Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 9 de Diciembre de 2009

PonenteHipólito Gill Suazo
Fecha de Resolución 9 de Diciembre de 2009
EmisorPleno

VISTOS:

Ha llegado al conocimiento del Pleno de esta Corporación el proceso constitucional de amparo de garantías (fs. 1-31), promovido por el M.L.E.C.B., en su propio nombre, y en nombre y representación de su menor hijo L.E.C.V., contra la Resolución de 7 de marzo de 2008 (fs. 34-43), expedida por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia.

Procede la Sala a la decisión del recurso formulado, previo a lo cual se dejan expuestos los antecedentes del mismo.

  1. ANTECEDENTES

Consta en autos que el M.L.E.C.B., presentó ante el Juzgado Segundo de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de Panamá (en turno), una denuncia de Circunstancia Especialmente Difícil (f. 1 del expediente de Protección), a fin de que se dictase una Medida Cautelar de Protección en favor de su menor hijo L.E.C.V., misma que, luego del correspondiente reparto, quedó radicada en el Juzgado Primero de dicha jurisdicción, siendo admitida por éste (fs. 4-5 Ibíd.). Surtido el respectivo trámite, el Juzgado Primero dictó la Resolución No. 480-07-JPNA-PRO de 21 de noviembre de 2007, cuya parte resolutiva dice así:

"PRIMERO: DECLARAR que existe la necesidad de adoptar una medida cautelar de protección en favor del menor L.E.C.V..

SEGUNDO

MANTENER provisionalmente al menor L.E.C.V., bajo los cuidados y atenciones de su padre el señor L.E.C.B., sin que esto impida que el niño pueda relacionarse con el Madre. (sic.)

TERCERO

REFERIR a los señores L.E.C.B. y MARYCEL VOLTIER RUIZ (sic.), a un seguimiento de profesionales especializados, cuyo resultado (sic.) deberán ser aportados como elementos fundamentales en el proceso de Guarda, C. y Educación.

CUARTO

INDICAR a las partes a que continuen (sic.) con los trámites correspondientes del proceso de Guarda, C. y Educación que mantiene este Tribunal.

QUINTO

ORDENAR el cierre y archivo del presente proceso, una vez ejecutoriada la resolución." (fs. 144-145 I.. Subraya la Corte.)

La resolución de marras fue apelada por el Licenciado L.A.O.C., apoderado judicial de la señora M.V.R., madre del menor L. E. C. V (fs. 163-165 Ibíd.), y por el Licenciado HERNÁN ANTONIO DE LEÓN BATISTA, en su calidad de Defensor del Menor (fs. 148-161 Ibíd.), mientras que a dichas apelaciones se opuso el amparista (fs. 166-179 Ibíd.).

Las referidas apelaciones fueron decididas por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia a través de la sentencia impugnada (fs. 229-238 Ibíd.), cuya parte resolutiva dice así:

"PRIMERO: REVOCA los puntos primero y segundo la Resolución No. 480-07-JPNA-PRO de 21 de noviembre de 2007, proferida por el Juzgado Primero de N. y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del proceso de protección iniciado a favor del niño L.E.C.V..

SEGUNDO

ORDENAR que el niño L.E.C.V. retorno (sic.) a su residencia habitual junto a su madre, señora M.V.R., debiendo el Juzgado primerio (sic.) y a través del Equipo Interdisciplinario, darle el seguimiento respectivo.

Tercero

CONFIRMA en todo lo demás la Resolución recurrida." (f. 238 Ibíd. Subraya la Corte.)

  1. FUNDAMENTO DEL AMPARO

    En primer lugar, el amparista alega que, al proferir la sentencia acusada, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia violó en forma directa, por omisión, el artículo 17 de la Constitución, en concordancia con el artículo 56 de la Carta Fundamental, con los artículos 1, 2, 490, 500 y 502 del Código de la Familia, con el artículo 4 de la Ley No. 38 de 10 de julio de 2001, "Que reforma y adiciona artículos al Código Penal y Judicial, sobre violencia doméstica y maltrato al niño, niña y adolescente, deroga artículos de la Ley 27 de 1995 y dicta otras disposiciones" (G.O. 24,350 de 23 de julio de 2001), con el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada mediante Ley No. 15 de 6 de noviembre de 1990 (G.O. 21,667 de 16 de noviembre de 1990), y con el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada mediante Ley No. 15 de 28 de octubre de 1977 (G.O. 18,468 de 30 de noviembre de 1977).

    El amparista sustenta en los siguientes términos el primero de los cargos de violación a sus garantías fundamentales y las de su menor hijo:

    "...esta autoridad minoril lo ha desprotegido y lo ha colocado en riesgo directo de que sufra una nueva agresión por parte de su madre... al ordenar en su fallo que el mismo regrese a su anterior residencia..., habiéndose acreditado en el expediente y señalado por ellos mismos en dicha resolución que el acto de maltrato que yo denuncie (sic.) en mi condición de padre de dicho menor efectivamente se realizó y existiendo en el expediente un cúmulo de elementos probatorios que demuestran el grado de afectación psicológica que ha sufrido este niño a raíz de este hecho.

    ...

    ...todas las normas citadas garantizan al menor la Protección inmediata en su vida, contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos y para ello las autoridades, en este caso minoril, deben cumplir con la ley y en consecuencia, adoptar todas las medidas apropiadas para proteger al menor..., por el simple hecho de existir sospecha de maltrato cometido en contra de este menor mas cuando estos mismos Magistrados señalaron que efectivamente el hecho se realizó y existe constancia en el expediente de la afectación psicológica que el niño sufrió." (fs. 20-21 del cuadernillo de amparo)

    En segundo lugar, el amparista alega la violación directa, por comisión, del artículo 18 de la Constitución, en concordancia con el artículo 17 de la Carta Fundamental, con el artículo 490 del Código de la Familia, con la Ley No. 38 de 2001 y con el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, misma que el amparista expone así:

    "...estos funcionarios en la Resolución de 7 de marzo de 2008... señalan categóricamente que en el hecho de maltrato que denuncie (sic.) efectivamente se realizó pero agregan que es evidente que no hubo dolo no siendo ellos la autoridad jurisdiccional competente para entrar a calificar si el hecho fue doloso, culposo o negligente. La calificación del hecho de maltrato que denunciamos le compete específicamente a la Jurisdicción Penal Ordinaria y no a la Jurisdicción de Menores y Adolescencia, razón por la cual resulta un claro abuso de autoridad y extralimitación de funciones...

    ...

    En el proceso de protección de mi menor hijo... los Magistrados demandados no cumplieron con su deber de adoptar a favor de este niño ningún tipo de medida de protección a pesar de tener conocimiento que el hecho que yo denuncie (sic.) como maltrato efectivamente se realizó en contra de este inocente menor, como ellos mismos dejaron plasmado en su fallo, y más aún, ordenan que este niño regrese junto con la persona que el mismo señaló como su victimario, quien es su propia madre... sin contar con elementos que den la plena certeza que su integridad estará segura, amén que ni siquiera realizaron gestión alguna para determinar quién o quienes (sic.) cometieron el acto de violencia en contra de mi hijo ocasionándole gran cantidad de huecos en su cabello sin justificación alguna." (fs. 22-23 Ibíd.)

    En tercer lugar, el amparista alega la violación directa, por omisión, del artículo 32 de la Constitución, en concordancia con los artículos 489, numeral 10, y 770 del Código de la Familia, con el artículo 4, numeral 8 de la Ley 38 de 2001, y con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, fundamentando dicha aseveración como sigue:

    "...nuestro menor hijo... no fue oído en el curso del proceso de protección que instaure (sic.) a su favor, con todas las formalidades que se requiere para ello, es decir bajo el principio de inmediación, en presencia de psicólogo del Instituto de Medicina legal (sic.)...

    ...los Magistrados de la Niñez y Adolescencia... emitieron su fallo sin que el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía Especializada en Asuntos de Familia y el Menor emitiera concepto alguno...

    ...

    Nuestra Máxima Corporación de Justicia en el Amparo de Garantías Constitucionales presentado por la Firma Asesores Jurídicos Asociados, en representación de M.E.O. de Mendoza e I.C.M.R., contra el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, en Resolución de 4 de agosto de 2000, bajo la Ponencia del Magistrado R.G. señaló:

    "Con respecto al artículo 770 del Código de la Familia y el Menor, la Corte considera que no se ha vulnerado el artículo 32 de la Constitución relativo al Debido Proceso en virtud de que la norma indica que: "Salvo las excepciones señaladas en la ley, el Ministerio Público y el Defensor del Menor serán oídos en todos los procesos y actuaciones sobre asuntos de familia y de menores respectivamente.", y en este expediente de Protección del Menor EDUARDO JURADO, han sido incorporados los criterios del Ministerio Público y del Defensor del Menor." (Énfasis en el original.)

    ...los Magistrados de la Niñez y Adolescencia desatendieron el principio de interés superior de mi menor hijo... al desconocer o no tomar en cuenta la manifestación de no querer vivir con su madre y su inclinación hacia la figura paterna que realizó este menor durante el curso del presente proceso de Protección por Maltrato, tal y como lo expresó en la primera impresión psicológica que se le practicó (fs.17 y 18), en la Entrevista Psicológica que se le realizó (fs.126 y 27) y en la visita supervisada en donde la P.M.J.D.A. dejó plasmado en su informe que:

    "...al inicio de esta visita el niño se rehusaba a entrar con su madre a la sala de visitas y llamaba a su papá." (Énfasis en el original.)

    Además, consta en el expediente que mi hijo.. mostró ambivalencia hacia la figura materna, conducta que demuestra el grado de ansiedad y afectación emocional que sufre este niño ante la presencia de su madre..., a quien señaló como su agresora, motivo por el cual consideramos que la orden de hacer emitida por los Magistrados del Tribunal de la Niñez y Adolescencia en su fallo, consistente en que este menor regrese a su anterior residencia junto con su madre..., además de atentar contra la salud psico-emocional y constituir un riesgo para la integridad física y el bienestar de mi menor hijo..., es irracional, arbitraria y contraria al Interés Superior de este menor. Esto último lo señalamos dado a que este menor tiene mucho más de un año de estar conviviendo con su padre..., libre de todo tipo de agresión, y adaptado ahora a su nuevo medio social, a sus nuevos amigos y vecinos, en una casa confortable ubicada muy cerca de su Colegio y de un Centro Deportivo, con una habitación propia que cuenta con todo lo mínimo indispensable para su buen desarrollo físico y psicomotor, y estas condiciones en que se encuentra el menor en atención a su interés superior debe prevalecer ante el riesgo directo que representa colocar nuevamente a este niño en su anterior residencia.

    ...a diferencia del fallo dictado por la Juzgadora A-Quo, el fallo proferido por el Tribunal de segunda instancia no se fundamentó en lo normado por esta Ley, la cual establece como medida de protección la de suspender al presunto agresor o la agresora la guarda y crianza de sus menores hijos o hijas menores de edad, atendiendo a la gravedad de los hechos de violencia y/o al daño o peligro directo o indirecto al que estuviesen sometidos los menores de edad.

    Aunado a lo anterior, esta misma Ley preceptúa que para adoptar una medida de protección sólo basta que la autoridad correspondiente tenga conocimiento del hecho sin perjuicio que se inicie o continúe el proceso civil, penal, familiar o administrativo respectivo, y en el presente proceso de Protección a favor de mi hijo... los Magistrados del Tribunal Superior de la Niñez y Adolescencia, a pesar de señalar en su fallo que el hecho que yo denuncie (sic.) como maltrato efectivamente se llegó a realizar no adoptan ninguna de las medidas de protección que consagra esta Ley." (fs. 23-26)

    Por último, el amparista alega la violación directa, por omisión, del artículo 56 de la Constitución, en concordancia con el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, sustentándola así:

    "Nuestra máxima Corporación de Justicia en mucho (sic.) fallos ha señalado que la protección constitucional de los derechos de los menores forman (sic.) parte de los derechos humanos de segunda generación mencionados de forma general en el citado artículo 56 de la Constitución Nacional y por tal razón, el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño constituye un complemento a este texto constitucional, al establecer que en todas las medidas que se adopten institucionalmente, por autoridades o tribunales concernientes a niños, debe prevalecer el interés superior del menor, concepto que implica el derecho del niño a una protección especial y a la primacía de sus intereses. (Énfasis en el original.)

    Sobre este aspecto, en su salvamento de voto respecto a la Resolución de 16 de mayo de 2008, dictada dentro del presente proceso de protección, la Licenciada JUDITH COSSU DE HERRERA, Magistrado (sic.) Presidenta del Tribunal Superior de la Niñez y Adolescencia señaló:

    "Del mismo modo, reitero que en interés superior del niño C.V., es importante determinar quien o quienes (sic.) le ocasionaron el daño al niño, que no se repara, con un simple: "el mismo crece" o que "por suerte se dio en vacaciones escolares", como lo indica el defensor del menor, pues debemos recordar que la defensa de los niños, es una prioridad en el sistema de justicia, no siendo posible que una situación como la constante en el expediente quede en absoluta impunidad, y peor aún en completa indivisibilidad ya que los efectos futuros pueden ser grave,..."

    En el proceso de Protección del menor L.E.C.V., los Magistrados fallaron desconociendo lo que implica una protección especial y sin evaluar cuáles son actualmente los mejores intereses que le favorecen a este niño.

    Si ponderamos el expediente, resulta fácil determinar lo siguiente:

    1. Que el menor L.E.C.V., sufrió una afectación psicológica que aunque no profunda le ha ocasionado perjuicio en su afectividad (ambivalencia hacia la figura materna), producto del acto de humillación y/o malos trato (sic.) del que fue víctima, al trasquilarle el cabello sin justificación, dejándole como consecuencia su cabeza llena de huecos.

    2. Que existe un señalamiento directo del menor L.E.C.V. en contra de su madre M.A.V.R., como la persona que le ocasionó los actos señalados anteriormente.

    3. Que estos actos se dieron en la anterior residencia del menor L.E.C.V., cuando éste se encontraba sólo en compañía de su madre MARYCEL A. VOITIER R.

    4. Que los Magistrados del Tribunal Superior de la Niñez y Adolescencia señalan en su fallo que el hecho denunciado por L.E.C.B., efectivamente llegó a realizarse.

    5. Que el menor L.E. C.V. tiene mucho más de un año de estar conviviendo con su padre L.E.C.B., con la esposa de éste, M.A. DE CAMPOS y su abuela V.B. DE CAMPOS en un ambiente libre de cualquier tipo agresión (sic.).

    6. Que cuando el padre del menor L.E.C.V. se encuentra laborando, éste (sic.) niño se encuentra bajo los cuidados y responsabilidades de su abuela paterna V.B.D.C., con quien le gusta estar dicho niño, según lo manifestó a fojas 18 del expediente.

    7. Que bajo la protección de su padre L.E.C.B., establecida por el Juzgado A-Quo mediante Resolución No.480-07-JPNA-PRO de 21 de noviembre de 2007, el menor L.E.C.V. se encuentra gozando de buena salud, de buena educación, y ahora vive en un lugar confortable, adaptado a su nuevo medio social en donde comparte con vecinos de su misma edad y que estudian en su mismo Colegio y sobre todo, tiene el amor y cariño de las personas que habitan con él en su nueva residencia así como todo lo indispensable para su normal desarrollo social, psicológico y emocional.

    Ante los anteriores hechos acreditados en el expediente, resulta fácil precisar de una manera inmediata que el interés superior del menor L.E.C.V. se encuentra salvaguardado bajo la protección que le brinda su padre L.E.C.B., en atención a lo resuelto objetivamente por la juzgadora de primera instancia, Licenciada I.R..

    En cuanto a que el menor L.E..C.V.R se relacione con su madre M.A.V.R., podemos señalar que esto es un derecho de mi hijo que nadie se lo puede negar y que estoy seguro que es beneficioso e indispensable para su formación integral, pero tal acercamiento después de los hechos acontecidos debe darse garantizándosele a éste (sic.) menor su seguridad e integridad, por lo que somos del criterio que esto es un tema que no es objeto del presente proceso de protección, el cual tiene un fin distinto, sino del proceso de Guarda y Crianza y Reglamentación de Visitas, en donde el Juzgador en representación del Estado deberá hacer un análisis mucho más profundo sobre el particular." (fs. 26-29)

  2. DECISIÓN DEL PLENO

    Nos corresponde entonces, en función de las consideraciones anteriores, examinar los cargos de violación a la Carta Fundamental que hace el amparista, no sin antes aclarar que este tribunal de amparo no puede entrar a revisar el fondo del asunto debatido en los Procesos de Protección y Guarda y Crianza, materia ésta que es competencia de los tribunales ordinarios (Cfr., inter alia, Sentencia de 13 de abril de 2007).

    1. Examinaremos en forma conjunta el primero y el último cargo de violación alegados, puesto que ambos se relacionan con el artículo 56 de la Constitución.

    El artículo 17 de la Carta Fundamental, citado como primera norma constitucional violada por el amparista, dice así:

    "Artículo 17. Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que están bajo su jurisdicción; garantizar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley.

    Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona." (Subraya la Corte.)

    Es menester recordar que, antes de la reforma constitucional de 2004, aún no había sido adicionado el segundo párrafo de dicho artículo, según el cual la interpretación de los Derechos Humanos y Fundamentales que haga este tribunal, en su carácter de instancia tutelar de tales derechos, lejos de ser restrictiva, ha de ser lo más amplia posible.

    Por su parte, el artículo 56 de la Constitución, a cuya violación alude el amparista, en concordancia con el artículo 17 de la Carta Fundamental, dice así:

    "Artículo 56. El Estado protege el matrimonio la maternidad y la familia. La Ley determinará lo relativo al estado civil.

    El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión sociales. Igualmente tendrán derecho a esta protección los ancianos y enfermos desvalidos." (Subraya la Corte.)

    Este precepto constitucional ha sido desarrollado por el Código de la Familia, entre otras, a través de las siguientes normas citadas por el amparista, a saber:

    "Artículo 1. La unidad familiar, la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, la igualdad de los hijos y la protección de los menores de edad, constituyen principios fundamentales para la aplicación e interpretación de este cuerpo de leyes." (Subraya la Corte.)

    "ARTÍCULO 2. Los jueces y autoridades administrativas, al conocer de los asuntos familiares, concederán preferencia al interés superior del menor y la familia." (Subraya la Corte.)

    "ARTÍCULO 490. Es derecho y obligación de los padres, de la sociedad y del Estado, proteger el nacimiento y la vida del hijo o hija. Las autoridades y las instituciones correspondientes le proporcionarán los cuidados y orientación que sean necesarios." (Subraya la Corte.)

    "ARTÍCULO 500. Se considera que un menor es víctima de maltrato cuando se le infiera o se le coloque en riesgo de sufrir un daño o perjuicio en su salud física o mental o en su bienestar, por acciones u omisiones de parte de sus padres, tutores, encargados, guardadores, funcionarios o instituciones responsables de su cuidado o atención." (Subraya la Corte.)

    El artículo 56 de la Constitución también ha sido desarrollado, en lo que respecta a los menores, por el artículo 4 de la Ley No. 38 de 2001, citado igualmente por el amparista, el cual transcribimos a continuación en lo pertinente:

    Artículo 4. Sin perjuicio de que se inicie o continúe el proceso civil, penal, familiar o administrativo respectivo, la autoridad, cuando tenga conocimiento del hecho, queda inmediatamente facultada, según su competencia, para aplicar, a favor de las personas que sean víctimas sobrevivientes de violencia doméstica, las siguientes medidas de protección:

    ...

    4. Autorizar a la víctima sobreviviente, si así lo solicita, a radicarse provisionalmente en un domicilio diferente del común para protegerla de agresiones futuras, respetando la confidencialidad del domicilio.

    ...

    8. Suspender al presunto agresor o a la presunta agresora la guarda y crianza de sus hijos o hijas menores de edad, atendiendo a la gravedad de los hechos de violencia y/o al daño o peligro directo o indirecto al que estuvieren sometidos los menores de edad. La autoridad competente podrá dar en primera opción la guarda protectora del niño, niña o adolescente, al progenitor no agresor.

    Por su parte, el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, también citado por el amparista en concordancia con los artículos 17 y 56 de la Constitución, dice así:

    Artículo 19

    1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

    2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

    Finalmente, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, invocado igualmente por el amparista en concordancia con los preceptos constitucionales bajo estudio, dice así:

    Artículo 19. Derechos del Niño

    Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

    Después de analizar cronológicamente el expediente del Proceso de Protección, a la luz de las premisas normativas antes citadas, este tribunal constitucional concluye que, en efecto, le asiste razón al amparista cuando argumenta que la resolución impugnada es violatoria del artículo 17 de la Constitución, en concordancia con el artículo 56 de la Carta Fundamental.

    Decimos esto porque, al revocar los dos primeros puntos resolutivos de la decisión del Juzgado Primero de N. y Adolescencia, se desatendió el interés superior del menor, consagrado por ambas normas constitucionales y desarrollado por los artículos 1, 2, 490 y 500 del Código de la Familia y los numerales 4 y 8 del artículo 4 de la Ley No. 38 de 2001 antes citados.

    Como ha señalado el amparista, el principio de interés superior del menor se encuentra consagrado en el artículo 3, numeral 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que a la letra dice:

    "ARTÍCULO 3

    1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

    2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

    3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada." (Subraya la Corte.)

    Cabe destacar que el artículo 43 de dicha Convención establece el Comité de los Derechos del Niño, "con la finalidad de examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Partes". El funcionamiento general de dicho mecanismo es explicado por el propio Comité como sigue:

    "Cuando un país ratifica la Convención, asume la obligación jurídica de implementar los derechos reconocidos por el tratado. Pero la firma no es más que un primer paso, pues el reconocimiento de los derechos sobre papel no basta para garantizar su efectivo goce en la práctica. En consecuencia, el país asume la obligación complementaria de presentar informes periódicos al Comité sobre la manera en que se facilita el ejercicio de los derechos. Este sistema de vigilancia de los derechos humanos es común a todos los tratados de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.

    ...

    El Comité también hace públicas su interpretación del contenido de las disposiciones de los derechos recogidos en la Convención, que se conocen como "Observaciones Generales"..." (OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Comité de los Derechos del Niño, Órgano de Vigilancia del Tratado. Disponible por Internet: )

    Precisamente, el numeral 1 del artículo 3 de la citada Convención, el cual, como hemos dicho, establece el principio de interés superior del menor, ha sido objeto de interpretación por parte del Comité de los Derechos del Niño mediante la Observación General No. 5, la cual, en su parte pertinente, señala lo siguiente:

    "Artículo 3, párrafo 1 - El interés superior del niño como consideración primordial en todas las medidas concernientes a los niños. El artículo se refiere a las medidas que tomen "las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos". El principio exige la adopción de medidas activas por el gobierno, el parlamento y la judicatura. Todos los órganos o instituciones legislativos, administrativos y judiciales han de aplicar el principio de interés superior del niño estudiando sistemáticamente cómo los derechos y los intereses del niño se ven afectados o se verán afectados por las decisiones y las medidas que adopten; por ejemplo, una ley o una política propuestas o existentes, una medida administrativa o una decisión de los tribunales, incluyendo las que no se refieren directamente a los niños pero los afectan indirectamente." (COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Observación General No. 5 (2003) - Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44. Ginebra, 27 de noviembre de 2003. Subraya la Corte. Disponible por Internet:

    )

    Por otro lado, en su Opinión Consultiva OC-17/2002 sobre Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretó así el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también invocado por el amparista:

    "28. Por lo que toca al citado artículo 19 de la Convención Americana vale destacar que cuando éste fue elaborado existía la preocupación por asegurar al niño la debida protección, mediante mecanismos estatales orientados al efecto. Hoy día debe darse una interpretación dinámica de este precepto que responda a las nuevas circunstancias sobre las que debe proyectarse y atienda a las necesidades del niño como verdadero sujeto de derecho y no sólo como objeto de protección.

    ...

    53.La protección de los niños en los instrumentos internacionales tiene como objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de aquellos y el disfrute de los derechos que les han sido reconocidos. Corresponde al Estado precisar las medidas que adoptará para alentar ese desarrollo en su propio ámbito de competencia y apoyar a la familia en la función que ésta naturalmente tiene a su cargo para brindar protección a los niños que forman parte de ella." (Opinión Consultiva de 28 de agosto de 2002. Subraya la Corte.)

    Tal como señala el amparista, este principio ha sido también objeto de interpretación jurisprudencial por parte de esta Corporación, en los siguientes términos:

    "Sobre este punto el Pleno después de estudiar el caso estima que la protección constitucional de los derechos de los menores, los cuales forman parte de los Derechos Humanos de segunda generación, en nuestra carta Fundamental se mencionan de manera general en el artículo 52 [hoy artículo 56], pero sin llegar a precisar los principios y derechos que les asisten en el ámbito procesal. De allí que el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño representa un complemento del texto constitucional al establecer que en todas las medidas que se adopten institucionalmente, por autoridades o tribunales concernientes a niños, debe prevalecer el interés superior del menor.

    ...

    Respecto a la infracción del artículo 52 [hoy artículo 56] de la Constitución, que trata sobre la obligación del Estado de proteger la salud física, mental y moral de los menores y garantizar el derecho de éstos a la alimentación, la salud y la educación y la seguridad y previsión sociales, cabe anotar que en el presente caso esa obligación estatal está supeditada a determinar previamente cuál es el interés superior del menor, que es precisamente la omisión que se advierte en la orden de hacer que se impugna." (Sentencia de 20 de marzo de 1996, en Sentencia de 6 de julio de 2000. Subraya la Corte.)

    En tal sentido, estima este tribunal que dicho interés superior había sido debidamente identificado y tutelado por el Juzgado Primero de N. y Adolescencia, según consta en la motivación de la Resolución No. 480-07-JPNA-PRO de 21 de noviembre de 2007 (f. 144 del expediente de Protección), al conceder la medida cautelar solicitada por el amparista y, en consecuencia, entregarle provisionalmente al menor. Dicha medida dio fiel cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado panameño conforme a los artículos 3, numeral 1, y 19, numeral 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y al artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también invocados por el amparista. Por tanto, reiteramos, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia desatendió el principio de interés superior del menor al revocar parcialmente dicha resolución a través del acto acusado.

    2. En cuanto al cargo de violación al artículo 18 de la Constitución, el Pleno ha señalado con anterioridad que "mal puede alegarse como infringido un artículo constitucional que no contiene una tipificación de una conducta que pueda designarse como extralimitación de funciones u omisión de las mismas." (Sentencia de 19 de enero de 1995).

    3. Finalmente, con el propósito de examinar el cargo de violación del artículo 32 de la Constitución, se hace necesario determinar cuál hubiese sido el debido proceso en este caso y si el mismo fue en efecto aplicado. En tal sentido, es menester aclarar que resultaría imposible determinar si ocurrió o no dicha violación sin un examen detallado de las normas legales concordantes, que son las que dan contenido a este derecho fundamental. Por tanto, transcribiremos a continuación las normas legales citadas al efecto por el amparista.

    El artículo 489, numeral 10 del Código de la Familia dice así:

    ARTÍCULO 489. Todo menor tiene derecho a:

    ...

    10. Expresar su opinión libremente y conocer sus derechos. En consecuencia, en todo proceso que pueda afectarlo, deberá ser oído directamente o por medio de un representante, de conformidad con las normas vigentes y su opinión debe tomarse en cuenta, considerando para ello la edad y madurez mental del menor.

    El artículo 770 de la misma excerta legal preceptúa lo siguiente:

    ARTÍCULO 770. Salvo las excepciones señaladas en la ley, el Ministerio Público y el Defensor del Menor serán oídos en todos los procesos y actuaciones sobre asuntos de familia y de menores, respectivamente.

    Por otra parte, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece lo siguiente:

    "ARTÍCULO 12

    1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

    2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional."

    El amparista invocó también el artículo 4, numeral 8 de la Ley No. 38 de 2001, que ya fue comentado en el presente fallo.

    En ese sentido, una revisión detallada de los expedientes del Proceso de Protección permite a esta Corporación concluir que, en efecto, se siguió el debido proceso en este caso, de conformidad con las normas antes transcritas.

    Consta en autos que el 31 de enero de 2007, esto es, dos días después que el amparista acudió al Juzgado Segundo de Niñez y Adolescencia, solicitando la medida cautelar in comento (f.1 del expediente de Protección), el propio menor L.E.C.V. confirmó, mediante impresión diagnóstica, que su madre había sido la autora del hecho por el cual el amparista solicitó la referida medida. Posteriormente, el 12 de noviembre de 2007, la Licenciada MARIXENIA JAÉN de APARICIO, Psicóloga del Equipo Interdisciplinario del Juzgado Primero de Niñez y Adolescencia, efectuó una entrevista al menor (fs. 126-127 Ibíd.), y dos días después, se llevó a cabo una visita supervisada de la madre en su presencia (fs. 128-129 Ibíd.), conforme a lo ordenado por la juez de la causa.

    Por otra parte, observa el Pleno que, mediante escrito calendado el 5 de octubre de 2007, el Defensor del Menor compareció ante dicha juzgadora (fs. 110-113).

    Todos estos elementos fueron debidamente valorados por la Juez Primera de N. y Adolescencia al dictar la resolución que fue revocada por el acto impugnado (fs. 141 y 143 Ibíd.). Por tanto, reiteramos que el cargo de violación al artículo 32 de la Constitución carece de fundamento alguno.

    La única censura que este tribunal constitucional podría hacerle al tribunal de la causa, a la luz del principio de interés superior del menor al que ya nos hemos referido, es la de no haber decretado inmediatamente, al menos con carácter de temporalidad, alguna de las medidas cautelares que figuran enunciadas en el artículo 4 de la Ley No. 38 de 2001, en uso de la facultad que le otorgaba el párrafo primero de dicha excerta legal. De hecho, cuando finalmente la Juez Primera de N. y Adolescencia tomó la determinación de "MANTENER provisionalmente al menor L.E.C.V., bajo los cuidados y atenciones de su padre" (f. 144 Ibíd.), aquél ya llevaba aproximadamente diez meses de encontrarse de hecho en la casa paterna.

    Aun cuando esta Corporación reconoce que no es éste el caso, no está de más recalcar que, en todas aquellas situaciones que involucren violencia doméstica, la acción rápida de las autoridades es vital para evitar la producción de hechos cumplidos que puedan condicionar posteriormente las decisiones de los tribunales, o lo que es peor, que conlleven desenlaces fatales.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por el M.L.E.C.B. contrael Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, y en su lugar REVOCAla Resolución de 7 de marzo de 2008 proferida por dicho tribunal.

    Notifíquese Y CÚMPLASE,

    HIPOLITO GILL SUAZO

    ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO -- VICTOR L. BENAVIDES -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D.-- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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