Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 25 de Noviembre de 2015

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución25 de Noviembre de 2015
EmisorPleno

VISTOS: La firma forense IMC LEGAL , actuando en nombre y representación CESEL, S.A., ha promovido ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Amparo de Derechos Fundamentales contra la orden de hacer contenida en la Resolución No.DF-403-2014 de 30 de julio de 2014 dictada por la Dirección General de Contrataciones Públicas, cuyo texto dice lo siguiente, en su parte pertinente: "Que de lo anterior se puede colegir que el Pliego Electrónico tiene que contener el registro de todos los requerimientos y condiciones que la entidad licitante exigirá de manera unilateral para la participación de un acto público y el mismo prevalece sobre aquellos documentos que se adjunte, en el caso que nos ocupa se evidencia que la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), al realizar confección del pliego de cargo no contemplo detallar los requisitos financieros y técnicos debidamente desglosados como requisitos mínimos obligatorios, los cuales debieron estar contemplados en la Sección de "Otros Requisitos", de Documentos a Presentar con la Propuesta del Pliego de Cargos, de igual manera al verificar las adenda las mismas se realizaron adjuntando documento y no modificando los requisitos previamente en dicha Sección del Pliego Electrónico. ..................................................................................... Que conforme a lo estipulado en el artículo 303 del Decreto Ejecutivo No. 366 de 2006, una vez recibida la acción de reclamo y analizada la misma, si la Dirección General de Contrataciones Pública considera que le asiste la razón al reclamante, podrá ordenar la suspensión del acto público y/o adoptar las medidas correctivas pertinentes. En caso contrario, esta Dirección confirmara lo actuado por la entidad licitante y el proceso de selección de contratista seguirá su curso, devolviéndose el expediente original a la entidad contratante respectiva. Que en mérito de las consideraciones antes expuestas, así como en atención a lo que dispone el artículo 10 y el 127 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, en concordancia con el artículo 303 del Decreto Ejecutivo No.366 de 28 de diciembre de 2006 y en ejercicio esta Dirección en consecuencia; RESUELVE: PRIMERO: ORDENAR a la EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA, S.A. (ETESA), que proceda a DEJAR SIN EFECTO LO ACTUADO para que , atendiendo a las observaciones planteadas por esta Dirección en la presente resolución, proceda a CONVOCAR UN NUEVO ACTO PÚBLICO. SEGUNDO: LEVANTAR LA SUSPENSIÓN del Acto Público N°2014-2-78-0-99-LV-004476. TERCERO: ORDENAR el archivo del expediente de la Acción de Reclamo interpuesta por CONSORCIO TERCERA LINEA, contra el Acto Público N° 2014-2-78-0-99-LV-004476. CUARTO: ORDENAR a la devolución del expediente administrativo del Acto Público N°2014-2-78-0-99-LV-004476 a la entidad licitante. QUINTO: ADVERTIR que la presente Resolución es de Única Instancia. FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 43, 54, 127 y 129 del Texto Único de la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006 y los artículos 4, 39, 298, 299, 300 y 305 del Decreto Ejecutivo N° 366 de 28 de diciembre de 2006. " Comprobado el cumplimiento de los requisitos de forma necesarios, se ordenó la admisión de la demanda, requiriéndose del funcionario demandado el envió de la actuación, o en su defecto, un informe de los hechos materia del recurso. I. HECHOS EN QUE SU FUNDAMENTA LA DEMANDA. Manifiesta el activador constitucional que el día 12 de mayo de 2014, se realizó el Acto Público de Licitación Pública No. 2014-2-78-0-99-lv-004476 para la "ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA LINEA DE TRANSMISIÓN 230 KV Y AMPLIACIONES DE LAS SUBESTACIONES ASOCIADAS" licitada por la EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA, S.A. (ETESA) que fuera publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" con fecha 30 de julio de 2014. Agrega el accionante que, posteriormente el 29 de mayo de 2014, la Comisión Evaluadora emitió el informe correspondiente publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" con fecha 30 de mayo de 2014, en el que concluyó luego de haber realizado la evaluación conforme a lo establecido en el Pliego de Cargos, que la empresa CESEL, S.A. fue el único proponente que cumplió con los "REQUSITOS OBLIGATORIOS DE SELECCIÓN" y además obtuvo un puntaje de 91.49 para los "REQUISITOS PONDERABLES". El recurrente informa además, que contra dicho Informe de la Comisión Evaluadora, CONSORCIO TERCERA LINEA disconforme al haber sido descalificado por incumplir con los requisitos obligatorios, presentó Acción de Reclamo, lo que conllevó que en primer lugar la Dirección General de Contrataciones Públicas dispusiere la suspensión del acto, y la remisión de un informe de conducta y del expediente; y que al entrar a resolver el fondo de los planteamientos expuestos en la Acción de Reclamo, la Dirección General de Contrataciones Públicas resolviese ordenar que se realizara un nuevo informe de evaluación por la Comisión Evaluadora. Manifiesta además que, el 7 de julio de 2014, la Comisión Evaluadora emite un nuevo informe de evaluación publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" en igual fecha, en el cual sostiene y reitera que solamente CESEL, S.A. cumplió como proponente con los "REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS" previstos en el Pliego de Cargos y además obtuvo el puntaje de 91.49 para los "REQUISITOS PONDERABLES". Cabe señalar, afirma el recurrente, que contra dicho segundo Informe de 07 de julio de 2014 de la Comisión Evaluadora, al resultar nuevamente desfavorecido con la evaluación, CONSORCIO TERCERA LINEA promovió otra Acción de Reclamo por los mismos hechos ya resueltos anteriormente por la Dirección General de Contrataciones Pública, y reevaluados por la Comisión Evaluadora y que la Dirección General de Contrataciones Públicas, a través del Director de Fiscalización de Procedimientos de Selección de Contratista mediante Resolución NDF-383-2014, de 17 de julio de 2014, nuevamente ordena la suspensión del proceso; y la remisión de un informe de conducta y del expediente. Finalmente, el amparista manifiesta que al resolver la segunda Acción de Reclamo, la Dirección General de Contrataciones Públicas, mediante Resolución N° DF-403-2014 de 30 de julio de 2014, violentó el debido proceso al entrar a resolver aspectos que ya habían sido atendido por ésta, confiriéndole a la Acción de Reclamo una cualidad de Recurso de Nulidad. II.-DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN. El amparista cita como primera norma violada el artículo 32 de la Constitución Política señalando que la Resolución N° DF-403-2014 de 30 de julio de 2014, emitida por la Directora General de Contrataciones Públicas, infringe en concepto de violación directa por omisión, el Artículo 32 de la Constitución Política, al la Directora General de Contrataciones Públicas ordenar un nuevo Acto Público sobre hechos y planteamientos que ya habían sido propuestos por CONSORCIO TERCERA LINEA y resueltos por la Dirección General de Contrataciones Públicas. El artículo 32 de la Constitución Nacional dispone: "ARTÍCULO 32: Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme los trámiteslegales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria". También estima como infringido el artículo 17 de la Constitución Política al incumplir la Directora General de Contrataciones Públicas con sus deberes y facultades como funcionario público ya que a su juicio de haber cumplido con el mandato del Artículo 17 de la Constitución Política , no hubiese suspendido el proceso ni entrado a valorar hechos ya resueltos, y menos ordenado la práctica de un nuevo Acto Público de Licitación, retrotrayendo a sus inicios el proceso, en detrimento del bienestar social , el interés común y de CESEL, S.A., al privar a la comunidad de una obra de tal relevancia, como lo es la construcción de la tercera línea de transmisión 230 kv y ampliaciones de las subestaciones asociadas se desarrolla con la administración y supervisión adecuadas. El artículo 17 de la Constitución Política de la República de Panamá, dispone: "Artículo 17. Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona". Igualmente señala que el acto demandado infringe el Artículo 259 de la Constitución Política de la República de Panamá, ya que la norma en comento contempla derechos humanos de segunda generación, como lo son los Principios de Bienestar Social y el Interés Común y que el bienestar social es entendido como un conjunto de elementos o factores necesarios para que como seres humanos disfrutemos de una buena calidad de vida, y que permitan gozar de una existencia tranquila y satisfactoria; y el interés común, que comprende a toda la sociedad, debiendo el Estado considerar a todos los individuos sin discriminación alguna a tomar decisiones y actuar, si que se vean violentados y afectados con la Resolución N° DF-403-2014, de 30 de julio de 2014 emitida por la Directora General de Contrataciones Pública, toda vez que considera que al ordenarse la suspensión del proceso, el entrar a valorar hechos ya resueltos, y ordenarse la práctica de un Nuevo Acto Público de licitación, se retrotrae a sus inicios el proceso sin justificación. El artículo 259 de la Constitución Nacional establece: " Artículo 259. Las concesiones para explotación del suelo, del subsuelo, de los bosques y para la utilización de agua, de medios de comunicación o transporte y de otras empresas de servicio público, se inspirarán en el bienestar social y el interés público." III.- INFORME DE LA AUTORIDAD REQUERIDA. La Directora General de Contrataciones Públicas, Licenciada J.B. , señaló que el texto único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, permite que cualquier proponente interponga acción de reclamo contra todo acto u omisión ilegal o arbitrario ocurrido durante el proceso de selección de contratista, hasta antes de que se adjudique el mismo, y que sobre tal disposición no existe restricción Legal que impida que los proponentes participantes en un acto público interpongan en el desarrollo del mismo acciones de reclamo en más de una ocasión, que es imperativo que la Dirección examine cada uno de los casos, para determinar si el proponente está haciendo uso de dicha figura, con la única intención de dilatar el proceso. Sostiene que en el caso en estudio no existió una intención meramente dilatoria del accionante, ya que si bien es cierto la segunda acción de reclamo versaba sobre los mismos puntos que la primera, no es menos cierto que el segundo informe de comisión evaluadora mantenía los mismos defectos y pretermisiones que el primero, razón por la cual dicha acción fue admitida y concedida y que la Acción de Reclamo es un mecanismo de impugnación informal, el cual no pretende reestablecer ningún derecho subjetivo lesionado, puesto que en el momento procesal donde resulta viable la misma, solo existe el interés de la Ley y el debido proceso, por tanto, la misma nace como una consecuencia directa de lo consagrado en el artículo 41 y 266 de la Constitución Política de la República de Panamá: "Artículo 266. La ejecución o reparación de obras nacionales, las compras que se efectúen con fondos del Estado, de sus entidades autónomas o semiautónomas o de los Municipios y la venta o arrendamiento de bienes pertenecientes a los mismos se harán salvo las excepciones que determine la Ley, mediante licitación pública. La Ley establecerá las medidas que aseguren en toda licitación el mayor beneficio para el Estado y plena justicia en la adjudicación." Cabe mencionar que la Dirección General de Contrataciones Públicas según lo dispuesto en los artículos 9 y 10 del texto único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ostenta la facultad para regular, interpretar, fiscalizar y asesorar a las entidades en los procedimientos de selección de contratista que realicen las instituciones estatales, así mismo también puede de oficio o a petición de parte dictar actos administrativos que garanticen la aplicación de la Ley 22 y su reglamento, por lo cual aunque la solicitud por un proponente carezca de perfección, podríamos intervenir y ordenar la corrección de lo actuado. Señala que tal como lo dispone la Resolución N° DF-403-2014 de 30 de julio de 2014, el Pliego de Cargos del referido Acto Público mantenía defectos que impedían una evaluación idónea de esas propuestas presentadas ya que existían marcadas incongruencias entre los requisitos estandarizados por la Dirección General de Contrataciones Públicas en la plantilla electrónica y los requisitos adjuntos al acto público, por lo que dichas incongruencias debían ser corregidas, lo cual solo resultaba posible rechazando las propuestas y cancelando el acto público. "Señala lo dispuesto en el artículo 38 del Texto de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 el cual establece: "Artículo 38. Modificaciones al pliego de cargos. Toda modificación que pretenda introducirse al pliego de cargos deberá hacerse de conocimiento público, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" y en los tableros de información de la entidad licitante, en atención al monto con la siguiente antelación: 1.No menor de cinco días calendario, antes del día de la celebración del acto de selección de contratista, si la cuantía excede de treinta mil balboas (B/.30,000.00) y no supera los quinientos mil balboas (B/.500,000.00). 2. No menor de ocho días calendario, antes del día de la celebración del acto de selección de contratista, si la cuantía excede de quinientos mil balboas (B/: 500,000.00) En caso de que se presente alguna situación que impida a la entidad licitante publicar el aviso de modificación al pliego de cargos en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", o de que esta no se encuentre aún acreditada para utilizarlo, la entidad publicará los avisos de convocatoria en un diario de circulación nacional, en dos ediciones seguidas en días distintos, los que permanecerán expuestos al público durante el mismo plazo en los lugares destinados por la entidad para la fijación de edictos o anuncios en general Cuando la reunión previa y homologación, o por otras causas que determine la entidad licitante, sugiera la necesidad de modificar la fecha del acto se selección de contratista, esta se anunciará una nueva fecha, a fin de cumplir con los plazos mínimos fijados por este artículo." Agrega que, el acto administrativo DF-403-2014 de 30 de julio de 2014, se llevó a cabo atendiendo a lo dispuesto en el artículo 127 del texto único de la Ley 22 de 2006, el cual no mantiene ninguna prohibición a la presentación de dos acciones de reclamo efectuadas por el mismo proponente dentro del mismo acto público. El funcionario demando explica que, resulta legalmente viable entablar una acción de reclamo en contra del pliego de cargos de un acto público ( antes de la recepción de propuestas) y luego con posterioridad, interponer otro reclamo dentro del mismo acto público en contra de cualquier acción u omisión arbitraria violatoria del debido proceso que se de en cualquier etapa ulterior del proceso de selección del contratista, o como en el caso en estudio que el proponente reclamó dos veces en contra del informe de evaluación, toda vez que el mismo se hizo dos veces y en ambas mantenía los mismos vicios y/o defectos. Concluye señalando que el acto administrativo No. DF-403-2014 de 30 de julio de 2014, emitida por la Directora General de la Dirección General de Contrataciones Públicas dentro de la Licitación por Mejor Valor No. 2014-2-78-0-99-LV-004476, la cual tiene como objeto la "Administración del Contrato y Supervisión de Obras para la Construcción de la Tercera Línea de Transmisión 230 KV y Ampliaciones de las Subestaciones Asociadas" y es llevada a cabo por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) fue emitido en estricto apego a la normativa Constitucional y Legal que regula la Contratación Pública en Panamá y que una de las principales razones por la cual fue emitido el acto administrativo atacado radica en velar por el bienestar social, interés y los interese del Estado y sus administradores, en el sentido de procurar que se cumpla a cabalidad con los requisitos del pliego de cargos, situación que asegura que el adjudicado tiene la idoneidad, capacidad, experiencia y atribuciones que le van a permitir ejecutar sus obligaciones contractuales en tiempo y de la mejor manera posible, lo que se traduce en la salvaguarda del interés social intrínseco en todas las adquisiciones que realiza el Estado. IV.- CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO Luego de conocer los argumentos del amparista y el informe de la autoridad demandada, entra el Pleno a resolver la controversia planteada en el presente negocio constitucional, bajo las siguientes consideraciones. Básicamente, la disconformidad del amparista con la resolución demandada radica en el hecho de que considera que la misma infringe el debido proceso contenido en el artículo 32 de la Constitución Nacional, en concepto de violación directa por omisión al ordenarse un nuevo Acto Público sobre hechos y planteamientos que ya habían sido propuestos por CONSORCIO TERCERA LINEA y resueltos por la Dirección General de Contrataciones Públicas. En primer lugar, el Pleno considera necesario referirse a la competencia de la Dirección General de Contrataciones Públicas establecida en el artículo 10 del Texto : "Artículo 10. Competencia. Son funciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas las siguientes: 1. Absolver las consultas en materia de implementación y aplicación de la presente Ley. 2. Dictar actos administrativos que garanticen la aplicación de esta Ley y su reglamento y que posibiliten el funcionamiento de la Dirección y su interrelación con los demás organismos. 3. Asesorar a las entidades públicas en la planificación y gestión de sus procesos de contrataciones. 4. Implementar y establecer las condiciones de funcionamiento y de organización del registro de proponentes para contrataciones electrónicas, del registro de contratos y del registro de contratistas inhabilitados y sancionados. 5. Estandarizar los aspectos generales de los pliegos de cargos de cada tipo de acto público y de cada modo de contratación, incluyendo los formularios e instructivos. 6. Emitir las políticas y los lineamientos generales para el diseño, la implementación, la operación y el funcionamiento del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", en coordinación con la Secretaría de la Presidencia para la Innovación Gubernamental. 7. Realizar las licitaciones de convenio marco, de acuerdo con lo que establece esta Ley y su reglamento. 8. Confeccionar, estructurar y administrar el Catálogo Electrónico de Productos y Servicios. 9. Promover la máxima competencia posible en los actos de contratación de la administración, desarrollando iniciativas para incorporar la mayor cantidad de oferentes. 10.Ejercer una labor de difusión hacia los proveedores potenciales de la Administración, de las normativas, los procedimientos y las tecnologías utilizados por esta. 11.Resolver, en única instancia, las acciones de reclamo que se presenten en los procesos de selección de contratista efectuados en las entidades públicas. 12.Ordenar la realización de trámites fijados por los distintos procedimientos de selección de contratista que hayan sido omitidos, así como la corrección o suspensión de aquellos realizados en contravención a esta Ley o su reglamento, de oficio o a petición de cualquiera de los participantes en tales procedimientos. 13.Fiscalizar los procesos de selección de contratista que celebren las entidades públicas, en consecuencia estará facultada para imponer multas, por el equivalente al uno por ciento (1%) del salario bruto que devenguen los servidores públicos que violen los principios y las normas de contratación pública previstos en esta Ley. Las multas así impuestas serán notificadas a la Contraloría General de la República para el respectivo descuento, el cual será consignado en el fondo especial de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Esta sanción se impondrá luego del cumplimiento del Procedimiento Administrativo General . Los casos en que resulte posible la comisión de un hecho punible se pondrán en conocimiento del Ministerio Público. 14.Ejercer las demás atribuciones que le sean conferidas por esta Ley y el reglamento". (Subraya el Pleno) Corresponde a la Dirección General de Contrataciones Públicas el desarrollo, la organización, la operación, el control de los procesos y recursos, la evaluación permanente, la fiscalización y todo lo relativo a la administración eficaz del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", con el apoyo de la Secretaría de la Presidencia para la Innovación Gubernamental." En cuanto a la capacidad jurídica y a la competencia del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, para emitir la resolución demandada, observamos que la misma se apoya en el contenido del artículo 54 de la Ley 22 de 2006, donde se señala expresamente la facultad de dicho tribunal para anular o modificar el Informe emitido por la Comisión Evaluadora o V., siempre y cuando considere que el mismo fuese efectuado en contravención con la Ley de Contrataciones Públicas o al Pliego de Peticiones. Veamos lo establecido en el artículo 54 de la Ley 22 de 2006: "Artículo 54. Funcionamiento de la Comisión Evaluadora o V.. La Comisión Evaluadora o V., según sea el caso, deberá estar constituida por profesionales idóneos en el objeto de la contratación, sean servidores públicos o profesionales del sector privado, quienes deberán designarse mediante resolución, antes del acto de recepción de propuestas, la cual se publicará junto con el informe de verificación o evaluación correspondiente. La Comisión Evaluadora o V. deberá aplicar los criterios de evaluación contenidos en el pliego de cargos. En los casos necesarios , podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y las explicaciones que estime indispensables sobre la documentación presentada, así como solicitar, por conducto de la entidad licitante, el apoyo de especialistas o asesores relacionados con la materia objeto del proceso de selección de contratista. La comisión presentará su evaluación mediante un informe, dirigido al representante legal de la entidad licitante o el funcionario delegado, el cual deberá llevar la firma de los miembros de la comisión . El informe de la comisión no podrá ser modificado ni anulado, salvo que por mandamiento del representante legal de la entidad, la Dirección General de Contrataciones Públicas o el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas se declare que se hizo en contravención de lo dispuesto en esta Ley o el pliego de cargos. En estos casos, las autoridades antes mencionadas cuando ordenen un nuevo análisis total o parcial de las propuestas, ya sea por parte de la misma comisión o de una nueva comisión, dicho informe total o parcial deberá emitirse en un plazo no mayor de tres días hábiles." Observa esta Superioridad que la Dirección tiene competencia para verificar el cumplimiento del procedimiento de selección de contratista por parte de las entidades, a propósito de determinar si éstas han incurrido en alguna acción u omisión ilegal o arbitrariedad, lo cual no implica que se verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos por parte de la entidad a los proponentes, toda vez que, esa es una facultad que la Ley otorga expresamente a la Comisión Evaluadora en los procedimientos de Licitaciones en aquellos casos en que así se requiera. En este mismo sentido, es preciso remitirnos al artículo 127 del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, el cual expresa lo siguiente: "Artículo 127. Acción de reclamo. La acción de reclamo podrá interponerse contra todo acto u omisión ilegal o arbitrario ocurrido durante el proceso de selección de contratista. Antes de que se adjudique, mediante resolución, el acto público correspondiente". De lo expuesto, se puede colegir que es válido señalar que la Dirección General de Contrataciones Públicas estaba facultada para anular el Informe de la Comisión V.a cuando considere que ésta incurrió en una omisión o arbitrariedad durante el proceso, específicamente, al llevar a cabo la verificación del cumplimiento del Pliego Electrónico que tiene que contener el registro de todos los requerimientos y condiciones que la entidad licitante exigirá de manera unilateral para la convocatoria de un acto público y el mismo prevalece sobre aquellos documentos que se adjunten . En el caso en estudio se evidencia que la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), al realizar la confección del pliego de cargo no contempló detallar los requisitos financieros y técnicos debidamente desglosados como requisitos mínimos obligatorios, los cuales debieron estar contemplados en la Sección de "Otros Requisitos", de Documentos a Presentar con la Propuesta del Pliego de Cargos. En este sentido es preciso referirse a lo señalado en el Decreto Ejecutivo No. 188 de 27 de noviembre de 2009, en su artículo 20 " Por el cual se reglamentan los procedimientos de selección de contratista vía electrónica en el Sistema Electrónico de contrataciones Públicas "Panamá Compra" que señala: "Artículo 20. Formación y modelos electrónicos. Los documentos electrónicos que forman parte del expediente del proceso de selección y contratación se ajustarán a las formatos aprobados por la Dirección General de Contrataciones Públicas y estarán disponibles en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" Los pliegos de cargo y términos de referencia serán confeccionados conforme a los formularios electrónicos disponibles en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", a los cuales se les podrá adjuntar cualesquiera documentos que completen los requerimientos y condiciones que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento de selección de contratista que corresponda." De igual forma, se observa que dicha decisión es fundamentada en "los antecedentes del caso, la evidencia del expediente que llevan a la autoridad demandada a considerar que el criterio utilizado por la comisión verificadora al momento de evaluar los requisitos de la propuestas presentadas, difiere con los principios establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas. Lo anterior quiere decir, que la decisión adoptada por la autoridad demandada, se apego a derecho, ya que ésta posee facultad para anular dicho informe, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley 22 de 2006, siempre y cuando dicha decisión se fundamente en uno de los supuestos establecidos en dicho artículo. Así que la decisión adoptada por la Dirección demandada se apega a derecho al fundamentar la decisión demandada en el hecho de que el Pliego Electrónico tiene que contener el registro de todos los requerimientos y condiciones que la entidad licitante exigirá de manera unilateral para la participación de un acto público y el mismo prevalece sobre aquellos documentos que se adjunten y en el caso en estudio se observa que la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), al realizar confección del pliego de cargo no contemplo detallar los requisitos financieros y técnicos debidamente desglosados como requisitos mínimos obligatorios . Es claro que el debido proceso tiene en nuestro país un rango Constitucional y debe analizarse tanto como lo señala la Constitución en su artículo 32 , pero también en concordancia con en el derecho internacional de los derechos humanos y específicamente el Pacto de San José que exige el cumplimiento de algunas garantías en la actuación de todo el que administra justicia, garantías éstas que están en el artículo 8 y 25 del Pacto de San José . Lo anterior significa que no se puede argumentar violación al debido proceso por parte de CÉSEL, S.A. frente a la Dirección General de Contrataciones Públicas cuando ésta tiene entre sus funciones resolver en única instancia, las acciones de reclamo que se presenten en los procesos de selección de contratista efectuados por las entidades públicas, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006 y sus reformas así como el Decreto Ejecutivo N° 366 de 28 de diciembre de 2006 y su reforma. Esta Superioridad estima que la actuación de la Directora General de Contrataciones Públicas no conculca de manera alguna la garantía constitucional del debido proceso, ya que actuó, de conformidad a lo establecido en el Texto Único de la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006 y en el Decreto N° 366 de 28 de diciembre de 2006. De lo anteriormente expuesto se colige que la orden atacada a través de esta acción de amparo no es violatoria del artículo 32, 17 y 259 de la Constitución Política de la República de Panamá. En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de Ley, NO CONCEDE el Amparo de Garantías Constitucionales presentado por la firma forense IMC Legal, actuando en nombre y representación de CESEL, S.A., contra la orden de hacer contenida en la Resolución No.DF-403-2014 de 30 de julio de 2014 dictada por la Dirección General de Contrataciones Públicas.