Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 28 de Agosto de 2014

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución28 de Agosto de 2014
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: El licenciado C.A.M., actuando en su condición de apoderado judicial de Y. de R., ha presentado una SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, para que se cumpla con la Sentencia de 27 de abril de 2010, dictada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Vemos entonces que la presente solicitud guarda relación con el proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción interpuesto con el fin de que se declarar nula, por ilegal, el Decreto Ejecutiva No. 121 de 28 de agosto de 2006, emitido por el Ministro de Desarrollo Agropecuario. Como puede verificarse, mediante la Sentencia dictada el 27 de abril de 2010, éste Tribunal resolvió lo siguiente: "... Por lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES ILEGAL el DECRETO EJECUTIVO No. 121, de 28 de agosto de 2006, mismo que fue confirmado en todas sus partes, mediante RESOLUCIÓN No. DAL-295-ADM-06 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2006, emitido por el MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, a través del entonces Presidente de la República y auspiciado por el entonces Ministro titular de dicha entidad y, su acto administrativo confirmatorio, con el cual se destituyó a la D.Y.I.R.L. de seguro social No. 201-0729, del cargo de M.V.V., según posición No. 1358, Código No. 4031026, Planilla No. 005, Partida No. 0.10.0.1.001.03.06.001, por el cual devengaba un salario mensual bruto de Mil Seiscientos Sesenta Balboas con 00/100 (B/.1,660.00), desde el 1 de enero de 2003, tal como fuere resuelto mediante Toma de Posesión que al efecto se suscribió y; en consecuencia, ORDENA el REINTEGRO de la referida funcionaria al cargo ostentado o a otro análogo -sin lugar a desmejoramiento salarial y funcional- según la estructura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y, PÁGUESELE todos los derechos, prestaciones legales y salariales que le correspondan desde que se le notifico la destitución hasta el momento de su reincorporación formal. Una vez en firme y debidamente ejecutoriada esta resolución, COMUNIQUESE lo aquí resuelto al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y seguidamente ARCHÍVESE el presente expediente, previa anotación de salida en el libro respectivo". En el escrito presentado por el licenciado C.A.M., por medio del cual solicita a los Magistrados que integran la Sala Tercera de los Contencioso Administrativo que se aplique el procedimiento establecido en el artículo 1048 del Código Judicial, en esencia alega lo siguiente: "... TERCERA: En septiembre de 2013 solicitamos la ejecución de sentencia contra el Estado, debido a que el MIDA no había cumplido con el pago de los salarios caídos, lo que conllevó a que este Tribunal dictara una resolución calendada 7 de marzo de 2014, en la que se ordena solicitar al MIDA, por conducto del Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, que disponga lo conveniente a fin de que la orden dada en la sentencia de fecha 27 de abril de 2010, sea cumplida a cabalidad conforme lo establece el artículo 1047 del Código Judicial. CUARTO: Han transcurrido sin embargo más de tres (3) años desde la ejecutoria de la resolución o sentencia descrita, sin que el MIDA haya cumplido con el pago de la deuda líquida que como se expresa arriba, el propio MIDA fijo en B/87,758.66. QUINTO: En el mes de octubre del año 2013, el MIDA entregó a mi cliente la suma bruta de tres mil ochocientos setenta y tres balboas con 33/100 (B/3,873.33), sin que la Doctora de R. hubiese convenido en ningún arreglo con el MIDA sobre la suma que se le adeuda en concepto de salarios caídos, es decir, sin que hubiese acuerdo de pagos parciales sobre la deuda líquida que el MIDA debe cancelarle. SEXTO: Si se resta la suma entregada a la Doctora de R. en octubre de 2013, la deuda líquida actual es de ochenta y tres mil ochocientos ochenta y cinco balboas con 33/100 (B/83,885.33), que le adeuda el MIDA, en concepto de salario caídos. SÉPTIMO: El artículo 1048 del Código Judicial indica que se transcurridos tres años desde la ejecutoria de la sentencia el Estado no ha satisfecho una obligación líquida, el acreedor en este caso la Doctora Y. de R., podrá solicitar al Tribunal que haga saber al Banco Nacional que debe poner la suma líquida correspondiente de la cuenta del Estado o de la Institución, en esté caso del MIDA, a disposición del Tribunal en el lapso de un mes a fin de librar orden de pago a favor del acreedor. OCTAVO: Como es evidente, en el presente caso se han cumplido los presupuesto procesales para proceder de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 1048 del Código Judicial". Al respecto, la Sala observa que la Sentencia de 27 de abril de 2010, quedó ejecutoriada el 6 de mayo de 2010, fecha en que se desfijó el edicto por medio del cual se notificó a los interesados el referido fallo y que fuera comunicada al Ministerio de Desarrollo Agropecuario a través del Oficio No.1160 de 19 de mayo de 2010 (fj 109). Se observa que el peticionario sustenta la solicitud de ejecución de sentencia sobre la base de que han pasado más de tres años desde la ejecutoria de la sentencia sin que la autoridad demandada haya cumplido con el pago de la deuda líquida, fijada por la mismo Ministerio de Desarrollo Agropecuario en B/.87.758,66. Ello, pues, según explica, a pesar de que a petición suya la Sala emitió la resolución de 7 de marzo de 2014, por medio de la cual ordenó al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, por conducto del Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, que dispusiera lo conveniente con el fin de hacer cumplir la sentencia. Ahora bien, la Sala estima que la solicitud de ejecución de sentencia debe se rechazada en virtud de que ha sido presentada prematuramente. Esto es, ya que como se observa el apoderado legal de Y. de R., ha presentado la actual solicitud de ejecución (de fecha 28 de marzo de 2014), mientras se mantiene en trámite la solicitud de ejecución de sentencia presentada el 21 de septiembre de 2012, que fuera resuelta mediante resolución 7 de marzo de 2012; y a partir de la cual, en cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 1047 del Código Judicial, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia ofició al Ministerio de Desarrollo Agropecuario a efectos se que dispusiera lo necesario para que se diera cumplimiento al referido fallo. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 1048 del Código Judicial, no es posible acceder a la más reciente solicitud de ejecución de sentencia, toda vez que no han transcurrido al menos tres años desde la ejecutoria de la resolución que decreta la ejecución de la sentencia. Téngase en cuenta que los tres años que señala la norma corren a partir de la resolución que decreta la ejecución de la sentencia, no a partir de la ejecutoria de la sentencia, como arguye el petente. Como se ha dicho, la resolución por medio de la cual se acogió la primera solicitud de ejecución de sentencia, es de 7 de marzo de 2014 y ésta quedó ejecutoriada el 19 de marzo de 2014. Así pues, es evidente que no han transcurrido los tres años que señala el artículo 1048 del Código Judicial desde el momento que quedó ejecutoriada la resolución que ordenó la ejecución de la Sentencia de 27 de abril de 2010. Al respecto, puede consultarse el tenor literal de la norma: Si a pesar de estas gestiones, hubiere transcurrido más de tres años de la ejecutoria de la resolución que decreta la ejecución y no se hubiere satisfecho una obligación líquida, el acreedor podrá solicitar al Juez que haga saber al Banco Nacional que debe poner, de la cuenta del Estado o de la institución correspondiente , a la orden del mismo juzgado, una suma equivalente al monto de la ejecución, a lo que debe proveerse dentro del plazo de un mes. Confirmada por el Banco Nacional la disponibilidad de la suma, el Juez librará orden de pago a favor del acreedor. Así pues, a juicio de quienes suscriben no puede accederse a la presente solicitud de ejecución de sentencia, pues ha sido interpuesta de forma prematura, es decir, no habiéndose agotado el término establecido en el artículo 1048 del Código Judicial desde las gestiones devenidas a partir de la resolución que decreta la ejecución de la sentencia. En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO la solicitud de ejecución de sentencia interpuesta por el licenciado C.A.M., actuando en su condición de apoderado judicial de Y. de R., para que se cumpla con la Sentencia de 27 de abril de 2010, dictada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. N., VICTOR L. BENAVIDES P. LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- ALEJANDRO MONCADA LUNA KATIA ROSAS (Secretaria)