Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 17 de Septiembre de 2018

PonenteAngela Russo de Cedeño
Fecha de Resolución17 de Septiembre de 2018
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

Culminados todos los estadios que son relativos a la tramitación del presente recurso extraordinario, corresponde atender si procede la revisión de la Sentencia No. 27 de 21 de mayo de 2010 proferida por el Juzgado Primero de Circuito Civil de Coclé dentro del proceso sumario de prescripción adquisitiva de dominio promovido por M.L.C. contra M.E.Q.D.G..

El revisionista pretende, en su recurso que fue ordenado a corregir por resolución del 8 de junio de 2016, que se revise la sentencia de primera instancia ya citada, por encontrarse comprobado el numeral 9 del artículo 1204 del Código Judicial.

Concretamente, el soporte fáctico que respalda este medio extraordinario consiste en que la señora M.L.C. presentó en su propio nombre demanda sumaria de prescripción adquisitiva de dominio contra MARIO QUINTERO, que recaía sobre la propiedad No. 792, folio 62, tomo 71RA, del corregimiento de A., provincia de Coclé.

Relata igualmente que en la tramitación del expediente hubo una manifestación de impedimento del Juez Segundo de Circuito Judicial de Coclé, Ramo Civil del 20 de febrero de 2009, según el numeral 11 del artículo 760 del Código Judicial, que posteriormente se declaró legal el precitado impedimento, se separó al juez y se designó a M.B.J. Primera de Circuito de Coclé para que continué con el proceso.

La jueza M.B., a través de Auto No. 318 de 24 de abril de 2009 admite la demanda y expresó que el demandado MARIO QUINTERO es de generales y de paradero desconocido; sin embargo, asegura que esto no es del todo correcto, puesto que a foja 4 del expediente consta la certificación de la propiedad en el Registro Público donde sale su nombre completo y su cédula. Es decir, "existe error inpersonam". Señala que es ampliamente conocido por sus vecinos y por ser del lugar.

El edicto emplazatorio No.49 con el que se pretendió ejecutar su comparecencia en el proceso se encuentra a foja 12 de los antecedentes y en él no se refleja el nombre completo, ni su número de cédula, mucho menos las especificaciones de la finca objeto del proceso de prescripción.

Al no publicar su nombre correcto y su número de identificación el cual reposaba en el certificado de propiedad del Registro Público y solo nombrarlo como M.Q. "estamos hablando de un (sic) persona incierta pues existen varios M.Q., no así M.E.Q. De Gracia, varón, panameño, casado, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 2-81-668". (fs. 112, recurso de revisión corregido)

Estima que en el territorio panameño existen muchas fincas, no así la Finca Número 792, Tomo 71, Folio 62, de la sección de la propiedad provincia de Coclé. Esta situación atenta contra la igualdad procesal de las partes y atenta contra la lealtad procesal contemplada en el artículo 469 del Código Judicial.

En resumen, argumenta que se conculca el numeral 9 del artículo 1204 del Código Judicial, pues la falta de notificación radicó en no expresar su nombre completo, su número de cédula, tampoco las especificaciones de la propiedad que se demandaba en el proceso; por lo tanto, la persona demandada como la propiedad son inciertas.

Destaca que al remitir la sentencia del proceso de prescripción al Registro Público se menciona el nombre completo del demandado y las generales de la propiedad, ya que sin estos datos no se podía inscribir, mas se pregunta por qué estos datos, no se pudieron colocar en el edicto emplazatorio.

Fijada la fianza y la correspondiente cancelación el recurso se ordenó a corregir en resolución del 8 de junio de 2016, siendo aportada su corrección en escrito con fecha 22 de junio de 2016 y su admisión definitiva en decisión de 26 de septiembre de 2016 (fs. 119)

Realizado el traslado la contra parte M.L.C. fue representada por la firma forense MALDONADO, NARVAEZ & ASOCIADOS. En su contestación a la revisión planteada sostiene que el recurso está prescrito y debe ser infundado.

Explica que la señora M.L.C. actuando en su propio nombre interpuso proceso sumario de prescripción adquisitiva donde hubo una valoración probatoria, pericial y documental. La parte recurrente, arguye, ha obviado toda la consideración que exponga la circunstancia por la que supuestamente, no pudo comparecer al proceso y aportar sus descargos y elementos que caracteriza como decisivos.

Asegura, que los elementos de prueba que refiere la parte, sí fueron incorporados en el proceso y el juzgador tuvo la ocasión para evaluar las pruebas.

Su excepción de prescripción la fundamenta de la siguiente manera:

El recurso de revisión fue interpuesto en la Sala el 20 de enero de 2016; la Sentencia No. 27 de 21 de mayo de 2010 está debidamente ejecutoriada desde el 28 de mayo de 2010, cuando fue notificada al defensor de ausente.

La causal invocada está consagrada en el numeral 9 del artículo 1204 del Código Judicial. Consiste de acuerdo con el revisionista en la falta de notificación o emplazamiento. Esta actividad, a su juicio, se realizó por las publicaciones en un diario de la localidad los días 11, 12, 13, 14 y 15 de julio de 2009.

Comenta, que desde que se configuró la supuesta causal transcurrió más de cinco años; en consecuencia, el recurso está prescrito de acuerdo con el artículo 1225 del Código Judicial y más si se toma en consideración que el artículo 1207 de este mismo cuerpo normativo dispone que, no puede interponerse un recurso de revisión después de dos años desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia o auto.

Insiste en que la petición del revisionista está prescrita, pues el señor MARIO E.Q. DE GRACIA fundamenta su recurso en que la señora M.L.C. "supuestamente declaró falsamente desconocer las generales y paradero del demandado MARIO QUINTERO", con lo cual se debe declarar probada la excepción de prescripción de acuerdo con el artículo 1016 del Código Judicial.

Indica que el principio de preclusión está en nuestro ordenamiento civil en los artículos 517, 685 y 1018 del Código Judicial. Estos artículos sirven de pivote a este principio que muestra cómo culmina el proceso y la conclusión al derecho de reclamar. Principio que deviene del derecho romano canónico y que por su efecto adquiere el carácter firme los actos cumplidos dentro del periodo o sección pertinente y se extinguen las facultades procesales que no se ejercieron durante su transcurso.

Presentadas las posturas, arribó el acto de audiencia donde las partes que conforman este recurso esgrimieron sus posiciones, no sin antes haber manifestado a los miembros de la Sala que, no había posibilidad de advenimiento.

En la audiencia, nuevamente, se plantea la excepción en los términos antes descritos. El apoderado de la parte revisionista se opone a la excepción interpuesta, porque en el expediente aunque en la certificación del registro público consta cuál es su nombre completo y el número de cédula, ese hecho jurídico fue obviado y se realizaron los edictos sin número de cédula, ni el nombre completo; que en los edictos tampoco se reseña cuál es la propiedad que se prescribe "entonces no sabemos contra que es lo que se está prescribiendo, por lo menos si mi representado ve en un periódico el número de finca él diría esta es mi finca o el número de cédula efectivamente voy allá ¿cuándo es que él se da cuenta? Cuando él va hacer la transacción con la finca y es enseguida que recurre a estos tribunales". (160-161) No hubo principio de publicidad.

Reitera que "nuestro representado se notifica inmediatamente que conoce que su finca ha sido inscrita a otra persona y recurre a este tribunal" (fs. 162). "Es evidente que no se cumplió con todo lo que manda una notificación, porque la notificación tiene un objetivo, el objetivo de la notificación es dar a conocer en primer lugar, a quien se demanda, en segundo lugar para el caso de la prescripción adquisitiva cual (sic) sería la finca que se está prescribiendo; no existe dentro del expediente una justificación para decir que no sabíamos cual (sic) era la finca al momento de poner el edicto, ni tampoco decir que no sabíamos cual (sic) es el nombre o número de cédula completo de nuestro representado.". (fs. 163)

Comenta que los edictos emplazatorios continuaron con la falta de información y que el defensor de ausente arribó al proceso y se notifica a favor de M.Q. de generales y paraderos desconocidos. Que M.Q. hay muchos "pero tiene un número de cédula, precisamente es lo que nos diferencia, ese número de cédula que no se puso al momento de la notificación, es lo que nos llama la atención porque se obvió". (fs. 163)

Subraya que la actora en el proceso de prescripción es abogada y es conocida; además ha sido auxiliar en la administración de justicia. Que esta persona tiene antecedentes de mala fe, dado que ha contribuido a la Corte y con otros procesos en los juzgados, que ha sido depositaria judicial y que existen antecedentes, que hacen pensar que obró de mala fe. (fs. 164)

En su discurso continua, explicando que su nombre completo y su número de cédula aparecen en el proceso y que solo son necesarios, cuando ya se iba a inscribir la Sentencia en el Registro Público, tal como puede comprobarse. "El hecho que un acto salga de una autoridad judicial no quiere decir que algunas veces ese acto tenga validez, porque si no se ha seguido el procedimiento entonces es ilegal y todo lo que sigue después de esto es ilegal". (fs. 165)

En su segunda intervención el revisionista precisó que en ningún momento se ha referido en la audiencia que el revisionista estuvo mal representado, lo que se ha dicho es que "él nunca estuvo representado. Tampoco hemos dicho que fue mal notificado, estamos diciendo que nunca se le notificó y la prueba es lo que ya hemos aportado, el artículo 1016 del Código Judicial dice..., es cuando no conoce el paradero, pero la intensión del legislador no era dejar en indefensión a las personas, la intención del legislador era cuando no se conocía el paradero, pero tenemos que especificar quién es efectivamente la persona". (fs. 169)

Sobre el cómputo del plazo para interponer el recurso ripostó que: "el artículo 1206 del Código Judicial dice... Nuestro representado recobra los documentos de todo el proceso cuando se entera, cuando va a vender su finca y aparece que es otro el dueño, a partir de ese momento es que empieza a contar el año e inmediatamente, una vez recuperado sus documentos y viendo que se cumplen las condiciones para fundamentar que efectivamente la revisión tiene cabida, es que procede a este Tribunal, por lo tanto, el término empieza a correr de ese momento y no cuando el engaño ha surtido todo el efecto que se quería, no, así no funciona la ley, la ley dice que hay normas constitucionales y normas de derechos humanos que tienen que ser respetadas, una de las normas esenciales de todo proceso es el derecho de publicidad que en este caso no se cumplió, el derecho de defensa que tampoco se cumplió y si nosotros vamos a los requisitos de los poderes también nos damos cuenta que uno de los requisitos del poder es que tiene que decir las generales de la persona que nosotros representamos, entonces yo digo, cómo es que el abogado de ausente tampoco presenta el número de cédula de mi representado, ¿A qué M.Q. representaba él? Es la pregunta, si él dice de generales desconocidas, entonces yo me pregunto qué clase de defensa es esa, efectivamente tuvo mi representado una defensa.". (fs. 170)

La Sala le dio la palabra al apoderado quien representa los intereses de la parte opositora, quien manifestó que más allá de lo que se desea alegar hoy que no se puso la cédula, la señora M.L.C., su representada, presentó en su demanda las pruebas que requiere ese proceso; que los vecinos no conocen al señor M.E.Q.D.G., que se cumplió con los edictos, las publicaciones, que ella juró desconocer su paradero, que no había objeción a ello. No le daba camino al juez de la primera instancia, arribar a otra conclusión.

Menciona que si fuera el propietario de esa finca, M.E.Q. DE GRACIA fuera al mes mínimamente, a los días, a la semana o al fin de semana, que si ve que hay construcciones, que se está trabajando, tuviera conocimiento.

Concluye el apoderado judicial de la señora M.L.C. que, el revisionista todo el tiempo señala que "fue mal notificado y mal representado", pero él "no se apersonó al tribunal durante un año, durante dos años, durante tres años, sino que llega a este tribunal después de seis años y es por ello que nosotros revisando las normas de procedimientos encontramos el artículo 1204 del Código Judicial...explicando que el término para recurrir es el mandado por la ley, no puedo decir que hoy me enteré, hoy quiero recurrir. La ley dispone en qué tiempo se debe recurrir en este caso, máximo eran tres años para recurrir la sentencia porque había sido defendido por un defensor de ausente, el artículo 1225 del Código Judicial" (fs. 167)

Continúa en su discurso expresando que hay fotos que corroboran los mantenimientos al predio, se hizo una calle, una cerca, hay mejoras que determinan la presencia de la demandada en el lugar. El Código Civil y Judicial permite al propietario del inmueble reivindicar el bien y no es por la vía del recurso de revisión. "Para nosotros la ley dice que se jure desconocer el paradero, más en estos tipos de procesos de prescripción porque causalmente han pasado quince años que la persona está ubicada en el lugar, está ocupando, está poseyendo el lugar, todos los vecinos son conscientes de que el propietario de esa finca es M.C.. (fs. 168)

Cierra su excepción al plantear que han pasado 22 años, que incluyen los quince que se necesitan para declarar la prescripción y los seis años después de emitida la sentencia, que el demandado no ha empleado ese lapso para reclamar la propiedad discutida.

En su segunda intervención advierte el plazo consignado en el artículo 1207 del Código Judicial, transcurrido de dos años a la fecha de ejecutoria de la sentencia o auto. Por ende, de acuerdo con el apoderado judicial de la señora M.L.C. el 25 de mayo de 2012 según el artículo 1207 del Código Judicial quedó ejecutoriada, no cabía recurso de revisión para después de esa fecha. También está el artículo 1225 del Código Judicial.

DECISIÓN DE LA SALA

En síntesis, la causal alegada es la del numeral 9 del artículo 1204 del Código Judicial, concerniente a la falta de comparecencia de una de las partes afectadas con la resolución recurrida, en el proceso cursado.

El motivo noveno, está relacionado con los artículos 754 y 1940 del Código Judicial, donde se define lo que debe tenerse como parte y la ordenanza de cómo puede plantearse el recurso ante la ausencia de notificación o emplazamiento en el proceso.

Ahora bien, el artículo 754 precepto que regula la indebida notificación como una de las nulidades que se encuentra en el proceso, posee de soporte ciertos principios que deben coexistir en su declaratoria como lo son, el de taxatividad y la especificidad; es decir, que la nulidad esté debidamente descrita en la ley; además, ser trascendente, que implica que a pesar de su infracción, la lesión debe ser tal, que vulnere las garantías procesales de la parte que la alega.

Con lo dictado esta Judicatura deja sentado que son irrelevantes las condiciones sustantivas y probatorias proferidas en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio. En otros términos, en el recurso de revisión no se discutirán ni mucho menos calificará los hechos jurídicos demostrados o no sobre la prescripción de la finca reclamada por la demandada. Las afirmaciones sobre si la demandante mantenía el fundo o si el demandante no ostentó el dominio carecen de importancia en el examen de este recurso extraordinario.

La causa presentada por las partes supera en creces los diversos casos de revisión relacionados con una indebida o nula notificación o su consecuente emplazamiento. Vale decir, que el recurso interpuesto es excepcional por las circunstancias narradas por las partes.

En esa dirección, la Sala advierte que es un hecho jurídicamente relevante, que MARIO QUINTERO, no es MARIO E.Q. DE GRACIA. Son dos nombres completamente diferentes. Ello es, porque el nombre legal del revisionista es M.E.Q. DE GRACIA y su cédula es No. 2-81-668.

El nombre legal de M.E.Q.D.G. de acuerdo con la ley de Registro Civil es aquel con el cual se inscribió, cuando se elaboró el acta de inscripción de su nacimiento y es el que usa para distinguirse ante las personas y las autoridades.

No podría decirse que MARIO QUINTERO a secas; persona citada en la demanda de prescripción, que interpuso la licenciada M.L.C. sea MARIO E.Q.D.G., sujeto que presenta la revisión, toda vez que no consta en la demanda de prescripción la cédula de identidad personal de MARIO QUINTERO como lo ordena el numeral 3 del artículo 665 del Código Judicial, para inferir que se trata del revisionista o que sea, entonces, su nombre usual de conformidad con el artículo 117 del texto único de la Ley 31 de 25 de julio de 2006.

Lo colegido es a pesar de que a foja 4 del expediente de prescripción consta el nombre completo del revisionista, su cédula y la identificación de que es propietario de la propiedad que se pretende prescribir, documento que la demandada en este recurso de revisión aportó con su demanda en el proceso principal. A este hecho nos referiremos más adelante.

El artículo 19 de la Ley 68 de 2015 que norma la Dirección Nacional de Cedulación y regula la expedición de los documentos de identidad personal establece:

"Artículo 19. La cédula de identidad personal que deben portar los panameños mayores de edad es indispensable para:

  1. I. ante las autoridades.

  2. Ejercer el sufragio.

  3. Tomar posesión de cargos públicos.

  4. Celebrar contratos de cualquier naturaleza.

  5. Obtener o renovar pasaporte, licencia de conducir, Registro Único del Contribuyente y cualquier otro documento de naturaleza similar.

  6. Recibir pagos o giros del Estado, de los municipios o de instituciones autónomas.

  7. Realizar operaciones bancarias.

  8. Solicitar inscripciones en los registros del estado civil de las personas, salvo las excepciones que establece la Ley del Registro Civil, para la inscripción de hechos vitales y reconocimiento de paternidad.

  9. Concurrir ante notario público.

  10. Contraer matrimonio civil, salvo el caso de que se realice en peligro de muerte.

  11. Iniciar acción judicial y realizar cualquiera otra gestión ante los tribunales de justicia y demás organismos estatales regionales y municipales.

  12. Realizar cualquiera otra diligencia u operación en la que se deba acreditar la identificación personal." (R. es de la Sala)

Asimismo, el artículo 18 de esta misma norma dispone también:

"El número de la cédula de identidad personal deberá ser incorporado obligatoriamente al pasaporte, a la licencia de conducir y al Registro Único de Contribuyente de persona natural que utiliza el Ministerio de Economía y Finanzas, así como a cualquier otro tipo de carné expedido por cualquiera otra institución pública". (R. es de la Sala)

Tales preceptos están en armonía con otros del ordenamiento jurídico, entre estos, el artículo 1744 del Código Civil que dispone que en los instrumentos que se otorguen cosas y cantidades deben estar determinados de manera inequívoca el nombre y apellido, domicilio de la persona a quien se le otorga un derecho. Es por tanto, que en el Registro Público el número de cédula de un propietario aparece en esa entidad.

La cédula de identidad personal cumple un propósito de individualizar a la persona, nos hace únicos; además de nuestro nombre inscrito en el Registro Civil, corresponde otra manera de identificarnos. Esta información: nombre completo y cédula de identidad personal estaba a la mano de la demandante.

El artículo 18 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene el derecho a un nombre. El derecho a un nombre conforma a su vez el derecho a una identidad.

M.B. en sus comentarios sobre el artículo 18 de la Convención Americana de Derechos Humanos señaló en cuanto a naturaleza jurídica del nombre que existen cuatro teorías, donde las más importantes son:

"El nombre como un derecho de la personalidad. Según esta teoría el nombre es un derecho de la personalidad de todo hombre y su honra está íntimamente vinculado a él.

El nombre como una institución de la policía civil. De acuerdo con esta teoría, el nombre sirve para la identificación de las personas; de ahí su inmutabilidad que se apoyaría en razones de seguridad social y seguridad ciudadana. Conforme a esta concepción restrictiva, el derecho al nombre no existiría sino que se trataría de una reglamentación administrativa para procurar la identificación de los individuos.

El nombre como derecho de la personalidad cuanto una institución de policía civil. Según esta teoría si sólo se concibiera al nombre como un derecho de la personalidad se desconociera el interés social que implica; en tanto, si sólo se lo reconociera como una institución de policía civil se desconocería uno de los derechos más íntimamente vinculados a la personalidad humana. Esta parecería ser la postura que prevalece en el derecho moderno, según la cual la naturaleza jurídica del nombre estaría dada por la confluencia de estos dos enfoques". (fs. 433, "Comentarios a la Convención Americana de Derechos Humanos", C.S. y P.U. (editores), 2014)

Las normas del Registro Civil y de la Cedulación siguen la tercera postura, ya que el nombre corresponde un derecho de la personalidad inherente a toda persona inscrita y es una institución de policía civil por cuanto que nos identifica, personifica y nos hace diferentes del resto, para asuntos oficiales y particulares.

M.B. explica que una de las características del nombre es que "individualiza e identifica personas. En ese sentido, dada la importancia trascendental del nombre se le atribuyen numerosas características, entre ellas las de: obligatoriedad: la necesidad de individualización de la persona exige necesariamente su identificación a través de un nombre; inmutabilidad: en razón de la función que desempeña, el nombre no se puede cambiar salvo casos excepcionales, ya que tiende a proteger los derechos individuales de las personas y de la sociedad y además trata de dar seguridad en la identificación de las personas." Otras características son la inalienabilidad, su no transmisión y su imprescriptibilidad. (fs. 433, op.cit.)

De todas sus generales, al menos el número de cédula de M.E.Q.D.G., no podía ser desconocido, porque acompañó su demanda con el certificado de Registro Público que la tenía, pero aun así no expuso su cédula en la demanda dirigiendo su pretensión a una persona indeterminada.

Esta pesquisa no podía ser ignorada; por cuanto que el nombre completo y la cédula del individuo constan en documentos públicos cada vez que una persona, según el numeral 11 del artículo 19 de la Ley 68 de 2015 inicie un trámite ante la autoridad competente.

Cada momento que debamos realizar un trámite y se nos requiere nuestra identificación, dicha información permanece en las oficinas públicas.

Lo anotado es trascendente, puesto que aunque los edictos emplazatorios hayan sido publicados conforme al trámite impuesto por el artículo 1016; es decir, por el plazo de 5 días y que el demandado en el proceso de prescripción fue defendido por un defensor de ausente. Lo cierto es que no se puede afirmar que MARIO QUINTERO es M.E.Q.D.G. con cédula No. 2-81-668 y por consiguiente, es inconsistente aseverar categóricamente que el revisionista fue representado por un defensor de ausente.

De ahí que el artículo 1225 del Código Judicial, no puede aplicarse a la situación expuesta, porque el revisionista M.E.Q.D.G. o MARIO ENRIQUE que es su nombre legal, no fue "representado por defensor de ausente" como lo ampara el precepto jurídico, sino MARIO QUINTERO de quien se desconoce su número de cédula y de quien la demandante la licenciada M.L.C. con su experiencia como abogada litigante y auxiliar judicial no tomó en cuenta, cuando presentó su demanda, retiró los edictos y presentó las publicaciones.

Reitera la Sala, que la persona MARIO QUINTERO no es MARIO E.Q. DE GRACIA o MARIO ENRIQUE, por la inconsistencia del nombre y la falta de cédula de identidad personal en la demanda admitida.

Para esta Sala la identidad de una persona es un aspecto importante dado que con ello se desprenden derechos y cargas que pueden ser reclamados o extinguidos por quienes consideran que le pertenecen.

Continuando con esta misma línea de pensamiento, la prescripción del artículo 1016 del Código Judicial alegada por el apoderado judicial de M.L.C. está conexa a un escenario particular. Para un mejor estudio lo presentaremos a continuación:

"...Si el demandado se presentare antes de terminado el proceso, podrá promover incidente de nulidad, presentando prueba de que el demandante sí conocía su paradero al momento de la presentación de la demanda, en cuyo caso se decretará la nulidad y se enviará copia de lo conducente al Ministerio Público para efectos de que promueva la acción penal a que haya lugar.

Si el proceso se encuentra terminado, el demandado podrá pedir su nulidad en proceso sumario aparte o mediante Recurso de Revisión, donde deberá probar la circunstancia a que se refiere el inciso anterior. Esta acción prescribirá en el curso de un año, a partir de la ejecutoria de la sentencia". (Negritas de la Sala Civil)

De la norma podemos extraer que el plazo de un año que consigna el artículo 1016 del Código Judicial tiene como supuesto de hecho, la afirmación que el demandante conocía el paradero del demandado, cuando presentó la demanda. La norma se subsume, cuando culminado el primer proceso esta aseveración se sostenga por el demandado en un recurso de revisión.

En este expediente y específicamente en la audiencia se ha dejado claro que el revisionista ha reseñado que él no fue notificado, no fue emplazado; por lo tanto no fue representado por defensor de ausente, ya que no fue determinado en el edicto, ni en la demanda (Ver foja 114 hecho octavo recurso corregido, fs. 160-169 de la audiencia); por consiguiente, esta prescripción no le es aplicable, por cuanto que el revisionista no está afirmando que la señora M.L.C. conocía el paradero de él y que aun así, juró desconocerlo, sino que sus generales, su cédula más bien estaban en su poder y no las presentó en la demanda.

Ahora bien, la defensa de la señora M.L.C. ha planteado el artículo 1207 como aplicable al negocio bajo escrutinio como tercera razón para concluir que el recurso de revisión está prescrito, puesto que han transcurrido más de dos años desde la fecha de ejecutoria de la sentencia de un proceso en el que la parte demandada, no fue plenamente determinada durante la etapa de cognición del proceso.

En el expediente a fojas 87 a 92 está la Sentencia No. 27 de 21 de mayo de 2010, donde antes de una prueba de oficio se precisan datos de la propiedad y donde llama la atención, que el nombre del revisionista está completo.

El artículo 467 del Código Judicial se encuentra dentro de la primera parte del libro primero que consagra los principios en los que debe desarrollarse el proceso civil.

El precepto citado describe que el juez hará uso de sus facultades para "rechazar cualquier solicitud o acto"; esto es, cualquier petición de la parte o actuación propia que implique un litigio ineficaz o cuando se convenza que una de las partes se sirva del proceso "para perseguir un fin prohibido por la ley". El principio anotado es el principio general del derecho de la inaplicabilidad de los actos en fraude de ley, desarrollado en el Código Civil español y que nuestro legislador lo adopta dentro del proceso civil en los artículos 467 y en la Ley de Carrera Judicial.

El artículo 467 del Código Judicial tiene correlación con el 119 de la Ley 53 de 2015 que consagra la Ley de Carrera Judicial donde le asigna el deber a los magistrados y jueces en su numeral octavo: "Prevenir, remediar y sancionar", "los actos contrarios" a la "buena de fe", "dignidad", "lealtad de la justicia" y "de fraude procesal, que pretendan obtener fines prohibidos en la ley o de actos procesales irregulares".

La aplicabilidad del artículo 1207 del Código judicial a un acto procesal irregular de donde el demandado, tan si quiera está identificado y que solamente lo fue para anotar la decisión en el Registro Público, asigna un resultado jurídico que el ordenamiento jurídico no consagró, cuando se diseñó el recurso de revisión. El recurso de revisión se creó para que ante graves nulidades, fraudes o situaciones jurídicas que conculquen el derecho de defensa y acceso a la justicia, sea limitada la cosa juzgada.

Aunque la seguridad jurídica es el principio que otorga la creación de plazos para el reclamo de derechos u obligaciones, es imperante afirmar que los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se consideran ejecutados en fraude de la ley procesal.

Una sentencia ejecutoriada que se emitió sin que el demandado estuviese plenamente reconocido por causa de la propia demandante, no puede ser elegida como un elemento para computar el plazo de prescripción en su contra. En otros términos, no puede calcularse la prescripción del artículo 1207 del Código Judicial a partir de la ejecutoria de una decisión, donde se le notificó a un defensor de ausente que no representó al revisionista.

A pesar de que este acto jurisdiccional reviste de una aparente legalidad: fue notificada a un defensor de ausente y se dio luego de un plazo probatorio y un supuesto contradictorio. El acto jurisdiccional bajo apariencia de ley y que está al amparo del artículo 1207 del Código Judicial, que se pretende que esta Colegiatura aplique, daría lugar a desconocer preceptos jurídicos de igual valor dentro del ordenamiento jurídico y que también poseen respaldo constitucional como lo son: derecho de defensa, a una tutela judicial efectiva (artículo 464), infracción en la identificación del demandado en el proceso civil (artículo 665 numeral 3) y al reconocimiento de los derechos sustantivos de las partes (artículo 469).

Emplear el artículo 1207 del Código Judicial para la solución de la presente controversia es permitir un resultado prohibido por la ley; esto es, extender los efectos jurídicos de una situación jurídica irregular, que no le alcanza al revisionista; por cuanto que éste no fue individualizado en la demanda de prescripción y cuya defensa, no puede decirse que le fue concedida.

Señalar que está prescrito su derecho conforme el artículo 1207 del Código Judicial es elevar el principio de seguridad jurídica en detrimento de otros derechos de rango constitucional como el derecho a la propiedad privada, derecho a la defensa, derecho a ser juzgado conforme a los trámites legales y el derecho al nombre a una identidad (artículo 18 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Gelman Vs. Uruguay, sentencia de 24 de febrero de 2011, serie C No. 211 párr. 122 señaló:

"... el derecho a la identidad puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso". (R. de la Sala)

En la causa que se ventila, el derecho a la identidad que le fue vedado al revisionista fue en quebranto del acceso a un debido proceso y sus subsiguientes derechos. La Sala de acuerdo con la facultad y el deber permitido en el artículo 119 de la Ley 53 de 2015 y en el artículo 467 del Código Judicial debe realizar alguno de los verbos rectores de estos preceptos: prevenir, rechazar y remediar esta irregularidad procesal y esto se traduce en dejar de aplicar este precepto jurídico e interpretar el 1206 del Código Judicial conforme a las circunstancias extraordinarias que posee este recurso.

El 1206 de nuestra norma de procesos civiles establece que el plazo para interponer el recurso de revisión se contará desde cuando se descubra el fraude. En este caso el fraude de ley se verificó, cuando el revisionista fue a vender su inmueble y se percató que en el Registro Público, el predio no le pertenecía, en consecuencia, está dentro del año que invoca este precepto jurídico.

En síntesis, la excepción de prescripción formulada en este medio extraordinario será desestimada; por lo que se atenderá la causal invocada.

Tanto la parte opositora como la parte revisionista han dirigido sus afirmaciones al hecho que referimos en páginas previas, respecto a que el nombre completo del revisionista está a página 4 del expediente de prescripción con su cédula y la identificación de que es propietario de la propiedad. Documento que la demandada en este recurso de revisión aportó con su demanda, sin embargo, da para preguntarse hasta qué punto es responsabilidad de la parte ubicar todas las referencias posibles, para emplazar al demandado.

El artículo 1016 del Código Judicial comienza con la siguiente premisa: "cuando la parte demandante manifestare no conocer el paradero del demandado... lo hará saber al tribunal". Esta afirmación conlleva una gran consecuencia: el emplazamiento por edicto, del cual si no hace correctamente o se parte de una falsedad u omisión, acarrearía una indefensión para la parte afectada, pues sería asistida por un defensor de ausente que posee limitaciones en su actuar establecidas por la ley.

De ahí, que es primordial realizar una debida diligencia en la búsqueda de toda la información posible sobre el paradero del demandado, pues al reconocer que se ignora cómo puede ser hallado conlleva la carga, que se realiza bajo la gravedad de juramento. Esta norma está relacionada con el artículo 215 numeral 1 del Código Judicial: proceder con lealtad y buena fe en los actos. Artículo que es conexo con el 467 y 216 de este mismo cuerpo normativo.

En este caso, el problema fue más allá de ignorar el paradero del demandado por esto es que esta causa supera en exceso la jurisprudencia referente al tema. La demandante, abogada con suma experiencia, teniendo la información del nombre completo y cédula del actor, no la presentó con su demanda, no solicitó corregir los edictos y solamente al final es que se define algo tan importante, como la identificación del demandado.

Paralelo a ello, cómo puede afirmarse que se desconoce el paradero del demandado sin siquiera haber investigado, correctamente, al propietario de la finca, máxime cuando sus referencias resultan valiosas para el que prescribe, ya que a partir de ahí diseñará su estrategia sobre cómo esgrimirá su pretensión.

La información es sumamente accesible, pues devine del artículo 60 del Decreto Ejecutivo 106 de 1999, que modificó el Artículo 2 de Decreto Ejecutivo No. 31 de 29 de marzo de 1978 que dice así:

"Artículo 2. El Cerfiticador/a Expedirá y el jefe/a certificador/a firmará sin pérdida de tiempo bajo su responsabilidad y por su orden correspondiente, las certificaciones que se soliciten, las cuales se extenderán haciendo una relación de lo que consta en los asientos o transcribiendo dicho asiento literalmente, según lo desee el interesado, siempre que se acompañe la prueba de que se han pagado los derechos respectivos. Se hará constar dichas certificaciones la hora, lugar y fecha precisa de expedición y la referencia del número de recibo de la solicitud o distintivo de la nota en que se solicite oficialmente...". (Lo subrayado es de la Sala)

En el peor de los supuestos, esta entidad certificaría carecer de ella y ahí podría entonces ser plausible señalar, que no se conoce si quiera las generales del demandado. La letrada no procedió con la debida responsabilidad y diligencia que ameritaba el caso.

Identificar apropiadamente los hechos, es parte de una debida preparación para el proceso, que todo letrado conoce y debe hacer.

Continuando con lo anterior, tenemos que la falta de notificación al demandado de la providencia que acoge la demanda y ordena su traslado se erige como causal de nulidad procesal según lo dispuesto en el artículo 733, numeral 4, del Código Judicial que podrá recurrirse mediante revisión, tal como lo prescribe el artículo 754 del Código Judicial.

"ARTÍCULO 754. La parte indebidamente representada o que no fue legalmente notificada o emplazada, podrá pedir la nulidad mediante Recurso de Revisión.

La nulidad originada en la sentencia que ponga fin al proceso y contra la cual no proceda recurso podrá pedirse también en la oportunidad y forma consagrada en el párrafo anterior.

En cualquiera de estos casos, la Corte se limitará a decidir respecto a la nulidad de la actuación, a disponer el trámite que corresponda, y a condenar a favor de la parte que obtuvo la anulación a que la otra le indemnice los perjuicios que hayan sobrevenido por la nulidad, si ésta hubiese dado lugar a ella.

En estos casos la Corte no dictará sentencia de fondo".

Como vemos, la causal de indebida representación, falta de notificación o emplazamiento ha sido instituida para reparar el derecho de defensa en virtud del adelantamiento de un proceso a espaldas de quien ha debido participar en el mismo y así brindársele la oportunidad de ser escuchado y ejercer sus derechos procesales.

En este proceso la causal está demostrada de manera fehaciente, ya que en la demanda presentada no fue dirigida a MARIO E.Q.D.G., sino a MARIO QUINTERO y el primer nombre solamente fue importante para asegurarse de cumplir los efectos jurídicos de la sentencia, lo cual es inadmisible. El revisionista no fue notificado, ni mucho menos emplazado, configurándose la causal novena del artículo 1204 del Código Judicial.

Sin embargo, en este recurso no se asignarán las consecuencias jurídicas del artículo 1016 del Código Judicial relativas a enviar las actuaciones al Ministerio Público, dado que la fundamentación del recurso radicó en la indeterminación de la persona y no se fundamentó en demostrar que el paradero del revisionista era conocido por la letrada.

Por otra parte, a foja 144 del expediente consta oficio del Registro Público que informa a la Sala que la propiedad objeto de la demanda de prescripción, no la ostenta la licenciada M.L.C.. Este elemento incide en la actividad que ordena el artículo 754 y el 746 del Código Judicial sobre retrotraer la controversia planteada, ya que no podrá realizarse.

Además, el revisionista no ha demandado la condena de daños y perjuicios causados, de modo que lo que procede es declarar fundado el recurso, según el 1218 del Código Judicial, la anulación de aquellas actuaciones, la devolución de la fianza (artículo 1211 del Código Judicial) y la condena en costas a la parte vencida de acuerdo con el artículo 1076 del Código Judicial.

Por las consideraciones expuestas, LA SALA PRIMERA DE LO CIVIL, DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: DESESTIMA la excepción de prescripción alegada por M.L.C. en este recurso y DECLARA FUNDADO el Recurso de Revisión presentado por M.E.Q.D.G. contra la Sentencia No. 27 de 21 de mayo de 2010 dictada por el Juzgado Primero de Circuito de Coclé, Ramo Civil en el Proceso Ordinario instaurado por M.L.C. contra M.E.Q.D.G..

Por consiguiente, ORDENA:

PRIMERO

ANULAR TODO LO ACTUADO dentro del presente proceso ordinario a partir del folio 10, que trajo como resultado la falta de notificación al demandado en el proceso de prescripción.

SEGUNDO

Por razón de la nulidad de la Sentencia No. 27 de 21 de mayo de 2010, QUEDAN SIN VALOR LEGAL LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

Que la señora M.L.C. probó su pretensión respecto de haber adquirido la propiedad demandada por prescripción.

La cancelación de la inscripción de la Finca No. 792, inscrita al Tomo 71, Folio 62, Rollo 1, Asiento 1, Documento 2 de la Sección de Propiedad Provincia de Coclé a favor de M.E.Q.D.G., varón, mayor de edad, con cédula de identidad 2-81-668 y la inscripción de la finca a favor de M.L.C., mujer, mayor de edad, con cédula de identidad No. N-17-345.

TERCERO

ORDENA a la Dirección General del Registro Público de Panamá que cancele todas las inscripciones ordenadas en la Sentencia No. 27 de 21 de mayo de 2010 del Juzgado Primero de Circuito de Coclé, Ramo Civil.

CUARTO

DEVUÉLVASE al recurrente la fianza consignada y los antecedentes que componen el expediente revisado al tribunal de origen.

QUINTO

LEVANTA la inscripción ordenada en resolución del 26 de septiembre de 2016 sobre la finca No. 792, Tomo 71, Folio 62, Rollo 1, Asiento 1, Documento 2 de la Sección de Propiedad Provincia de Coclé.

SEXTO

CONDENA a la señora M.L.C. a pagar al señor M.E.Q.D.G. las costas fijadas en la suma de DOS MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.2,000.00).

N.,

ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)