Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Marzo de 2021

PonenteCarlos Alberto Vásquez Reyes
Fecha de Resolución22 de Marzo de 2021
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Carlos Alberto Vásquez Reyes

Fecha: 22 de marzo de 2021

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 108-2020

VISTOS:

El Procurador de la Administración interpuso Recurso de Apelación contra el Auto de Pruebas No. 209 de ocho (8) de septiembre de dos mil veinte (2020), emitido por el M.S., mediante el cual se pronuncia sobre la admisibilidad de las pruebas presentadas y aducidas, dentro de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, presentada por la Firma Cornejo Robles & Asociados (Abogados), en representación de la señora D.D.C.P.S., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución Administrativa No. 263-2019 de 22 de octubre de 2019, emitida por el Banco de Desarrollo Agropecuario, su acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

  1. RECURSO DE APELACIÓN

    De fojas 50 a 52 del Expediente Judicial, se encuentra la Vista N° 970 de 05 de octubre de 2020, contentiva del Recurso de Apelación interpuesto por el señor Procurador de la Administración contra el referido Auto de Pruebas No. 209 de ocho (8) de septiembre de dos mil veinte (2020), mediante el cual manifiesta su disconformidad solicitando al resto de los Magistrados que conforman la Sala Tercera, que modifiquen la referida Resolución, en el sentido de no admitir dos (2) pruebas documentales y tres (3) pruebas testimoniales, por las razones que se exponen a continuación:

    Inicialmente, se opone a la admisión de la certificación médica visible a foja 19 del Expediente Judicial, puesto que, si bien se encuentra autenticada por N.P. y también fue presentada en su original, lo cierto es que la accionante no solicitó su reconocimiento de contenido y firma, requisito inherente para que los documentos privados emanados de terceros surtan valor probatorio, por lo cual se incumple con lo previsto en el artículo 871 del Código Judicial. Aunado, a que el mismo es de fecha posterior a la emisión el Acto acusado.

    En relación con las pruebas testimoniales, expone el representante del Ministerio Público, que las mismas se objetan por no cumplir con las formalidades exigidas en el artículo 948 del Código Judicial.

    Finalmente, se opone por inconducente e ineficaz de acuerdo al artículo 783 del Código Judicial, a la prueba consistente en la certificación médica extendida por el D.C.F., médico reumatólogo, por haber sido presentada posterior a la emisión del Acto acusado de ilegal.

  2. OPOSICIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN

    La firma forense Cornejo Robles & Asociados (Abogados), actuando en representación de la señora DEIRA DEL CARMEN P.S., dentro del término oportuno, presentó escrito de oposición al Recurso de Apelación interpuesto contra el Auto de Pruebas No. 209 de ocho (8) de septiembre de dos mil veinte (2020), consultable a fojas 53 a 55 del Expediente Judicial, en el cual señala, entre otras cosas, que concuerda con la decisión del M.S. de admitir la prueba documental visible a foja 19 del Expediente Judicial, por ser este un documento reconocido ante N.P., conforme lo dispone el numeral artículo 856, numeral 1 del Código Judicial, por lo cual se ciñe de autenticidad.

    Aunado a lo anterior, indica que la condición médica de la señora P.S., consta en la documentación que reposa en el departamento de Recursos Humanos de la Entidad, antes de la emisión del Acto recurrido, toda vez, que el D.J.D., emitió la certificación médica a través de la cual acreditó dicha afección de salud en el Expediente de personal.

    En lo concerniente a las pruebas testimoniales, señala que los tres (3) testigos son funcionarios del Banco de Desarrollo Agropecuario, que conocían la condición médica de la demandante, además, que los mismos no superan la cantidad que autoriza el artículo 948 del Código Judicial.

    Finalmente, considera que la prueba extendida como documento público (sello de la Caja de Seguro Social), por el D.C.F., se trata de un documento que ha sido emitido por el mismo médico que certificó la condición de salud de la señora D.D.C.P.S., por medio de la certificación médica que consta en el Expediente de personal de dicha Institución.

  3. ANÁLISIS Y DECISIÓN DEL RESTO DE LA SALA

    Atendidas las consideraciones del apelante y del opositor, el Tribunal Ad-quem ha procedido a revisar la actuación de Primera Instancia, a partir de lo cual debe expresar lo siguiente:

    De forma previa se debe advertir que el artículo 783 del Código Judicial establece ciertos parámetros que el juzgador debe seguir en el momento de la admisión de una prueba presentada en el Proceso. El tenor de la norma es el siguiente:

    Artículo 783. Las pruebas deben ceñirse a la materia del proceso y son inadmisibles las que no se refieren a los hechos discutidos, así como las legalmente ineficaces.

    El juez puede rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, notoriamente dilatorios o propuestos con el objeto de entorpecer la marcha del proceso; también puede rechazar la práctica de pruebas obviamente inconducentes o ineficaces.

    Esto implica que en el Auto mediante el cual el M.S. se pronuncia sobre la admisibilidad de las pruebas presentadas y aducidas por las partes del Proceso, debe hacer una valoración preventiva, técnico-jurídica, del material probatorio, debiendo revisar si las pruebas se ciñen a la materia del Proceso y a los hechos discutidos, si son dilatorias, inconducentes e ineficaces. También debe revisarse en esta etapa, la temporalidad de la presentación de la prueba, si reúne los requisitos propios de cada tipo, la viabilidad de forma y del medio de la misma, si fueron aducidas y aportadas con arreglo a los requisitos formales correspondientes, comunes y propios al correspondiente medio de convicción, y las objeciones presentadas contra las mismas, entre otros aspectos.

    En este contexto, el Tribunal de Alzada, tomando en consideración los argumentos expuestos en el Recurso de Apelación y en el Escrito de Oposición presentados, tiene a bien determinar lo siguiente:

    Como se ha podido observar, en cuanto a la prueba documental que consiste en un certificado médico extendido por el D.J.D.G., médico cardiólogo del Centro Médico Mae Lewis, en el cual indica el diagnóstico de salud de la señora D.D.C.P.S., el representante del Ministerio Público, alega que el mismo no debió ser admitido porque aunque fue presentado en su original, la parte actora no solicitó su respectivo reconocimiento de contenido y firma, incumpliendo así con un requisito indispensable para que los documentos privados emanados de terceros tengan valor probatorio, tal como lo dispone el artículo 871 del Código Judicial.

    Al revisar las constancias procesales, el Tribunal Ad-quem advierte que la certificación médica consultable a foja 19 del Expediente Judicial, es un documento privado emanado de tercero que ha sido cotejado ante N.P., por lo que se enmarca en los supuestos contemplados en la Ley para ser considerado como un documento privado autentico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 856 del Código Judicial, el cual establece los siguientes requisitos:

    Artículo 856. Documento privado es el que no reúne los requisitos para ser documento público.

    El documento privado es auténtico en los siguientes casos:

    1. Si ha sido reconocido ante J. o notario, o si judicialmente se tiene por reconocido;

    2. Si fue inscrito en un registro público por quien lo firmó;

    3. Si habiéndose aportado al proceso, no hubiere sido tachado u objetado en los términos del artículo 861;

    4. Si se declaró auténtico en resolución judicial dictada en un proceso anterior, con audiencia de la parte contra la cual se opone en el nuevo proceso; y

    5. Si ha sido remitido o transmitido por conducto de una oficina estatal o municipal que exija, en su reglamento, la identificación previa del remitente o girador.

    (Lo resaltado es nuestro).

    En relación con lo anterior, en la Resolución de veintiocho (28) de agosto de dos mil doce (2012), emitida por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, manifestó lo siguiente:

    "(...)

    Luego de examinar las posturas de quienes intervienen, el resto de la Sala estima, contrario a lo expuesto por la Procuraduría de la Administración, que lo actuado por el Sustanciador refleja un criterio amplio y flexible de oportunidad probatoria que resulta conducente para esclarecer los hechos fundamentales del proceso.

    Y es que de modo alguno puede desconocerse la autenticidad de las pruebas que nos ocupa, habida cuenta que tales documentos privados fueron reconocidos mediante N.P., que da fe pública en todos los actos que interviene según la Ley, además que en este caso no se ha probado lo contrario mediante tacha de falsedad, situación que se ajusta a lo que figura dispuesto en los artículos 835 y 856 del Código Judicial que dicen:

    'ARTICULO 835: Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo haya firmado, elaborado u ordenado elaborar. El documento se presume auténtico, mientras no se pruebe lo contrario mediante tacha de falsedad.'

    'ARTICULO 856: Documento privado es el que no reúne los requisitos para ser documento público.

    El documento privado es auténtico en los siguientes casos:

    1. Si ha sido reconocido ante J. o notario, o si judicialmente se tiene por reconocido...'.

    El jurista panameño J.F.P., en su obra Medios de Prueba, afirma que 'el documento privado es auténtico...1. Si se ha reconocido ante juez o notario...'. Más adelante el mismo autor aclara, cuando se adentra al análisis de la "Autenticidad y Veracidad del Documento', que:

    'La autenticidad de un documento privado no significa que sean veraces las afirmaciones contenidas en él. La autenticidad se limita a que quien aparece como autor efectivamente lo sea. La veracidad se refiere al contenido de las afirmaciones' (Medios de Prueba, La prueba en materia civil, mercantil y penal, Tomo I, Segunda edición, corregida y aumentada, Plaza & Janes Editores Colombia S.A., Bogotá, Colombia, 2001, págs. 162 y 187).

    Ciertamente tales documentos cumplen con los requisitos de admisibilidad en esta etapa procesal de admisión, que es previa a la etapa de valoración donde se examinará su veracidad que hace relación al contenido del documento.

    (...)". (Lo resaltado es nuestro)

    Respecto, a las tres (3) pruebas testimoniales aducidas por la parte actora, debemos indicar en base al artículo 948 del Código Judicial, que son admisibles hasta cuatro (4) testimonios por cada uno de los hechos que deban acreditarse, razón por la cual, el M.S. admitió dichas declaraciones, puesto que no exceden la cantidad permitida por la Ley; no obstante, pese a que la demandante no especificó sobre cuáles hechos de la Demanda se referirá cada declarante, lo cierto es que manifestó tanto en el libelo como en el escrito de ratificación de pruebas ambos consultables de fojas 1 a 15 y 39 a 41 del Expediente Judicial, que los mismos versarán en torno al conocimiento que tenía la Institución de la condición de salud de la accionante; en tal sentido, el padecimiento de la enfermedad que aduce el actor hace parte de la materia a dilucidar, razón por la cual dichos testimonios resultan admisibles, máxime que no exceden el límite establecido en el artículo 948 del Código Judicial.

    En referencia, citamos un extracto de la Sentencia de cinco (5) de julio de dos mil diecinueve (2019), en la cual la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, en relación a un negocio jurídico similar al que ocupa nuestra atención, dispuso lo siguiente:

    "(...)

    En cuanto a las doce (12) pruebas testimoniales que no fueron admitidas por el M.S. en base al artículo 948 del Código Judicial, concordamos con la decisión ya que la parte actora no indica sobre cuales hechos de la demanda va a declarar cada uno, sino que se señala generalizadamente que iban a exponer sobre las interrupciones acaecidas en los sectores de Panamá Centro, Panamá Oeste y Panamá Interior en el mes de julio de 2011, y ante la falta de esta especificación este tribunal debe asumir que todos los declarantes que adujo la parte actora disertaran sobre un mismo hecho, por lo que correctamente el tribunal Ad-quo admitió cuatro testigos, en base a la norma mencionada en este párrafo.

    El concepto expresado en el párrafo anterior lo ha dispuesto la jurisprudencia en la Resolución de 19 de octubre de 2015, emitida por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia:

    (...)". (Lo resaltado es nuestro)

    En referencia a la prueba documental consistente en la certificación médica expedida por el D.C.F., médico reumatólogo de la Policlínica Gustavo A. Ross de la Caja del Seguro Social, consultable a foja 42 del Expediente Judicial, debemos indicar, que por ser un documento público se presume su autenticidad, salvo tacha de falsedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 835 del Código Judicial, que señala:

    Artículo 835. Es autentico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo haya firmado, elaborado u ordenado elaborar. El documento público se presume autentico, mientras no se pruebe lo contrario mediante tacha de falsedad.

    En lo concerniente a la oposición de la admisión de dicha prueba documental por considerar que ha sido propuesta posterior a la emisión del acto acusado de ilegal, se debe tener en cuenta que corresponderá al Tribunal al resolver el fondo, evaluar el valor de este documento público y su utilidad para acreditar la existencia del Derecho que alega poseer la accionante.

    En este sentido, se advierte, además, que el mismo reúne los parámetros previstos por el referido artículo 783 del mismo cuerpo normativo, esto es, se ciñe a la materia del Proceso, se refiere a los hechos discutidos, no se trata de un medio de prueba prohibido por la Ley, dilatorio o propuesto con el objeto de entorpecer la marcha del Proceso.

    En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, CONFIRMA el Auto de Prueba N° 209 de ocho (8) de septiembre de dos mil veinte (2020), dentro de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción presentada presentada por la Firma Cornejo Robles & Asociados (Abogados), en representación de la señora D.D.C.P.S., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución Administrativa No. 263-2019 de 22 de octubre de 2019, emitida por el Banco de Desarrollo Agropecuario, su acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones

    Notifíquese,

    CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

    CECILIO CEDALISE RIQUELME

    KATIA ROSAS (Secretaria)

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