Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 21 de Julio de 1995

Ponente:RODRIGO MOLINA A
Fecha de Resolución:21 de Julio de 1995
Emisor:Primera de lo Civil
RESUMEN

AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (ALICO) RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ABEL DE LA ROSA

 
ÍNDICE
CONTENIDO

VISTOS:

Dentro del proceso ordinario que ABEL DE LA ROSA le sigue a AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (ALICO), los apoderados especiales de la parte demandada han presentado Recurso de casación en el fondo contra la sentencia de 2 de junio de 1994, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Luego de admitirse el recurso, se concedió a las partes el término de seis días para que alegaran en cuanto al fondo, lo que ambos hicieron según consta en los escritos visibles de fojas 640 a 666 (recurrente) y 667 a 677 (opositor).

Así las cosas, la Sala procede a decidir lo de lugar, previas las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES DEL CASO:

El señor ABEL DE LA ROSA instauró proceso ordinario contra la compañía de seguros American Life Insurance Co. (en adelante ALICO), por incumplimiento de la póliza de seguro colectiva Nº 2977 suscrita entre BANQUE NATIONALE DE PARÍS (antes BANCO FIDUCIARIO) y dicha aseguradora. El reclamo se fundamentó en la incapacidad total y permanente para ejercer actividad remunerativa que diagnosticaron diferentes médicos al señor ABEL DE LA ROSA como consecuencia de un ataque cardíaco que sufrió en 1984. Por ello, al considerar que le asistía derecho a una indemnización por la suma de CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.50,000.00) que establecía el contrato de seguro, y al negarse la compañía al pago de la obligación, presentó la demanda respectiva.

El Juzgado Cuarto Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante sentencia Nº 202 de 6 de septiembre de 1991, accedió a la pretensión del demandante condenando a la aseguradora por el monto solicitado en concepto de indemnización, más costas y gastos del proceso (Fs. 343 a 354).

La parte demandada apeló la resolución de primera instancia, que fue confirmada por el Tribunal Superior en lo jurídico sustancial, y reformada en cuanto a las costas de primera y segunda instancia, fijadas en la suma de B/.16,250.00, por el trabajo en derecho. (Art. 1058 C.J.) (Fs. 535 a 569).

RECURSO DE CASACIÓN.

Se invocan dos causales de fondo cuyo examen realizará la Corte, seguidamente, por separado.

PRIMERA CAUSAL:

"Infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa".

Se exponen seis motivos como fundamento de la aludida causal, que expresan lo siguiente:

PRIMERO

Con infracción de la regla legal que establece que el contrato de seguro se regula por las estipulaciones de la póliza respectiva, el Primer Tribunal Superior de Justicia, en la sentencia impugnada, condenó a AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY a pagar al demandante una indemnización por incapacidad total y permanente, siendo que no se cumplían los presupuestos que exige el contrato de seguro colectivo número 2977 de 1º de enero de 1980 suscrito entre AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY y el BANQUE NATIONALE DE PARÍS y afiliados.

SEGUNDO

Para condenar a AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY al pago de las sumas que se le reclaman, la sentencia atacada, por error de interpretación de las cláusulas de la póliza de seguro colectiva número 2977 antes descrita, aplicó a un contrato de seguro privado el concepto de incapacidad total y permanente que rige para los efectos del régimen de seguridad social gubernamental, desconociendo así, el precepto legal sustantivo que establece que los contratos de comercio deben ejecutarse, de conformidad con los términos en que hubieren sido convenidos y redactados.

TERCERO

La sentencia censurada, con el criterio de que el concepto de incapacidad total y permanente que rige para el régimen de seguro social gubernamental no es distinto del que consagra la póliza de seguro colectiva número 2977 a la que pretende acogerse el demandante, desnaturalizó este contrato privado infringiendo con esa interpretación la norma legal sustantiva que establece el modo y la determinación de las condiciones del seguro quedan al arbitrio de los contratantes y que, cualquiera sea la generalidad de los términos de un contrato, no deben entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquéllos que los interesados se propusieron contratar.

CUARTO

La sentencia recurrida, al condenar a AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY al pago de las sumas que le reclama el demandante, sostuvo que la exigencia de incapacidad total y permanente prevista en la póliza de seguro colectiva número 2977, no se distingue en nada de la que consagra el régimen de seguridad social gubernamental, contrariando de esa manera el canon legal sustantivo que dispone que las palabras deben ser entendidas en el sentido que se más conforme con la naturaleza y objeto del contrato.

QUINTO

A pesar de que la póliza de seguro colectiva número 2977 expedida por AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY exige, en términos claros, que la incapacidad del asegurado debe ser total y permanente para desempeñar cualquier ocupación por remuneración o lucro, la sentencia impugnada condenó a nuestra representada infringiendo con ello el principio legal sustantivo que impone que al interpretar un contrato, hay que atenerse al sentido natural de las cláusulas.

SEXTO

Las anteriores infracciones incidieron sustancialmente en la parte dispositiva de la sentencia impugnada.

Las normas de derecho citadas como infringidas son los artículos 997, 1050, 214 (primer inciso) del Código de Comercio y los artículos 1132, 1134 y 1137 del Código Civil.

EXAMEN DE LA CAUSAL Y SU FUNDAMENTO

Con respecto a los motivos en que se apoya ésta primera causal, la Sala procede a su análisis según el orden en que han sido expresados, a saber:

Motivos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto:

En estos tres primeros motivos, básicamente se esgrime el mismo cargo contra la sentencia impugnada, consistente en haber interpretado equivocadamente la cláusulas o estipulaciones del contrato de seguro colectivo número 2977, suscrito entre ALICO y el BANQUE NATIONALE DE PARÍS y sus afiliados, pues "aplicó a un contrato de seguro privado el concepto de incapacidad total y permanente que rige para los efectos del régimen de seguridad social gubernamental".

Es decir, en estos motivos el cargo se fundamenta en el concepto de incapacidad total y permanente previsto en la póliza de seguro, que se refiere claramente al desempeño de "cualquier ocupación por remuneración o lucro", que erróneamente, según sostienen, fue equiparado al que consagra el régimen de seguridad social gubernamental. Por lo cual se violaron diferentes normas de derecho.

Veamos:

1- Se acusa al fallo de instancia de haber violado en forma directa el inciso primero del artículo 997 del Código de Comercio, al desconocer su texto, que establece:

"Régimen del contrato ARTÍCULO 997. El contrato de seguro se regula por las estipulaciones de la póliza respectiva y en su defecto o insuficiencia, por las disposiciones del presente Título. ..."

La infracción del citado precepto se debe, según se alega, al criterio sentado por el a-quo, al afirmar que la exigencia de incapacidad total y permanente consagrada en la póliza "sólo presenta ligeras distinciones semánticas con el concepto de invalidez que prevalece para los efectos del régimen de la Caja de Seguro Social". Al sostener ello "desconoció la estipulación prevista en la póliza de seguro colectivo" que exige que dicha incapacidad (total y permanente), que debe tener el asegurado para acceder al pago de las sumas reclamadas, "tiene que ser de tal naturaleza que le impida desempeñar cualquier ocupación por remuneración o lucro".

Como explicó el juzgador de segunda instancia en el fallo, la Compañía aseguradora (ALICO) fundamentó su negativa de pagar al asegurado la prestación, que garantiza la póliza de seguro colectivo Nº 2977, en que, la definición de incapacidad o invalidez absoluta y permanente que el asegurado utilizó para fundamentar su reclamo, es la llamada incapacidad profesional que establece el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, que es distinta a la que consagra la póliza en cuestión, denominada incapacidad o invalidez de salud que implica, ésta última, que "no puede desempeñar ninguna ocupación".

Posterior al análisis que hizo el a-quo de esa diferenciación, concluyó que es "meramente conceptual", pues en el fondo, ambos términos implican lo mismo.

A juicio de esta Corporación, es acertado el criterio expuesto en la sentencia de mérito sobre lo impreciso del texto de la póliza de seguro en diversos puntos que guardan relación con la llamada "CLÁUSULA DE INCAPACIDAD", por ello no pueden dejar de tomarse en cuenta, las certificaciones médicas de la Caja de Seguro Social, que entre otras, utilizó el asegurado para comprobar su incapacidad absoluta. En relación con esto, algunos aspectos que no fueron precisados en el contrato de seguro, son por ejemplo: que no establece "en qué centro hospitalario debe el asegurado obtener la certificación de su invalidez para que a criterio de la empresa aseguradora este requisito se considere satisfecho", tampoco el modo de resolver el supuesto, que los dictámenes de los "distintos médicos no sean concordes, parecidos o eficaces", de modo que "la compañía aseguradora quede satisfecha".

En consecuencia, la sentencia impugnada no vulnera el artículo 997 del Código de Comercio, pues, como se puede apreciar no aplica un concepto de incapacidad ajeno a la póliza (el de la Caja de Seguro Social), sino que consideró la incapacidad a que se refiere la póliza, y consideró que no difiere esencialmente con el que se emplea en la Caja.

Aunado a lo anterior, el sentenciador recordó el carácter económico del contrato de seguro y, especialmente, la intensión de los contratantes, en este caso, de la institución bancaria que adquirió este tipo de seguro colectivo a favor de sus empleados, previniendo diversas eventualidades, como la incapacidad permanente que pudiera ocurrirle alguno, y las pérdidas que pudiera sufrir a causa de ello.

Así destaca que, la incapacidad absoluta y permanente, bien sea por razones de salud o por razones profesionales desembocarán en un mismo vértice. Y, explica:

"... Por razones de salud el asegurado no puede trabajar en razón de una invalidez total y permanente como es el caso de ABEL DE LA ROSA. De toda forma, la circunstancia que se origine respecto de su caso clínico viene siendo la afectación para que un trabajador o empleado no pueda realizar su actividad profesional habitual. ABEL DE LA ROSA trabajaba como empleado bancario y en razón de esa actividad fue que se aseguró y lo aseguró la AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY, con conocimiento de causa. Y otro aspecto importante, la prima fue fijada por dicha compañía aseguradora en razón directa de la capacidad económica que tenía ABEL DE LA ROSA como empleado bancario. Si en la actualidad, y a los 52 años de edad, no puede trabajar, por dictamen, no de uno ni de dos, sino de seis (6) médicos, entre ellos especialistas cardiólogos, qué razón induce a esa empresa a dudar de que su invalidez no sea permanente y total? Puesto que no son otras razones que las de salud las que inducen a dichos facultativos a recomendarle como diagnóstico que no trabaje más para no poner en riesgo de muerte su vida. La diferencia, como bien se anotó en líneas superiores, es una cuestión de semántica. ..." (fs. 552).

Por tanto, la Sala coincide con el a-quo en que, no justifica el incumplimiento, por parte de la aseguradora, de pagar la prestación indemnizatoria a la cual tiene derecho el asegurado, por el simple hecho de que en la práctica las compañías de seguro utilicen la calificación por razones de salud mientras que la Caja de Seguro Social aluda a por razones profesionales para referirse a la misma incapacidad o invalidez total y permanente de la cual es víctima el empleado asegurado.

2- Se alega que la sentencia violó el artículo 1050 del Código de Comercio al desconocer el principio que consagra el respeto a las condiciones y restricciones de la póliza, que exige que para otorgar el beneficio de incapacidad total y permanente se precisa que el asegurado no pueda desempeñar cualquier ocupación por remuneración o lucro. Y continúa argumentando, la violación del precepto por comisión, al afirmar el fallo "que el concepto de invalidez que prevalece para los efectos de la seguridad social gubernamental rige también, para los propósitos especificados en la póliza de seguro colectiva número 2977 ...".

La Corte, sobre lo anterior, disiente de lo argumentado por el recurrente, pues no se ha cometido la infracción que alega. La norma en cuestión establece el principio de autonomía de la voluntad de las partes en cuanto al modo del seguro, sus condiciones y restricciones. El a-quo no ha desvirtuado el contenido de la póliza, pues es obvio que el señor ABEL DE LA ROSA está impedido para realizar la ocupación que desempeñaba y en virtud de la cual se encontraba incluido en la póliza de seguro colectivo que suscribió la institución para la que laboraba, con la compañía ALICO. Tampoco constituye una vulneración al principio legal aludido, el haber considerado en el caso concreto la similitud del concepto de invalidez que rige en el ámbito de la seguridad social gubernamental.

En este sentido, sobre la diferencia que el recurrente alega respecto a la definición que trae la póliza y la contenida en el dictamen de los médicos de la Caja de Seguro Social sobre incapacidad total y permanente (por razones de salud y razones profesionales), vale recalcar:

"... En la proyección de la práctica, y para el caso concreto de ABEL DE LA ROSA considera el Tribunal que los parámetros vienen siendo los mismos, por las siguientes consideraciones: el infarto le sobrevino al afectado en 1984, viajó a los Estados Unidos, estuvo en tratamiento por más de diez (10) meses atendido por médicos de la Caja de Seguro Social y desde el 18 de noviembre de 1986 fue declarado incapacitado concediéndosele la Pensión de Invalidez desde 1987, recomendando diferentes médicos, incapacidad definitiva y dictaminando concretamente "que no puede trabajar". Además de su médico tratante, el DR. FREDDY ISAACCS (sic), el paciente ABEL DE LA ROSA ha sido examinado por médicos de la Comisión Médica Calificadora, que constituye un organismo interno de la Comisión de Prestaciones Médicas de la Caja de Seguro Social, bajo cuyo aval se conceden las pensiones de invalidez. En este orden de ideas ha sido examinado por los DRS. C.D., V.P., ROLANDO DE LA GUARDIA, J.V., P.N., H.H., todos los cuales han dictaminado que está "incapacitado para trabajar" (véanse fs. 202, 204, 205, 206, 207, 208 528 y 530). La proyección de lo que sucedería en la práctica, como se afirmó en líneas anteriores, es que fuera del marco de la definiciones, ABEL DE LA ROSA, a la edad de 52 años, que es la que tiene en la actualidad, no puede ensayar la práctica de otra profesión para que encaje o no encaje la definición de la póliza de seguros de la compañía demandada.

Esta situación no necesita de muchos recursos lógicos para llegar a una conclusión. Por una parte, y por otra con la edad que tiene es muy difícil que él o cualquier otra persona en su caso, intente ajustarse o no a otra definición por "razones profesionales" desempeñando una actividad igual o parecida a la que habitualmente se dedicaba si los médicos de la Caja de Seguro Social han dictaminado que no debe trabajar y su concepto o criterio científico ha servido para que la institución de seguridad social le conceda una pensión que ya tiene carácter vitalicio, conforme consta a fs. 528 del expediente como se comprueba de la lectura de la Resolución Nº 15681-92, de fecha 23 de diciembre de 1992, proferida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social. ..." (Fs. 549 a 551).

3- También se invoca la violación del artículo 214 del Código de Comercio en su inciso primero, cuyo contenido textual es el siguiente:

"Reglas de Interpretación- ARTÍCULO 214. Los contratos de comercio se ejecutarán de buena fe, según los términos en que fueren convenidos y redactados, atendiendo más que a la letra de los pactos, a la verdadera intensión de los contratantes. ..."

La infracción del precepto legal sustantivo se fundamenta en el cargo anteriormente señalado, consistente en el desconocimiento de los términos y condiciones redactados en la póliza de seguro colectivo 2977, expedida por ALICO, en cuanto a las exigencias para que el asegurado pudiera gozar del beneficio de incapacidad total y permanente. Es decir, considera el recurrente que el tribunal desconoció dicha exigencia, equivalente a la imposibilidad del asegurado de desempeñar cualquier ocupación por remuneración o lucro, y, erróneamente consideró que podía aplicarse el concepto de invalidez que rige para la seguridad social.

Contrario a los que sostiene la censura, esta superioridad es de la opinión que las consideraciones plasmadas en el fallo de segunda instancia en atención al contenido de la norma previamente citada, revelan que fue aplicada conforme a sus términos literales, sin yerro alguno de interpretación.

Esta disposición es clara en otorgar especial importancia a la verdadera intención de los contratantes y a la buena fe, más que la letra de los pactos cuando se ejecutan los contratos de comercio. Así, como bien explicó el a-quo, la intención de la entidad bancaria contratante del seguro colectivo era el brindar protección y respaldo a sus empleados, en caso de que fueren víctima de alguno de los riesgos descritos en la póliza, que les impidiere desempeñar la función que les correspondía. A cambio de la seguridad económica con la que contaban dichos funcionarios a través del seguro colectivo, en la eventualidad de ocurrir el riesgo. Como contraprestación, dicha empresa pagaba una prima a la Compañía Aseguradora.

En este caso, como sostuvo el sentenciador, es importante resaltar que la prima que pagaba el Banco (contratista) fue fijada por la compañía de seguros (ALICO) "en razón directa a la capacidad económica que tenía ABEL DE LA ROSA como empleado bancario". Además, fue por razón de su actividad profesional como empleado bancario que se le aseguró.

Finalmente, no resulta conforme a lo indicado por la ley sobre la buena fe en la ejecución de los contratos de comercio, la actitud de la compañía de seguros al dudar del dictamen de seis médicos que diagnosticaron que ABEL DE LA ROSA no debía trabajar más, para evitar el riesgo de muerte.

4- Lo anteriormente reseñado se aplica a la alegada violación del artículo 1132 del Código Civil, que establece igualmente la forma de interpretar los contratos. Esta norma no ha sido vulnerada, ya que la sentencia de segunda instancia se fundamentó en los términos del contrato en concordancia con certeza sobre la intención de los contratantes.

5. Se acusa al fallo de infringir la regla de interpretación de los contratos que consagra el artículo 1134 del Código Civil, que establece la prohibición de entender incluido en un contrato cosas y casos distintos de los que los interesados se propusieron contratar. En este sentido se argumenta que la sentencia interpretó erróneamente el concepto de incapacidad total y permanente contenido en la póliza al sostener que no difiere del que prevé la Caja de Seguro Social, desnaturalizando su esencia y finalidad.

La Sala debe concluir reiterando lo evidente de la importancia de lo que primó en la sentencia en cuanto al propósito de las partes al suscribir este tipo de contrato colectivo. Es por ello que el que describe la póliza denominándolo por razones de salud no resulta un caso distinto del concepto de invalidez o incapacidad total y permanente propio del régimen de seguridad social.

Al no producirse la violación de las normas de derecho invocadas por la censura, se impone el rechazo de los cargos formulados en los motivos como fundamento de esta primera causal de fondo, que en consecuencia, no está justificada.

SEGUNDA CAUSAL

"Infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba", que ha influido en lo dispositivo de la sentencia recurrida.

Los nueve motivos establecidos en relación a esta causal expresan lo siguiente:

"PRIMERO: El Primer tribunal Superior de Justicia al dictar la sentencia censurada estimó probada la incapacidad total y permanente del demandante, pues, erróneamente atribuyó valor probatorio a una documentación que remitió la Caja de Seguro Social, siendo que tal documentación, además de que no fue producida con audiencia de AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY y está desvirtuada en el expediente por un conjunto de pruebas documentales (fojas 211 a 225; fojas 247 a 259; fojas 418 a 429) y periciales (fojas 262 a 264; fojas 413 a 417) que comprueban que el señor ABEL DE LA ROSA no está incapacitado en forma total y permanente para desempeñar cualquier ocupación por remuneración o lucro, como lo exige la póliza de seguro colectiva número 2977 a la cual éste pretende ampararse.

SEGUNDO

Para condenar a AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY al pago de las sumas que se le reclaman, la sentencia atacada no valoró, como lo prescribe la ley, el dictamen pericial rendido por el especialista en Cardiología (fojas 262 a 264), el cual apoyado en la documentación médica que reposa en el expediente, demostró en forma objetiva, uniforme y fundada que el señor ABEL DE LA ROSA, no obstante haber sufrido hace 10 años un infarto cardíaco no complicado, está recuperado satisfactoriamente y goza en la actualidad de un buen estado de salud que le permitiría desempeñar perfectamente con normalidad y de acuerdo con su capacidad, formación y experiencia profesional cualquier trabajo u ocupación poco estresante por remuneración o lucro.

TERCERO

La resolución recurrida tampoco apreció, como lo ordena la ley, el resultado de la inspección corporal que se practicó al señor ABEL DE LA ROSA por parte del perito experto en Cardiología, D.B.M.L. (fojas 413 a 417), quien con base en un cúmulo de exámenes físicos, pruebas de esfuerzo (ergometría) y ecocardiograma (ultrasonido cardíaco) realizados al señor DE LA ROSA, concluyó que éste goza de una buena y normal condición cardiovascular, sin evidencias del infarto sufrido hace 10 años, ni signos de insuficiencia coronaria, circunstancias que, aunadas a su satisfactoria recuperación y a la ausencia de recaídas cardiovasculares, le permitirían laborar con su experiencia y capacidad en cualquier ocupación no estresante por remuneración o lucro.

CUARTO

La sentencia impugnada no evaluó como debía hacerlo según la ley, el dictamen pericial rendido por el médico especialista en cardiología, D.R.D. y el Dr. E.G., porque consideró, erróneamente, que carecían de imparcialidad, siendo que su participación no fue recusada y de que tampoco se dan circunstancias de los criterios científicos expresados en torno a la condición de salud del señor ABEL DE LA ROSA.

QUINTO

La sentencia censurada no apreció, conforme lo ordena la ley, el resultado de la inspección corporal practicada al señor ABEL DE LA ROSA por el perito experto en cardiología, Dr. BEY MARIO LOMBANA, por sostener erróneamente, que el mencionado galeno no es imparcial, a pesar de que tal afirmación carece de sustento en el expediente y de que dicho perito en ningún momento fue recusado para desempeñarse como tal.

SEXTO

La decisión recurrida tampoco apreció, como lo ordena la ley, el dictamen pericial que rindieron los expertos en seguros DOROTHY DE SINGH y J.F. (Fs. 266 a 272), los cuales después de efectuar los análisis de rigor, concluyeron que el concepto de incapacidad total y permanente que exige la póliza de seguro colectivo Nº 2977 emitida por AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY y a la cual pretende ampararse el señor ABEL DE LA ROSA, responde en esencia y finalidad a los denominados beneficios por incapacidad derivada por razones de salud, a diferencia del concepto que prevalece en el régimen de seguridad social gubernamental, que es el de invalidez por razones profesionales.

SÉPTIMO

Para condenar a AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY al pago de las sumas que se le reclaman, la sentencia atacada atribuyó, erróneamente, a la documentación remitida por la Caja de Seguro Social en relación con el señor ABEL DE LA ROSA una virtualidad probatoria que esta no tiene, pues sostuvo que ella comprueba la incapacidad total y permanente del señor DE LA ROSA y que AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY no promovió un incidente de tacha de falsedad de los criterios allí expresados, siendo que reposa en el expediente, no tiene fundamento en la ley, pues ésta no exige la promoción del mencionado incidente de tacha.

OCTAVO

A pesar de que en el expediente reposan un conjunto de elementos científicos que acreditan que el señor ABEL DE LA ROSA no se encuentra incapacitado de modo total y permanente para desempeñar cualquier ocupación por remuneración o lucro, la sentencia impugnada condenó, erróneamente, a AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY al pago de las sumas que se le reclaman, siendo que el señor ABEL DE LA ROSA no ofreció pruebas de la alegada incapacidad total y permanente, que es presupuesto fundamental de su pretensión conforme a la póliza de seguro colectivo Nº 2927 (sic) expedida por AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY, violando de esa forma el principio legal que establece que la parte que alega en su favor un determinado supuesto de hecho tiene la carga de comprobar las circunstancias que así lo constituyen.

NOVENO

Las anteriores infracciones incidieron sustancialmente en la parte dispositiva de la sentencia censurada, que el tribunal que la profirió desconoció el valor probatorio de la inspección corporal practicada al señor ABEL DE LA ROSA, así como de los dictámenes periciales y demás documentación que reposa en el expediente, lo cual lo llevó a considerar erróneamente que AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY está obligada a pagar las sumas que se le reclaman, siendo que está acreditado que el mencionado señor DE LA ROSA no se encuentra incapacitado en forma total y permanente para desempeñar ocupación por remuneración o lucro.

Se alegan, como normas de derecho violadas los artículo 837, 773, 781, 945 (párrafo cuarto), 770, 967 del Código Judicial y, los artículos 976, 1100 del Código Civil.

EXAMEN DE LA CAUSAL Y SU FUNDAMENTO

De los nueve motivos expresados como fundamento de la causal se puede apreciar que básicamente seis contienen el correspondiente cargo, siendo que los otros repiten los previamente aludidos. Procederemos a su examen junto con la norma que se ha considerado violada por el fallo impugnado en casación.

MOTIVOS PRIMERO y SÉPTIMO:

El cargo que se imputa en ambos a la sentencia de segunda instancia es de haberle atribuido erróneamente valor probatorio a una documentación remitida por la Caja de Seguro Social, al señalar que la misma comprueba que el señor ABEL DE LA ROSA está incapacitado total y permanentemente. Señala el recurrente que dicha documentación no fue producida con audiencia de la compañía aseguradora, se sostuvo que ésta última no tachó los criterios allí expresados y, que existen otras pruebas que desvirtúan su contenido.

Según lo antes señalado la censura estimó que se violaron los artículos 837 y 781 del Código Judicial.

La primera disposición, cuya infracción se señala en cuanto a su segundo párrafo, es del tenor siguiente:

"ARTÍCULO 837. Los escritos o documentos oficiales que no versen sobre actos jurídicos de la administración, serán considerados como prueba pericial, testimonial o de inspección judicial, según su naturaleza.

Estas pruebas podrán apreciarse, ya contra la entidad que las haya ordenado, ya contra los interesados en el respectivo proceso administrativo, pero siempre que en este último caso se haya producido con audiencia suya."

Se argumenta que éste segundo párrafo fue violado por omisión al haber la sentencia impugnada atribuido "a una documentación remitida por la Caja de Seguro Social un valor probatorio que no tenía, según la ley, ya que tal documentación fue incorporada y apreciada en el proceso a pesar de que ella no se produjo con audiencia de AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY".

Como se puede apreciar se acusa al fallo de segunda instancia de examinar y darle valor a un medio probatorio, documentos oficiales de la Caja de Seguro Social, a pesar de haberse producido sin el lleno de los requisitos legales. En este caso los que determina el segundo párrafo del artículo 837 del Código Judicial.

A juicio de la Sala la situación del presente caso en cuanto a la formación, recepción y valoración de las copias, enviadas por el Seguro Social, consideradas pruebas difiere del supuesto que consagra la norma al respecto. Ello es así por las siguientes:

El medio probatorio que se cuestiona surge de la iniciativa oficiosa del Tribunal de segunda instancia, por considerar que las pruebas y argumentaciones de las partes como la sentencia de primera instancia creaban motivaciones y puntos de vista afectados por la duda.

De allí, según consta a fojas 509 a 510 el Tribunal Superior ordenó a la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social el envío de copias de las resoluciones dictadas por esa institución con posterioridad al 14 de noviembre de 1990 en el caso que por invalidez se tramitó a nombre de ABEL DE LA ROSA. La institución remitió al tribunal copias autenticadas de la documentación requerida, visible en el expediente de fojas 515 a 533.

Esta aportación de pruebas de oficio al proceso por parte del juzgador está fundamentada en el artículo 782 del Código Judicial, que representa la regla general, y en el artículo 1270 ibídem. Este último se refiere específicamente a la segunda instancia del proceso ordinario señalando lo siguiente:

"ARTÍCULO 1270. Puesto el proceso en estado de dictar sentencia y antes de dictar ésta el Tribunal de Segunda instancia deberá decretar la recepción de cualquier documento público que estime necesario para esclarecer los hechos controvertidos o aquellas pruebas que sean necesarias para aclarar puntos oscuros o para aclarar puntos dudosos.

La respectiva resolución es irrecurrible."

Como se puede apreciar la norma antes citada establece en forma especial la prueba de documentos para esclarecer los hechos controvertidos, además en forma general permite otras pruebas que pudieran aclarar puntos oscuros o dudosos.

Entre las principales normas que contienen pruebas de oficio y en relación con el presente caso podemos mencionar el artículo 841 del Código Judicial que permite al juzgador solicitar al custodio de un documento público copia del mismo cuando tuviere dudas sobre su existencia o autenticidad. El artículo 880 del citado Código, que consagra la prueba de Informes, señala que el J. puede pedir de oficio a cualquier entidad estatal, "para verificar las afirmaciones de las partes", entre otros elementos "Certificados, copias, atestados, dictámenes, investigaciones, informativos o actos de cualquier naturaleza".

De lo expuesto se desprende que el sentenciador utilizó la facultad que le concede la ley de incorporar y valorar prueba de oficio, antes de dictar el fallo de segundo grado.

En cuanto al valor en sí de la prueba, se advierte que se trata del historial clínico del señor A. de la R.Q. en una institución de salud del Estado, a cargo de la asistencia social. Los médicos de la Caja de Seguro Social determinaron la incapacidad del demandante. De acuerdo con los principios de la sana crítica se considera que los dictámenes médicos tienen especial valor en estos casos. No puede negársele valor prima facie a las observaciones de profesionales que tienen una función tan delicada, la cual exige permanentemente una conducta ética.

El artículo 837 del Código Judicial no es contrario a la evaluación que se hace de ese historial clínico, que aparece de foja 515 a foja 533 del expediente, al cual han aludido los representantes de las partes insistentemente.

La disposición legal tiene dos cuerpos. El que corresponde al primer párrafo reconoce el carácter de prueba de los escritos o documentos oficiales que no versen sobre actos jurídicos de la administración. En tanto que tales están sujetos a la sana crítica.

El segundo párrafo precisa el valor de la prueba en relación con la entidad (oficial) que la haya ordenado, o en relación con los interesados en el respectivo proceso administrativo. Contra ellos tienen marcado valor probatorio. Sólo se exige, en cuanto a los interesados, que la prueba que se haya producido con audiencia suya.

En esta oportunidad, el historial clínico del señor A. de la Rosa está comprendido en el primer cuerpo de la disposición. La Corte, de acuerdo con la sana crítica, tratándose de profesionales tan calificados como son los que ejercen la medicina, le atribuye valor como prueba de la incapacidad.

La infracción del artículo 781 ibídem. se sostiene sobre su primer inciso, que dispone:

"ARTÍCULO 781. Para que sean apreciadas en el proceso las pruebas deberán solicitarse, practicarse o incorporarse al proceso dentro de los términos u oportunidades señaladas al efecto en este Código. ..."

Se alude a que el juzgador apreció erróneamente como prueba la documentación enviada por la Caja de Seguro Social al expresar que "los criterios técnicos allí contenidos no fueron tachados de falsos" por ALICO, siendo que "tal exigencia no está instituída por la ley", y que en el expediente hay elementos que desvirtúan la conclusión de que ABEL DE LA ROSA está incapacitado total y permanentemente para realizar ocupación por remuneración o lucro.

El concepto de la infracción que desarrolla la censura con respecto a esta norma no guarda relación con su contenido y la forma como pudo haber sido violada.

Cabe agregar que el tribunal colegiado no otorgó un valor distinto o equivocado del que poseía la documentación de la Caja de Seguro por el hecho que la misma no fue tachada por la demandada, sino simplemente manifestó su observación respecto a que no fueron impugnados dichos criterios técnicos y realizó una evaluación coherente según las reglas de la sana crítica y considerando otros elementos, lo que, a juicio de la Corte, no constituye ilegalidad en su actuar.

En ese sentido manifestó el fallo recurrido:

"... Es decir, la demandada no impugnó directamente los criterios técnicos de los médicos sino que, aporta criterios distintos de facultativos que precisamente, están a su servicio, porque son sus `médicos especialistas' o sus `peritos evaluadores'.

... menos susceptibles de interferencia al criterio de los peritos, tienen los dictámenes de los facultativos de la Caja de Seguro Social, que atienden tantos miles de casos no existiendo factores de sumisión por el pago de salarios por los dictámenes de parte de los interesados como ocurre con la empresa ALICO ...

Debe aceptarse que, si bien a falta de la impugnación de los criterios técnicos de los médicos de la Caja de Seguro Social, el juzgador queda en disposición de tomar en cuenta éstos, no menos cierto es que debe hacerlo por medio de la sana crítica, evaluando otros elementos probatorios allegados al proceso por medio de una elaboración mental fundamentada en las reglas de la lógica, de la experiencia y del razonamiento de todas las demás pruebas. En igual situación quedan las pericias médicas y de los técnicos en seguros que no fueron impugnados por la parte demandante. (Ver art. 836 y 873 del Código Judicial)"

(Fs. 557 y 558) (Subrayado es de la Corte).

En adición a lo expuesto, el juzgador de segunda instancia, de oficio, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 1270 del Código Judicial, en cuanto a la recepción de cualquier documento público o prueba para esclarecer los hechos controvertidos o puntos dudosos, solicitó a la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social el último dictamen de la Comisión Médica Calificadora en el caso del asegurado ABEL DE LA ROSA, como elemento de gran utilidad para aclarar dudas en cuanto a las pruebas de las partes y el fallo de primera instancia (fs. 517-518).

MOTIVOS SEGUNDO Y CUARTO:

Ambos motivos expresan que el tribunal no apreció según lo prescribe la ley el dictamen pericial que emitieron los médicos cardiólogos Dr. R.D. y Dr. EDUARDO GARRIDO (visibles a fs. 262 a 264). Por ello, según el recurrente, se violó el artículo 770 del Código Judicial pues no se le otorgó a dichos dictámenes el valor que merecen al considerar que los mencionados facultativos son empleados de la demandada (ALICO) "siendo que tal afirmación carece por completo de sustento en la realidad del expediente" y ello resta valor a dichos "objetivos y fundados conceptos" que concluyeron que ABEL DE LA ROSA goza de un buen estado de salud que le permite desempeñar "cualquier trabajo u ocupación poco estresante por remuneración o lucro". (Énfasis subrayado de la Corte).

Sobre este particular veamos algunas consideraciones anotadas por el a-quo:

"... SANA CRITICA Y LA APRECIACIÓN DE LAS PERICIAS

Es principio establecido en el mundo jurídico, que las pericias no tienen carácter vinculante para el juzgador. Aceptar lo contrario sería tanto como admitir la delegación de juzgar a los peritos, y esto no está permitido en el derecho procesal.

Pero para la apreciación de este trabajo de los técnicos, los diagnósticos de médicos, que es la prueba por excelencia para determinar sobre lo que se discute en este proceso, como es, si el asegurado goza o no goza de incapacidad o invalidez total y permanente, debe tomarse en consideración tres importantes requisitos, a saber:

  1. Los requisitos de la existencia jurídica de la pericia.

  2. Los que requieren la validez de la misma, y

  3. La comprobación de la eficacia probatoria del dictamen.

(V.F.R., "Daños y P. en el ejercicio de la medicina", E.. Biblioteca Jurídica Dike, Medellín, Colombia, 1993, Pág. 251 y ss.)

... las pericias presentadas por la demandada fueron producidas dentro de la estación probatoria. Su eficacia no es discutible, sin embargo, como ya se hizo notar en líneas anteriores, ocurrió que, tanto en la primera como en la segunda instancia, no hubo contradictorio durante la práctica de las mismas,

... Ambos corroboraron la idoneidad para el desempeño de los cargos, porque a más de las pericias médicas existe una pericia que contiene la opinión de dos expertos en seguros, cuyos historiales nadie va a poner en duda, como tampoco despierta ningún comentario adverso la capacidad de los distintos médicos que atendieron al señor ABEL DE LA ROSA ..." (fs. 554).

En términos generales el análisis de lo que dejó expresado en la sentencia impugnada sobre las pericias y los diversos aspectos que tomó en cuenta para su evaluación, se ajusta a las reglas de la sana crítica y a los requisitos que se deben considerar en la valoración de este tipo de prueba.

La Sala comparte la conclusión del fallo impugnado, en cuanto a las discrepancias entre las pericias médicas de la compañía aseguradora y los dictámenes de los facultativos de la Caja de Seguro, de reconocer mayor fuerza a lo determinado por éstos últimos sobre el grado de incapacidad, del asegurado debido a que evidentemente dichos dictámenes están respaldados con otros medios de prueba. Entre éstos se alude a lo diagnosticado en el mismo sentido por otros médicos especialistas nacionales y del extranjeros.

Sin embargo, resulta pertinente aclarar que lo anteriormente expuesto no implica que existan dudas sobre la imparcialidad y honestidad en el ejercicio profesional por parte de los médicos presentados por la demandada como peritos.

En consecuencia, el cargo formulado en los dos motivos antes aludido no prospera.

MOTIVOS TERCERO, QUINTO Y SEXTO:

En el tercer y quinto motivo se argumenta el mismo cargo, y es que la sentencia no valoró conforme a la ley, en este caso el último párrafo del artículo 945 del Código Judicial, el resultado de la inspección corporal practicada al señor ABEL DE LA ROSA por el perito DR. BEY MARIO LOMBANA, según la cual el asegurado víctima del infarto al corazón no se encuentra incapacitado total y permanentemente.

Este cargo igualmente no prospera, pues la Sala considera que no ha sido infringida la norma en mención, y se aplica el mismo criterio anteriormente expresado de calificar de acertada y acorde con la sana crítica la actividad valorativa que hizo el juzgador de instancia del material probatorio. Es así, pues los planteamientos de la sentencia revelan una labor objetiva, en relación al examen del conjunto de pruebas, aportadas por ambas partes, que le hicieron arribar a su conclusión final.

El sexto motivo alude al dictamen pericial que rindieron "los expertos en seguros DOROTHY DE SINGH Y J.F. (fojas 266 A 272)", sobre el concepto de incapacidad total y permanente que exige la póliza Nº 2977 y que responde a los llamados "beneficios por incapacidad derivada por razones de salud", diferente al de invalidez por razones profesionales.

Según el recurrente se ignoró el valor de éste dictamen por lo que se violó el artículo 967 del Código Judicial.

La Sala estima, luego del examen de las motivaciones del fallo, que no se percibe ni remotamente la vulneración de dicha disposición. Más aún, al observar su contenido textual es notable que para valorar el dictamen pericial debe tomar en cuenta una serie consideraciones como: su fundamento científico, su relación con el material de hecho, la uniformidad o disconformidad de opiniones, entre otras. Y, además, todo ello en relación a las "demás pruebas y otros elementos de convicción que ofrezca el proceso". Todo lo cual fue sopesado por el sentenciador.

Por lo que se deja expuesto, en el sentido de que las pruebas que las partes aportaron al proceso no fueron erróneamente apreciadas, la sentencia de segunda instancia no ha infringido las disposiciones sustantivas citadas que se supone fueron vulneradas debido al yerro probatorio dentro de esta segunda causal. De forma tal que esta causal, también, resulta injustificada.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 2 de junio de 1994 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario que ABEL DE LA ROSA le sigue a AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (ALICO).

Las obligantes costas de casación se fijan en la suma de TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00).

N. y D..

(fdo.) R.M.A.

(fdo.) R.T.M.

(fdo.) R.A.G.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria