Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 21 de Agosto de 2017

Ponente:Cecilio A. Cedalise Riquelme
Fecha de Resolución:21 de Agosto de 2017
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
ÍNDICE
CONTENIDO

VISTOS:

A esta Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, fue remitido el presente INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO, promovido por el Licenciado E.A.P.V., en representación de FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A. (sociedad absorbente de FREEPORT RESTAURANT, INC.), siendo promovido dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Seguro Social; el cual fue admitido a través de la Resolución de 24 de octubre de 2016, por lo que se procedió a darle el trámite correspondiente, surtiéndose los traslados de rigor y cumpliéndose con la realización de la audiencia respectiva, hasta colocar la presente causa en estado de resolver su mérito.

ARGUMENTOS DEL INCIDENTISTA.

En el incidente en estudio, su promotor plantea una serie argumentaciones fundamentadas en los hechos resumidos a continuación:

PRIMERO

Que el día 2 de septiembre de 2001, el trabajador N.M.D., con Cédula de Identidad Personal N° 8-518-9, y Seguro Social N° 125-23661, sufrió un accidente de trabajo.

SEGUNDO

Que dicho trabajador accionó en contra de Freeport Restaurant, Inc., que luego fue absorbida por FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A., para que se le condenara al pago de sus prestaciones derivadas del precitado accidente.

TERCERO

Que se acreditó la transacción civil entre el trabajador y la empresa empleadora, en donde aquél recibió la suma de B/.40,000.00, al 3 de abril de 2003, en tanto que a su apoderado se le pagó B/.2,000.00 en concepto de costas.

CUARTO

Que en el expediente ejecutivo se aprecia el Auto N° 017-2014 de 16 de enero de 2014, que elevó a embargo el secuestro decretado a través del Auto N° 003-14 de 3 de enero de 2014, contra FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A., siendo aplicado sobre sus cuentas bancarias, hasta la concurrencia de Ochenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Siete Balboas con 00/100 (B/.89,197.00).

QUINTO

Que el 22 de enero de 2014 se interpuso una "...excepción de pago dentro del proceso administrativo de jurisdicción coactiva..." (Sic), relacionada con la obligación contenida en la Resolución N° 838-02 D.G. de 7 de agosto de 2002, que fue dictada por la Dirección General de la Caja de seguro social, a raíz de la reclamación promovida por el trabajador accidentado.

Al respecto, el incidentista manifiesta que los artículos 17 y 32 del texto constitucional, señalan que nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria, advirtiendo que el proceso coactivo debió suspenderse, cuando la Sala Tercera entró a evaluar "aspectos procesales y de fondo del juicio administrativo que señalaba en derecho la Excepción de Pago que F.P., S.A., argumentaba, porque en efecto consta en el expediente que la empresa pagó al reclamante N.M.D. la suma de Cuarenta Mil Balboas (B/.40,000.00), producto de una transacción extrajudicial." (Sic).

SEXTO

Que mediante Sentencia de 25 de marzo de 2015, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el párrafo segundo y tercero del artículo 243 de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005 (modificatoria de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social); por ende, desde ese entonces, no se podía ejercitar la jurisdicción coactiva contra la empresa ejecutada, considerando que para esa fecha, no se había resuelto la Excepción de Pago precitada.

SÉPTIMO

Que el 21 de marzo de 2016, la Sala Tercera resolvió la excepción in comento, no obstante, a pesar de lo expuesto en dicha decisión, no se puede perder de vista que previamente había una declaratoria de inconstitucionalidad; por lo que, por hermenéutica legal, considera el incidentista "...que la Jurisdicción Coactiva ejecutada contra la Empresa FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A. (FREEPORT RESTAURANT, INC.), quedaba sin efecto y aplicación por ser INCONSTITUCIONAL..." (Sic).

OCTAVO

Que el Pleno de la Corte Suprema, luego de examinar la normativa sobre la materia de "riesgos profesionales", tanto en la ley orgánica de la Caja de Seguro Social, como en el Código de Trabajo, declaró inconstitucionales los párrafos segundo y tercero del artículo 243 de la Ley 51 de 2005, considerando que sí violentaban los artículos 17 y 32 de la Constitución Política, relacionados al cumplimiento de la ley, el debido proceso y los demás trámites previamente establecidos; por lo que estima el incidentista que "...Decidieron y Declararon que mal podría la Caja de Seguro Social adscribirse la facultad de ejercer un cobro coactivo sobre sumas de dinero que le son adeudadas al trabajador, en materia de riesgos profesionales, sobre todo, porque esta materia es objeto de regulación en el Código de Trabajo, definiendo que es ante los Tribunales de Justicia de la Jurisdicción Laboral ante quien han de ventilarse dichos reclamos a solicitud o demanda del trabajador que es el interesado y afectado con esta acción omisiva de parte de su empleador." (Sic)

Concluye el apoderado judicial de la empresa ejecutada, solicitando que se suspenda la tramitación de la jurisdicción coactiva seguida contra su mandante, y en consecuencia que se levante el embargo que recae sobre sus cuentas bancarias, en especial su cuenta del Banco Nacional de Panamá, en vista que la norma que facultaba coactivamente a la Caja de Seguro Social fue declarada inconstitucional, ya que al aplicarse, dicha entidad rebasó los límites del Debido Proceso, "...pues si existía una excepción de pago que estaba siendo analizada por la más alta Corporación judicial del país, a modus propio no podía abrogarse (Sic) un poder omnímodo procesal de ejecutar o tomar sumas de dinero de propiedad de la empresa..." (Sic); por ende, alega que la entidad ejecutante no podía decidir, sin el respectivo pronunciamiento sobre dicha excepción, por lo que pide se dicte una resolución que ordene "...el levantamiento del embargo de cuentas bancarias de la empresa FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A." (Sic).

CONTESTACIÓN DE LA ENTIDAD EJECUTANTE.

El Licenciado E.A.M.S., actuando en nombre y representación de la entidad ejecutante, presentó oportunamente formal escrito de contestación al traslado del incidente en referencia, aceptando los hechos "PRIMERO", "SEGUNDO" y "TERCERO" expuestos por el incidentista, sin embargo, respecto a este tercer argumento, manifiesta que en relación a lo planteado por el incidentista, la transacción a la que hace referencia no afectaba la facultad que se tenía en ese momento, para proceder al cobro íntegro de las prestaciones a favor del trabajador, conforme lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970, por lo que dicho acuerdo o convenio debió tramitarse a través de la Caja de Seguro Social (CSS) y no a través de un acuerdo privado entre el trabajador y la empresa.

En cuanto al hecho "CUARTO" del incidente in comento, el mismo es aceptado por la parte opositora, mientras que respecto al hecho "QUINTO" manifiesta que se trata de una "...interpretación subjetiva de parte del incidentista..." (Sic), ya que éste procura validar supuestas faltas al debido proceso mediante el presente incidente de levantamiento de embargo, lo que no corresponde a lo contemplado por nuestro ordenamiento jurídico; pues, tal como consta a fojas 180 y 181 del expediente ejecutivo por cobro coactivo, mediante el Auto N° 017-14 de 16 de enero de 2014, se elevó a la categoría de embargo, el secuestro decretado mediante el Auto N° 003-14 de 3 de enero de 2014, y todas las demás acciones de cobro, fueron efectuadas con anterioridad a la presentación de la excepción de pago e inexistencia de la obligación parcial, presentada con posterioridad el 22 de enero de 2014.

En lo relativo a los hechos "SEXTO", "SÉPTIMO" y "OCTAVO", el apoderado judicial de la entidad ejecutante indica que se atendrá "...a las constancias procesales que resulten del proceso..." (Sic), manifestando también, respecto al fallo de inconstitucionalidad de 25 de marzo de 2015, que versa sobre el contenido de los párrafos segundo y tercero del artículo 243 de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, que por la naturaleza y efectos de las decisiones jurisdiccionales, éste no tiene efectos retroactivos, siendo definitivo y de efecto erga-omnes; produciéndose la nulidad constitucional, lo que implica que la Caja de Seguro Social no podrá seguir ejerciendo el cobro coactivo en materia de riesgos profesionales del trabajador, por incumplimiento del empleador, y efectivamente, así lo ha acatado el respectivo Juzgado Ejecutor. Además, invoca lo contemplado en los artículos 700 y 701 del Código Judicial, al señalar que el presente incidente debió ser propuesto dentro del tiempo perentorio.

Finalmente, manifiesta que el fallo de inconstitucionalidad que impide que la Caja de Seguro Social siga ejerciendo el cobro coactivo en materia de riesgos profesionales del trabajador, producto del incumplimiento del empleador, efectivamente ha sido acatado por el Juzgado Ejecutor, traspasando esa competencia a otra esfera, lo que no quiere decir que se dejan sin efecto las obligaciones, porque de otra manera se dejaría en desamparo a la parte más débil, denegándole justicia; por lo que solicita que se declare no probado el presente incidente de levantamiento de embargo.

CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN.

De conformidad con el numeral 5 del artículo 5 de la Ley 38 de 2000, la Procuraduría de la Administración, procedió a emitir su concepto en interés de la ley, mediante su Vista Número 1500 de 30 de diciembre de 2016, iniciando con un breve recorrido de los antecedentes de la causa en estudio, desde que la Dirección General de la Caja de Seguro Social (CSS), dictó la resolución que condenó a la empresa absorbida por FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A., a cubrir el monto de B/.89,197.00, en concepto de pago íntegro de las prestaciones resultantes del accidente de trabajo sufrido por el trabajador N.M.D.; pasando por el ejercicio recursivo en contra de dicha decisión, lo que agotó la vía gubernativa; hasta llegar a la jurisdicción coactiva, en donde se dictó el Auto de 24 de abril de 2008, por el cual se libró el mandamiento de pago respectivo, de conformidad con el estado de cuenta correspondiente, procediéndose luego, mediante el Auto N° 003-14 de 3 de enero de 2014, a ordenar el secuestro de todos los bienes muebles e inmuebles, sumas de dinero o cualquier elemento crediticio de la empresa ejecutada, hasta la concurrencia de la suma requerida coactivamente; siendo finalmente proferido el Auto N° 017-14 de 16 de enero de 2014, que elevó a la categoría de embargo el secuestro in comento.

En ese sentido, advierte el Procurador de la Administración, que mediante el Oficio 14(20239)548 de 28 de enero de 2014, el Jefe del Departamento de Oficios (Encargado) del Banco Nacional de Panamá, remitió al Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social, el "cheque de gerencia número 0030033206 por la suma de ochenta y nueve mil ciento noventa y siete balboas (B/.89,197.00), producto del embargo decretado contra F.P., S.A." (Sic), procediéndose en consecuencia con el levantamiento de las restricciones sobre la cuenta corriente N° 10000085286, situación que también se hizo constar en el Memorando JEP-LD-M-015-14 suscrito por el Juez Ejecutor Primero, dirigido a la Jefa de Contabilidad de Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social (Cfr. fojas 214, 233 y 234 del infolio ejecutivo).

Respecto a lo anterior, observa que posteriormente es que la empresa ejecutada comparece al proceso promoviendo un "incidente de levantamiento de embargo de cuentas bancarias y suspensión del proceso por jurisdicción coactiva" (Sic), sustentado en que la Corte Suprema de Justicia, en Pleno, por medio de la Sentencia de 25 de marzo de 2015, declaró inconstitucionales los párrafos segundo y tercero del artículo 243 de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005; por ende, el agente del Ministerio Público considera que al centrarse el presente debate jurídico, en los efectos de la mencionada declaratoria de inconstitucionalidad, trae a colación el Auto de 16 de diciembre de 2016, por el cual la Sala Tercera resolvió lo siguiente: "..., estimamos que siendo que la Caja de Seguro Social, carece de competencia en lo relativo al cobro coactivo de los riesgos profesionales del trabajador, a partir de la publicación en Gaceta Oficial N° 27820, el día jueves 9 de julio de 2015, de la Sentencia de 25 de marzo de 2015, proferida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, resulta arbitrario mantener vigente la medida cautelar de secuestro aplicada contra la sociedad Los Ángeles, S.A., razón por la cual, debe accederse a su levantamiento." (Sic)

Por todo lo antes anotado, el Procurador de la Administración solicita respetuosamente que se declare probado el "incidente de levantamiento de embargo de cuentas bancarias y suspensión del proceso por jurisdicción coactiva", promovido por el Licenciado E.A.P.V., en representación de la sociedad FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A., dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social.

CRITERIO Y DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Luego de evacuados los trámites de rigor conforme a la ley, realizada la audiencia y examinadas las constancias probatorias, procede esta máxima Corporación de Justicia a resolver el presente negocio; no sin antes, hacer las siguientes precisiones y consideraciones, respecto a elementos que inciden en la decisión de fondo.

En primer término, se precisa aclarar el contexto jurídico-procesal dentro del cual se desarrolla la causa en estudio, toda vez que el incidentista aprovecha para exponer en su libelo, diversas peticiones que aduce nacen con la expedición de la Sentencia fechada 25 de marzo de 2015 (la cual fue publicada el día 9 de julio de julio de 2015, en la Gaceta Oficial N° 27820), proferida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la cual se declararon inconstitucionales los párrafos segundo y tercero del artículo 243 de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005 (Que modificó la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social), pretendiendo con esto, que esta Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo declare la suspensión del proceso ejecutivo seguido a la empresa ejecutada y en consecuencia se levante el embargo aplicado a sus cuentas bancarias, siendo esta última intención la que realmente corresponde a la presente acción incidental, tal como se ratifica con la presentación del libelo de "Poder" visible a foja 13 de este dossier judicial, en donde se observa que fue otorgado para que se proponga un "Incidente de Levantamiento de Embargo".

Aunado a lo anterior, al confrontarse el texto del presente incidente con la redacción de la precitada sentencia de inconstitucionalidad, se advierten extractos de ésta última como argumentos propios del incidentista para justificar su accionar, ajustando el examen de constitucionalidad efectuado en circunstancias disímiles, a la actuación desarrollada por la jurisdicción coactiva de la Caja de Seguro Social; denotándose con ello interpretaciones extensivas que distan de relacionarse con el objeto primordial del presente análisis fáctico-jurídico, toda vez que éste responderá al examen de las constancias procesales que determinen si existen méritos probados para levantar el embargo en referencia.

Habiéndose arribado a esta etapa decisoria, resulta importante acotar que la obligación originada por el incumplimiento de la empresa ejecutada, se refiere al pago de un monto determinado a la entidad ejecutante, considerando que aquella no lo efectuó oportunamente, dentro del término establecido en el párrafo segundo del artículo 243 de la Ley 51 de 2005, por lo que dicha "obligación dineraria" (obligación clara y exigible, de plazo vencido, sobre una cantidad líquida de dinero) transitó hacia otra esfera jurisdiccional distinta a la vía gubernativa (ya que ésta fue agotada previamente según constancias procesales), actuándose de conformidad con la facultad dispuesta en el párrafo tercero de la misma excerta legal "ut supra", para que la jurisdicción coactiva de la Caja de Seguro Social, pudiera efectuar el cobro coactivo correspondiente, a la luz de las mencionadas disposiciones legales (párrafos derogados actualmente), que vale la pena recalcar, se encontraban vigentes constitucionalmente al momento de incoarse el proceso ejecutivo correspondiente, y por tanto, estaban investidas del "Principio de Presunción de Constitucionalidad de la ley", siendo ésta característica la que consagra su vigencia jurídica y consecuente aplicación obligatoria, mientras no sea derogada o declarada inconstitucional.

En ilación con lo que precede, resulta acertado citar lo que el Dr. E.M.M., expuso sobre la presunción de constitucionalidad de la ley, como un elemento inherente a su existencia, aun cuando ésta estuviese sometida a un proceso de inconstitucionalidad, ya que dicho principio no se desvirtúa hasta que se declare lo contrario, tal como lo plasmó a continuación:

"Mientras dura el proceso sobre la inconstitucionalidad de una ley, ésta sigue vigente y no cabe entre nosotros la suspensión de la ley, ni aun cuando ésta sea notoriamente inconstitucional. Sólo cuando el pleno de la Corte declara la inconstitucionalidad, la ley queda derogada.

La presunción de constitucionalidad consiste entonces en que las leyes que expide la Asamblea Legislativa son conformes con la Constitución mientras el pleno de la Corte no declare su inconstitucionalidad." (MOLINO MOLA, E.. "La Jurisdicción Constitucional en Panamá en un Estudio de Derecho Comparado". Biblioteca Jurídica Diké, Ira. Edición. Medellín-Colombia, 1998. P.. 112 y 113). (Resaltado por la Sala Tercera).

Así las cosas, se infiere que el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social, legítimamente profirió el Auto Ejecutivo por el cual se libró el mandamiento de pago respectivo, y por consiguiente, también dictó el Auto de Secuestro distinguido como "Auto N° 03-14 de 3 de enero de 2014", ordenando el secuestro de todos los bienes de la empresa ejecutada (muebles e inmuebles o su renta, dinero en efectivo, valores, cuentas bancarias o créditos en general), para que el proceso ejecutivo por cobro coactivo que estaba surtiéndose, no resultare ilusorio en sus efectos.

Conforme lo anterior, y de la revisión del antecedente ejecutivo, se pudo constatar que desde el día 7 de enero de 2014, se giraron los oficios dirigidos a las entidades bancarias, comunicándoles la precitada medida cautelar, para que ésta se hiciera efectiva; a lo que el Banco Nacional de Panamá, mediante su nota recibida en el juzgado ejecutor el día 13 de enero de 2014 (Cfr. Foja 167 del infolio ejecutivo), le comunicó que había retenido y puesto a su disposición el monto total requerido (B/.89,197.00), de la cuenta corriente que mantenía la empresa ejecutada en dicha entidad bancaria; por lo que inmediatamente dicha entidad ejecutante, conforme el artículo 544 del Código Judicial, procedió a girar los oficios correspondientes a los demás bancos, comunicándoles el levantamiento del secuestro, para evitar el exceso en el depósito; siendo ésta circunstancia evidenciada a través de las fojas 168, 169, 174 a 179, 189, 190 a 198 del respectivo expediente ejecutivo.

En ese sentido, habiéndose cautelado lo suficiente para asegurar el cumplimiento de la obligación dineraria en referencia, se procedió a elevar dicho secuestro a la categoría de embargo, a través del denominado "Auto Embargo N° 017-2014", dictado el día 16 de enero de 2014, especificándose que se aplicaría a la cuantía retenida por el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, de la cuenta corriente de la sociedad FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A., toda vez que, respecto a las cuentas bancarias de otros bancos, ya se les había comunicado el levantamiento de dicha medida cautelar; por consiguiente, el juzgado ejecutor de la Caja de Seguro Social (CSS) inmediatamente envió el "Oficio N° 118-JCH-14" (Cfr. Foja 200 del dossier ejecutivo), a la entidad bancaria in comento, comunicándole el embargo y consecuente remisión del monto retenido, y a la vez, ordenándole que una vez fuese remitida la suma in comento, se levantara cualquiera restricción ordenada previamente sobre esa misma cuenta bancaria. Por ende, el Banco Nacional de Panamá remitió el cheque de gerencia correspondiente, mediante su Nota 14(02230-01)548 (Cfr. Foja 214 del dossier ejecutivo), recibida en el Juzgado Ejecutor el día 29 de enero de 2014, en la que también se confirmó que habían procedido con el levantamiento de las restricciones sobre la cuenta corriente en mención.

Ahora bien, luego de haberse ordenado el embargo en referencia, se pudo constatar que la empresa ejecutada a través de su apoderado judicial, promovió el día 22 de enero de 2014, una "Excepción de Pago e Inexistencia de la Obligación Parcial", con la finalidad de contradecir el proceso ejecutivo por cobro coactivo seguido en su contra; no obstante, advierte éste Tribunal, que dicha interposición no suspende las diligencias ejecutivas propias de la jurisdicción coactiva, las cuales siguen su curso hasta la etapa del "remate", misma que no es efectuada aguardando la decisión respecto a la excepción in comento, de conformidad con el artículo 1682 del Código Judicial, que es del tenor siguiente:

"Artículo 1682. Dentro de los ocho días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, puede el ejecutado proponer las excepciones que crea le favorezcan; pero no se suspenderá la práctica de las diligencias ejecutivas, las cuales deban adelantarse hasta poner el proceso en estado de dictar auto de remate, para aguardar la decisión sobre las excepciones que se hayan propuesto." (Sic)(Resaltado por la Sala Tercera)

Conforme la norma expuesta, y confrontada con lo planteado por el incidentista en el presente "Incidente de Levantamiento de Embargo", al señalar que el Juzgado Ejecutor debió abstenerse de continuar con el trámite ejecutivo seguido en su contra, suspendiendo el proceso por cobro coactivo, ya que había interpuesto una "Excepción de Pago e Inexistencia de la Obligación Parcial", que impedía que la entidad ejecutante ejerciera, lo que llamó "un poder omnímodo" (Sic) de tomar sumas de dinero de la empresa ejecutada; es preciso que esta Corporación de Justicia manifieste que dicho argumento deviene en carente de sustento jurídico, al desconocer el contenido de la excerta legal precitada.

En ese sentido, y siguiendo el orden procesal de las actuaciones contenidas en el antecedente ejecutivo, resulta de trascendental importancia referirnos a la Resolución de fecha 21 de marzo de 2016 (Cfr. Fojas 258 a 269 del infolio ejecutivo), por la cual esta Sala Tercera declaró "No Probada" la precitada "Excepción de Pago e Inexistencia de la Obligación Parcial"; siendo ésta decisión comunicada a la entidad ejecutante, tal como consta a documento fechado 6 de abril de 2016, visible a foja 257 del dossier ejecutivo, por ende, para esa fecha el auto ut supra ya se encontraba en firme y ejecutoriado, desestimándose la excepción de la empresa ejecutada, con la cual buscaba extinguir la obligación en su contra; por tanto, se infiere que el trámite del proceso ejecutivo por cobro coactivo siguió su curso normal, para lograr el recaudo respectivo, procediéndose en consecuencia, conforme el artículo 1700 del Código Judicial, que es del tenor siguiente:

"Artículo 1700. Cuando no se propongan excepciones dentro del término correspondiente o esté ejecutoriado el auto que las decida contra el ejecutado, el Juez decretará el remate de los bienes embargados."(Sic).

(Resaltado por la Sala Tercera).

Es por ello que, si bien la precitada excerta indica lo que deberá hacerse cuando se decidan las excepciones contra el ejecutado, lo cierto es que tratándose de un embargo de dinero retenido de una cuenta bancaria, cuya finalidad es la de satisfacer una obligación dineraria (que en este caso sería la de pagar la suma de B/.89,197.00), se infiere que el remate se hace efectivo con la entrega del dinero en calidad de pago (obtenido por cobro coactivo), siendo que ya la entidad ejecutante contaba con la posesión del monto líquido con el cual satisfacer la obligación que fue validada judicialmente mediante el respectivo pronunciamiento del Tribunal de Instancia, siendo contemplada esta circunstancia en el artículo 1706 del Código Judicial, al disponer que "...Si lo embargado fuere dinero, se ordenará su entrega al acreedor, hasta la concurrencia del valor liquidado." (Sic)(Resaltado por la Sala Tercera).

Por tanto, habiéndose embargado el dinero suficiente para cumplir con la totalidad de la obligación de pagar un monto en específico, el mismo transita al patrimonio de la entidad ejecutante asimilando su entrega, pues vale recordar con especial atención, que uno de los elementos característicos del proceso ejecutivo por cobro coactivo, es que en ellos "...el funcionario ejerce las funciones de Juez y tendrá como ejecutante la institución pública en cuyo nombre actúa." (Sic)(Artículo 1777 del Código Judicial), por ende, siendo que el Juez Ejecutor respectivo actúa por cuenta de la entidad pública acreedora, la cobranza legítima del dinero embargado se efectúa considerando la naturaleza jurídica y legal de la jurisdicción coactiva.

Adicionalmente, es importante recalcar que el proceso se substancia conforme una concatenación de actuaciones procesales de tracto sucesivo (etapa por etapa) ajustadas al principio de preclusión; de ahí que, diáfanamente se denota que la etapa de embargo cumplió su finalidad, pues con la entrega del dinero cobrado coactivamente, después de ejecutoriada la Resolución de 21 de marzo de 2016, se pasó a la siguiente fase (remate), sin que para ese entonces existiera alguna impugnación al respecto, que fuera invocada oportunamente y dentro del respectivo proceso; lo cual vino a ocurrir aproximadamente seis (6) meses después, con la interposición del presente Incidente de Levantamiento de Embargo, el día 29 de septiembre de 2016, es decir, cuando éste ya no existía, pues se había cumplido con la totalidad de la obligación dineraria, consumándose la finalidad del origen del proceso in comento.

De igual modo, es preciso acotar que todo el devenir cronológico y procedimental del proceso ejecutivo por cobro coactivo, que se ha venido exponiendo en párrafos precedentes, ha develado la extemporaneidad manifiesta del presente incidente de levantamiento de embargo, el cual se fundamentó en la existencia de la aludida Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, dictada el 25 de marzo de 2015, y publicada el día 9 de julio de 2015 (Gaceta Oficial N° 27820); toda vez que, para el día 29 de septiembre de 2016, cuando se interpuso la presente acción incidental, ya habían transcurrido aproximadamente un (1) año y dos (2) meses después de su comunicación y publicación oficial para el conocimiento general, surtiendo efectos erga omnes y a futuro (Ex Nunc), dimanados de la aludida derogación vía sentencia de inconstitucionalidad, que vale recordar, se trata de un pronunciamiento sobre la constitucionalidad o no de una norma, más no la declaratoria de nulidad de un proceso.

Por ende, de conformidad con lo manifestado previamente, se trae a colación el artículo 1696 del Código Judicial, el cual establece que "...Los incidentes que se promueven en los procesos ejecutivos se tramitarán en cuaderno separado del de las excepciones y se regirán por las reglas del Título VI de este libro." (Sic); en concordancia con dicha norma, se transcribe seguidamente el artículo 967 del mismo texto legal in comento, que es del tenor siguiente:

Artículo 697. Son incidentes las controversias o cuestiones accidentales que la Ley dispone que se debatan en el curso de los procesos y que requieren decisión especial." (Sic)(Resaltado por la Sala Tercera)

Visto lo anterior, se devela la imperiosa necesidad de que los incidentes sean propuestos dentro de un proceso en curso (en este caso de cobro coactivo), ya que se entiende que se trata de asuntos accesorios al negocio principal; aunado a que es insoslayable tener en cuenta también, como uno de los presupuestos primordiales de los incidentes, que los mismos se conocen a instancia de parte, por tratarse de controversias o cuestiones que hayan surgido durante el proceso, y que no sean de las que corresponden legalmente a una actuación oficiosa del Tribunal, por lo que requieren ser traídos oportunamente al proceso por la parte interesada, que los invoca como sustento de su acción incidental.

Es por ello, que para no desvirtuar la naturaleza jurídica de los incidentes, el Código Judicial también regula lo concerniente a la oportunidad que tiene la parte interesada en promoverlos, ya que resultaría un contrasentido procesal pretender que las circunstancias que sustentan una incidencia sean consideradas de oficio y con efectos jurídicos automáticos, pero al margen del proceso donde se pretenden invocar; por tanto, encuentra asidero jurídico lo manifestado por el apoderado judicial de la entidad ejecutante, quien para oponerse al presente incidente y solicitar que se declare no probado el mismo, invocó entre sus argumentos, el contenido del artículo 701 del Código Judicial, cuyo texto se transcribe a continuación:

"Artículo 701. Todo incidente que se origine de un hecho que acontezca durante el proceso, deberá promoverse tan pronto como el hecho llegue a conocimiento de la parte respectiva.

Si en el proceso constare que el hecho a llegado a conocimiento de la parte y ésta hubiere practicado con posterioridad una gestión, el incidente promovido después será rechazado de plano, salvo que se tratare de alguno de los vicios o circunstancias a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior, caso en el cual se ordenará que se practiquen las diligencias necesarias para que el proceso siga su curso legal.

También rechazará el Juez de plano el incidente que se refiere a puntos ya resueltos en otro o cuando se está tramitando otro por la misma causa o cuando, a pesar de fundamentarse con una distinta, éste haya podido alegarse en el anterior." (Sic)(Resaltado por la Sala Tercera)

Así pues, se ha podido comprobar diáfanamente que el hecho que sustenta el presente incidente (emisión de la Sentencia de Inconstitucionalidad), fue comunicado no solo al incidentista, sino a todos los habitantes del país, a través de su publicación en la Gaceta Oficial, en razón de su aplicabilidad erga omnes; no obstante, el interesado no promovió ningún incidente con la prontitud debida, por lo que el respectivo proceso ejecutivo continuó su curso normal, pasando las etapas correspondientes, luego de haberse ejecutoriado el auto que decidía la excepción previamente interpuesta; siendo improcedente acceder a lo pedido por el incidentista, mediante su acción interpuesta tardíamente el 29 de septiembre de 2016, aunado a que tampoco el incidentista invocó un fundamento de derecho que probara que era viable la rescisión del embargo, conforme la normativa dispuesta para ello.

En la misma línea de pensamiento que se viene decantando, amerita indicar que la realidad del presente proceso no se compadece con la jurisprudencia aducida tanto por el incidentista como por la Procuraduría de la Administración, referente a una medida cautelar de secuestro que recaía sobre bienes inmuebles, sólo como una medida aseguradora de la acreencia respectiva, a cuyo levantamiento se accedió; siendo esta situación contraria a lo detallado a lo largo del presente examen, en donde existen elementos divergentes que hacen imposible que se arribe a una decisión similar para levantar un embargo de dinero, considerando que ambas figuras si bien guardan ciertas semejanzas, también difieren en cuanto a su aplicación procesal en casos concretos, por lo que la doctrina especializada ha coadyuvado con dicho discernimiento, en aras de no crear confusiones procedimentales, al señalar que "La finalidad del embargo no es otra cosa que la de aprehender, sujetar y retener bienes de un deudor ya sea para venderlos y con su valor cubrir o cancelar la obligación declarada. Mientras que con el secuestro se pretende privar la disponibilidad de bienes para asegurar la posible ejecución del fallo." (F.P., J.. "Procesos Civiles". E.J.P.. Panamá, 1999. P.. 431) (Resaltado por la Sala Tercera).

A modo concluyente, se trae colación lo que esta Sala Tercera ha manifestado con anterioridad, respecto a incidentes promovidos en circunstancias similares al caso que nos ocupa, mediante la Resolución de 31 de agosto de 2009, cuya parte pertinente se transcribe seguidamente:

"Por ello, esta Corporación de Justicia reitera su opinión en el sentido que el incidentista tuvo conocimiento de su situación jurídica con anterioridad a la interposición del presente recurso, siendo que previamente había gestionado otros incidentes por lo que su actuación resulta extemporánea.

Las normas citadas evidencian que el incidentista no ha acreditado que le asiste el derecho para que esta Superioridad ordene el levantamiento de la medida de secuestro por caducidad de la instancia decretada por la Administradora Provincial de Ingresos de la Provincia de Panamá en funciones de Juez Ejecutora, sobre la Finca 220402, inscrita al Documento 423225, Asiento 1 sección de la propiedad, provincia de Panamá, razón por la cual nos vemos precisados a no acceder a la pretensión del actor.

La Sala en previos pronunciamientos ha manifestado lo siguiente:

Resolución de 9 de julio de 2008:

"Aunado a lo anterior y luego del estudio de las pruebas que reposan en el expediente, este Tribunal también advierte, que el incidente de nulidad por falta de notificación, presentado por el Lcdo. M., resulta extemporáneo, ya que no se cumple con lo dispuesto en el artículo 701 del Código Judicial, ya que antes de la interposición de este recurso los incidentistas ya habían gestionado otros incidentes.

En el caso que nos ocupa, la incidente presentado es improcedente ya que no cumple con lo que establece el artículo 1744 del Código Judicial, además de encontrarse extemporáneo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, resuelve DECLARAR NO VIABLE EL INCIDENTE DE NULIDAD POR FALTA DE NOTIFICACION, interpuesto por el licenciado S.M., en representación de DINKO MEDAK Y DRAGICA MEDAK, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que les sigue el Banco Nacional de Panamá." (Incidente de nulidad por falta de notificación, interpuesto por el licdo. S.M., en representación de Dinko Medak Y Dragica Medak, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que les sigue el Banco Nacional De Panamá. Ponente: Jacinto A, C.M.R. de 9 de julio de 2008)

Resolución de 24 de marzo de 2006:

"Las actuaciones mencionadas, demuestran que ambas partes gestionaron después de que se originó la acumulación del saldo del préstamo hipotecario y de tarjeta de crédito, e incluso, que el deudor solicitó que lo adeudado en virtud de dicha tarjeta se incluyera en la deuda hipotecaria que mantenía con el Banco Nacional de Panamá.

Según el artículo 701 del Código Judicial, todo incidente que se fundamente en un hecho que surja durante el trámite de un proceso deberá rechazarse por improcedente si constare que la parte tuvo conocimiento de ello y gestionó con posterioridad.

De lo anterior se desprende, que no es posible que D.M.B. alegue la nulidad del Auto de Remate por falta de aplicación del artículo 1761 del Código Judicial después de las gestiones llevadas a cabo por su persona y D.M.M., en torno al libramiento de pago y la acumulación de los saldos del préstamo hipotecario y Visa.

Por consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADO el incidente de nulidad de lo actuado por falta de notificación, interpuesto por el licenciado S.M. en representación de DINKO MEDAK BARBIR dentro del presente proceso ejecutivo hipotecario por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá, Sucursal de V.." (Recurso De Apelación, interpuesto por el licenciado S.M.R. en representación de D.M.B., contra el Auto 1706 de 3 de diciembre de 2003, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional De Panamá, Sucursal de Volcán, a D.M.B. y D.M.M.. Ponente: W.S.F.R. de 24 de marzo de 2006).

En virtud de lo antes expuesto, lo procedente es declarar no probado el presente incidente de rescisión de secuestro."(Sic)(Resaltado por la Sala Tercera)

De todo el análisis que antecede, se colige que el presente incidente de levantamiento de embargo no logró ser probado por el incidentista, por lo que conforme lo pedido y sustentado por la parte opositora, esta Sala Tercera se pronunciará desestimando el mismo.

PARTE RESOLUTIVA.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADO el presente INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO, interpuesto por el Licenciado E.A.P.V., actuando en nombre y representación de FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A. (sociedad absorbente de Freeport Restaurant, Inc.), dentro del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le siguió el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social.

N.,

CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

EFRÉN C. TELLO C. -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO

KATIA ROSAS (Secretaria)