Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 30 de Septiembre de 2015

PonenteHarry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución30 de Septiembre de 2015
EmisorPleno

VISTOS: Conoce el Pleno de la Corte Suprema de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto por el licenciado R.M. en representación de la Sociedad Servicios Industriales y Ambientales, S.A., en contra de la Sentencia fechada 26 de marzo de 2015, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial de Panamá, con ocasión del proceso laboral interpuesto por el señor E.R.C.. ACCIÓN DE AMPARO El amparista sustenta la demanda explicando que el señor E.R.C., presentó demanda laboral en contra de la Sociedad Servicios Industriales y Ambientales, S.A., por despido injustificado, la cual fue resuelta por medio de la Junta de Conciliación y Decisión No. 15, la cual mediante Sentencia 041-PJCD-15-2013 de 30 de octubre de 2013, absolvió a la empresa demandada, fundándose en la figura jurídica de la prescripción de la acción al dejar transcurrir el término para tal fin. Explica el activador que dicha sentencia puntualizó que el despido se efectuó el 7 de junio de 2012 y el trabajador presentó la demanda el 3 de mayo de 2013, por lo cual han transcurrido más de diez (10) meses y en materia laboral el artículo 221 del Código de Trabajo referente a la prescripción establece que el trabajador tiene un término de sesenta (60) días para reclamar el despido injustificado y por ende el castigo del pago de la indemnización y el conteo de dichos días hábiles se comienza a contar desde el día del despido. Señala el demandante que la anterior decisión fue objeto del recurso de apelación y el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial de Panamá, al resolver la alzada mediante sentencia fechada 26 de marzo de 2015, resolvió revocar la sentencia primaria y en su defecto declaró no probada la excepción de prescripción, en consecuencia condenó a la empresa a pagar el trabajador E.R.C., la suma de dos mil setenta y siete con cincuenta centavos (B/.2,077.50), en concepto de indemnización, por despido injustificado, más el 15% de costas. Arguye el amparista que el procedimiento procesal laboral, establece un término de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la separación laboral para que el trabajador pueda reclamar o demandar por razón del despido injustificado; no obstante el trabajador presentó la demanda diez (10) meses después del despido, lo que hace surja a la vida la figura jurídica de la prescripción de la acción, por lo cual la resolución del Tribunal Superior de Trabajo, violenta el debido proceso, garantía establecida en la Constitución Política de la República de Panamá. Por lo hechos expuestos señala que la sentencia de 26 de marzo de 2015, viola en concepto de omisión el artículo 32 de la Constitución Política de la República, en cuanto al acatamiento imprescindible de todas y cada una de las disposiciones legales de forzoso cumplimiento, pues las normas del proceso son de derecho público, de allí que no quedan al arbitrio del funcionario juzgador cumplirlas o no, por cuanto al no cumplirlas viola el debido proceso que da a las partes el derecho a la bilateralidad, igualdad y la legalidad del proceso. (fs. 1-9) CONTESTACIÓN DEL FUNCIONARIO DEMANDADO Explica que el proceso laboral en que fueron partes E.R.C. versus Servicios Industriales y A.S.A., ingresó al Tribunal Superior procedente de la Junta de Conciliación y Decisión No. 15, al haberse interpuesto recurso de apelación contra la Sentencia No. 041PJCD-15-2013 de 30 de octubre de 2013, que aceptó la prescripción y negó el pago de la indemnización, absolviendo a la empresa demandada. El Tribunal Superior de Trabajo en cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes y luego del examen previo de todo lo actuado, según lo ordena el artículo 940 del Código de Trabajo, resolvió la controversia según las reglas de la sana crítica, revocando la sentencia de primera instancia, con salvamento de voto de quien suscribe el informe (M.. Orlando Tovares). Explica el funcionario demandado que el expediente contentivo de todo lo actuado fue devuelto a la Junta de Conciliación y Decisión No. 15, el 17 de abril de abril del 2015, teniendo en cuenta que la resolución expedida se encuentra ejecutoriada y contra dicho fallo no procede recurso ulterior de casación laboral, según lo dispone el artículo 8 de la Ley 1 de 17 de marzo de 1986. Finalmente indicó que dicho Tribunal en el ejercicio de sus facultades legales y dentro de su competencia, resolvió la controversia laboral, con apego a las disposiciones legales aplicables al caso, teniendo en cuenta las normas del debido proceso legal y mediante la evaluación objetiva de las pruebas aportadas por las partes. (fs. 38-40) CONSIDERACIONES DEL PLENO Cumplidas las ritualidades procesales exigidas por la Ley para esta clase de demandas en su aspecto formal, se encuentra el Pleno de la Corte en condiciones de resolver sobre las consideraciones de fondo del amparista, a ello se pasa teniendo presente que la finalidad del juicio de Amparo de Garantías Constitucionales, es la protección de los derechos fundamentales previstos por la Constitución, cuando son lesionados por una orden de hacer o de no hacer, acto o cualquier gestión arbitraria emanada de un servidor público, tal como lo establece el artículo 2615 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 54 de la Constitución Política de la República. De lo expuesto se advierte que la acción de amparo de garantías presentada pretende revocar la orden de hacer contenida en la resolución de fecha veintiséis (26) de marzo de 2015, por medio de la cual se revocó la Sentencia No. 41-PJCD-15-2013 de 30 de octubre de 2013 (fallo oral inmediato), dictado por la Junta de Conciliación y Decisión No. 15, declarando no probada la excepción de prescripción alegada por la parte demandada y en su lugar condenó a Servicios Industriales y Ambientales, S.A., a pagar a favor del trabajador E.R.C. la suma de dos mil setenta y siete con cincuenta centésimos (B/.2,077.50) en concepto de indemnización, por despido injustificado. El recuento del expediente permite advertir que el señor E.R.C., presentó una demanda laboral por despido injustificado, en contra de la Sociedad Servicios Industriales y A.S.A., la cual fue adjudicada a la Junta de Conciliación y Decisión No. 15, quien resolvió la controversia por medio de la Sentencia No.041-PJCD-15-2013, fechada 30 de octubre de 2013 en la cual se dispuso absolver a la empresa demandada de todos los cargos incoados en su contra, al haberse constatado que desde el despido hasta la fecha de presentación de la demanda, habían transcurrido más de diez (10) meses y en materia laboral referente a la prescripción el artículo 221 del Código de Trabajo, establece que el trabajador tiene el término de sesenta (60) días hábiles para reclamar, término que comienza a contarse desde el día del despido (fs. 27-29). Contra la anterior resolución se anunció y sustento recurso de apelación, por lo cual el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dictó la resolución objeto del presente amparo, por medio de la cual se revocó la sentencia primaria declarando no probada la excepción de prescripción alegada por la parte demandada y en su lugar condenó a Servicios Industriales y Ambientales, S.A., a pagar a favor del trabajador E.R.C. la suma de dos mil setenta y siete con cincuenta centésimos (B/.2,077.50) en concepto de indemnización, por despido injustificado. Como fundamentos de la anterior resolución, se advierte que la presentación de la demanda fue el tres (3) de mayo de 2013, ante la autoridad competente para conocer del reclamo del pago de la indemnización y salarios caídos por el despido injustificado de que fue objeto el demandante el siete (7) de junio de 2012. Para verificar si opera el fenómeno de la prescripción, es menester señalar que si bien la norma establece que el término para reclamar la indemnización con el pago de salarios caídos prescribe a los sesenta (60) días contados de la separación o del despido del trabajador, ello no impone la imposibilidad de reconocer el reclamo de indemnización más allá de los sesenta (60) días, conforme lo permite el propio texto, cuando amplía a un (1) año el término para reclamar la indemnización. De igual manera se indica en la citada resolución que, es evidente que en el presente caso el trabajador R.C. había superado el término de sesenta (60) días para reclamar el pago de salarios caídos producto de un despido injustificado, sin embargo, aún estaba vigente la posibilidad de reclamar el pago de una indemnización ante los Tribunales de Justicia, pues para este reclamo la norma concede el término legal de un año, incluyendo el pago de las demás prestaciones, si ellas son reclamadas. Por tanto, al aplicarse la prescripción de la acción en ese sentido, se incurrió en una violación directa de la norma, pues ésta debe aplicarse a favor de los trabajadores y no en su contra (fs. 11-22). Indica el amparista, se ha vulnerado en concepto de omisión el debido proceso legal consagrado en el artículo 32 de la Constitución Nacional, al no darse el acatamiento imprescindible de todas y cada una de las disposiciones legales de carácter procesal que son de orden público y su acatamiento es de forzoso cumplimiento, para el debido proceso. Con relación a la alegada conculcación del artículo 32 de la Constitución, el análisis jurídico en cuanto a la violación al debido proceso comprende aquellas actuaciones que no cumplan con los trámites esenciales del proceso de que se trate, que se haya impedido ejercer el derecho de defensa y de contradicción a las partes interesadas. Como ha manifestado esta Superioridad en múltiples ocasiones, siguiendo al D.A.H., "la garantía del debido proceso que incorpora la Constitución Política en su artículo 32 consiste en una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso la oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos". (A., H., El Debido Proceso, Editorial Temis, S.A., Santa Fé de Bogotá-Colombia, 1996, pág.54). Haciendo un repaso de la presente investigación, no observa el Pleno que se haya infringido la norma constitucional, al no desprenderse con la emisión de la Sentencia fechada 26 de marzo de 2015, objeto del presente amparo, así como del curso del proceso en sí, violación al debido proceso ni a las garantías fundamentales de ninguna de las partes. Sostenemos lo anterior en razón que como demuestra el cuaderno constitucional, el proceso laboral se origina en razón de formal demanda laboral por despido injustificado presentada por el trabajador E.R.C., en contra de la empresa Servicios Industriales y Ambientales, S.A., por medio de la cual exigía el pago en concepto de indemnización y salarios caídos. En atención a ello se fijó fecha para la audiencia correspondiente, acto en el cual la parte demandada procedió a contestar los hechos de la demanda y con posterioridad se concedió el término probatorio, el cual fue utilizado por ambas partes. Igualmente fue presentado al proceso laboral solicitud en la que se invocó la Excepción de Prescripción de la Acción del Demandante, para reclamar el despido injustificado, debido a que el trabajador no presentó en tiempo oportuno la reclamación según el término que señala la ley. Es precisamente el cómputo del término de prescripción para presentar la reclamación por parte del trabajador el objeto central de lo reclamado por el amparista, pues a su criterio la demanda fue interpuesta de forma extemporánea, de allí que la resolución de segunda instancia que revoca y declara no probada dicha excepción, deviene en contraria a la Constitución, al desconocer el debido proceso. Resulta oportuno transcribir lo normado en el artículo 221 del Código de Trabajo, cuyo texto es del tenor siguiente: Artículo 221. El derecho del trabajador de reclamar por razón de despido injustificado prescribe en el término de sesenta días hábiles contados a partir de la separación. Este plazo rige para reclamar el reintegro o la indemnización por despido injustificado, con pago en ambos casos de salarios caídos. El reclamo por la sola indemnización por despido injustificado y demás prestaciones derivadas de la terminación de la relación de trabajo prescribe al año, contado a partir de la fecha de separación. (Lo subrayado es nuestro). De la norma transcrita se desprenden varios supuestos, siendo el primero de ellos el hecho de que el trabajador cuenta con el término de sesenta (60) días para presentar demanda de reintegro a las labores con el correspondiente pago de los salarios caídos, igualmente goza del mismo término, es decir, sesenta (60) días para reclamar el pago de la indemnización con pago de salarios caídos, que cuenta el trabajador con el término de un (1) año para presentar reclamo por la sola indemnización por despido injustificado y demás prestaciones derivadas de la terminación de la relación de trabajo y por último que dichos plazos de sesenta (60) días y de un (1) año, se cuentan a partir de la finalización de la relación de trabajo. De los hechos de la demanda se constata que en efecto el señor E.R.C. laboraba para la empresa Servicios Industriales y A.S.A., siendo despedido de sus servicios el día siete (7) de junio de 2012, sin embargo presentó demanda por despido injustificado reclamando el pago de indemnización y salarios caídos, para la fecha del tres (3) de mayo del 2013, es decir, transcurridos más de diez (10) meses, contados desde la fecha en que se realiza el despido. En ese orden debemos hacernos eco de lo establecido en la norma de procedimiento laboral, la que tal como hemos transcrito contempla los plazos para reclamar por razón de despido injustificado, indicando de forma específica el término de sesenta (60) días para el reintegro o indemnización en ambos casos con el pago de los salarios caídos y el término de un (1) año para el reclamo del pago de la indemnización. La norma permite verificar que el término de sesenta (60) días, se ha establecido para el reclamo de dos derechos que conllevan o involucran en sí otro derecho, que viene a ser el pago de los salarios caídos, en tanto el término de un (1) año, fue dispuesto como el término para interponer el reclamo por concepto de indemnización y demás prestaciones que deriven de la terminación de la relación de trabajo. Así las cosas consideramos le asiste razón al Tribunal Superior de Trabajo, al establecer que si bien el término para la presentación de la demanda para el pago de los salarios caídos se encontraba prescrito por el vencimiento de los sesenta (60) días hábiles; no menos es cierto que el término para el reclamo de indemnización por despido injustificado se encontraba vigente, habida cuenta que la norma establece el período de doce meses, de los cuales a la fecha del tres (3) de mayo del 2013, habían transcurrido diez (10) meses. Por lo expuesto en efecto correspondía conocer el fondo de la controversia, pues aun cuando, con el transcurrir del término, se prescribió la acción para reclamar por los salarios caídos producto de un despido injustificado, sí estaba vigente el mecanismo para accionar el reclamo, en concepto de indemnización y demás prestaciones por despido injustificado en favor del trabajador. En esa dirección giró la resolución demandada de inconstitucional, pues al determinarse vigente la oportunidad para presentar el reclamo, se procedió a verificar la legalidad o no del despido, concluyendo sobre el particular que se trata de un despido injustificado en virtud del incumplimiento de lo normado en el artículo 214 del Código de Trabajo, hecho éste que el Tribunal Constitucional no valorara pues escapa de la finalidad del recurso de amparo, procediendo en consecuencia el Tribunal de instancia a establecer la cuantía pertinente. Como ha sido reiterado en múltiples ocasiones por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de Amparo de Garantías Constitucionales, debido al carácter extraordinario que la singulariza en la protección de derechos de raigambre constitucional, no puede ser concebida como un recurso ordinario adicional, con capacidad para provocar que el Tribunal de Amparo efectúe una nueva labor interpretativa de las normas legales que gobiernan el desarrollo del proceso y que son propias de la apreciación que corresponde realizar privativa y soberanamente al juez natural de la instancia. Si bien advierte el activador constitucional, que el trabajador al interponer la demanda laboral por despido injustificado, efectúa la reclamación por el pago del concepto de indemnización y salarios caídos de forma conjunta, lo que a su entender se debe interpretar como una única petición, y en razón de ello denegarse su ponderación en juicio al estimarse vencido el término para accionar el reclamo; tal como categoriza el Tribunal Superior de Trabajo, opinión compartida por esta colegiatura, no puede la autoridad basándose en la forma en que ha sido peticionada la reclamación, desconocer que en efecto al trabajador en primer lugar le asiste un derecho adquirido y en segundo lugar que le ampara la posibilidad procesal de reclamar dicho derecho nacido de la relación de trabajo, específicamente en cuanto a la indemnización, en razón de que la normativa procedimental laboral (artículo 221 del Código de Trabajo), estableció la posibilidad de demandar la indemnización por despido injustificado en el lapso mayor de un año, término que aún no se encontraba prescrito para el señor R. R.C., pues como hemos señalado en párrafos precedentes habían transcurrido más de diez (10) meses, es decir, que los doce (12) meses contemplados en la norma, no se tenían por agotados. Al encontrarnos en un escenario de verificación de posible afectación o vulneración a derechos fundamentales y adquiridos por los trabajadores, vale precisar que en materia laboral rige en especial el principio protector, que contempla las reglas del in dubio pro operario referido a los casos en que existan diversas interpretaciones de una norma (la norma es susceptible de entenderse en diversas formas), o que exista duda o conflicto sobre la aplicación de normas, lo cual nada tiene que ver con la apreciación y valoración probatoria, pues éste principio no se aplica a la valoración de la prueba o por disputa sobre los hechos de un proceso laboral, para cuya apreciación se utilizan las reglas de sana crítica. De igual manera impera la regla de la norma más favorable y la condición más beneficiosa a favor del trabajador, así como los principios de primacía de la realidad, justicia social y equidad. Ante los hechos expuestos en que se tienen por plenamente acreditados los elementos del proceso laboral, entre ellos la relación laboral entre el señor E.R.C. y la empresa Servicios Industriales y A.S.A., probada y aceptada por la partes en juicio que da pie a la reclamación por despido injustificado, así como el tiempo exacto a partir del cual inició el computo del término para la interposición de la demanda por indemnización, considera el Pleno atinada la resolución emitida por el Tribunal Superior de Trabajo en el sentido de entrar a conocer el fondo de la controversia y establecer el pago por la indemnización en favor del trabajador, al determinarse que el derecho a dicha reclamación no se encontraba prescrito. Estima esta Superioridad que ninguno de los presupuestos constitutivos de la norma constitucional cuya infracción ha sido invocada se han perfeccionado con la emisión de la Sentencia fechada 26 de marzo del 2015, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, por lo que la acción de amparo no será concedida. PARTE RESOLUTIVA Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CONCEDE la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por el licenciado R.M. en representación de la Sociedad Servicios Industriales y Ambientales, S.A., en contra de la Sentencia fechada 26 de marzo de 2015, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial de Panamá. N., HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- GISELA AGURTO -- NELLY CEDEÑO DE PAREDES -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria)

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