrimonio Económico, en la modalidad de Estafa, en perjuicio de V.Y.R.M. (v. fs. 932-935).

Durante el acto de Audiencia Preliminar del día 12 de diciembre de 2011, el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal, del Tercer Circuito Judicial de Panamá, sobreseyó de manera definitiva a CARLOS VALENCIA, por el delito de Estafa, de conformidad con el artículo 2207 del Código Judicial (fs. 967-976). Dicha decisión fue recurrida por parte de la querella, representada por el Licenciado Yocehil G.D. (fs.979-987).

Posteriormente, mediante Auto de Segunda Instancia No. 71 del día 18 de junio de 2012, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, confirmó la resolución emitida por la Juez Primera de Circuito de lo Penal, del Tercer Circuito Judicial de Panamá (v. fs. 1006-1015).

CAUSALES INVOCADAS Y MOTIVOS

El licenciado Y.G.D., representante de los intereses de la querellante V.Y.R.M., adujo una causal contra el fallo recurrido, a saber:

ÚNICA CAUSAL

Se alega que el fallo recurrido incurre en: "cuando no estimen como delito, siéndolo, los hechos que aparecen en el sumario, sin que medien circunstancias posteriores que impidan su castigo", la cual está contenida en el numeral 3, del artículo 2431 del Código Judicial.

Esta única causal viene sustentada en dos motivos. En primer término, manifestó el casacionista que el Tribunal de azada incurrió en esa causal pues a pesar de los elementos que desprenden la comisión delictiva, debió concluir que el procesado incurrió en dolo de continuar con el desarrollo del proyecto, a sabiendas de la saturación de gua en el terreno de la urbanización.

En el segundo motivo, explica el recurrente que la existencia de un contrato y la representación legal de una empresa no impide que la persona que ostente dicha representación, cometa delito de estafa. La sola existencia de un contrato no determina el carácter civil de un proceso, pues en los delitos de estafa, las contrataciones escritas y no escritas, cobran mayor vigencia en razón del consentimiento que han de prestar los contratantes, el cual a menudo, se encuentra viciado producto de engaños y maquinaciones por parte de uno de los contratantes, así explicó que un contrato no descarta una conducta penal, por lo contrario dicho documento puede convertirse en un medio engañoso.

Referente a las disposiciones legales infringidas, indicó se vulneró el artículo 190 del Código Penal de 1982, en concepto de interpretación errónea, en tanto que estima fue infringido el artículo 2207 del Código Judicial, en concepto de indebida aplicación (fs. 1025-1029).

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Cumpliendo el procedimiento establecido en la ley, la licenciada K.I.P.D., en calidad de Procuradora General de la Nación, solicitó al momento de decorrer el traslado que no se case el fallo objeto del recurso.

En lo que corresponde al primer motivo de la única causal invocada, la representante del Ministerio Público, manifestó que nos hechos no han podido acreditar el delito de estafa, al no encuadrarse en el artículo 190 del Código Penal de 1982, que en su aspecto subjetivo es eminentemente doloso, requiere la intención del agente de lograr el convencimiento de la voluntad del afectado a través del engaño, ocasionando una disminución de su esfera patrimonial o de otra persona.

Mencionó que la conducta comisiva es realizada a través del ardid o engaño, y de ello reiteró que el Tribunal indicó en su fallo, de forma acertada, que a pesar de las medidas de mitigación efectuadas por la empresa promotora, no se logró finalmente hacer las viviendas habitables. No obstante lo anterior, la conducta, desplegada por quienes promovieron la venta de dichas residencias no evidencia la existencia de dolo o la intención de engañar, de burlar la voluntad de quienes resultaron afectados, ese dolo es requerido para la configuración del delito de Estafa.

También mencionó que es necesaria la configuración del "provecho ilícito", sin que pueda apreciarse en la encuesta a pesar del menoscabo en el patrimonio de VIELKA ROBLES. Y precisamente, en cuanto al tema del menoscabo patrimonial (es decir, el perjuicio), explicó está relacionado al provecho ilícito, y al comprobarse que la empresa promotora del residencial "Parques del Oeste" frenó o mitigó los daños ocurridos a la residencia, efectuó adecuaciones al terreno, que requirió una fuerte inversión económica, evidencia el interés de corregir lo ocurrido, denotándose la ausencia de dolo.

En el segundo motivo señaló que el Tribunal Ad Quem realizó un adecuado examen de los hechos que rodean la querella, que no acredita la Estafa que se menciona, sino que los daños y perjuicios relacionados deben reclamarse ante la esfera jurisdiccional que corresponde, que es lo que al final puede satisfacer los intereses de la persona afectada.

Por último, haciendo mención a las disposiciones y al concepto de la infracción, el representante del Ministerio Público, conceptúa que el fallo recurrido no violenta, en forma alguna, la disposición contenida en el artículo 190 del Código Penal de 1982. De igual manera es de opinión que no ha producido la violación del artículo 2207 del Código Judicial.

En su parte final, el representante de la Vindicta Pública, recomienda no casar el Auto de Segunda Instancia de 18 de junio de 2012, dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá (fs. 1044-1053).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Advierte la Sala que la defensa técnica del señor C.V., aduce como única causal que: "cuando no estimen como delito, siéndolo, los hechos que aparecen en el sumario, sin que medien circunstancias posteriores que impidan su castigo", del numeral 3, del artículo 2431 del Código Judicial.

PRIMER MOTIVO

El recurrente sostiene entonces que se ha configurado el delito de estafa agravada por medio de sendos elementos acopiados en la encuesta, y que además se ha evidenciado la vinculación que tiene CARLOS VALENCIA con el mismo para justificar un llamamiento a juicio en su contra, pues decidió continuar el desarrollo del proyecto a sabiendas de la saturación de agua en el terreno de la urbanización.

T. este marco de referencia, procede la sala a verificar los motivos aducidos por el censor, entonces, en la querella presentada por el Licenciado Yocehil G.D., incluyó entre sus pruebas documentales una certificación del Registro Público No. 037485, en la que detalla V.Y.R.M. es propietaria de la finca No. 232455, el cual es un lote de terreno ubicado en el Corregimiento J.D.A., Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá, tiene un valor de treinta y dos mil cuarenta y siete balboas con noventa y nueve centésimos (B./32,047.99).

Se menciona, también, que sobre esta finca pesa una primera hipoteca y anticresis con limitación de dominio a favor del Banco del Istmo, S.A., por la suma de veinticinco mil seiscientos balboas (B./25,600.00) registrada el 17 de febrero de 2004, y una segunda hipoteca y anticresis con limitación de dominio a favor del Banco del Istmo, S.A., por la suma de veintiséis mil ochocientos setenta y ocho balboas con setenta y tres centésimos (B./25,600.00), registrada el 21 de marzo de 2007 (v. f. 16).

Del mismo modo se cuentan con copias notariadas de los Informes del Sistema Nacional de Protección Civil (fs. 19-27) del día 22 de noviembre de 2006, solicitado por Preciosa Ochogavía B., propietaria de la vivienda No. 106, y 12 de diciembre de 2008, solicitada por VIELKA ROBLES, propietaria de la vivienda No. 157 (fs. 28-30). De ambos informes existe constancia fueron realizados posterior a la construcción del proyecto urbanístico "Parques del Oeste", cuando las viviendas del residencial estaban ocupadas y a petición, precisamente, quienes ocupaban las casas afectadas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), por medio del Director General, A.A. De Icaza, remitió respuesta del cuestionario del agente de instrucción encargado, en relación a la presente investigación visible a folio 589 y 590, y, a su vez, acopio información relacionada a las inspecciones realizadas.

Así las cosas, el director general afirmó y ratificó el contenido de la nota a folio 603, dirigida a VIELKA ROBLES, que forma parte del proceso ordinario de responsabilidad civil, interpuesto por V.Y.R.M., contra Urbanizadora del Oeste, S.A., Inmobiliaria Valarco, S.A., Corporación Regente, S.A., Almacenadora Nacional, S.A., Corporación Internacional de Financiación e Intermediación, S.A., C.V.C., G.G. y L.C.R.A., por la cuantía de doscientos mil balboas (B./ 200,000.00).

Dicha nota se refiere a una inspección del día 4 de agosto de 2009, y donde advierte la continuación de los colapsos en elementos estructurales y no estructurales de la vivienda de ROBLES, así como también reconoce la intervención de la promotora en busca de una probable solución al problema que se viene presentando hace más de cuatro (4) años, por lo que recomienda se realicen nuevos estudios geotécnicos que determinen el grado de estabilidad del terreno a fin de evitar eventos adversos de daños materiales o pérdida de vidas humanas (fs. 601-622).

Una situación parecida se observa por parte de la Oficina de Seguridad de la Compañía de Bomberos de Arraiján, quien emitió el Informe de Inspección C. B. A. 086-08-O. SE. P.I., esta vez solicitado por VIELKA ROBLES y el licenciado Y.G.D., para ser practicado en la casa No. 157, de la Urbanización Parques del Oeste (fs. 31-33), y el informe Técnico No. 254-08 de 12 de diciembre de 2008, pedido por VIELKA ROBLES, de la casa No. 157, emitido por el Municipio de Arraiján (f. 34).

Sobre el primer informe, se cuenta con la declaración de A.D.L., voluntario de bombero, quien afirma y ratifica su contenido, y agregó pudo observar la presencia de agua en otros patios cuando realizó la inspección en sitio (fs. 568-571), del mismo modo ratificó y afirmó su contenido el bombero R.E.C.F., quien incluso describió la residencia inspeccionada (fs. 572-575).

En cambio, sobre el segundo informe, M.I.E., funcionaria de la Ingeniería Municipal de Arraiján, ratificó y afirmó el informe correspondiente, y manifestó la falta de una buena fundación y geología del terreno donde está la vivienda (fs. 580-582).

Además se cuenta con el Informe Técnico No. 051 del departamento de Protección del Ambiente, Administración Regional Panamá Oeste, de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), comunicó que el día 19 de enero de 2010, realizó una inspección a la casa No. 157, en la Urbanización Parque del Oeste, la cual es propiedad de V.R., según la denuncia que realizó el Licenciado Yocehil G.D. (f. 35-36).

De este informe, H.R.J., técnico forestal de ANAM, ratificó y afirmó su contenido, y agregó no recibieron las pruebas solicitadas por la empresa, que la vivienda no era apta para ser habitada y desconoce de aguas subterráneas en el terreno de la vivienda (fs. 549-553), asimismo, J.Á.M., evaluador ambiental de ANAM-Oeste, ratificó y afirmó su contenido, y mencionó que el día de la inspección había un arquitecto de la obra que les dijo harían un canal francés, pero desconoce si se hizo (fs. 592-595).

En tanto, la Autoridad Nacional del Ambiente, remitió la información relacionada a folios 629 a 769. De esta documentación, debemos destacar, el folio 661, donde por medio de la nota del 21 de octubre de 2004, DINEORA-NOTIF, detalla que la entidad recibió el Estudio de Impacto Ambiental, Categoría I, ubicado a folios 681 a 699 y fue aceptado, pues cumplía con el artículo 53, párrafo segundo, Decreto Ejecutivo No. 59 de 16 de marzo de 2000, así como le recuerda a la empresa constructora contar con los permisos necesarios de las autoridades pertinentes, cumplir con las normas de seguridad asociadas a la actividad, y colocar el letrero dentro del área del proyecto.

Otra dato interesante es que la autoridad concluyó que Corporación Regente incumple en un 50% con las medidas indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental y Resolución de Aprobación, de acuerdo al Informe Técnico No. 084 de 3 de marzo de 2009 (fs. 671 y 672).

Confrontados el motivo sustentado por el casacionista con el caudal probatorio del expediente mencionado, la Sala es de opinión que le no le asiste la razón al recurrente, por las siguientes razones.

La parte querellante ha reclamado la existencia del delito de estafa en razón que el procesado cuando supo las condiciones de saturación de agua en el terreno de la urbanización, motivado por el dolo, continuó el desarrollo del proyecto, que a la postre, tradujo en la estafa de su representada.

El criterio vertido por el letrado sobre la estafa dista del real contenido del artículo 190 del Código Penal de 1982, norma penal utilizada en razón del tiempo de la supuesta comisión delictiva, la cual transcribimos para una mayor comprensión:

ARTICULO 190. "El que mediante engaño se procure a sí o a un tercero un provecho ilícito con perjuicio de otro, será sancionado con prisión de 1 a 4 años y de 50 a 200 días-multa.

La sanción será de 5 a 10 años de prisión si la lesión patrimonial excede de cien mil balboas o la cometen apoderados, gerentes o administradores en ejercicio de sus funciones o si se comete en detrimento de la administración pública o de un establecimiento de beneficencia."

Esto lo decimos pues, el verbo estafar, definido por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se trata de pedir o sacar dinero o cosas de valor con artificios y engaños, y con ánimo de no pagar, o cometer alguno de los delitos que se caracterizan por el lucro como fin y el engaño o abuso de confianza como medio.

Sobre el engaño se define que se asocia a la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre, mientras que la acción de engañar, proveniente del latin ingannare 'burlar', implica el hacer creer a alguien que algo falso es verdadero; que se trata de seducir a alguien con halagos y mentiras, o que se relaciona con el producir ilusión, sobre todo óptica.

Ninguna de las definiciones brindadas se compagina con la conducta desplegada por el querellado, pues, contrario a lo expuesto en el recurso, el proyecto habitacional Parques del Oeste, S.A., existe, es verdadero, y al menos en el caso que interesa para la encuesta, V.Y.R.M. es propietaria de la finca No. 232455, el cual es un lote de terreno ubicado en el Corregimiento J.D.A., Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá, tiene un valor de treinta y dos mil cuarenta y siete balboas con noventa y nueve centésimos (B./32,047.99)., la cual ha sido identificada como la vivienda No. 157 de la Urbanización Parques del Oeste.

Se tienen informes oficiales que el proyecto en cuestión cumplió, para iniciar la obra, con los requerimientos de las autoridades competentes, al punto que ANAM así lo certificó y admitió, como mencionamos en líneas anteriores, por lo que no se advertía, hasta ese momento de problemas relacionados con la saturación de agua del terreno para la urbanización que ameritaran suspender el desarrollo del proyecto,

De hecho, ha quedado en evidencia, un número plural de intentos de la constructora, representada legalmente por CARLOS VALENCIA, en otorgarle estabilidad a la situación que perturbaba la tranquilidad de los recientes propietarios de las residencias que construyó con varios mecanismos asociados a la ingeniería civil.

De esto dan cuenta los señores Á.E.P.S. (fs. 906-909), E.B.M. (fs. 910-913), M.A. De Puy Ayala (914-917), quienes fueron contratados o contactados por CARLOS VALENCIA, para que por medio de sus consultorías, comentarios o recomendaciones, le ayudaran a resolver las dificultades y condiciones, de escurrimientos, saturación de masas de suelo, estabilidad de los terrenos donde se construía el Residencial Parques del Oeste, donde concluyeron, en su momento construir banquetas (escalones en el corte de una ladera); piso reforzado amarrado a los cimientos perimetrales, pusieran paredes sobre las losas reforzadas, aplicaran canales laterales de agua de lluvia para que no se dirigieran a las casas y mejorar los taludes (inclinación de la tierra) adyacentes a la quebrada; y finalmente, recomendaron hacer un relleno en la pata del talud, como contrapeso para estabilización, un muro de piedras. Todos aseguraron se llevaron a cabo sus recomendaciones.

Lo anterior no supone el actuar engañoso del imputado, pues al parecer se sujetó a los procesos administrativos pertinentes para obtener las autorizaciones de rigor para la construcción del proyecto, sin que conociera que en el futuro, se presentarían afectaciones, exclusivamente, en la casa de la querellante.

Este asunto no permite visualizar ineludiblemente la existencia de dolo, como elemento indispensable del tipo penal querellado, y aunque se observa que la señora VIELKA ROBLES ha experimentado afectaciones en su masa patrimonial, no puede entenderse que obedezca a un provecho ilícito, pues, existe un contrato por ella suscrito, que inclusive contó con el aval de las partes, revisión del funcionario notarial, y la intervención bancaria, que dicho sea de paso, se tiene constancia de un primer préstamo hipotecario en el año 2004, y luego, un segundo préstamo, sobre esa misma finca o lote de terreno, en el año 2007, a pesar que ya la querellante había experimentado las primeras afectaciones en su vivienda, lo que refuerza el criterio que no hubo un provecho ilícito por parte del sumariado, tal cual así lo confirmó ROBLES en la ampliación de la querella, consultable a folios 206 a 212.

De esta misma declaración jurada, debemos resaltar que la querellante VIELKA ROBLES narró que se mudó al inmueble en el año 2004, y en el año 2006 se registraron los daños, en la temporada de lluvia. Aseguró que "ellos" (que entendemos se trata de la parte querellada) se acercaron, pusieron tuberías por los estacionamientos de la casa, cuando todavía no estaba la terraza posterior, pero luego la construyó así como los acabados en el año 2007, pues entendían se debió corregir el problema, pero no fue así, y perdió su inversión cuando ocurrió otro incidente.

Mencionó también que las intervenciones de la promotora continuaron para hacer frente al problema, y en el año 2008, le construyeron una terraza semejante a la que tenía antes de su pérdida, y ellos le garantizaron no volvería a ocurrir otro evento, sin embargo, volvió a destruirse lo construido por ellos, así como se presentaron otros deterioros en todas partes de la casa, por lo que en ese momento acudió a las autoridades en busca de auxilio, por medio de inspecciones, quienes determinaron debía mudarse, pues su hogar no era seguro para habitar.

Esta versión guarda ciertas similitudes con lo declarado por CARLOS VALENCIA en su oportunidad a folios 809 a 822 pues mencionó que procuró encontrar solución a los problemas que aquejaban a los propietarios del proyecto.

Detalló que lo ocurrido son actos de la naturaleza que no pudo preveer, que no abandonó la obra, sino que hicieron los arreglos, que a su entender podían solucionar lo ocurrido, y que de hecho los gastos generados, fueron cubiertos por ellos, e implicó trabajos en la colina, en la parte de atrás de la casa de la demandante, con movimientos de tierra, berma de roca, para que los propietarios tuvieran nuevamente sus viviendas y evitar los deslizamientos.

Explicó que trabajaron para bajar la pendiente, y después del primer deslizamiento realizaron banquetas en la colina detrás de la urbanización, pero no resolvió el asunto porque tuvieron otro deslizamiento.

Indicó que realizaron berma y sacaron tierra de la parte más alta para quitarle peso a la colina, reforzando la base y tener una pendiente más rebozada.

Tanto la querellante, como el querellado, y los señores consultores, coinciden en mencionar que la parte querellada realizó múltiples intentos para corregir la situación en la que se encontraba el residencial Parques del Oeste, por lo que esto no permite identificar el dolo, el ánimo de construir un proyecto de ésta calidad, en un terreno saturado de agua, a propósito, como ha sostenido el recurrente. De acuerdo a la sana crítica, quien tiene un ánimo engañoso de sacar provecho ilícito del patrimonio de otro, no invierte esfuerzos, dinero o tiempo en enmendar un evento ocurrido, años después de la entrega de la residencia, tal como es el caso que nos ocupa.

Así pues, tenemos que el cúmulo de elementos probatorios enunciados, no logran sustentan el cargo de infracción alegado en el presente recurso, por lo tanto debe ser desestimado.

SEGUNDO MOTIVO

En el segundo motivo, el recurrente refuta el criterio del Tribunal de Segunda Instancia, en cuanto a que la existencia de un contrato y la representación legal de una empresa, no impiden que la persona que ostente dicha representación, cometa delito de estafa.

Ante este punto debemos hacer una verificación de la resolución censurada, en concreto, cuando se motiva sobre las responsabilidades y/o obligaciones contractuales versus la comisión del delito de estafa, y tenemos que refiere lo siguiente:

...El hecho de tener un contrato crea una obligación escrita entre dos o más partes. Si una de las partes incumple y no honra los términos de un contrato, se produce un incumplimiento de contrato. Hay diferentes definiciones para el incumplimiento del contrato: a) si una de las partes no efectúa un acto específico a tiempo, b) si no lo efectúa de acuerdo al contrato, o c) si no lo efectúa del todo; esto puede ser considerado un incumplimiento del contrato, por ende, según las pruebas encontradas en el expediente, podemos concluir que estamos ante un probable incumplimiento del contrato, no así de una (sic) delito de Estafa. La vivienda de la señora V.Y.R.M. le fue entregada por la constructora en el año 2004 y para el año 2006 ya presentaba desperfectos, lo cual podría generar obligaciones desde el punto de vista contractual.

Luego de examinar las constancias sumariales incorporadas en el compendio penal, concluimos que no se encuentran reunidos los elementos que acreditan objetivamente la comisión de un delito de estafa, puesto que el conflicto se origina en virtud de un contrato de compraventa suscrito entre las partes involucradas, cuyas condiciones según se indica, no han sido cumplidas.

De lo anterior se desprende que los hechos que motivan el presente negocio, son de naturaleza estrictamente civil, pues tiene una base contractual originado por el acuerdo de voluntades entre las partes, dentro del cual concurren los elementos propios de un contrato, de acuerdo al artículo 112 del Código Civil; entre ellos, el consentimiento (concurso de la oferta y de la aceptación); el objeto (todas las cosas que no están fuera del comercio); y la causa (la promesa o prestación de un servicio y la remuneración o retribución por el mismo).

Sobre este asunto, observamos que las reclamaciones que realiza V.Y.R.M. al momento que ratifica la querella giran en torno a la insatisfacción por no poder habitar la casa que compró, y que empezó a utilizar cuando se mudó en el año 2004, y que manifestó ya no la desea pues los vicios y daños ocultos que salieron a relucir durante los años 2006, 2007 y 2008, en la temporada lluviosa, han motivado a su familia salir de allí ante la inestabilidad de la estructura de su residencia (fs. 207).

R.M. explicó que lo ocurrido es un delito de estafa pues los informes que emitió SINAPROC, antes que se mudara, mencionaban anomalías, que desconocía para cuando adquirió la casa, por eso dice que de haberlo sabido no hubiese adquirido esa vivienda (f. 210).

La explicación que brindó la querellante, no encuentra fundamento legal, pues los informes de SINAPROC, fueron motivados, precisamente, a petición y participación de los propietarios de la urbanización, y, de hecho, ella y su apoderado judicial, protagonizaron una de esas peticiones de inspección (f. 611-622), todos esos informes fueron emitidos posteriores a la adquisición y mudanza de la querellante.

Los únicos registros que se tienen en el expediente, de la tramitación previa de la construcción del proyecto en controversia, son los proporcionados por ANAM, quien informó que la construcción cumplió con las normas que regulan este tipo de actividad para su inicio, y la parte en la que se observó un incumplimiento las medidas del EIA, no refirieron a temas de deslizamientos, sino a la erosión del terreno por lo que debían revegetar (fs. 629-769).

Estos eventos no permiten que la presente reclamación sea válida en la esfera penal, pues el artículo1 del Código Penal de 1982, engloba el concepto del principio de legalidad, al limitar el sometimiento o la aplicación de las disposiciones penales de alguien si previo no hay una ley que la establezca taxativamente, tema que incluso descarta la aplicación de la analogía de la ley penal para la imposición de sanción alguna.

Con esto en mente, frente a las motivaciones del Tribunal de Segunda Instancia, no se observa riñan con un adecuado análisis, apegada a la Ley Penal, pues, en ninguna medida indicó que la existencia de un contrato no determina el carácter civil de un proceso, sino, por el contrario, esclarece cuándo el hecho sí es competencia de tribunales que conocen de procesos criminales.

De esto resulta que la vivienda de la señora V.Y.R.M. le fue entregada en el año 2004 y en el año 2006 presentó desperfectos, por lo que las obligaciones pudieran generarse, en éste caso, por las condiciones del cumplimiento de lo convenido por las partes, sin que ahí se configure un engaño del representante legal de la empresa con quien ROBLES suscribió el contrato.

De los argumentos enunciados frente al caudal de la encuesta penal que nos ocupa, considera la Sala que no le asiste la razón al recurrente, por lo tanto es desestimado el cargo de injuridicidad planteado.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, se alega por parte del casacionista, la vulneración del artículo 190 del Penal de 1982, en concepto de interpretación errónea.

Dicha norma describe la conducta del ardid del agente, quien tiene como norte gestionar o para sí o para un tercero, la obtención de un provecho ilícito, o bien, podemos entender, al margen de la ley, por medio de la manipulación falaz del sujeto pasivo, para que disponga de su patrimonio, conducta que no se encuadra con lo acontecido, tal cual hemos ensayado en líneas precedentes, por lo cual no fue interpretado erróneamente, es decir, que no se ha cumplido la infracción recurrida a esta Sede.

En cuanto al artículo 2207 del Código Judicial que se dice ha sido infringido en debida aplicación evaluamos no se cumple el cargo atribuido, pues, precisamente, en estricto apego al contenido de esta norma de carácter procesal, porque no se confirmó ni dictó un auto de sobreseimiento definitivo de carácter objetivo e impersonal (véase folios 1015, en concordancia con el folio 976), sino un auto de sobreseimiento definitivo, que es lo que

Además, no es cierto que se acreditó el engaño, el dolo y el perjuicio patrimonial de la querellante, a la luz de la ley penal, pues si bien, existen condiciones que le impiden el uso y disfrute de la vivienda que adquirió, sigue existiendo ese bien inmueble, que cuando le fue entregado a ROBLES MARCIAGA, cumplió con los requerimientos a satisfacción, hasta ese momento, al punto que la ocupó y, a su antojo le realizó mejoras, y asumió, incluso un segundo préstamo hipotecario y de anticresis sobre el mismo inmueble, por lo tanto, no se advierten las acreditaciones que sugiere el letrado G.D., por lo tanto, se niegan los cargos de injuridicidad planteados.

Por lo anterior, a juicio de esta Corporación de Justicia, se prueban las violaciones sugeridas por el censor, por lo que en atención a las anteriores consideraciones, lo que procede, es no casar el auto de sobreseimiento definitivo impugnado.

PARTE RESOLUTIVA

Por las razones antes expuestas, la Corte Suprema de Justicia, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA el Auto 2da. I.. N° 71, de 18 de junio de 2012, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, Sala Transitoria.

N. y Devuélvase,

JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E.

ELVIA VERGARA DE ORDOÑEZ (Secretaria)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR