Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 25 de Noviembre de 2015

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución25 de Noviembre de 2015
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: El Licenciado R.E.M., en representación de las empresas PANAMA SHOOTERS ARMS & SUPLPLIES, S.A.; AMERICAN POLICE SUPLY, S.A.; PARABELLUM SPORT SYSTEM, S.A.; DEPORTES EL CAZADOR, S.A.; R.D.T.I.A.E.I.; y SCARLETT SECURITY CORP., ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto N° 122/DIASP/2015 de 6 de agosto de 2015, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública y para que se hagan otras declaraciones. El Magistrado Sustanciador advierte que las empresas actoras han solicitado la suspensión provisional de los efectos del acto demandado, que resuelve prorrogar la suspensión de la importación de armas de fuego de uso permitido en el territorio nacional a las empresas debidamente autorizadas para solicitar licencias de importación de este tipo de mercancías en el Ministerio de Seguridad, exceptuando los estamentos de seguridad del Estado, servicios de seguridad de las instituciones del Estados y Agencias de Seguridad Privada. Sin embargo, por cuestión de economía procesal, previo al pronunciamiento de dicha solicitud, se debe proceder a examinar si la demanda cumple con los requisitos legales para su admisión, pues no tiene lógica pronunciarnos de una medida cautelar si la solicitud con la que se peticionara no cumple los requisitos legales para su admisibilidad. En ese sentido se advierte que, el libelo que contiene la demanda no cumple con el requisito de expresar las disposiciones violadas y el concepto de la violación, previsto en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, omisión de que imposibilita el estudio del caso. Con respecto a este requisito, la S. ha reiterado que es necesario expresar la disposición o disposiciones, de forma particularizada, de las leyes que se estimen violadas por el acto recurrido, debiendo exponerse de manera razonada el concepto de la violación respecto de cada una de ellas para que el tribunal pueda hacer el correspondiente análisis de los cargos expuesto. Este criterio encuentra su justificación en que el proceso contencioso-administrativo persigue la revisión de la legalidad del acto emitido por la autoridad administrativa, en virtud de los cargos de violación que se realizan de cada norma. Así, se aprecia en el libelo de la demanda que en el apartado denominado "disposiciones legales infringidas y concepto de la violación", el apoderado judicial de las actoras señala como infringido, de forma generalizada un conjunto de cuerpos normativos, a saber: "...Ley 38 de 2000, Ley 15 de 2010, Ley 57 de 2011", sin individualizar, que artículos de dichas leyes son los que estiman violados. Al no señalarse las normas que de estos cuerpos legales se consideran vulneradas, no existe, en consecuencia, una explicación de forma particularizada de la forma en que dicha infracción se ha producido, tal cual lo exige la normativa. Se advierte que luego de enunciar cada cuerpo normativo que se estima conculcado, el procurador judicial de las partes presenta una serie de argumentaciones que se limitan a señalar que en dichas textos legales no se faculta a la autoridad para suspender la importación legal de armas de fuego, sin embargo, dicha exposición no permite un análisis de legalidad, en tanto no se señala de forma particularizada que norma se está infringiendo. En este orden de ideas, el apoderado judicial del actor señala como única norma individualizada que estima infringida el artículo 18 de la Constitución Nacional, no obstante, es preciso aclarar que por disposición expresa del artículo 206 de la Constitución Política, el control constitucional le corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por lo que la violación alegada en tal sentido, no es competencia de esta S.. Por otro lado, es importante señalar que el artículo 47 de la Ley 135 de 1943, establece que debe acompañarse a la demanda el documento que acredite la personería de la parte actora. Esta norma a su letra dice: "ARTÍCULO 47: Deberá acompañarse también el documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta en el juicio, cuando tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro transmitido a cualquier título." Para determinar cuál es el documento idóneo a que hace referencia el artículo citado, mediante el cual se acredite la representación de la cooperativa, se hace necesario apoyarse en las normas generales de procedimiento que establece el Código Judicial, fuente supletoria de esta ley especial, según lo dispuesto en su artículo 57c, cuando existan vacíos en el procedimiento. En este contexto, cuando concurre a demandar una persona jurídica, con la presentación de la demanda debe acreditarse, como lo exige la ley, su existencia y la personería de quien acude en nombre de ella. Las normas pertinentes hacen referencia a que la persona jurídica debe comparecer al proceso por medio de sus representantes legales, quienes deben comprobar su personería en la primera gestión del proceso, por medio de un certificado de Registro Público. Dicha exigencia es extensiva a las comunidades, sociedades o asociaciones religiosas, así como a las cooperativas y sindicatos o quienes deberán certificar a través del organismo registrador correspondiente, dicha personería. Las normas correspondientes son del tenor siguiente: "Artículo 593. El Estado, las entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas comparecerán en proceso por medio de sus representantes autorizados, conforme a la ley. Las personas jurídicas de derecho privado, comparecerán por medio de sus representantes con arreglo a lo que disponga el pacto constitutivo, los estatutos y la ley. Salvo que conste en el Registro Público otra designación, la representación de las personas jurídicas la tendrá el presidente; por su falta, el vicepresidente o el secretario y por falta de ellos el tesorero; o la persona que respectivamente haga sus veces si tuvieren otro título. En caso de demanda dirigida contra una persona jurídica, el demandante deberá presentar documento del Registro comprobatorio de la representación. * Artículo 596. Los representantes deberán acreditar su personería en la primera gestión que realicen, salvo que se trate de medidas cautelares en que se afiancen daños y perjuicios. "Artículo 637. Para comprobar la existencia legal de una sociedad, quién tiene su representación en proceso, o que éste no consta en el Registro, hará fe el certificado expedido por el Registro dentro de un año inmediatamente anterior a su presentación." (lo resaltado es nuestro) Dentro de este contexto normativo, los documentos que acompañan la demanda, para acreditar la existencia de las sociedades PANAMA SHOOTERS ARMS & SUPLPLIES, S.A.; AMERICAN POLICE SUPLY, S.A.; DEPORTES EL CAZADOR, S.A.; y SCARLETT SECURITY CORP., y quién ostenta su representación legal, visibles a foja 19, 26, 32 y 36 del expediente, cuatro (4) de las seis (6) demandantes, no reúne los requisitos que la ley señala, ya que se trata de una copia de la certificación de Registro Público, autenticada por Notario, no siendo esta la formalidad que la ley señala, porque la labor de certificar la existencia, vigencia, represtación legal y demás datos de una organización, es del Registro Público no el Notario, ya que no es el custodio de la información que debe certificarse, y así lo dictaminan las normas citadas. Si bien, este aspecto resulta un vicio de nulidad subsanable, más que un aspecto de inadmisibilidad, se advierte a la parte que, pese a que mediante escrito presentado el día 16 de noviembre de 2015, se adjuntaron los certificados expedidos por el Registro Público de las sociedades que con la presentación de la demanda no habían acreditado su personería jurídica, por parte del apoderado judicial, la omisión del cumplimiento del numeral 4 del artículo del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, omisión de que imposibilita el estudio del caso, es motivo suficiente para no admitir la presente demanda, en atención a lo explicado y por disposición del artículo 50 de la Ley 135 de 1943, que señala "no se le dará curso a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades...". Consecuentemente, el Magistrado Sustanciador, en representación de la S. Contencioso-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Panamá y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, presentada por el Licenciado R.E.M., en representación de las empresas PANAMA SHOOTERS ARMS & SUPLPLIES, S.A.; AMERICAN POLICE SUPLY, S.A.; PARABELLUM SPORT SYSTEM, S.A.; DEPORTES EL CAZADOR, S.A.; R.D.T.I.A.E.I.; y SCARLETT SECURITY CORP., para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto N° 122/DIASP/2015 de 6 de agosto de 2015, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública y para que se hagan otras declaraciones. N., ABEL AUGUSTO ZAMORANO KATIA ROSAS (Secretaria)

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