Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 20 de Diciembre de 1996

Ponente:LUIS CERVANTES DÍAZ
Fecha de Resolución:20 de Diciembre de 1996
Emisor:Primera de lo Civil
RESUMEN

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JUAN B. ACOSTA, EN REPRESENTACIÓN DE VÍCTOR SÁNCHEZ Y OTROS, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 30 DE MAYO DE 1996 DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: VÍCTOR SÁNCHEZ Y OTROS VS DÍAZ Y GUARDIA, S. A. Y/O D. G. ARQUITECTOS E INGENIEROS, S. A

 
CONTENIDO

VISTOS:

El licenciado J.B.A., en representación de V.S. y OTROS, ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia de 30 de mayo de 1996, expedida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO que decide la alzada promovida en el litigio laboral existente entre el señor V.S. y otros trabajadores y las empresas DÍAZ y GUARDIA, S. A. y/o D. G. ARQUITECTOS e INGENIEROS, S. A.

La Resolución acusada al decidir la apelación revocó la sentencia Nº 53, de 28 de diciembre de 1995, emitida por el Juez Cuarto Seccional de Trabajo de la Primera Sección, que condenaba a las empresas demandadas al pago de diferencias por monto de TREINTA UN MIL OCHOCIENTOS UN BALBOAS CON VEINTIDÓS CENTÉSIMOS (B/.31,801.22), en concepto de prestaciones laborales, y las absuelve de ambas pretensiones incoadas por los trabajadores.

El presente negocio consiste en una controversia laboral en que los trabajadores demandan la suma de TREINTA MIL VEINTITRÉS BALBOAS CON VEINTISIETE CENTÉSIMOS (B/.30,023.27), en concepto de indemnización y prima de antigüedad, más, gastos, costas y recargos legales, conforme al libelo de la demanda corregida que corre de fojas 102 hasta la 109 inclusive.

La parte demandada no presentó escrito de oposición dentro del término que señala la Ley, dejando precluir dicha etapa procesal sin hacer uso de esa potestad.

La Corte observa que el recurso de casación interpuesto cumple con los requisitos establecidos en los artículos 925 y 926 del Código de Trabajo, por lo que pasa a su análisis.

El casacionista acusa la Resolución impugnada de ser violatoria de los artículos 1, 6, 149 y 226 del Código de Trabajo.

La primera de dichas normas conforme a las modificaciones introducidas por la Ley 44 de 1995, dispone lo siguiente:

"Artículo 1: El presente Código regula las relaciones entre el capital y el trabajo, sobre la base de justicia social concretada en la Constitución Política de la República de Panamá, fijando la protección estatal en beneficio de los trabajadores. El Estado intervendrá para promover el pleno empleo, crear las condiciones necesarias que aseguren a todo trabajador una existencia decorosa y procurar al capital una compensación equitativa por su inversión, en el marco de un clima armonioso de las relaciones laborales que permita el crecimiento de la productividad".

A juicio del casacionista, esta disposición fue violada porque se ha desconocido el derecho que le asiste a los trabajadores de tener una existencia decorosa, pues para el cálculo de la indemnización y de la prima de antigüedad no se les contabilizó el salario promedio percibido durante jornadas ordinarias y extraordinarias efectivamente trabajadas durante los seis meses o treinta días anteriores a la fecha de exigibilidad del derecho, así como tampoco el salario promedio del total de la remuneración percibida durante los últimos cinco años trabajados, para sufragar una y otra prestación, respectivamente (foja 4 del cuadernillo que contiene el recurso).

Con fundamento en lo expuesto, la parte actora asevera que no se le brindó la debida protección estatal a sus patrocinados, la cual no es una dádiva sino una garantía para que se produzca el clima armonioso y objetivo que permita el aumento de la productividad.

La Sala, luego de valorar los argumentos del recurrente y las piezas probatorias que obran en el expediente, estima que la sentencia expedida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO no ha infringido el citado artículo 1 del Código de Trabajo, porque como consta en autos en razón de las dificultades económicas que padecían las empresas demandadas se suspendieron las relaciones de trabajo que aquellas mantenían con los trabajadores y ante el reclamo de las prestaciones que éstos realizaron, luego de varios intentos de conciliación y negociaciones entre las partes ante el Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, se logró un entendimiento del cual surgió un acuerdo celebrado el 21 de febrero de 1991 en el que la patronal se comprometió a hacerle frente a sus obligaciones. La sala observa que durante esas conciliaciones estuvieron presentes, cumpliendo la función que le corresponde tanto el Estado, los trabajadores, representados por sus abogados y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, al igual que la empresa.

Estima la Sala que la Resolución de segunda instancia no es susceptible de ser acusada de ser violatoria de los principios que consagra el artículo 1 del Código copiado, o sea, la justicia social y el principio pro operario, y la compensación adecuada al capital producto de su inversión, ya que el acto jurisdiccional impugnado consideró legítimos, con cierta razón, unos acuerdos celebrados entre los interesados que si bien no son perfectos, lograron en lo que se refiere a la indemnización pedida un pacto que debe ser respetado.

Ciertamente, como bien lo señala el ad quem en la Resolución que se intenta casar, el tema relativo a la indemnización pretendida fue objeto de un acuerdo entre las partes, por lo que "Calcular las prestaciones laborales en la forma en que lo piden los demandantes no es más que desconocer la existencia de unos acuerdos que fueron adoptados de buena fe y a la cual deben pleno cumplimiento, no solo la parte empleadora sino incluso la parte trabajadora, máxime que los mismos no implican la renuncia de un derecho adquirido" (foja 442).

Uno de los puntos en que centra esta controversia consiste en el reclamo de indemnización porque los trabajadores opinan que fueron objeto de un despido injustificado; y sobre el carácter de la indemnización vale recordar que esta S. ha expresado en el pasado que no es un derecho cierto cuando no media despido injustificado o renuncia justificada. Por ejemplo, en sentencia de 29 de julio de 1982, se sostuvo lo siguiente:

"En el presente caso, el convenio celebrado entre las partes se refiere a un solo derecho cierto del trabajador el cual es las vacaciones proporcionales. La indemnización ha dicho la Sala que sólo surge del despido injustificado, y si éste no existe, la falta de su pago no implica renuncia de derechos y por consiguiente en este caso es susceptible de ser negociado entre el empleador y el trabajador, por no ser derecho cierto" (R.A.F.V.O., S. A.).

El acuerdo referido por la sentencia impugnada consta a fojas 28 del Expediente en copia de un Acta fechada el 21 de febrero de 1991 autenticada el 24 de febrero de 1992 y es un mutuo acuerdo permitido por la Ley, suscrito ante las autoridades de trabajo, y en el que tras acordar la terminación de la relación de trabajo existente entre las empresas demandadas y un grupo de 34 trabajadores, la empleadora se obliga mediante la cláusula primera a entregar a cada trabajador que aparece en el listado adjunto, y que acepten el acuerdo, un desglose de sus prestaciones laborales, a saber: vacaciones, décimo tercer mes, prima de antigüedad, indemnización, bonificación por asistencia, aumento convencional (de junio 89 al 3 de enero de 1991), el 50% de los salarios que corren desde el 3 de enero de 1991 al 28 de febrero de 1991 y 6% de cesantía.

A fojas 30 y 31 aparece el nombre y firma de los 34 trabajadores a quienes abarca el citado pacto laboral, o sea: A.Á., H.S., T.R., A.B.P., V.S., A. De León, S.R., N.U., L.G.S., G.E.S.B., A.F., F.V., A.R., A.S., F.A., J.P.P., M.G., I.G., F.V., C.R., V.M.R., F.E.M., L.H., M.M., P.S.V., C.S., J.C., E.R., M.C., A.M.J., B.F., J.C. y A.R., 29 de los cuales son demandantes en el presente proceso, lo cual demuestra su conformidad con lo convenido, y se aprecia que no se dio renuncia de derechos. De fojas 35 hasta la 94 obra los detalles de las liquidaciones hechas a los mencionados trabajadores por la empresa D. G. ARQUITECTOS E INGENIEROS, S. A. en concepto de las prestaciones indicadas en la cláusula primera del mutuo acuerdo, lo cual comprueba que la empleadora cumplió con su obligación de saldar las prestaciones adeudadas como fue acordado.

Las razones anteriores son suficientes para que esta Superioridad comparta el criterio vertido por el Tribunal de segunda instancia, mas sólo en lo que concierne a la indemnización, cuando reseña conforme el artículo 210 del Código de trabajo, que la relación laboral termina por el mutuo consentimiento siempre que se dé por escrito y no conlleve renuncia de derechos, y que en el presente caso debe tenerse presente que al referirse la Ley a derechos adquiridos, "... está haciendo alusión a prestaciones como lo son salarios, vacaciones décimo tercer mes, pero de ninguna manera al pago por ejemplo de indemnizaciones, que solo se da cuando de un despido injustificado o de una renuncia con causa justificada se trata pero nunca en el caso de la terminación de la relación por mutuo acuerdo, por lo que el empleador no está obligado a pagar indemnización alguna". Inmediatamente para reafirmar lo dicho, considera el Tribunal de segunda instancia que:

"El hecho de que a veces aparezca fijado en documentos de esta clase, el acuerdo de pagar una indemnización, es por la sencilla razón de que siendo estos derechos de dudosa y discutible condición bien pueden ser objeto de transacción o acuerdo entre las partes. En consecuencia no siendo esta prestación un derecho irrenunciable mal puede pretenderse que el Juzgado cambie lo acordado por las partes o que el trabajador pretenda alegar que hubo engaño en la liquidación, máxime que con la terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo no existe obligación legal alguna para el pago de la indemnización prevista en el artículo 225 del Código de Trabajo" (Subraya la Sala, foja 439 y 440).

La relación laboral entre las partes terminó a través de un mutuo acuerdo autorizado por la Ley bajo ciertos requisitos. Si la relación de trabajo termina por mutuo acuerdo, existe la posibilidad de que las partes transijan con respecto a la indemnización; y precisamente uno de los puntos convenidos y aceptados por los trabajadores para poner término al vínculo laboral fue reconocerle indemnización a los trabajadores sin ser una obligación natural de la empresa, ya que por la forma como finalizó dicha relación, distinta a un despido sin causa o renuncia justificada, éste no constituía un derecho cierto o adquirido de los trabajadores, de allí que era permitido su negociación, y en tal sentido el cuantum de esa prestación podía oscilar como a bien lo acordaran los interesados. Tampoco consta, pese a que existen indicios en el expediente de los cuales se aprecia que la empresa atravesaba por problemas económicos, que la finalización de la relación de trabajo haya sido por causas económicas, por lo cual hubiese sido aplicable lo dispuesto en el artículo 215 del Código Laboral. Consecuentemente, estima la Sala que hay que atenerse a lo convenido entre las partes sobre la indemnización.

La segunda de las disposiciones del Código de Trabajo que el recurrente estima infringida es el artículo 6, cuyo texto preceptúa:

"Artículo 6. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones de trabajo legales, convencionales o reglamentarias, prevalecerá la disposición o interpretación más favorable al trabajador".

El casacionista, a fin de fundamentar la alegada infracción de la norma, transcribe parte de las motivaciones de la Resolución atacada, y luego cuestiona si estamos ante un acuerdo o una terminación de la relación de trabajo por decisión unilateral del empleador, al considerar que la empresa reconoce el pago de la indemnización a los trabajadores. Igualmente copia extractos de un fallo emitido por esta Corporación de Justicia sobre una "situación dudosa". Al interrogante que formula responde que en el caso discutido estamos en presencia de un despido sin causa justificada porque "de otro modo no se pagaría indemnización", por ello no existe acuerdo alguno y la indemnización y la prima de antigüedad deberán pagarse en atención a los artículos 149 y 226 del Código Laboral; violándose el artículo 6 ut supra al no escogerse la interpretación más favorable al trabajador ante la duda que el actor considera subsistió en el presente asunto.

La Sala disiente de las apreciaciones esgrimidas por el recurrente y se percata que éste no visualiza que, el texto que cita contenido en la sentencia que emitiera esta Superioridad el 30 de junio de 1994 (Marta Guerrero De La Torre Vs Banco Internacional de Costa Rica), el negocio procesal ventilado era un caso de despido injustificado, en los que la indemnización no es un derecho sujeto a la incertidumbre, como señaláramos con anterioridad, todo lo contrario, el despido sin causa en los casos de contrataciones por término indefinido, produce el derecho del trabajador a reclamar una indemnización sin duda alguna a cargo del empleador, si no opta por su reintegro, lo cual no sucede en este asunto porque la terminación de la relación de trabajo entre las empresas ahora demandadas y los trabajadores se produjo a través de un acuerdo conocido como mutuo consentimiento (foja 28), que es una de las formas que prevé el Código de Trabajo para poner fin a la relación obrero- patronal (Art. 210, Numeral 1). A lo anterior hay que añadir la aclaración que la norma que se considera conculcada contiene dos de las manifestaciones o reglas del conocido Principio Tuitivo o Pro operario vigente en el Derecho Laboral, y que recoge nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 74 de la Constitución Política y el artículo 1 del Código de Trabajo. En efecto, dichas reglas del artículo 6 transcrito son la de la "N.M.F." y propiamente el "In Dubio Pro Operario"; la primera cobra eficacia en caso de conflicto o colisión entre dos o más disposiciones de trabajo con categoría de Ley, Convención Colectiva o Reglamento; mientras que la segunda, se refiere a la duda razonable que puede surgir en el ánimo del J. o encargado en su momento de aplicar la norma también de prosapia legal, convencional o reglamentaria, supuesto ante el cual debe acogerse la interpretación que sea más beneficiosa para el trabajador. Aquélla es, pues, una regla de aplicación, mientras que ésta es una regla o criterio hermenéutico.

La Sala considera que en este asunto no se ha producido la violación del artículo citado, puesto que el Juzgador de segunda instancia, según se aprecia de los autos, falló sin abrigar duda sobre la interpretación de las normas aplicables al negocio ventilado, y tampoco se verificó un conflicto normativo, de allí que no hubo lugar a elegir la disposición que resultara más beneficiosa para el trabajador. Consecuentes con lo señalado, se desestima el cargo contra el artículo 6 del Código de Trabajo.

Las dos últimas normas que el actor afirma que fueron violadas por la sentencia de 30 de mayo de 1996, son los artículos 149 y 226 del Código de Trabajo, mismos que copiamos a continuación:

"Artículo 149: Para la determinación del monto de las indemnizaciones y de cualesquiera otras prestaciones que deban pagarse a los trabajadores, se entenderá por salario el promedio percibido durante las jornadas ordinarias y extraordinarias efectivamente trabajadas durante los seis meses o treinta días anteriores a la fecha de la exigibilidad del derecho, según sea más favorable al trabajador".

"Artículo 226. Para la determinación del importe de la prima de antigüedad se entenderá como salario por cada año de servicios prestados por el trabajador el promedio del total de la remuneración percibida por éste durante los últimos cinco años trabajados.

El monto de la indemnización por despido injustificado se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo 149".

El actor asegura con respecto a la primera disposición transcrita que ha sido violada porque la indemnización pagada a los trabajadores no se calculó conforme a lo que ella establece. Afirma que para el cálculo de esta prestación se consideró un período en que los trabajadores no laboraron, "pese a que se le reconoció un 50% del salario regular", y dicha norma es "clara cuando se refiere al salario promedio para el cálculo de la indemnización, como el promedio percibido durante las jornadas ordinarias o extraordinarias efectivamente trabajadas" (foja 8).

En atención a la segunda excerta copiada, la infracción se funda en que la parte actora no tomó en cuenta para el cálculo de la prima de antigüedad, el período comprendido entre el 3 de enero de 1991 y el 28 de febrero de 1991, cuando se pagó el 50% del salario aunque los trabajadores no prestaron servicio en ese lapso, y como la excerta exige que sean considerados para dicho cómputo los cinco últimos años trabajados efectivamente, pese a la concesión de la empresa de sufragar el 50% de salario, ello "no implica que el cálculo debe tomar en cuenta dicho porcentaje del salario, máxime cuando esa concesión o bonificación, como desee llamarle, no obedece a un servicio efectivamente prestado o un trabajo realizado". Además comenta el casacionista que no ha alegado la violación del artículo 8 del Código de Trabajo, que trata de la irrenunciabilidad de derechos, pues el cálculo de la prima de antigüedad y la indemnización sobre la base de un 50% de salario no es consecuencia de ningún acuerdo convenido entre trabajadores y las empresas demandadas, en el que se haya cedido a la empresa el poder de determinar el importe de esas prestaciones, sino que nos encontramos ante un despido injustificado o decisión unilateral de las demandadas para poner término a la relación de trabajo (foja 9).

La Sala considera que le asiste la razón al casacionista al afirmar que la sentencia del ad-quem ha violado los artículos 149 y 226; pero sólo en lo que en ellas se refiere al cómputo de la prima de antigüedad, la cual es un derecho adquirido y como tal no puede ser calculada arbitrariamente sino de acuerdo a lo que señala la Ley.

El artículo 149 está íntimamente ligado al artículo 226 del Código de Trabajo, ya que éste remite al primero, y se refiere al cálculo de las indemnizaciones y cualesquiera otras prestaciones que se adeuden a los trabajadores, operación ante la cual de acuerdo al texto del artículo 149 debe entenderse por "salario el promedio percibido durante las jornadas ordinarias y extraordinarias efectivamente trabajadas durante los seis meses o treinta días anteriores a la exigibilidad del derecho, según sea más favorable al trabajador", y en el presente asunto se calculó una de esas prestaciones, nos referimos a la prima de antigüedad, tomando en cuenta un período que no fue efectivamente laborado y en que únicamente se remuneró a los trabajadores con 50% de salario según lo convenido afectando ese promedio desfavorablemente a los trabajadores. Por ello, la Sala estima que es procedente el cargo contra el artículo 149 aludido.

El artículo 226 citado regula la manera de precisar el monto de la prima de antigüedad; y ésta prestación sí constituye un derecho adquirido cumplidos los requisitos establecidos en la Ley para hacerse acreedor a ella, por lo que el pacto que puso fin a la relación obrero patronal no puede afectarla sin violar la Ley, y así debió reconocerlo en su sentencia el TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. En efecto, sobre este derecho el artículo 224 del Código laboral antes de las reformas introducidas por la Ley 44 de 1995 preceptuaba que a la terminación de todo contrato por tiempo indefinido, cualquiera que sea la causa de terminación, el trabajador tendrá derecho a recibir de su empleador una prima de antigüedad, a razón de una semana de salario por cada año laborado, desde el inicio de la relación, siempre que se trate de servicios continuos por más de diez años con el empleador, sin consideración a la edad del trabajador. Según esta norma para calcular el cuantum en concepto de prima de antigüedad de reputarse como salario "por cada año de servicios prestados por el trabajador el promedio del total de la remuneración percibida por éste durante los últimos cinco años trabajados". El período cuestionado por los trabajadores, que va desde el 3 de enero al 28 de febrero de 1991, no fue laborado; durante ese lapso la empresa reconoce, según se aprecia en autos, que sus obreros no prestaron servicio, y aunque la empresa haya decidido remunerarlo y se convino la terminación de la relación de trabajo el 28 de febrero de 1991, ese lapso, a juicio de la Sala, no puede computarse para determinar la prima de antigüedad adquirida por los demandantes, pues el artículo 226 es claro cuando exige que sean considerados para su cómputo "... los últimos cinco años trabajados", para dentro de ese parámetro obtener una cifra promedio en concepto del derecho de que hablamos, y porque, además, un pacto como el aludido no puede desconocer lo establecido en la Ley en desmedro o disminución de los derechos adquiridos por los trabajadores, lo cual se evidencia ya que en ese período los trabajadores sólo percibieron un 50% de su salario habitual, en consecuencia, procede el cargo de violación analizado, y así debe declararlo este Tribunal Colegiado.

De consiguiente, la Sala Tercera -Laboral- de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 30 de mayo de 1996 emitida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO dentro del litigio laboral: V.S. y OTROS -Vs- DÍAZ y GUARDIA, S. A. y/o D. G. ARQUITECTOS e INGENIEROS, S.A., y ORDENA que la prima de antigüedad a la que tengan derecho los trabajadores demandantes sea contabilizada de acuerdo a lo que establece el Código Laboral en su artículo 226, sin tomar en cuenta el período transcurrido entre el 3 de enero hasta el 28 de febrero de 1991, el cual no fue efectivamente laborado, y se añadan los recargos establecidos en el artículo 169 de la misma excerta y confirma el fallo recurrido en todo lo demás.

Sin costas.

N..

(fdo.) L.C.D.

(fdo.) E.A.

(fdo.) E.M.M.

(fdo.) J.S.

Secretaria