Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Marzo de 2008
| Ponente | Esmeralda Arosemena de Troitiño |
| Fecha de Resolución | 10 de Marzo de 2008 |
| Emisor | Pleno |
VISTOS:
Para su admisibilidad conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el licenciado JOSE DEL CARMEN MURGAS A., en representación de O. R.G. contra el Ministro de Gobierno y Justicia.
La
presunta orden de hacer, recae
sobre una futura orden
de despido en
contra del señor O.G., la que deberá
ser dictada al
reingresar a sus funciones el 22 de octubre pasado, luego que la Junta disciplinaria de
ese organismo Policial
recomendara su despido.
Conocido lo anterior, así como la presunta orden de hacer recurrida en la presente acción de amparo de garantías constitucionales, el Pleno procede a resolver la admisibilidad de la misma, recordando que la acción de amparo se circunscribe a la protección de los derechos fundamentales otorgados por la Constitución, cuando son lesionados por una orden de hacer o de no hacer arbitraria emanada de un servidor público, tal como lo indica el artículo 2615 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 54 de la Constitución Política de la República.
Primeramente, debemos examinar si la orden de hacer que se impugna, es de aquellas susceptibles de ser recurridas a través de la acción de amparo constitucional, por lo que pasamos a revisar lo que se entiende por orden de hacer o de no hacer a la luz de la doctrina, la cual ha indicado que:
"Se entiende por orden un mandato imperativo para que
se haga algo o se deje de hacer alguna cosa. Para que la orden expedida por el
funcionario pueda ser objeto del recurso de amparo, tiene que ser, como ya se
ha dicho, violatoria de un derecho o garantía constitucional... No cabe la
menor duda que el objeto del amparo es restablecer inmediatamente un derecho
constitucional violado". (M.M., E.. La jurisdicción
Constitucional en Panamá, Biblioteca Jurídica Dike, Medellín, Colombia, 1998,
Págs. 560 - 561).
Aunado a lo anterior, la jurisprudencia de esta Superioridad, de manera reiterada ha señalado que: "En estricta lógica jurídica estamos en presencia de una orden de hacer cuando un acto administrativo o jurisdiccional contiene en su parte dispositiva o resolutiva un mandato imperativo dirigido al afectado o que deba cumplir o ejecutar alguna autoridad pública y de ese acto positivo se deriva un virtual o actual desconocimiento de derechos fundamentales subjetivos del amparista".
De lo anterior se desprende, que la orden de hacer objeto de la presente acción, no recae en un mandato imperativo dirigido...
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