Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 22 de Junio de 2011

Ponente:Winston Spadafora Franco
Fecha de Resolución:22 de Junio de 2011
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

VISTOS:

El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante resolución judicial de 23 de septiembre de 2009, concedió la acción de amparo de derechos fundamentales presentada en representación de J.M.S., contra la orden de hacer contenida en el Auto No.853-09 de 17 de junio de 2009, proferido por el Juzgado Undécimo, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, y admitió la intervención de tercero de URUGUAY DEVELOPMENT, INC.

Procede esta Corporación de Justicia a conocer los fundamentos de hecho y de derecho de la resolución judicial emitida, así como de los medios de impugnación presentados.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En la anterior decisión judicial, el Primer Tribunal Superior expuso que el acto atacado en amparo se da dentro del proceso ordinario interpuesto por SPORT BAR, S.A., contra URUGUAY DEVELOPMENT CORP., y J.M.S..

En dicho proceso SPORT BAR, S.A., demandó solidariamente con acción de secuestro a URUGUAY DEVELOPMENT CORP., y a J.M.S., consignando la respectiva fianza de perjuicios por una cuantía de Tres Cientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Nueva Balboas con Setenta y Cinco Centésimos (B/.335,749.75), expedida por Aseguradora Mundial. A. contestar la demanda la sociedad URUGUAY DEVELOPMENT CORP., presentó a su vez demanda de reconvención.

Explica el Primer Tribunal Superior que al dictarse la sentencia de primera instancia, el Juzgado Undécimo, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, absolvió a las demandadas de la demanda presentada en su contra, condenando a SPORT BAR, S.A., en costas por la suma de Tres Cientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta Balboas (B/.335,750.00), más los gastos e intereses y, a la vez, también condenó a SPORT BAR, S.A., a pagarle a URUGUAY DEVELOPMENT CORP., la suma de Seis Cientos Cincuenta Mil Balboas (B/.650.000.00) en concepto de daños y perjuicios, más Ciento Veintidós Mil Quinientos Balboas (B/.122,500.00) a razón de las costas e intereses.

Continúa explicando el Primer Tribunal Superior que la parte demandante presentó un recurso de apelación contra la anterior decisión, pero fue declarado extemporáneo, por lo que las partes demandadas solicitaron la ejecución de la sentencia.

Por medio del acto demandado en amparo, el Juzgado Undécimo de Circuito Civil, decretó formal embargo contra la demandante y en favor de URUGUAY DEVELOPMENT CORP., por la suma de B/.1,133,787.50, que representaba la suma líquida a pagar en concepto de capital, costas y la ejecución de la sentencia, señalando además la Juzgadora de Primera Instancia, que el embargo recaía sobre la caución consignada por el demandante emitida por Aseguradora Mundial y sobre la administración de su establecimiento comercial, ordenando en consecuencia que J.C.M.S., demandado solidario, denunciara nuevos bienes.

La disyuntiva se presentó en el hecho que para el amparista, el Juzgado Undécimo, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, reconoció un crédito privilegiado o prelación de crédito en favor de URUGUAY DEVELOPMENT CORP., cuando la demanda y acción de secuestro fue presentada de manera solidaria, por lo que ambos demandados tenían derecho proporcionalmente a cobrarse de la caución consignada por SPORT BAR, S.A.

En ese sentido, el Primer Tribunal Superior señaló que ambas partes demandadas presentaron su solicitud de ejecución de sentencia el mismo día y a la misma hora, esto es, el 11 de junio de 2009, a las 8:06 A.M., en consecuencia, dijo, no puede hablarse que hubo una violación a que se resolviera primero la ejecución de sentencia de la amparista.

No obstante lo anterior, la resolución judicial censurada con este recurso de apelación dentro de esta acción de amparo, deja en claro que hubo una pretermisión en el acto demandado en amparo. Ello es así, explica el Primer Tribunal Superior, porque la demanda se presentó de manera solidaria contra ambos demandados, por lo que de conformidad con el artículo 1073 del Código Judicial, la condena en costas a cargo de la actora "debe reputarse en favor de ambos demandados, URUGUAY DEVELOPMENT CORP. y JUAN CATULLE MÉNDEZ..." "...ya que dichos demandados eran litisconsortes y no se expresó en la sentencia que la condena se distribuía de otra manera".

Sin embargo, la anterior anomalía fue subsanada a juicio del Primer Tribunal Superior cuando se corrigió el acto demandado en amparo, mediante Auto No.937-09 de 6 de julio de 2009, del Juzgado Undécimo de Circuito Civil, cuando libró embargo en favor de ambos demandados.

Finalmente el Primer Tribunal Superior indicó que la Juzgadora demandada ciertamente reconoció una prelación de créditos a favor de URUGUAY DEVELOPMENT CORP., que no está contemplada en la ley, cuando J.C.M.S.A. el embargo de dicha fianza simultáneamente con URUGUAY DEVELOPMENT CORP.@, con fundamento igualmente en el artículo 547 del Código Judicial (fs.83-103).

RECURSOS DE APELACIÓN PRESENTADOS

El apoderado judicial del amparista J.C.M.S., presentó recurso de apelación contra la decisión del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

La disconformidad del amparista radica básicamente en la decisión de admitir como tercero interesado dentro del proceso de amparo, a la sociedad URUGUAY DEVELOPMENT CORP., toda vez que dicha sociedad no es su contraparte dentro del proceso en la jurisdicción civil, por lo que no existe una relación jurídico procesal entre ambos.

Según la demanda de reconvención presentada por URUGUAY DEVELOPMENT CORP., se fundamentó en los perjuicios sufridos por el secuestro presentado por SPORT BAR, S.A., por lo que no puede aceptarse esa tesis para ser admitida como tercero dentro del proceso.

Además, sostiene el amparista y recurrente que, tal como lo afirmó el Primer Tribunal Superior, es la contraparte dentro de un proceso la que puede intervenir como tercero en una acción de amparo de derechos fundamentales y la sociedad URUGUAY DEVELOPMENT CORP., como se dijo, no es contraparte de J.C.M.S. (fs.108-111).

Por su parte, la apoderada judicial de la sociedad URUGUAY DEVELOPMENT CORP., también presentó recurso de apelación contra la decisión del Primer Tribunal Superior. Indica la apelante que el amparista utilizó la acción de amparo como instancia adicional del proceso, situación que lo hacía no viable.

Además, cuestionó la apoderada judicial de URUGUAY DEVELOPMENT CORP., que no hubo la alegada violación del debido proceso al reconocerse una supuesta prelación de un litisconsorte. Señala, que fue la única que probó la existencia de daños y perjuicios a razón de la ejecución de una medida cautelar de secuestro, y que se dio fundamentada en los artículos 531 y 533 del Código Judicial, "que se le concediera el derecho exclusivo a resarcir los daños sufridos mediante la ejecución de la fianza consignada con la finalidad de servir de caución al secuestro...", lo que a juicio de la Juzgadora Primaria se ajustaba a derecho.

Argumenta también que la acción de amparo fue ensayada como un recurso ordinario adicional de los que establece la ley procesal, para impugnar una decisión sobre la cual no cabía recurso adicional alguno, aunado al hecho que el amparista en nada se refirió a la decisión que resolvió el recurso de reconsideración que modificó la decisión primaria.

Por lo anterior, la apoderada judicial de URUGUAY DEVELOPMENT CORP., solicita que se revoque la resolución judicial apelada y que, en su lugar, se niegue la acción de amparo impetrada (fs.112-117).

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Luego de conocidos los argumentos que utilizó el Primer Tribunal Superior para adoptar la resolución judicial censurada, así como los recursos de apelación ensayados, procede el Pleno de esta Corporación de Justicia a resolver lo que en derecho corresponda.

En ese orden de ideas, vemos que la disconformidad del apoderado judicial de J.C.M.S. con la decisión recurrida, radica en el hecho que se admitió como tercero interesado en este proceso de amparo en grado de apelación a URUGUAY DEVELOPMENT CORP. Entre tanto que, dicha sociedad URUGUAY DEVELOPMENT CORP., cuestiona que se haya concedido la acción de amparo de derechos fundamentales, porque la fianza que se consignó fue para garantizar los perjuicios ocasionados con el secuestro y, según argumenta, la única que probó haber sufrido perjuicios en el proceso fue, precisamente, URUGUAY DEVELOPMENT CORP.

Ahora bien, según se ha podido apreciar en el presente proceso que se conoce en grado de apelación, SPORT BAR, S.A., interpuso un proceso ordinario con acción de secuestro y la consecuente consignación de la fianza de perjuicio, de manera solidaria, contra URUGUAY DEVELOPMENT CORP., y J.C.M.S..

En la contestación de esa demanda URUGUAY DEVELOPMENT CORP., presentó una demanda de reconvención por los perjuicios que se le estaban ocasionando. Al resolverse el proceso instaurado, el Juzgado Undécimo de Circuito Civil, absolvió a URUGUAY DEVELOPMENT CORP., y a J.C.M.S. y, a su vez, condenó en costas a SPORT BAR, S.A., y a favor de las partes demandas, más los gastos e intereses que haya generado el proceso. Igualmente condenó a SPORT BAR, S.A., a pagarle a URUGUAY DEVELOPMENT CORP., la suma de Seis Cientos Cincuenta Mil Balboas (B/.650.000.00) en concepto de daños y perjuicios, más Ciento Veintidós Mil Quinientos Balboas (B/.122,500.00) en concepto de costas e intereses.

Con vista en lo anterior, las partes demandadas solicitaron, el mismo día, la ejecución de la sentencia, siendo que el recurso de apelación que presentó SPORT BAR, S.A., fue declarado extemporáneo. El Juzgado Undécimo de Circuito Civil, al pronunciarse sobre la ejecución de la sentencia decretó embargo contra la demandante, pero sólo a favor de URUGUAY DEVELOPMENT CORP., indicando que el embargo incluía la totalidad de la caución consignada por el demandante y sobre la administración de su establecimiento comercial y, ordenó que J.C.M.S., demandado solidario, denunciara nuevos bienes.

El Primer Tribunal Superior al resolver sobre la situación planteada consideró entonces conceder la acción de amparo de derechos fundamentales, toda vez que la demanda con acción de secuestro había sido presentada de manera solidaria contra ambos demandados, por lo que la fianza de perjuicio debía responder sobre los perjuicios ocasionados a ambas partes y no reconocerse una prelación de créditos no estipulada en la ley.

Ahora bien, sobre el primer punto cuestionado en el recurso de apelación promovido en representación de J.C.M.S., respecto a la aceptación de la intervención de tercero de URUGUAY DEVELOPMENT CORP., huelga mencionar que, tal como lo afirmó el Primer Tribunal Superior, el Pleno de esta Corporación de Justicia ha admitido dicha posibilidad, sobre ciertos aspectos específicos. En ese sentido, la Corte ha indicado que:

"... nos encontramos ante un problema de "falta de regulación" de la participación de los terceros cuyos derechos subjetivos pudieran resultar afectados con la revocación de la orden impugnada mediante la acción de amparo. Esta regulación es sin duda fundamental en nuestro medio, en el que es posible interponer amparos contra resoluciones judiciales.

... No obstante lo expresado, esta Corporación de Justicia considera que la ausencia de dicha regulación no debe impedir que el tercero favorecido con la resolución judicial que contiene la orden impugnada, sea oído en el proceso de amparo, en cumplimiento de la garantía constitucional del debido proceso, tal y como ocurre en otras jurisdicciones...

...Con ello se satisface otro de los fines del debido proceso, cual es el acceso a los tribunales de justicia, en este caso, al tribunal que conoce el amparo.

También extiende el artículo 1118 del Código Judicial el derecho de apelar a todos aquellos a quienes aproveche o perjudique una sentencia o auto, antes de que estas resoluciones se ejecutoríen. Si bien en éstos otros supuestos, la intervención del tercero está expresamente autorizada en una disposición legal, en el caso del amparo de garantías constitucionales dicha intervención, aunque limitada a que el tercero pueda apelar de la sentencia definitiva, cuando la orden esté contenida en una resolución judicial, tiene fundamento en el artículo 32 de la Constitución Política, tal como ha sido interpretado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ampliando su contenido e incorporando al bloque de constitucionalidad la Convención Americana de Derechos Humanos, en lo relativo a las garantías judiciales.

... debe permitirse la intervención en el proceso de amparo a quien fue contraparte en el proceso en el que se dictó la resolución judicial que contiene la orden impugnada. Esta intervención debe estar referida única y exclusivamente a la realización de dos actos procesales. El primero es de ser oído mediante la presentación de un escrito oponiéndose a la pretensión del amparo en caso de que le sea desfavorable u oponerse al escrito de apelación, en caso contrario, todo dentro del término concedido a las partes para apelar" (Registro Judicial, Abril de 1997, págs.129-130).

En el caso que nos ocupa, si bien el apoderado judicial de J.C.M.S. señala que URUGUAY DEVELOPMENT CORP., no fue su contraparte en el proceso, sino que ambos tenían la condición de demandados, razón por la cual no debe admitirse su participación en el proceso de amparo como tercero interesado, lo cierto es que la decisión que se adopte puede afectar sus intereses para, igualmente, resarcirse de los daños y perjuicios ocasionados por el secuestro efectuado, así como por los daños y perjuicios que se ordenaron reconocerle en la demanda de reconvención que interpuso contra SPORT BAR, S.A., teniendo en cuenta que eran demandados solidarios.

Con relación a la objeción presentada por URUGUAY DEVELOPMENT CORP., respecto al cuestionamiento que J.C.M.S. utilizó la acción de amparo como una instancia adicional del proceso o como un recurso adicional, vale la pena mencionar que el amparista sustentó su acción de garantía en la posible infracción a la garantía constitucional del debido proceso, porque siendo ambas partes demandadas solidariamente, al reconocerles el acto demandado en amparo el pago de los daños y perjuicios ocasionados por la demanda, ambos tenían derecho a resarcirse con la caución consignada, por lo que era contrario a derecho que se hubiese reconocido una prelación de crédito a favor de URUGUAY DEVELOPMENT CORP., no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, criterio que comparte plenamente esta Corporación de Justicia.

Es más, nuestra legislación establece claramente que en casos de litisconsorte, como en el que nos ocupa, las costas deben distribuirse de manera equitativa o a partes iguales, si nada se dice sobre diferencias considerables en los perjuicios provocados. A ello se refiere el segundo párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, al señalar lo siguiente:

"Artículo 1073: ...

En los casos de litis-consorcio las costas se distribuirán entre los litisconsortes, salvo que por la naturaleza de la obligación correspondiera la condena solidaria. Cuando el interés de cada uno de ellos representado en el proceso ofreciere considerables diferencias, podrá el Juez distribuir las costas en proporción a ese interés. Si nada se dispone al respecto, se entenderá que deben distribuirse por partes iguales entre ellos".

Siendo entonces que se evidenció una infracción a la garantía constitucional del debido proceso, al no tomarse en cuenta a un demandado solidario, J.C.M.S., para el cobro de la fianza caucionada por el demandante y cubrir los perjuicios ocasionados por razón de la demanda y secuestro presentado, esta Corporación de Justicia comparte la decisión judicial recurrida, y a ello procede a reconocerlo de inmediato.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución judicial de 23 de septiembre de 2009, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

N. y devuélvase.

WINSTON SPADAFORA FRANCO

VICTOR L. BENAVIDES P. -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS MARIO CARRASCO -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)