Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 16 de Noviembre de 2018

PonenteCecilio A. Cedalise Riquelme
Fecha de Resolución16 de Noviembre de 2018
EmisorPleno

QUERELLA PENAL PRESENTADA POR LA FIRMA FORENSE MONCADA & MONCADA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE Z.L.R.L., CONTRA J.O., MIEMBRO DE LA ASAMBLEA NACIONAL, POR LA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA EL HONOR. PONENTE: C.C.R.. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018).

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Cecilio A. Cedalise Riquelme

Fecha: 16 de noviembre de 2018

Materia: Tribunal de Instancia

Querella Penal

Expediente: 1210-15

VISTOS:

Para conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia ingresó el expediente contentivo de la querella penal presentada por la D.C.M., actuando nombre y representación de Z.R.L. y Á.E.T.R., por la presunta comisión de los delitos de Calumnia e Injuria agravadas, contra J.O., Diputado de la Asamblea Nacional.

ANTECEDENTES

La D.C.M., de la firma forense M.&.M., actuando en nombre y representación de Z.R.L., Diputada de la Asamblea Nacional, y Á.E.T.R., presentó querella penal contra J.O., Diputado de la Asamblea Nacional, por la presunta comisión de los delitos de Calumnia e Injuria Agravadas, tipificados en los artículos 193, 194 y 195, del Capítulo I, TíTulo IV del Libro II del Código Penal.

En el escrito de querella, la D.C.M. refiere entre otros hechos, que el día 30 de septiembre de 2015, en el programa radial "La Voz del Pueblo", sintonizable en la emisora 92.7 FM, en una entrevista, el señor J.O. presuntamente insultó y calumnió al señor Á.T., esposo de la Diputada Z.R., al inventar que aquel había cometió un delito de daños (artículo 230 del Código Penal) en perjuicio del Estado Panameño. En esa entrevista, el Diputado J.O. dijo lo siguiente:

"Le quiero decir algo si me disculpa, le voy a decir algo, el esposo, porque ella se quiere meter en la familia, el esposo de Z. es uno de los 15 empleados que gana el salario más alto en la Autoridad del Canal de Panamá, incluyendo el director de la ACP, hace un par de años tuvo un accidente donde chocó uno de los barcos que tenía que pasar porque era el capitán, y ese incidente fue una demanda de 10mm contra la autoridad del canal de panamá (sic) y que llegaron a negociar finalmente 6.5mm de dólares, el Sr. Testa que es el marido de ella, y por la culpa de ese sr., el país perdió 6.5mm de dólares en un incidente en el canal de panamá (sic), por qué ella no habla de eso que perjudicó el país, eso perjudicó al país, yo les comento esto porque si ella quiere hablar de la familia vamos a hablar de la familia, pero yo lo que quiero decirle a la gente, no mezclemos a la familia de nosotros en estos temas...".

Sostiene la apoderada judicial de los querellantes, que es completamente falso que ÁLVARO TESTA haya colisionado un barco en el Canal de Panamá, lo que terminó costándole al Estado la suma de 6.5 millones de dólares. Con esta afirmación el querellado J.O. dijo implícitamente que el señor Á.T. había cometido el delito de daños en perjuicio del Estado panameño, por lo que su honor y honra fue pisoteado de una forma vil en ese programa radial.

Con relación a la Diputada Z.R., en el libelo de la querella se indica que el Diputado J.O. ha manifestado que ella tiene problemas mentales, y en ocasiones anteriores le ha dicho "loca", esquizofrénica" y que "padece de problemas psicológicos", lo cual a juicio de la querellante, ha manchado su honra y decoro.

Al Diputado J.O., la abogada de los querellantes le endilga la presunta comisión de las conductas punibles tipifcadas en los artículos 193 y 195 del Código Penal, que establecen:

"Artículo 193. Quien ofenda la dignidad, la honra o el decoro de una persona mediante escrito o por cualquier forma será sancionado con sesenta a ciento veinte días-multa".

"Artículo 195. Cuando alguno de los delitos anteriores se cometa a través de un medio de comunicación social oral o escrito o utilizando un sistema informático, será sancionado en caso de injuria con prisión de seis a doce meses o su equivalente en días-multa, y tratándose de calumnia, con prisión de doce a dieciocho meses o su equivalente en días-multa".

Llama la atención que la D.C.M. no transcribe en el libelo de la querella como norma infringida el artículo 194 del Código Penal, que contempla el delito de Calumnia, como sí lo hizo con los artículos 193 y 195 del citado texto legal.

Finalmente, los querellantes solicitaron mediante su apoderada judicial, previo el cumplimiento de los trámites legales, la imposición de una sanción penal ejemplar al querellado.

Para fundamentar su escrito de querella la apoderada judicial de los señores Z.R. y Á.T., aportó los siguientes elementos probatorios:

  1. Un (1) disco compacto (cd) de la grabación que les fue entregada via Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), con copia cotejada de la nota DTEL No. 1513 - Referencia 105917 de 9 de noviembre de 2015, emitida por la ASEP.

  2. Copia cotejada de la transcripción de la grabación contenida en el disco compacto descrito en el punto anterior, hecha por la Notaría Décima en la Escritura Pública 21364-2015 del 23 de noviembre de 2015.

    COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

    Conforme a las modificaciones efectuadas a la Constitución Política de Panamá mediante el Acto Legislativo Nº 1 de 27 de julio de 2004, se produjo un cambio sustancial en el marco que regula lo concerniente a la investigación y procesamiento de los miembros de la Asamblea Nacional de Diputados, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo. Ello se verifica en los artículos 155 y 206, numeral 3 de nuestra Carta Magna, que preceptúan lo siguiente:

    Artículo 155: Los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional. La detención preventiva o cualquier medida cautelar será determinada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

    El Diputado Principal o Suplente podrá ser demandado civilmente, pero no podrá decretarse secuestro u otra medida cautelar sobre su patrimonio, sin previa autorización del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con excepción de las medidas que tengan como fundamento asegurar el cumplimiento de obligaciones por Derecho de Familia y Derecho Laboral.

    Artículo 206: LA Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:

    ...

  3. Investigar y procesar a los Diputados. Para efectos de la investigación, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia comisionará a un agente de instrucción.

    Es en ese sentido, queda establecido que la competencia privativa para las etapas correspondientes, es decir, investigación, procesamiento y aplicación de la sanción correspondiente (de hallarse responsable) de los actos delictivos y policivos seguidos contra los Diputados Principales y Suplentes, corresponde a esta Corporación de Justicia, de acuerdo al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal.

    Se incorpora al cuaderno penal, copia autenticada de las credenciales que acreditan la condición de Diputados de la Asamblea Nacional, para el período constitucional del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2019, tanto de la querellante, Z.L.R.L., como del querellado, J.O.O.S..

    ADMISIBILIDAD DE LA QUERELLA

    Mencionado lo anterior respecto a la competencia de esta Corporación de Justicia, corresponde ahora analizar los presupuestos requeridos para la admisibilidad de la querella interpuesta por la D.C.M., en nombre y representación de Z.R. y Á.T., contra el Diputado Principal de la Asamblea Nacional J.O.O.S., por la presunta comisión de los delitos de Calumnia e Injuria, lo que implica además, verificar los hechos expuestos en la mencionada querella, a fin de determinar su admisibilidad.

    Previo a ese análisis debemos reconocer que el Legislador cuenta con un amplio margen para determinar el contenido concreto de la legislación penal y procesal penal en ejercicio de la potestad configurativa normativa. Por ello el legislador puede adoptar entre otras decisiones, la de criminalizar o despenalizar conductas, atenuar, agravar, minimizar o maximizar sanciones, regular las etapas propias del procedimiento penal, reconocer, negar beneficios personales, establecer o no la procedencia de recursos, y regular las formas de acceso al trámite judicial de los distintos sujetos procesales, atendiendo las disposiciones constitucionales y convenios internacionales relativos a las garantías judiciales de las personas sometidas a proceso.

    En suma, el legislador se encuentra facultado para imponer requisitos o suprimirlos, siempre que no afecte derechos fundamentales de las personas, ni se menoscaben principios fundamentales del Estado.

    En este sentido, el legislador en el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal estableció como uno de los requisitos para la iniciación de la acción penal, la presentación de la querella en los delitos de acción privada.

    "Artículo 114. Acción Privada. Son delitos de acción privada y que requieren querella para iniciar el procedimiento y ejercer la acción penal los siguientes:

  4. Delitos contra el honor

  5. Competencia desleal

  6. Expedición de cheques sin fondos

  7. Revelación de secretos empresariales

    Si la víctima en estos casos desiste o cesa en sus actuaciones, el Ministerio Público deberá abstenerse de ejercer la acción penal"

    En estos delitos de acción privada la querella se constituye en una condición de procedibilidad de la acción penal, puesto que se concibe como un requisito que condiciona el inicio del proceso penal en tanto que solo la persona legitimada para el efecto puede autorizar la intervención del Estado para investigar las conductas que son reprochables penalmente. La querella, entonces, constituye una excepción a la regla general según la cual le corresponde al Estado adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar de oficio la investigación de los hechos que tengan las características de un delito.

    En el interés de garantizar el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional ante acusaciones maliciosas a que están naturalmente expuestos los miembros de este órgano del Estado, sea por rivalidades políticas o intereses particulares, se estableció en el Código Procesal Penal una regulación especial relativa a los procesos contra los "miembros de la Asamblea Nacional" contemplado en el Título VII (Procedimientos Especiales), Capítulo II (Juicios ante la Corte Suprema de Justicia), Sección 3a (Procesos contra los miembros de la Asamblea Nacional), que se hace extensiva a los Diputados panameños ante el Parlamento Centroamericano.

    Aún cuando esta ley desarrolla el fuero procesal constitucional que gozan los Diputados de la Asamblea Nacional, se expidió posteriormente la Ley 55 de 21 de septiembre de 2012, que modifica y adiciona varios artículos del Código Procesal Penal, relativos a los procesos contra los miembros de la Asamblea Nacional.

    Como estamos en presencia de una querella contra un Diputado la Asamblea Nacional, concatenado a las normas constitucionales, corresponde entonces verificar lo establecido en la Ley N° 55 de 21 de septiembre de 2012. En ese orden, tenemos que la referida Ley entró a regir desde el 1 de noviembre de 2012, con anterioridad a la querella bajo examen, correspondiendo su competencia al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, tal cual se indicó en apartados precedentes, pero para tales efectos resulta indispensable atender los presupuestos contemplados en los artículos 487 y 488 de la mencionada Ley, veamos:

    El artículo 1 de la Ley 55 de 21 de septiembre de 2012, que modifica el artículo 487 del Código Procesal Penal, además que prevé la competencia de la Corte Suprema de Justicia cuando se trate de actos delictivos y policivos que se le atribuyan a los Diputados Principales o Suplentes, exige que "La investigación podrá ser promovida por querella o denuncia del ofendido y será presentadaante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia", caso distinto "Cuando se trate de causas penales no concluidas que se hayan iniciado en una agencia del Ministerio Público, del Órgano Judicial, del Tribunal Electoral, de la Fiscalía General Electoral, de la jurisdicción aduanera o en cualquier otra jurisdicción, el funcionario o el juez que conozca del caso elevará inmediatamente el conocimiento del proceso en el estado que se encuentre, en lo que concierna al diputado principal o suplente, a la Corte Suprema de Justicia"

    Cuando se trate de denuncias o querellas que se presenten directamente ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia debe atenderse lo dispuesto en el artículo 488 del Código Procesal Penal, que transcribimos a continuación:

    "Artículo 488" Requisitos de admisión. La querella o la denuncia deberá promoverse por escrito, a través de abogado, y para su admisibilidad deberá expresar lo siguiente:

    1. Los datos de identidad, domicilio y firma del querellante o denunciante y de su apoderado legal.

  8. Los datos de identificación del querellado y su domicilio.

  9. Una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar y tiempo de su realización.

  10. Prueba idónea del hecho punible imputado.

    Si la querella o la denuncia no reúne estos requisitos para su calificación, será rechazada de plano.

    La resolución de admisibilidad será expedida por el Pleno de la Corte suprema de Justicia en un término no mayor de diez días, contado desde el reparto correspondiente." (lo destacado es nuestro).

    Así, el Pleno examinará el escrito de querella y la documentación aportada por la parte querellante, a efectos de establecer si reúne los requisitos de admisión de la norma transcrita.

    En este sentido, el Pleno observa que la Diputada Z.R. y Á.T. otorgaron poder especial por separado a la D.C.M. para que promoviera querella penal contra el Diputado de la Asamblea Nacional, J.O., por la presunta comisión de los delitos de Calumnia e Injuria.

    El libelo de la querella presentado ante la Secretaría General de esta Superioridad Judicial, sólo está firmado por la D.C.M., actuando en su calidad de apoderada judicial de los señores Z.L.R.L., y Á.T.. Con relación a las exigencias del numeral 1 del artículo 488 del Código Procesal Penal, relativo a los datos de identidad, domicilio y firma de los querellantes, se advierte que la D.M. se remite a la información que consta en los poderes especiales otorgados a ella, para promover la querella contra el Diputado J.O.. Los querellantes no firmaron la querella.

    La exigencia que los querellantes firmen la querella no es una simple formalidad; por el contrario, se trata de un requisito esencial que condiciona su admisibilidad conjuntamente con el resto de los requisitos legales previstos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal.

    Por ello, el legislador ha querido asegurarse que el querellante conozca los términos de la querella, al exigir que el querellante firme el libelo de la querella, situación que no se logra con el simple otorgamiento del poder a un abogado, cuya elaboración no necesariamente coincide con la presentación de la querella ante las autoridades competentes.

    El proceso penal en el Sistema Penal Acusatorio es ágil, dinámico, rápido, y como tal, requiere de la participación atenta y oportuna de todos los sujetos procesales. Se exige, por tanto, el apoderamiento de su papel de cada uno de sus protagonistas. En ese escenario la participación del querellante juega un papel fundamental en la colaboración con los fiscales para acreditar la existencia de los delitos y la determinación de la responsabilidad penal de los querellados, así como en la determinación de la naturaleza y cuantía de los daños y perjuicios derivados de los delitos por los cuales se querella.

    Los términos de la querella fijan el radio de acción y los límites de actuación del querellante, y tiene importancia fundamental al momento en que sus actuaciones sean sometidas al control jurisdiccional, especialmente al momento de valorar la conducencia o pertinencia de los medios de prueba que solicite, aduzca o aporte al proceso.

    Lo anterior destaca la necesidad que el querellante esté consciente de los cargos que ha formulado en la querella y de las repercusiones legales que le traería si se logra demostrar que actuó temerariamente contra el querellado.

    La querella es una declaración de voluntad por la que se manifiesta formalmente ante el Ministerio Público o ante un órgano jurisdiccional la intención de constituirse en parte acusadora en un proceso penal, para la persecución de unos hechos que se estiman constitutivos de un . Este acto procesal debe cumplir con una serie de requisitos en cuanto a su forma y su contenido; de manera tal que ante la inobservancia de uno de estos requisitos, la misma no será admitida.

    El Pleno de esta Superioridad Judicial advierte que el escrito de querella sólo contiene la firma de la apoderada judicial de los querellantes Z.R. y Á.T., mas no así la firma de ellos. Tratándose de requisitos de procedibilidad, corresponde al ofendido o la víctima del delito, en aquellos delitos que requieren de formulación de querella para su persecución, como es el caso de la calumnia e Injuria, cumplir con todos y cada uno de los requisitos legales para que la querella sea admitida, ya que conforme a nuestra normativa procesal penal, ante el incumplimiento o inobservancia de uno de estos requisitos la querella debe ser rechazada de plano, cuando se trate de querellas contra Diputados.

    Si bien es cierto que el Código Procesal Penal está inspirado en los principios de simplificación de los trámites y ausencia de formalismos, no debemos desconocer el hecho que el legislador estableció reglas distintas para la investigación y juzgamiento de los Diputados de la República.

    Basta comparar los artículos 88 y 488 del Código Procesal Penal en cuanto a los requisitos legales que debe contener el escrito de querella para advertir esas diferencias.

    Un aspecto relevante que subraya la regulación especial en los procesos contra los Diputados, a diferencia del proceso común regulado en el Código Procesal Penal es el relativo a la posibilidad de corregir la querella, pues mientras en el proceso común se permite la corrección de la querella, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 89 del texto legal citado, el artículo 488 del Código Procesal Penal no permite esa posibilidad al establecer taxativamente:

    "Si la querella o la denuncia no reúne estos requisitos para su calificación, será rechazada de plano".

    Como se aprecia, esta norma le impone al Pleno de la Corte Suprema de Justicia hacer un estudio valorativo de la denuncia o querella con el propósito de determinar si la misma cumple o no contodos los requisitos legales.

    Producto de esa valoración la Corte tiene solo dos opciones, o admite la denuncia o la querella cuando cumple a cabalidad con los requisitos de este artículo, o en su defecto, la rechaza de plano si incumple con lo ordenado en el mismo.

    Una atenta lectura de los artículos 88 y 488 del Código Procesal Penal nos demuestra que ambas disposiciones legales exigen que la querella debe ser firmada tanto por el apoderado judicial como por el querellante lo cual comprueba el interés del legislador en que el querellante conozca y refrende el escrito de la querella, aspecto que como lo comentamos con anterioridad, no se logra únicamente con la simple firma del poder a su abogado.

    Por otro lado, se advierte que la abogada querellante solicita la imposición de una sanción penal ejemplar al querellado, previo el cumplimiento de los trámites legales. El interés de la querellante, manifestado expresamente, es que se sancione penalmente al Diputado por las presuntas expresiones injuriosas y calumniosas proferidas contra los señores Z.R. y Á.T..

    Ante esta pretensión, el Pleno estima que en el caso de la Diputada Z.R., como parte querellante en esta causa debió tener presente su especial condición como funcionaria de elección popular (Diputada de la Asamblea Nacional), para los efectos de lo dispuesto en el artículo 196 del Código Penal vigente, que establece:

    Artículo 196. En los delitos contra el honor, la retractación pública y consentida por el ofendido excluye de responsabilidad penal.

    Cuando en las conductas descritas en el artículo anterior, los supuestos ofendidos sean uno de los servidores públicos de que trata el artículo 304 de la Constitución Política, funcionarios de elección popular o gobernadores, no se impondrá la sanción penal, lo cual no excluye la responsabilidad civil derivada del hecho.

    Si nuestra legislación penal excluye la aplicación de sanciones penales en los casos contemplados en el artículo 196 del Código Penal, no tendría sentido activar todo el aparato jurisdiccional con el fin de adelantar un proceso de naturaleza penal, como pretenden los querellantes, en el que no se impondría una sanción penal, en la eventualidad de que se pudiera probar la existencia del delito y la identificación de su autor.

    La Ley 14 de 18 de mayo de 2007, que adopta el Código Penal, despenalizó de manera parcial los delitos contra el honor, en aquellos casos en que los ofendidos sean alguno de los servidores públicos de que trata el artículo 304 de la Constitución Política, funcionarios de elección popular o gobernadores, lo que responde precisamente al deseo de nuestro país de cumplir con las recomendaciones y estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Nuestro país es signatario de innumerables instrumentos de protección de los Derechos Humanos, y como tal, asumió compromisos en ese sentido.

    En este orden de ideas, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos ha impulsado la despenalización de la calumnia e injuria en los países latinoamericanos bajo la idea de que su sanción puede resultar nociva para el ejercicio de las libertades de información y de expresión, y que por lo tanto, resulta más conveniente su protección mediante mecanismos distintos a la tipificación penal.

    Para ser coherente con ese propósito lo ideal es excluir la utilización de la vía penal en los casos previstos en el artículo 196 del Código Penal, el cual contempla la utilización de la jurisdicción civil para lograr el resarcimiento económico por actos que afectan la honra de esos funcionarios.

    Con relación a este punto de la despenalización, el Pleno de la Corte al resolver advertencia de inconstitucionalidad del artículo 192 del Código Penal, llegó a la conclusión, luego de haber valorado el texto de esa norma, que estamos en presencia de una despenalización parcial de los delitos de calumnia e injuria.

    Por resultar de interés reproducimos parte de la sentencia a continuación:

    "El concepto de despenalización, debe ser entendido como el mecanismo en virtud del cual una conducta descrita en la ley penal como delito, sale de esta esfera jurídica para ser sancionada en el ámbito de una jurisdicción diferente, de naturaleza civil, comercial o administrativa.

    Ahora bien, de la redacción de la norma que se impugna a través de vía constitucional, se pudiera entender a prima fase que estuviéramos frente a una Excusa Absolutoria, pero a juicio del Pleno, esto no así, porque hay que tomar en cuenta los antecedentes que dan como resultado que nuestro Órgano Legislativo llevara a cabo tal iniciativa legislativa.

    Siendo así, lo que se deriva de la acción legislativa que contiene la norma demandada, no es más que una "Despenalización", pero no total, sino parcial del Delito de Calumnia e Injuria, producto del ejercicio de las facultades Constitucionales y Legales del Órgano Legislativo. Es decir, hay que tomar en cuenta que del contenido de la norma demandada, es producto de una iniciativa del Estado panameño, ejercida a través de las funciones que posee el órgano productor de la norma jurídica, quien puede llevar a cabo la creación o desaparición de tipos penales, como Política Criminal del Estado.

    Precisamente, la razón por la cual el Pleno adopta esta posición, es porque el Órgano Legislativo decidió "Despenalizar Parcialmente" una conducta que había sido tipificada con anterioridad, en aras de adecuar su ordenamiento jurídico con la posición que ha adoptado una gran cantidad de países, respecto a la despenalización de dicha conducta, más cuando la víctima es un funcionario público". (Sentencia de 11 de abril de 2014).

    En la referida sentencia también se analizan los comentarios vertidos por la Comisión Interamericana, respecto de las leyes que criminalizan las expresiones ofensivas contra funcionarios públicos (Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos), en los siguientes términos:

    "La Comisión deja plasmado en dicho informe que existen fines legítimos para establecer mecanismos que garanticen la reputación de los funcionarios públicos, como es el caso de la posibilidad que los mismos tutelen dicho derecho por medio de la jurisdicción civil, más no así en el ámbito penal. También, hay que destacar que se ha concluido en el precitado documento, que existe una especie de diferencia entre la honra y reputación de personas públicas en relación de las demás personas, la cual se refleja en la forma como se da la protección a dicho derecho".

    Lo que se plantea es la posibilidad que para la resolución del conflicto de acuda a la jurisdicción civil para la reparación del daño causado; posición esta que responde a los postulados del principio de mínima intervención consagrado en el artículo 3 del Código Penal, que establece:

    "Artículo 3: La Legislación penal solo debe intervenir cuando no es posible utilizar otros mecanismos de control social. Se instituye el principio de su mínima aplicación".

    Como se ha explicado, conforme a este principio sólo de debe recurrir a la jurisdicción penal cuando los otros mecanismos de control social y de solución pacífica de conflictos resulten ineficaces.

    Estos aspectos de la despenalización parcial de los delitos de calumnia e injuria del Código Penal vigente, del principio de mínina intervención, y las recomendaciones de la despenalización del delito de calumnia e injuria impulsada por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, fueron abordados por el Pleno de esta Superioridad Judicial, en pronunciamiento de fecha 2 de febrero de 2017, dentro del expediente contentivo de la querella penal presentada por la firma M.&.M., en calidad de apoderados judiciales de Á.T. y Z.L.R.L., contra K.L.G., Diputada de la República, por la presunta comisión de delito de injuria agravada, en el que se llegó a la conclusión que:

    "Por lo anterior, el Pleno de esta Corporación de Justicia considera que no es viable la apertura de un proceso penal con motivo de la querella presentada por la Licenciada Z.R.L., por presunto delito Contra el Honor, por encontrarnos ante la presencia de una despenalización parcial de los delitos de Calumnia e Injuria, que como se ha indicado, descarta ab initio la operatividad de la coerción penal, de modo que elimina cualquier posibilidad de que la acción procesal se ponga en movimiento contra quien se halla en esa situación. Además que, como se ha expuesto, el espíritu del segundo párrafo del artículo 196 del Código Penal, es que quien se considere ofendido en su honra y dignidad como persona no promueva o inicie procesos penales.

    Mediante la Resolución de 2 de febrero de 2017, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, decidió no admitir la querella penal presentada por Z.R., por intermedio de su apoderada judicial, contra la Diputada K.L., por la presunta comisión de delito Contra el Honor (Injuria).

    Esa decisión de 2 de febrero de 2017, como se ha explicado, se fundamentó entre otros puntos, en el concepto de despenalización parcial de los delitos de calumnia e injuria establecido en la sentencia de 11 de abril de 2014 (advertencia de inconstitucionalidad del artículo 192 del Código Penal), ya que el Pleno advirtió que con ello se cumplía con las recomendaciones y estándares internacionales en materia de libertad de expresión, ya que nuestro país es signatario de innumerables instrumentos de protección de los Derechos Humanos, y como tal, asumió compromisos en ese orden. Adicional, se consideró que el concepto de despenalización parcial también respondía a los postulados del principio de mínima intervención, de que únicamente se recurriría a la intervención de la jurisdicción penal, cuando no es posible utilizar otros mecanismos de control social. Atendiendo a estos conceptos, es que determinó que quien se considere ofendido en su honra y dignidad como persona no promueva o inicie procesos penales, ya que la norma (artículo 196) permite acudir a la vía civil para demandar la reparación del daño causado.

    La decisión adoptada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en Resolución de 2 de abril de 2017, también encuentra aplicación en la presente querella promovida por la Diputada Z.R., contra el Diputado J.O., por la presunta comisión de delito Contra el Honor (Injuria), ya que al confrontar ambos procesos penales se observa que tanto la querellante como los querellados ostentan la condición funcional de Diputados de la Asamblea Nacional, (Z.R. vs K.L.(.. 1301-15), y J.O.(.. 1210-15), que se trata de la misma conducta delictiva querellada (Contra el Honor en la modalidad de Injuria), por lo que la norma aplicable resulta ser el artículo 196 del Código Penal, con los resultados fácticos jurídicos antes descritos.

    En el caso de la querella penal promovida por la D.C.M. en representación de Á.E.T.R., por la presunta comisión de delito de Contra el Honor, contra el Diputado J.O., como se expuso inicialmente, el escrito presentado no cumple con las requisitos del artículo 488 del Código Procesal Penal, relativo a las exigencias requeridas para su admisión.

    El no cumplimiento de este requisito de procedibilidad conlleva a que las querellas presentadas contra los Diputados, no puedan ser admitidas, en razón que se trata de procesos especiales regidos por una normativa procedimental (ley 55 de 2012), que exige el cumplimiento de un mínimo de requisitos para la presentación de querellas o denuncias, ante cuya omisión, la norma establece que debe ser rechazada de plano.

    En consecuencia, el no cumplir la presente querella promovida por la D.C.M., en nombre y representación de Z.R. y Á.T., contra el Diputado J.O., por presunto delito Contra el Honor, con las exigencias del numeral 1 del artículo 488 del Código Procesal Penal, y por la consideraciones expuesta relacionadas con la despenalización parcial del artículo 196 del Código Penal, lo que corresponde en derecho es que la misma no sea admitida, con el consecuente archivo del expediente, y a ello procede el Pleno a continuación.

    Por lo antes expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

  11. NO ADMITE la querella penal presentada por la D.C.M., actuando en nombre y representación de Z.R.L. y Á.E.T.R., contra el Diputado de la Asamblea Nacional, J.O.S., por la presunta comisión de delito Contra el Honor.

  12. ORDENA el archivo del expediente.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Artículos 155 y 206 de la Constitución Política, artículos 487 y 488 del Código Procesal Penal y artículo 196 del Código Penal.

N.,

CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ (CON SALVAMENTO DE VOTO) -- E.C.T.C.J.M.E.-.O.O.D.-.A.R. DE CEDEÑO (CON SALVAMENTO DE VOTO) -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- ASUNCIÓN ALONSO MOJICA

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO H.A.D..

Con todo respeto, procedo a consignar mi disentir con el criterio adoptado por la mayoría del pleno, relacionado con la querella interpuesta por la D.C.M. de la Firma Forense M.&.M., en representación de los señores Z.R.L. y Á.E.T.R., contra el Diputado J.O.S., por la supuesta comisión de delito Contra el Honor (calumnia e injuria); en el cual se decide No Admitir la querella y ordena el archivo del expediente.

De acuerdo a la resolución, los delitos contra el honor son de acción privada y por ende requieren querella para iniciar el procedimiento y para ello, el artículo 488 del Código procesal Penal, establece como requisito de admisión, que la querella debe estar firmada por el querellante o denunciante y por su apoderado legal. No obstante, el líbelo de querella presentado, solo está firmado por la apoderada legal y no por los querellantes, lo que de acuerdo a lo resuelto, constituye un yerro esencial que condiciona su admisibilidad.

Por otro lado, sirve como fundamento para no admitir la querella, lo establecido en el artículo 196 del Código Penal, que establece:

"Artículo 196. En los delitos contra el honor, la retractación pública y consentida por el ofendido excluye de responsabilidad penal.

Cuando en las conductas descritas en el artículo anterior, los supuestos ofendidos sean uno de los servidores públicos de que trata el artículo 304 de la Constitución Política, funcionarios de elección popular o gobernadores, no se impondrá la sanción penal, lo cual no excluye la responsabilidad civil derivada del hecho."

Se destaca, que no tendría sentido activar todo el aparato jurisdiccional con el fin de adelantar un proceso de naturaleza penal, sin existir la posibilidad de imponer una sanción penal, esto en virtud de los aspectos de despenalización parcial de los delitos de calumnia e injuria que desarrolla la norma transcrita.

Por nuestra parte, no podemos estar de acuerdo con los fundamentos expuestos y mantenemos el criterio que ya hemos externado en resoluciones previas y relacionadas, donde igualmente hemos salvado el voto en el sentido que el artículo 196 del Código Penal, introdujo lo que en la doctrina se conoce como "excusas absolutorias", que se refiere, a cuando los querellantes u ofendidos sean funcionarios listados en el artículo 304 de la Constitución Política de la República de Panamá, coso en el cual, no se impondrá la sanción penal. Vemos, que el proyecto lo trata como despenalización parcial y se fundamente en que al no existir la posibilidad de imponer una sanción penal, resulta innecesario el proceso penal; indicando además, que la supuesta víctima puede activar la vía civil. No obstante, a mi juicio, la frase "no puede aplicarse pena o sanción", no es indicativo de que no pueda adelantarse la investigación y se procese al acusado del delito, pues lo que la norma tutela es la garantía de que a pesar de haber sido procesado por ese delito, no se le impondrá la sanción penal.

Es decir, que la norma no indica que no pueda adelantarse un proceso penal contra el procesado, lo que tutela este artículo es, la garantía de no ser sometido a una pena, en el evento de ser declarado penalmente responsable. Debemos agregar, que la víctima cuenta con la Acción Restaurativa dentro del proceso penal, (Cfr. art. 122-125, 341, 423 del Código Procesal Penal), y el hecho de no hacer mención de ella en el escrito de querella, no debe ser fundamento para no admitirla, ya que puede hacer uso de ese derecho en el momento oportuno.

Debemos tomar en cuenta además, que el artículo 196 del Código Penal, se ubica en el Capítulo II del Título IV, del Libro Segundo del Código Penal, en este mismo Capítulo, el artículo 198 establece: "Sin perjuicio de lo establecido en los artículo 193 y 194 de este Código, no constituyen delitos contra el honor, entre otras situaciones, las discusiones, las críticas y las opiniones sobre los actos u omisiones oficiales de los servidores públicos....." De manera, que en un mismo capítulo nos encontramos ante dos normas, que desarrollan excepciones al delito contra el honor; la primera indica que no se impondrá sanción penal y la segunda indica que, no constituyen delitos contra el honor, somos de la opinión que al aplicar el artículo 198 del Código Penal, no es necesario activar el proceso penal; no obstante en el caso del artículo 196, se desarrolla una situación distinta, y en este caso, si es necesario el proceso penal, siempre y cuando la querella cumpla con los requisitos exigidos; más aún, al encontramos en un sistema de corte acusatorio, con procedimiento alternos de solución de conflictos penales, que nos pueden llevar a resolver la controversia en la vía penal, sin necesidad de imponer una pena.

Por tanto, estimo necesario, expresar que el artículo 196 del Código Penal, no contiene un mandato expreso que restrinja la investigación por un delito contra el honor, cuando el supuesto ofendido se trata de servidores públicos contemplados en el artículo 304 de la Constitución Política.

Por otro lado, discrepamos del criterio de no admitir la querella por no cumplir con el requisito de contar con la firma de los querellantes en el líbelo de querella, aunado a la imposibilidad de corrección, a fin de incluir la querella del señor Á.E.T.R., quien no se encuentra dentro de los funcionarios que enumera el artículo 304 de la Constitución Política, a efecto de aplicarle el artículo 196 del Código Penal, como si se aplica a la querellante Z.R.L., por su condición de diputada.

De manera, que reiteramos el criterio, que propugna por la ausencia de formalismos y la ausencia de rigurosidad extrema, por lo que no podemos estar de acuerdo, con no admitir una querella, la cual en el caso del señor Testa, únicamente se fundamenta en que no fue firmado el líbelo por su persona como querellante, cuando fue firmada por su apoderada y consta poder suscrito por el querellante, donde expresa su intención de constituirse en tal.

Como quiera que este criterio no es compartido por el resto de los Magistrados, SALVO MI VOTO.

Con los respetos,

Magistrado H.A.D..

YANIXSA Y. YUEN

Secretaria General.

VOTO RAZONADO DE LA MAGISTRADA ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

Debo manifestar que acompaño con mi firma el presente fallo emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que NO ADMITE la querella penal presentada por la D.C.M., actuando en nombre y representación de Z.R. y Á.E.T.R., contra el Diputado de la Asamblea Nacional, J.O.S., por la presunta comisión del delito contra el honor y ORDENA el archivo del expediente.

Sin embargo, debo señalar que no comparto el señalamiento cuando en la resolución que suscribo se indica "no se debe admitir la querella por el simple hecho que los querellantes no firmaron la querella", ya que ese argumento va en contra de los derechos de la víctima, entendiendo que la víctima confirió poder para que su representante legal interpusiera la querella.

Con base a lo antes expuesto, presento mi voto razonado.

ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

MAGISTRADA

YANIXSA Y. YUEN

SECRETARIA GENERAL

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR