Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Septiembre de 2014

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución12 de Septiembre de 2014
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: El resto de los Magistrados que integran la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en calidad de Tribunal de segunda instancia, conocen del recurso de apelación promovido por la parte actora, contra la resolución de 23 de mayo de 2014 (fs.140-144) expedida por el Magistrado Sustanciador, a través del cual, no se admitió la demanda contencioso administrativa de reparación directa por daños y perjuicios, interpuesta por el licenciado H.S.L., en representación de la sociedad denominada GRUPO HOWARD, S.A., contra la Autoridad del Canal de Panamá (El Estado Panameño), al pago de veinticinco millones de balboas con 00/100 (B/.25,000,000.00), en concepto de daños y perjuicios causados por el incumplimiento del Contrato CMC-269800 de 18 de julio de 2012. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN La firma forense Infante & P.A., actuando en representación de la sociedad denominada GRUPO HOWARD, S.A., sustenta el recurso incoado en los siguientes términos: "... PRIMERO: El Magistrado Ponente en la resolución apelada advierte que existen diversos supuestos en los cuales se le puede exigir responsabilidad civil al Estado Panameño y, que por ello es un requisito indispensable establecer el Fundamento Legal de la Responsabilidad que se le atribuye al Estado. SEGUNDO: Igualmente el Magistrado Ponente, hace referencia a que se desprende de la presente demanda que el hecho generador del daño es la imposibilidad de Grupo Howard, S.A., de cumplir la relación contractual existente con la Autoridad del Canal de Panamá. En otras palabras, el Magistrado Ponente, ubica la responsabilidad del Estado en una responsabilidad contractual, es decir, en una responsabilidad derivada de un contrato. TERCERO: El Magistrado Ponente al examinar el fundamento de derecho de la demanda, manifestó que el numeral 9 del Artículo 97 del Código Judicial es un fundamento de derecho para exigir la responsabilidad extracontractual y, señala que, por el contrario, de la documentación que acompaña la demanda se aprecia que se han generado algunos procedimientos derivados de la ejecución del contrato, así como unas decisiones administrativas por parte de la Autoridad del Canal de Panamá derivadas de esta relación contractual que se encuentran en firme, ejecutoriados y gozando de presunción de legalidad. CUARTO: Agrega el Magistrado Ponente que la responsabilidad que pretende exigir nuestro poderdante es una responsabilidad directa por defectuoso o deficiente prestación de servicios públicos, la cual está contenida en el numeral 10 del Artículo 97 del Código Judicial. Sobre este punto en particular se equivoca el Magistrado Ponente, toda vez que el contrato cuya imposibilidad de cumplimiento se está alegando, es un contrato administrativo para la construcción de obras de Ingeniería Civil, que se ve imposibilitado en cumplir por las condiciones, obras e instalaciones existentes en el lugar donde la Autoridad del Canal de Panamá pretendía que nuestra representada construyera, es decir, no son contratos de prestación de servicios públicos, por tanto, no podemos pretender ubicar la responsabilidad del Estado en este Fundamento de Derecho. QUINTO: El fundamento de derecho utilizado por nuestro representado se ubica en los numerales 5 y 9 del Artículo 97 del Código Judicial y, los mismos resultan aplicables dado a lo siguiente: ... SEXTO: En la presente demanda no se discute sobre la reducción parcial del contrato administrativo (esto es objeto de otra demanda distinta), ni se discute la legalidad del propio contrato administrativo, sino que se solicita que se declare la terminación del contrato por causas imputables a la ACP y, en consecuencia, se condene a la misma a pagar los daños y perjuicios. SÉPTIMO: La jurisprudencia de la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en señalar que para el ejercicio de la acción reparadora o acción reparadora directa, no requiere el agotamiento de la vía gubernativa (Auto de 25 de octubre de 1991. S. Tercera; Contencioso de Plena Jurisdicción incoado por A/B Conte Latinoamericana de Publicidad, S.A. y Otros). ..." Por los hechos expuestos, la parte actora solicita a esta S., que previo al trámite procesal correspondiente, se ordene la admisión de la presente demanda contencioso administrativa de reparación directa presentada. DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE APELACIONES Evacuados los trámites legales, el resto de los Magistrados que integran la S., proceden a resolver la alzada previas las siguientes consideraciones. Con fundamento en el Título XIV de la Constitución Política de la República de Panamá, bajo el epígrafe de "El Canal de Panamá", se crea la Autoridad del Canal de Panamá (A.C.P.), persona jurídica de derecho público, a la cual le corresponde privativamente la administración, funcionamiento, conservación, mantenimiento y modernización del Canal de Panamá, reconociendo su autonomía dentro del engranaje del Estado Panameño. GRUPO HOWARD, S.A., empresa contratista de la Autoridad del Canal de Panamá, suscribe Contrato N° 269800 de 18 de julio de 2012, mediante el cual esta Entidad autónoma, le otorgó el realineamiento de la Carretera Limón, Nueva Carretera Telfers y mejoras a la intersección de la Avenida Bolívar, en el sector atlántico en la provincia de C., por un monto de cinco millones setecientos setenta y siete balboas con 00/100 (B/.5,777,000.00). Las copiosas pruebas documentales insertas al presente cuadernillo de marras, advierten en forma diáfana los conocimientos que respecto del incumplimiento de este Contrato estimaban quienes recurren, pues así claramente se expresa en la Cláusula 4.28.15 sobre "Suspensión o Interrupción en la ejecución del Contrato". Reafirmadas en las Resoluciones N° ACP-IACC-RM13-C.269800-02 de 17 de junio de 2013 y N° ACP-FAA-RM13-R13-C269800-01 de 23 de agosto de 2013. Ante estos hechos, el resto de los Magistrados que integran la S. Tercera, coincide con lo expresado por el Magistrado Sustanciador, en el sentido que la sociedad GRUPO HOWARD, S.A., debió acudir, en primer lugar, ante la jurisdicción contencioso-administrativa e impugnar la resolución del Contrato N° CMC-269800 de 18 de julio de 2012, con la consecuente solicitud de indemnización por los supuestos daños y perjuicios causados por la Autoridad del Canal de Panamá que se alega. Esto es así porque para recibir la indemnización del Estado por el acto administrativo impugnado, se requiere que se declare la ilegalidad de esta actuación y, consecuentemente, su nulidad, de conformidad con el artículo 97, ordinal 5 del enunciado texto. "Artículo 97. A la S. Tercera le están atribuidos los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas. En consecuencia, la S. Tercera conocerá en materia administrativa de lo siguiente: ... 5. De las cuestiones suscitadas con motivo de la celebración, cumplimiento o extinción de los contratos administrativos; 6. ..." Por tanto, estima el resto de los Magistrados de la S., que los recurrentes no han utilizado la vía idónea para obtener un resarcimiento por razón de los daños y perjuicios, que alega le fueron ocasionados con la afectación en el cumplimiento del Contrato, que según él se produjo con la resolución del mismo. Lo antes señalado nos permite concluir, que ante la negativa de la Autoridad del Canal de Panamá, a continuar con la ejecución del Contrato suscrito con el GRUPO HOWARD, S.A., esta sociedad empresarial debía ejercer la acción de tutela que la Ley contempla para impugnar las actuaciones administrativas que considera lesivas de sus derechos, en este caso la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, requiriéndose la anulación de esta decisión, para proceder en consecuencia, a examinar el tema de la responsabilidad del Estado. En este contexto, cabe advertir que las leyes establecen los mecanismos procesales o acciones para que una persona pueda tutelar sus derechos, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, por lo que debe existir congruencia entre el tipo de acción y el derecho susceptible de tutela. En el caso de los derechos subjetivos, la Ley N° 135 de 1943, modificada por la Ley N° 33 de 1946, contempla para la reclamación de dichos derechos, la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, la cual debe ser ejercida luego del agotamiento efectivo de la vía gubernativa, dentro del término de los dos (2) meses siguientes. Así los hechos, la S. Tercera en resolución de 20 de septiembre de 2011, frente a una acción de apelación, similar a la que nos ocupa, dispuso lo siguiente: "... En este mismo orden de ideas, la pretensión del actor consiste en el pago de la diferencia salarial motivada por la supuesta disminución ilegal de salario, y el consecuente pago de vacaciones y décimo tercer mes, proporcional, derivado de esta suma. Esto implica que la reclamación se trata de un derecho subjetivo, inherente o que nace de la relación jurídico laboral existente entre el actor y la administración, regulado por las normas jurídicas que señalan la obligación del Estado al pago de un salario a sus empleados. Por consiguiente, no constituye una compensación por la pérdida, detrimento o menoscabo de salario sufrida y los efectos perjudiciales derivados del detrimento patrimonial que se dice fue ocasionado, sino el reclamo de la misma prestación que se alega tener derecho. Dentro de este escenario jurídico, cabe advertir que las leyes establecen distintas acciones para que una persona pueda tutelar sus derechos, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, por lo que debe haber congruencia entre el tipo de acción y el derecho susceptible de tutela. En el caso de los derecho subjetivos, la ley 135 de 1943, contempla para la reclamación de dichos derechos, la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, misma que debe ser ejercida luego del agotamiento efectivo de la vía gubernativa, para darle a la Administración la oportunidad de enmendar los errores en los que haya podido incurrir. En este contexto jurídico, los actos que produjeron la supuesta disminución de salario acontecieron el 3 de abril de 2006, y se hicieron efectivos a partir de esa fecha, habiendo trascurrido desde esa fecha al tiempo en que se presentó la demanda, en demasía el término de dos (2) meses que la ley contempla para las acciones de plena jurisdicción, por lo que no resulta procedente la aplicación del artículo 474 del Código Judicial, para darle curso a la demanda, a pesar de estar equivocada su denominación. ..." Los razonamientos expuestos, son suficientes para que este Tribunal de Apelaciones confirme la resolución apelada. Por las razones expuestas, el resto de los Magistrados que integran la S. Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la Resolución de 23 de mayo de 2014, mediante la cual no se admitió la demanda contenciosa administrativa de reparación directa por daños y perjuicios, interpuesta por el licenciado H.S.L., en representación de GRUPO HOWARD, S.A., contra la Autoridad del Canal de Panamá (El Estado Panameño), al pago de veinticinco millones de balboas con 00/100 (B/.25,000,000.00), en concepto de daños y perjuicios causados por el incumplimiento del Contrato CMC-269800 de 18 de julio de 2012. N., VICTOR L. BENAVIDES P. LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ KATIA ROSAS (Secretaria)

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