Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 16 de Diciembre de 2013

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución16 de Diciembre de 2013
EmisorPleno

VISTOS: Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por la Licda. J.S.B., en nombre y representación de FORTUNATO NEGRETE ARIAS contra la Providencia de 28 de julio de 2008, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del proceso penal seguido en contra del amparista por el delito de posesión agravada de drogas. Afirma el apoderado judicial del amparista, que a su representado y a otras dos personas se le siguió un proceso penal luego que al allanarse una residencia ubicada en la calle 4 del Sector de M., provincia de C., Corregimiento de C., en donde se incautaron sesenta (60) kilos de Cocaína. Que mediante Sentencia No. 012 de 29 de junio de 2006, el amparista fue condenado a la pena de 30 meses de prisión por considerar el tribunal de la causa que sí era autor del precitado delito, pero dicha decisión fue recurrida y el Tribunal de segunda instancia la revocó, lo que produjo que se le impusiera al amparista una condena de 48 meses de prisión. Que en ese entonces la defensa técnica del amparista se notificó de la decisión tomada en segunda instancia, anunciando oportunamente recurso de casación, pero que cuatro días después de haber interpuesto el recurso de casación, el amparista presentó una solicitud, la cual consistía en que se le designará dentro del término de ley un Defensor de Oficio, por no poderse poner de acuerdo con su apoderada judicial, ya que no contaba con los recursos para seguir costeando una defensa privada. Comenta el apoderado judicial del amparista, que en el momento que su representado solicitó que se le designara un Defensor de Oficio, esta solicitud debió ser atendida de inmediato, para poder adelantar el trámite de la sustentación del recurso de casación. Sin embargo, la parte demandante expresa que eso no se dio así, pues lo que a su juicio sí se dio es que se continuó con el trámite del citado recurso y dejándose a su representado en indefensión; además, de vulnerarse el principio de derecho a la defensa, recogido en el artículo 10 del Código Procesal Penal. Que el proceso fue remitido al Segundo Tribunal de Justicia, en donde se procedió a surtir el trámite relacionado con la concesión del recurso de casación, pero sin percatarse o sin conocerse que el amparista estaba en total indefensión. Que mediante providencia de 28 de julio de 2008, el Segundo Tribunal Superior de Justicia procedió a conceder el término de ley para formalizar el recurso de casación, además de hacerse mención del hecho de que la Licda. X.R. de V., ya no era su apoderada judicial. De ahí, que afirma que al no contar con apoderado judicial, lo lógico era que no se diera la sustentación del recurso de casación y que se procediera a decretar desierto el mismo. Lo expresado en los párrafos que anteceden llevan al apoderado judicial del amparista, a señalar que la providencia de 28 de julio de 2008, vulneró la garantía constitucional consagrada en el artículo 32 de la Constitución Nacional, ya que considera que al darse la apertura del término de formalización del Recurso de Casación, no se tomó en cuenta que él estaba en indefensión al no habérsele designado un Defensor de Oficio. DECISIÓN DEL PLENO En esta etapa procesal este Tribunal de amparo, advierte que el libelo contentivo de la demanda de amparo se ajusta a los requisitos de procedibilidad comunes a toda demanda, normados en el artículo 665 del Código Judicial y a los rigores del artículo 2619 de la misma excerta legal, referentes a los presupuestos para la clase especial de demanda de que trata la acción de amparo de garantías constitucionales. Ahora bien, sin entrar en consideraciones de fondo, advierte esta colegiatura que la presente demanda ha sido dirigida contra la providencia de 28 de julio de 2008, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del proceso penal seguido en contra del amparista por el delito de posesión agravada de drogas. De igual forma, se puede señalar que al observar el libelo de la demanda de amparo, que estamos frente a una actuación de naturaleza jurisdiccional, la cual ha sido dictada luego de transcurrir aproximadamente más de cuatro años y once meses, antes de la interposición de la presente demanda, lo que resulta ser un lapso de tiempo excesivo para que se cumpla con uno de los requisitos indispensable para la admisibilidad de la presente acción de amparo, pero que a juicio del amparista es procedente porque el acto demandado infringe la garantía fundamental del debido proceso. Antes de entrar a pronunciarnos sobre la admisibilidad de la acción bajo examen, esta Corporación de Justicia debe manifestar que es cierto que en materia de Amparo de Garantías Constitucionales, se ha venido realizando un examen más minucioso de los temas que se debaten en este negocio constitucional, precisamente con la finalidad que esta vía extraordinaria resulte más efectiva para la tutela de las garantías fundamentales; como es el caso de un nuevo alcance que la jurisprudencia le ha dado al contenido del artículo 54 de la Constitución Nacional, respecto al concepto de orden de hacer y no hacer. Por consiguiente, surge la necesidad de examinar caso por caso, para determinar si en realidad lo planteado por el amparista, se enmarca dentro del plano constitucional. Es preciso señalar que esta Corporación de Justicia no considera en esta ocasión que estemos frente a una acción de amparo que pueda ser admitida, porque como se señaló anteriormente, a pesar que el amparista aduce entre otras cosas que quedó en indefensión por no habérsele nombrado oportunamente un defensor de oficio, pero pierde de vista que la fecha en la que se dictó la resolución demandada supera con creces los tres (3) meses que la jurisprudencia establece para la interposición de la presente acción constitucional, y que definitivamente hace considerar la pérdida de la gravedad e inminencia del daño por lo que requiere una revocación inmediata. Igualmente, hay que tener claro que para contabilizar, si se mantiene la gravedad e inminencia del daño, es necesario tomar en cuenta la fecha en la cual fue notificada la persona que interpone el amparo o el momento en que tiene conocimiento de la expedición del acto demandado. Pues bien, el amparista no adjunta a su libelo de demanda prueba alguna de la notificación del acto jurisdiccional demandado, pero de la propia copia simple de la resolución demandada que se aporta junto a la demanda, se puede observar que el proceso penal objeto de la acción de amparo que nos ocupa, se le dio salida bajo el número 30484 en el folio 3306 del libro de salida 33, el día 12 de mayo de 2011. (Ver sello ubicado en el reverso de la foja 14 del dossier) Lo anterior quiere decir, que a pesar que el amparista no adjunta mayor documentación que evidencie la fecha de notificación de la resolución demandada, si se puede determinar cuando se le dio salida en segunda instancia al proceso penal objeto de la acción de amparo que nos ocupa, lo que indica que para poder realizarse dicha actuación, previamente debió llevarse a cabo la respectiva notificación a la partes del proceso. De allí que para la fecha en que se dio la salida del referido proceso penal, ya el amparista debió tener conocimiento de la decisión demandada, lo que refleja que ha superado en exceso el término de tres (3) meses que contempla la jurisprudencia para que se mantenga la gravedad e inminencia del daño, porque desde el momento en que el amparista tiene conocimiento de la decisión demandada a la interposición de la acción de amparo, ha transcurrido en exceso dicho término. Justamente, ha sido criterio sostenido de esta Corporación al señalar que al momento de activarse esta vía procesal de carácter extraordinario exista el elemento fundamental de urgencia en la protección del derecho constitucional que se estima vulnerado, postulado que se recoge en el artículo 2615 del Código Judicial, referente a la gravedad e inminencia del daño que representa la orden cuya revocatoria se pide. Veamos el contenido del artículo 2615 del Código Judicial: "Artículo 2615. Toda persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor público, una orden de hacer o de no hacer, que viole los derechos y garantías que la Constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona. La acción de Amparo de Garantías Constitucionales a que se refiere este artículo, se tramitará mediante procedimiento sumario y será de competencia de los tribunales judiciales. Esta acción de Amparo de Garantías Constitucionales puede ejercerse contra toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución que revistan la forma de una orden de hacer o no hacer, cuando por la gravedad e inminencia del daño que representan requieren de una revocación inmediata. ..." Las negritas son del Pleno. Resulta importante destacar lo señalado en la sentencia de 27 de marzo de 2012, proferida dentro de la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por la licenciada M.T.C.G., a favor de M.A.M.A., contra la Sentencia No. 40 de 28 de septiembre de 2011, dictada por la Junta de Conciliación y Decisión No. 11. "De otra parte, en cuanto al requisito de la gravedad e inminencia del daño, se constata que el acto atacado en sede constitucional, esto es la Sentencia No. 40, fue proferida el 28 de septiembre del 2011 (fs.6), por lo que han transcurrido tres (3) meses y días desde la expedición del acto atacado, toda vez que el amparista no aporta prueba que acredite otra fecha del conocimiento de la sentencia en tiempos recientes. En materia de amparo no es posible practicar pruebas, razón por la cual las partes, entiéndase el amparista debe aportar los elementos que comprueben esa condición; siendo que el amparo fue presentado el 4 de enero de 2012, fecha a la cual han transcurrido más de tres meses desde la expedición del acto, adoleciendo así del requisito de gravedad e inminencia del daño, el cual ha sido interpretado por la Corte Suprema de Justicia, indicando que para que concurra esta condición, debe el interesado acudir prontamente a la justicia, pues el retardo en la activación del aparato judicial, demuestra la ausencia de un daño inminente. En efecto, en reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en Acuerdo del Pleno de 12 de junio de 2008, se señaló que el criterio adoptado concerniente al requisito de gravedad e inminencia del daño, es que el amparista tiene 3 meses para presentar el libelo de amparo, de no hacerlo dejaría de revestir esas cualidades, pues se entiende que ante una amenaza grave, real e inminente, se debe acudir prontamente a lograr restituir o impedir el daño, que pudiera acarrearse derivado de la orden de hacer o de no hacer violatoria de las garantías constitucionales fundamentales, tuteladas en nuestro ordenamiento constitucional. Sobre el tema es posible consultar las Sentencias de 16 de marzo de 2009 y de 5 de julio de 2010, entre otras." Las negritas son del Pleno. Luego de la cita anterior, este Tribunal de Amparo considera oportuno reiterar lo consignado en reiterada jurisprudencia que sobre el mismo asunto se ha emitido, donde se ha manifestado que cuando la acción de amparo de derechos fundamentales se interpone después de transcurrido un periodo prolongado del tiempo que se dictó la orden de hacer impugnada dicha orden y teniendo conocimiento el amparista de ésta, se pierde su gravedad y sobre todo su inminencia. Precisamente, es cierto que si bien no existe un término en el ordenamiento legal para interponer procesos de amparo, la propia naturaleza de la acción ensayada y el propósito que se persigue con ella, consignado tanto en el artículo 54 de la Constitución y lo establecido por el legislador en el artículo 2615 del Código de Judicial, ha llevado a que la Corte, a través de sus pronunciamientos, estime un tiempo razonable y perentorio para su presentación, y que inicialmente estaba establecido en dos meses, mientras que el mismo ha sido ampliado por esta Corporación de Justicia a tres meses, como bien se establece en la precitada jurisprudencia. En conclusión, el recurrente por vía de amparo ha dejado transcurrir un tiempo más que considerable desde la fecha de emisión de la orden que se pretende impugnar, así como la fecha en que debió tener conocimiento de ésta y sin aparente justificación alguna. Por todo lo que antes expuesto, estima esta Superioridad que debe inadmitirse la acción constitucional de amparo de garantías constitucionales examinada. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por la Licda. J.S.B., en nombre y representación de FORTUNATO NEGRETE ARIAS contra la Providencia de 28 de julio de 2008, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del proceso penal seguido en contra del amparista por el delito de posesión agravada de drogas. N.. JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS VICTOR L. BENAVIDES P. -- NELLY CEDEÑO DE PAREDES -- H.A.D.G. --L.R.F.S. --J.M.E. --H.J.M.D. --A.M. LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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