Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 17 de Octubre de 1997

Ponente:JOSÉ MANUEL FAÚNDES
Fecha de Resolución:17 de Octubre de 1997
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la demanda de inconstitucionalidad formulada por la licenciada M.S.W., en su propio nombre y representación, contra el artículo 19 del Código Civil de la República de Panamá, por estimarlo violatorio de los principios consagrados en los artículos 19, 20 y 53 de la Constitución Nacional; del artículo 7º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General, mediante resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 y de los artículos 15 -numerales 1º, 2º y 3º y 16, literal h, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificada por la República de Panamá, mediante Ley Nº 4 de 22 de mayo de 1980, promulgada en 1981, en concordancia estos últimos con el artículo 4º de la Constitución Nacional.

La norma acusada de inconstitucional es del tenor siguiente:

"Artículo 19. Cuando una ley nueva restrinja la capacidad de la mujer casada para administrar sus bienes no se hará efectiva la restricción, sino cumplido el término de un año, salvo que la misma ley disponga otra cosa.".

Sostiene la demandante que la norma acusada establece una discriminación por razón del sexo y del estado civil en perjuicio de la mujer, por cuanto concede un fuero o privilegio personal a favor del hombre casado y "... si el artículo 19 del Código Civil no estatuye nada sobre la restricción de la capacidad del hombre casado en el mismo caso allí contemplado, con fundamento en qué consideraciones sí restringe la capacidad de la mujer casada para administrar sus bienes?" (f. 2). Por tanto, se viola en forma directa la letra y el espíritu del artículo 19 de la Constitución Nacional, que es del siguiente tenor:

"ARTÍCULO 19: No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.".

También, a juicio de la demandante, el artículo impugnado mediante la presente acción constitucional viola en forma directa la letra y el espíritu del artículo 20 de la Constitución Nacional, pues establece una desigualdad jurídica en perjuicio de la mujer casada, "infringiendo el principio constitucional de la igualdad de derechos de ambos sexos ante la ley, el cual debe entenderse en un sentido real y razonable, de que todas las personas que se encuentren en igualdad de circunstancias jurídicas deben recibir el mismo tratamiento jurídico." (Fs. 2-3). El artículo 20 de la Constitución Nacional señala:

"ARTÍCULO 20: Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley, pero ésta podrá, por razones de trabajo, de salubridad, moralidad, seguridad pública y economía nacional, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades a los extranjeros en general. Podrán, asimismo, la Ley o las autoridades, según las circunstancias, tomar medidas que afecten exclusivamente a los nacionales de determinados países en caso de guerra o de conformidad con lo que se establezca en tratados internacionales.".

Además, la norma acusada, al establecer restricciones a la capacidad de la mujer casada para administrar sus bienes, infringe el principio constitucional de la igualdad de derechos de los cónyuges dentro del matrimonio, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Nacional que dice:

"ARTÍCULO 53: El matrimonio es el fundamento legal de la familia, descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges y puede ser disuelto de acuerdo con la Ley.".

Finalmente, considera la demandante que la norma cuya declaratoria de inconstitucionalidad se solicita, infringe disposiciones de Derecho Internacional, en relación con el artículo 4º de la Constitución Nacional.

En ese sentido, infringe el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General, mediante resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, que dispone:

"Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección ante la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.".

En segundo lugar, el artículo demandado infringe los numerales 1º, 2º, y 3º, del artículo 15 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificada por la República de Panamá, mediante Ley Nº 4 de 22 de mayo de 1980, promulgada en 1981, que reconocen a la mujer igualdad con el hombre ante la ley, capacidad e igualdad de derechos con el hombre en materias civiles para administrar sus bienes e igualdad de oportunidades procesales en las cortes y tribunales de justicia, a saber:

"Artículo 15.

  1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley.

  2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.

  3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo. ... .".

Por último, el artículo acusado contraviene lo dispuesto en el artículo 16, literal h, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificada por la República de Panamá, mediante Ley Nº 4 de 22 de mayo de 1980, promulgada en 1981, que establece la igualdad jurídica de ambos cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de bienes y que es del siguiente tenor:

"Artículo 16.

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

a) El mismo derecho para contraer matrimonio;

...

h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso.".

Admitida la demanda por el Magistrado Sustanciador, la misma fue corrida en traslado, por turno, al Procurador General de la Nación, en los términos previstos en el artículo 2554 del Código Judicial.

El Procurador General de la Nación se manifestó a favor de la declaratoria de inconstitucionalidad solicitada por la demandante, al considerar que el artículo 19 del Código Civil panameño es violatorio de los artículos 20 y 53 de la Constitución Nacional, no así del artículo 19 de nuestra Carta Magna.

En este orden, el agente colaborador de la instancia sostiene que la Corte Suprema de Justicia se ha manifestado de manera reiterada sobre este asunto en demandas de inconstitucionalidad contra disposiciones del Código de comercio y del Código Civil, en relación a la capacidad de la mujer de administrar sus bienes y ejercer el comercio e indica que "Estas normas son consideradas resabios feudales de una época ya superada, donde socialmente se presumía la tutela del marido sobre la mujer, lo que se refleja en la legislación promulgada en los albores de la República." (F. 15).

Además, el Procurador General de la Nación señala que la disposición atacada -artículo 19 del Código Civil-

"... es de naturaleza adjetiva y se basa en la presunción de inferioridad de la mujer, por lo que asume la posibilidad de que se promulguen leyes que restrinjan su capacidad, cuando está casada, para administrar sus bienes.

Está claro que el artículo de marras ha caído en desuso ante la imposibilidad constitucional de que esta situación se presente ya que, como bien manifiesta la demandante, la República de Panamá no sólo en su legislación interna y jurisprudencia sino, a nivel internacional, ha reconocido el principio de igualdad ante la ley." (F. 15).

No obstante lo anterior, "... como quiera que la norma permanece vigente hasta que no sea derogada", el Procurador General de la Nación externó su opinión en torno a la constitucionalidad del artículo acusado.

En relación al artículo 19 de la Constitución Nacional, estima que el cargo formulado debe ser desestimado, "toda vez que no se crea algún poder o prerrogativa a favor de determinada persona, como consecuencia de alguna de las circunstancias previstas en la disposición, con lo cual se rompa la igualdad ante la ley, de los integrantes de la comunidad nacional." (F. 16).

En cuanto a la violación de los artículos 20 -que consagra el principio de la igualdad ante la ley- y 53 de la Constitución Nacional -que reconoce el matrimonio como fundamento legal de la familia y consagra el principio de igualdad de derechos de los cónyuges-, el Procurador General de la Nación considera que le asiste razón a la demandante en este punto.

A juicio del J. máximo del Ministerio Público, la norma acusada que "... parte del supuesto de que la mujer casada necesita autorización del cónyuge para administrar sus bienes", "... constituye una imperdonable discriminación, toda vez que algunas personas tienen un tratamiento jurídico distinto, sólo por razón de su estado civil." (Fs. 16-17) y, por lo tanto, "... el Artículo 19 del Código Civil, al considerar la limitación de la mujer casada para administrar sus bienes, está atentando contra su derecho constitucional de igualdad ante la ley y de igualdad de derecho de los cónyuges." (F. 17).

El Procurador General de la Nación se remite en este sentido, al fallo de 19 de enero de 1994, dictado por la Corte Suprema de Justicia, en el que se establece la igualdad y la plena capacidad legal de las mujeres, casadas o no, frente a los hombres.

En cuanto a las violaciones de los convenios y tratados internacionales citados, es decir, las disposiciones del artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 15 y 16 de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, "vale decir que son normas de instrumentos internacionales y no disposiciones de la Constitución Nacional; por eso no puede reclamarse su violación mediante este mecanismo procesal. La única excepción a esta regla, reconocida por la tendencia jurisprudencial en los casos en que dichas disposiciones de convenios internacionales se refieran a aspectos relacionados con el derecho al debido proceso." (F. 18).

Sobre el particular se remite al libro "Interpretación constitucional" del D.A.H., en cuanto a que el artículo 4º de la Constitución no incluye como normas de jerarquía constitucional a todas las normas de derecho internacional ratificadas por Panamá, sino que la Corte Suprema en virtud del bloque de constitucionalidad, excepcionalmente, le asigna a ciertas normas de derecho internacional rango constitucional si las mismas consagran derechos civiles y políticos fundamentales que son esenciales para el Estado de Derecho, criterio éste, indica el Procurador, que fue compartido por la Corte Suprema de Justicia en fallo de 27 de octubre de 1994.

Publicados los edictos correspondientes y vencido el término para que alegara la demandante o quien tuviera interés en hacerlo, no se presentó alegato escrito alguno para apoyar o rebatir el criterio de la demandante, por lo que procede decidir la pretensión sin nuevos elementos sobre el particular.

En primer lugar, sobre los cargos de inconstitucionalidad formulados contra disposiciones contenidas en instrumentos internacionales, en relación con el artículo 4º de la Constitución Nacional, consideramos oportuno citar la parte pertinente de la sentencia de 5 de septiembre de 1994, dictada por esta Superioridad, mediante la cual se declaró la inconstitucionalidad del artículo 139 del Código Civil, por infringir el artículo 19 de la Constitución Política de la República:

"De manera preliminar, observa la Corte que la demandante plantea la confrontación constitucional de la disposición legal impugnada, no sólo frente a los artículos 19 y 20 de la Constitución, sino también frente a 3 disposiciones contenidas en normas de Derecho Internacional, a saber, los artículos 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas mediante Resolución 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948 y los artículos 15 y 16 de la Convención sobre Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ratificada mediante Ley Nº 4 de 22 de mayo de 1980.

Al respecto, conviene recordar que la Corte mediante sentencia de 23 de mayo de 1991 al resolver demanda de inconstitucionalidad presentada en relación con la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990, estableció que los convenios internacionales ratificados por Panamá formalmente sólo tienen valor de ley y que carecen de jerarquía constitucional y que como regla general, no forman parte del bloque de constitucionalidad. (Cfr. H., A., 'La Interpretación Constitucional', Editorial Temis, Bogotá, 1993, pág. 104-105).

Excepcionalmente, ha establecido también la Corte que algunas normas de derecho internacional podrían formar parte del bloque de constitucionalidad 'siempre que no contraríen los principios básicos del Estado de Derecho, ni las instituciones que sustentan la independencia nacional y autodeterminación del Estado panameño' (sentencia de 24 de julio de 1990).

Ha dicho, también, que el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos integra un bloque de constitucionalidad conjuntamente con el artículo 32 de la Constitución en cuanto se refiere a la garantía constitucional del debido proceso (sentencias de 8 de noviembre de 1990 y 19 de marzo de 1991), ya que el 'artículo 32 de la Constitución, que consagra la garantía constitucional del debido proceso legal es sumamente escueto y que el artículo 8 de la Convención extiende la protección procesal a otros aspectos no previstos en el 32". (HOYOS, op. cit. pág. 106).

En este caso, no considera la Corte necesario integrar un bloque entre las normas de derecho internacional aducidas y los artículos constitucionales citados, ya que estos últimos tutelan suficientemente el principio de igualdad jurídica y las primeras, como bien afirma el Señor Procurador de la Administración, se limitan a reproducir el contenido del artículo 19 constitucional." (Registro Judicial, septiembre de 1994, págs. 67 a 69).

En cuanto a la violación de los artículos 19, 20 y 53 de la Constitución Nacional, el Pleno estima que ciertamente se da la transgresión constitucional aducida.

El artículo 19 de la Constitución Nacional -contrario a lo alegado por el agente colaborador del Ministerio Público- y los artículos 20 y 53 constitucionales, resultan evidentemente infringidos por las razones que expondremos a continuación.

Previamente, delimitaremos el alcance que la jurisprudencia patria le ha atribuido a los artículos 19 y 20 de nuestra Carta Magna.

En fallo de 23 de noviembre de 1995, el Pleno de esta Corporación de Justicia, dentro de la demanda de inconstitucionalidad formulada por el licenciado L.C.C., contra el artículo 775 del Código de la Familia, al analizar los artículos 19 y 20 de la Constitución Nacional, se pronunció en los siguientes términos:

"En este sentido no son pertinentes los argumentos que invocan una supuesta desigualdad. Este Tribunal Colegiado de manera inveterada ha venido determinando el significado razonable, positivo y la esencia de las normas en estudio, que contienen declaraciones doctrinarias más que preceptos realmente normativos y operantes.

Los preceptos constitucionales en comento están dirigidos a la prohibición de fueros y privilegios personales y distingos por razón de condiciones en ellos señaladas, es decir, la creación de situaciones injustas de favor o exención en beneficio de determinadas personas, o de limitaciones o restricciones injustas o injuriosas que extrañen un trato desfavorable o favorable para quienes en principio se encuentren en la misma situación que otras por razón de nacimiento, condición social, raza, etc.

En síntesis, el principio de igualdad que se desprende de la estructura y carácter mismo de la Constitución Nacional consiste en que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, ...

... ." (Lo subrayado es del Pleno) (Gaceta Oficial Nº 22 999, viernes 22 de marzo de 1996, pág. 30).

En fallo de 28 de diciembre de 1993, al referirse al artículo 19 de la Constitución Nacional, la Corte señaló que "Los fueros o privilegios personales que prohíbe el artículo 19 de la Carta Política, son aquellas ventajas injustificadas a favor de un grupo determinado de personas, que no tienen necesariamente que fundarse en la raza, la clase social, el sexo, la religión o ideas políticas.", y en tal sentido, se remite a la obra del doctor C.Q., Derecho Constitucional, quien al comentar el artículo 21 de la Constitución de 1946, que es ahora el 19 de la Constitución vigente, expone:

"...

Todo lo expuesto indica que la Constitución no prohíbe que haya o se establezcan distinciones entre los habitantes del Estado. Lo que prohíbe, pues, es que haya distingos. Y esto nos lleva, por fin, a precisar este término. El distingo entraña una limitación o restricción injusta; un trato desfavorable para determinadas personas que, en principio, se hallan en la misma situación que otras que, sin embargo, reciben un trato favorable. El concepto de distingo SE IDENTIFICA, así, con el de discriminación, el cual, no obstante ser un neologismo quizá exprese mejor la idea que hemos tratado de explicar. Pues, el término discriminación, muy usado en otros idiomas, significa distinción injusta e injuriosa.

Esto es, pues, lo que el artículo que examinamos prohíbe, o sea que las normas legales establezcan, o las autoridades públicas practiquen, un tratamiento desfavorable contra cualquier persona por la sola razón de su raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

Toda esta larga exposición nos lleva a concluir que el principio de la igualdad ante la ley consiste, como ha dicho más de una vez la Corte Suprema de la Argentina, 'en que no se establezca excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros en iguales circunstancias'". (Lo subrayado es nuestro).

La licenciada V.A. de M., en su exposición "El principio de igualdad y la no discriminación", contenida en el Capítulo X del libro "Estudios de Derecho Constitucional Panameño", se refiere al contenido del artículo 19 de la Constitución Nacional, de la siguiente manera:

"De la norma transcrita se desprende que la Constitución panameña prohibe (sic) todo acto discriminatorio por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas de donde se deduce que todas las personas en situaciones semejantes deben ser tratadas en condiciones idénticas teniendo por tanto el derecho de ejercer y disfrutar de todos los derechos fundamentales consagrados en este texto legal.

La prohibición de la discriminación, prevista en el artículo 19 del texto constitucional, proclama entonces, la igualdad de trato de todas las personas; de ahí que esta prerrogativa opera ante todos (la Ley y los particulares) y aparezca bajo la fórmula de 'Todos', 'Nadie', etc.

La garantía contenida en el artículo 19 está íntimamente relacionada con el principio de igualdad ante la Ley, previsto en el artículo 20 de nuestra Constitución, ya que ambos suponen una garantía frente a cualquier trato discriminatorio o privilegio.

... Desde este punto de vista se 'prohibe (sic) también que las normas legales establezcan o las autoridades públicas practiquen, un tratamiento desfavorable contra cualquier persona por la sola razón de su raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas (Cfr. Q., C.. Derecho Constitucional Panameño. I.L., S.J., 1967, p. 130).

'En efecto, la ley singular no puede regular en forma diversa, sin justificación adecuada, situaciones semejantes o iguales. Por ello, cuando la ley sea tal que excluye de su regulación o reglamenta en forma diversa situaciones semejantes respecto de aquélla o aquéllas singularmente reglamentadas, incurre en una evidente violación del principio de igualdad, toda vez que estaría estableciendo injustificadas condiciones de ventaja o desventaja para los sujetos ubicados en situaciones reguladas por su normativa, en relación con las situaciones jurídicas correspondientes a aquellos administrados que han sido excluidos de su regulación. Dentro de estos límites, es la discrecionalidad del legislador la que debe determinar el ámbito de la disciplina normativa que debe adoptarse correspondiendo, por su parte a los tribunales establecer si la ley crea o no una normativa concreta justificada' (HERNÁNDEZ, R. y TREJOS, G.. Las Libertades Públicas, pp. 172-73.)

Si bien la prohibición 'de establecer trato diferenciado respecto a sujetos ubicados en la misma o semejante situación jurídica, es de carácter absoluto, de manera que derogatorios de tal principio son admisibles cuando se encuentren expresamente consentidos por otras normas constitucionales' (Ibídem, pp. 174-75).

Dentro de este contexto valga mencionar que la Carta Política panameña establece excepciones y limitaciones al ejercicio de los derechos de los extranjeros (artículo 20 C.N.) cuando dice que 'Los panameños y extranjeros son iguales ante la Ley, pero ésta por razones de trabajo, de salubridad, moralidad, seguridad pública y economía nacional, podrá subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades a los extranjeros en general ...'

En efecto, con base a lo anterior se limita entre otros los derechos políticos (artículo 126) y el comercio al por menor (artículo 288) a los extranjeros." (Lo subrayado es del Pleno) (Estudios de Derecho Constitucional Panameño, comp. J.F.P., E.J.P., Panamá, 1987, págs. 299 a 301).

Luego de las consideraciones expuestas, se observa que el artículo 19 del Código Civil parte del supuesto de que la capacidad de la mujer casada para administrar sus bienes puede ser restringida o limitada mediante una norma legal en un momento dado, es decir, que dicha norma justifica un tratamiento desfavorable contra determinadas personas por la sola razón de su sexo y su estado civil. Se trata de una ley singular o especial que excluye a ciertas personas de lo que se concede a otras en iguales circunstancias, toda vez que reglamenta en forma diversa a las mujeres casadas del resto de los asociados, estableciendo una limitación injusta contra éstas que, en consecuencia, crea una situación de ventaja para las personas no incluidas en dicha normativa. Por lo tanto, al considerar la pugna entre el artículo 19 del Código Civil acusado y los artículos 19 y 20 de la Constitución Nacional, se advierte una clara violación del principio constitucional de la igualdad de todos ante la ley, que implica la no discriminación y la aplicación uniforme de la ley ante circunstancias similares, por lo que debe estimarse el cargo que en base a los artículos constitucionales citados se formula.

Sobre la violación del precepto constitucional consagrado en el artículo 53 de la Constitución Nacional, que reconoce el matrimonio como el fundamento legal de la familia y que el mismo descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges, observa la Corte que también procede la aceptación del cargo planteado en este aspecto, ya que al establecerse la situación de desventaja de uno de los cónyuges dentro del matrimonio, en este caso de la esposa, se crea, por tanto, una desigualdad jurídica de ésta con respecto al marido, en cuya situación no existe una ley especial que restrinja su capacidad legal.

Para concluir podemos mencionar varios fallos dictados por el Pleno de esta Corporación de Justicia, que como el presente, se refieren a la inconstitucionalidad de artículos tanto del Código de comercio como del Código Civil referentes al problema de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Entre los fallos relacionados con este tema, dictados por esta Superioridad tenemos, en primer término, los que declararon la inconstitucionalidad de normas del Código de comercio: De 19 de enero de 1994 (que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 26 y 27 del Código de Comercio); 12 de julio de 1994 (artículo 31 del Código de Comercio); 12 de agosto de 1994 (artículo 9 del Código de Comercio); y 17 de octubre de 1994 (artículo 57, numerales 1 y 2, del Código de Comercio). En segundo lugar, entre los fallos que declararon la inconstitucionalidad de normas del Código Civil están los de 5 de septiembre de 1994 (artículo 139 del Código Civil); 29 de septiembre de 1995 (artículo 641, numeral 5, del Código Civil), y 27 de octubre de 1994 (artículos 1192 y 1193 del Código Civil) donde se expresó en este último:

"Desde 1941, se estableció en la Constitución, artículo 52, ordinal 2º, el aludido principio que ha sido reiterado en las siguientes cartas fundamentales de nuestra República. Sin embargo, en nuestro Código Civil, que data de los albores de nuestra era republicana -1917-, subsisten normas que en virtud de la potestad marital, concepto predominante en aquellas épocas, pues la sociedad tradicionalmente aceptaba que la mujer debía permanecer realizando las labores del hogar ya que, la consideraba jurídicamente incapaz para contraer obligaciones; a menos que estuviera representada por su consorte. Afortunadamente, dichas ideas, en la actualidad, han sido superadas a tal punto que, como hemos dicho, las normas constitucionales vigentes establecen la igualdad de derechos de los cónyuges." (Registro Judicial, octubre de 1994, págs. 150 a 154).

Para finalizar, debemos anotar que con la derogatoria constitucional de la norma acusada mediante la presente acción, que ciertamente ha caído en desuso, pero que conserva su vigencia técnica, lo que se pretende, como se expresó en sentencia del Pleno de 29 de septiembre de 1995, es "equilibrar el ordenamiento jurídico, saneándolo de cualquier vestigio de desigualdad.".

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL el artículo 19 del Código Civil, por ser violatorio de los artículos 19, 20 y 53 de la Carta Fundamental.

N. y P. en la Gaceta Oficial.

(fdo.) H.A.C.T.

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) R.G.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE V.

(fdo.)A.H.

(fdo.) E.M.M.

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) F.A.E.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS

Secretario General