Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 17 de Marzo de 2010

PonenteJosé Abel Almengor Echeverría
Fecha de Resolución17 de Marzo de 2010
EmisorPleno

VISTOS:

Ha llegado a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de Hábeas Corpus formulada por la licenciada D.U. de B., a favor del adolescente O.C.C., contra el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia.

La activadora judicial indica que el Adolescente O.C.C. "se encuentra actualmente detenido por el delito de homicidio en grado de tentativa sin que exista a la presente fecha causa legal que ordene su detención" (f.1 del cuaderno de Hábeas Corpus). Explica que en su momento, la Fiscalía de Adolescentes del Segundo Circuito Judicial, San Miguelito, ordenó la detención del menor de edad por un período de 9 meses, el cual "venció el día 17 de diciembre de 2009, no obstante a esta fecha, no se ha girado orden de parte del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia para que dicho adolescente sea puesto en libertad por este proceso. Ni tampoco consta dentro del expediente pronunciamiento alguno que prorrogue dicha medida por un máximo de dos (2) meses tal y como lo señala el artículo 63 de la Ley 40 del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia" (fs.1-2 del cuaderno de Hábeas Corpus).

Mediante resolución judicial de 2 de febrero de 2010, el despacho sustanciador dispuso acoger la iniciativa constitucional y procedió a requerir de la autoridad jurisdiccional demandada, el envío del informe de conducta en los términos que establece el artículo 2591 del Código Judicial (f. 4 del cuaderno de Hábeas Corpus).

Ese mandato de Ley, fue atendido por la licenciada B.S.C., Magistrada Suplente del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, quien mediante nota N° 10-10/T.S.N.A de 4 de febrero de 2010, informó que "esta superioridad si ordenó la detención del adolescente O.C.C., mediante Resolución del 13 de diciembre de 2009...con lo cual se confirmó la Sentencia N° 93-09 de 25 de agosto de 2009, emitida por el Juzgado Penal de Adolescentes del segundo Circuito Judicial de Panamá"; y que actualmente el expediente se encuentra en el trámite de sustanciación del recurso extraordinario de casación formulado por la defensora de oficio del adolescente contra la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal Superior de Niñez y adolescencia, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia (fs.8-9 del cuaderno de Hábeas Corpus).

Por conocido el punto medular de censura esbozado por la promotora de la acción subjetiva y cumplida la formalidad legal de acopiar el correspondiente mandamiento de Hábeas Corpus por parte de la autoridad requerida, procede el Pleno de la Corte a determinar si la medida restrictiva de la libertad que pesa contra el adolescente O.C.C., satisface o no las exigencias que regentan su legitimidad procesal.

En cumplimiento de esa labor jurisdiccional, se advierte, como cuestión previa, que el adolescente O.C.C. fue sometido a los rigores de la justicia penal de adolescentes, por la comisión de delito contra la vida y la integridad personal, específicamente la conducta de homicidio doloso en grado de tentativa, en perjuicio del menor de edad V.M.B., hecho delictivo acaecido en horas de la noche del 9 de diciembre de 2008, en el sector de Samaria, Distrito de San Miguelito, Provincia de Panamá.

Mediante resolución de 2 de marzo de 2009, la Fiscalía de Adolescentes del Segundo Circuito Judicial de Panamá, dispuso recibirle declaración indagatoria a O.C.C. (fs.92-96 de los antecedentes) y mediante resolución de 17 de marzo de 2009, dispuso ordenar su detención preventiva por el término de 9 meses (fs.138-145 de los antecedentes).

La medida cautelar aplicada a O.C.C. fue sometida en consulta al Juzgado Penal de Adolescentes del Segundo Circuito Judicial de Panamá, autoridad que mediante auto vario N° 165-09 de 19 de marzo de 2009, resolvió confirmar la detención provisional que le fuera impuesta (fs.158-169 de los antecedentes).

Mediante vista N° 63 de 10 de junio de 2009, la agencia de instrucción solicitó la apertura de proceso contra O.C.C. por la infracción de las disposiciones contenidas en el Libro I, Titulo II, Capítulo VII, en concordancia con el Capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal (fs.346-361 de los antecedentes). Esa petición fiscal fue admitida por el juzgador de la causa mediante acto de audiencia celebrado el 25 de junio de 2009 (fs.376-384).

Mediante sentencia N° 93-09 de 25 de agosto de 2009, el Juzgado Penal de Adolescentes del Segundo Circuito Judicial de Panamá, resolvió declarar penalmente responsable al adolescente O.C.C. como autor del delito de homicidio doloso simple en grado de tentativa, y lo sancionó a cumplir la pena de 6 años y 8 meses de prisión (fs.537-556 de los antecedentes). El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, mediante resolución judicial de 3 de diciembre de 2009, confirmó la sentencia condenatoria de primera instancia (fs.608-622 de los antecedentes).

Cabe resaltar que las últimas anotaciones procesales consignadas en los antecedentes, dan cuenta que la defensa oficiosa del adolescente O.C.C., en el acto de notificación de la sentencia de segunda instancia, anunció su intención de recurrir en casación penal (fs. 634 y vuelta de los antecedentes); que el cuaderno fue remitido al Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, mediante resolución de 28 de diciembre de 2009, para imprimirle el trámite de ley al recurso anunciado (f.643 de los antecedentes); que mediante resolución de 11 de enero de 2010, el Tribunal Superior le concedió a la recurrente el término de 15 días para formalizar la iniciativa extraordinaria (f.645 de los antecedentes) y que la defensa técnica presentó escrito de formalización del recurso de casación (fs.648-652 de los antecedentes).

El cargo de ilegalidad endilgado al estado privativo de libertad que padece el adolescente O.C.C. se basa, exclusivamente, en el argumento que los órganos jurisdiccionales encargados de definir su situación penal, desatendieron el plazo de duración máxima de la medida de detención provisional, consignado en el artículo 63 de la Ley N° 40 de 26 de agosto de 1999, "Del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia".

La supracitada disposición legal, tal como aparece reformada por la Ley 15 de 22 de mayo de 2007 "Que dicta medidas para la agilización de la instrucción sumarial en los procesos penales ordinarios y en los especiales de responsabilidad penal de adolescentes, y otras disposiciones", responde al siguiente tenor literal:

"Artículo 63. Plazo máximo de detención provisional y de otras medidas cautelares. La detención provisional tendrá un plazo máximo de nueve meses improrrogables.

Las medidas cautelares que no implican la privación de libertad podrán ser decretadas hasta por un máximo de seis meses y prorrogadas a su vencimiento por el juez de la causa hasta por un plazo de seis meses. Si al vencimiento de este término no hay sentencia sancionatoria de primera instancia, toda medida cesa de pleno derecho.

Si hay sentencia sancionatoria apelada por el adolescente, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia podrá disponer, por una sola vez, que se extienda la medida por el tiempo que necesite para pronunciar su fallo, el cual no podrá exceder de dos meses" (Resalta el Pleno).

La exacta interpretación de la norma transcrita, pone de relieve que la detención provisional aplicada a un adolescente sometido al régimen especial de responsabilidad penal, ciertamente tiene un plazo de duración máximo que está fijado inicialmente en nueve (9) meses y susceptible de prórroga por dos(2) meses adicionales.

Ahora bien, el Pleno interpreta que esos términos de vigencia (9 meses iniciales y 2 meses de prórroga) asignados al régimen de detención provisional, encuentran aplicación, de manera privativa, en el curso del proceso penal que se ventila en esta especial jurisdicción. Es decir, el plazo de duración de la medida cautelar tiene validez y eficacia sólo en esta jurisdicción especial, hasta tanto el proceso instruido contra la persona menor de edad, sea definido de acuerdo a los trámites ordinarios, por las autoridades encargadas de impartir justicia en esta esfera legal.

Este criterio hermenéutico se apoya, medularmente, en la consideración que la fijación legal de límites para la detención provisional dispuesta en la Ley de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, nace a la vida jurídica para la consecución de dos situaciones procesales concretas, relacionadas con la función que mantienen los órganos jurisdiccionales ordinarios, en el tema de la definición de la responsabilidad penal que le cabe al adolescente investigado: 1. que el Juez Penal de Adolescentes resuelva la situación jurídica del menor de edad, mediante la emisión de la respectiva sentencia de fondo; y 2. que el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia atienda y decida el recurso de apelación que eventualmente se proponga contra la decisión del juez de grado.

Nótese que de acuerdo al citado artículo 63, el período inicial de 9 meses fijado para la detención provisional, representa un límite para que el Juez Penal de Adolescentes determine si le cabe responsabilidad penal o no al menor de edad procesado; mientras que el plazo de 2 meses de prórroga, constituye un término proporcionado al Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia para que resuelva el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia por el Juez Penal de Adolescentes.

Así las cosas, se desprende que la legalidad o ilegalidad de la medida cautelar restrictiva de la libertad personal, está condicionada a que el juez de primera instancia cumpla, dentro del término de 9 meses, la función de determinar si el adolescente se encuentra incurso en responsabilidad penal; y que la autoridad judicial de segunda instancia resuelva, dentro del plazo adicional de 2 meses, el recurso de apelación propuesto contra la decisión de grado.

Esa orientación legal de adscribir el plazo de detención a la decisión ordinaria de la causa penal en primera y segunda instancia, es la que permite certificar que la consideración del término de vigencia de la medida cautelar, opera exclusivamente para la actuación adelantada en la jurisdicción especial de adolescentes y en función del deber asignado a los operadores de justicia especializados en este régimen, de definir el status penal del menor de edad procesado.

Con ese conocimiento teórico, el Pleno determina que la detención provisional aplicada al adolescente O.C.C., no tiene vicios de ilegalidad, pues su situación penal fue resuelta dentro de los límites de vigencia de la medida cautelar.

En ese sentido, consta que O.C.C. fue restringido de su libertad corporal el 17 de marzo de 2009 y conforme al término inicial de detención (9 meses), se contaba hasta el 17 de diciembre de 2009, para que el juez de grado emitiera la respectiva sentencia de fondo. No obstante, resulta que el adolescente fue condenado en primera instancia, mediante sentencia emitida el 25 de agosto de 2009 y la sentencia fue confirmada por la autoridad judicial de segunda instancia mediante resolución de 3 de diciembre de 2009.

Como se aprecia, la situación penal de O.C.C. fue atendida por los juzgadores de primera y segunda instancia antes que precluyera el término de vigencia de la detención fijado en 9 meses. En esta causa, ni siquiera fue necesario que el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, dispusiera del plazo adicional de 2 meses para resolver el recurso de apelación propuesto, pues su respuesta judicial fue proferida dentro del límite legal inicialmente establecido.

En consecuencia, se concluye que no existen reparos procesales que formularle a la detención provisional a la que fue sometido O.C.C., dentro del proceso que se sustanció en la esfera penal especial de adolescentes.

No obstante lo que viene expuesto, en esa actuación converge una situación jurídica particular que el Pleno estima prudente destacar, ya que puede interpretarse como un elemento que afecta la legitimidad del estado restrictivo que padece el beneficiario de la acción subjetiva.

Los antecedentes del proceso penal dan cuenta que contra la sentencia de segunda instancia, la defensora técnica del adolescente sancionado anunció recurso de casación penal, lo que ha dado paso a la realización de las diligencias legales distintivas del trámite de sustanciación de esta iniciativa extraordinaria.

Para la Corte no pasa desapercibido que la formulación de este medio recursivo, puede conducir a interpretar que el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia debió decretar la prórroga de dos meses adicionales de vigencia de la detención provisional aplicada a O.C.C.; o que en esta causa precluyó el término máximo de duración de la medida cautelar.

Sin embargo, esta Superioridad advierte que en esta especial etapa impugnativa extraordinaria, no cabe extender la aplicación de los términos de validez de la detención provisional del adolescente, fundamentalmente porque, como se precisó en párrafos precedentes, la intención de Ley es que los límites establecidos para las medidas cautelares tengan vigencia privativa durante el trámite ordinario de la causa penal ventilada ante la jurisdicción penal de adolescentes, con el propósito exclusivo que las autoridades judiciales de primera y segunda instancia competentes en esta rama, decidan el fondo de la situación jurídica del adolescente.

T. presente que la causa instruida a O.C.C. ya sobrepasó la etapa plenaria e impugnativa ordinaria; el menor de edad fue sentenciado por las autoridades de primera y segunda instancia dentro del término de vigencia de la detención provisional. Además, el recurso de casación constituye un mecanismo de impugnación de carácter extraordinario, que fija el conocimiento de la causa en una autoridad jurisdiccional distinta de las ordinarias especializadas en el régimen penal de adolescentes.

También se debe considerar que la Ley N° 40 de 26 de agosto de 1999, no precisa taxativamente que la obligatoria atención de esos límites de vigencia de las medidas cautelares, se extienden a la etapa impugnativa extraordinaria. Y, es que ello tiene sentido jurídico, pues de concebirse como correcto el criterio de aplicar los términos máximos de detención provisional que establece el mencionado artículo 63, para la etapa de sustanciación del recurso de casación penal, habría que acudir al forzoso resultado de declarar la ilegalidad de las detenciones impuestas a adolescentes, condenados en primera y segunda instancia por los tribunales de esa especial jurisdicción, porque resulta poco probable que se cumpla con la solución de fondo de un recurso de casación dentro de esos límites legales.

Por tratarse de un recurso extraordinario, la casación está sometida al cumplimiento de una diversidad de actos procesales especiales, cada uno de los cuales tiene asignado términos legales fijos de realización; ubicándolo como un mecanismo de impugnación técnico, cuya solución final no es abreviada ni expedita. Veamos:

  1. Concesión del término de 15 días hábiles a la parte recurrente para que formalice el recurso.

  2. Emisión por parte del Tribunal Superior de la respectiva resolución judicial remitiendo el negocio a la Sala Penal.

  3. Fijación del negocio en lista por el término de 8 días hábiles, para que las partes tengan conocimiento de la llegada del expediente a la Sala Penal.

  4. Análisis de admisibilidad del libelo de formalización.

  5. En caso que sea admitido el recurso, traslado a la Procuraduría General de la Nación por el término de 5 día hábiles, para que emita concepto.

  6. Fijación del acto de realización de la audiencia oral.

  7. Transcripción y firma del acto de audiencia.

  8. Redacción del proyecto de resolución final por parte del despacho ponente para la consideración del resto de los Magistrados que integran la Sala.

  9. Firma y notificación de la resolución judicial de fondo.

Aún cuando todos los actos legales antes señalados se evacuaran con diligencia y prestancia y que en el trámite de sustanciación del recurso no sobrevinieran retrasos procesales, como lo serían: la necesidad de nombrarle defensor de oficio al sentenciado, corregir el recurso de casación propuesto o suspender la realización del acto de audiencia oral, la posibilidad de resolver el fondo de la iniciativa extraordinaria dentro de los límites de vigencia de medidas cautelares establecidos en la Ley de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, se presenta muy remota.

Entonces, carece de asidero lógico y jurídico extender la aplicación de ese término de nueve meses, prorrogable por dos meses adicionales, al diligenciamiento de un recurso de casación penal, cuando está claro que el solo trámite de sustanciación de este mecanismo de impugnación, no permitirá ofrecer una respuesta judicial dentro de ese término legal.

Además, conferirle autenticidad a esa interpretación que el término de vigencia de las medidas cautelares aplicadas al adolescente se extiende a la gestión extraordinaria del proceso; puede degenerar o desnaturalizar el recurso de casación penal, provocando su desmesurado uso con el exclusivo propósito de obtener libertades de adolescentes sentenciados por las autoridades especializadas, obviando que su naturaleza jurídica es la de exponer la concurrencia de vicios in procedendo o in iudicando en la sentencia de segunda instancia. También podría colocarse en estado de indefensión a la sociedad y a las víctimas de delitos, percibiendo impunidad en el castigo por el solo hecho del anuncio e interposición de un recurso de casación penal.

A juicio de este Pleno, ese no es el objetivo que pretende concretar la Ley Penal de Adolescentes. Esta normativa persigue que las causas instruidas a personas menores de edad se sustancien y decidan con prontitud y que la permanencia en estado de detención preventiva de los adolescentes se extienda hasta un período prudente, en el que su situación penal sea definida por las autoridades ordinarias especializadas en esta jurisdicción legal. Y, en este caso, esa finalidad jurídica se concretó, pues el status penal del menor de edad O.C.C. fue definido por el Juez Penal de Adolescentes y por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, antes que se venciera el término de 9 meses fijado para la vigencia de la medida detención provisional que se le aplicó en el proceso.

Por las consideraciones que se dejan expuestas, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención aplicada contra el adolescente O.C.C., dentro del proceso por delito de homicidio doloso simple en grado de tentativa, cometido en detrimento del adolescente V.M.B., y DISPONE ponerlo nuevamente a órdenes del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia.

N. y cúmplase.

JOSÉ ABEL ALMENGOR ECHEVERRÍA

VICTOR L. BENAVIDES P. -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)