Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 11 de Marzo de 2019

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución11 de Marzo de 2019
EmisorPleno

Vistos:

El Doctor Vasco Torres De León, actuando en nombre y representación de UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Demanda de Inconstitucionalidad contra la frase “y las universidades oficiales y particulares” contenida en el artículo 5 y los artículos 6 y 7, contenidos en la Ley No.2 de 14 de enero de 2003, publicada en la Gaceta Oficial No.24720 de 16 de enero de 2003, que establece la enseñanza obligatoria del idioma inglés en los centros educativos oficiales y particulares del primer y segundo nivel de enseñanza y dicta otras disposiciones.

DISPOSICIONES ACUSADAS DE INCONSTITUCIONALES

La acción procesal que nos ocupa plantea ante este Tribunal Constitucional, la Inconstitucionalidad de la frase “y las universidades oficiales y particulares” contenida en el artículo 5 y los artículos 6 y 7 de la Ley No.2 de 14 de enero de 2003, publicada en la Gaceta Oficial No.24,720 de 16 de enero de 2003. Los artículos objetados señalan lo siguiente:

Artículo 5. Los centros de formación pedagógica, oficiales y particulares, los institutos superiores del sector público y privado y las universidades oficiales y particulares, incluirán y desarrollarán un programa especial de formación para la enseñanza del idioma inglés, a fin de que sus egresados tengan dominio de la metodología para la enseñanza de dicho idioma en el primer y segundo nivel de enseñanza.

Artículo 6. Las universidades oficiales y particulares establecerán los mecanismos y los programas necesarios para que el aspirante a cualquier título universitario, además del español, tenga los conocimientos de inglés u otro idioma de uso internacional necesario para su ejercicio profesional. Esta disposición se implementará en un término que no excederá los cinco años, contados a partir de la promulgación de la presente Ley.

Artículo 7. En el caso de la educación superior, se hará énfasis en el aprendizaje, tanto del idioma inglés como de otro idioma de uso internacional en las carreras de turismo, tecnología, sector marítimo y aéreo, relaciones internacionales, informática,telecomunicaciones, comercialización y mercadeo de productos agropecuarios, con la finalidad, entre otras, de promover inversiones nacionales y extranjeras en cada uno de estos sectores.

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES QUE SE ALEGAN COMO INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

El proponente de la presente accion arguye que la frase “y las universidades oficiales y particulares” contenida en el artículo 5 y los artículos 6 y 7 de la Ley No.2 de 14 de enero de 2003, publicada en la Gaceta Oficial No.24,720 de 16 de enero de 2003, deben ser declaradas inconstitucionales porque trasgreden los artículos 99 y 103 de la Constitución Política de Panamá.

Sostiene el activador constitucional que las frases demandadas de inconstitucional, entraña una infracción a la autonomía constitucional de la Universidad de Panamá, el cual implica su derecho a la autoregulación y al autogobierno, así como la facultad para organizar sus estudios de conformidad con lo que establezcan los órganos de gobierno.

De igual manera, estima el promotor constitucional que “la ley no puede determinar la forma y contenido en que la Universidad de Panamá organiza sus estudios”, además, que la Universidad de Panamá tiene la potestad constitucional de fiscalizar el funcionamiento de las universidades particulares, lo que incluye la aprobación de los planes de estudio de dichas universidades.

Expresado lo anterior, las disposiciones constitucionales que se estiman vulneradas son los artículos 99 y 103 de la Constitución Política, cuyo tenor literal reza así:

Artículo 99. Sólo se reconocen los títulos académicos profesionales expedidos por el Estado o autorizados por éste de acuerdo con la Ley. La Universidad Oficial del Estado fiscalizará a las universidades particulares aprobadas oficialmente para garantizar los títulos que expidan y revalidará los de universidades extranjeras en los casos que la Ley establezca.

Artículo 103. La Universidad Oficial de la República es autónoma. Se le reconoce personería jurídica, patrimonio propio y derecho de administrarlo. Tiene facultad para organizar sus estudios y designar y separar su personal en la forma que determine la Ley. Incluirá en sus actividades el estudio de los problemas nacionales así como la difusión de la cultura nacional. Se dará igual importancia a la educación universitaria impartida en los Centros Regionales que a la otorgada en la capital.

Considera el actor constitucional que, la frase “y las universidades oficiales y particulares” contenida en el artículo 5 de la Ley No.2 de 14 de enero de 2003, infringue de forma directa, por omisión, los artículos 99 y 103 de la Constitución Política de Panamá, cuando se “conduce a que se obligue a todas las universidades oficiales y particulares, comprendida la Universidad de Panamá, a incluir y desarrollar un programa especial de formación para la enseñanza del inglés”, teniendo en cuenta que la Universidad de Panamá posee una autonomía, la cual implica una auotorregulación y autogobierno, facultando así a los órganos de gobiernos la competencia para organizar los planes de estudio.

Por otra parte, el promotor constitucional sostiene que el artículo 6 de la Ley No.2 de 14 de enero de 2003, vulnera el artículo 99 de nuestra Carta Magna, pues, a través de la norma impugnada se le imparte una orden a todas las universidades oficiales, incluyendo a la Universidad de Panamá, para que en un término de cinco años, establezcan los mecanismos y programas necesarios para que el aspirante a cualquier título universitario, tenga conocimientos en el idioma inglés u otro idioma necesarios para su ejercicio profesional, además del español.

Asimismo, el actor estima que el artículo 6 de la Ley No.2 de 2003, vulnera el artículo 103 de la Constitución Política, cuando dicha norma le confiere la potestad a la Universidad de Panamá de organizar sus planes y programas de estudios y no una Ley, en consecuencia, la Asamblea Nacional a través de la Ley No.2 de 2003, le indica a la Universidad de Panamá, formas específicas de organizar los contenidos de las diversas carreras que imparte dicha Institución, y le impone la exigencia de requisitos adicionales de egreso, cuando esa casa de estudios superiores posee una autonomia constitucional en esos aspectos.

Por último, en relación a la solicitud de declaratoria de Inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley No.2 de 2003, el actor sostiene que se produce la infracción de los artículos 99 y 103, pues a nivel constitucional se le reserva la fiscalización de las universidades particulares a la Universidad de Panamá, y la norma impugnada invade dicha potestad, además que le ordena a todas las universidades, incluyendo a la Universidad de Panamá, que sea obligatorio la enseñanza tanto del idioma inglés y cualquier otro idioma de uso internacional, cuando la potestad de organizar sus planes y programas de estudio se le confiere a la Universidad de Panamá, emanada de la Constitución Política.

Por tanto, a criterio del activador constitucional, una Ley no puede determinar la forma y el contenido de los programas que desarrolla la Universidad de Panamá, pues tal competencia le corresponde a los órganos de gobierno establecidos por la Ley No.24 de 2005, Órgánica de la Universidad de Panamá, así como la obligación de fiscalizar a todas las universidades oficiales y particulares.

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2563 del Código Judicial, el Procurador de la Administración por medio de la Vista Número 088 de 25 de enero de 2018, visible de fojas 18 a 44, emitió concepto sobre la Demanda de Inconstitucionalidad promovida en contra de la frase “y las universidades oficiales y particulares” contenida en el artículo 5 y los artículos 6 y 7 de la Ley No.2 de 14 de enero de 2003, indicando que “no son inconstitucionales”, porque no infringe los artículos 99, 103 ni ningún otro de la Constitución Política de la República.

El Procurador de la Administración, incialmente plantea un análisis de los artículos 103 (autonomía universitaria), 104 (autonomía económica) y 105 (libertad de cátedra) de la Constitución Política, señalando que los mismos están desarrollados en los artículos 1, 3, 4, 6, 57 y 58 de la Ley No.24 de 14 de julio de 2005, Orgánica de la Universidad de Panamá.

De igual manera, aclara que para los efectos del presente análisis el artículo 91 de la Constitución Política señala que el Estado organiza y dirige el servicio público de la educación nacional, y que el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación, se encarga de expedir la autorización necesaria para el funcionamiento de las universidades privadas.

En ese mismo orden de ideas, cita un extracto de la Sentencia de 16 de julio de 2007 proferida por la Sala Tercera Contencioso Administrativa, que se refiere a la fiscalización que ejerce la Universidad de Panamá sobre las universidades u otros centros de educación superior particular, indicando que, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento hace referencia a una fiscalización previa y la fiscalización académica continua, la cual es ejercida por la Universidad de Panamá sobre las universidades y centros de educación superior particulares que solicitan la aprobación, ante el Ministerio de Educación, para su funcionamiento, o aquellas que habiendo sido autorizadas, deben enviar anticipadamente los planes y programas de estudio para su aprobación.

Lo anterior le permite al Procurador de la Administración distinguir entre dos puntos:

La atribución que el artículo 91 de la Constitución Política de la República le otorga al Estado para que, por conducto del Ministerio de Educación, organice y dirija el servicio público de la educación nacional; y

La facultad que le asiste a la Universidad de Panamá para fiscalizar a las universidades particulares, al tenor del artículo 9 del Estatuto Fundamental; y para organizar sus estudios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta Magna.

Prosigue en su análisis el Procurador de la Administración señalando que, con fundamento en la claúsula de reserva legal consignada en los artículos 94 y 96 de la Constitución Política, se expidió la Ley No.52 de 26 de junio de 2015, “se crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria de Pananá, como un organismo con autonomía académica, personería jurídica y patrimonio propio sujeto a la orientación y política general del Órgano Ejecutivo, adscrito al Ministerio de Educación.” (Cfr. Página 54 de la Gaceta Oficial 27813-B de 30 de junio de 2015) (foja 28)

De igual manera, la referida Ley No.52, “crea la Comisión Técnica de Desarrollo Académico, como organismo mediante el cual la Universidad de Panamá, en coordinación con el resto de las universidades oficiales, realizará la fiscalización y el seguimiento del desarrollo académico de las universidades particulares, aprobará los planes y programas de estudio y supervisará el cumplimiento de los requerimientos mínimos, con el propósito de garantizar la calidad y pertinencia de la enseñanza, así como el reconocimiento de títulos y grados que emitan. La Comisión Técnica de Desarrollo Académico será presidida por el Rector de la Universidad de Panamá, quien designará al Secretario Técnico de ésta. (Cfr. Página 65 de la Gaceta Oficial 27813-B de 30 de junio de 2015).” (Foja 31)

Asimismo como nace la Ley No.52 de 26 de junio de 2015, en ejercicio de la cláusula de reserva legal establecida en los artículos 94 y 96 de la Constitución Política, se evidencia de dicha normativa que tanto el Órgano Ejecutivo como la Universidad de Panamá, “se articulan con la finalidad de garantizar que la educación atienda el desarrollo armónico e integral del educando, tal como lo mandata la Constitución Política de la República.” (foja 32).

Este previo análisis de la Ley No.52 de 2015, le permite al Procurador de la Administración considerar que la Ley No.2 de 14 de enero de 2003, se expidió por la Asamblea, de conformidad con la cláusula de reserva legal contenida en los artículos 94 y 96 de la Constitución Política.

En el caso concreto de la Universidad de Panamá, la misma está amparada bajo la autonomía universitaria, y tiene la potestad para organizar sus estudios en la forma que determine la Ley, como lo dispone el artículo 103 de la Constitución Política, y con fundamento a dicha normativa, la Universidad de Panamá incluye el programa especial de formación para la enseñanza del idioma inglés en su malla curricular, mismo que fue aprobado el Reglamento General para la Aplicación del Examen de Inglés y otros idiomas en la Universidad de Panamá, en Reunión Extraordinaria del Consejo General Universitario 9-08, celebrada el 23 de abril de 2008.

De lo anterior se colige, que lo dispuesto en la frase “…y las universidades oficiales y particulares…” contenida en el artículo 5 y los 6 y 7 de la Ley No.2 de 14 de enero de 2003, de ninguna manera desconoce la autonomía de la Universidad de Panamá, su derecho a la autorregulación y al autogobierno, ni la potestad que tiene para organizar sus planes y programas, puesto que esa Casa de Estudios Superiores ha desarrollado el programa especial de formación para la enseñanza del idioma inglés en su mall curricular,” tal y como se ha expuesto en el párrafo anterior.

Por último, el Procurador de la Administración considera que la frase demandada, contenida en el artículo 5 y los artículos 6 y 7 de la Ley No.2 de 14 de enero de 2003, “tampoco violan el artículo 99 de la Constitución Política, que reserva a la Universidad de Panamá la fiscalización de las universidades particulares, debido a que la Ley, por mandato expreso del Estatuto Fundamental, reguló lo relativo a esa temática, en la forma expresada en los párrafos prcedentes (Cfr. foja 5 del expediente judicial).” (foja 44)

Con base a los razonamientos antes señalados, el Procurador de la Administración solicita que los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en Pleno, se sirvan declarar que NO SON INCONSTITUCIONALES, las normas alegadas por el activador constitucional.

ALEGATOS FINALES

Devuelto el expediente, procedió a fijarse el negocio en lista para la publicación de los correspondientes edictos, a fin de que el demandado y cualquier otra persona interesada presentaran sus argumentos por escrito respecto a lo demandado.

Habiéndose vencido el término otorgado mediante Providencia de siete (7) de febrero de dos mil dieciocho (2018), ocasión que no fue aprovechada ni por el apoderado judicial del actor, o por otra persona para presentar escrito alguno.

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Competencia:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer y decidir las acciones de Inconstitucionalidad que se propongan contra las Leyes, Decretos, Acuerdos, Resoluciones y demás actos, por razones de fondo o de forma, que impugna ante ella cualquier persona, de conformidad a lo dispuesto de manera expresa en el numeral 1 del artículo 206 de la Constitución Política de la República de Panamá, y el artículo 2554, Capítulo I, Título I Guarda de la Integridad de la Constitución, del Libro Cuarto de Instituciones de Garantías del Código Judicial.

Legitimación Activa:

En el presente caso, la demanda de Inconstitucionalidad ha sido propuesta por el Doctor Vasco Torres De León, en nombre y representación de la Universidad de Panamá, quien comparece en ejercicio de la acción popular, lo que permite corroborar que reúne las exigencias de legitimidad activa para entablar la acción incoada, conforme lo determina el artículo 206 de la Constitución Política de la República de Panamá.

Naturaleza del acto impugnado:

La demanda se dirige contra la Inconstitucionalidad de la frase “y las universidades oficiales y particulares” contenida en el artículo 5 y los artículos 6 y 7 de la Ley No.2 de 14 de enero de 2003, publicada en la Gaceta Oficial No.24,720 de 16 de enero de 2003, norma de rango legal, que establece:

Artículo 5. Los centros de formación pedagógica, oficiales y particulares, los institutos superiores del sector público y privado y las universidades oficiales y particulares, incluirán y desarrollarán un programa especial de formación para la enseñanza del idioma inglés, a fin de que sus egresados tengan dominio de la metodología para la enseñanza de dicho idioma en el primer y segundo nivel de enseñanza.

Artículo 6. Las universidades oficiales y particulares establecerán los mecanismos y los programas necesarios para que el aspirante a cualquier título universitario, además del español, tenga los conocimientos de inglés u otro idioma de uso internacional necesario para su ejercicio profesional. Esta disposición se implementará en un término que no excederá los cinco años, contados a partir de la promulgación de la presente Ley.

Artículo 7. En el caso de la educación superior, se hará énfasis en el aprendizaje, tanto del idioma inglés como de otro idioma de uso internacional en las carreras de turismo, tecnología, sector marítimo y aéreo, relaciones internacionales, informática, telecomunicaciones, comercialización y mercadeo de productos agropecuarios, con la finalidad, entre otras, de promover inversiones nacionales y extranjeras en cada uno de estos sectores.

Análisis de la causa:

Una vez cumplido con los trámites procesales inherentes a la Acción de Inconstitucionalidad, este Tribunal Constitucional procede con el análisis de fondo a objeto de determinar si la frase y disposiciones demandadas, las cuales consisten en la frase “y las universidades oficiales y particulares” contenida en el artículo 5, los artículos 6 y 7 de la Ley No.2 de 14 de enero de 2003, infringen los preceptos de rango constitucional que ha argumentado el promotor constitucional, es decir, el artículo 99, en relación a la facultad fiscalizadora que tiene la Universidad Oficial sobre las universidades particulares; y el artículo 103, con relación a la facultad que le asiste a la Universidad de Panamá para organizar sus estudios, disposiciones de la Constitución Política de Panamá.

Se observa que la frase impugnada “y las universidades oficiales y particulares” contenida en el artículo 5, los artículos 6 y 7 de la Ley No.2 de 14 de enero de 2003, establece la enseñanza del idioma inglés en las universidades oficiales y particulares, a nivel de educación superior, arguyendo el demandante que una Ley no puede determinar la forma y el contenido de los programas que desarrolla la Universidad de Panamá, pues la competencia para llevar a cabo dicha labor le corresponde a los órganos de gobierno establecidos en la Ley No.24 de 2005, Orgánica de la Universidad de Panamá, sumado al deber que posee esta Casa de Estudios Superiores de fiscalizar a todas las universidades oficiales y particulares.

Dentro de dicho contexto, esta Corporación de Justicia, en Pleno, procede a analizar los argumentos vertidos por el promotor constitucional, y en virtud del principio de universalidad constitucional, no sólo se avocará a estudiar las disposiciones tachadas de inconstitucional, sino que serán confrontados con todos los preceptos de la Constitución, situación prevista en el artículo 2566 del Código Judicial.

Al analizar la iniciativa constitucional, el demandante arguye que las disposiciones demandadas infringen los artículos 99 y 103 de la Constitución Política de Panamá, el primero, el cual consagra el reconocimiento de los títulos académicos y profesionales emitidos por los centros de enseñanza del país, siempre que cumplan con los presupuestos contemplados en las leyes vigentes en la materia y, el segundo, con relación a la autonomía de la Universidad Oficial de la República.

En primer lugar, quien acude a esta Corporación de Justicia, sostiene que la frase “y las universidades oficiales y particulares” contenida en el Artículo 5 de la Ley No.2 de 2003, trasgrede los artículos 99 y 103 de la Constitución Política, cuando se obliga a todas las universidades la inclusión de un programa especial de formación para la enseñanza del idioma inglés, no teniendo en cuenta que la Universidad de Panamá goza de autonomía constitucional, lo que la faculta a través de los órganos de gobiernos, para organizar los programas o planes de estudio de esa casa de estudios superiores.

En ese sentido, considera el Procurador de la Administración que no hay una transgresión de los artículos 99 y 103, pues la misma Universidad de Panamá, a través de Reunión del Consejo General Universitario 9-08, celebrada el 23 de 2008, aprueba el Reglamento General para la aplicación del examen de inglés y otros idiomas en la Universidad de Panamá. (Cfr. fojas 34, 36 a 39 del expediente), cumpliendo de esta manera lo precetuado en el artículo 5 de la Ley No.2 de 2003.

En esa línea de pensamiento, tenemos que hacer referencia que nos encontramos bajo el análisis del derecho a la educación, el cual está contemplado en el Capítulo 5to. de la Constitución Política, y específicamente establece en el artículo 96, que “La ley determinará la dependencia estatal que elaborará y aprobará los planes de estudios, los programas de enseñanza y los niveles educación, así como la organización de un sistema nacional de orientación educativa, todo ello de conformidad con las necesidades nacionales.”

Así entonces, la norma antes referida de rango constitucional, determina que ciertas materias deben ser reguladas por la Ley, cumpliendo así el principio de reserva de la ley, máxima expresión del principio de ley. De allí entonces que, la Ley No.47 de 1946, Orgánica de Educación, modificada y adicionada por la Ley No.34 de 6 de julio de 1995, por la Ley No.50 de 1 de noviembre de 2002 y la Ley No.60 de 7 de agosto de 2003, desarrolla el sistema educativo.

Además, la referida Ley No.47 de 1946, específicamente en el artículo 10 enlista en 17 numerales, los fines de la educación panameña, y en este punto debemos resaltar el numeral 14, que determina como un fin: “Contribuir a la formación, capacitación y perfeccionamiento de la persona como recurso humano, con la perspectiva de educación permanente, para que participe eficazmente en el desarrollo social, económico, político y cultural de la Nación y reconozca y analice críticamente los cambios y tendencias del mundo actual.”

Del examen de dicha excerta legal, este Pleno estima que tanto la Constitución y la Ley establecen que la educación es un proceso permanente, científico, dinámico, favoreciendo el desarrollo de principios como “aprender a ser”, “aprender a aprender” y “aprender a hacer”, en pocas palabras, el sistema educativo se actualizará permanentemente, para mantenerse acorde con los cambios tecnológicos y científicos. (Cfr. artículo 14 del Texto Unico de la Ley No.47 de 1946)

En ese mismo orden de ideas, el artículo 15 del Texto Único de la Ley No.47 de 1946, dispone que a nivel superior, la educación universitaria se regirá por leyes especiales, y como parte del sistema educativo, coordinará estrechamente con el Ministerio de Educación, considerando los principios y fines del sistema educativo.

Dicho planteamiento hace evidente que la Universidad de Panamá, coordinará con el Ministerio de Educación las acciones necesarias para cumplir con los principios y fines del sistema educativo, y esto lo llevará a cabo a través de sus propios órganos de gobierno quienes son los que aprueban o no los planes de estudios que ofertan en dicha Casa de Estudios Superiores, de allí que el Consejo General Universitario, ejerciendo la potestad constitucional y legal, ha aprobado la aplicación del examen de inglés obligatorio, así como ha desarrollado un programa especial de formación para la enseñanza del idioma inglés en su malla curricular, aprobado en Reunión del Consejo General Universitario 9-08, celebrado el 23 de 2008 (visible a fojas 36 a 39), de conformidad con los artículos impugnados.

Por tanto, dadas las condiciones que anteceden, le resulta evidente a este Pleno que no se ha producido la vulneración de los artículos 99 y 103 de la Constitución Política, con relación a la frase “y las universidades oficiales y particulares” contenida en el artículo 5 de la Ley No.2 de 14 de enero de 2003, descartándose así el cargo de Inconstitucionalidad alegado por el demandante.

Ahora bien, en relación al segundo y tercer cargo de inconstitucionalidad recae en los artículos 6 y 7 de la Ley No.2 de 14 de enero de 2003, y en ambos, el activador constitucional estima que los mismos supuestamente infringuen los artículos 99 y 103 de la Constitución Política, cuando se le imparte una orden a todas las universidades para que en un término de cinco años, establezcan los mecanismos y programas necesarios para el aspirante a cualquier título universitario, tenga conocimientos en el idioma inglés u otro idioma para su ejercicio profesional, cuando constitucionalmente se le garantiza a la Universidad de Panamá, el derecho al autogobierno, autorreglamentación y organizar sus estudios, así como la función fiscalizadora de las universidades particulares.

Tal y como ha sido expresado en parrafos anteriores, el derecho a la educación, previsto en la Constitución Política, remite a la ley para el desarrollo del mismo, indicando a través de la Ley No.47 de 1946, que es el Ministerio de Educación, el ente rector en materia educativa y que la educación superior, si bien es cierto, se rige por leyes especialmente, las mismas coordinarán estrechamente con el regente, para lograr los principios y fines del sistema educativo.

Considera este Tribunal Constitucional que, no hay tal quebrantamiento del texto constitucional como arguye el activador constitucional, pues para la enseñanza del idioma inglés o de cualquier otro idioma en las universidades, la el artículo 6 de la Ley No.2 de 2003 impugnado, claramente preve que es el centro de educación superior quien incluirá y desarrollará un programa especial para la enseñanza del idioma inglés, tal y como en su momento lo hizo la demandante, la Universidad de Panamá, en la Reunión del Consejo General Universitario 9-08, celebrado el 23 de 2008, por tanto, cumpliendo así con lo preceptuado en los artículos 99 y 103 de la Constitución Política, del respeto a la autorregulación que tiene la Universidad de Panamá, así como la labor de fiscalización de las universidades oficiales y particulares del país.

Además, en el Texto Único de la Ley No.47 de 1946, y sus modificaciones, el Ministerio de Educación reconoce que la educación superior se regira por leyes especiales, sin embargo, a través del artículo 15 de dicha excerta legal, condiciona que al nivel superior éstas coordinarán estrechamente con esa entidad pública para lograr los principios y fines del sistema educativo.

En ese sentido, se reitera que con fundamento a la Reunión Extraordinaria del Consejo General Universitario 9-08, celebrada el 23 de abril de 2008, la Universidad de Panamá, ésta entidad de educación superior aprueba el Reglamento General para la Aplicación del Examen de Inglés y otros idiomas, dentro de los planes de estudios de las diferentes carreras universitarias que oferta la Universidad de Panamá, adecuándose así con lo preceptuado en el artículo 6 de la Ley No.2 de 2003, hoy impugnado.

De lo antes expuesto se colige entonces, que este Pleno no advierte, bajo ninguna perspectiva, que los artículos 6 y 7 de la Ley No.2 de 2003, trasgredan el artículo 99 de la Constitución Política, pues el reconocimiento de los títulos académicos y profesionales obtenidos por el Estado o autorizados por éste se hará de conformidad con la ley, y dichos artículos en nada lesiona el derecho constitucional de la Universidad Oficial del Estado de fiscalizar a las universidades particulares aprobadas.

En relación a la supuesta infracción al artículo 103 de la Constitución Política, que se refiere a la autonomía de la Universidad Oficial de Panamá, este Pleno interpreta que, si bien es cierto, dicho principio define el marco formal en que se da la relación de esa máxima casa de estudios con respecto al Estado y constituye una forma de organización descentralizada de servicios, confronta limitaciones, pues no puede llegar al extremo de constituir por sí un Estado dentro de otro, argumento que sostiene el activador constitucional.

Y en ese sentido, dichas limitaciones la impone la propia Constitución Política cuando establece en el artículo 96 que la “Ley determinará la dependencia estatal que elaborará y aprobará los planes de estudios, los programas de enseñanza y los niveles educativos”. En el caso particular, los artículo 6 y 7 de la Ley No.2 de 2003, establecen claramente que son las universidades oficiales y particulares quienes establecerán los mecanismos y programas necesarios para que el aspirante a un título, no sólo posea el idioma español, sino también tenga conocimientos de inglés u otro idioma, que estimen necesarios para su ejercicio profesional.

Asimismo, de conformidad con el artículo 92 de la Constitución Política, se establece el fin de la educación, cuando señala:

Artículo 92. La educación debe atender el desarrollo armónico e integral del educando dentro de la convivencia social, en los aspectos físico, intelectual, moral, estético y cívico y debe procurar su capacitación para el trabajo útil en interés propio y en beneficio colectivo.

Para comprender mejor el espíritu de la Ley No.2 de 14 de enero de 2003, se hizo una revisión de las actas de discusión del Pleno de la Asamblea Nacional, del proyecto de Ley, hoy Ley No.2 de 2003, los que nos indican que la introducción del aprendizaje de diversos idiomas, no sólo el del inglés, constituyen para el estudiante un ventaja comparativa, con respecto a aquel estudiante que sólo conoce un idioma, pues esto le permite romper las barreras de comunicación, involucra aceptar nuevos conocimientos, es información, entre otras cosas, y los legisladores sostienen que la ley en sí, no promueve la obligatoriedad del idioma inglés, sino la exigencia que un estudiante a nivel superior aprenda otro idioma distinto al español, contribuyendo así en la modernización de la educación panameña en general, tal y como lo establece el artículo 92 de la Constitución arriba citado, en concordancia con los artículos 6 y 7 de la Ley No.2 de 14 de enero de 2003, hoy impugnados.

Dicho esto, esta máxima Corporación de Justicia no coincide con lo afirmado por el proponente constitucional, puesto que, no hay tal contravención a la autonomía universitaria, la cual está debidamente reconocida, entendida que esa autonomía se encuentra limitada a los principios y fines del sistema educativo previstos en el Texto Único de la Ley No.47 de 1946, Orgánica de Educación, en consecuencia, no se advierte la infracción alegada por el actor, en relación al artículo 6 y 7 de la Ley No.2 de 14 de enero de 2003.

Finalmente, realizando la obligada confrontación de la norma demandada con todo el texto constitucional, de acuerdo con el artículo 2566 del Código Judicial, debemos hacer mención lo que dispone el artículo 100 de la Constitución Política, así:

Artículo 100. La educación se impartirá en el idioma oficial, pero por motivos de interés público la Ley podrá permitir que en algunos planteles ésta se imparta también en idioma extranjero.

La enseñanza de la historia de Panamá y de la educación cívica será dictada por panameños.

De la anterior norma se colige, que si bien el artículo 7 de la Constitución Política ordena que el idioma español es la lengua oficial del país y el artículo 82 señala que el Estado velará por la defensa, difusió y pureza del idioma Español; atendiendo el artículo 100 ut supra, es posible que una Ley permita la enseñanza de lenguas extranjeras por motivos de interés público, como en el caso previsto en la Ley No.2 de 14 de enero de 2003, la cual establece la enseñanza obligatoria del idioma inglés.

Es sumamente claro que la intención del legislador es contribuir con la modernización de la educación panameña, tal como se señala en el artículo 1 de la precitada Ley No.2 de 14 de enero de 2003, y en esa dirección se declara en el artículo 2 de la referida ley, como de interés público el aprendizaje y la enseñanza del idioma inglés.

Por los razonamientos antes señalados, este Pleno procede a descartar los cargos de Inconstitucionalidad alegados por el actor en relación a los artículos 99 y 103 de la Constitución Política, así como tampoco se aprecia que se configure alguna infracción a otra norma constitucional, por lo que lo procedente es hacer la consecuente declaración.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dentro de la Demanda de Inconstitucionalidad presentada por el Doctor Vasco Torres De León, actuando en nombre y representación de la Universidad de Panamá, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL la frase “y las universidades oficiales y particulares” contenida en el artículo 5 y los artículos 6 y 7 de la Ley No.2 de 14 de enero de 2003.

N.,

ABEL AUGUSTO ZAMORANO

JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- EFRÉN C. TELLO C.-- JERÓNIMO MEJÍA E. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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