Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 9 de Marzo de 1998

PonenteJOSÉ A. TROYANO
Fecha de Resolución 9 de Marzo de 1998
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El Licenciado SIMÓN ÉVILA VILLANUEVA presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 350 de la Ley 67 de 11 de noviembre de 1947, modificado por el artículo 3 de la Ley Nº 40 de 1975 y contra el artículo 364 de la Ley 67 de 11 de noviembre de 1947, por considerarlos violatorios del artículo 206 de la Constitución Nacional.

Los hechos que fundamentan la presente acción constitucional son los siguientes:

1) Los artículos que se demandan de inconstitucionalidad establecen períodos de duración para los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Superior de Trabajo y de los Jueces Seccionales de Trabajo, respectivamente.

2) Desde el año 1991 dichos funcionarios públicos forman parte del Órgano Judicial.

3) Mediante Acuerdo Nº 46 de 27 de septiembre de 1991, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia aprobó el Reglamento de Carrera Judicial, en atención a lo dispuesto en el Código Judicial y en función del mandato constitucional consignado en el artículo 206 de la Carta Magna, en el que se expresa que la Carrera Judicial debe aplicarse a todos los funcionarios que son parte del Órgano Judicial, salvo las excepciones que consagra expresamente la ley.

4) Los períodos establecidos por los artículos 350 y 364 de la Ley 67 de 1947 contradicen el artículo 206 de la Constitución Nacional, porque excluyen a los Magistrados del Tribunal Superior de Trabajo y a los Jueces Seccionales de Trabajo de la aplicación de la Carrera Judicial, colocándolos en una situación desfavorable, "por cuanto que se les priva de los derechos que la ley les reconoce a los demás Magistrados de Tribunales Superiores y Jueces en general, fundamentalmente las contenidas en el artículo 278 del Código Judicial, en lo que concierne a la inamovilidad en el cargo y los efectos que de ella se generan". (F. 4).

5) Mediante sentencia de 22 de agosto de 1994, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la parte final del artículo 331 del Código Judicial, por las mismas razones que se aducen en la presente demanda, toda vez que esa disposición establecía períodos fijos para los nombramientos de los Fiscales y Personeros, en contradicción con lo que al respecto dispone el artículo 221 de la Constitución Nacional, que señala que los nombramientos de dichos funcionarios públicos deben realizarse con arreglo a la Carrera Judicial.

Una vez admitida la demanda, se le corrió traslado al Procurador General de la Nación, quien emitió concepto mediante Vista Nº 9 de 26 de febrero de 1996, consultable a fojas 10 a 18, en la que concluye que las disposiciones legales demandadas son violatorias del artículo 206 de la Constitución Nacional.

Las normas impugnadas son del tenor siguiente:

"ARTÍCULO 350. El período de los Magistrados del actual Tribunal Superior de Trabajo será el siguiente:

  1. Hasta el 28 de febrero de 1978, el Magistrado designado en representación de los trabajadores.

  2. Hasta el 28 de febrero de 1982, el Magistrado designado en representación de los empleadores.

  3. Hasta el 28 de febrero de 1980, el actual Magistrado designado en representación del Gobierno Nacional; y

  4. Hasta el 28 de febrero de 1981, el nuevo Magistrado que se designe en representación del Gobierno Nacional.

Los períodos subsiguientes serán de seis (6) años cada uno, contados a partir del vencimiento del respectivo período.

ARTÍCULO 363. Los Juzgados Seccionales de Trabajo serán Tribunales unipersonales, presididos por Jueces de Trabajo y quienes durarán en sus puestos por un período de cuatro años y pueden ser reelegidos". (Subraya la Corte).

El recurrente considera que las normas transcritas son violatorias del artículo 206 de la Constitución Nacional, que a la letra dice:

"ARTÍCULO 206: En los Tribunales y Juzgados que la Ley establezca, los Magistrados serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia y los Jueces por su superior jerárquico. El personal subalterno será nombrado por el Tribunal o Juez respectivo. Todos estos nombramientos serán hechos con arreglo a la Carrera Judicial, según lo dispuesto en el Título XI".

En desarrollo del principio consagrado en esta disposición constitucional el Pleno de la Corte Suprema de Justicia aprobó el reglamento de Carrera Judicial, mediante Acuerdo Nº 46 de 27 de septiembre de 1991.

El artículo 1º de ese Reglamento señala que "la Carrera se aplica a todos los funcionarios del Órgano Judicial, salvo las excepciones que expresamente señalan la Constitución y el Código Judicial".

Por su parte, el artículo 7 enumera entre los funcionarios que no forman parte de la Carrera Judicial a "todas aquellas personas que la Constitución Nacional y la Ley excluyen de ese beneficio".

Ahora bien, la Constitución Nacional establece en el Capítulo 3º, "Organización de la Administración de Personal", del Título XI, denominado "Los Servidores Públicos", específicamente en el artículo 302, que no forman parte de las carreras públicas, entre otros, "los funcionarios públicos cuyos cargos estén regulados por el Código de Trabajo".

Las disposiciones que se demandan de inconstitucionalidad y que se refieren a los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Superior de Trabajo y de los Jueces Seccionales de Trabajo, se encuentran en la Ley 67 de 1947 que, en atención a lo dispuesto en el ordinal 7 del artículo 1064 del Código de Trabajo, mantiene su vigencia como parte integrante del mismo.

Consecuentemente, por disposición constitucional, estos funcionarios no pertenecen a la C.J., porque sus cargos se encuentran regulados en el Código de Trabajo.

No obstante, son servidores públicos que imparten justicia y que forman parte del Órgano Judicial. Como tales, para su nombramiento se utiliza el sistema de selección de cargos previsto en el Reglamento de Carrera Judicial, porque se considera el medio más adecuado y justo; pero ello no implica que sean funcionarios de Carrera Judicial.

De lo anteriormente expuesto se colige que los artículos 350 y 364 de la Ley 67 de 1947 no son violatorios del 206 de la Constitución Nacional ni de ninguna otra disposición constitucional.

Por tanto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON INCONSTITUCIONALES:

1) El artículo 350 de la Ley 67 de 1947, modificado por el artículo 3 de la Ley Nº 40 de 1975; y

2) El artículo 364 de la Ley 67 de 1947.

N. y P. en la Gaceta Oficial.

(fdo.) J.A.T.

(fdo.) G.J.D.C.

(fdo.) F.A.E.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) H.A.C.T.

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) A.H.

(CON SALVAMENTO DE VOTO)

(fdo.) E.M.M.

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA MIRTZA A.F. DE AGUILERA

Respetuosamente me manifiesto en desacuerdo con la decisión adoptada por la mayoría en la acción de inconstitucionalidad promovida por el licenciado S.É.V. contra los artículos 350 y 364 de la Ley Nº 67 del 11 de noviembre de 1947, negando la pretensión del demandante.

En el punto medular de la sentencia se sostiene que los citados artículos, que regulan el período de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Superior de Trabajo y de los Jueces Seccionales de Trabajo, no infringen el artículo 206 de la Constitución Política que se cita como violado, porque el numeral 6 de artículo 302 de este mismo cuerpo de normas superiores establece, precisamente que "Los funcionarios públicos cuyos cargos estén regulados por el Código de Trabajo" no forman parte de las carreras públicas.

El precitado artículo 206 de la Constitución Política dispone en lo sustancial, que los nombramientos de los Magistrados, Jueces y personal subalterno en los Tribunales y Juzgados que la Ley establezca, "serán hechos con arreglo a la Carrera Judicial, según lo dispuesto en el Título XI".

De la simple lectura de los preceptos constitucionales citados (artículo 206 y el numeral 6º del artículo 302) se advierte una contradicción entre ambos, pues, mientras el primero sujeta al régimen de Carrera Judicial los cargos de Magistrados, Jueces y del personal subalterno de los Tribunales y Juzgados establecidos por la Ley, el segundo, señala que los servidores públicos cuyos cargos estén regulados por el Código de Trabajo (entre ellos los de Magistrados y Jueces), no forman parte de las carreras públicas, como es la Carrera Judicial.

El examen de la problemática constitucional planteada implica necesariamente una breve referencia a las circunstancias político-jurídicas que rodearon tanto la expedición de ambas normas, como las que imperan en la actualidad, a fin de obtener una clara definición de los valores que en esta caso particular, requieren de protección constitucional. Sobre el punto, son pertinentes las palabras del autor colombiano O.V., quien atinadamente sostiene que "el estudio sobre la Constitución del Estado debe hacerse a la luz de la realidad político-jurídica. De ahí que el análisis constitucional no pueda detenerse en el estatuto escrito, en la hoja de papel, según conocida expresión de F. LASALLE. Es necesario observar no sólo su pasado, sino también su actualidad y su tendencia" (V.V., Orlando. Escritos de Derecho Constitucional. Biblioteca Jurídica Diké. Bogotá. 1990. pág. 152).

En este orden de ideas, es pertinente señalar que en la Constitución Política de 1946 la jurisdicción del trabajo estaba regulada por el artículo 75, cuyo tenor era el siguiente:

"Artículo 75. Se establece la jurisdicción del trabajo, a la cual quedan sometidas todas las controversias que originen las relaciones entre el capital y el trabajo. La Ley establecerá las normas correspondientes a dicha jurisdicción y las entidades que haya de ponerla en práctica".

Conjuntamente con esta disposición, el mismo cuerpo normativo reguló lo relativo a la C.J. en su artículo 243, sin excluir de ella a los Magistrados y Jueces de Trabajo. Veamos el contenido de este precepto:

"ARTÍCULO 243. Se instituye la carrera judicial. La Ley la reglamentará de acuerdo con los principios sentados para la carrera administrativa en los artículos 241 y 242. Se exceptúa de esta disposición el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que será provisto de conformidad con el artículo 165. Se exceptúa además, los oficiales escribientes y los porteros al servicio de los magistrados y jueces, que son de libre nombramiento y remoción".

A su vez, los artículos 170 y 171 del citado texto constitucional de 1946, cuyos contenidos son semejantes a los artículos 207 y 208 de la Constitución actual, garantizaban la plena independencia judicial de los Jueces y M. en el ejercicio de sus funciones.

Al aprobarse la Constitución Política de 1972, el numeral 6º del artículo 266, excluyó de las Carreras Públicas (entre ellas la Carrera Judicial) a los funcionarios públicos cuyos cargos estaban regulados por el Código de Trabajo, como son los de Magistrados y Jueces de Trabajo. El contenido de dicha norma resultaba entonces compatible con el artículo 191 ibídem (que ordenaba el nombramiento de Magistrados y Jueces con arreglo a la Carrera Judicial), en la medida en que la llamada "jurisdicción especial del trabajo" estaba virtualmente separada del resto del sistema de administración de justicia. Los Magistrados del Tribunal Superior de Trabajo eran nombrados por el Órgano Ejecutivo y tomaban posesión de sus cargos ante el Presidente de la República (arts. 349 y 354 de la Ley Nº 67 de 1947); mientras que los Jueces Seccionales de Trabajo, que en un principio eran designados por dichos Magistrados, pasaron luego a ser escogidos por éstos de ternas presentadas por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Además, tomaban posesión ante el Gobernador de la respectiva provincia.

Este panorama se mantuvo hasta el año de 1990, cuando el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dictó la Sentencia del 5 de abril de 1990 en la que declaró inconstitucional la facultad que el literal k) del artículo 9 del Decreto de Gabinete Nº 249 de 1970, otorgaba al Ministro de Trabajo para proponer al Presidente de la República las ternas para el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Superior de Trabajo, formadas sobre la base de las presentadas por las asociaciones patronales y organizaciones sindicales, al igual que para proponer las ternas para nombrar a los Jueces Seccionales de Trabajo. Del mismo modo, el citado fallo declaró inconstitucionales ciertos párrafos del artículo 349 de la Ley Nº 67 de 1947, en los cuales también se facultaba al Órgano Ejecutivo para nombrar a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Trabajo.

En esa oportunidad la Corte sostuvo que, aun cuando la propia Constitución establecía en su artículo 73 que la jurisdicción del trabajo se ejercía conforme a la Ley, la interpretación de esta norma no debía hacerse aisladamente, pues, de lo contrario, se correría el riesgo de no apreciar el verdadero sentido orgánico de la Constitución, prescindiendo así de los preceptos que conforman su unidad, en cuanto a los principios y temas que la Carta Fundamental postula. De este modo, la Corte consideró que los mencionados preceptos legales infringían los artículos 2 y 206 de la Constitución Política, que se refieren, respectivamente, al principio de separación de poderes y al de la independencia judicial de los Jueces y Magistrados (Cfr. Registro Judicial de abril de 1990, págs. 32-41).

En consonancia con el aludido fallo, la Corte dictó la Sentencia del 25 de mayo de 1990, en la que declaró inconstitucional el párrafo segundo del artículo 343 de la Ley Nº 67 de 1947, que otorgaba competencia al Ministerio de Trabajo para conoce de las quejas presentadas contra los Jueces de Trabajo por "incompetencia para el desempeño de sus labores o por mala conducta".

La consecuencia inmediata de estas trascendentales decisiones de la Corte, fue la incorporación de los Tribunales y Juzgados de Trabajo a la estructura misma del sistema de administración de justicia panameño y, posteriormente, el nombramiento de estos funcionarios por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Trabajo, respectivamente, por un período fijo, previa celebración de un concurso informal. En la actualidad, estos funcionarios no forman parte de la Carrera Judicial, infringiéndose así el artículo 206 de la Constitución Política que, como se ha dicho, dispone que los nombramientos de los Magistrados y Jueces que la Ley establezca debe hacerse con arreglo a la Carrera Judicial.

Como puede apreciarse, han sido los cambios o transformaciones anotadas las que han llevado a una contradicción entre los preceptos constitucionales a los cuales venimos haciendo referencia (206 y 302, numeral 6º). Una aproximación a la solución de este problema podría alcanzarse sin duda al recurrir a dos principios cardinales en el proceso de interpretación constitucional, reconocidos por la doctrina y la propia jurisprudencia de esta Corporación de Justicia: el "principio de unidad de la Constitución" y el "principio de concordancia de las normas constitucionales".

Según el primero de estos principios, la interpretación de una norma constitucional no debe hacerse de manera aislada, sino que debe verse su sentido considerándola dentro del conjunto constitucional (HOYOS, A.. La interpretación constitucional. Editorial Temis, S. A. Santa Fe de Bogotá. 1993. pág. 24). La propia Corte ha reconocido expresamente este principio en sus Sentencias del 5 de abril de 1990 y 24 de noviembre de 1995, entre otras.

En cuanto al segundo principio, éste propugna por una valoración de los distintos intereses o valores protegidos por el ordenamiento constitucional, de manera que, en caso de conflicto entre ellos, pueda el J. constitucional ponderar dichos valores y establecer prioridades (Cfr. H., A.. Ibídem, pág. 25).

Si en este proceso interpretativo del ordenamiento constitucional que corresponde al Pleno de la Corte, se atiende a la esencia de los citados principios, habría que concluir, como consecuencia lógica, que el numeral del artículo 302 de la Constitución Política, que se cita como fundamento para negar la pretensión del demandante, no puede interpretarse de manera aislada, es decir, con abstracción absoluta del resto del ordenamiento constitucional ni mucho menos, de los cambios normativos y fácticos que han operado a raíz de las mencionadas decisiones del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que integran por cierto el llamado "bloque de constitucionalidad".

La interpretación sistemática y coordinada de todos estos elementos de juicio debe conducir a una conclusión lógica y razonable que, a nuestro juicio, no es otra que la incorporación de los Magistrados y Jueces de Trabajo al sistema de Carrera Judicial, tal cual dispone el artículo 206 de la Constitución Política para los nombramientos que se hagan en "los Tribunales y Juzgados que la Ley establezca". Esto significa que, frente al conflicto normativo que se ha venido planteando, el contenido del citado artículo 206 de la Constitución Política debe prevalecer sobre el contenido del numeral 6º del artículo 302 del mismo cuerpo normativo, por estar aquella norma en completa armonía con el resto del texto constitucional, con la doctrina sentada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y con la realidad actual, tal como se verá más adelante.

Antes de adentrarnos a esta tarea, sin embargo, es fundamental señalar que la preferencia o primacía de un precepto constitucional sobre otro del mismo rango, pero que le es contradictorio no es un tema nuevo. El conocido tratadista N.S., en su interesantísimo artículo sobre "La interpretación constitucional, instrumento y límite del Juez Constitucional", al referirse a la llamada "interpretación creativa" (en la que el juez constitucional ejerce un papel innovador y creativo), sostiene a este respecto, que "Cuando la Constitución padece de redundancias o de contradicciones, normativas o ideológicas, el juez constitucional tendrá primero que intentar compatibilizar tales incoherencias, pero de no poder hacerlo honestamente, deberá optar por la primacía de un tramo de la Constitución sobre el otro. Y esto es una opción de naturaleza materialmente constituyente". El mismo autor, al referirse al "paso fronterizo de la transformación" por el cual atraviesan los juristas en el proceso de interpretación constitucional, sostiene que éste "se abre cuando las circunstancias fácticas cambian de tal modo, o las creencias sociales sufren un vuelco tan significativo, que la norma constitucional no puede (o no debe) cumplirse del modo programado por el constituyente, lo que puede llevar al juez constitucional -por medio de una interpretación constitucional mutativa- a adicionar o restar algo al precepto constitucional, o a sustituirlo por otro de contenido diferente, aunque el texto permanezca literariamente incólume". Paralelamente, agrega, "el juez constitucional tendrá que concretar continuos ejercicios de adaptación de la Constitución, tanto respecto de los nuevos contextos de vida como de variación de las creencias sociales" (Lo acentuado es nuestro) (SAGüÉS, N.. "La interpretación constitucional, instrumento y límite del Juez Constitucional", en Anuario de Derecho Constitucional. Biblioteca Jurídica Diké. Medellín. 1996. págs. 33 y 42).

En nuestro concepto, cuando el supracitado artículo 206 dispone que los nombramientos de los Magistrados y Jueces de los Tribunales que la Ley establezca deben hacerse con arreglo a la Carrera Judicial, no hace otra cosa que defender y garantizar "la independencia judicial", que los artículos 207 y 208 de la Carta Fundamental consagra a favor de "todos" los funcionarios encargados de administrar justicia, incluyendo a los Magistrados y Jueces de Trabajo. Las disposiciones mencionadas tienen el contenido siguiente:

ARTÍCULO 207. Los Magistrados y Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y a la Ley; ...

"ARTÍCULO 208. Los Magistrados y Jueces no serán depuestos ni suspendidos o trasladados en el ejercicio de sus cargos, sino en los casos y con las formalidades que disponga la Ley".

La necesidad imperiosa de que todos los Jueces y Magistrados formen parte de la Carrera Judicial, por ser este uno de los mecanismos dirigidos a garantizarles la independencia judicial ha sido reconocida por la doctrina. Los catedráticos J.M.R. y L.S. sostienen sobre este punto lo siguiente:

"Como otros grandes principios (por ejemplo, la gratuidad de la justicia o la protección de las libertades fundamentales la independencia judicial suele estar escrita en forma de declaración general y solemne en las constituciones de los países democráticos ..."

Las fórmulas utilizadas en los textos supremos consisten en una simple declaración formal, según la cual el Poder Judicial sólo está supeditado a la Constitución y a la ley, o en una serie de medidas destinadas a garantizarla mediante la protección de la imparcialidad de las decisiones judiciales (no injerencia de otros poderes en las decisiones judiciales, monopolio de la potestad jurisdiccional, motivación de las resoluciones judiciales y requerimiento de una audiencia previa) o de la independencia personal del juez (imposibilidad de disminuir las remuneraciones judiciales, atribución de un porcentaje determinado del presupuesto nacional al Poder Judicial, estabilidad en el cargo, métodos de selección y nombramiento, prohibición de desplazamientos por razones ideológicas, interdicción de ejercer otra actividad remunerada e inmunidad judicial". (Lo acentuado es nuestro).

(RICO, J.M. y SALAS, L.. Independencia Judicial en América Latina. Colección M.. Centro Para la Administración de Justicia. S.J.. 1990. pág. 10).

Los mismos autores reconocen que la inamovilidad de los jueces y magistrados, que es un problema relacionado con la Carrera Judicial, constituye un aspecto importante a través del cual se manifiesta la independencia judicial (Ibídem, pág. 27). Con estos planteamientos coincide el constitucionalista panameño C.Q., quien sugiere que en las Constituciones existan "ciertas disposiciones encaminadas a hacer efectiva la preconizada independencia judicial. Entre ellas, es indicado que estén las que establezcan la forma de escoger a los funcionarios del ramo, así como las referentes a la estabilidad, remuneración, incompatibilidades e idoneidad de los mismos. Y es necesario, además, que la ley ordinaria desarrolle de manera leal y adecuada los correspondientes preceptos constitucionales". (QUINTERO, C.. "Evolución de la organización político-constitucional de la judicatura panameña entre 1950 y 1975, en Estudios de Derecho Constitucional Panameño. C.J.F.P.E.T., L.. 1987. pág. 782).

La jurisprudencia de la Corte ha sido cónsona con estos razonamientos cuando, en una de sus sentencias relacionadas con el tema, sostuvo lo siguiente:

"La doctrina constitucional moderna admite corrientemente que la consagración del principio de la independencia orgánica va de la mano con otros del mismo signo, no menos importante. El primero de ellos, que se refiere a la inamovilidad de los juzgadores, es postulada por la propia Constitución con cláusula de reserva legal y desarrollada conforme a un reglamento de carrera judicial; se asume que la independencia judicial se perfecciona en derecho por la vía del sometimiento de los juzgadores exclusivamente al imperio de la ley, mientras que de hecho se alcanza a través de la garantía de la estabilidad en los cargos".

(Sentencia del 14 de octubre de 1991, Reg. J.. de octubre de 1991, Pleno, pág. 52).

Es, pues, con base en todos estos razonamientos, que consideramos que el contenido del artículo 206 de la Constitución Política debe primar sobre el texto del numeral 5º del artículo 302 del mismo cuerpo normativo, entendiéndose, en consecuencia, que el nombramiento de los Magistrados y Jueces de Trabajo debe hacerse conforme a la Carrera Judicial, tal como ocurre con el resto de los Magistrados de Tribunales Superiores y Jueces que forman parte de nuestro sistema de administración de Justicia.

De la conclusión anterior se desprende la inconstitucionalidad de los preceptos acusados que señalan un término fijo para el nombramiento de los Magistrados y Jueces Seccionales de Trabajo. Lo anterior es así porque de acuerdo con el numeral 2º del citado artículo 302 constitucional están excluidos de la Carrera Judicial "los servidores públicos nombrados por tiempo determinado o por períodos fijos establecidos por la Ley" y el artículo 206 de la Constitución Política preceptúa que el nombramiento de los Magistrados, Jueces y personal subalterno serán hechos conforme a la Carrera Judicial, según lo dispuesto en el Título XI de la Constitución. Cabe recordar, que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por estas mismas razones, declaró inconstitucional la parte final del artículo 331 del Código Judicial, el cual establecía un período fijo para los nombramientos en los cargos de Fiscal Auxiliar de la República, F.D. de la Procuraduría General de la Nación, Fiscales Superiores de Distrito Judicial, Fiscales de Circuito y Personeros Municipales. En este fallo la Corte puntualizó que "el establecimiento de períodos fijos de duración en estos cargos contrasta abiertamente con el sistema de Carrera Judicial que les garantiza las normas constitucionales y legales" (Sentencia del 12 de agosto de 1994, Reg. J.. de agosto de 1994. pág. 110).

Por todo lo expuesto, salvo mi voto siendo consecuente con los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en numerosos fallos, como los citados a lo largo de este escrito, en los cuales ha resaltado la trascendencia de la independencia judicial (en sus diversos aspectos), la importancia esencial que para su vigencia tiene la Carrera Judicial y la necesidad de fortalecer la administración de justicia para consolidar el Estado de Derecho.

Fecha ut supra.

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS

Secretario General