Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 17 de Septiembre de 2019

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución17 de Septiembre de 2019
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Abel Augusto Zamorano

Fecha: 17 de septiembre de 2019

Materia: Inconstitucionalidad

Advertencia

Expediente: 340-19

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Advertencia de Inconstitucionalidad remitida por la Licenciada C.C., Juez del Primer Tribunal Marítimo, a través del Oficio No.69 de 8 de abril de 2019, que fuera presentada por la firma de abogados MONCADA & MONCADA, actuando en nombre y representación de M/N ZENIT, dentro del Proceso Marítimo Mixto que HOSPITAL SANTA FE, S., le sigue a SOPISCO, S. y a la M/N "ZENIT".

En la presente Advertencia de Inconstitucionalidad se observa que el apoderado judicial de M/N ZENIT solicita que declare inconstitucional el artículo 1 de la Ley No.2 de 6 de enero de 2009, que señala "Se aprueba, en todas sus partes, el CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO, 2006 (MLC) que a la letra dice: ..."

En los cuatros hechos en que sustenta la Advertencia, el activador constitucional hace referencia a los requisitos de este tipo de Incidente citando el artículo 2558, y sustenta parte de un fallo de 28 de octubre de 1991, además cita el párrafo 3 de la Regla 4.1 de la Ley No.2 de 2009.

Señala el activador constitucional que "la juez pretende violentar el debido proceso en la Constitución Nacional que dice el artículo 17 de la Constitución y en mitad de un proceso iniciado como Marítimo Mixto e iniciando la fase de Audiencia Ordinaria aplicar normas de la Ley 2 de 2009 en una controversia ajena a la jurisdicción de trabajo." (foja 4); al igual se violentaría el artículo 32 que contiene la garantía fundamental del debido proceso, y el artículo 77 que contiene el principio general de reserva legal a la jurisdicción laboral.

Luego de revisado el libelo que contiene la Advertencia de Inconstitucionalidad y el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad para este tipo de causas constitucionales, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, advierte que no procede darle curso a la misma, en atención a las siguientes consideraciones.

La Corte Suprema de Justicia como guardiana de la integridad de la Constitución, tiene competencia exclusiva sobre los procesos constitucionales, entre los cuales se destaca la Advertencia de Inconstitucionalidad, siendo este un proceso donde se somete al control de constitucionalidad, la disposición legal o reglamentaria que se estime vulnere nuestra Carta Magna, y la cual es aplicable en la resolución de la controversia, en un proceso determinado.

Así está establecido en el numeral 1 del artículo 206 de la Constitución Política de Panamá, que encuentra su desarrollo legal en el artículo 2558 del Código Judicial, normas que a su tenor literal dicen:

"Artículo 206 de la Constitución Política de Panamá: "La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:

  1. La guarda de la integridad de la Constitución para lo cual la Corte en pleno conocerá y decidirá, con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la Administración, sobre la inconstitucionalidad de las Leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona.

    Cuando en un proceso el funcionario encargado de impartir justicia advirtiere o se lo advirtiere alguna de las partes que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, someterá la cuestión al conocimiento del Pleno de la Corte, salvo que la disposición haya sido objeto de pronunciamiento por parte de ésta, y continuará el curso del proceso hasta colocarlo en estado de decidir.

    Las partes sólo podrán formular tales advertencias una sola vez por instancia.

  2. " (Lo destacado es del Pleno)

    Artículo 2558 del Código Judicial: "Cuando un servidor público al impartir justicia, advierta que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional elevará consulta a la Corte Suprema de Justicia, y continuará el curso del negocio hasta colocarlo en estado de decidir."

    Si bien la Advertencia de Inconstitucionalidad, forma parte de los mecanismos o instituciones que integran la jurisdicción constitucional objetiva, cuya finalidad esencial es la defensa de la primacía del ordenamiento constitucional, su jerarquía y armonía jurídica, debe indicarse que la viabilidad de la Advertencia de Inconstitucionalidad, está dirigida a evitar que una norma que sea contrario al orden constitucional sirva de fundamento para una decisión a adoptarse o un pronunciamiento conclusivo de un proceso que cursa; por tanto, encuentra su ámbito de acción reducido a la existencia de dicho proceso, pues requiere que sea decidida la acción constitucional con carácter previo a la decisión de mérito dentro del procedimiento en que se interpone.

    En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa al señalar que el control constitucional por vía indirecta o incidental, está reservado para el examen de aquellas normas legales o reglamentarias que deban ser aplicadas al momento de dirimir definitivamente el conflicto jurídico que constituye el proceso dentro del cual se presenta la Advertencia. Es importante recalcar las particularidades de este mecanismo de protección constitucional, que se autolimita estableciendo requisitos concretos y esenciales para su viabilidad.

    Además, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que, del marco jurídico que la regula, se desprenden que debe concurrir el cumplimiento de varios requerimientos básicos para que sea admitida la Advertencia de Inconstitucionalidad, tales como lo son: 1). Que se presente dentro de un proceso; 2). Que recaiga sobre una disposición legal o reglamentaria; 3). Que la disposición sea aplicable al caso; 4). Que la norma no haya sido aplicada y, 5). Que no haya existido pronunciamiento previo sobre la misma por parte de esta Superioridad.

    Aunado a los requerimientos constitucionales ut supra, la Advertencia de Inconstitucionalidad deberá reunir los presupuestos generales y especiales necesarios a toda demanda de Inconstitucionalidad, siendo estos los siguientes: que sea dirigida al Presidente de la Corte Suprema de Justica (artículo 101 del Código Judicial), los requisitos comprendidos en el artículo 665 lex cit), transcripción literal de la disposición o norma acusa de Inconstitucionalidad e indicación de las disposiciones constitucionales que se estimen infringidas y el concepto de la infracción (artículo 2560 ibídem).

    En ese sentido, el artículo 665 numeral 6 del Código Judicial establece que todo libelo de demanda, debe precisar "los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones, determinados y números en cifras o por medio del adjetivo ordinal correspondiente", no obstante, aun cuando se observa que el memorial debido tiene un apartado específico para detallar las disposiciones infringidas y el concepto de la infracción, esta situación no acontece con el desarrollo o exposición de los principales hechos que permitan a este Tribunal Constitucional conocer las interioridades del proceso en concreto.

    La deficiencia formal que hace referencia este Tribunal Constitucional, no le permite conocer los hechos en que se fundamentan sus pretensiones, ya que al desconocer la situación fáctica del proceso, no podemos inferir entre otras cosas, de qué forma se suscita la infracción de normas constitucionales y si efectivamente esta disposición legal es la aplicable para la resolución definitiva del proceso.

    Ciertamente el activador constitucional desarrolla en un apartado las tres normas constitucionales que estima infringidas con esta disposición legal y el concepto de la infracción, pero al desconocer los hechos que rodean el caso en concreto, cuyo estado desconocemos, pues no se brindan mayores elementos fácticos sobre el mismo, y no permite a esta Corporación de Justicia entender en qué sentido el artículo 1 de la Ley No.2 de 6 de enero de 2009, efectivamente contraría estas normas constitucionales.

    En ese mismo orden de ideas, la Corte ha indicado que cuando la Constitución habla de norma aplicable al caso, se trata de aquella norma sustantiva o procesal que tenga la entidad de resolver o poner fin a la controversia o a la instancia o el asunto al cual se aplica. Lo antes expuesto, genera para la incidentista la carga de explicar por qué considera que la norma atacada es aplicable para decidir la controversia o asunto de que se trate, aspecto que no se observa que haya sido objeto de desarrollo alguno en el libelo dentro del cual se inserta esta "Advertencia". En ese sentido, vemos que no se explica cómo se genera la violación de las normas constitucionales con la aplicación de la norma impugnada al caso concreto.

    Ahora bien, sin entrar a dirimir el fondo, advierte el Pleno que el artículo 1 de la Ley No.2 de 6 de enero de 2009, aludida por el advirtiente, supuestamente violatoria a los artículos 17, 32 y 77 de la Constitución Política, es aquella "Por la cual se aprueba el CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO, 2006 (MLC), adoptado el 23 de febrero de 2006, por la 94ª Reunión (Marítima) de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), norma que a la letra dice:

    "Artículo 1: "Se aprueba, en todas sus partes, el CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO, 2006 (MLC) que a la letra dice:

    CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO, 2006 (MLC)

    PREÁMBULO

    La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo..."

    Tal como se desprende, la norma advertida de inconstitucional por el actor constitucional, es aquella en que el Estado panameño aprueba, en todas sus partes, el CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO, 2006 (MLC). Dicha norma es dictada por la Asamblea Nacional, dando cumplimiento al contenido del artículo 4 de la Constitución Política de Panamá que establece que "la República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional."

    Los Convenios o Tratados Internacionales son parte del parámetro de constitucionalidad de una norma o acto sujeto a Derecho; y en el caso en particular se debe evitar la transgresión de principios como los de la buena fe "pacta sunt servanda", para evitar comprometer la responsabilidad internacional del Estado panameño.

    Por último, es de suma importancia manifestarle a la Autoridad judicial que remitió esta Advertencia de Inconstitucionalidad que, si bien la norma que la regula señala que su remisión ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia debe darse dentro del término de dos días, esta Corporación de Justicia a través de sus pronunciamientos ha indicado que, previo a la remisión de la misma, la Autoridad ante la que se presenta debe realizar un control previo, para determinar si se cumplen los presupuestos mínimos para remitir dicho actuar, evitando así dilaciones innecesarias en los procedimientos judicial.

    La aplicación de este requerimiento de control previo exigible en la Advertencia de Inconstitucionalidad, se configura toda vez que, el artículo 206 de la Constitución señala claramente, que al funcionario público encargado de impartir justicia, advirtiere o se lo advirtiere alguna de las partes que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, someterá la cuestión al conocimiento del Pleno de la Corte, salvo que la disposición haya sido objeto de pronunciamiento por parte de esta, y continuará el curso del negocio hasta colocarlo en estado de decidir.

    Lo anterior se ha determinado en las decisiones proferidas por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, donde se le ha explicado al funcionario encargado de impartir justicia ante quien se promueva una Advertencia de Inconstitucionalidad, previo a remitir la iniciativa a esta Superioridad, debe realizar un control anticipado de admisibilidad para determinar, básicamente, si la norma es aplicable para resolver el fondo del asunto, si no ha sido aplicada, y si no ha sido objeto de pronunciamiento por parte de esta Alta Corporación de Justicia, en atención a lo dispuesto en el artículo 206 de la Constitución Política.

    Por tanto, al no llenarse los requisitos básicos para admitir la presente Advertencia de Inconstitucionalidad, lo procedente es resolver en consecuencia su inadmisión.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Advertencia de Inconstitucionalidad propuesta por la firma forense MONCADA & MONCADA, apoderada judicial de M/N ZENIT para que se declare inconstitucional el artículo 1 de la Ley No.2 de 6 de enero de 2009 "Por la cual se aprueba el CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO, 2006 (MLC), adoptado el 23 de febrero de 2006, por la 94 Reunión (Marítima) de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo.

    N..

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

    YANIXSA Y. YUEN C.

    (Secretaria General)