Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 20 de Agosto de 2015

Ponente:Nelly Cedeño de Paredes
Fecha de Resolución:20 de Agosto de 2015
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 

VISTOS: El licenciado J.J.M.B., actuando en su propio nombre y representación, ha interpuesto ante la S. Tercera de la Corte Suprema, Tramitación Sumaria - Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 153 de 6 de julio de 2015, emitido por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones. La Magistrada Sustanciadora procede a examinar la demanda presentada, en vías de determinar si la misma cumple con los presupuestos que condicionan su admisión, y en este punto se percata que a la misma, no puede dársele el curso pertinente. Lo anterior es así, ya que se aprecia que el activista sustenta y fundamenta su acción en la Ley N° 39 de 11 de junio de 2013, modificada por la Ley N° 127 de 31 de diciembre de 2013, solicitando entre otras cosas, la declaratoria de nulidad, por ilegal, del acto demandado; el reintegro del mismo; el pago de los salarios caídos dejados de percibir. Y, adicional a lo anterior, también solicita que se le pague la correspondiente indemnización correspondiente a los años en que brindó servicios al Estado. En reiteradas ocasiones, la S. ha señalado que con la entrada en vigencia de la Ley N° 39 de 11 de julio de 2013, modificada por la Ley N° 127 de 31 de diciembre de 2013, se establecieron de manera taxativa, tres (3) prestaciones laborales a las que tienen derecho los servidores públicos detallados en dichas Leyes, dependiendo de las circunstancias establecidas en dichos cuerpos legales. Veamos: A. Uno de esos derechos es la prima de antigüedad (Cfr. Artículo 3 de la Ley N° 127 de 2013), que surge por el tiempo laborado de manera continua en la o Entidades estatales; no obstante, ante el vacío existente en las Leyes antes mencionadas, su tramitación se deberá efectuar conforme al proceso establecido por la Ley N° 135 de 1943, que regula entre otros, el proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción, por tratarse de reclamos de derechos particulares; B.Respecto de los otros dos derechos, el reintegro o la indemnización (Cfr. Artículo 4 de la Ley N° 127 de 2013), estos se producen cuando el funcionario haya sido destituido injustificadamente, cuya tramitación se hará a través de proceso sumario. Ahora bien, respecto del reclamo concerniente a la prima de antigüedad, las Leyes en mención no establecen un término para la presentación de la demanda. No obstante, sí se encuentra estipulado el término para solicitar el reintegro o la indemnización por despido injustificado, como lo establece el artículo 2 de la Ley N° 39 de 11 de junio de 2013, modificada por la Ley N° 127 del mismo año, que a la letra dice: "Artículo 2. ... El derecho del servidor público de reclamar el reintegro prescribe a los cinco días hábiles contados a partir de la notificación del despido y el de reclamar el pago de la indemnización, por razón de despido injustificado, prescribe en el término de sesenta días calendario contado a partir de la notificación del despido". La norma anteriormente transcrita, señala que cuando se trate de reclamaciones de indemnización por despido injustificado, deben presentarse dentro de los sesenta (60) días calendario, contados a partir de la notificación del despido, lo que a juicio de esta S., deberá hacerse ante la Autoridad emisora del acto impugnado, a fin de que se agoten los trámites de la petición o peticiones de las prestaciones laborales reclamadas, así como los recursos de Ley que sean necesarios para agotar la vía gubernativa. Es conocido e importante señalar, que en el Derecho Administrativo no puede desconocer el derecho de petición que la Constitución y la Ley le otorga a todo servidor público de acudir a la Administración Pública, en busca del reconocimiento de los derechos subjetivos (vía las acciones recursivas) que considera han sido afectados, por acciones u omisiones administrativas; así como el derecho y el deber de la propia Administración de revisar sus propios actos, en virtud de los recursos o medios de impugnación interpuestos por los servidores públicos, para que una vez verificados los planteamientos del recurrente, pueda confirmarlos, modificarlos, revocarlos, aclararlos o anularlos, de manera tal que no termine la propia Administración, siendo demandada con posterioridad ante la jurisdicción correspondiente. Son estos entre otros, los elementos de gran envergadura que deben tomarse en consideración cuando la propia norma (Ley N°.39 y N°.127 de 2013), desconoce, procedimentalmente, respecto del agotamiento de la vía gubernativa y, las instancias o autoridades iniciales ante quien debe el funcionario peticionar sus reclamaciones (prima de antigüedad, reintegro o pago de indemnización) bajo los conocidos procesos sumarios en materia administrativa, producto de este recién establecido régimen de estabilidad laboral para los servidores públicos. Al respecto de la figura o Autoridad ante quien debe presentarse en primera instancia los reclamos laborales, como el aspecto del agotamiento de la vía gubernativa, ya la S. se ha pronunciado mediante Auto de 11 de noviembre de 2014, bajo la ponencia del Magistrado L.R.F., señalando lo siguiente: "DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, interpuesta por el licenciado J.C., en representación de YERITZA DEGRACIA, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución Administrativa N°.108-14 de 24 de abril de 2014, dictada por el Banco de Desarrollo Agropecuario, y para que se hagan otras declaraciones. ... Ahora bien, en el caso en análisis se observa que el demandante erró en la autoridad ante quien debió presentar, en primera instancia, los reclamos laborales. Ello es así, toda vez que ni la ley 39 de 2013, ni su modificación hecha mediante la Ley 127 de 2013, establecieron que no era necesario agotar los medios y trámites ante la autoridad respectiva, para reclamar el reintegro o indemnización por despido injustificado, sí como la prima de antigüedad. Por tanto, es deber del servidor público peticionar primero ante la propia Administración su derecho laboral y agotar la vía gubernativa, para luego y ante el evento que la Administración persista en su negación, pueda acudir a la S. Tercera, a peticionar que se le conceda sus prestaciones laborales. ... En ese mismo orden de ideas, no se puede desconocer el derecho de petición que la Ley 38 de 2000, le otorga a todo servidor público de acudir a la Administración para que se le reconozcan los derechos subjetivos que considera han sido afectados por acciones u omisiones administrativas; así como el derecho y deber de la propia Administración de revisar sus propias actos, en virtud de recursos o medios de impugnación interpuestos por los servidores públicos, para que una vez verificados los planteamientos del recurrente, pueda confirmarlos, modificarlos, revocarlos, aclararlos o anularlos. ... Este particular aspecto es lo que en la doctrina y la legislación ha denominado agotamiento de la vía gubernativa o administrativa, que según el artículo 112 de la Ley 38 de 2000, es el "Mecanismo de control de legalidad de las decisiones administrativas, ejercido por la propia Administración Pública, y que está conformado por los recursos que los afectados pueden proponer contra ellas, para lograr que la Administración las revise y, en consecuencia, las confirme, modifique, revoque, aclare o anule". ... Resulta entonces, que una interpretación acorde a lo señalado en las leyes arriba mencionadas es que la competencia de la S. Tercera para conocer de las reclamaciones de las primas de antigüedad, reintegro o indemnización, surge luego que el reclamante haya agotado la vía gubernativa. ... Siendo ello así, en el presente caso se aprecia que la parte actora no probó que agotó los trámites y recursos legales en la vía gubernativa, antes de acudir a esta S. de la Corte a reclamar sus prestaciones laborales, constituyendo esta omisión un motivo suficiente para no admitir la demanda en estudio. ... No obstante lo anterior, es importante precisar que con la demanda en estudio nos encontramos con otro obstáculo procesal que merece traerlo a colación. ... Así el artículo 3 de la Ley 39 de 2013, establece, que las demandas promovidas por los servidores públicos destituidos injustificadamente el proceso a seguir será sumario. Sin embargo, no dice nada en cuanto al proceso que debe seguirse, cuando los servidores públicos acudan a la S. Tercera (luego de agotada la vía gubernativa) reclamando el pago de la prima de antigüedad. Por lo que ante este vacío, debe entenderse que se seguirá el proceso que la Ley 135 de 1943 establece para las acciones contenciosas administrativas de plena jurisdicción, pues a fin de cuenta se reclama un derecho de carácter particular. ... Del párrafo anterior se colige entonces que sólo para las reclamaciones de reintegro o de indemnización, se seguirá proceso sumario mas no cuando se reclame prima de antigüedad, puesto que esta estará sujeta a los términos y procedimientos ordinarios previstos en la Ley 135 de 1943. Basado en los fundamentos jurídicos anteriores, el Suscrito Sustanciador procederá a no admitir la demanda ensayada por el licenciado J.C., en representación de Yeritza Degracia." En ese mismo sentido, no se aprecia las constancias que permitan verificar que el demandante, haya realizado gestiones ante la Entidad requerida, solicitando el pago de indemnización por despido injustificado, lo cual le permitiría a este Tribunal, poder verificar que las actuaciones cumplan con los requisitos procedimentales que la Ley dispone, para su presentación ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Por lo que este Tribunal estima, que al no existir constancia alguna de que previamente se haya pedido ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral el pago de la indemnización por despido injustificado, constituye una omisión suficiente para no admitir la demanda en estudio. Por otro lado, es importante señalar que para el tema de las demandas que promuevan los servidores públicos destituidos injustificadamente, el proceso será sumario, tal y como lo establece el artículo 3 de la Ley N° 39 de 2013; sin embargo, en cuanto al proceso que deban seguir los servidores públicos, una vez agotada la vía gubernativa para reclamar el pago de la prima de antigüedad, la Ley en mención no establece cuál será el procedimiento a seguir; por lo que ante este vacío, debe entenderse que se seguirá el proceso que la Ley N° 135 de 1943 establece para las acciones contenciosas administrativas de plena jurisdicción, ya que dicha reclamación se realiza sobre un derecho de carácter particular. De lo anterior se concluye, que para las reclamaciones de reintegro o indemnización, se seguirá proceso sumario, mientras que para las reclamaciones de prima de antigüedad, el procedimiento será en base a lo estipulado en la Ley N° 135 de 1943. Por las razones expuestas, la Magistrada Sustanciadora, en representación de la S. Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la tramitación sumaria - demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado J.J.M.B., actuando en su propio nombre y representación, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 153 de 6 de julio de 2015, emitido por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones. N., N.C. DE PAREDES K.R. (Secretaria)