Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 16 de Mayo de 2016

PonenteCecilio Cedalise Riquelme.
Fecha de Resolución16 de Mayo de 2016
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: El Licenciado L.C.L.N., actuando en nombre y representación de S.A.S.J., ha promovido el presente INCIDENTE DE NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA, dentro de la DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, presentada por la Licenciada N.A.S., en representación de D.L. DE CASTILLO; la cual fue interpuesta para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° D.N.4-2660 de 26 de diciembre de 2000, emitida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. En esta etapa de admisibilidad del incidente en estudio, el cual fue interpuesto por el tercero interesado en el proceso principal, se precisa revisar si el mismo cumple con los presupuestos procesales necesarios para que se le imprima el trámite correspondiente. ANTECEDENTES DEL CASO: Es imperativo verificar si la presente incidencia, cumple con los presupuestos procesales que condicionan su viabilidad y consecuente trámite; por ende, del análisis del expediente principal, donde se surte la demanda contencioso administrativa de nulidad, se pudo corroborar que en la misma se presentó un libelo de "Poder Especial" ante la Sala Tercera, el día 24 de enero de 2013, el cual fue otorgado por el incidentista a favor del licenciado L.C.L.N., para que le representase en el proceso en mención, y este a su vez solicitó mediante memorial, el acceso al expediente judicial; encontrándose en ese momento dicha demanda en etapa de revisión de la medida cautelar solicitada por la parte demandante, para que se suspendieran provisionalmente los efectos de la resolución tachada de ilegal, procediendo éste Tribunal a pronunciarse al respecto, mediante la Resolución de 30 de octubre de 2014, la cual fue notificada mediante el Edicto N° 148, fijado el 13 de enero de 2015 y desfijado el 20 de enero de 2015. Posteriormente, la acción de nulidad promovida por D.L. de Castillo, a través de su representación judicial, fue admitida mediante la Resolución de 21 de enero de 2015, procediéndose a correr en traslado dicha demanda, tanto al apoderado judicial de S.A.S.J. (tercero en el proceso), como a la Procuraduría de la Administración. Prosiguiendo con las gestiones de notificación pertinentes y según consta en el sello estampado al reverso de la precitada providencia, se acreditó que el 29 de junio de 2015, se logró notificar personalmente al Licenciado L.C.L.N., de la admisión de la demanda contencioso administrativa de nulidad; por ende, el mencionado letrado, en su condición de apoderado judicial del tercero en el proceso (incidentista en esta ocasión), procede a "Anunciar Recurso de Apelación" el día 1 de julio de 2015 y oportunamente sustenta el mismo el 7 de julio de 2015. Dicho Recurso de Apelación interpuesto y sustentado oportunamente por el tercero en el proceso (también incidentista en el presente cuadernillo), fue resuelto por el Tribunal Ad-Quem a través de la Resolución de 21 de diciembre de 2015, en el sentido de confirmar la admisión de la demanda, notificándose la misma mediante el Edicto N° 3865 de 23 de diciembre de 2015, el cual fue desfijado el 5 de enero de 2016, permitiendo que el proceso continuara con el trámite correspondiente. El día 7 de enero de 2016, se presenta el incidente bajo estudio, en el cual textualmente se expone que el mismo se interpone con la finalidad que "Se declare la nulidad del presente proceso debido a la falta de competencia de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, la cual admitió la demanda de nulidad descrita a margen superior derecho mediante la resolución de 21 de diciembre de 2015" (Sic). DECISIÓN DE LA SALA TERCERA: En virtud de las circunstancias expuestas previamente, se procede a resolver sobre la viabilidad o no, del presente incidente de nulidad por falta de competencia; no sin antes precisar las normas del Código Judicial que limitan la continuidad procesal de la incidencia "in comento", las cuales son del tenor siguiente: "Artículo 701. Todo incidente que se origine de un hecho que acontezca durante el proceso, deberá promoverse tan pronto como el hecho llegue a conocimiento de la parte respectiva. Si en el proceso constare que el hecho ha llegado a conocimiento de la parte y ésta hubiere practicado con posterioridad una gestión, el incidente promovido después será rechazado de plano, salvo que se tratare de alguno de los vicios o circunstancias a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior, caso en el cual se ordenará que se practiquen las diligencias necesarias para que el proceso siga su curso legal. También rechazará el J. de plano el incidente que se refiere a puntos ya resueltos en otro o cuando se está tramitando otro por la misma causa o cuando, a pesar de fundamentarse con una distinta, éste haya podido alegarse en el anterior" (Sic). (Resaltado en negrita por la Sala Tercera). Como se ha podido constatar, con los antecedentes del caso "in exánime", el negocio jurídico principal ha venido surtiéndose con las oportunidades procesales pertinentes para que se dé el contradictorio correspondiente; por ende, no es factible que el incidentista pretenda anular todo el proceso en esta actual etapa procesal, es decir, luego que el mismo concurrió ante este Tribunal mediante apoderado legal; luego que tuvo conocimiento de la resolución que suspendió provisionalmente los efectos del acto impugnado, la cual se notificó mediante edicto de conocimiento público; luego de haber tenido acceso al expediente y posteriormente habérsele admitido como tercero dentro de la causa, notificándosele en debida forma la providencia de admisión de la demanda, contra la cual apeló oportunamente, obteniendo un pronunciamiento sobre el mérito de dicho recurso de impugnación, por parte del Tribunal de Alzada, confirmando tal admisión del negocio jurídico; por tanto, se demuestra que el incidentista mantuvo conocimiento previo de todo el trámite del proceso, tanto así que se demuestra con las piezas procesales que conforman el infolio principal, que realizó gestiones, se notificó y recurrió contra actos dimanados del proceso, por lo que no es dable darle trámite al presente incidente, al configurarse lo establecido específicamente en el primer y segundo párrafo del precitado artículo 701 del Código Judicial. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido el criterio sobre la improcedencia de los incidentes que se configuren con lo establecido en la norma "in comento", tal como se expuso en la Resolución de 31 de marzo de 2015, de la cual se transcribe el siguiente extracto de su parte resolutiva: "El artículo 57c de la Ley 135 de 1943, prevé que los vacíos en el procedimiento establecido en la referida Ley, se llenarán por las disposiciones del Código Judicial y las Leyes que lo adicionen y reformen, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los juicios y actuaciones que corresponden a la jurisdicción contencioso administrativa. Tomando como base este precepto, ha de aplicarse el artículo 701 incisos primero y segundo del Código Judicial, acerca de la oportunidad procesal válida para interponer el incidente examinado. Esta norma señala, expresamente, lo siguiente: "Artículo 701. Todo incidente que se origine de un hecho que acontezca durante el proceso, deberá promoverse tan pronto como el hecho llegue a conocimiento de la parte respectiva. Si en el proceso constare que el hecho ha llegado a conocimiento de la parte y ésta hubiere practicado con posterioridad una gestión, el incidente promovido después será rechazado de plano, salvo que se tratare de algunos de los vicios o circunstancias a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior, caso en el cual se ordenará que se practiquen las diligencias necesarias para que el proceso siga su curso legal..." Los hechos o circunstancias a que refiere este segundo inciso contenido en el artículo 701 ibídem atañen a vicios que anulen el proceso o alguna circunstancia esencial para la tramitación de éste. No hay duda que la propia Ley 135 de 1943, dispone como causales de nulidad en los juicios contencioso administrativos: la falta o ilegitimidad de la personería de alguna de las partes, o de su apoderado o representante legal, al igual que la falta de notificación en forma legal de cualquiera de las partes (lo que incluye el traslado de la demanda (artículo 90, numerales 2 y 3, respectivamente, de la Ley N° 135 de 1943); no obstante, el incidente que invoca estas dos causales, ha sido propuesto extemporáneamente por los apoderados judiciales de la sociedad Cable & Wireless Panamá, S.A., ya que éste debió presentarlo tan pronto llegó a conocimiento de ellos, el hecho o circunstancia motivador del mismo, es decir, a partir del día 7 de agosto de 2009. Esto es así, porque estando consciente desde el día 7 de agosto de 2009, que se había presentado una demanda contra una negativa tácita por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, dicha Institución que era la demandada, debió solicitar las respectivas constancias a la empresa incidentista, colocándola en estado de conocimiento de la presente acción, y en consecuencia, dicha Entidad procedió a rendir el informe solicitado, lo que es incompatible con la voluntad de censurar el no traslado de la demanda, siendo ensayado el presente incidente mucho tiempo después, esto es, el día 23 de marzo de 2010 (aproximadamente siete -7- meses y dieciséis -16- días después de enterada del hecho o circunstancia que ha utilizado como motivo de la cuestión incidental). Vale indicar que, en cuanto a la alegada ilegitimidad de la personería presuntamente incurrida por la Procuraduría de la Administración, que su alegado pasa por alto que, al tenor de la Ley orgánica de esta jurisdicción, es parte en el juicio a que da lugar la demanda contencioso administrativa "el Fiscal del Tribunal", es decir, el Procurador o Procuradora de la Administración (Cf. Art. 58), y según el numeral 9 del artículo 5 de la Ley 38 de 2000, esta institución tiene la atribución de "intervenir en cualquier otro proceso contencioso-administrativo que se surta ante la Sala Tercera...". Con todo, las modalidades o formas como participa dicha dependencia del Ministerio Público en los procesos surtidos ante este Tribunal hoy están reguladas, medularmente, en la mencionada Ley 38 (Libro Primero), preceptiva de su Estatuto Orgánico. Su actuación en el presente asunto está normalizada por el artículo 5, numeral 2, de dicha excerta. Es extemporánea la incidencia analizada, y debe ser rechazada de plano, de conformidad con lo ordenado por el artículo 701 del Código Judicial." (Sic). (Resaltado en negrita por la Sala Tercera) En ese sentido, no se debe soslayar que el incidentista fundamenta el presente incidente de nulidad sobre hechos sobre los cuales, está comprobado tuvo conocimiento previo de los mismos y además realizó gestiones posteriores buscando revocar la admisión de la demanda, mediante un recurso de apelación; además, de la lectura de la sustentación de dicho medio de impugnación, se denota una sustentación cimentada con los mismos argumentos que sustentan el presente incidente de nulidad, por lo que se configuran los preceptos para que no se proceda con el trámite y en consecuencia se proceda a rechazar de plano el mismo, sin más trámite, tal como lo dispone el artículo 708 del Código Judicial, plasmado a continuación: "Artículo 708. Si el incidente promovido fuese manifiestamente improcedente, el J. deberá rechazarlo de plano sin más trámite." (Sic). (Resaltado en negrita por la Sala Tercera). En adición a lo anterior, este Tribunal de lo Contencioso-Administrativo se ha pronunciado con antelación en otras causas, sobre circunstancias análogas referentes a la improcedencia de los incidentes que no cumplan con los presupuestos requeridos para su viabilidad procesal, específicamente en lo relacionado a las gestiones posteriores a los hechos alegados en los incidentes promovidos; tal como se expresó en la Resolución de 4 de julio de 2005, de la cual se trascribe lo siguiente: "Esta Superioridad procede a la revisión del incidente, y en este punto se percata que el mismo debe ser rechazado de plano, en seguimiento a lo previsto en el artículo 701 del Código Judicial. El fundamento que sostiene la decisión de la Corte, es el siguiente: El expediente contentivo del proceso contencioso administrativo dentro del cual se ensaya este incidente de nulidad, da cuenta de las múltiples actuaciones procesales que ha adelantado la firma forense MORGAN Y MORGAN en representación de la sociedad PANAMA PORTS COMPANY S.A. Así vemos, que luego de asumir la representación judicial de la empresa PANAMA PORTS COMPANY, su apoderada judicial ha introducido las siguientes incidencias dentro de la Sala Tercera: Incidente de Recusación contra el Magistrado W.S., presentado en la Secretaría de la Sala Tercera de la Corte, el 18 de agosto de 2004; Incidente de Nulidad por falta de Legitimidad de Personería, presentado en la Secretaría de la Sala Tercera de la Corte el día 20 de agosto de 2004; Incidente de Recusación contra el Magistrado Arturo Hoyos, presentado en la Secretaría de la Sala Tercera de la Corte, el 21 de agosto de 2004; Advertencia de Inconstitucionalidad dentro de la demanda contencioso administrativa, presentada ante la Secretaría Sala Tercera, el 23 de agosto de 2004; Incidente de Oposición a la Intervención de Terceros, presentado en la Secretaría de la SalaTercera de la Corte, el 7 de enero de 2005; Nuevo Incidente de Recusación contra el Magistrado W.S., presentado en la Secretaría de la Sala Tercera de la Corte, el 15 de mayo de 2005; Nuevo Incidente de Recusación contra el Magistrado Arturo Hoyos, presentado en la Secretaría de la Sala Tercera de la Corte, el 15 de mayo de 2005; y El incidente de nulidad por incompetencia de jurisdicción, presentado ante la Secretaría de la Sala Tercera el 18 de mayo de 2005, y que ahora nos ocupa. La simple enunciación de dichas actuaciones permite apreciar, de manera palmaria, la multiplicidad de gestiones incidentales que la firma forense MORGAN Y MORGAN ha presentado de manera sucesiva desde el mes de agosto del año 2004; esto, sin soslayar que la demanda contencioso administrativa de Nulidad contra la Resolución No. 14 de 13 de mayo de 2002 fue interpuesta desde el día 17 de junio de 2002; PANAMA PORTS recibió y contestó el traslado de la demanda el 2 de septiembre de 2002; intervino en la práctica de pruebas, y presentó su escrito de alegatos el 4 de diciembre de 2003. De lo expuesto se sigue, sin mayor disquisición, que el incidentista ha venido gestionando ante la Sala Tercera de la Corte e interponiendo todo tipo de incidencias dentro de este proceso contencioso administrativo por espacio de más de dos años, razón por la cual, ha estado en perfecto conocimiento de los hechos en los que ahora funda la nulidad solicitada, esto es, la supuesta y alegada circunstancia de que la jurisdicción contencioso administrativa no es la competente para conocer de esta controversia, sino la jurisdicción arbitral. En virtud de ello, la Sala se ve precisada a señalar que este incidente de incompetencia de jurisdicción deviene completamente extemporáneo e improcedente, a tenor de lo que establece el último párrafo del artículo 701 del Código Judicial. En ese orden de ideas, conviene examinar el contenido de los artículos 700 y 701 del Código Judicial. El segundo párrafo del artículo 701 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 700 del mismo texto legal, establece que si en el expediente existe constancia de que el hecho en que se funda una causal de nulidad ha llegado a conocimiento de la parte, y ésta hubiere practicado con posterioridad alguna gestión, el incidente presentado después será rechazado de plano, salvo que se trate de un vicio que anule el proceso o de una circunstancia esencial para la tramitación del mismo, caso en el cual, se ordenará la práctica de las diligencias necesarias para que el proceso siga su curso. Es cierto que la causal de nulidad invocada constituye un vicio capaz de anular el proceso, razón por la cual, y en principio, debía ser conocido por la Sala, aunque la parte incidentista hubiere realizado otras gestiones con anterioridad a su presentación. Sin embargo, esta salvedad queda supeditada a lo previsto en el último párrafo del artículo 701 del Código Judicial, que establece textualmente lo siguiente: "Artículo 701... También rechazará el juez de plano el incidente que se refiere a puntos ya resueltos en otro o cuando se esté tramitando otro por la misma causa o cuando, a pesar de fundamentarse con una distinta, éste haya podido alegarse en el anterior" (las negritas y el subrayado son de la Corte) A juicio de la Sala, el hecho de que la firma forense que representa los intereses de PANAMA PORTS COMPANY haya presentado siete (7) incidencias de diversa índole antes de promover este incidente de nulidad por ilegitimidad de jurisdicción, y sin que en ninguna de aquellas incidencias haya alegado la causal que actualmente nos ocupa, conlleva su inmediato rechazo, en seguimiento de lo establecido en el texto legal precitado. Importa agregar, que a la percepción del Tribunal no escapa el hecho de que todas las actuaciones procesales a que hemos hecho referencia, se han presentado en la etapa decisoria de la demanda contenciosa administrativa de nulidad, y que en el caso de las incidencias ya resueltas, todas han sido rechazadas por carecer de fundamento jurídico. Esta circunstancia pone en evidencia, de forma indubitable, que la firma forense MORGAN Y MORGAN ha venido actuando en este proceso, haciendo un ejercicio abusivo de su derecho de gestión. Ya en resolución de 10 de septiembre de 2004, cuando la Sala Tercera rechazó de plano por improcedente, otro incidente promovido dentro de esta demanda contencioso administrativa, el Tribunal le había advertido a la apoderada judicial de la empresa PANAMA PORTS COMPANY S.A., que sus actuaciones no parecían tener otro propósito que el de dilatar o retrasar injustificadamente la decisión de fondo del proceso. Esta conducta procesal no se ajusta a los patrones de lealtad y probidad que las partes deben adoptar durante el proceso, y que las llama a evitar la interposición de escritos y la proposición de actos que le entorpezcan, o que tengan matices dilatorios. A tal efecto, el artículo 467 del Código Judicial es claro al preceptuar: "Artículo 467. Las partes deben comportarse con lealtad y probidad durante el proceso y el J. hará uso de sus facultades para rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilación manifiesta e ineficaz del litigio o cuando se convenza de que cualquiera de las partes o ambas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la ley." Aclaramos, que aun cuando sea perfectamente legítimo la utilización de los mecanismos legales y remedios procesales que la ley concede a las partes para hacer valer sus derechos, un denominador común en las incidencias presentadas por la firma MORGAN Y MORGAN dentro de este proceso contencioso administrativo, ha sido la carencia de argumentos sólidos para fundar tales gestiones, lo que ha hecho traslucir la finalidad dilatorias de las mismas. De allí, que la Sala exhorta a la firma forense MORGAN Y MORGAN, para que enmarque sus actuaciones dentro de los principios de probidad, economía procesal y celeridad del proceso. De acuerdo a todas las motivaciones expuestas, y con fundamento en los artículos 701 y 708 del Código Judicial, este Tribunal estima que el incidente promovido por PANAMA PORTS COMPANY S.A., debe rechazarse de plano. En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el incidente de nulidad por incompetencia de jurisdicción promovido por la firma forense Morgan & Morgan, en representación de PANAMA PORTS COMPANY, S.A., dentro de la demanda contencioso administrativa de Nulidad interpuesta por TERESITA Y. DE ARIAS, A.C., P.M.G., M.B. y E.L., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 14 de 13 de mayo de 2002, dictada por el Ministerio de Comercio e Industrias." (Sic). (Resaltado en negrita por la Sala Tercera) De conformidad con los hechos fáctico-jurídicos expuestos, de la normativa aplicable y en aras de propiciar el Principio de Economía Procesal que debe primar en los procesos que se surten en esta sede jurisdiccional, esta máxima Corporación de Justicia considera que se ha configurado el presupuesto procesal que permite rechazar de plano un incidente por ser manifiestamente improcedente, por lo que así se procederá consecuentemente. En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el Incidente de Nulidad por Falta de Competencia, presentado por el Licenciado L.C.L.N., actuando en representación de S.A.S.J., promovido dentro de la Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, interpuesta por la Licenciada N.A.S., quien actúa en representación de D.L. DE CASTILLO, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° D.N.4-2660 de 26 de diciembre de 2000, proferida por la otrora Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). N., C.C.R.. LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO KATIA ROSAS (Secretaria)

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