Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 20 de Octubre de 2015

PonenteHarry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución20 de Octubre de 2015
EmisorPleno

VISTOS: Conoce el Pleno de la Corte Suprema de la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por el Dr. J.E.B. de la Firma B. & B., en representación de la Sociedad Petaquilla Gold, S.A., en contra de la orden de hacer contenida en el Acto Público No. 60694 "Limpieza de Áreas Contaminadas y Estabilización de Estructuras Mineras dentro del Proyecto Minero Molejón", convocado por el Ministro de la Presidencia, Programa de Ayuda Nacional, Departamento de Contrataciones. DE LA DEMANDA DE AMPARO Por encontrarnos en fase de admisibilidad, procede esta Corporación de Justicia a verificar el libelo contentivo de la presente iniciativa constitucional con el fin de determinar si cumple con los requisitos de admisibilidad, definidos en los artículos 54 de la Carta Fundamental, así como en los artículos 2615 y 2619 del Código Judicial, que han sido desarrolladas por reiterados criterios jurisprudenciales emitidos por el Pleno en la materia. En cumplimiento de esa labor jurisdiccional, consta que el memorial atiende con el presupuesto de dirigir el libelo de formalización a la autoridad correspondiente, conforme lo indica el artículo 101 del Código Judicial, es decir, al Magistrado Presidente de la Corte Suprema. (fs. 3) Con relación a la acreditación de la legitimidad procesal para promover la acción subjetiva; se constata que este requerimiento no ha sido cumplido a satisfacción, pues si bien se aportó una "Certificación de Persona Jurídica" expedida por el Registro Público con la cual se acredita la existencia de la Sociedad Petaquilla Gold, S.A., no menos cierto es que de dicho documento se desprende quien ostenta su mandato legal, lo cual permite colegir que el poder de representación ha sido conferido por persona legal distinta al Presidente de la Sociedad. Si bien se verifica que J.I.O.R., al momento de conferir poder a la F.B. &B., en nombre y representación de la Sociedad Petaquilla Golds S.A., advierte hacerlo debidamente autorizado mediante un Acta de Junta Directiva; no obstante la demanda no se acompaña de documento alguno que corrobore tal autorización, siendo que como se ha expuesto en párrafo precedente el documento expedido por el Registro Público, indica que la representación legal de Sociedad recae sobre persona distinta, es decir, sobre el señor J.D.C.M.. (fs. 16) Con respecto a los requisitos especiales para la admisión de las demandas de amparo, los cuales se encuentran estipulados en el artículo 2619 del Código Judicial, tenemos se hace mención expresa de la orden impugnada, esta es, la orden de hacer contenida en el Acto Público No. 60694 "Limpieza de Áreas Contaminadas y Estabilización de Estructuras Mineras dentro del Proyecto Minero Molejón", convocado por el Ministro de la Presidencia, Programa de Ayuda Nacional, Departamento de Contrataciones. De igual manera se cumple con la identificación del servidor público, funcionario, institución o corporación que impartió la orden. En este caso, R.S., en calidad de Director Ejecutivo del Programa de Ayuda Nacional. (fs. 4). Se constata entonces, que se ha identificado tanto la orden atacada, como el funcionario que la expidió. Ahora bien se verifica que la parte actora no acompaña copia autenticada del acto impugnado, sin embargo incorporó copia de la nota PTQ No. 0063, fechado 11 de septiembre de 2015, recibida en el Ministerio de la Presidencia en dicha fecha, mediante la cual peticionan copia autenticada de los documentos que reposan sobre el Acto Público No. 60694; con lo cual acredita la gestión realizada para su obtención. De igual manera aportó copia simple del Acto Público No. 60694, a celebrarse el día 14 de septiembre de 2015, a las 10:31 A.M., convocado por el Ministerio de la Presidencia. Sumado a los defectos señalados, esta Superioridad debe indicar que existe una razón más fundamental que patentiza la improcedencia de la misma, y que dice relación con la naturaleza del acto impugnado. En efecto, recordemos que el amparo de garantías constitucionales es una acción extraordinaria de la que puede hacer uso cualquier persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor público, cualquier acto susceptible de lesionar un derecho o garantía fundamental que la Constitución consagra. El fin de la acción es en consecuencia, que la orden específica, arbitrariamente expedida, sea revocada. Teniendo como soporte jurídico lo anteriormente expuesto, esta Corporación Judicial ha venido señalando que el aviso o convocatoria para la realización de Actos Públicos como licitaciones o concurso de precios, no constituyen de por sí, un acto capaz de lesionar, afectar, restringir, amenazar o menoscabar un derecho fundamental, a persona determinada. Del contenido de la publicación del I Aviso de Convocatoria de Acto Público, para el Proyecto No. 60694, para la "Limpieza de Áreas Contaminadas y Estabilización de Estructuras Mineras dentro del Proyecto Minero de Molejón" a celebrarse el día 14 de septiembre de 2015, a las 10:31 a.m., convocado por el Ministerio de la Presidencia, Programa de Ayuda Nacional, Departamento de Contrataciones; se aprecia de manera diáfana que éste no constituye una orden, acción, gestión, hecho u omisión dirigida contra alguna persona en particular. Se trata de un aviso dirigido al público en general, con el objetivo de que las empresas que estén interesadas, presenten propuestas para realizar la limpieza de áreas contaminadas y la estabilización de estructuras mineras dentro del Proyecto Minero de Molejón. Se desprende, en consecuencia, que en estricto sentido jurídico el acto en cuestión no constituye un mandato, hecho, omisión o amenaza imperativa dirigida a la Sociedad amparista, ni a ninguna otra de forma particular, para que haga o deje de hacer alguna cosa, pues como se enuncia se trata de un acto de mero trámite o preparatorio, para la posterior celebración de un acto con el estado. Al respecto, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, en sentencia fechada 5 de octubre de 1994, señaló lo siguiente: "En cuanto a lo primero, es de lugar destacar que un Aviso para una celebración de Licitación es uno de los actos preparatorios para la celebración del Acto Público. Si una vez verificada la Licitación, se constata que se han producido pretermisiones de requisitos legales, puede ser objeto de examen el proceso de formación del Acto Público, mediante una demanda de nulidad. Por otro lado, si la política de la ARI estaba orientada a celebrar contratos de arrendamiento mediante Licitaciones Públicas, ello no vulnera derechos subjetivos ni crea situación jurídica particular que pueda ser demandada por alguien que se estime afectado. Este es un acto general, destinado a poner en conocimiento de la colectividad la futura celebración de un Acto Público, y por ende no es susceptible de ser recurrido,..." En otro pronunciamiento el Pleno de la Corte en situación similar externó lo siguiente: "En casos como el que nos ocupa, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido constante en señalar que pese a los defectos formales que pueda contener la demanda de amparo, la razón fundamental que patentizaría su manifiesta improcedencia guarda relación con la naturaleza del acto impugnado, que en caso específico del acto de convocatoria a una licitación no puede considerarse una orden de hacer en los términos que establece el artículo 50 de la Constitución y el artículo 2606 del Código Judicial" (Cfr. fallo de 17 de abril de 1998, R.J.pp.23-24). Así las cosas, en vista de que nos encontramos ante un acto administrativo de mero trámite o preparatorio para la celebración de un contrato con la Nación, no puede considerarse que el mismo contenga o conlleve una orden, gestión, acción, hecho u omisión, que de forma alguna se vislumbre como posible de lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar, un derecho fundamental a determinada persona o sociedad. Situación distinta ocurre cuando fuese otorgada la adjudicación definitiva de la licitación pública, en cuyo caso quedaría abierta al agraviado la vía Contenciosa Administrativa para impugnar el acto público, bien sea como participante o como tercero afectado por el mismo. Pero, definitivamente, no es el amparo la vía idónea para atacar situaciones que tienen que ver con la observancia de la ley en las contrataciones públicas. Pese a los defectos señalados, que son suficientes para negarle curso legal a la acción presentada, esta Corporación cumpliendo con el estudio íntegro de la demanda que conlleva esta etapa de admisibilidad, observa la existencia de otros vicios relacionados a los requisitos que conciernen a expresar los hechos que fundamentan la pretensión, así como lo referente al cargo de infracción de la norma constitucional que se estima conculcada por el acto censurado. En cuanto a los hechos que fundamentan la pretensión, jurisprudencialmente se tiene reconocido que esta sección del libelo "debe expresar la argumentación de hecho demostrativa que el acto que se ataca, representa un daño actual e irreparable por otra vía judicial y que desconoce o conculca garantías fundamentales del amparista". (Resolución Judicial del Pleno de la Corte de 1° de noviembre de 2005). No obstante, en este caso, el debate fáctico que trae el activador judicial al escenario jurídico, no corresponde a planteamientos de orden constitucional, pues la argumentación de hecho esbozada por el censor no se centra en explicar de qué manera el Departamento de Contrataciones del Ministerio de la Presidencia, Programa de Ayuda Nacional, conculcó derechos fundamentales de la empresa Petaquilla Gold S.A., al emitir el Acto Público No. 60694, a celebrarse el 14 de septiembre del 2015, por medio del cual se convoca a los interesados en la ejecución de obras constructivas tales como limpieza de áreas contaminadas, así como para la estabilización de estructuras mineras, dentro del Proyecto Minero de Molejón, el cual en efecto fue dado en concesión minera a dicha Sociedad. Por el contrario, propone cargos que pretenden que el Tribunal de amparo incursione en análisis de temas distintos a los atendibles en sede de Constitucional, tales como: -Que el Acto Público atacado viola flagrantemente el Contrato Ley No. 9 de 29 de febrero de 1997, ya que el Ministerio Nacional de Ambiente, carece de competencia para tomar medidas de solicitud de Actos Públicos en donde se contraten a terceros, sin el previo consentimiento del concesionario, con lo cual se viola el derecho a la propiedad privada. (fs. 8) -Que en el Acto Público No. 60694, a celebrarse el 14 de septiembre del 2015, se está incurriendo en el delito de Peculado de Uso; ya que la suma requerida al gobierno central resulta innecesaria en este momento, dado que la concesión no se encuentra en firme y es falso de toda falsedad que exista un peligro eminente que pueda afectar al medio ambiente. (fs. 9) -Que las actividades mencionadas en los documentos técnicos aportados, incluyendo la Providencia DM-0004-2015, que forma parte del proyecto No. 60694, que corresponde a la orden atacada y que actualmente se encuentra en etapa de licitación por un monto de B/.1,962,900.00; gran parte de ellos han sido realizados por la empresa Petaquilla Gold S.A., y los restantes se encuentran en etapa de ejecución, por lo cual en el presente acto se da el fenómeno de sustracción de materia y el mismo se encuentra irrefutablemente viciado, siendo además constitutivo del delito de Peculado. (fs. 9-11) -Que de acuerdo a la "Sección Pliego Legal", se rebasa el marco legal que sirve de fundamento factico jurídico, a la orden de hacer atacada, con lo cual se viola el Debido Proceso, ya que el acto se encuentra viciado de nulidad absoluta, por ser contrario a la ley. (fs. 12) -El funcionario demandado en la presente acción, desconoce las reglas que informan sobre el trámite administrativo, que por su especialidad se desarrolla en un contrato ley. (fs. 12) La sola lectura de los hechos que fundamentan la demanda, permiten corroborar que los argumentos expuestos distan de los cargos atendibles en esta sede constitucional y revelan un propósito de colocar a esta Superioridad como una autoridad ordinaria, al pretender se investigue y diriman aspectos de índole legal, penal y administrativa, que guardan relación con el sentido y alcance del Contrato Ley No. 9 de 29 de febrero de 1997, materia de contrataciones públicas, lo cual resulta extraño a la competencia jurídica asignada a un Tribunal de A. y que en todo caso corresponden a la competencia de otra jurisdicción. Por otro lado, con relación al apartado de las garantías constitucionales que se aducen infringidas, se cita el artículo 32 de la Carta Fundamental, en concepto de violación directa por omisión, sin embargo no alcanza a desarrollar un cargo explicativo de cómo el acto impugnado, vulneró el Debido Proceso que recoge el precepto constitucional señalado como conculcado; pues vuelve a incurrir en el error de formular planteamientos que caen en el ámbito de la legalidad, tal es el caso de señalar "violación al Debido Proceso, por desconocimiento de los efectos derivados del Contrato Ley 9 de 29 de febrero de 1997, por violación de trámites administrativos". (fs. 13) Debemos acotar que si bien en los hechos de la demanda de manera somera se hace mención, a una violación al derecho a la propiedad privada de la sociedad amparista; no obstante vemos que la norma que consagra tal principio (artículo 46 de la Constitución Nacional), no fue incluida dentro de las normas que se estiman conculcadas, así como tampoco se contempló argumento tendiente a demostrar tal afectación. En cuanto al concepto de infracción la Corte Suprema de Justicia expresó: "...para que se entienda cumplido el requisito en comento (fallos de 8 de abril de 2002 y 27 de noviembre de 1997, por citar algunos) es necesario que se señale en la demanda que contiene lapretensión que persigue la acción constitucional, no solamente la disposición constitucional que contiene el derecho fundamental que estima el actor que ha vulnerado la orden impugnada (de hacer o no hacer), sino ha de contener además, una explicación de la forma, manera o especie de cometerse la violación constitucional denunciada. No se cumple, naturalmente, mediante alegaciones, argumentaciones retóricas o haciendo referencias a aspectos fácticos, sino como se dijo, en una argumentaciones lógico-jurídica de la norma impugnada a la luz de los principios que se encuentran en la base de los enunciados jurídicos contenidos en las disposiciones constitucionales. También se cumple utilizando los conceptos clásicos traídos del recurso extraordinario de casación de violación directa, indebida aplicación o interpretación errónea, que operan en este tipo de procesos constitucionales como un auténtico principio de derecho, sino, además, una clara exposición de la forma o manera en que tales violaciones se han dado, sin que sea suficiente ni baste que conduzcan a determinar el contenido y alcance de la infracción de los derechos fundamentales que se denuncian." (Fallo de 11 de septiembre de 2002, 23 de diciembre de 2003). De todo lo expuesto se colige que la acción presentada, resulta manifiestamente improcedente, por lo que no puede ser admitida, a tenor de lo previsto en el artículo 2611 del Código Judicial. PARTE RESOLUTIVA Por las consideraciones anteriores la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el amparo de derechos fundamentales interpuesto por el Dr. J.E.B. de la Firma B. & B., en representación de la Sociedad Petaquilla Gold, S.A., en contra de la orden de hacer contenida en el Acto Público No. 60694 "Limpieza de Áreas Contaminadas y Estabilización de Estructuras Mineras dentro del Proyecto Minero Molejón", convocado por el Ministro de la Presidencia, Programa de Ayuda Nacional, Departamento de Contrataciones. N., HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- GABRIEL E. FERNÁNDEZ -- NELLY CEDEÑO DE PAREDES -- SECUNDINO MENDIETA YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria)

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