Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Octubre de 2019

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:22 de Octubre de 2019
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Abel Augusto Zamorano

Fecha: 22 de octubre de 2019

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 337-19

VISTOS:

El Licenciado C.G.L., quien actúa en nombre y representación de D.C.S.G., interpuso recurso de apelación contra la Resolución de 20 de junio de 2019, por medio de la cual el M.S., no admitió la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta contra el Decreto de Personal N° 437 de 27 de julio de 2018, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Seguridad Pública.

Cabe señalar que, a través del precitado decreto de personal, el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Seguridad Pública resolvió destituir a D.C.S.G. del cargo de Cabo Segundo que ocupaba en ese ministerio, con fundamento en el numeral 1 del artículo 133 del Reglamento Interno de la Policía Nacional, que establece como falta gravísima, el hecho de denigrar la buena imagen de la institución.

El demandante solicita se revoque el auto apelado indicando básicamente que los motivos en los que se sustenta la no admisión de su demanda, es decir, la falta de aportación de la copia autenticada del acto impugnado y del acto confirmatorio, con las constancias de su notificación; lo que a criterio del Magistrado S. no permite verificar si la demanda fue interpuesta en el término previsto en el artículo 42b de la Ley 135 de 1943. Además, de no haberle hecho la solicitud al Tribunal para que éste gestionara la obtención de dichas copias autenticadas sobre la base de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, carecen de sustento jurídico, toda vez que en el apartado de Pruebas de su escrito de demanda, específicamente en el punto número 5, indicó que y citamos: "Copia con sello fresco de recibido de solicitud de copia autenticada del expediente disciplinario seguido a nuestro representado, que hasta la fecha de presentación de esta demanda no nos fueron otorgadas, por lo que en virtud de ello solicitamos sea pedido íntegramente a la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional, con la finalidad que sirva como prueba en la presente demanda." (Cfr. Foja 6 del expediente judicial).

En ese sentido, indica el recurrente que a pesar de no haber podido presentar copia autenticada del acto impugnado y su confirmatorio, lo cierto es que llevó a cabo las gestiones pertinentes para obtener dichas copias ante la Policía Nacional, siendo que, a foja 22 del expediente judicial, reposa un F. fechado 14 de mayo de 2019, a través del cual el suscrito C.S.D.C.S.G. al Director Nacional de Recursos Humanos de la Policía Nacional, copia autenticada de su expediente disciplinario para tramitar la acción contenciosa de plena jurisdicción que nos ocupa la atención, donde precisamente constan todas y cada una de las actuaciones que se surtieron en la vía gubernativa.

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera proceden a emitir las siguientes consideraciones en torno a la apelación planteada.

En primer lugar, resulta pertinente examinar el criterio planteado por el S. para negarle trámite a la acción interpuesta. Así, mediante decisión de 20 de junio de 2019, el M.S. resolvió lo siguiente:

Quien suscribe, advierte que de la revisión del material probatorio aportado por la parte demandante, primeramente, se incumple con lo normado en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, al no aportar la copia autenticada del acto demandado (Decreto de Personal N° 437 de 27 de julio de 2018), y aportar en copia simple el acto confirmatorio (Resuelto N° 944-R-944 de 31 de octubre de 2018), en concordancia con lo establecido en el artículo 833 del Código Judicial, lo que imposibilita darle curso al presente libelo.

A manera de docencia resulta prudente explicarle al demandante que tenía a su alcance un remedio procesal en el caso de que la autoridad demandada le hubiera negado el acceso para la obtención de la documentación que se detalla en líneas precedentes, siempre y cuando le hubiera demostrado al Tribunal que realizó las gestiones necesarias para la obtención de la copia autenticada del acto demandado y su confirmatorio...

Otra limitante que presenta la demanda objeto de análisis, es el hecho de que el M.S. no puede verificar si la misma se interpuso en el término de los dos meses que establece el artículo 42-B de la Ley 135 de 1943, ya que al no aportar la copia autenticada del acto demandado y su confirmatorio con el sello de notificación, le impide verificar si ésta es extemporánea o no...

...

Frente a este escenario, el resto de los Magistrados que integran la Sala, previo a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Resolución de 20 de junio de 2019, por medio de la cual no se admitió la demanda in examine, solicitaron al Ministerio de Seguridad, copia autenticada del Decreto de Personal N° 437 de 27 de julio de 2018 y del Resuelto N° 944-R-944 de 31 de octubre de 2018, con sus constancias de notificación o publicación.

Ahora bien, en virtud de tal requerimiento de este Tribunal, el Ministro de Seguridad a través de la Nota N° 0815/OAL/2019 de 24 de septiembre de 2019, visible a foja 57 del expediente judicial, remitió copia autenticada de ambos actos administrativos con las debidas constancias de notificación.

En razón de lo anterior, el resto de los Magistrados que integran la Sala advierten que sí le asiste la razón al recurrente, por las siguientes razones:

Tal como lo manifestó el M.S. a través de la Resolución de 20 de junio de 2019, la propia legislación contencioso administrativa procuró un remedio contenido en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, que le permite a la Sala Tercera requerir a la entidad demandada, copia del acto que no ha sido proporcionado.

Sobre este punto, debe tomarse en consideración que consta la diligencia adelantada por la parte actora ante el Director Nacional de Recursos Humanos de la Policía Nacional (foja 22 del expediente judicial), así como la manifestación ante la Sala Tercera de su imposibilidad para obtener dicha documentación, la que se hizo en el punto 5 del apartado de Pruebas de su escrito de demanda, con lo cual debe entenderse como cumplido lo exigido por el referido artículo 46 de la Ley 135 de 1943.

En razón de lo anterior, resulta claro que tanto el acto impugnado como su acto confirmatorio se encuentran perfectamente incorporados al expediente, con lo cual queda demostrado que la parte actora cumplió con uno de los requisitos necesarios para determinar sobre la admisibilidad de su acción contencioso administrativa.

En lo que respecta al supuesto incumplimiento del artículo 42b de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, relativo al término de dos (2) meses para interponer la acción contenciosa administrativa de plena jurisdicción, debe indicarse que si bien la verificación de dicho término no pudo llevarse a cabo al momento de la admisibilidad de la demanda por la falta de aportación de la copia autenticada del acto confirmatorio junto con la constancia de su notificación; ello fue motivado, por la falta de respuesta de la entidad demandada a la solicitud que el hoy demandante hiciera a través del F. fechado 14 de mayo de 2019, visible a foja 22 del expediente judicial.

No obstante lo anterior, en esta oportunidad ahora el resto de los Magistrados que integran la Sala tienen la oportunidad de hacer tal verificación, en atención a las copias autenticadas que el Ministerio de Seguridad Pública remitió al Tribunal, siendo así las cosas, se tiene que el Resuelto N° 944-R-944 de 31 de octubre de 2018, por medio del cual se confirmó la decisión contenida en el Decreto de Personal N° 437 de 27 de julio de 2018, le fue notificado al hoy demandante el día 20 de marzo de 2019, por lo tanto, el mismo tenía hasta el 20 de mayo de 2019 para interponer la acción contenciosa bajo análisis, cumpliéndose así con el término señalado en el artículo 42b de la Ley 135 de 1943, de lo que resulta su viabilidad.

Dadas las circunstancias anteriores, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera considera que en el negocio objeto de estudio, lo procedente es que se revoque la Resolución de 20 de junio de 2019, emitida por el M.S., y, en consecuencia, se ordene la admisión de la demanda ensayada por el Licenciado C.G.L., quien actúa en nombre y representación de D.C.S.G..

Por consiguiente, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PREVIA REVOCATORIA de la Resolución de 20 de junio de 2019, ADMITEN la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Licenciado C.G.L., quien actúa en nombre y representación de D.C.S.G..

N.;

ABEL AUGUSTO ZAMORANO

CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

KATIA ROSAS (Secretaria)