Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 28 de Marzo de 2022

PonenteMaría Cristina Chen Stanziola
Fecha de Resolución28 de Marzo de 2022
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: María Cristina Chen Stanziola

Fecha: 28 de marzo de 2022

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 48-2020

VISTOS:

La firma forense RODRÍGUEZ, ROBLES & ESPINOZA, actuando en nombre y representación de M.P.G.W., presentó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No.982 de 20 de agosto de 2019, emitida por el HOSPITAL SANTO TOMAS, y para que se hagan otras declaraciones (Cfr. fs. 2 - 23 del expediente judicial).

En razón de la demanda presentada, el Magistrado Sustanciador dictó la Resolución fechada 28 de enero de 2020, mediante la cual se admitió la misma; se envió copia al Director Médico General del Hospital Santo Tomás para que rindiera un informe explicativo de conducta; y se le corrió traslado al Procurador de la Administración. (Cfr. f. 46 del expediente judicial).

Luego de ello, se continuaron con los trámites procesales correspondientes, encontrándose el presente proceso en estado de resolver el fondo; labor a la cual se avoca este Tribunal, no sin antes hacer una síntesis de los hechos y el derecho que fundamentan las pretensiones de la parte actora, así como la posición del Procurador de la Administración.

  1. PRETENSIONES FORMULADAS; HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DEMANDA; NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLADAS Y CÓMO LO HAN SIDO; ALEGATO DE CONCLUSIÓN.

La apoderada judicial de la demandante solicita a este Tribunal que se declare nula, por ilegal, la Resolución No.982 de 20 de agosto de 2019, emitida por el Hospital Santo Tomás, mediante la cual se resolvió lo siguiente:

"ARTÍCULO PRIMERO: Dejar sin efecto en parte el Artículo Primero de la Resolución N°461 de 17 de abril de 2019, en lo que respecta al pago de S. por Jefatura de la Licda. M.P.G.W., Jefa de la Oficina Institucional de Recursos Humanos, posición N°03, planilla 01, Institución 117.

Partida Presupuestaria N°0.0.12.3.02.20.001.631. (fs. 24 del expediente judicial).

Entre los hechos y las omisiones en los que la demandante fundamenta sus pretensiones, se encuentra lo siguiente:

"DÉCIMO: Que la decisión tomada por la Dirección Médica General de Hospital Santo Tomás, mediante Resolución No.982 del 20 de agosto de 2019, no cuenta con una base o sustento legal que la legitime, más bien es una decisión motivada por pretensiones grupales que en nada favorecen la búsqueda de la excelencia y la motivación en el personal que dirige y labora en el Hospital, por tanto la decisión tomada constituye un exabrupto jurídico y administrativo, es ilegal y violatoria a los derechos subjetivos, laborales y del derecho a un debido proceso como servidora pública, consagrados en el ordenamiento legal de la República de Panamá.

DÉCIMO PRIMERO

Que como consecuencia de lo anterior, se ha vulnerado el derecho de mi representada M.P.G.W., de percibir una remuneración justa y equitativa ya incorporada a su esfera personal y funcional por intermedio de la Resolución No.461 de 17 de abril de 2019 de la Dirección Médica General del Hospital Santo Tomás; cónsona con las responsabilidades que conlleva las exigentes funciones de Cargo de Jefa de la Oficina Institucional de Recursos Humanos, al rebajarle el ingreso salarial sin la aplicación de un procedimiento establecido en la norma legal, con ello, el principio de legalidad dispuesto en el artículo 34 de la Ley No.38 de 31 de julio de 2000." (Cfr. f. 9 del expediente judicial).

Lo anteriormente expuesto, lleva a la firma forense RODRÍGUEZ, ROBLES & ESPINOZA, apoderada judicial de M.P.G.W., a considerar que con la emisión de la Resolución N°982 de 20 de agosto de 2019, dictada por el Hospital Santo Tomás, se han vulnerado las siguientes normas:

  1. Los artículos 34, 37, 52 (numeral 4), 62 (numeral 3) y 155 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, los cuales establecen que las actuaciones administrativas en todas las entidades públicas se efectuarán con arreglo a normas de informalidad, imparcialidad, uniformidad, economía, celeridad y eficacia, garantizando la realización oportuna de la función administrativa, sin menoscabo del debido proceso legal, con objetividad y con apego al principio de estricta legalidad; al ámbito de aplicación de la Ley; a las causales de nulidad absoluta de los actos administrativos; a las causales para aplicar la revocatoria de un acto administrativo y a la obligación de contar con una debida motivación (Cfr. fs. 12 - 19 del expediente judicial).

    Al explicar por qué el acto administrativo impugnado infringe las excertas legales arriba citadas, la parte actora señala, en lo medular, que el Director Médico General del Hospital Santo Tomás, al emitir el acto objeto de reparo, lo hizo sin la debida motivación, vulnerando así sus derechos subjetivos de orden económico (Cfr. f. 13 del expediente judicial).

    Aunado a lo anterior, a su consideración, no se aplicó un procedimiento administrativo previamente establecido, a fin de hacer efectiva la eliminación del pago del sobresueldo que ya le había sido reconocido, desconociéndose en ese sentido trámites esenciales, como lo sería la tutela judicial efectiva (Cfr. f. 13 del expediente judicial)

  2. El artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobado mediante a Ley No.15 de 28 de octubre de 1977, en el cual se estipula, que los Estados parte se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia u cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados (Cfr. f. 19 - 22 del expediente judicial).

    Al sustentar el cargo de infracción de esta disposición, la demandante indica que la misma fue desconocida; ya que, en su opinión, al expedirse la Resolución No.982 de 20 de agosto de 2019, dictada por el Director Médico del Hospital Santo Tomás, mediante la cual se le elimina su sobresueldo, el mismo se hace sobre la base de un criterio deliberadamente regresivo, lo cual se encuentra prohibido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (fs. 19 del expediente judicial).

    1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y ALEGATO DE CONCLUSIÓN POR EL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN.

    En cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 38 de 2000, el Procurador de la Administración remitió a esta Sala la Vista No. 178 de 18 de febrero de 2021, a través de la cual contestó la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción que motivó el negocio jurídico bajo examen, solicitando a este Tribunal se sirva declarar que no es ilegal la Resolución No.982 de 20 de agosto de 2019, emitida por el Hospital Santo Tomás y, en consecuencia, se denieguen las demás pretensiones formuladas; criterio que, en lo medular, sustentó en los siguientes argumentos:

    "Finamente, no hay que perder de vista que la entidad cumplió con su deber de notificar a M.P.G.W. del citado acto administrativo; hecho que le permitió a la misma anunciar y sustentar los recursos que proceden en la vía gubernativa, en los que ampliamente se explicaron los motivos que fundamentaron la destitución (sic); decisión que también le fue notificada. Por tanto, consideramos que la referida entidad cumplió con los principios de publicidad de los actos administrativos y de contradicción, así como también garantizó a la ex servidora la oportunidad de ejercer ampliamente su derecho de defensa; no obstante, la misma no aportó pruebas que desvirtuaran los hechos que le fueron atribuidos" (fs. 104 del expediente judicial).

    CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DE LA SALA TERCERA:

    Una vez cumplido el trámite procesal de rigor, este Tribunal, con fundamento en la atribución del control de la legalidad de los actos administrativos, que le otorga el numeral 2 del artículo 206 de la Constitución Política de la República, el artículo 97 del Código Judicial, así como el artículo 42b de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1943, procederá a resolver, en el fondo, la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma forense RODRÍGUEZ, ROBLES & ESPINOZA, en nombre y representación de M.P.G.W., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 982 de 20 de agosto de 2019, emitida por el Hospital Santo Tomás, y para que como consecuencia de tal declaración, se ordene el pago de los sobresueldos dejados de percibir desde el 8 de noviembre de 2019.

    Para ello, esta Colegiatura hará un recuento de los hechos que emanan del caudal probatorio incorporado al presente proceso, y luego indicará las razones y los fundamentos legales que motivan su decisión. Lo anterior, de conformidad con el artículo 990 del Código Judicial, relativo a las reglas que regulan la emisión de sentencias, norma aplicable supletoriamente en este tipo de procesos por así disponerlo el artículo 57c de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946.

    Relación de los hechos que han sido comprobados:

    Del examen de las constancias procesales, se destacan los siguientes hechos:

  3. Mediante la Resolución N°461 de 17 de abril de 2019, el Director Médico General del Hospital Santo Tomás, concedió un pago de Sobresueldo por Jefatura y un aumento al salario base a los cargos del grado 14, en el siguiente sentido:

    "Se concede pago de Sobresueldo por Jefatura de la Oficina Institucional de Recursos Humanos de B/.700.00 mensual, y un aumento de B/.500.00 a su salario base, a partir del 01 de mayo de 2019, a la Licda. M.P.G.W., Jefa de la Oficina Institucional de Recursos Humanos, con cédula N°3-90-1180, seguro social N°308-0557, devenga un salario mensual de B/.3,000.00, planilla 01, posición N°3, con un sueldo mensual total de B/.4,200.00." (Cfr. f. 26 del expediente judicial).

  4. Posteriormente, a través de la Resolución N°982 de 30 de agosto de 2019, el Director Médico General del Hospital Santo Tomás, resolvió dejar sin efecto parte del Artículo Primero de la Resolución N°461 de 17 de abril de 2019, específicamente, lo relativo al pago de Sobresueldo por Jefatura de la Licda. M.P.G.W., Jefa de la Oficina Institucional de Recursos Humanos, posición N°03, planilla 01, Institución 117 (Cfr. f. 24 del expediente judicial).

    La decisión adoptada encontró su sustento, en lo siguiente:

    "Que mediante Acta N°777 de Reunión Ordinaria del 16 de abril de 2019, el Patronato aprobó el Sobresueldo por Jefatura por el monto de B/.700.00, a los funcionarios ubicados en el grado 14 de la Escala Salarial Administrativa vigente, según Resolución N°10 de 6 de mayo de 2019.

    Que en cumplimiento de la Resolución N°461 de 17 de abril de 2019, se concedió el pago de Sobresueldo por Jefatura de la Licda. M.P.G., en los siguientes términos:

    Se concede pago de Sobresueldo por Jefatura de la Oficina Institucional de Recursos Humanos de B/.700.00 mensual de sobresueldo por Jefatura, y un aumento de B/.500.00 al salario base, a partir del 01 de mayo de 2019, a la Licda. M.P.G.W., Jefa de la Oficina Institucional de Recursos Humanos, con cédula N°3-90-1180, seguro social N°308-0557, devenga un salario mensual de B/.3,000.00, planilla 01, posición N°3, con sueldo mensual total de B/.4,200.00.

    Que en virtud del acuerdo fechado 11 de julio de 2019, celebrado entre el Patronato del Hospital Santo Tomás y la Asociación de Servidores Públicos del Hospital Santo Tomás, mediante Acta N°779 de reunión ordinaria del Patronato celebrada el día 23 de julio de 2019, se aprobó dejar sin efecto el pago del sobresueldo por Jefatura por el monto de B/.700.00, otorgados a los funcionarios ubicados en el grado 14 de la Escala Salarial Administrativa vigente, según Resolución No.18 de 7 de agosto de 2019.

    Que en consecuencia se hace necesario dejar sin efecto la Resolución N°461 de 17 de abril de 2019, que ordenó el pago de Sobresueldo por Jefatura de B/.700.00 mensual a la Licda. M.P.G.." (Cfr. f. 24 del expediente judicial).

  5. En razón de lo anterior, M.P.G. interpuso un recurso de reconsideración, al cual se le dio respuesta mediante la Resolución N°1070 de 2 de septiembre de 2019, la que a su vez, dispuso rechazar el recurso en mención, atendiendo, entre otras cosas, a lo siguiente:

    "Que el Patronato del Hospital Santo Tomás se crea mediante la Ley N°4 del 10 de abril de 2000, la cual establece en su artículo Primero lo siguiente:

    'Artículo 1. Se crea el Patronato del Hospital Santo Tomás, como entidad de interés púbico y social sin fines de lucro, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía en su régimen administrativo, económico y funcional; que se regirá por esta Ley y su reglamento general.

    El Patronato tendrá su sede en el Hospital Santo Tomás.'

    Que en virtud de la facultad concedida por el referido artículo, el Patronato del Hospital Santo Tomás ordenó la revocatoria del sobresueldo otorgado. Esta Dirección tiene la responsabilidad de acatar y ejecutar lo dispuesto por el Patronato en relación con el referido sobresueldo de la Licenciada M.P.G., por lo que no puede apartarse de dicho mandato. Ello implica el necesario cumplimiento de la disposición contenida en la Resolución N. 18 de 7 e agosto de 2019 de Patronato del Hospital Santo Tomás." (Cfr. fs. 35 - 36 del expediente judicial).

  6. Contra el citado pronunciamiento, la actora interpuso un recurso de apelación, al cual se le dio respuesta mediante la Resolución N°36 de 6 de noviembre de 2019; el que, a su vez, resolvió mantener lo establecido en la Resolución N° 982 de 20 de agosto de 2019, utilizando como fundamento para ello, el concepto de autonomía administrativa contenido en el artículo 1 de la Ley N°4 de 10 de abril de 2010 (Cfr. fs. 37 - 39 del expediente judicial).

    Examen de los cargos de ilegalidad:

    Antes de iniciar con el análisis de fondo, consideramos importante indicar, que este Tribunal, a través de jurisprudencia uniforme, ha indicado que "La jurisdicción contenciosa administrativa se activa en base (sic) al principio de justicia rogada, en el sentido que las partes son las que delimitan la materia y las pretensiones que deben ser objeto de análisis por parte del Tribunal. Entre estas delimitaciones está que esta Sala de la Corte debe fallar en base (sic) a las normas citadas por la parte actora como infringidas por el acto administrativo y en atención a su concepto de infracción." (La negritas es nuestra) (Sentencia de 3 de mayo de 2018). Es decir, que el examen de legalidad de un acto administrativo, como el que se impugna en este caso, se efectuará en atención a cada una de las normas legales y/o reglamentarias que se aducen infringidas y a los argumentos en los que se fundamenta tal infracción.

    Visto lo anterior, esta Colegiatura advierte que los cargos de ilegalidad que la parte actora le endilga a la citada Resolución N°982 de 20 de agosto de 2019, se circunscriben a dos aspectos fundamentales que son: la posibilidad de la entidad a revocar sus propios actos; y por otro lado, de ser jurídicamente viable lo anterior, al procedimiento con el que se debe cumplir a fin que esto se pueda dar.

    Dicho lo anterior, este Tribunal considera necesario emitir algunas consideraciones en relación a lo que constituye la facultad revocatoria contenida en el artículo 62 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, y la función que ejerce la Sala Tercera como garante de la legalidad de los actos administrativos.

    En cuanto a la Ley 38 de 31 de julio de 2000, Que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo General y dicta disposiciones especiales, debemos partir por indicar que la misma constituye un cuerpo normativo de carácter general, el cual resultará aplicable en la medida que no se cuente con una norma especial.

    En ese sentido, el artículo 37 de la citada disposición establece lo siguiente:

    Artículo 37. Esta Ley se aplica a todos los procesos administrativos que se surtan en cualquier dependencia estatal, sea de la administración central, descentralizada o local, incluyendo las empresas estatales, salvo que exista una norma o ley especial que regule un procedimiento para casos o materias específicas. En este último supuesto, si tales leyes especiales contienen lagunas sobre aspectos básicos o trámites importantes contemplados en la presente Ley, tales vacíos deberán superarse mediante la aplicación de las normas de esta Ley.

    Dentro del desarrollo de la norma en mención, encontramos disposiciones que aplicarán, como hemos indicado, de forma supletoria, en la medida que no exista una norma especial, tal y como sería por ejemplo, el caso de los términos para responder solicitudes fundamentadas en el derecho de petición y los efectos de los recursos presentados en la vía gubernativa.

    Siguiendo esa línea de pensamiento, y tomando en consideración el fondo de la causa que estamos llamados a analizar, resalta el contenido del artículo 62 de la ley en mención; el cual, refiriéndose a la revocatoria o anulación de los actos administrativos, establece lo siguiente:

    Artículo 62. Las entidades públicas solamente podrán revocar o anular de oficio una resolución en firme en la que reconozcan o declaren derechos a favor de terceros, en los siguientes supuestos:

    1. Si fuese emitida sin competencia para ello;

    2. Cuando el beneficiario de ella haya incurrido en declaraciones o haya aportado pruebas falsas para obtenerla;

    3. Si el afectado consiente en la revocatoria; y

    4. Cuando así lo disponga una norma especial.

    En contra de la decisión de revocatoria o anulación, el interesado puede interponer, dentro de los términos correspondientes, los recursos que le reconoce la ley.

    La facultad de revocar o anular de oficio un acto administrativo no impide que cualquier tercero interesado pueda solicitarla, fundado en causa legal, cuando el organismo o funcionario administrativo no lo haya hecho.

    Como se observa de lo anterior, la Ley 38 de 2000, sí contempla la posibilidad que, ante determinadas circunstancias las entidades puedan revocar sus actuaciones, ya sea de oficio, o a solicitud de cualquier tercero interesado.

    En este punto consideramos importante hacer énfasis, en que la facultad que se le reconoce a las entidades en virtud de lo dispuesto en el artículo en mención, no implica un examen de legalidad acto administrativo, función que corresponde de manera privativa a la Sala Tercera; sino más bien una manifestación de las potestades de autocontrol de la Administración pública, reconocidas en función de lo dispuesto en una ley formal, con el objetivo de lograr un adecuado resguardo del principio de juridicidad de las actuaciones administrativas.

    En ese sentido, recordemos, la potestad revocatoria constituye una facultad exorbitante de la Administración, para anular, por sí misma, un acto administrativo, por concurrir un vicio o irregularidad invalidante sin necesidad de concurrir a los Tribunales de Justicia para obtener esa declaración.

    Ese privilegio tiene como fundamento la protección del principio de legalidad, que le impone a la Administración el deber de invalidar los actos contrarios a derecho, con la finalidad de cautelar el ordenamiento jurídico.

    Así, la revocatoria se configura como un poder de la Administración del Estado para volver sobre sus actos, de oficio o a petición de parte, con la finalidad de revisar y poder retirar por sí misma, los actos administrativos viciados, irregulares o inconciliables con el ordenamiento jurídico, a través de un acto administrativo de efecto contrario.

    Aclarado lo anterior, cuando analizamos el acto objeto de reparo, a saber, la Resolución No. 982 de 20 de agosto de 2019, y sus actos confirmatorios, observamos que en efecto, el Hospital Santo Tomás, ha incurrido en infracciones que llevan a la nulidad por ilegalidad, de la misma.

    Para poder arribar a la conclusión a la que se hace mención en el párrafo que antecede, debemos señalar que el sobresueldo reconocido a la demandante a través de la Resolución No.461 de 17 de abril de 2019, constituye un derecho adquirido, y no una mera expectativa; ya que, el beneficio derivado de la promulgación de la resolución en mención, estuvo ingresando de manera efectiva al patrimonio de la demandante, realidad que desvanece cualquier duda en cuanto al percibimiento efectivo del derecho en ella reconocido.

    En ese sentido, cobra importancia lo establecido en el artículo 71 de la Constitución Política de la República; el cual, refiriéndose a los derechos de los trabajadores, establece lo siguiente:

    ARTICULO 71. Son nulas y, por lo tanto, no obligan a los contratantes, aunque se expresen en un convenio de trabajo o en otro pacto cualquiera, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, adulteración o dejación de algún derecho reconocido a favor del trabajador. La Ley regulará todo lo relativo al contrato de trabajo.

    Como se observa, son nulas y, por tanto, no obligan a los contratantes, aquellas estipulaciones o acuerdos en materia laboral, que entrañen la disminución o dejación de un derecho adquirido.

    Cuando tratamos de enmarcar la norma en mención dentro del caso que nos ocupa, observamos que de su propia redacción se desprenden elementos que, a prima facie, podrían resultar incompatibles; ya que, como se observa, la misma habla de convenio de trabajo y de trabajador, conceptos que se utilizan de manera exclusiva para las relaciones laborales que surten en el ámbito privado; mas no así, dentro del sector público. Sin embargo, el colaborador del sector público, es un trabajador que presta su experiencia y conocimientos a favor del Estado; por lo que, restarle su condición por tal, por el solo hecho del empleador para el cual brinda sus servicios, no debe constituir una cortapisa para el reconocimiento, resguardo y tutela de derechos que le deben ser respetados por su condición de tal.

    Así tenemos pues, que luego de habérsele reconocido el derecho a sobresueldo a la demandante a través de resolución antes mencionada, el propio Director Médico General del Hospital Santo Tomás, dicta ahora la Resolución N°982 de 20 de agosto de 2019, objeto de reparo, a través de la cual se deja sin efecto dicho beneficio, acto que implica una clara disminución de derechos en contra de M.P.G.W.(.. f. 24 del expediente judicial).

    En ese orden de ideas, cuando analizamos la normativa internacional suscrita por nuestro país, específicamente, el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada mediante a Ley No.15 de 28 de octubre de 1977, y alegado como infringido por la actora; observamos que el mismo se refiere a los esfuerzos que deben realizar los Estados, a fin de lograr una aplicación progresiva de los derechos de carácter económicos y sociales; lo cual, de la mano de una interpretación extensiva de los derechos contenidos en nuestra Carta Constitucional, debe traducirse en postura garantista a favor de los grupos que, de una u otra forma, puedan ver afectados sus derechos subjetivos en razón de actuaciones extrañas a ellos.

    Por otro lado, en lo que respecta a las revocatorias de los actos administrativos, ya sea esto de oficio o a petición de parte, tenemos que la Ley 38 de 31 de julio de 2000, claramente contempla esa posibilidad; motivo por el cual, corresponde verificar, si en el caso que nos ocupa, se cumplió con alguno de los requisitos ahí contemplados para poder realizar tal procedimiento.

    En ese sentido, la ley en mención contempla en su artículo 62, cuatro supuestos bajo los cuales podría darse la revocatoria de un acto administrativo, siendo estos:

    · Que el acto haya sido dictado sin competencia para ello por parte de la entidad emisora;

    · Si el beneficiario incurrió en declaraciones falsas o haya aportado pruebas falsas dentro del curso del proceso;

    · Que el afectado consciente la revocatoria; y

    · Cuando así lo disponga una norma especial.

    Así las cosas, cuando se lee el acto objeto de reparo, se observa que en su considerando, no se hace mención de ninguno de los cuatro supuestos que habilitarían a la entidad a revocar un acto propio. Desatención que implica una omisión grave; pues se desatiende la obligación de enmarcar la decisión dentro de alguno de los supuestos en virtud del cual, la misma podría resultar jurídicamente viable; derivándose de ello a su vez, en una deficiente motivación del acto; pues, si bien el mismo contempla alguno de los elementos en los que la entidad se basó para la adopción de la decisión, omite otros que resultan indispensables.

    En ese mismo hilo de pensamiento, cuando vemos el fundamento de derecho que sirvió de sustento para la emisión del acto, nos damos cuenta que el mismo se limitó a lo siguiente:

    "FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley N°4 de 10 de abril de 2000, que crea el Patronato del Hospital Santo Tomás. Resolución N°461 de 2 de mayo de 2019. Acta N°772 de 16 de abril de 2019. Resolución N°10 de 06 de mayo de 2019. Acta N°779 de 11 de julio de 2019. Resolución N°18 de 07 de agosto de 2019. Artículos 166 y 167 de la Ley 38 de 2000 y demás concordantes." (Cfr. f. 24 del expediente judicial).

    Como se observa, la entidad demandada no incluyó dentro de las normas que tomó en cuenta para la emisión del acto, el artículo 62 de la Ley 38 de 2000, ni ninguno de sus numerales; lo que, si bien por sí solo no constituye elemento suficiente para declarar la nulidad del acto, ciertamente representa una omisión, que sumada a la anterior, que no podemos pasar por alto.

    Tomando en consideración lo arriba indicado, tenemos que, en efecto, a través de la emisión del acto objeto de reparo, se han vulnerado los artículos 34, 37, 62 (numeral 3) y 155 (numeral 1) de la Ley 38 de 31 de julio de 2000; ya que, como ha quedado acreditado, la entidad demanda no se apoyó en ninguna de las causales contenidas en la Ley, para la adopción de la decisión revocatoria contenida en el acto objeto de reparo.

    De igual forma, observamos que se ha infringido el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobado mediante a Ley N°15 de 28 de octubre de 1977; puesto que, a través de una interpretación claramente regresiva, se procedió a disminuir y desconocer derechos de carácter económicos, que previamente le habían sido reconocidos a la demandante María Pilar Gordón W.

    Ahora bien, en cuanto a la pretensión consistente en que se ordene el pago de los sobresueldos dejados de percibir por la demandante, no se accede a la misma; ya que a fin para que dicha petición resulte viable, dicho beneficio debe encontrarse contenido en una ley especial.

    El criterio arriba expuesto ha sido ampliamente desarrollado por este Tribunal; el cual, mediante Sentencia de 01 de junio de 2021, y dentro de una solicitud similar a la que nos encontramos analizando, indicó lo siguiente:

    "Finalmente, con respecto a la solicitud del pago de los salarios dejados de percibir por el señor NOMBRE 1, esta Corporación de Justicia no puede acceder a lo pedido, puesto que, la Sala Tercera de la Corte ha reiterado en diversas ocasiones que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 302 de la Constitución Política de la República de Panamá, los derechos de los servidores públicos para que puedan ser reconocidos, deben ser contemplados en una Ley formal, que los fije, determine y regule.

    En consecuencia, el pago de los salarios caídos para que pueda hacerse valer, debe ser reconocido a través de leyes con carácter general o específico, que otorguen al servidor público tal prerrogativa, por lo que, la viabilidad de toda pretensión que en relación a este punto intente hacerse efectiva contra el Estado, sólo prosperará en el caso que exista una norma con rango de Ley formal aplicable de manera directa al caso, que lo haya dispuesto de manera expresa.

    En cuanto al tema de los salarios caídos, la Sentencia de 19 de noviembre de 2004, señala lo siguiente:

    '...

    Por último, y en relación a los salarios dejados de percibir por el señor De León, esta Sala estima que, lamentablemente, los mismos no pueden ser retribuidos en virtud de que para que esto sea viable, debe ser dictaminado expresamente por la Ley. En este sentido, el Reglamento de la Carrera sí contempla el pago de salarios caídos dentro de un proceso disciplinario, pero el caso en estudio no aplica a dicho supuesto, por lo que la petición debe ser denegada. Así se señaló en sentencia de 27 de agosto de 2004:

    'Acerca de la pretensión contenida en el libelo de demanda sobre el pago de salarios caídos, la Sala no puede acceder a la misma, toda vez que ha sido el criterio constante de que sin un basamento jurídico con jerarquía de Ley, no es posible reconocer un derecho a favor de un servidor del Estado, ya que los derechos y obligaciones de éstos de conformidad con el artículo 297 de la Constitución, serán determinados en la Ley, y en la Ley 20 de 1983 no existe disposición alguna que habilite el pago del sueldo dejado de percibir durante el término en que ha permanecido removido de su puesto, por destitución, el respectivo servidor público, por ende, como fue dicho, no es viable resolver favorablemente esta petición.

    ...' (Lo destacado es de la Sala).

    Del examen integro de todas las circunstancias y elementos que rodean el negocio, la Sala Tercera debe señalar, que al no existir norma Legal que permita el pago de los salarios dejados de percibir a funcionarios del Servicio Nacional de Radio y Televisión, luego reintegrados a sus cargos, dicha Institución no está obligada al pago de los mismos en esas circunstancias y en particular en el caso del Acto Administrativo cuyo sentido y alcance se ha solicitado, razón por la cual este Tribunal Colegiado no puede acceder al pago de los salarios caídos que solicita el actor."

    En el marco de los hechos y el Derecho cuya relación hemos expuesto, esta M. procederá a declarar la nulidad, por ilegal, del acto administrativo impugnado, sus actos confirmatorios, y negará el resto de las pretensiones formuladas en la demanda.

    PARTE RESOLUTIVA

    Por las consideraciones previamente expuestas, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES ILEGAL la Resolución N°982 de 20 de agosto de 2019, emitida por el Director Médico General del Hospital Santo Tomás, y NIEGA el resto de las pretensiones formuladas en la demanda.

    Notifíquese Y CÚMPLASE,

    MARÍA CRISTINA CHEN STANZIOLA

    CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME (VOTO CONCURRENTE)

    K.R. (Secretaria)

    VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO C.C.R.

    Con el respecto que me caracteriza, es preciso señalar que, si bien comparto la decisión de declarar, nulo, por ilegal, la Resolución N° 982 de 20 de agosto de 2019, emitida por el Director Médico General del Hospital Santo Tomás; no obstante, considero que debe reconocerse el pago de los sobresueldos peticionados por la parte actora.

    En efecto, el acto administrativo impugnado versa sobre la revocación que efectúo la Dirección Médica del Hospital Santo Tomás, sobre el pago de sobresueldos por Jefatura de la licenciada M.P.G.W., del cual se concluye que ha sido una decisión ilegal, de manera que, siendo congruentes con dicha decisión; considero que asimismo debe reconocerse el pago de los sobresueldos.

    En este sentido, el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Gasto Público, V. Actualizada 2010. Resolución No. 244 de 13 de enero de 2011 (Gaceta Oficial No 26716-C del 4 de febrero de 2011), clasifica como gastos, según su objeto, a los servicios personales, entre los cuales se incluye:

    010 SOBRE SUELDOS

    Son los gastos por concepto de remuneraciones complementarias al sueldo, sancionadas en disposiciones especiales.

    011 Por Antigüedad

    Son los gastos por conceptos de sobresueldos reconocidos a los funcionarios de acuerdo a lo estipulado en leyes orgánicas, tales como las que rigen el régimen magisterial, profesionales de la salud y organismos de seguridad pública.

    012 Por Zonas

    Son los gastos por conceptos de sobresueldos devengados por funcionarios que prestan servicios en lugares de difícil acceso o que trabajan en condiciones de vida desfavorables.

    013 Por Jefatura

    Son los gastos por conceptos de sobresueldos devengados por funcionarios que se desempeñan en cargos que requieren de un mayor grado de responsabilidad.

    019 Otros Sobresueldos

    Comprende a otros sobresueldos no especificados en ninguno de los objetos de gastos antes detallados en la presente cuenta.

    Por tanto, consideramos que debe otorgarse los sobresueldos dejados de percibir por esta decisión, ahora declarada ilegal, y que se le reconoció por ser Jefa de la Oficina Institucional de Recursos Humanos, con cargo a la partida presupuestaria N° 0.0.12.3.02.20.001.631, tal como se evidencia en el acto administrativo impugnado.

    Sobre el particular, es importante precisar que el numeral 2, del artículo 206 de la Constitución Política establece que "la Corte Suprema de Justicia con audiencia del Procurador de la Administración...restablecer el derecho particular violado..."; por consiguiente, en el caso bajo estudio, es claro que la decisión administrativa del Director Médico de este hospital, ocasionó una vulneración al derecho subjetivo de la licenciada M.P.G. al dejar de recibir dicho sobresueldo.

    Por lo anteriormente expuesto y con todo respecto, PRESENTO ESTE VOTO CONCURRENTE.

    Fecha ut supra,

    CECILIO CEDALISE RIQUELME

    Magistrado

    KATIA ROSAS

    Secretaria

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