Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 14 de Febrero de 2020

PonenteEfrén Cecilio Tello Cubilla
Fecha de Resolución14 de Febrero de 2020
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Efrén Cecilio Tello Cubilla

Fecha: 14 de febrero de 2020

Materia: Amparo de Garantías Constitucionales

Primera instancia

Expediente: 993-19

VISTOS:

La firma forense Saldaña Concepción & Asociados, actuando en representación de E.V.W.M., R.R. ROJAS CORREA, ÁNGEL G.C.A., E.A.M.A., N.C.B., A.S.R., M.J.M.M., R.F.C.A., A.A.G.R., D.B.R., C.A.C., I.G.G.P. y C.I.B.E., presenta acción de amparo de garantías constitucionales contra el Decreto Ejecutivo No. 340 de 30 de julio de 2019, proferido por el Ministerio de La Presidencia.

El acto administrativo que se impugna, se acusa de ilegal y violatorio de las garantías constitucionales, ya que a través del mismo, se suspenden los ascensos por antigüedad y méritos, que se otorgaron a distintos miembros del Servicio de Protección (SPI), mediante Decretos de Personal No. 192, 193 y 194 de 27 de junio de 2019 y No. 197 de 28 de junio de 2019. Su artículo 1 dice así:

"...

ARTÍCULO 1. Suspender los efectos de los Decretos de Personal No. 192, 193, 194 de 27 de junio de 2019 y No. 197 de 28 de junio de 2019, por cuyo conducto se ordenó el ascenso de sesenta y dos (62) unidades en el Servicio de Protección Institucional del Ministerio de la Presidencia, hasta tanto la Comisión de Evaluación determine si en cada uno de los casos se ha observado el debido cumplimiento de los requisitos previsto en el Decreto Ejecutivo No. 174 de 10 de junio de 2019.

Fundamento Legal: Decreto Ley No. 2 de 8 de julio de 1999; Decreto Ejecutivo No. 174 de 10 de junio de 2019.

(Cfr. fs. 103).

En esta etapa de admisibilidad de la presente iniciativa constitucional, procedemos a examinar el libelo de amparo, a fin de determinar si cumple con los requisitos que establecen los artículos 2615 y 2619 del Código Judicial, así como la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

En primer término, puntualizamos que este recurso constitucional tiene como finalidad, que la autoridad competente revoque una orden (de hacer o no hacer) o resolución judicial, o cualquier acto que sea susceptible de infringir, lesionar, alterar, violar, desconocer derechos o garantías fundamentales (Cfr. Sentencia de 21 de agosto de 2008). Ahora bien, en el caso en estudio, el contenido de la demanda y las demás piezas procesales, revelan que lo que se pretende es utilizar esta Corporación de Justicia como otra instancia jurisdiccional, con miras a que revise la interpretación y aplicación de normas legales, así como el procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de la Presidencia para verificar la legalidad de acciones de personal -ascensos, ejecutadas en favor de determinados servidores públicos, con respaldo en una motivación.

Es de notar, que de manera categórica, el accionante cuestiona la legalidad del Decreto Ejecutivo No. 340 de 30 de julio de 2019, aseverando que la entidad demandada, yerra en su fundamento legal. Algunas de sus objeciones, las puntualiza en estos términos: "...Que la aplicación del Decreto Ejecutivo 340 de fecha 30 de julio de 2019, fundamentándose en el decreto Ejecutivo 174 de 10 de junio de 2019, para suspender Ascensos dentro de una Institución que esta (sic) Regulada Por el Decreto Ley No 2 de 8 de julio de 1999 y Modificada por el decreto Ley No 6 de 18 de agosto de 2008, violenta todo debido proceso, pues los ascensos se Otorgaron estando en vigencia el Decreto Ley No 2 de 8 de julio de 1999 y Modificada por el decreto Ley No. 6 de 18 de agosto de 2008, y No. el Decreto Ejecutivo 174 de 10 de junio de 2019. Esa sola aplicación de la norma violenta de manera directa la Ley, pues se está aplicando a los Funcionarios un Fundamento Jurídico en Retroactividad, es decir que ese Decreto Ejecutivo 174 de 10 de junio de 2019, suspende RETROACTIVAMENTE, actos decretados en el pasado, es decir en Febrero de 2019..., el Señor Ministro de la Presidencia de la República, debió haber solicitado mediante Demanda a la Sala Tercera Contenciosa Administrativa la anulación de esos Decretos..., la actuación omisiva Deja en un estado de indefensión a todos los Afectados, pues ellos no pueden PRESENTAR NINGÚN RECURSO LEGAL, pues se trata de un Decreto Ejecutivo y no una Resolución Ministerial como Corresponde, la que les otorgaría el derecho a Reconsiderar la misma, estos actos de mala fe, se hace ver al señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA actuando contrario a la ley,..." (f. 10).

Estiman los amparistas, que fueron ascendidos previo cumplimiento de los requerimientos contemplados en la Ley 2 de 8 de julio de 1999, modificada a través de Decreto Ley No. 6 de 18 de agosto de 2008. No obstante, la decisión de suspender los ascensos otorgados por antigüedad y méritos, está basada en información errónea dada al Ministro de la Presidencia. En este sentido, los accionantes arguyen su desacuerdo legal con el decreto impugnado, en estos términos:

· Las acciones de ascenso de los oficiales del SPI no debieron ser suspendidas, sino demandadas de nulas ante la Sala Tercera de la Corte.

· La suspensión de las acciones de ascenso se fundamenta en normas reglamentarias no aplicables a la fecha de dictarse las mismas.

· El Decreto Ejecutivo No. 340 de 2019, deja en estado de indefensión a los amparistas, toda vez que les impide interponer recurso de reconsideración y apelación contra las evaluaciones que no satisfagan expectativas -con sujeción a lo dispuesto en el artículo 81 del Decreto Ley 6 de 2008.

· La falta de publicación en Gaceta Oficial del Decreto Ejecutivo No. 340 de 2019 impide la ejecución de los ascensos suspendidos.

Las aseveraciones expuestas por el accionante, en conjunto con el contenido del Decreto Ejecutivo No. 340 de 30 de julio de 2019, generan un debate de fondo ajeno a la materia de amparo; pues recordemos que esta acción constitucional no es una tercera instancia que permite la revisión de decisiones administrativas por objeciones de índole legal; en la medida que no trascienden a la esfera constitucional, contraviniendo un derecho fundamental. Tratándose de casos en que los que el amparista ciñe la controversia a la legalidad del acto objeto de amparo, sin que se advierta violación a un derecho o garantía fundamental; esta Corporación de Justicia, se ha pronunciado en estos términos:

Resolución de 26 de marzo de 2014

"...

El primero de ellos es que nos encontramos frente a un acto de naturaleza administrativa, que si bien en ocasiones pueden ser objeto de acciones constitucionales como la que nos ocupa, lo cierto es que ello se surte de forma excepcional y no general. Y en el caso que ahora se trata, no se presentan situaciones que den lugar a esa excepcionalidad, por tanto, al constituirse en una decisión netamente administrativa, lo que procedía era su impugnación ante la vía judicial que para ello se ha establecido.

Y es que sobre el particular debemos recordar, que aun cuando se han flexibilizado criterios sobre requisitos formales, ello no implica el desconocimiento total de los mismos. Al respecto, es necesario que esta Corporación de Justicia encuentre el equilibrio para no denegar justicia, pero a la vez, exigir que se respeten cada una de las jurisdicciones que reconoce la Constitución Nacional y la Ley.

En ese orden de ideas y, a propósito de que la actora invoca como principio contravenido el debido proceso legal, debemos recordar que su contenido también se garantiza al exigirse que se utilicen las vías legales especializadas para cada materia. Y es que hay que recordar, que cada una de las distintas jurisdicciones han sido instituidas con principios y derechos propios, que pretenden salvaguardar a las partes sus derechos, y conocer su causa con la debida especialización, medios de impugnación y etapas procesales propias de la materia.

En relación al punto central planteado, es decir, la impugnación de un acto netamente administrativo en materia de amparo de garantías constitucionales, esta Corporación de Justicia ha establecido señalamientos como los que se citan:

"Reiteramos entonces que, como lo que se pretende es la anulación de una Resolución que reviste las características de un acto administrativo, opera para ello la jurisdicción contenciosa administrativa. En ese sentido, el Pleno de la Corte Suprema ha manifestado que:

"...al tribunal de amparo no compete, como regla general, revocar un acto administrativo por cuanto la competencia sobre el particular corresponde a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, a la cual podrá ocurrir el interesado por la vía contenciosa administrativa, después de agotar la vía gubernativa" (Registro Judicial, Enero de 2000, pág.4).

"Con vista entonces de la naturaleza administrativa del acto demandado, tampoco era procedente una acción de amparo de derechos fundamentales, sin que se entienda que un acto de naturaleza administrativa queda excluido de ser analizado vía amparo, pues ello dependerá de la violación o infracción que se invoque, es decir, si es de naturaleza legal o constitucional". (Salvamento de Voto. M.S. dentro de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales de 17 de noviembre de 2010. M.. J.M.).

Vemos con lo planteado, que la exigencia de que se acuda a la jurisdicción especializada que corresponde, no se constituye en un aspecto de exceso de formalismo, ya que con este requerimiento se pretende preservar la naturaleza de la acción constitucional que nos ocupa.

Pero como otro aspecto que reafirma la posición de que nos encontramos frente a un acto netamente administrativo, tenemos que la actora señala en el libelo de la acción que nos ocupa, que la vulneración del artículo 32 de la Constitución Nacional se surte por el incumplimiento del artículo 75 de la Ley 38 de 2000. Dicha norma plantea una situación que pudiese dar lugar a una nulidad dentro de esa esfera administrativa. Si esto es así, se pone en evidencia que esta pretensión no debe ser ventilada en la jurisdicción constitucional, toda vez que si lo atacado era objeto de una nulidad administrativa y esta no se presentó, lo que se busca es que ahora sea a través de esta acción constitucional que se decrete ese acto de naturaleza legal. Este hecho conllevaría a desconocer la competencia de la jurisdicción establecida para ello.

Debemos aclarar en este punto, que con lo analizado no se está exigiendo que en materia de actos administrativos se agoten los medios de impugnación; lo que se plantea es que en vista de la situación desarrollada por la actora, se pretendan atribuir a la justicia constitucional, decisiones y actuaciones que no le competen. Pero como ello no puede ser aceptado en un Tribunal que preserva los derechos de sus asociados, lo que corresponde es no admitir la controversia que nos ocupa.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por la firma de abogados Yánguez & Co, actuando en nombre y representación de E.E.S.M., representante legal de HACIENDA LEONES, S.A., contra la resolución N°70 de 23 de julio de 2013, dictada por la Directora Nacional de Titulación y Regularización de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI). (Cfr. Sentencia de 4 de julio y de 5 de septiembre de 2012).

Examinadas las piezas procesales que conforman la presente acción de amparo, concluimos que no evidencian desconocimiento, restricción, amenaza, o de algún modo vulneración a un derecho fundamental dentro de la decisión de suspender los efectos de las órdenes de ascenso de sesenta y dos (62) unidades del Servicio de Protección Institucional del Ministerio de la Presidencia, que amerite su análisis a través de esta acción extraordinaria (Cfr. Sentencias de 21 de noviembre de 2011, 4 de julio de 2012 y 5 de septiembre de 2012).

Siendo esto así, se reitera, en concordancia con lo establecido en el artículo 54 de la Constitucional Nacional -que instituye la acción de amparo de garantías constitucionales-, el criterio jurisprudencial que establece que este medio de impugnación no es una tercera instancia que permite la revisión de las decisiones emitidas por las distintas autoridades competentes, por considerarse que a través de ellas se ha aplicado o interpretado erróneamente la ley o valorado indebidamente el caudal probatorio.

Por consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales presentada por la firma forense Saldaña Concepción & Asociados, en representación de E.V.W.M., R.R. ROJAS CORREA, ÁNGEL G.C.A., E.A.M.A., N.C.B., A.S.R., M.J.M.M., R.F.C.A., A.A.G.R., D.B.R., C.A.C., I.G.G.P. y C.I.B.E., contra el Decreto Ejecutivo No. 340 de 30 de julio de 2019, proferido por el Ministerio de La Presidencia.

N.,

EFRÉN C. TELLO C.

MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES OLMEDO ARROCHA OSORIO -- JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS -- CECILIO CEDALISE RIQUELME -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)