Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Agosto de 2015

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:12 de Agosto de 2015
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 

VISTOS: La Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. mediante apoderado especial, presentó Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución AN Nº. 240-AP de 28 de enero de 2008 proferida por el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y para que se hagan otras declaraciones. El G.F.I., S.A., mediante apoderado especial, presentó Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nulas, por ilegales, la ResoluciónAN No.1238-AU-Elec de 10 de septiembre de 2007, la Resolución AN No.1347-AU-Elec de 15 de noviembre de 2007, ambas emitidas por el Director Nacional de Electricidad, Agua potable, Alcantarillado Sanitario y Gas Natural, en conjunto con el Director Nacional de Atención al Usuario, y la Resolución AN Nº. 240-AP de 28 de enero de 2008, expedida por el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Mediante resolución calendada 2 de octubre de 2009, la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia ordenó la acumulación de los procesos Contencioso Administrativos de Plena Jurisdicción presentados por la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. y por G.F.I., S.A., ambos propuestos con la finalidad de que esta S. declare que es Nula por Ilegal la Resolución AN No.240-AP de 28 de enero de 2008, emitida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, entre otras. ANTECEDENTES Mediante la Resolución AN No.240-AP de 28 de enero de 2008, el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos resolvió el recurso de apelación interpuesto por el cliente G.F.I., S.A., contra la Resolución AN No.1238-AU-Elec. de 10 de septiembre de 2007 y la Resolución AN No.1347-AU-Elec. de 15 de noviembre de 2007, ambas emitidas por el Director Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en conjunto con el Director Nacional de Atención al Usuario de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, quienes rechazaron de plano la reclamación presentada por el cliente G.F.I., S.A. contra la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A., con motivo de la recuperación de energía no registrada que la distribuidora le realizara. El acto demandado ante esta instancia jurisdiccional en su parte medular resolvió: ACEPTAR parcialmente la reclamación presentada por Grupo F. Internacional, S.A. contra la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EDEMET); DEJAR SIN EFECTO la Resolución AN No.1238-AU-Elec. de 10 de septiembre de 2007 y la Resolución AN No.1347-AU-Elec. de 15 de noviembre 2007; ORDENAR al cliente G.F.I. con Nis No.6068249, pagar a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EDEMET), la suma de B/.75,518.14, en concepto de recuperación de energía no registrada, según actas de inspecciones No.332260 del 26 de octubre de 2006 y No.332263 del 7 de noviembre de 2006; y ORDENAR a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. acreditar o devolver en efectivo a G.F.I., S.A. la suma de B/.97,470.86, en concepto de energía no registrada y gastos administrativos, que no debió cobrar, previa comprobación del pago realizado. En la parte motiva del acto cuya ilegalidad se demanda se estableció, que del análisis realizado tanto por la empresa distribuidora como por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, se concluyó que para el 26 de octubre de 2006 el Centro de Convenciones Figali tenía una carga de 967 kVA, lo cual concuerda con el transformador de 1500 kVA y la data guardada en la memoria del medidor eléctrico marca ABB No.02184164; no obstante, para el 7 de noviembre de 2006 que se realizó una nueva inspección en las instalaciones eléctricas del cliente G.F.I., S.A. al verificarse el historial de consumo aportado por la distribuidora, éste detalló que el referido medidor registró lectura cero, lo que denota que las señales de tensión que entraban al medidor eléctrico fueron manipuladas para que el mismo no registrara la energía eléctrica consumida, siendo que los cables de la señal de tensión fueron encontrados cortados. Por dichas anomalías la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. realizó una recuperación por fraude basada en ocho (8) meses para el estimado de la demanda, que va de marzo a octubre de 2006 y cuatro (4) días para el estimado de la energía, cuyos consumos discrepan con el de los meses de junio 2005 a febrero 2006, todo lo cual arrojó un total a recuperar de B/.75,518.14, debiendo la empresa distribuidora devolver o acredita la suma de B/.97,470.86 a favor de la sociedad G.F.I., S.A., en concepto de recuperación de energía en exceso, previa comprobación del pago realizado. PRIMER CASO I. PRETENSIÓN DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO OESTE, S.A. La pretensión planteada por la parte actora en la demanda, consiste en que, previa declaración de nulidad, por ilegal, de la Resolución AN No.240-AP de 28 de enero de 2008, emitida por el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, se declare que G.F.I., S.A. consumió energía en forma fraudulenta y se desestime el reclamo que la misma presentó contra la recuperación del importe de la energía y potencia a la que tiene derecho la empresa distribuidora del servicio de electricidad y que la misma es por la suma de B/.172,988.90, correspondiente a 504683 KWh de energía y una potencia de 7795 KW, más los cargos de administración, el 10% de recargo y la reconexión del suministro, más los intereses legales que se causen hasta la total cancelación de la suma indicada, y que por tanto la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. no tiene obligación de otorgar crédito ni devolver suma alguna a favor de G.F.I., S.A., toda vez que ésta no le ha realizado abono o pago alguno en concepto de energía y potencia consumida en forma fraudulenta. Finalmente solicita la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. se declare, que dichas declaraciones tienen efecto retroactivo a la entrada en vigencia de la Resolución AN No.240-AP de 28 de enero de 2008. II. DISPOSICIONES ALEGADAS COMO INFRINGIDAS POR LA RESOLUCIÓN DEMANDADA Y EL CONCEPTO DE SU INFRACCIÓN. Luego de establecer el Régimen Tarifario aplicable al caso que analizamos, es decir, el contenido en la Resolución JD-3224 de 28 de febrero de 2002 vigente hasta el 31 de diciembre de 2006, debido a prórroga dispuesta mediante Resolución JD-5932 de 31 de marzo de 2006, la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. expone, que el acto demandado infringe de manera directa por comisión el numeral 1.10 del Anexo A de la Parte III de la Resolución JD-3224 de 28 de febrero de 2002, modificada por las Resoluciones JD-3312, JD-3313 y JD-3314, todas del 9 de mayo de 2002, sobre Facturación de Consumos en F.s y elnumeral 9 del Anexo A de la Resolución JD-3399 de 4 de julio de 2002, que aprueba el Pliego Tarifario para la Prestación del Servicio Público de Distribución y Comercialización de Electricidad para los Clientes Regulados y los Cargos por Uso del Sistema de Distribución de Electricidad de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. Señala el actor, que las citadas normas establecen que la distribuidora podrá cobrar la totalidad de la energía consumida fraudulentamente, siempre que se compruebe el tiempo del fraude; sin embargo, expone que pese a que dentro del expediente administrativo de reclamo quedó probado que el período de fraude de G.F.I., S.A. comprende dieciséis (16) meses que van de junio de 2005 a octubre de 2006, la Autoridad Reguladora sólo reconoció un período de ocho (8) meses para la recuperación de energía y potencia consumidas fraudulentamente. La Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. alega igualmente la infracción de los artículos 976 y 1109 del Código Civil, que tratan sobre el perfeccionamiento y de los contratos y las obligaciones que de ellos nacen entre las partes. Expone el actor, que G.F.I., S.A., incumplió una obligación derivada del contrato, al no pagar por la energía eléctrica que consumió y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos sólo reconoció ocho (8) meses, pese haberse probado dieciséis (16) meses de fraude, lo que desconoce el derecho de EDEMET a recibir de G.F.I., S.A. el pago por al energía eléctrica consumida, y adicionalmente, ordena a la empresa distribuidora la acreditación o devolución en efectivo de la suma de B/.97,470.86, que G.F.I., S.A. nunca pagó. Otras normas legales cuya infracción se demanda lo son el numeral 2 del artículo 144 y el artículo 120 de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, por la cual se D. el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad. La Autoridad Nacional de los Servicios Público infringe dichas disposiciones legales toda vez, que no sólo no reconoció el derecho de EDEMET a la recuperación de toda la energía consumida fraudulentamente, sino que además, omitió multar a la empresa G.F.I., S.A. como lo indican las normas cuya infracción se anuncia. Agrega, que éstas disposiciones además, contemplan la obligatoriedad del pago de la totalidad del consumo de energía eléctrica y la Entidad demandada lo que hace es exonerar al cliente del pago de B/.172,988.90 correspondiente al consumo fraudulento según el Análisis de la Recuperación de Energía realizado por la Ingeniera Ileana de P. y en su lugar ordena a la distribuidora devolver o acreditar una suma de dinero que la empresa G.F.I., S.A. no ha pagado. Por otra parte, la actora demanda la infracción del artículo 28 de la Resolución JD-101 de 27 de agosto de 1997, modificado por la Resolución JD-121 de 30 de octubre de 1997, por medio de la cual se D. el Reglamento sobre los Derechos y Deberes de los Usuarios de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Electricidad y Telecomunicaciones. La infracción se sustenta en que la norma establece la obligación de los clientes de pagar por su consumo de energía eléctrica y la Resolución impugnada desconoció el derecho de EDEMET a cobrar la totalidad del pago de la suma adeudada por G.F.I., S.A. que asciende a B/.172,988.90 e ilegalmente le ordena devolverle una suma que nunca pagó. Otra norma cuya infracción se alega es el artículo 1643-A del Código Civil, que establece la obligación que tiene quien se enriquece sin causa a costa o en perjuicio de otro, de indemnizar al afectado en su correlativa disminución patrimonial. El concepto de la infracción es la violación directa por omisión, toda vez que la Autoridad demandada no consideró que en este caso se presentan los tres elementos, que según la doctrina y la jurisprudencia conforman el enriquecimiento sin causa, es decir, el enriquecimiento de una persona, el empobrecimiento de otra y que el enriquecimiento carezca de causa o cese de su causa. De igual manera se demanda la infracción del numeral 4, Capítulo VI, del Anexo A de la Resolución JD-1854 de 21 de febrero de 2000, que contiene el Manual de Normas y Condiciones para la Prestación del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica. Dicha norma contempla lo relativo al Cargo por F.. La infracción argüida radica en que ésta disposición reconoce a la empresa distribuidora el derecho de cobrar toda la energía eléctrica consumida de forma fraudulenta, siempre que compruebe el tiempo de fraude, y además le reconoce el derecho de cobrar los daños y gastos administrativos y operativos en que incurra por razón de la detección y regularización del fraude. Señala el demandante que EDEMET ha comprobado que G.F.I., S.A. incurrió en fraude desde junio de 2005 hasta octubre de 2006, es decir, dieciséis (16) meses, por lo que tiene derecho al pago de la totalidad de la energía consumida fraudulentamente, más los cargos administrativos, el 10% de recargo y la reconexión por suspensión del servicio eléctrico. Asimismo arguye el actor, que la Resolución demandada viola los artículos 143, 145 y 146 de la Ley 38 de 31 de Julio de 2000, que establece el Procedimiento Administrativo General y que regulan lo referente al deber de la autoridad competente de evaluar las pruebas a fin de decidir sobre su admisibilidad atendiendo a su conducencia respecto a los hechos que debe ser probados y tomar en consideración la normativa legal que rige la materia, así como la sana crítica como sistema de valoración de dichas pruebas, sin excluir la solemnidad documental que la Ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos o contratos; y, la motivación razonada del examen de los elementos probatorios y el mérito que le corresponde a los mismos. La infracción de las citadas disposiciones del Procedimiento Administrativo General se sustentan, en que la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A., junto con su contestación al reclamo que presentara G.F.I., S.A. ante la Entidad Reguladora presentó una serie de pruebas sobre las cuales la Autoridad nunca se pronunció respecto a su admisibilidad y aunque admitió algunas pruebas documentales, no citó a las personas indicadas para que comparecieran a reconocer y ratificar dichos documentos, como es el caso de las Actas de Inspección No.332260 de 26 de octubre de 2006 y 332263 de 7 de noviembre de 2006, por lo que las valoró indebidamente; y no se pronunció sobre otras. Agrega el actor, que de haberse practicado las pruebas solicitadas por EDEMET, la Autoridad hubiese comprendido que en el período de junio de 2005 a octubre de 2006, el histórico de facturación de consumo de G.F.I., S.A. presenta variaciones entre 3,000 kwh y 16,800 kwh, el cual es muy bajo para la actividad a la que se dedica dicho local, aunado a que no existían infraestructuras especiales para instalación de cables aéreos y plantas eléctricas, lo que descarta el uso de éste tipo de equipos durante el período indicado. Señala, que si se coteja ese histórico de facturación con el que se dio para el período de junio 2003 a mayo de 2005, se observa que el consumo eléctrico varió entre 22,800 kwh y 267,900 kwh por mes, valores de consumo éstos que corresponden y evidencian la magnitud del consumo eléctrico esperado para los meses en que se dan eventos en el Centro de Convenciones Figali. Agrega el actor, que la Autoridad no valoró conforme la sana crítica (lógica y experiencia) las actas de inspección de 26 de octubre y de 7 de noviembre de 2006, ni el CD aportado por EDEMET como prueba en el que constan los consumos que registró el medidor de bolsa ubicado en el Estadio M. en El C. (ver numeral 10.13 de la resolución demandada), y tampoco se refirió de forma razonada al examen de las pruebas que constan en el proceso administrativo y que demuestran el tiempo del fraude eléctrico cometido por G.F.I., S.A. La Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. argumenta la infracción del artículo 2 de la Resolución JD-1298 de 29 de marzo de 1999, que adopta a partir del 1 de julio de 1999 el procedimiento para atender las reclamaciones que se presenten al Ente Regulador de los Servicios Públicos, ahora Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, con motivo de la prestación del servicio público de electricidad. De igual manera, alega la violación de los artículos 22 y 24 de la Resolución No. JD-101 de 27 de agosto de 1997, modificada por la Resolución JD-121 de 30 de octubre de 1997 y por la Resolución No. JD-2457 de 18 de octubre de 2000, que contienen el Reglamento de los Derechos y Deberes de los Usuarios de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Electricidad y Telecomunicaciones. Las citadas normas establecen que la Autoridad debe rechazar de plano las reclamaciones que no hayan agotado previamente la instancia ante la empresa prestadora del servicio público, las cuales tienen un período de treinta (30) días calendario para resolver las quejas que presenten sus clientes y la interposición de una nueva queja en caso de no considerarse satisfecho, la cual resolverá la prestadora en un término de quince (15) días hábiles. Señala, que dentro del procedimiento administrativo no existe constancia de que G.F.I., S.A., haya presentado reclamo alguno ante la prestadora, antes de acudir a la Autoridad Nacional de los Servicios Público; puesto que el haber hecho una simple anotación en la Nota mediante la cual se le comunica la recuperación a efectuarse, no constituye formal reclamo, omitiendo el procedimiento ante la empresa prestadora del servicio de electricidad y por ello la Autoridad debió rechazar de plano la reclamación presentada por G.F.I., S.A. Finalmente EDEMET demanda la infracción del artículo 36 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, que establece, "ningún acto podrá emitirse o celebrarse con infracción de una norma jurídica vigente, aunque éste provenga de la misma autoridad que dicte o celebre el acto respectivo. Ninguna autoridad podrá celebrar o emitir un acto para el cual carezca de competencia de acuerdo con la Ley y los reglamentos". El concepto de la infracción se ciñe en que la Resolución AN No.240-AP de 28 de enero de 2008, fue emitida en abierta contradicción de las normas jurídicas vigentes antes detalladas, por lo que la misma debe ser declarada nula por ilegal. III. INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA De la demanda instaurada se corrió traslado al Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, para que rindiera un informe explicativo de su actuación, el cual fue aportado mediante Nota No. DSAN-1258 de 6 de mayo de 2008, en el cual se expone básicamente, que la Autoridad Reguladora en primera instancia denegó la reclamación presentada por GRUPO F. INTENACIONAL, S.A. en virtud de que el cliente no agotó las instancias correspondientes para la presentación del reclamo, establecidas en los artículos 22 y 23 de la Resolución No. JD-101 de 27 de agosto de 1997, decisión ésta que fue objeto de recurso de reconsideración por parte del reclamante, siendo negada y manteniéndose la decisión adoptada. Continúa señalando, que G.F.I., S.A. interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia y mediante Resolución AN No.240-AP de 28 de enero de 2008, se aceptó parcialmente el reclamo propuesto, al considerarse que el día 9 de noviembre de 2006, el cliente G.F.I., S.A. presentó formal reclamo ante la empresa distribuidora, mediante la nota manuscrita en la parte inferior de la Nota GCOMPA-1405-2006 de 8 de noviembre de 2006, la cual formó parte del expediente de reclamo desde el inicio, y a la fecha en que se presentó el reclamo ante la Autoridad Reguladora, ya habían transcurrido dos (2) meses y once (11) días desde que interpuso su reclamo ante el prestador sin que éste diera respuesta a su queja. La Autoridad tomo en consideración, que de acuerdo con el artículo 24 de la Resolución No.101 de 27 de agosto de 1997, los clientes pueden reclamar personalmente, por teléfono, telégrafo o por otro medio que los prestadores de los servicios públicos pongan a su disposición, por lo que atendiendo a lo que dispone la Ley, no hay formalidades para presentar un reclamo ante el prestador. De igual manera informa la Autoridad, que el reclamo fue aceptado parcialmente porque con las pruebas incorporadas al expediente se corroboró que G.F.I., S.A. estaba consumiendo energía fraudulentamente; sin embargo, no se llegó a comprobar fehacientemente desde cuándo inició el fraude eléctrico, puesto que la empresa distribuidora no aportó los consumos que pudo haber registrado el medido de bolsa ubicado en el Estado M. del C., ni el consumo de los otros clientes de A., pruebas necesarias para poder establecer los consumos dejados de registrar por G.F.I., S.A. Agrega, que el Régimen Tarifario Vigente, aprobado por la Autoridad Reguladora, establece que sólo se podrá cobrar una estimación de la facturación, por todo el período comprobado en la detección del fraude y si tal período no se ha podido comprobar, la empresa distribuidora sólo podrá cobrar una estimación en la facturación, por un período de hasta seis (6) meses, más un recargo de hasta diez por ciento (10%), y la Autoridad de acuerdo a las pruebas traídas al expediente, consideró ocho (8) meses para el estimado de la demanda (marzo-octubre de 2006) y cuatro (4) días para el estimado de la energía dejada de facturar. IV. CONTESTACIÓN DE G.F.I., S.A. A LA DEMANDA PRESENTADA POR LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO OESTE, S.A. En su contestación a la demanda G.F.I., S.A. señaló, que no es cierto que el F.C.C. requiera "una gran cantidad de energía y potencia para funcionar", porque ésta puede variar y no existir, ser pequeña, mediana o grande, toda vez que la cantidad de energía varía según los requerimientos del propio artista; que la energía puede ser proporcionada por plantas eléctricas o por las líneas de suministro público, porque el artista trata de minimizar la posibilidad de daños a sus equipos electrónicos causados por variaciones de voltaje; que en el F.C.C. siempre que hay eventos hay plantas eléctricas y la existencia de consumo y la cantidad del mismo depende de las exigencias de los promotores que derivan a su vez de las exigencias técnicas de los artistas. Agrega, que no hubo ninguna personas de G.F.I., S.A. presente durante las diligencias de inspección realizadas, ni cuando se tomó la primera medición de carga de 188.7 amperios de la cámara, por ello ningún representante de la misma firmó el acta de la inspección, aunado a que es ilegal y violatoria del debido proceso porque en su práctica no participó ningún representante de G.F.I., S.A., del Ministerio Público, de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos o de un N.P.. Señala, que los cuatro pedazos de cables cortados encontrados no alteraban ni alteran la capacidad de medición de la energía que se consume, y se acreditó en el expediente mediante peritos, que los mismos pudieron haber sido dejados allí por quien hizo la instalación del medidor; aunado a ello, debido a las actividades que se realizan en el F.C.C., nunca el consumo de energía es constante y similar, ni puede ser promediado sin tomar en cuanta esa realidad y el consumo de energía si puede ser de "0", inclusive durante los eventos, cuando la misma es proporcionada por plantas eléctricas, lo cual es bastante común. Continúa expresando G.F.I., S.A., que no existe ninguna anomalía encontrada en las instalaciones eléctricas durante las inspecciones cuyas actas no fueron firmadas por ningún representante de G.F.I., S.A. al no estar de acuerdo con la información en ellas plasmadas unilateralmente por la empresa distribuidora. Señala, que si bien es cierto EDEMET presentó querella criminal por supuesto delito de estafa argumentando un supuesto fraude de energía eléctrica, mediante Auto Vario No.225 de 8 de agosto de 2008 el Juzgado Décimo Cuarto Penal, decretó la Nulidad del Sumario porque las actas 322260 de 26 de octubre de 2006 y 322263 de 7 de noviembre de 2006 y la extraída o bajada del medidor de esa misma fecha eran pruebas ilegales e ilícitas. Por otro lado manifiesta, que no es cierto que el artículo 24 de la Resolución JD-101 de 27 de agosto de 1997 y sus modificaciones establece formalismos fatales para la presentación del reclamo, muy por el contrario, flexibiliza a favor del usuario permitiéndole que lo presente por diversos medios e inclusive verbalmente, en este caso fue de manera escrita al momento de recibir el documento. Acepta G.F.I., S.A., que no ha pagado a EDEMET suma alguna de dinero en concepto de energía consumida fraudulentamente, ya que en el expediente administrativo no quedó demostrada ninguna alteración a las instalaciones eléctricas que pudiera causar que no se midiera la energía consumida. A., que es cierto que en el cuarto eléctrico no existían instalaciones para la utilización de plantas eléctricas para reducir el consumo de energía, pero que ello no significa que no se pudiera hacer directamente en las torres de aires acondicionados, lo que quedó expuesto en el Acta de Inspección No.001 de 18 de abril de 2007, realizada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos En cuanto a las normas alegadas como infringidas advierte, que G.F.I., S.A. presentó Demanda de Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción por no estar de acuerdo con lo resuelto por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, ya que EDEMET no comprobó fraude alguno, violándose el trámite y el debido proceso al establecer un período de recuperación, dando por acreditados hechos que no fueron probados en el expediente administrativo; toda vez que, según las disposiciones aplicables, la distribuidora debe "descubrir y comprobar" y ninguno de ellos ha sido acreditado fehacientemente en el expediente, puesto que lo encontrado no afectaba la medición de corriente o demanda. Agrega, que G.F.I., S.A. no pagó suma de dinero alguna por razón del supuesto fraude porque tenía plantas eléctricas para seguir operando el F.C.C. y por tanto la alegada violación de normas apoyada en el incumplimiento de contrato para sustentar que EDEMET no tiene que devolver suma alguna es innecesaria porque la propia resolución demandada señala que previamente debe comprobarse el pago realizado por G.F.I., S.A. Expresa que G.F.I., S.A. ha pagado por los servicios de electricidad que efectivamente recibe y se ha negado a pagar un alcance retroactivo derivado de un "análisis de recuperación de energía" que se ha hecho por EDEMENT basados en un fraude que no está comprobado en el expediente, pues no existe en las instalaciones eléctricas ninguna alteración o irregularidad que cause que no se pueda medir el consumo eléctrico del F.C.C. y por tanto tampoco tiene que pagar el 10% de recargo reclamado. En cuanto a la ilegalidad argüida por EDEMET basada en que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos no se pronunció respecto a las pruebas presentadas, G.F.I., S.A. manifestó, que EDEMET nunca presentó recurso alguno contra las resoluciones emitidas por la entidad reguladora, ni oposición alguna a los recursos presentados por G.F.I., S.A., fundamentados en que no se practicaron las pruebas que solicitó. Agrega, que en la parte motiva del acto demandado se describe de manera discrecional las pruebas presentadas por EDEMET y las analiza hasta llegar a la parte resolutiva. Por otra parte expone, que G.F.I., S.A. sí cumplió con la presentación de su reclamo de manera escrita ante EDEMET, antes de acudir a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, ya que las normas vigentes no establecen formalismos fatales para la presentación del reclamo sino que más bien lo flexibiliza por lo que la entidad demandada actuó correctamente al aceptar el reclamo. SEGUNDO CASO: I. PRETENSIÓN DE G.F.I., S.A. La parte actora solicita a la S. Tercera de Corte Suprema de Justicia, que declare que son nulas por ilegales la Resolución 1238-AU-Elec de 10 de septiembre de 2007 y la Resolución AN No.1347-AU-Elec de 15 de noviembre de 2007, ambas proferidas por el Director Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario conjuntamente con el Director Nacional de Atención al Usuario de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, así como la Resolución AN No.240-AP de 23 de enero de 2008, proferida por el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, mediante la cual se resolvió el Recurso de Apelación propuesto por G.F.I., S.A. contra la Resolución AN No.1238-AU-Elec de 10 de septiembre de 2007. Finalmente solicita, que se declare que la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. no ha demostrado que G.F.I., S.A., ha consumido energía fraudulentamente y por tanto no esta obligada a pagar a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A., suma alguna en concepto de recuperación de energía no registrada. II. DISPOSICIONES ALEGADAS COMO INFRINGIDAS POR LA RESOLUCIÓN DEMANDADA Y EL CONCEPTO DE SU INFRACCIÓN. El demandante G.F.I., S.A. alega la violación directa por omisión del artículo 34 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, que establece el Procedimiento Administrativo General y que señala, que las actuaciones administrativas en todas las entidades públicas deben efectuarse con arreglo a las normas de imparcialidad, uniformidad o congruencia, garantizando el cumplimiento del debido proceso legal con objetividad y apego al principio de estricta legalidad. El concepto de la infracción se sustenta, en que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos no aplicó el principio de estricta legalidad que señala que nadie puede ser sancionado si no existen pruebas y vinculación directa con el hecho sancionado por la Ley, ya que, frente al hecho de que al bajar la data del medidor inspeccionado el día 7 de noviembre de 2006, se observa que los canales de energía registran valores cero (0) los días en que se llevaron a cabo algunos eventos en el Centro de Convenciones Figali, la entidad demandada no valoró las pruebas y descargos de G.F.I., S.A., en el sentido que los propios funcionario de EDEMET cortaron y sacaron los cables en sitio de cámara de paso y que el F.C.C. utilizaba plantas de energía para sus eventos en esa época y posteriormente, con el propósito de minimizar el consumo de energía eléctrica, y la prueba de ello es que luego del corte del suministro eléctrico en el F.C.C. se han realizado varios eventos, sin contar con el suministro de la empresa distribuidora. De igual manera, el actor alega la violación directa por omisión del artículo 146 también de la Ley 38 de 2000, en el que se establece la obligación del funcionario público que emite una decisión, de exponer razonadamente el examen de los elementos probatorios y el mérito que les corresponde, es decir la motivación legal. Según el demandante, la citada infracción se produce porque la Autoridad Reguladora en los actos administrativos demandados no expuso el examen de los elementos probatorios ni el mérito que les correspondía, pues de haberlo hecho habría advertido que EDEMET no demostró el uso ilegítimo de energía eléctrica y por tanto el derecho al cargo por recuperación. Asimismo se plantea la violación directa por omisión del artículo 150 de la citada Ley 38 de 2000, que establece, que la carga de la prueba de los hechos o datos que constituyan el supuesto de hecho de las normas que le son favorables corresponde a la parte que lo alegue, el cual se viola en virtud de que, si EDEMET afirmaba que G.F.I., S.A. había consumido energía eléctrica de manera fraudulenta, debió aportar los elementos probatorios que lo acreditaran fehacientemente, y al no hacerlo la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos no debió condenar a G.F.I., S.A. al pago de un cargo por recuperación de energía. De igual manera, con la decisión emitida por la Entidad Reguladora se infringe por omisión del artículo 154 de la Ley 38 de 2000, la cual señala que la resolución que decida una instancia o un recurso, decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y las derivadas del expediente, que sean indispensables para emitir una decisión legalmente apropiada y que la aceptación de informes y dictámenes servirá de motivación a la resolución, cuando se incorporen a su texto. De acuerdo con lo planteado por el actor, la violación se produce porque la Autoridad demandada no tomó en cuenta los descargos y elementos probatorios propuestos por G.F.I., S.A. y faltó a la imparcialidad y a la defensa de los derechos de un cliente consumidor. Finalmente se alega la infracción directa por omisión del artículo 12 de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, que D. el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad, que establece los casos en los cuales el distribuidor estará facultado para suspender los servicios. La infracción se sustenta en que la suspensión del servicio de suministro eléctrico solo puede darse en caso de uso de energía eléctrica fraudulenta, cuando el fraude sea comprobado; sin embargo, en este caso ello no ha sido probado y lo que existen son meras suposiciones o alegaciones de la empresa de distribución eléctrica. III. INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA De la demanda instaurada se corrió traslado al Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, para que rindiera un informe explicativo de su actuación, el cual fue aportado mediante Nota No. DSAN-1889 de 3 de julio de 2008, en la cual se expone básicamente, que la Autoridad Reguladora en primera instancia denegó la reclamación presentada por GRUPO F. INTENACIONAL, S.A. en virtud de que el cliente no agotó las instancias correspondientes para la presentación del reclamo, establecidas en los artículos 22 y 23 de la Resolución No. JD-101 de 27 de agosto de 1997, decisión ésta que fue objeto de recurso de reconsideración por parte del reclamante, siendo negada y manteniéndose la decisión adoptada. G.F.I., S.A. interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia y mediante Resolución AN No.240-AP de 28 de enero de 2008, se aceptó parcialmente el reclamo propuesto, al considerarse que el día 9 de noviembre de 2006, el cliente G.F.I., S.A. presentó formal reclamo ante la empresa distribuidora, mediante la nota manuscrita en la parte inferior de la Nota GCOMPA-1405-2006 de 8 de noviembre de 2006, la cual formó parte del expediente de reclamo desde el inicio y a la fecha en que se presentó el reclamo ante la Autoridad Reguladora ya habían transcurrido dos (2) meses y once (11) días desde que interpuso su reclamo ante el prestador sin que éste diera respuesta a su queja. La Autoridad tomo en consideración, que de acuerdo con el artículo 24 de la Resolución No.101 de 27 de agosto de 1997, los clientes pueden reclamar personalmente, por teléfono, telégrafo o por otro medio que los prestadores de los servicios públicos pongan a su disposición, por lo que atendiendo a lo que dispone la Ley, no hay formalidades para presentar un reclamo ante el prestador. De igual manera informa la Autoridad, que el reclamo fue aceptado parcialmente porque con las pruebas incorporadas al expediente se corroboró que G.F.I., S.A. estaba consumiendo energía fraudulentamente; sin embargo, no se llegó a comprobar fehacientemente desde cuándo inició el fraude eléctrico, puesto que la empresa de distribuidora no aportó los consumos que pudo haber registrado el medidor de bolsa ubicado en el Estado M. del C., ni el consumo de los otros clientes de A., pruebas necesarias para poder establecer los consumos dejados de registrar por el medidor de G.F.I., S.A. Agrega, que el Régimen Tarifario Vigente, aprobado por la Autoridad Reguladora, establece que sólo se podrá cobrar una estimación de la facturación, por todo el período comprobado en la detección del fraude y si tal período no se ha podido comprobar, la empresa distribuidora sólo podrá cobrar una estimación en la facturación, por un período de hasta seis (6) meses más un recargo de hasta diez por ciento (10%) y la Autoridad de acuerdo a las pruebas traídas al expediente, consideró ocho (8) meses para el estimado de la demanda (marzo-octubre de 2006) y cuatro (4) días para el estimado de la energía dejada de facturar. IV. CONTESTACIÓN DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO OESTE, S.A. A LA DEMANDA PRESENTADA POR G.F.I., S.A. La Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. al contestar la demanda presentada por G.F.I., S.A. solicita a esta S. que desestime las pretensiones de la parte actora respecto a la declaratoria de nulidad de la Resolución AN No. 1238-AU-Elec de 10 de septiembre de 2007 y de la Resolución AN No.1347-AU-Elec de 15 de noviembre de 2007, ambas emitidas por el Director de Electricidad, Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Gas Natural, en conjunto con el Director General de Atención al Usuario de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. En cuanto a la pretensión de que se declare ilegal la Resolución AN No.240-AP de 28 de enero de 2008 emitida por el Administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, solicita que la misma sea declarada, pero no por los argumentos expuesto por el demandante dentro de esta acción contencioso administrativa, sino por los motivos de ilegalidad expuestos en la demanda contencioso administrativa propuesta por EDEMET contra el mismo acto administrativo. En ese sentido solicita que se hagan las siguientes declaraciones: Que G.F.I., S.A. consumió energía de forma fraudulenta y por tanto se desestime el reclamo que presentó contra el importe de recuperación de energía y potencia a la que tiene derecho EDEMET. Que EDEMET tiene derecho a recibir de G.F.I., S.A. el pago de la suma de B/.172,988.90 correspondiente a 504683 Kwh de energía y una potencia de 7795 KW, más los cargos administrativos, el 10% de recargo y la reconexión, más los intereses legales hasta la total cancelación de dicha suma. Que EDEMET no tiene obligación de otorgar un crédito ni devolver en efectivo a G.F.I., S.A. la suma de 97,470.86 indicada en la resolución demandada, toda vez que G.F.I., S.A., no ha realizado ningún abono o pago a EDEMET en concepto de energía y potencia consumidas fraudulentamente. Expone además la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A., que se probó fehacientemente el consumo fraudulento de energía eléctrica por parte de G.F.I., S.A. y todo el período durante el cual se dio, por lo que el corte del suministro eléctrico fue realizado de conformidad con la legislación vigente, ya que el 26 de octubre de 2006 personal de EDEMET realizó una inspección a las instalaciones del F.C.C., donde se constató el consumo fraudulento de energía eléctrica cometido por GRUPO F. INTERCACIONAL, S.A. y a pesar de ello, ese día no desconectó los equipos de suministro ni suspendió el servicio eléctrico, y agrega que EDEMET no tiene que contar con la participación de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, ni del Ministerio Público ni de un N.P. para realizar inspecciones a las instalaciones eléctricas de los suministros de sus clientes y realizar mediciones de energía eléctrica. Agrega, que el 7 de noviembre de 2006 empleados de EDEMET nuevamente visitaron al cliente F.C.C. a fin de realizar una revisión al medidor y debido a las anomalías encontradas, le suspendieron el suministro eléctrico, aunado a que la inspección llevada a cabo por la Autoridad Reguladora demuestra que las instalaciones eléctricas del F.C.C. no eran aptas para la conexión de plantas eléctricas. En cuanto a las normas que el actor demanda como violadas, señala la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. señala, que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos no ha infringido los artículos 34 y 154 de la Ley 38 de 2000, ya que los actos administrativos demandados por G.F.I., S.A. se fundamentan en el procedimiento establecido para reclamos y la Autoridad Reguladora corroboró la existencia del consumo fraudulento de energía eléctrica por parte de dicha sociedad y que sus instalaciones eléctricas no eran aptas para la conexión de plantas eléctricas, y a pesar de que en el expediente se contaba con las pruebas que acreditaban un consumo fraudulento de dieciséis (16) meses, sólo se reconocieron ocho (8) meses, por lo que tampoco debe prosperar la alegada infracción del artículo 150 de la Ley 38 de 2000. Que el hecho de no haberse considerado todo el período probado para la recuperación de la energía consumida fraudulentamente, es la razón por la cual el Ente Regulador viola el artículo 146 de la Ley 38 de 2000, al valorar indebidamente los elementos probatorios que acreditan ese término, y no por las alegaciones vertida por el demandante G.F.I., S.A. Finalmente, respecto a la violación del artículo 121 de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, contestó la distribuidora, que según G.F.I., S.A. se verificó porque la suspensión del servicio de suministro de electricidad sólo procede en caso de comprobarse el fraude, lo cual no se dio. OPINIÓN DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN, RESPECTO A AMBAS DEMANDAS. Mediante Vista Nº.264 de 12 de marzo de 2010, el Procurador de la Administración, solicitó a la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que declare que no es ilegal la Resolución No. AN 240-AP del 28 de enero de 2008, dictada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, en virtud de las siguientes consideraciones: 1. El Acto impugnado fue emitido por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos con estricto apego a las normas que regulan la materia. 2. El reclamo fue presentado por G.F.I., S.A. y admitido por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de conformidad con la normativa aplicable. 3. La suma de B/.75,518.14 que ordenó la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos a G.F.I., S.A. debía pagar a la empresa distribuidora, encuentra sustento en la inspección realizada por dicha Entidad Reguladora a las instalaciones del cliente, en la cual se detectó una serie de anomalías, lo que la llevó a concluir que las señales de tensión que entraban al medidor eléctrico fueron manipuladas, con la finalidad de que no registrara la energía eléctrica consumida, por haberse cortado los cables de la señal de tensión, lo cual infringe el contenido de artículo 33 de la Resolución JD-101 de 27 de agosto de 1997 y sus modificaciones. 4. Que la infracción de dicha norma da derecho al prestador del servicio de electricidad a obtener la compensación correspondiente establecida en las disposiciones pertinentes, por lo que se procedió a decidir la controversia planteada de conformidad con lo establecido en el numeral 1.10 del Régimen Tarifario de Distribución y Comercialización de Electricidad, aprobado mediante Resolución JD-3224 de 28 de febrero de 2002 y sus modificaciones, cuyo período de aplicación fue prorrogado por la Resolución JD-5930 de 31 de marzo de 2006. 5. Que en atención a la norma, para el cálculo de la recuperación de energía eléctrica se consideró las pruebas aportadas al expediente administrativo considerando ocho (8) meses para el estimado de la demanda y cuatro (4) días para el de la energía dejada de facturar, en virtud de que la empresa de distribución no logró acreditar dentro del proceso que el fraude en su contra hubiese sido cometido por un período mayor. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO OESTE, S.A. Examinados los alegatos de conclusión de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. visibles de foja 1535 a 1586 del expediente, en el mismo la parte concluye que ha quedado plenamente acreditado, que conforme a la legislación vigente en la época en que se suscitaron los hechos G.F.I., S.A. debió presentar reclamo ante la empresa distribuidora para luego acudir a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y al no hacerlo debió rechazarse de plano su reclamo. Señala, que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos reconoció que G.F.I., S.A. cometió fraude de consuno eléctrico, el cual consistió en que los cables de las señales de tensión o voltaje que salen de las terminales del lado de bajo voltaje del transformador de potencia en uso y que llevan la señal de voltaje al medidor, fueron cortados y luego conectados en un punto distinto al que originalmente conectó la empresa distribuidora. Expone, que las instalaciones eléctricas del F.C.C. no estaban preparadas para la conexión de plantas eléctricas ni para que éstas alimentaran las torres de enfriamiento, por lo que con ello se prueba que no operaba con plantas de energía; y adiciona que la información contenida en la Bolsa totalizadora del M., da cuenta de que el consumo de G.F.I., S.A. era mucho mayor al que registraba su medidor, porque en los días de eventos, el registro del medidor del Centro de Convenciones estaba en cero (0) en el período horario de alta demanda eléctrica, registrado en el medidor de la bolsa de energía de A. 6-52 y cada uno de los días en que se daban los eventos, las tres señales de medida del medidor de G.F.I., S.A. eran desconectadas, ya que la desconexión de una o dos señales reduciría la demanda de un tercio a dos tercios, sin embargo la reducción de la demanda eléctrica registrada fue total, es decir, registró cero (0). Finalmente indica, que la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A., en base a la legislación vigente, recuperó un período de fraude de dieciséis (16) meses, de junio 2005 a octubre de 2006, ya que así se demostró, por lo que tiene derecho a recibir de G.F.I., S.A. el pago de la suma de B/.172,988.90, correspondiente a la energía eléctrica consumida fraudulentamente. G.F.I., S.A. Revisados los argumentos finales de G.F.I., S.A., en los mismos se concluye, que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos incurrió en falta de imparcialidad y fue ineficaz al no evacuar el DVD aportado como prueba, dentro del cual están filmadas las inspecciones que la empresa distribuidora hizo al Centro de Convenciones Figali los días 26 de octubre y 7 de noviembre de 2006, procediendo a emitir una resolución sancionatoria sin examinar las pruebas y sin que se demostrara la vinculación directa de G.F.I., S.A. con el supuesto fraude. Agrega que tampoco se consideró los comprobantes de compras de cables, de alquiler y de compra de plantas eléctricas, así como de diligencias notariales y declaraciones juradas que desvirtúan las argumentaciones de la empresa distribuidora. Sólo se valoraron los argumentos, suposiciones y deducciones de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A., sin valorar ningún medio probatorio presentado por G.F.I., S.A. Manifiesta además, que el medidor no tenía ninguna alteración que afectara su capacidad de medir. Que el candado que sella la puerta del transformador dentro del cual están las barras de potencia, los cables que llevan las señales de tensión al medidor y que registra la energía y demanda consumida, era de Unión Fenosa y por ello G.F.I., S.A. no tenía forma de manipular los cables cortarlos o desconectarlos; y en cuanto al pasadizo secreto que menciona la empresa distribuidora existe en las instalaciones del centro de convenciones, es una instalación para mangueras contra incendio que tienen en muchas partes el F.C.C.. A.lmente señala, que las plantas eléctricas que había en el F.C.C. el día 26 de octubre de 2006 eran cinco (5) y no dos (2) como maliciosamente aseveran los peritos y testigos de Unión Fenosa, los cuales sí podían manejar la carga del lugar. Agrega, que existió irregularidad al momento de la confección de las actas de inspección, al momento de bajar la data del medidor del F.C.C. y al momento de bajar la data de la bolsa de energía del M.. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA. 1. Competencia Esta S. de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción, promovida contra los actos administrativos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 206 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 97 numeral 1 del Código Judicial. 2. Legitimación activa y pasiva En ambos casos, las sociedades Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. y G.F.I., S.A., como personas jurídicas que recurre en defensa de sus derechos e intereses, contra la Resolución AN No.240-AP de 28 de enero de 2008, emitida por el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, razón por la cual se encuentran legitimadas para promover las Demandas Contencioso Administrativas de Plena Jurisdicción acumuladas. El acto demandado fue emitido por el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, lo cual lo legitima como sujeto pasivo en el presente Proceso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción. La Procuraduría de la Administración en estas demandas de plena jurisdicción, por mandato del numeral 4 del artículo 5 de la Ley No.38 de 2000, actúa en interés de la Ley. 3. Transacción Extrajudicial Antes de adentrarnos en el análisis de los cargos de infracción denunciados por la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. y por G.F.I., S.A., la S. advierte, que de foja 1626 a 1655 del infolio, el Procurador de la Administración pone en conocimiento del Tribunal, la Transacción Extrajudicial suscrita entre G.F.I., S.A. y el Ministerio de Economía y Finanzas, que según informa, constituye un hecho extintivo del derecho sustancial que invoca dicha sociedad en el presente proceso, ya que en ella renuncia de manera absoluta y definitiva a los reclamos y acciones judiciales que había interpuesto en contra del Estado, y adjunta copia autenticada del referido Convenio de Transacción Extrajudicial, el cual cuenta con la autorización del Consejo de Gabinete, según consta en la Resolución No.183 de 29 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial 26,924 de 2 de diciembre de 2011, con el concepto favorable del Procurador General de la Nación mediante Nota Núm. PGN-FAC.206-11, y el refrendo de la Contraloría General de la República de 27 de marzo de 2012, en virtud de lo cual solicita se declare la sustracción de materia en el proceso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción instaurado por G.F.I., S.A. contra la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (v.f.1648 a 1655). En el considerando Séptimo de dicho Convenio se establece lo siguiente: "SÉPTIMA: Que G.F.I., S.A., manifiesta voluntariamente, por este medio, su intención de terminar por mutuo acuerdo el Contrato No.372-01 de 17 de enero de 2002 y transferir a LA NACIÓN todas las mejoras construidas por G.F.I., S.A., sobre las parcelas 4, 5, 6 (AM03-06A y AM03-06B) y 7 , así como todos los bienes muebles requeridos para el funcionamiento del centro de convenciones ubicado en la parcela 5, secuestrados a la fecha por el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS y los cuales se encuentran desglosados en el Anexo A. Lo anterior, con la finalidad de cancelar todas las deudas y obligaciones que mantiene G.F.I., S.A., descritas en la cláusula sexta del presente convenio y en consecuencia desistir inclusive de manera definitiva de cualquier proceso, pretensiones, litigios o controversias que mantenía o mantiene a la fecha relacionadas con los bienes y/o las parcelas que le fueron otorgadas en arrendamiento y/o concesión en el área de A., y respecto a cualquier institución del Estado, sus representantes legales y funcionarios". De igual manera, en la Cláusula Séptima G.F.I., S.A. "renuncia y desiste de acciones o reclamos pasados, presentes o futuros de cualquier clase o naturaleza, demandas y pretensiones de cualquier clase o naturaleza contra cualquier entidad del Estado, sus representantes y sus funcionarios. En consecuencia, por este medio aceptan y declaran las partes que cualquiera de ellas queda facultada para presentar este convenio extrajudicial ante las autoridades competentes que sea del caso, a fin de solicitar y obtener el desistimiento absoluto y definitivo y el archivo de todas y cualesquiera acciones, demandas y procesos en trámite ante cualquier instancia judicial, administrativa o de instrucción en organismos o tribunales nacionales o internacionales que se encuentren en trámite a la fecha de perfeccionamiento del presente convenio por causa de acciones interpuestas por G.F.I., S.A., lo cual incluye pero no se limita a la presentación por cualquiera de las partes, inclusive el desistimiento de la pretensión en los procesos que se listan a continuación y en cualquier otro proceso o controversia, existente o pendiente, de cualquier clase o naturaleza contra cualquier entidad del Estado interpuesto por G.F.I., S.A. ...." Por su parte G.F.I., S.A. presentó oposición a la solicitud de sustracción de materia basada en la existencia del Convenio de Transacción Extrajudicial, en virtud de que el presente Proceso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción no guarda relación alguna con el documento portado por el Procurador de la Administración ni en su contenido puede ser vinculado a las controversias que G.F.I., S.A. sostiene con el Estado y en ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene facultad alguna para comprometer a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A., ni a la Caja de Ahorros ni a la Autoridad Marítima de Panamá, entidades éstas de naturaleza autónoma. La parte expone además, que no puede ser válida una transacción extrajudicial que fue autorizada por razón de una deuda con un valor que posteriormente fue variado por el propio Estado en el año 2014. Finaliza señalando que para que el documento presentado tenga validez, debe existir previamente el cumplimiento de obligaciones recíprocas que no es el caso y su cumplimiento formal se acredita mediante el finiquito de las obligaciones en él contemplado, documento que no existe, por lo que lo rechaza tanto en su contenido, forma de celebración y validez, y solicita se compulse copias al Ministerio Público a fin de que se investigue su carácter de documento alterado, ya que no constar la firma del Representante Legal de G.F.I., S.A. De lo descrito, la S., luego de realizar el análisis del Convenio de Transacción Extrajudicial y los documentos que el señor Procurador de la Administración adjuntó a la misma, así como el escrito de oposición a la solicitud de sustracción de materia propuesta, y las constancias procesales incorporadas al expediente que ocupa nuestra atención, estima que la renuncia de manera absoluta y definitiva a los reclamos y acciones judiciales que había interpuesto G.F.I., S.A. en contra de cualquier institución del Estado, carece de validez para emitir un pronunciamiento dirigido a declarar la sustracción de materia o la extinción del derecho sustancial que le asiste a G.F.I., S.A. dentro del presente proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción. La Resolución de Gabinete No.183 de 29 de noviembre de 2011, por medio de la cual el Consejo de Gabinete autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir Convenio de Transacción Extrajudicial con G.F.I., S.A., deja claramente establecido, que el objeto de la transacción es suscribir un convenio con fundamento en la figura de la Dación en Pago que incluiría la entrega voluntaria al Estado de todos los bienes inmuebles que se encuentran dentro de la zona de concesión del Contrato No.372-01 de 17 de enero de 2002, celebrado entre la Autoridad de la Región Interoceánica, actual Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Fianzas, y de todos los bienes muebles que sean necesarios para el desarrollo de las operaciones de las parcelas 4, 5 y 7 del sector de A., con el propósito de cancelar todas las obligaciones pendientes que mantiene G.F.I., S.A. a la fecha, con la Nación. Si bien es cierto, en la referida resolución se estableció que el Ministerio de Economía y Finanzas considera conveniente para los mejores intereses públicos, poner fin a una serie de litigios y controversias mantenidos con G.F.I., S.A., no podemos dejar de lado el hecho de que el Convenido de Transacción Extrajudicial fue celebrado para dar por terminado el Contrato No.372-01 de 17 de enero de 2002, suscrito entre la Autoridad de la Región Interoceánica, actual Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Fianzas y G.F.I., S.A., lo que no tiene porque afectar los derechos de reclamo y acciones que ésta última tiene frente a otras instituciones de las cuales no consta que hayan autorizado al Ministerio de Economía y Finanzas a actuar en su representación. Debemos tener presente el hecho cierto de que, si bien la Demanda Contencioso Administrativa presentada por G.F.I., S.A. tiene como parte demandada a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, las pretensiones van dirigidas a variar la decisión que ésta emitió dentro de un conflicto entre particulares, donde se discuten aspectos relativos al reconocimiento de una infracción a las normas reguladoras de la prestación del servicio públicos de suministro eléctrico y la obligatoriedad de realizar un pago en concepto de recuperación de energía consumida fraudulentamente. Estima la S., que el Convenio de Transacción Extrajudicial al que hacemos referencia no afecta las relaciones jurídicas o económicas que G.F.I., S.A. mantenga con otras instituciones públicas del Estado, si ello no deviene directamente del contrato objeto de la transacción y por razón de la cual se dio la dación en pago, por ello entiende la S. que cuando en el Convenido de Transacción Extrajudicial se señala que G.F.I., S.A. "renuncia y desiste de acciones o reclamos pasados, presentes o futuros de cualquier clase o naturaleza, demandas y pretensiones de cualquier clase o naturaleza contra cualquier entidad del Estado, sus representantes y sus funcionarios..." se refiere a todo proceso que por razón de su objeto deviene directamente del Contrato No.372-01 de 17 de enero de 2002, que posteriormente originó la celebración del Convenio de Transacción Extrajudicial para dar por terminado el mismo, con fundamento en una dación en pago. 4. Problema Jurídico a resolver en la presente controversia De lo planteado por las partes del proceso, deducimos en el presente caso como problema jurídico a resolver, los siguientes: a) Determinar en primer lugar, si al emitir el acto administrativo impugnado, la entidad demandada se ajustó a lo dispuesto en la normativa vigente aplicable a la tramitación y decisión de los reclamos por recuperación de energía consumida y no registrada contra la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. En primer lugar, considera la S. necesario pronunciarse sobre los incidentes de tacha de perito, interpuesto por la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A., a través de su apoderado especial, dentro de las presentes Demandas Contencioso Administrativas de Plena Jurisdicción. En ese sentido y en atención a lo dispuesto al artículo 703 del Código Judicial, procederemos a declarar desiertos los Incidentes de Tacha de los Peritos M.T. (262/08-B), F. Bellido (262/08-C) y J.F. (262/08.D), toda vez, al no practicarse las pruebas periciales para las cuales fueron designados, en virtud de su inadmisión en el proceso, los incidentes presentados no influye en la decisión que se presta a emitir esta Superioridad. En cuanto a las dos tachas del perito G.P.F. (262/08-E y 262/08-F), deben declararse no probadas en virtud de que las mismas vienen sustentadas, en primer lugar, en el hecho de que G.F.I. S.A. lo designa como perito en dos pruebas las cuales no fueron admitidas por esta S., y en virtud de ello no procede la tacha, y respecto a la prueba pericial en aspectos técnicos de electricidad pedida por la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. cuya tacha del perito G.P.F. se fundamenta en la causal de impedimento y recusación contenida en los numerales 1 y 4 del artículo 78 de la Ley 135 de 1943, señalando que como quiera que el Ingeniero G.P.F., ya había intervenido en aspectos relevantes discutidos en este proceso y ha formado parte de los hechos o actos a los que se refiere el mismo, pues ha rendido testimonio ante N., en las que hace afirmaciones parcializadas que atañen directamente al objeto de la controversia. Sobre las causales de impedimento a que hace referencia la empresa distribuidora, es decir, los contemplados en el artículo 78 de la Ley 135 de 1943, como las causales aplicables dentro del Proceso Contencioso Administrativo, esta S. conceptúa, que el perito G.P.F. no se encuadra en los numeral 1 y 4 citados, en virtud que el perito no conceptuó sobre la validez o nulidad del acto administrativo demandado, sino sobre aspectos técnicos con motivo de una prueba pericial solicitada por la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A., lo cual tampoco acredita que tenga un interés en la actuación, por lo que este Tribunal Colegiado encuentra no probadas las referidas tachas. Entrando a resolver el fondo de las demandas que nos ocupan la S. observa, que el acto administrativo demandado, es la Resolución AN No.240-AP de 28 de enero de 2008 emitida por el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, por la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución AN No.1238 -AU-Elec de 10 de septiembre de 2007 y la Resolución AN No.1347-AU-Elec. de 15 de noviembre de 2007, ambas emitidas por el Director Nacional de Electricidad, Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Gas Natural en conjunto con el Director Nacional de Atención al Usuario de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, quienes rechazaron de plano la reclamación presentada por G.F.I., S.A., contra la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A., actos administrativos éstos que fueron igualmente atacado por G.F.I., S.A. La Resolución AN No-240-AP de 28 de enero de 2008 demandada, en su parte medular resolvió: aceptar parcialmente la reclamación presentada por G.F.I., S.A. contra la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EDEMET); dejar sin efecto la Resolución AN No.1238-AU-Elec. De 10 de septiembre de 2007 y la Resolución AN No.1347-AU-Elec. de 15 de noviembre 2007; ordenar al cliente G.F.I. con Nis No.6068249, pagar a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EDEMET), la suma de B/.75,518.14, en concepto de recuperación de energía no registrada, según actas de inspecciones No.332260 del 26 de octubre de 2006 y No.332263 del 7 de noviembre de 2006; y ordenar a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. acreditar o devolver en efectivo a G.F.I., S.A. la suma de B/.97,470.86, en concepto de energía no registrada y gastos administrativos que no debió cobrar, previa comprobación del pago realizado. Dicha decisión obedeció a que el análisis realizado tanto por la empresa distribuidora como por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos concluyó, que para el 26 de octubre de 2006, el Centro de Convenciones Figali tenía una carga de 967 kVA, lo cual concuerda con el transformador de 1500 kVA y la data guardada en la memoria del medidor eléctrico marca ABB No.02184164; no obstante, para el 7 de noviembre de 2006, día en que se realizó una nueva inspección en las instalaciones eléctricas del cliente G.F.I., S.A. su historial de consumo, el cual fue aportado por la distribuidora, detalló que el medidor registró lectura cero (0), lo que denota que las señales de tensión que entraban al medidor eléctrico había sido manipuladas para que el mismo no registrara la energía eléctrica consumida, en virtud de que los cables de la señal de tensión fueron encontrados cortados. Por dichas anomalías la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. realizó una recuperación económica por fraude basada en ocho (8) meses para el estimado de la demanda que va de marzo a octubre de 2006 y cuatro (4) días para el estimado de la energía, cuyos consumos discreparon con los registrados en los meses de junio 2005 a febrero 2006, lo cual derivó en un total a recuperar de B/.75,518.14, debiendo la empresa distribuidora devolver o acredita la suma de B/.97,470.86 a favor de la sociedad G.F.I., S.A., en concepto de recuperación de energía cobrada en exceso, previa comprobación del pago realizado. Ambos demandantes incorporaron y solicitaron la práctica de pruebas periciales, de informes, testimoniales y documentales, para comprobar que la Autoridad Reguladora incurrió en la infracción de la normativa aplicable, al emitir la decisión traída ahora a esta instancia jurisdiccional; por ello, para resolver el fondo de los cuestionamientos planteados, procedemos primeramente hacer un recuento de los elementos de convicción allegados al expediente para posteriormente entrar al análisis de los cargos de infracción alegados por las partes. En ese sentido, se observa que la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. y G.F.I., S.A., incorporaron al proceso el Acta de Inspección No.332260, realizada el 26 de octubre de 2006 en las instalaciones eléctricas del cliente F.C.C. en la cual se detalla, que al tomarse lectura de amperaje en la cámara adyacente al interruptor 864, dio lecturas de A=40.4 A, B=43.9 A, C=42.7 A en 13.2 kV; mientras que las lecturas de carga en la medición del F.C.C. fueron de: A=2.6 A, B=2.9 A, C=2.8 A (En 13.2.kv primario transformador); y la lectura de demanda era de 0.182 kW. (f.9 y 208) De igual manera se incorporó el Acta de Inspección No.332263 de 7 de noviembre de 2006, que da cuenta de la inspección realizada por personal de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. en las instalaciones eléctricas de F.C.C., en la cual al bajarse la información del medidor se observó en la data, que los canales de energía registraban valores de cero (0) los días en que en el local se realizaron eventos. (f.10 y 209) De foja 16 a 22 del expediente reposan reportes de la data del medidor eléctrico marca ABB No. 02184164, en donde se refleja que para los días 5 y 6 de agosto y 4, 5, 7, 8 y 26 de octubre de 2006, se produjeron intervalos de energía y demanda en cero (0), lo cual según la empresa distribuidora se repite durante los eventos que se realizan en el Centro de Convenciones. Se incorpora de foja 35 a 48 el Informe de Inspección de 26 de octubre de 2006, realizado por el Ingeniero Electricista J.D. relacionado con la inspección realizada en los predios de las instalaciones del Centro de Convenciones Figali, a solicitud de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. y en compañía de personal de la misma, donde se detalló lo siguiente: "Como se observa en las tablas tituladas: Lecturas de Carga 1 y 2, existe una gran diferencia de corriente promedio de 39.53 amperios, lo que representa una potencia aparente de 903,78 KVA, 813.40 KW de potencia activa (a cos =0.90) y 813.40KWH de energía que NO SE ESTA MIDIENDO. Resulta muy extraño tal diferencia de lecturas en una misma línea de distribución sin derivaciones antes del medidor. Por tal razón recomiendo realizar una investigación exhaustiva para verificar que no exista una derivación ilegal de los cables primarios antes del transformador de gabinete y antes del medidor de energía instalado en el lado secundario de dicho transformador". De foja 57 a 62 reposa el Acta de Inspección de Reclamo No.001, efectuada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos el día 18 de abril de 2007, en las instalaciones eléctricas del cliente G.F.I., S.A., donde se verificó la existencia en sitio, de la cámara de paso sobre la calzada que contiene el cable principal, el cual viene del interruptor 864, que alimenta el Centro de Convenciones Figali. Agrega el informe, que en el local del transformador se encontraron dos (2) transformadores, uno de los cuales fue dado de baja con anterioridad, y el transformador No.12610, con matrícula 362.91434, se observó inactivo desde el 1 de noviembre de 2006. Aunado a lo anterior, se encontraron otras anomalías, ya que los alambres de voltaje de las barras secundarias del transformador a la medición, fueron cortados en la parte superior, en las fases A, B, C y colocados en otro punto distinto. Señala además, que en el cuarto eléctrico no existían instalaciones especiales para la instalación de cables aéreos y plantas eléctricas, ni instalaciones para conexión y desconexión de torres de enfriamiento. G.F.I., S.A. aporta copia autenticada ante N. de las notas de 16 de enero y 28 de marzo de 2007, por las cuales la empresa CARDOZE & LINDO, S.A. certifica, que durante los años 2005 y 2006 suministraron y suministran los generadores o plantas eléctricas, torres de iluminaciones, plataformas aéreas y montacargas, entre otros al F.C.C., al igual que a través de los promotores de eventos Evenpro, Show Pro, Meeting and Show, V.H., Eventos Exclusivos en General, que han sido utilizadas durante distintos eventos de presentaciones de artistas nacionales e internacionales en el F.C.C. y que en el año 2003 le vendió una planta de 150KVA para suplir necesidades del Centro de Convenciones. Se agrega en dichas notas que una de las plantas eléctricas de 250 KVA y sus cables han sido alquilados desde enero de 2006, inicialmente para mover secuencialmente los compresores de una de las torres de aires acondicionados y luego para manejar las luces de todo el Centro de Convenciones y área de camerinos. La nota de 28 de marzo adiciona, que mantiene en alquiler una planta de 1,000 KVA y en leasing dos (2) de 800 KVA, para suplir la energía que requieren las torres de aires acondicionados del local (fs.211 y 212). De foja 213 a 218 del expediente, G.F.I., S.A. incorpora declaraciones notariadas de L.A.G., quien realizó la filmación de la diligencia realizada por la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. en las instalaciones eléctricas de F.C.C., los días 26 y 27 de octubre de 2006. Este manifestó, que luego de que la empresa tomara medidas en los medidores y transformadores en la cámara subterránea y en la calle, las cargas eran iguales (fs. 213-215); de G.P.F., quien manifestó haber sido contratado en el año 2005 por G.F.I., S.A. para realizar un estudio del funcionamiento del F.C.C. en relación al consumo de energía, con el objeto de hacer recomendaciones para disminuir el consumo en la demanda máxima que se pagaba (f.217); de A.D., quien estuvo presente en la diligencia realizada por la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. en las instalaciones eléctricas del F.C.C. los días 26 y 27 de octubre de 2006 y manifestó, que luego de que la empresa tomara medidas en los medidores, transformadores, en la cámara subterránea y en la calle, las cargas eran iguales (fs. 221-223). Finalmente, el Acta Notarial de 9 de noviembre de 2006, donde el N.P. Noveno deja constancia que en visita al Centro de Convenciones Figali se pudo corroborar que iba a dar inicio al concierto de S. y que todo el centro de convenciones se encontraba funcionado con plantas eléctricas, en virtud de que la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. había desconectado el suministro de energía eléctrica y destaca la existencia de plantas de generación eléctrica en el lugar (fs. 218-220). Consta de foja 423 a 425 del infolio, el Balance Energético de la Bolsa de Energía del M. de junio 2005 a diciembre de 2007. Explica C.C.M., que una bolsa de energía es "la instalación de un medidor totalizador por el cual circula la energía eléctrica que se distribuye a los clientes en un área geográfica determinada. El registro de energía, del medidor totalizador, se compara con la sumatoria de la energía consumida por cada uno de los clientes dentro del área supervisada por el medidor totalizador. El resultado de esta comparación debe arrojar resultados en los cuales ambas lecturas deben coincidir en valores cercanos con una diferencia dentro de un 5% o 6% debido a las pérdidas técnicas que son naturales en la red de distribución. Diferencias mayores al 5% o 6% implica la existencia de lo que se conoce como pérdidas no técnicas, es decir las debidas a hurto de energía o al fraude". El Balance Energético de la Bolsa M. de junio 2005 a diciembre de 2007 reflejó, que antes del mes de noviembre de 2006, fecha en la que se cortó el suministro de energía eléctrica al F.C.C., las pérdidas de energía registradas en la bolsa eran en promedio 153.479 kWH por mes y después del mes de noviembre de 2006 cuando se da la desconexión, las pérdidas promedio bajaron drásticamente a 54.240 kWH por mes, es decir que hubo una reducción de un 65% en las pérdidas, arrojando una diferencia de 100.000kWh por mes. De foja 426 a 430 del expediente reposa un Informe Comparativo confeccionado por el Ingeniero Eduardo A. Masters, sustentado en la información que consta en la data del medidor del M., correspondientes al período comprendido del año 2005 a octubre de 2006 y la data del medidor No.02184164 del Centro de Convenciones Figali del período de agosto a octubre de 2006. El informe tuvo por objeto demostrar que durante algunos eventos en el Centro de Convenciones Figali, el medidor No.02184164 marca ABB, no estaba registrando la energía que consumía el local; sin embargo, los registros de la Bolsa del M. si registraban los aumentos en la demanda totalizada. El Ingeniero E.B.S., confeccionó el Análisis del Suministro de G.F.I., S.A. (fs. 792-798) y aclara, que en la gráfica 1 de su informe se define el área de cobertura de la Bolsa de Energía de A. 6-52, cuyo medidor está ubicado frente al estadio de fútbol M.. La bolsa contiene 9 transformadores que atienden un grupo no mayor de 25 suministros (clientes), dentro de los cuales se encuentra el NIS 6068249 del GRUPO F. INTERNATIONAL, S.A. Agrega, que este suministro es muy relevante dentro de la bolsa de energía porque su comportamiento, no rutinario, está condicionado a los programas de eventos, ya que sus requerimientos de aire acondicionado, luces, equipos de audio y video para los espectáculos, exigen una gran demanda que alcanza valores de 900 kW, en cada evento, frente a requerimiento rutinario de entre 300kW y 650 kW que demanda el resto de los suministros de la Bolsa de Energía de A. 6-52, cuando no se dan eventos en el Centro de Convenciones Figali. Se recibe declaración jurada al perito N.R.U.C., Técnico de Medidas Especiales de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A., quien describe los hallazgos encontrados en las instalaciones eléctricas del F.C.C., durante la diligencia de inspección realizada el día 26 de octubre de 2006, luego del análisis realizado a los consumos que reflejó la bolsa de energía ubicada en el Estado M.. Sobre lo indicado señaló, que el medidor solo había registrado como máximo una potencia de entre 50 y 70 KW, cuando los cálculos con la corriente medida en la cámara subterránea y la que marcaba la bolsa de energía en el M. debía estar entre 900 y 800 KW. Además manifestó, que pudieron verificar que los aires acondicionados no estaban alimentados por ninguna planta eléctrica y no asistían cableados desde las plantas hacia ningún panel de aire acondicionado. Continúa señalando, que "Al día siguiente regresamos a sacar los cables desde el transformador hacia la cámara, ya que pensamos que ellos se habían derivado de dicho cable. Luego que sacamos los cables de potencia los mismos no tenían síntomas de estar derivados, de ahí iniciamos a analizar dónde ellos provocaban la anomalía. Mandé a buscar mi computadora y empezamos a analizar la información almacenada en el contador de facturación del Centro Figali, y descubrimos que el medidor indicaba consumo 0, para las horas en que habíamos iniciado el operativo en el M., y también el medidor mostraba en su información que lo estaban apagando". (fs. 1141-1150) C.M. F. Ingeniera eléctrica de la empresa distribuidora, rinde declaración jurada de foja 1159 a 1166 del infolio. En lo medular de su declaración indicó, que "... el responsable de control de energía por medio de los análisis de compra de energía y venta de energía sabe exactamente en los sitios en donde se pierde la energía. En el caso del Centro de Convenciones Figali nosotros teníamos instalada una bolsa de energía en la línea de distribución eléctrica frente al estadio M. en el C. y con esa bolsa de energía sabíamos exactamente toda la energía que comprábamos para que fuera consumida por los clientes que están en la calzada de A. y como también tenemos la facturación de los clientes de la Calzada de A. entre los que se encontraba el Centro de Convenciones Figali, sabíamos que se perdía mucha energía". Agrega, que "... las pérdidas que estaban cuando el Centro de Convenciones Figali tenía luz eran muy altas y una vez se le cortó el suministro de energía eléctrica al Centro de Convenciones Figali, las pérdidas bajaron a valores muy pequeños que es lo norma, lo que indica que esa pérdida estaba siendo causada por el Centro de Convenciones Figali". Se realizaron transcripciones de las evidencias fílmicas (DVD-R) realizada por L.A.G.S., los días 26 y 27 de octubre de 2006 durante la realización de las diligencias de inspección practicadas por la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. en las instalaciones eléctricas del F.C.C.. Al respecto se recibieron informes del Licenciado J.A. como perito del G.F.I., S.A. (fs.1203-1245); y de los Ingenieros A.M. (fs.1246-1273) y de M.M.T. (fs. 1280-1321), por parte de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. De foja 1339 a 1347, 1348 a 1352, 1355 a 1361, 1362-1371 y 1503-1504, constan actas de diligencia pericial, donde los peritos J.A., A.M. y M.M.T., explican al Tribunal lo descrito en sus respectivas transcripciones. Al respecto estima la S. necesario transcribir parte de lo declarado por el Ingeniero A.M.T. a fojas 1503 y 1504 del expediente. Veámos: "CONTESTÓ: Por supuesto que reitero que el video contentivo en el DVD no es fiable ya que no se siguieron los procedimientos de autenticación del DVD que no sé si en estos procesos judiciales será como yo los conozco en otras esferas que es el reconocimiento o una cadena de custodia cuidadosa. Este mismo despacho fue testigo de que cuando se nos iba a entregar el video no pudieron sacar las copias en esta misma S. y el DVD se lo llevaron los representantes legales de FCC para reacondicionarlo, algo que le resta toda credibilidad, por lo tanto, desde ese punto de vista nada podría derivarse de ese video que fuese fehaciente, sin embargo, como no es mi responsabilidad determinar la validez del video yo solo me limité a observar lo que en él se veía y la conclusión es que efectivamente las plantas que se mostraban no eran más que un montaje para desviar la atención del punto central que era la discrepancia o desacuerdo que tenían ambas empresas FCC y EDEMET, respecto a los registros del medidor". Sobre lo indicado la S. advierte, que en dichos informes se describe lo acontecido durante las citadas diligencias de inspección, y coinciden en que el video contiene partes muy oscuras donde no fue posible determinar quienes hablaban y que se dieron cortes durante la grabación, por lo que las mismas deben ser valoradas en conjunto con el resto de las pruebas incorporadas por las partes al proceso. Por otra parte, se realizó Diligencia Pericial sobre aspectos técnicos de electricidad, cuyo Informe de los Ingenieros C.M. y A.M.T., peritos de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. reposa de foja 1378 a 1408. De igual manera, de foja 1428 a 1434 consta el informe de los Ingeniero G.P.F. e I.J.C.B., como peritos de G.F.I., S.A. En los interrogatorios realizados a los peritos en este despacho judicial, los cuales reposan de foja 1505 a 1534, éstos manifestaron en síntesis, que jamás se podrá conseguir un ahorro en el cargo por demanda utilizando plantas auxiliares que funcionen con combustible diesel, ya que sería más costoso, y que en el caso de F.C.C., por ser un lugar de grandes concentraciones de público, requiere plantas de emergencia instaladas permanentemente para proveer iluminación, ventilación, comunicaciones y todo lo necesario para garantizar la seguridad de la vida humana, por lo que las plantas deben formar parte integral de las infraestructuras civiles y eléctricas, y de ninguna manera esa responsabilidad podría transferirse al promotor del espectáculo. Al explicar las gráficas de fojas 1400, 1402 y 1403 señalan, que cada vez que en el F.C.C. había un evento, el medidor de la bolsa de energía ubicado en el estadio M. lo registraba como un aumento notable de carga, mientras que el medidor del F.C.C. marcaba cero (0), lo cual técnicamente no tenía explicación desde el punto de vista de que toda la instalación estuviera correcta; no obstante, en las semanas donde había espectáculos en el centro de convenciones Figali, en promedio la carga máxima registrada en el medidor de la bolsa andaba por los 600 Kw. Continúan los peritos de la empresa distribuidora señalando, que en los registros del medidor del F.C.C. aparecen una gran cantidad de ceros (0), que demostraban que el medidor era desconectado intencionalmente de las señales de voltaje, porque el medidor no estaba dañado y por que justo en el momento de gran demanda de este cliente, lo cual se corroboraba con la bolsa de energía, el medidor del F.C.C. registraba cero (0). A. que no se hizo inspección física al medidor para realizar el peritaje, pero que en el expediente consta y se describe que los cables o conductores que se conectaban a las terminales del transformador en el lado de 480 voltios, las cuales llevaban la señal de voltaje al medidor, se encontraban desgastadas y con signos de haber sido conectadas y desconectadas repetidas veces. Más adelante los peritos de la empresa distribuidora manifestaron, que "aún el circuito 652 después de haber eliminado la conexión extraordinariamente anormal de FCC, aún había que seguir haciendo un trabajo investigativo para determinar por qué las pérdidas se mantenían tan altas. Debemos explicar que la expresión "pérdidas no técnicas" fue acuñada por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) para referirse a circunstancias como fraude, errores de lectura, defectos en la medición. Definitivamente que 24% es aún alto y tremendamente increíble e imposible de aceptar sería el valor de 48% en pérdidas del circuito 652". Por su parte los peritos de G.F.I., S.A. al ser sometidos a interrogatorio de las partes, en lo medular de sus deposiciones manifestaron, que han visto diferentes artistas en el F.C.C. y en todos los casos han visto generadores para equipos especiales de los artistas, ya que los artistas de cierto nivel poseen equipos de sonido y electrónicos para proteger con equipos generadores y de protección, ya sean locales o traídos por ellos, esto será función de los técnicos que tenga cada artista o promotor. Continúan señalando que C.M., colaboradora de la empresa distribuidora, no utilizó un hallazgo encontrado en la medición directa y puntual del cliente sino que utilizó la medición de la bolsa de energía del M. para determinar que el F.C.C. estaba consumiendo energía sin ser registrada, lo cual a su criterio es improbable y no concluyente en la ingeniería eléctrica, por el contrario lo que demuestra es que del grupo de clientes que pertenecían a la bolsa de energía del M. muchos podían estar robando energía, y se apercibieron al ver los procedimientos que la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. utilizó con el G.F.I., S.A. Añade, que quedó demostrado, que para medir la potencia en la acometida se utilizaron las evidencias fílmicas, ya que las otras medidas que constan en las actas de inspección no contaban con la presencia de N.P. y sólo fueron presenciadas por personal de la empresa distribuidora. Ante pregunta referente a la normativa aplicable para regular las inspecciones de las empresas de distribución eléctrica para el mes de octubre de 2006, los peritos de G.F.I., S.A. sostuvieron, que "Se escapa de nuestra memoria la referencia de la norma que aplicaba en octubre de 2006. Sí recordamos que el concepto que se manejaba era el de fraude comprobado. Usualmente una diligencia de este tipo requiere de la participación de un tercero que de fe de la recopilación de evidencias. A.lmente recordamos que el proceso con una participación de un tercero que diera fe de los hallazgos encontrados por las empresas distribuidoras fue parte de resoluciones posteriores de la ASEP que reglamentaban el concepto de fraude". A., que la regulación vigente hasta antes de 2006, incluía un cargo por demanda, que para cualquier uso, por un período de más de quince minutos en cualquier día, de ser el máximo registrado por el medidor, era considerado dentro de la facturación del cliente para los siguientes once (11) meses. A., que cuando el medidor marca cero (0) puede ser porque existiera algún problema en la medición, que en ese período el Centro de Convenciones Figali no estuviera haciendo uso de la energía, o que hubiera transferido la carga a las plantas auxiliares, lo cual, considerando que su operación está asociada principalmente a los eventos que se realizan, es posible encontrar períodos en los cuales el medidor registre cero (0), y que el local cuenta con las facilidades necesarias para la desconexión de la totalidad de su carga del suministro de energía provisto por la empresa distribuidora, cuando el medidor debe registrar cero (0). Señalan además los peritos de G.F.I., S.A. que para octubre de 2006 la capacidad de energía instalada mediante plantas eléctricas en el F.C.C. era de entre los 1450 kw y 1900 kw correspondientes a cinco (5) unidades (v.f.1222) y que no se encontraron evidencias escritas ni fílmicas que comprobaran el hecho de que existía un desgaste en los cables, ya que las fotos que reposan en el informe pericial de la empresa distribuidora muestran una conexión correcta y en excelentes condiciones de los cables que van al medidor y los comentarios en las textos que acompañan estas fotos, se niega por escrito ese hecho. Finalmente aclaran los peritos, que una bolsa de energía mide típicamente un grupo de clientes y por ende los resultados no se pueden atribuir directamente a un cliente en particular, aunado a que mide pérdidas totales de las cuales, de existir fraude, sólo sería una parte de la pérdida total. La bolsa de energía sólo es una referencia de que puede existir un nivel de pérdida distinto de lo esperado, pero sólo una inspección directa a un determinado cliente, diligente y bien llevada, podría demostrar que ese cliente en particular esta cometiendo fraude. 5. Análisis de los Cargos de infracción: Sobre la base de lo expuesto observa la S., que en los argumentos esbozados por la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. se alega la violación del Numeral 1.10 de la Resolución JD-3224 de 28 de febrero de 2002 y sus modificaciones, que aprueba la Parte III del Régimen Tarifario aplicable al caso que analizamos, el cual estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2006, en atención a la prórroga dispuesta por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, mediante Resolución JD-5932 de 31 de marzo de 2006. La infracción de esta norma la analizaremos en conjunto con lo dispuesto en el numeral 9 del Anexo A de la Resolución JD-3399 de 4 de julio de 2002, por la cual se aprueba el Pliego Tarifario para la prestación del servicio público de distribución y comercialización de electricidad para los clientes regulados y los cargos por uso del sistema de distribución de electricidad de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A., y con el Numeral 4 del Capítulo VI del Anexo A de la Resolución JD-1854 de 21 de febrero de 2000, por la cual se dicta el Manual de Normas y Condiciones para la Prestación del Servicio público de Distribución de Energía Eléctrica, cuyas infracciones también fueron sometidas a consideración de esta Corporación de Justicia. Las normas señalan lo siguiente: "1.10 Cuando la Distribuidora descubra y compruebe que un cliente ha estado adquiriendo de las líneas de la Distribuidora, energía eléctrica en forma fraudulenta, de acuerdo a la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, la Distribuidora cobrará al cliente una estimación de la facturación, por todo el período comprobado. Solamente, en el caso de que no se pueda comprobar el período de tiempo en que el cliente ha estado adquiriendo la energía eléctrica en forma fraudulenta, la Distribuidora cobrará al cliente una estimación de la facturación por un período de hasta seis (6) meses. En cualquiera de los dos casos, a la estimación del consumo dejado de facturar se le aplicará la tarifa vigente en dicho período más un recargo de hasta el diez por ciento (10%), sobre la factura de estos consumos". El Numeral 9 citado, hace referencia a la Facturación de Consumos en F., y establece exactamente lo mismo que la norma anterior, y sólo agrega lo siguiente: "9. ... Al momento de detectarse el fraude por el Inspector de la Distribuidora o el Inspector contratado por la Distribuidora, procederá al levantamiento del Acta de Inspección de F.": Por su parte, el Numeral 4 del Capítulo VI del Anexo A de la Resolución JD-1854 de 21 de febrero de 2000, agrega a lo establecido en el Numeral 1.10 arriba transcrito, lo siguiente: "4. ..... Independientemente de los cargos anteriores indicados deberá pagar por los gastos operativos y administrativos en los que incurriera LA DISTRIBUIDORA para la detección y regularización del fraude". Al dar revista de lo expuesto por la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. en el libelo de su demanda al explicar el concepto de la infracción de las citadas normas, se extrae que las mismas a su entender, se violan directamente por comisión, ya que, pese haberse comprobado dieciséis (16) meses de consumo fraudulento de energía eléctrica por parte de G.F.I., S.A., la Entidad Reguladora, en el acto administrativo demandado, sólo reconoció ocho (8) meses, con lo cual se desconoce un derecho consagrado a favor de la Distribuidora; y que, además del total de consumo fraudulento de dieciséis (16) meses, la Distribuidora tiene derecho a cobrar los cargos administrativos, más el diez por ciento (10%) de recargo y la reconexión por la suspensión del servicio eléctrico. Por su parte G.F.I., S.A. niega la existencia de un consumo fraudulento de energía eléctrica en las instalaciones del F.C.C. y debido a ello alega no tener que pagar la suma establecida en las normas citadas. Advierte la S. que las alegaciones de las partes son totalmente contrapuestas, lo que nos obliga a realizar el análisis de los elementos probatorios incorporados a ambas demandas, los cuales fueron previamente detallados, a fin de determinar si la decisión emitida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos se ajustó a lo contemplado en la normativa aplicable a los reclamos por recuperación de energía consumida fraudulentamente. En ese sentido, se hace necesarios frente al contenido de las normas cuya violación se denuncia, establecer primero, si se encuentra probado en el dossier el consumo fraudulento de energía eléctrica suministrada por la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A., a la sociedad G.F.I., S.A. en las instalaciones eléctricas del cliente Figali Conventión Center. Luego entonces, verificar si procede o no realizar una recuperación de energía consumida y no registrada por el sistema de medición de la empresa distribuidora instalado en el F.C.C. y si ello es así, determinar si la decisión de la Autoridad Administrativa demandada en cuanto al período y monto de la recuperación establecida, se ajusta a lo previsto en las normas citadas. La Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. realiza una inspección el 26 de octubre de 2006 (Acta 332260), en las instalaciones eléctricas del cliente F.C.C., logrando comprobar que la lectura de amperaje en la cámara adyacente al interruptor 864 que le servía, no coincidía con las lecturas de carga en la medición del centro de convenciones, lo cual fue confirmado por el Ingeniero Electricista J.D., quien participó de dicha diligencia a solicitud de la empresa distribuidora y en su informe resalta la existencia de energía que no estaba siendo medida. La sociedad G.F.I., S.A. intenta invalidar la diligencia de inspección realizada por la empresa distribuidora sobre la base de que en la misma no participó una tercera persona que diera fe de la supuesta evidencia recopilada en la misma, es decir, un Agente de Instrucción, de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos o N.. Sobre lo indicado esta S. debe aclarar, que si bien es cierto, en la actualidad la normativa relativa al procedimiento que deben observar las empresas de distribución eléctrica al inspeccionar las instalaciones de suministro de sus clientes, requiere de la presencia de un tercero, ya sea del Ministerio Público, de la Autoridad Reguladora o de un N.P. que de fe y validez a la misma, para el 26 de octubre de 2006 cuando tuvo lugar la inspección, el procedimiento no exigía dicho requisito. Y es precisamente en razón de las controversias suscitadas entre prestadores y clientes con motivo de dichas inspecciones, que la Autoridad Reguladora estableció posteriormente un procedimiento de fraude que incluyó como requisito la presencia de una persona que pudiera dar fe de que lo plasmado en las actas de inspección de las empresas distribuidoras atendían a la realidad encontrada en el sitio objeto de la diligencia. De igual manera es necesario aclarar, que ciertamente en materia penal éste tipo de diligencias carece de valor probatorio por no haber sido practicada en presencia de un agente del Ministerio Público, las acta de inspección que reposan en el expediente son válidas y sirven para acreditar lo que en ellas se plasma, tanto en el procedimiento seguido ante la Autoridad Administrativa, como dentro del proceso contencioso administrativo que nos ocupa, ya que atiende al procedimiento vigente en el momento en que fueron practicadas. En este punto es necesario detenernos en el hecho de que la sociedad G.F.I., S.A. niega que en las diligencias de inspección realizadas en las instalaciones del F.C.C. en el mes de octubre de 2006, estuvo presente persona alguna en representación de G.F.I., S.A., tenemos que llamar la atención sobre la existencia de la evidencia fílmica incorporada al proceso, en la cual se evidencia la presencia de personal del F.C.C. y de su apoderado especial, lo que es contradictorio con lo manifestado en ese sentido. El 7 de noviembre de 2006, en diligencia de inspección cuya acta es la 332263 se observó en la data que los canales de energía registraban valores de cero (0). De igual manera, los reportes de la data del medidor eléctrico del F.C.C. que fueron incorporados al expediente, reflejan que para los días 5 y 6 de agosto y 4, 5, 7, 8 y 26 de octubre de 2006, se produjeron intervalos de energía demandada en cero (0), lo cual se repite cuando el centro de convenciones presenta espectáculos o eventos. Otra evidencia que milita para acreditar anomalías en las instalaciones eléctricas del Figaly Convention Center es la Inspección realizada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, el día 18 de abril de 2007, de la cual, por razón de la fecha en que fue realizada respecto a la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de inspección de la empresa distribuidora donde se evidenciaron hallazgos de anomalías, se puede rescatar, que para esa fecha ya se había cortado el suministro de electricidad por parte de la empresa prestadora del servicio y que no existían instalaciones especiales para la instalación de cables aéreos y plantas eléctricas, ni instalaciones para conexión y desconexión de torres de enfriamiento, lo que es necesario para operar las instalaciones del centro de convenciones mediante la utilización de plantas eléctricas como ha alegado G.F.I., S.A. De allí entonces, que carece de valor probatorio pleno, el argumento de G.F.I., S.A. respecto a que el centro de convenciones cubría la totalidad de la demanda eléctrica durante los eventos y espectáculos, mediante la utilización de plantas eléctricas ya que no contaba con instalaciones que lo permitieran, máxime cuando, tratándose de un lugar donde convergen grandes cantidades de personas, por razones de seguridad debiera contarse con infraestructuras civiles y eléctricas que permitan de manera permanente la utilización de plantas eléctricas de emergencia. Aunado a ello, de haberse utilizado dicho mecanismo por parte del cliente para bajar el consumo de energía, conforme los peritajes y la experiencia de los peritos que prestaron testimonio dentro del proceso, ello representaría un mayor costo para el cliente, aunque su utilización fuera eventual, es decir, con motivo de los eventos del lugar. Es necesario acotar, que el Balance Energético de la Bolsa ubicada en el Estadio M., evidenció que antes del corte del suministro de energía eléctrica al F.C.C., las pérdidas de energía registradas eran 100.000 kWh más por mes, con relación a la verificada después de la desconexión, cuando las pérdidas bajaron drásticamente. En este punto es de lugar señalar, que tal como quedó acreditado en el proceso, la pérdida de energía que se registra en las bolsas de energía, hace relación con la totalidad de las pérdidas que tengan lugar en cada uno de los suministros que forman parte de la misma, por lo que no se puede aseverar que la totalidad de las pérdidas eran responsabilidad del suministro del cliente F.C.C., y así quedó establecido por los peritos, máxime cuando al desconectarse el suministro del centro de convenciones aún se mantuvieron pérdidas en el sistema, pero sin lugar a dudas la mayor parte de la energía perdida registrada en la bolsa del M. desaparece tras la desconexión de este suministro. El hecho de verificarse en la bolsa de energía del M. picos de consumos irregulares precisamente en días en que en el Centro de Convenciones se realizaban eventos, y que en esos mismos momentos su registro de consumos registrara cero (0), cuando por razón de las actividades debían ser superiores a los regularmente registrados en ese suministro debido a la demanda que representan éste tipo de eventos, aunado además a las anomalías encontradas por la empresa distribuidora y por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en las diligencias de inspección practicadas en las instalaciones eléctricas del cliente F.C.C., evidencian el consumo no registrado de energía eléctrica en este cliente. Ahora bien, frente al argumento de que los artistas que se presentan en el F.C.C. solicitan la utilización de generadores de energía para equipos de sonido y electrónicos especiales, y que debido a ello, en lugar de utilizar el suministro eléctrico de la empresa de distribución emplean plantas para generar electricidad, G.F.I., S.A. no acreditó que cada vez que su medidor registró cero (0) se debió a la desconexión total del centro de convenciones del suministro de la empresa distribuidora, puesto que no existían en el lugar las instalaciones e infraestructuras necesarias para ello. De los elementos de convicción que reposan en el expediente, la S. encuentra acreditado el consumo eléctrico no registrado por parte de G.F.I., S.A. en el suministro eléctrico proporcionado por la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. al cliente F.C.C. En cuanto al período de tiempo ordenado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en la Resolución demandada, para que la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. realice la recuperación de energía consumida y no registrada, la S. observa que se tomó para el estimado de la demanda ocho (8) meses que van de marzo de 2006 a octubre de 2006 y cuatro (4) días para el estimado de la energía, en virtud de que en ese lapso de tiempo se verificaron importantes disminuciones en la demanda del suministro del F.C.C., ello comparándolo con la registrada durante los meses de junio de 2005 a febrero de 2006 en los que la demanda promedio fue de 759 kW, lo cual es acorde con lo establecido en las normas cuya infracción se alega, en las cuales se impone la acreditación del consumo fraudulento de energía eléctrica y se autoriza la recuperación del período de fraude comprobado, en este caso con las pruebas incorporadas y registros del medidor se determinó que se probaron ocho (8) meses, tal como lo estableció la Autoridad Reguladora en el acto demandado. En cuanto a los cargos operativos y administrativos para la detección del fraude y la reconexión, la S. entiende que el suministro nunca fue reconectado por lo que mal podría incluirse este rubro en la recuperación, y debido a ello la Autoridad Reguladora en la resolución demandada ordenó a la empresa distribuidora devolver o acreditar, además de la suma en concepto de energía no registrada que no debió cobrar, los gastos administrativos. Por las consideraciones plasmadas, la S. no encuentra probado el cargo de infracción del Numeral 1.10 de la Resolución JD-3224 de 28 de febrero de 2002 y sus modificaciones, del numeral 9 del Anexo A de la Resolución JD-3399 de 4 de julio de 2002, y del Numeral 4 del Capítulo VI del Anexo A de la Resolución JD-1854 de 21 de febrero de 2000. Por otra parte, la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. denuncia la infracción de los artículos 976 y 1109 del Código Civil, las cuales analizaremos en conjunto con el artículo 12o y el Numera 2 del artículo 144 de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, que dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la prestación del Servicio Público de Electricidad, y el artículo 28 de la Resolución JD-101 de 27 de agosto de 1997, modificado por la Resolución JD-121 de 30 de octubre de 1997, por la cual se D. el Reglamento sobre Derechos y Deberes de los Usuarios de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Electricidad y Telecomunicaciones. Para mejor comprensión de los cargos de infracción, pasamos a transcribir las normas señaladas. "Artículo 976. Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos". "Artículo 1109. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza , sean conforme a la buena fe, al uso y a la ley. ....". "Artículo 120. Ninguna persona natural o jurídica o privada, estará exenta del pago correspondiente por los servicios de electricidad que reciba". "Artículo 144. Las infracciones de los clientes serán sancionadas por el Ente Regulador con: 1... 2. Multa de cincuenta balboas (B/.50.00) a cinco mil balboas (B/.5,000.00), dependiendo de la gravedad de la falta, sin perjuicio de la obligación de pagar el valor de la electricidad consumida fraudulentamente, y los daños ocasionados. El monto de la multa se fijará tomando en cuenta las circunstancias agravantes o atenuantes de la infracción, el grado de perturbación y alteración de los servicios, así como la cuantía del daño o perjuicio ocasionado". "Artículo 28. Pagar por el consumo o utilización del servicio, así como otros cargos aplicables establecidos de conformidad con las disposiciones del régimen tarifario o lista de precios vigentes, de las leyes, reglamentos, disposiciones pertinentes o de los contratos celebrados entre las partes". En cuanto a las normas del Código Civil argumenta la empresa distribuidora, que G.F.I., S.A. incumplió el contrato que suscribió con la empresa prestadora del servicio eléctrico, que lo obligaba a pagar por el consumo de energía eléctrica y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, a pesar de haber comprobado dieciocho (18) meses de fraude solo reconoció ocho (8) meses y además ordena la devolución en efectivo o acreditación de B/.97,470.86, que el cliente nunca pagó. Señala además la empresa distribuidora, que la Autoridad Reguladora no solo exonera a G.F.I.. S.A. del pago de la totalidad del consumo fraudulento, sino que omite imponer la sanción de que trata el numeral 2 del artículo 144 de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, arriba citado. Al respecto este Tribunal Colegiado debe realizar unas serie de acotaciones que deben ser consideradas por el demandante, en este caso la Empresa Distribuidora, para la correcta interpretación, cumplimiento y aplicación de las normas especiales que con motivo de la prestación del servicio público de electricidad se emiten. En ese sentido, si bien es cierto el Código Civil establece la obligatoriedad en el cumplimiento de los contratos entre las partes; no obstante, al sustentar la infracción de las disposiciones del Código Civil panameño, el actor hace mención de normas especiales, que en efecto, imponen o acarrean para el cliente que incumpla sus obligaciones contractuales consecuencias jurídicas debidamente establecidas en las disposiciones reguladoras de la materia de prestación del servicio público de electricidad que previamente hemos analizado, y que disponen claramente, que la empresa debe comprobar el período de fraude y en caso contrario sólo podrá cobrar hasta seis (6) meses. Como se indicó antes, la Autoridad Reguladora luego de analizar las pruebas encontró probados ocho (8) meses y no dieciséis (16) como pretendió la empresa distribuidora, valoración ésta que concuerda con la realizada por esta S., luego de considerar y valorar los medios probatorios incorporados al proceso contencioso administrativo que nos ocupa, por lo que no encontramos infracción a las normas civiles mencionadas. En cuanto a que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos ordenó la devolución en efectivo o acreditación de la suma de B/.97,470.86 al cliente G.F.I., S.A. en concepto de recuperación en exceso o energía no registrada y gastos administrativos que no debió cobrar, sin que la distribuidora haya recibido suma alguna de parte del cliente; es de lugar manifestar, que cuando la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos ordena dicha devolución a favor del cliente, lo hace sobre la base de que, en los casos de suspensión del suministro eléctrico de un cliente, éste debía pagar el supuesto consumo fraudulento de energía eléctrica, para entonces proceder a la reconexión del suministro; sin consideración a si dicho pago fue o no realizado; no obstante, la Autoridad Reguladora expresa claramente, en la parte final del resuelto Cuarto del Acto Administrativo demandado, que ello procederá "previa comprobación del pago realizado", por lo que no tiene razón la empresa distribuidora cuando alega que la Autoridad Reguladora infringe la normativa por estas consideraciones, puesto que la propia resolución atacada claramente establece cuándo procederá dicha devolución, esto es, cuando G.F.I., S.A. compruebe mediante la presentación de comprobantes de pago que realizó el mismo, de manera contraria ello no tiene lugar. En este caso en particular, no solo no consta en el proceso pago alguno de parte de G.F.I., S.A. o del cliente F.C.C. a favor de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. en concepto de pago de recuperación de energía consumida fraudulentamente, y tampoco constan en este proceso que la sociedad G.F.I., S.A. en algún momento haya pretendido que se materialice dicha devolución, toda vez que la propia Resolución AN No.240-AP de 28 de enero de 2008, la condiciona a la comprobación pago realizado previamente, por lo que este cargo de infracción no esta llamado a prosperar. En lo concerniente a la alegada omisión por parte de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, en imponer a G.F.I., S.A. la sanción de que trata el numeral 2 del artículo 144 de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, esta Superioridad estima preciso esclarecer, que la norma cuya infracción se alega se encuentra dentro del Capítulo VII de la referida Ley, que trata sobre la infracción, sanciones y el procedimiento sancionador. El artículo 147 de la misma excerta legal establece que las sanciones contempladas en el artículo 144, serán aplicadas previo cumplimiento de un procedimiento sancionador, por lo que mal podría la Autoridad Administrativa imponer a G.F.I., S.A. una sanción, que si bien, corresponde a una infracción de las contempladas en el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad, para que proceda la aplicación de una sanción a los clientes del servicio se requiere previamente del cumplimiento de un proceso sancionador y no como en el caso que analizamos, donde el procedimiento administrativo dentro del cual se emitió el acto demandado, inició con un reclamo por parte de G.F.I., S.A. contra la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. por razón de la recuperación de energía que ésta le realizó. Como quiera que sólo es posible imponer las sanciones establecidas en el artículo 144 de la Ley 6 de 1997, previo el cumplimiento de un proceso sancionador y que en el caso que nos ocupa, la Resolución demandada deviene de un proceso de reclamo interpuesta por un cliente del servicio eléctrico, no procede el cargo de infracción alegado por el pretensor. Otra norma cuya violación alega la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. lo es el artículo 1643-a del Civil, que establece lo siguiente: "Artículo 1643-a. Quien se ha enriquecido sin causa, a costa o perjuicio de otro, está obligado, dentro de los límites del enriquecimiento, a indemnizar a éste de su correlativa disminución patrimonial". La parte actora, Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. sostiene, que la citada norma consagra el principio del enriquecimiento sin causa, según el cual es obligación de toda persona, la de resarcir a otra el importe de lo que sin derecho ha aprovechado de ésta última. Sobre lo indicado, hay que aclarar, que dicha norma viene precedida del artículo 1643-b que claramente señala, que la acción de enriquecimiento sin causa no puede ejercitarse cuando el perjudicado tiene otra acción para hacerse indemnizar por el perjuicio sufrido. De allí que no prospera el cargo de infracción del artículo 1643-a citado, ya que como vimos previamente, la empresa de distribución contó no solo con el proceso de reclamo que interpuso el propio cliente por razón de la recuperación de energía realizada, donde se le reconoció la existencia de un consumo fraudulento, así como el término que logró comprobar del mismo; sino que además contaba, la propia distribuidora, con el procedimiento sancionador contra la sociedad G.F.I., S.A., ante la infracción de la normativa reguladora del servicio, sin que ésta Superioridad tenga conocimiento de que la distribuidora haya hecho uso del mismo; sin embargo, si queda claro, que el detrimento económico ocasionado a la empresa distribuidora por razón del fraude eléctrico fue resuelto ante la instancia administrativa y ahora se dilucida en la esfera judicial, por lo que mal puede pretender la distribuidora ejercer, además, el derecho consagrado en la norma cuya infracción alega, es decir, el artículo 1643-a. En atención a lo señalado concluye la S. que este cargo de violación no es procedente. Otras normas cuya infracción alega la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A., lo son los artículos 36, 143, 145 y 146 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, que establece el Procedimiento Administrativo General, las cuales analizaremos en conjunto, en virtud de que la explicación del cargo de infracción de cada una de ellas guarda relación entre sí. Dichas disposiciones establecen lo siguiente: "Artículo 36. Ningún acto podrá emitirse o celebrarse con infracción de una norma jurídica vigente, aunque éste provenga de la misma autoridad que dicte o celebre el acto respectivo. Ninguna autoridad podrá celebrar o emitir un acto para el cual carezca de competencia de acuerdo con la Ley y los reglamentos". "Artículo 143. La autoridad competente deberá evaluar las pruebas que las partes han propuesto y presentado, a los efectos de decidir cuáles son admisibles y cuáles no lo son, en orden a su conducencia o inconducencia, respecto de los hechos que deben ser comprobados, al igual que deberá tomar en consideración las normas legales que rigen la materia probatoria". "Artículo 145. Las pruebas se apreciarán según las reglas de la sana crítica, sin que esto excluya la solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos o contratos". "Artículo 146. El funcionario expondrá razonadamente en la decisión el examen de los elementos probatorios y el mérito que le corresponda, cuando deba ser motivada de acuerdo con la ley". Expone el recurrente, que la Autoridad Reguladora emitió el acto administrativo demandado en abierta contradicción de las normas jurídicas vigentes; sin embargo, como quiera que los cargos de infracción contra el artículo 36 se fundamenta precisamente en la infracción de las disposiciones cuya violación ya fue analizada por esta Colegiatura y declaradas no procedentes, no prospera tampoco el cargo de infracción del artículo 36 de la Ley 38 de 2000. Agrega el actor, que la Autoridad no se pronunció sobre una serie de pruebas que la empresa distribuidora presentó al contestar el reclamo interpuesto por G.F.I., S.A., y no citó a los peritos que confeccionaron las actas para que se ratificaran de las mismas, por lo que estas pruebas no fueron valoradas debidamente, ya que de haberlo hecho hubiese visto la diferencia de consumos que acreditaban un consumo fraudulento más allá de los ocho (8) meses reconocidos, y tampoco valoró el CD que contiene los consumos registrados por el medidor de bolsa del M.. En cuanto a que la Autoridad Reguladora no se pronunció respecto a las pruebas presentadas por la empresa distribuidora al contestar el edicto de traslado del reclamo presentado por G.F.I., S.A. ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y que tampoco valoró en debida forma las actas de inspección realizadas a las instalaciones eléctricas del F.C.C., la S. no encuentra dentro del expediente la contestación al edicto a que hace referencia el actor, que nos permita verificar que en efecto dichas pruebas fueron solicitadas a la Autoridad Administrativa dentro del procedimiento administrativo surtido en dicha instancia. De igual manera se observa que la empresa distribuidora en todo momento ejerció el contradictorio dentro del procedimiento administrativo, el cual fue objeto de recursos de reconsideración y apelación por parte de G.F.I., S.A. y la Empresa Distribuidora en ningún momento expuso ante la Autoridad Reguladora la alegada omisión del funcionario, respecto a su falta de pronunciamiento sobre las pruebas presentadas. En atención a lo expuesto no proceden los cargos de violación respecto de los artículos 143, 145 y 146. Finalmente respecto de la violación de los artículos 2 de la Resolución JD-1298 de 29 de marzo de 1999, por la cual se adopta a partir del 1 de julio de 1999, el procedimiento para atender las reclamaciones que se presenten al entonces Ente Regulador de los Servicios Públicos, ahora Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, con motivo de la prestación del servicio público de electricidad; y de los artículos 22 y 24 de la Resolución No.101 de 27 de agosto de 1997 y sus modificaciones que D. el Reglamento sobre Derechos y Deberes de los Usuarios de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Electricidad y Telecomunicaciones. Estas normas son del siguiente tenor: "Artículo 2. El Ente Regulador rechazará de plano todas aquellas reclamaciones mediante las cuales no se hayan agotado las instancias de que tratan los Artículos 22 y 23 de la Resolución No.JD-101 de 27 de agosto de 1997, por la cual se adopta el Reglamento de los Derechos y Deberes de los Usuarios, los cuales establecen que las empresas prestadoras contarán con un plazo de treinta (30) días calendario para resolver las quejas de los clientes y que en caso de no considerarse satisfecho el cliente podrá interponer una nueva queja que deberá ser respondida en el término de quince (15) días hábiles". "Artículo 22. Reclamar por cualquier deficiencia en la prestación del servicio o en cualquier otro aspecto de su relación con el prestador ante éste y recibir del mismo respuesta a su reclamación en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de presentación de la reclamación. La reclamación podrá ser presentada por el cliente o el usuario, según la naturaleza de la reclamación". "Artículo 24. Efectuar sus reclamaciones personalmente, o a través del teléfono, telégrafo, correo, fax o por otro medio que nos prestadores de los servicios pongan a su disposición". A juicio de la Empresa Distribuidora, no existe constancia alguna en el expediente, de que G.F.I., S.A. haya agotado las instancias ante la prestadora del servicio, y en ese sentido obvió el procedimiento que debía cumplir antes de presentar su reclamo ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, por lo que el acto administrativo demandado viola lo que establecen las normas citadas. Contrario a lo expuesto por el actor, a foja 26 del expediente, donde reposa la copia autentica de la Nota GCOMPA-1405-2006 de 8 de noviembre de 2006, se puede constatar en su parte inferior la siguiente anotación: "NO ESTAMOS DE ACUERDO CON EL CONTENIDO NI LAS MEDIDAS DE CORTE DE SUMINISTRO TODA VEZ QUE PERJUDICAN EL EVENTO DE S.. NO ESTAMOS DE ACUERDO CON LA "RECUPERACIÓN" MENDIONADA NI CON LAS ARGUMENTACIONES DE SUPUESTAS ANOMALÍAS". De lo indicado observa la S., que como quiera que el propio reglamento de los deberes y los derechos de los usuarios de los servicios públicos regulados por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos dispone que las reclamaciones puede ser presentadas personalmente o a través de teléfono, telégrafo, corro, fax o por otro medio que los prestadores de los servicios pongan a su disposición, se entiende que no existe una formalidad establecida para la presentación de los reclamos ante las empresas prestadoras de servicios de electricidad, como en el caso que nos ocupa, en el que G.F.I., S.A. al recibir la nota mediante la cual la prestadora del servicio le informa que en virtud de las anomalías encontradas en el suministro de energía eléctrica efectuaba una recuperación de energía que incluía la energía no registrada por el medidor del cliente, los cargos administrativos, el diez por ciento (10%) de recargo y la reconexión por la suspensión del servicio, momento en el cual el representante del cliente G.F.I., S.A. coloca en la parte inferior de la nota su disconformidad con la medida adoptada. Lo cierto es que la prestadora no dio trámite al reclamo presentado por el cliente G.F.I., S.A., transcurriendo los términos establecidos en las normas, por lo que se entiende que éste, antes de presentar el reclamo ante la Entidad Reguladora, cumplió con la presentación del reclamo ante el prestador del servicio, el cual no dio trámite a su solicitud. Debido a ello, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos no incurre en la infracción de las normas que alega la empresa prestadora. Ahora bien, una vez analizados los cargos de violación expuestos por la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. en su demanda, los cuales han sido desestimados en su totalidad, la S. procede a verificar lo concerniente a los cargos de infracción expuestos por la sociedad G.F.I., S.A., contra la Resolución AN No.1238-AU-Elec de 10 de septiembre de 2007, la Resolución AN No.1347-AU-Elec de 15 de noviembre de 2007, ambas emitidas por el Director Nacional de Electricidad, Agua potable, Alcantarillado Sanitario y Gas Natural, en conjunto con el Director Nacional de Atención al Usuario y la Resolución AN Nº. 240-AP de 28 de enero de 2008, expedida por el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Las normas cuya infracción alega G.F.I. S.A. son el artículo 34 de la Ley 38 de 2000, que establece que las actuaciones administrativas en todas las entidades públicas deben efectuarse con arreglo a las normas de imparcialidad, uniformidad o congruencia, garantizando el cumplimiento del debido proceso legal con objetividad y apego al principio de estricta legalidad, lo cual según el actor no fue observado por la Entidad Reguladora al emitir el acto atacado, porque nadie puede ser sancionado si no existen pruebas y vinculación directa con el hecho sancionado por la Ley. En ese sentido expresa, que la Autoridad demandada no valoró las pruebas y descargos de G.F.I., S.A. en el sentido, que los propios funcionario de EDEMET cortaron y sacaron los cables en sitio de cámara de paso, y que F.C.C. utiliza para sus eventos plantas de generación de energía con el propósito de minimizar el consumo de energía eléctrica. Como se señaló previamente, la Autoridad Reguladora realizó la valoración de las pruebas incorporadas al expediente administrativo hasta ese momento, encontrando comprobado el fraude de energía eléctrica por parte de G.F.I., S.A., por lo que no es cierto que haya inobservado el principio de legalidad conforme pretende hacer ver el actor, toda vez que éstos mismos hechos fueron valorados por esta Superioridad para analizar los cargos de infracción sustentados en la falta de certeza sobre la existencia del fraude, lo cual fue plenamente acreditado con elementos de convicción que llevaron a esta Colegiatura a compartir la decisión de la Autoridad Reguladora respecto, no sólo a encontrar acreditado el consumo fraudulento de energía eléctrica, sino también a la recuperación revisada y ordenada por la Autoridad, como se detalló previamente. Si bien es cierto G.F.I., S.A. acreditó que hizo una consultoría respecto a mecanismos tendientes a bajar la demanda eléctrica del Centro de Convenciones Figali y que mantenía alquiler y compra de plantas generadoras de electricidad, con ello de ninguna manera probó que éstas plantas eléctricas bastaban para sostener el consumo de energía eléctrica que el F.C.C. requiere para la realización de sus eventos, aunado a que, para mantener éste tipo de equipos, un lugar con masiva presencia de personas, que requiere de una seguridad propia de este tipo de locales de eventos, debía contar con instalaciones que le permitieran mantener de manera permanente plantas eléctricas por seguridad de quienes allí se congregan. Estos elementos, aunado a los ya analizados, llevan a esta Colegiatura a desestimar el cargo de infracción del artículo 36 de la Ley 38 de 2000. El actor alega además la violación directa por omisión del artículo 146 también de la Ley 38 de 2000, que establece la obligación del funcionario público que emite una decisión, de exponer razonadamente el examen de los elementos probatorios y el mérito que les corresponde, norma cuya infracción sustenta en que la Autoridad no expuso el examen de los elementos probatorios ni el mérito que les corresponde, según su criterio, porque lo decidido no atiende a las pruebas del proceso, ya que no acreditaron el consumo fraudulento ni la recuperación de energía realizada. Contrario a lo señalado por el actor, la S. observa, que el funcionario administrativo al emitir el acto impugnado, no solo hace un detalle de cada elemento de prueba incorporado al expediente administrativo, sino que en el considerando 10 y siguientes, otorga a dichas probanzas un valor de convicción que lo llevan a emitir la decisión de aceptar parcialmente la reclamación, pues luego de verificar la existencia del hecho fraudulento, y revisar la recuperación realizada por la empresa prestadora, determinó que el período recuperado por la distribuidora no fue fehacientemente probado y limita dicha recuperación a ocho (8) meses, luego de analizar los datos incorporados al expediente. No advierte la S. visos de falta de valoración de las pruebas por parte de la Entidad Reguladora y por ello el cargo de infracción no esta llamado a prosperar. Lo descrito por este Tribunal al desestimar éste cargo de violación, sirve para declarar no procedente la violación directa por omisión del artículo 150 de la citada Ley 38 de 2000 que también fue abordado por G.F.I., S.A., que establece que la carga de la prueba de los hechos o datos que constituyan el supuesto de hecho de las normas que le son favorables corresponde a la parte que lo alegue, la cual según el actor se viola porque la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. debió aportar los elementos probatorios que acreditaran el alegado fraude eléctrico, y como quiera que este tema ha sido abordado reiteradamente, considera la S. innecesario volver sobre este tema. De igual manera, señala G.F.I., S.A. que con la decisión emitida por la Entidad Reguladora se infringe por omisión del artículo 154 de la Ley 38 de 2000, que establece que la resolución que decida una instancia o un recurso, decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y las derivadas del expediente, que sean indispensables para emitir una decisión legalmente apropiada y que la aceptación de informes y dictámenes servirá de motivación a la resolución, cuando se incorporen a su texto. Sobre este cargo de violación el actor sostiene, que la Autoridad Reguladora no consideró los descargos y elementos probatorios propuestos por G.F.I., S.A. y faltó a la imparcialidad y a la defensa de los derechos de un cliente consumidor, con lo cual no observó el contenido de la norma; sin embargo, la S. aclara que una cosa es decidir en una instancia todas las cuestiones planteadas por los interesados y las materias o asuntos derivados del expediente y otra es lo relativo a la valoración de las pruebas incorporadas al proceso. En este caso el actor se refiere a la valoración que de las pruebas lleva a cabo la Entidad Reguladora, y agrega que ésta fue imparcial al no admitir su reclamo inicialmente por supuestas faltas al procedimiento y luego sin fundamento alguno condena a G.F.I., S.A. al pago de una recuperación de energía arbitraria ante la falta de comprobación del consumo fraudulento de energía eléctrica. En ese sentido, mal puede alegar que la Autoridad en su actuación no resolvió las cuestiones del proceso, si al revisarse la tramitación del proceso se advierte, que no sólo le fue admitida su reclamación, sino que se realizó una valoración exhaustiva de las probanzas incorporadas al expediente administrativo de reclamo, como repetidamente se ha señalado, por lo que este cargo de infracción no está llamado a prosperar. Finalmente se alega la infracción directa por omisión del artículo 121 de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, que D. el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad, que establece los casos en los cuales el distribuidor estará facultado para suspender los servicios. Esta infracción se sustenta en que la suspensión del servicio de suministro eléctrico solo puede darse, en caso de uso de energía eléctrica fraudulenta, cuando el fraude sea comprobado; sin embargo, en este caso ello no ha sido probado y lo que existen son meras suposiciones o alegaciones de la empresa de distribución eléctrica. Respecto a esta última norma cuya infracción demanda G.F.I., S.A., la S. considera que dicho cargo no prospera por cuanto hace referencia a un aspecto que no abordó el funcionario administrativo en el acto, ya que en la Resolución demandada no se ordenó la desconexión del suministro eléctrico del cliente. El fundamento de éste cargo de infracción radica como en muchos otros en la falta de comprobación del consumo fraudulento de energía eléctrica por parte de G.F.I., S.A., lo cual ha sido suficientemente analizado por este Tribunal Colegido, concluyendo que sí se acreditó el hecho fraudulento. Ante lo indicado, no queda a esta Superioridad más que reiterar, que la Autoridad Reguladora, admitió el reclamo presentado por la sociedad G.F.I., S.A. otorgando valor a la nota manuscrita visible en la parte inferir de la Nota GCOMA-1405-2006 de 8 de noviembre de 2006, a través de la cual la empresa distribuidora le comunica que debido a las anomalías encontradas en sus instalaciones eléctricas, le realizó una recuperación de energía consumida Autoridad fraudulentamente, y luego de realizar una valoración de los elementos probatorios allegados al procedimiento administrativo decidió aceptar parcialmente la reclamación, luego de establecer que el consumo fraudulento de energía eléctrica se encontraba acreditado así como los ocho (8) meses de recuperación. en los términos descritos en el acto impugnado. En virtud de lo indicado, la S. estima que en la presente acumulación de procesos, no se acreditó la ilegalidad de los actos administrativos emitidos por la Nacional de los Servicios Públicos en los términos expuestos por los demandantes, que ameriten declarar su nulidad. Por lo antes expuesto, la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dentro de la Acumulación de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por la Firma Galindo, A. &L. en Representación de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A., y la interpuesta por la Firma Garrido & Garrido en representación de Grupo F. Internacional, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución AN Nº. 240-AP de 28 de enero de 2008, expedida por el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos; DECLARA DESIERTOS los Incidentes de Tacha de los Peritos M.T. (262/08-B), F. Bellido (262/08-C) y J.F. (262/08.D); DECLARA NO PROBADOS los Incidentes de tachas del perito G.P.F. (262/08-E y 262/08-F); y NIEGA el resto de las pretensiones de las partes. N., ABEL AUGUSTO ZAMORANO NELLY CEDEÑO DE PAREDES -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ KATIA ROSAS (Secretaria)