Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Mayo de 2015

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución13 de Mayo de 2015
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: La firma forense Rubio, A., S. &A., que actúa en nombre y representación de los señores A.H.S. y L.A.H.S., ha presentado demanda contencioso-administrativa de nulidad a fin de que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° D.N. 3-2206 de 26 de diciembre de 2002, emitida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Mediante el acto administrativo impugnado se resolvió lo siguiente: "1.- Adjudicar definitivamente a título oneroso a L.C.V.C., de generales expresadas, una parcela de terreno baldía, ubicada en el Corregimiento CABECERA, Distrito de SANTA ISABEL, Provincia de COLÓN, con una superficie de CIENTO NOVENTA Y TRES HECTÁREAS MÁS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (193HAS+3486.00m2), comprendida dentro de los siguientes linderos generales que corresponde al Plano N° 305-01-3799 del 23 de junio del 2000, aprobado por la Dirección Nacional de Reforma Agraria. NORTE: ÁREA INADJUDICABLE SUR: TERRENOS NACIONALES SIN OCUPACIÓN ESTE: COMARCA DE SAN BLAS OESTE; QUEBRADA LOS CALETONES ...". I. POSICIÓN DE LA PARTE ACTORA. NORMAS LEGALES QUE SE ESTIMAN VIOLADAS Y CONCEPTO DE LAS INFRACCIONES. La pretensión formulada en la demanda por la parte actora consiste en que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° D.N. 3-2206 de 26 de diciembre de 2002, emitida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. En ese sentido, indican los apoderados judiciales de los demandantes que los mismos son hijos de H.H. (q.e.p.d.), el cual era titular de derechos posesorios sobre el terreno ubicado en el sector de Playa Colorada, Distrito de S.I., Provincia de C., que se describe en la Escritura Pública N° 478 de 25 de octubre de 1937, de la Notaría de Circuito de la Provincia de C., y los contratos de compraventa suscritos entre C.R. y H.H.; A.L. y H.H.; y, T.G. y H.H.. En virtud de ello, a juicio de la parte actora han sido violados los artículos 34, 36 y 52 de la Ley N° 38 de 2000, que regula el procedimiento administrativo general; y, los artículos 53, 57, 58, 98, 100, 104, 105, 108, 109, 110 y 117 del Código Agrario. En primer término, la parte demandante estima violadas las siguientes disposiciones de la Ley N° 38 de 2000, en concepto de violación directa por omisión: el artículo 34, que describe los principios que deben regir en toda actuación administrativa; el artículo 36, que dispone que ningún acto podrá emitirse o celebrarse con infracción de una norma jurídica vigente; y el artículo 52, que indica los casos en los que se incurre en vicio de nulidad absoluta. En ese sentido, señala la parte actora que el acto impugnado debe ser declarado ilegal por razón de que se concedió un derecho a quien no había cumplido con los requisitos para optar por la adquisición de la propiedad en disputa, lo que en su opinión infringió los principios de lealtad, honestidad, eficacia y debido proceso legal, este último toda vez que los poseedores de la tierra no fueron notificados del proceso de adjudicación, razón por la cual no fueron escuchados. Por otro lado, en opinión de los demandantes, el acto administrativo contenido en la Resolución N° D.N. 3-2206 de 26 de diciembre de 2002, emitida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario infringe, en concepto de violación directa por omisión, las siguientes disposiciones del Código Agrario: el artículo 53, que contiene los requisitos que deben cumplirse para ejercer el derecho a solicitar una parcela de tierra a título oneroso; el artículo 57, que establece el procedimiento de adjudicación de tierras a título oneroso; el artículo 58, que señala el orden de prelación para la adjudicación de parcelas de terreno a cualquier título, el artículo 98, que autoriza al peticionario para que abra las trochas respectivas; el artículo 100, que señala la obligación del peticionario de comunicar la apertura de las trochas para la correspondiente inspección; artículo 104, que establece que los detalles de la inspección quedarán en una acta firmada por los funcionarios y las partes, el artículo 105, que se refiere a la preparación del plano cuando se trate de solicitudes de adjudicaciones a título gratuito, el artículo 108, que guarda relación con la fijación de los edictos, el 109, relativo a la resolución de adjudicación, el artículo 110, referente a la inscripción en el Registro Público, y el artículo 117, sobre la emisión del título de propiedad, en violación directa por indebida aplicación. En ese sentido, indican los recurrentes que las citadas disposiciones del Código Agrario han sido violadas toda vez que aseveran que el adjudicatario no cumplió con el requisito de destinar la tierra a la función social; que el corregidor del área nunca fue puesto en conocimiento, por parte de los peticionarios ni de los funcionarios de Reforma Agraria, de la autorización para abrir trochas, y que no se realizó la referida inspección ni se fijaron los edictos correspondientes en la Alcaldía y en la Corregiduría del lugar, lo cual impidió a los moradores de los terrenos percatarse y oponerse a lo que estaba sucediendo sobre sus predios II. INFORME DE CONDUCTA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. De la demanda instaurada se corrió traslado al Director Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para que rindiera un informe explicativo de su actuación, el cual fue aportado mediante Nota DINRA-340-09 de 19 de mayo de 2009, que consta de fojas 64 a 65 del expediente, y el cual en su parte medular señala lo siguiente: "Primero: Mediante solicitud calendada 24 de junio de 1999, C.D., cedulado 7-19-976, peticionó ante la Oficina Regional de Reforma Agraria, con sede en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Región No. 6-C., la autorización de un traspaso de derechos posesorios a favor de L.C.V.C., cedulado 4-702-521, respecto a terreno con una superficie aproximada de Cien (100) hectáreas, ubicado en la localidad de S.I., corregimiento y distrito de S.I., provincia de C., comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: Playa Colorada Sur: Tierras Nacionales Este: Río Playa Colorada Oeste: Julián Chao Segundo: H. cumplido con las formalidades exigidas, entre las que se destacan la inspección ocular y su correspondiente pago, se procedió por parte de la Oficina Regional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Región No. 6-C., a emitir la Resolución No. 3-70-99 de 2 de julio de 1999, mediante la cual dicho despacho, aprobó el traspaso solicitado. La misma fue notificada a las partes. Tercero: Acto seguid, el nuevo titular del derecho posesorio, procedió ante aludido despacho, a iniciar el procedimiento de adjudicación, mediante solicitud No. 3-203-99 de 6 de julio de 1999, respecto al terreno descrito en el punto primero. Cuarto: Abierta la solicitud de adjudicación, el expediente cumplió con todas las etapas del proceso de adjudicación, entre las que se destacan, la notificación de colindantes, inspección ocular, aprobación de plano (el cual se identifica con el No. 305-01-3799 de 23 de junio de 2000), la correspondiente publicación de edictos (ante la Gaceta Oficial, en diario de circulación nacional, ante el despacho de Reforma Agraria y la corregiduría de S.I.) y el pago de la tierra al Estado. Cabe resaltar además, que este proceso de adjudicación, mediante nota SENADAF-359-2001 de 22 de junio de 2001, recibió Concepto Favorable por parte del Servicio Nacional de Desarrollo y Administración Forestal, adscrito a la Dirección Nacional de Patrimonio Natural de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). Quinto: Posteriormente y habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos por el Código Agrario, en concepto de adjudicación, a través del Departamento de Adjudicación de Tierras, la Dirección Nacional de Reforma Agraria, emitió la Resolución No. D.N. 3-2206 de 26 de diciembre, mediante la cual se le adjudicó el terreno en cuestión a favor de L.C.V.C., cedulado 4-702-521. Sexto: Dicha resolución, fue inscrita en el Registro Público". III. OPINIÓN DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN. Mediante Vista Nº 1249 de 7 de diciembre de 2009, el representante del Ministerio Público, solicita a la Sala que declare que en el presente negocio jurídico, se ha configurado la figura procesal de sustracción de materia, toda vez que "en la escritura pública número 305 de 8 de enero de 2003, consta que L.C.V.C. vendió su finca identificada con el número 17936 ..., ubicada en el distrito de S.I. ..., a la sociedad Desarrollo S.I., S.A., lo que nos indica que el acto acusado en el presente proceso ha quedado sin efecto, fenómeno jurídico éste que la doctrina ha denominado sustracción de materia, de lo que resulta la imposibilidad del Tribunal para pronunciarse de manera efectiva en relación con la pretensión de los recurrentes". (foja 80 del dossier). IV. DECISIÓN DE LA SALA. Una vez cumplidos los trámites previstos para estos procesos, corresponde a los integrantes de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia pasar a dirimir el fondo del presente litigio. COMPETENCIA DE LA SALA: En primer lugar, resulta relevante señalar que esta Sala de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de la demanda contencioso-administrativa de nulidad promovida por los señores A.H.S. y L.A.H.S., a través de apoderados judiciales, con fundamento en lo que dispone el artículo 206, numeral 2, de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 97, numeral 1, del Código Judicial. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA: En el caso que nos ocupa, los demandantes son personas naturales que comparecen en defensa de un interés particular en contra de la Resolución N° D.N. 3-2206 de 26 de diciembre de 2002, emitida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, razón por la cual se encuentran legitimadas para promover la acción examinada. Por su lado, la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario es una entidad del Estado que, en ejercicio de sus atribuciones expidió el acto demandado, razón por la cual se encuentra legitimada como sujeto pasivo en la presente demanda contencioso-administrativa de nulidad. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO Y DECISIÓN DE LA SALA: Como se encuentra plasmado en párrafos anteriores, la parte actora demanda la nulidad de la Resolución N° D.N. 3-2206 de 26 de diciembre de 2002, emitida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en virtud de la cual se adjudica definitivamente, a título oneroso, al señor L.C.V.C., una parcela de terreno baldía, ubicada en el Corregimiento Cabecera, Distrito de S.I., Provincia de C., con una superficie de ciento noventa y tres hectáreas más tres mil cuatrocientos ochenta y seis metros cuadrados (193HAS+3486.00m2). La Corte, al adentrarse en el estudio del expediente, de las constancias procesales y de la resolución demandada de ilegal, estima que debe declararse cosa juzgada dentro de la acción de nulidad promovida. En ese sentido, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, al conocer del proceso contencioso administrativo de derechos humanos promovido por el señor G.A. contra el mismo acto administrativo, declaró mediante Resolución de 27 de junio de 2014, que no era ilegal, la Resolución N° D.N. 3-2206 de 26 de diciembre de 2002, emitida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Respecto al tema en estudio, observa la Sala que la Resolución N° D.N. 3-2206 de 26 de diciembre de 2002, objeto de la acción de nulidad que nos ocupa, obtuvo un pronunciamiento de fondo por parte de esta Corporación de Justicia, el cual se considera final, definitivo y de obligatorio cumplimiento, de acuerdo a lo señalado en el artículo 99 del Código Judicial, y el artículo 206 de la Constitución Política de la República de Panamá, por lo tanto no puede estar sujeto a ningún otro tipo de recurso. Así, el artículo 99 Código Judicial, en cuanto a las resoluciones emitidas por la Sala Tercera, señala lo siguiente: "Artículo 99. Las sentencias que dicte la Sala Tercera, en virtud de lo dispuesto en esta Sección, son finales, definitivas y obligatorias; no admiten recurso alguno, y las de nulidad deberán publicarse en lo Gaceta Oficial". (lo resaltado es de la Sala Tercera). Por otra parte el artículo 206 de la Constitución Política de la República de Panamá, en cuanto a las decisiones emitidas por la jurisdicción contencioso-administrativa, establece lo siguiente: "Artículo 206. La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes: ... 2. La jurisdicción contencioso-administrativa respecto de los actos, omisiones, prestación defectuosa o deficiente de los servicios públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos y autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas. A tal fin, la Corte Suprema de Justicia con audiencia del Procurador de la Administración, podrá anular los actos acusados de ilegalidad; restablecer el derecho particular violado; estatuir nuevas disposiciones en reemplazo de las impugnadas y pronunciarse prejudicialmente acerca del sentido y alcance de un acto administrativo o de su valor legal. Podrán acogerse a la jurisdicción contencioso-administrativa las personas afectadas por el acto, resolución, orden o disposición de que se trate; y, en ejercicio de la acción pública, cualquier persona natural o jurídica domiciliada en el país. ... Las decisiones de la Corte en el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial". (lo resaltado es de la Sala Tercera) Como la declaratoria de legalidad de la Resolución N° D.N. 3-2206 de 26 de diciembre de 2002, emitida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a través de la Sentencia de 27 de junio de 2014 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, no puede ser variada ni revisada mediante ningún otro recurso o pronunciamiento, este Tribunal se ve precisado a reconocer que se ha configurado el fenómeno conocido como cosa juzgada en el presente proceso, por lo que lo procedente es ordenar el archivo del presente expediente. Por consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE HAY COSA JUZGADA dentro de la demanda contencioso-administrativa de nulidad promovida por los señores A.H.S. y L.A.H.S., a través de apoderados judiciales, contra la Resolución N° D.N. 3-2206 de 26 de diciembre de 2002, emitida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y ORDENA el archivo del expediente. N., ABEL AUGUSTO ZAMORANO VICTOR L. BENAVIDES P. -- EFRÉN C. TELLO C. KATIA ROSAS (Secretaria)

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