Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 21 de Julio de 1998

PonenteJOSÉ A. TROYANO
Fecha de Resolución21 de Julio de 1998
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

El Licenciado Tomás Vega Cadena, apoderado judicial del señor A.H.C., interpuso recurso de casación contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 6 de octubre de 1997, dentro del proceso ordinario de prescripción adquisitiva de dominio instaurado por la parte recurrente contra la señora ELIA MERCEDES VALDES DE PEFFERS.

El recurso fue admitido por esta corporación judicial y se encuentra pendiente de decisión en el fondo, a lo cual se procede una vez se haga un breve recuento de los antecedentes del negocio.

La demanda fue interpuesta por el señor A.H.C. ante el Juzgado Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, con el objeto de que se le declarara propietario de la finca Nº 44,656, inscrita al Tomo 1066, F. 50 de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá, perteneciente a la señora VALDES DE PEFFERS, ubicada en el Corregimiento de Las Margaritas, Distrito de Chepo, con una superficie de 89 hectáreas, 535 metros cuadrados y 72 decímetros cuadrados, por haberla prescrito adquisitivamente, en vista de haber estado en posesión de dicho inmueble por más de veinte años.

Una vez surtidos los trámites correspondientes, dicho juzgado dictó la Sentencia Nº 57 de 7 de octubre de 1996, en la cual no accedió a la pretensión de la parte demandante, quien, en consecuencia, apeló de la misma.

Posteriormente, el Primer Tribunal Superior de Justicia confirmó la decisión del juez de primera instancia, en la sentencia fechada 6 de octubre de 1997, que ahora se impugna en casación.

El recurso de casación es en la forma y en el fondo, por lo que se procede a resolver en primer lugar el de forma, como lo prescribe el artículo 1153 del Código Judicial.

RECURSO DE CASACION EN LA FORMA

Se invoca una sola causal: "Por haberse omitido cualquier otro requisito cuya omisión cause nulidad", la cual se encuentra contemplada en el ordinal 1 del artículo 1155 del Código Judicial.

Los motivos que le sirven de fundamento se resumen a continuación:

1) La señora ELIA VALDES DE PEFFERS fue emplazada por edicto, en vista de que la parte demandante desconocía su paradero. Como no compareció dentro del término que establece la ley, se le nombró un defensor de ausentes quien después de tomar posesión del cargo, se notificó de la demanda y la contestó en tiempo oportuno, oponiéndose a la pretensión del demandante.

2) En ese ínterin, la señora R.V.D.H. compareció al proceso por intermedio del Licenciado L.R.A., señalando que lo hacía en nombre y representación de la demandada, alegando que era su hermana.

3) A petición de la parte demandante, el juez de primera instancia dictó el Auto Nº 2074 de 18 de septiembre de 1995 (fs. 32-33), en el cual le ordenó a la señora VALDES DE HERNDON que para poder actuar en nombre de la demandada, debía consignar como caución la suma de doscientos balboas (B/ 200.00) y, además, debía presentar documento que acreditara su parentesco con la demandada. Para cumplir con estos dos puntos le concedió un término de diez (10) días, con la advertencia de que una vez expirado sin haber cumplido, se proseguiría el proceso con un defensor de ausentes.

4) Dicho auto quedó ejecutoriado el 6 de octubre de 1995. "Sin embargo, no fue hasta el 13 de Noviembre de 1995, cuando presentaron la Escritura de marras, identificada con el Nº. 9059 del 6 de Octubre de 1995, otorgada ante la Notaría 5ta. del cto. de Panamá, e inscrita el 1ro. de Noviembre de 1995, a la ficha C-11474, rollo 374, imagen 0020, sección de Personas Comunes del Registro Público, casi un mes después del término señalado por el Tribunal". (F. 295).

5) A pesar de habérselo advertido, el juez de primera instancia dejó pasar por alto la nulidad existente (falta de consignación de la fianza y prueba del parentesco entre la señora R.V.D.H. y la demandada); solicitud que tampoco fue atendida por el Tribunal Superior, a quien también se le señaló en el escrito de sustentación del recurso de apelación.

Como consecuencia de estos hechos, el recurrente alega la violación del artículo 722, ordinal 3 y del primer párrafo del artículo 1136, ambos del Código Judicial.

El punto medular consiste en determinar si se ha producido la causal de nulidad que alega la parte recurrente en casación, consistente en la ilegitimidad de la personería de la parte demandada, en virtud de que la señora R.V.D.H. no consignó la fianza que se le había fijado ni la prueba de su parentesco con la demandada, para poder actuar en nombre de ella.

La Sala observa que de fojas 44 a 47 del expediente consta la Escritura Pública Nº 90509 de 6 de octubre de 1995, otorgada ante la Notaría Quinta del Circuito de Panamá, por medio de la cual se protocoliza el documento mediante el cual la señora ELIA MERCEDES VALDES DE PEFFERS, con domicilio en Inglaterra, confiere poder general a su hermana R.V.D.H.; el cual se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público, a ficha C-11474, R. 3074, Imagen 0020 desde el 1º de noviembre de 1995, en atención a lo dispuesto en el ordinal 7 del artículo 1776 del Código Civil.

Dicho poder fue presentado al proceso el 13 de noviembre de 1995 por el Licenciado Luis R. Armstrong, en virtud del poder especial que le había otorgado, a su vez, la señora R.V.D.H. (f. 23), para que actuara en nombre de la parte demandada. En ese escrito el Licenciado Armstrong le solicita al juez de primera instancia "la continuación del Proceso Instaurado por A.H.C. y considere avalada nuestra actuación".

La Sala considera que al haberse presentado poder otorgado por la demandada, con todas las formalidades legales, para que la señora R.V.D.H., "... asuma Mi representación en juicios o tramites (sic) pudiendo para tal efecto designar Apoderado Legal o Judicial ..." (f. 45 vuelta), ya no era necesario consignar la caución que le había fijado el juez, en atención a lo dispuesto, a contrario sensu, en el artículo 632 del Código Judicial, que es del tenor siguiente:

"ARTICULO 632. También puede comparecer en proceso sin poder, la mujer por su marido y éste por aquella, el pariente por los suyos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y el condueño de un mismo inmueble u otra cosa por su aparcero o comunero en pleito sobre la causa común, siempre que el interesado se halle ausente o impedido, y que haya de recibir perjuicio si no se entabla la demanda o se sigue el proceso. Pero el que así se presente a nombre de otro, debe dar la caución de que trata el artículo anterior, siempre que la parte contraria se lo exija, antes de un mes de estar en el proceso el que gestiona por su pariente o condueño" (Subraya la Sala).

Por su parte, el artículo 643 de ese mismo Código señala que si alguna persona ha actuado sin poder suficiente, valdrá lo hecho por ella, si la parte lo ratifica antes de dictarse la sentencia de primera instancia, como sucedió en el caso que nos ocupa, en el cual el poder fue presentado al momento de abrir el negocio a pruebas en primera instancia.

De lo anteriormente expuesto se colige que no se ha producido la nulidad que alega el recurrente en casación en esta causal de forma, razón por la cual se descarta el mismo y se procede a resolver el recurso de fondo.

RECURSO DE CASACION EN EL FONDO

Se invoca como única causal, la infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Se transcriben a continuación los motivos que le sirven de fundamento:

"PRIMERO: La Sentencia de Segunda Instancia, en su parte motiva, aprecia erradamente la prueba contenida en la supuesta Confesión del demandante, hecha ante la Personería Municipal del Distrito de Chepo, Provincia de Panamá, en aquella Indagatoria que depuso. Erróneamente el Tribunal Superior, deja entrever que el D.A.H.C., al reconocer que la tierra ocupada por él era de propiedad de una supuesta pariente de la denunciante R.V. de Herendon (sic) en la Personería de Chepo, carecía del ANIMUS DE POSEER, sin tomar en cuenta que este Animus es el conjunto de actitudes que positivamente hacen presumir que la posesión se ejerce con ese Animo precisamente.

El Superior no observó que la Confesión como tal admitía Prueba en contrario, puesto que la finca objeto del litigio no era la Denunciada por la señora R.V. DE HERENDON (sic). Y al concederle el valor de Plena Prueba a esta declaración de H.C., se cometió un Error de Derecho en cuanto a la Apreciacion de la prueba, lo que influyó en lo dispositivo del fallo.

SEGUNDO

La Sentencia de Segunda Instancia, reconoce erradamente que la Posesión del Demandante sobre la finca #44.656, no fue pacífica y que fue interrumpida por el litigio en la Personería de Chepo, sin tomar en consideración y sin distinguir que hallá (sic) tanto las partes como el Objeto era diferente al caso que nos ocupa. En efecto, la reclamante era R.V. de Herendon (sic) y no E.V. de Peffers. Además, la finca reclamada por R. era la #44.682 y no la 44.656.

Tal vez la igualdad de los tres primeros dígitos de ambas fincas lo mismo que la igualdad de los apellidos "VALDES" de ambas propietarias, pudieron haber inducido al Tribunal Superior a Apreciar erradamente la prueba, por lo que este error influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

TERCERO

El Superior, tampoco apreció adecuadamente, conforme a la sana crítica, ni le reconoció valor de convicción a las declaraciones de los testigos aportados por la parte actora, señores C.A.C.B., cédula 1-º0-213 (foja 81-82); M.A.M. o M.Q., cédula 7-48-300 (foja 86-87); C.O.S., cédula 4-104-2275 (foja 88-89) ni al señor O.P.H., cédula 7-69-1354 (foja 90-91), quienes declararon en circunstancias de modo, tiempo y lugar, en el sentdio de que desconocían a la sra. E.V. de P. y que les constaba que el señor A.H.C., tenía más de 20 años de ocupar la finca que, posteriormente, fue identificada por todos los Peritos como finca # 44.656, inscrita al tomo 1.066 de Panamá, folio 50. Inclusive, el mismo P. de la parte Demandada reconoció este hecho. También conviene indicar que los Testigos no fueron objetados y por consiguiente su evaluación debió ser como Plena Prueba y no fue así apreciado por el Primer Tribunal Superior de Justicia de Panamá.

Al no analizar estas declaraciones conforme a la sana crítica, ni en conjunto con las demás Pruebas aportadas al proceso, el Tribunal de Segunda Instancia incurrió en ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA, lo cual influyó en lo substancial del pleito y por eso negó la Prescripción solicitada por A.H.C..

CUARTO

El Tribunal Superior no analizó en su conjunto, ni apreció conforme a la sana crítica, los Informes de los Peritos de las partes ni el designado por el Tribunal, ya que de haberlos apreciado fácilmente hubiera determinado en que TODOS CONCLUYERON EN QUE LA FINCA SUJETA A LA INSPECCION ERA LA #44.656, inscrita al tomo 1.066 de Panamá, folio 50, popiedad según el Registro Público, de la sra. ELIA VALDES DE PEFFERS (parte demandada en el presente juicio) y que la misma estaba cercada, con alambres de púas, hecha P. y ocupada con ganado, tal como se puede observar en las fojas 193, 214 y 215 del Expediente, todo lo cual hace presumir, indudablemente, el ANIMUS del dueño.

A foja 204, consta el informe del Perito del Tribunal, Ing. R.R., cédula 8-162-409, quien contestó que el árbol que estaba en la finca ocupada por A.H.C., tenía "15 años o más", término exigido por la Ley para que se dé el fenómeno de la Prescripción.

De foja 208 a 209, consta el Informe del Perito de la PARTE DEMANDADA, Ing. H.M., cédula 2-49-35, quien manifiesta que en la finca # 44.656, había un árbol denominado Panamá, que tenía "de 13 a 15 años", término exigido por la Ley para la Prescripción.

Por lo tanto incurrió en ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA, el Tribunal Superior, lo cual influyó en lo sustancial del Pleito". (Fs. 299-301).

Como consecuencia de los hechos enunciados en los motivos transcritos, el recurrente en casación alega la violación de los artículos 770, 904, 772, 884 y 967 del Código Judicial y 1696 del Código Civil.

Los dos primeros motivos de esta causal de fondo se refieren a la valoración que realizó la sentencia impugnada, de la declaración indagatoria rendida por el señor A.H.C. el 28 de junio de 1993, ante la Personería Municipal de Chepo, por la supuesta comisión de delito de usurpación y daños, en perjuicio de la señora R.V. VALDES DE HERNDON. (Fs. 122-126).

El recurrente sostiene que el Tribunal Superior erró al considerar que el señor HERRERA CARDENAS carecía del "animus de poseer", por el hecho de haber reconocido en dicha declaración que la tierra ocupada por él era propiedad de una supuesta pariente de la denunciante.

Igualmente, afirma que la sentencia reconoció erróneamente que la posesión del demandante sobre la finca Nº 44,656 no había sido pacífica e ininterrumpida, porque no tomó en consideración que se estaba investigando una finca distinta, la Nº 44,682.

La Sala observa que en el presente caso se trata de la prescripción adquisitiva extraordinaria a la que se refiere el artículo 1696 del Código Civil; es decir, de la posesión no interrumpida de inmueble, sin título, por el término de quince años.

Por tanto, esta corporación judicial considera que el hecho de que el recurrente reconociera en la declaración indagatoria que la tierra que estaba ocupando le pertenecía a la demandada, no niegan su "animus de poseer", puesto que tratándose de la posesión necesaria para la prescripción extraordinaria, no se requiere título ni tampoco buena fe.

Tampoco estima que la declaración del recurrente en relación con que su familia fue desalojada de esas tierras en el año de 1977, determine que la posesión no haya sido "pacífica e ininterrumpida", puesto que desde ese momento hasta la presentación de la demanda, habían transcurrido más de los quince años que la ley exige para reconocer la prescripción adquisitiva extraordinaria.

Ahora bien, no obstante lo anterior, es preciso indicar que tanto la doctrina como nuestra legislación dejan claramente establecido que la posesión es una relación material con las cosas, una situación de hecho que implica una relación directa entre el poseedor y la cosa.

Son pertinentes los artículos 422, 423 y 426 del Código Civil, que a la letra dicen:

"Artículo 422. Sólo pueden ser objeto de posesión las cosas y derechos que sean susceptibles de apropiación".

"Artículo 423. La posesión se adquiere por la ocupación material de la cosa o derecho poseído, o por el hecho de quedar éstos sujetos a la acción de nuestra voluntad, o por los actos propios y formalidades legales establecidos para adquirir tal derecho".

"Artículo 426. En ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión legal mientras exista un poseedor que se oponga a ello. El que se crea con acción o derecho para privar a otro de la posesión de una cosa, siempre que el poseedor resista la entrega, deberá solicitar el auxilio de la autoridad competente".

Estas disposiciones legales ponen de manifiesto la necesidad de que exista una relación material o física entre el poseedor y la cosa poseída.

En el caso que nos ocupa, el recurrente alega que la sentencia impugnada tampoco apreció adecuadamente, de acuerdo con los principios de la sana crítica, los testimonios de los señores C.A.C.B., M.A.M., C.O.S. y ORESTE PEREZ HERRERA.

En relación con este cargo la Sala debe manifestar que el Tribunal Superior no se refirió expresamente a la prueba testimonial en la sentencia recurrida ni, tampoco, a los informes rendidos por los peritos de las partes y del tribunal, cuya valoración igualmente ataca el recurrente en el motivo cuarto.

El fallo de segunda instancia se limitó a analizar la declaración indagatoria del señor HERRERA CARDENAS, concluyendo que "... el actor no reúne los requisitos exigidos por la ley substantiva para que opere en su favor la prescripción adquisitiva de dominio, puesto que tanto la posesión como los requisitos de permanencia y de ocupación pacífica, no son suplidos por éste, a fin de que le permitan adquirir la propiedad de la finca Nº 44,656, ..." (F. 251)

No obstante, se procede a analizar las pruebas objetadas, con el propósito de determinar si de ellas se concluye que el señor HERRERA CARDENAS ha prescrito adquisitivamente la finca en litigio.

En cuanto a los testimonios atacados, esta corporación judicial observa que, efectivamente, coinciden en señalar que conocen al recurrente desde hace más de veinte años y que no conocen a la demandada, señora ELIA VALDES DE PEFFERS y que les consta que éste trabaja un área de terreno.

En otras palabras, los testigos concuerdan en que el señor A.H.C. ha ocupado un área de la Finca Nº 44,656 por más de quince años como prescribe el artículo 1696 del Código Civil. Pero, en lo que no existe certeza es en la extensión de terreno que, efectivamente, se encuentra ocupada por dicho señor.

Ahora bien, en relación con los informes rendidos por los peritos como consecuencia de la diligencia de inspección judicial que se practicó como contraprueba, el recurrente sostiene que fueron valorados erróneamente por el Tribunal Superior, ya que "TODOS CONCLUYERON EN QUE LA FINCA SUJETA A LA INSPECCION ERA LA #44.656 ..., y que la misma estaba cercada, con alambres de púas, hecha P. y ocupada con gando, tal como se puede observar en las fojas 193, 214 y 215 del Expediente, todo lo cual hace presumir, indudablemente, el ANIMUS del dueño" Veamos.

En cuanto al informe rendido por el perito de la parte demandante, J.D.C.V.C., consultable a foja 192, la Sala observa que, en efecto, el mismo concluyó que la finca en litigio "está trabajada en su totalidad como potrero, ocupada con ganado vacuno y caballar y además está cercada con alambre de púas de cuatro hilos", por el señor A.H.C..

Por su parte, el perito de la parte demandada, Ing. H.M., (fs. 210-211) arribó a las siguientes conclusiones:

"1º El área total ocupada por A.H.C., que se encuentra dentro de la Finca Nº 44,656 para efectos de su ganado comprende un aproximado de tres (3) hectáreas.

(Nota: El demandante ocupa otras áreas para su ganado que posiblemente sean más extensas pero no se encuentran dentro de la Finca en pleito).

  1. Los árboles que se pudieron observar no tienen edades mayores de aproximadamente ocho (8) años no existen ni árboles frutales, ni siembra agrícolas visibles desde el área hasta donde pudimos llegar.

  2. La caseta construida por APOLONIO HERRERA no se encuentra dentro de la Finca en litigio.

  3. Aunque se observó ganado vacuno no se pudo determinar ni su edad, ni su herraje por lo cual sólo tenemos manifestación del Señor Herrera de que son suyas.

  4. En todo caso el ganado no se ceba por más de tres a cuatro años".

De los informes señalados se colige que aun cuando no existe consenso en relación con el área de la finca que ocupa el señor H.C., ni tampoco en cuanto al tiempo de dicha ocupación, el perito designado por la señora VALDES DE PEFFERS sí reconoce que dicho señor ocupa una parte de la misma, "para efectos de su ganado".

Por su parte, el perito nombrado por el tribunal, Ing. R.G.R., en su informe consultable a foja 205, concluye lo siguiente:

"1- En nuestro recorrido a través de la finca la Isleta, hacia el norte de desembocadura del río Escobalito en el río Escobal, observamos una gran extensión de tierras que actualmente son utilizadas como potreros; Siendo la una de la tarde llegamos a un punto o área que según nuestra apreciación ocular y por la cantidad de tiempo que llevamos cabalgando puede formar parte del área o Globo de terreno que se identifica como A en el plano adjunto, en el cual también observamos más de cien cabezas de ganado propiedad del Sr. A.H.. No obstante, no podemos decir categóricamente si efectivamente el Sr. A.H.C. ocupa y trabaja toda la finca Nº. 44,656 inscrita al tomo 1066 folio 50 de la Provincia de Panamá.

2- No podemos determinar con certeza cuál es el área o porción de la finca Nº 44,656 tomo 1066 folio 50 ocupada y trabajada por el demandante. Tal como mencionamos previamente si tomamos como referencia la intersección de los ríos Escobal y Escobalito y nos desplazamos hacia el norte por más de una hora a caballo y tomando en cuenta las medidas indicadas en el plano, las cuales separan las fincas D, C, B y A, podemos apreciar o estimar, basados en elementos de la naturaleza (Los ríos) que estábamos dentro del área del Globo que se distingue con la letra A, en el plano adjunto.

3- Existe un plano de la Lotificación la Isleta de M. de Chepo (adjunto) el cual contiene información clara y útil para realizar un levantamiento de campo en todo caso, el cual es costoso y tomaría probablemente un mes o más colocar monumentos (mojones) en el Globo A, lo cual nos pone en posición de no poder contestar esta parte de la pregunta. No se observó sembradíos de árboles productivos dentro del área mencionada que llegamos a la una de la tarde, por tanto no puedo mencionar edades; sí observamos más de cien cabezas de ganado propiedad del Sr. A.H.C.". (Subraya la Sala).

Se observa que también en este informe se señalan elementos que comprueban que el recurrente ocupa parte de la finca Nº 44,656, como son la existencia de una gran extensión de tierras utilizadas como potreros y la presencia de más de cien cabezas de ganado pertenecientes al señor HERRERA CARDENAS.

Este punto encuentra su fundamento en el artículo 606 del Código Civil, que señala lo siguiente:

"Artículo 606. La posesión del suelo deberá probarse por hechos positivos, de aquellos a que sólo da derecho el dominio, como el arrendamiento, el corte de madera, la construcción de edificios, la de cerramientos, las plantaciones o sementeras, y otros de igual significación, ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesión".

Por esa razón, el Tribunal Superior incurrió en error de de derecho en la apreciación de la prueba, ya que tanto los testimonios como los informes de los peritos a los cuales se ha referido la Sala, comprueban que el señor A.H.C. ha ocupado, al menos, una porción de la finca en litigio.

Por tanto, el fallo atacado violó los artículos 904 y 967 del Código Judicial, que se refieren a la valoración de los testimonios y de la prueba pericial respectivamente y, como consecuencia de dicha infracción, se violó la norma sustantiva contenida en el artículo 1696 del Código Civil, que regula la figura de la prescripción adquisitiva extraordinaria.

En vista de ello, lo procedente es casar la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia y actuando como tribunal de instancia, con base en lo dispuesto en el artículo 1180 del Código Judicial, dictar una medida para mejor proveer, con el fin de ordenar a la Dirección General de Catastro del Ministerio de Hacienda y Tesoro, que remita informe en el que se incluya un plano del perímetro de la finca Nº 44,656, que describa el terreno ocupado y trabajado por el señor A.H.C..

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 6 de octubre de 1997 y, convertida en Tribunal de Instancia, ORDENA para mejor proveer, oficiar a la Dirección General de Catastro del Ministerio de Hacienda y Tesoro, para que remita informe en el que se incluya un plano del perímetro de la finca Nº 44,656, inscrita al Tomo 1066, Folio 50 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, que contenga la descripción exacta del área que ocupa el señor A.H.C., dentro de dicha finca.

C., N. y C..

(fdo.) J.A.T.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) ELIGIO MARIN

Secretario Encargado

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR