Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 21 de Octubre de 2019

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:21 de Octubre de 2019
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Abel Augusto Zamorano

Fecha: 21 de octubre de 2019

Materia: Acción contenciosa administrativa

Reparación directa, indemnización

Expediente: 18-18

VISTOS:

El Lcdo. F.B. actuando en nombre y representación de E.D.G., ha interpuesto ante la S. Tercera de la Corte Suprema, demanda contencioso administrativa de indemnización para que se condene al Estado Panameño (Universidad de Panamá), al pago de setecientos setenta y dos mil cuatrocientos sesenta balboas con ochenta y ocho centavos (B/.772,460.88) en concepto de daños y perjuicios causados a su persona.

· PRETENSIONES.

El demandante solicita a la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, se CONDENE a la Universidad de Panamá, al pago de setecientos setenta y dos mil cuatrocientos sesenta balboas con 88/100 centavos (B/.772,460.88), en concepto de daños (incluyendo el daño moral) y perjuicios causados a E.D.G. por la culpa del Consejo Académico en ese momento presidida por G.G. de Paredes, causado mediante Resolución No.153-04 SGP de 20 de octubre de 2004.

· ACTO EN QUE SE FUNDAMENTA LA DEMANDA.

La Resolución No.153-04 de 20 de octubre de 2004, resuelve:

Aplicar la sanción de remoción al profesor E.D., con cédula de identidad personal 6-38-55 "por no cumplir con el deber de proteger el patrimonio universitario, el cual se le confió como Vicerrector de Asuntos Estudiantiles."

· HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA DEMANDA.

La parte actora fundamenta su demanda medularmente en los siguientes aspectos:

"(...) El profesor E.R.D.G., laboró como funcionario de la Universidad de Panamá, desde el año 1974, en calidad de docente universitario, específicamente, en el área de matemáticas. Durante su carrera se caracterizó por su excelente desempeño profesional y ético. (...) Culminado su periodo como Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, la Comisión de Disciplina del Consejo Académico de la Universidad de Panamá, citó al profesor E.R.D.G., a fin de que brindara "declaración con relación al Informe de Auditoría Especial relacionada al manejo de fondos de Autogestión de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles No. DAI-01-2004" elaborado por el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad de Panamá. No obstante, dicho informe nunca le fue remitido ni se le dio acceso al profesor D.G., para que éste pudiese saber exactamente en qué consistían las acusaciones y poder realizar formalmente sus descargos, sometiéndolo a un estado de indefensión.

Pese a que no existía resolución de autoridad jurisdiccional competente, que declarara culpable o hubiese condenado al profesor E.R.D.G. por peculado o por malversación de fondos, y sin que se hubiese cumplido el debido proceso legal interno de la Universidad de Panamá, el Consejo Académico dictó la Resolución No.153-04 SGP, resolvió aplicar la sanción de remoción al profesor E.D. (...)

El Consejo Académico en la reunión de 11 de enero de 2017, APROBÓ por unanimidad incorporar al Profesor E.R.D.G., en la categoría que tenía al momento de haber sido separado, con todos sus derechos, según informe de la Dirección General de Asesoría Jurídica."

Mediante Nota No.50-17-SGP de 13 de enero de 2017, se notificó al Profesor E.R.D.G., la decisión del Consejo Académico de aprobar por unanimidad reintegrarlo en la categoría que tenía al momento de ser separado, con todos sus derechos, y que con dicha comunicación, señala la parte actora que se establece el conocimiento del acto ilegal violatorio de la ley en que incurrió el Consejo Académico en el año 2004, lo que considera se traduce en culpa por parte del Consejo Académico, hecho generador de daño y perjuicios en contra del profesor D..

Indica que su demanda se basa en el numeral 10 del artículo 97 del Código Judicial, que faculta a la S. Tercera a conocer del proceso de reparación directa a causa de los daños y perjuicios causados por funcionarios en el ejercicio de sus funciones y que el hecho dañoso está formalizado en la resolución No.153-04 SGP dictada por el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, en la que se produce la remoción del señor D.G., violando el debido proceso, acto ilegal declarado por la propia administración en resolución de 11 de enero de 2017, notificada a su persona el 13 de enero de 2017.

· NORMAS LEGALES VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN.

El actor sustenta su pretensión en la supuesta infracción de las siguientes disposiciones:

El artículo 44 de la Ley 11 de 8 de junio de 1981 "Por la cual se reorganiza la Universidad de Panamá ya que el Consejo Académico, al momento de dictar la Resolución No.153-04 SGP, mediante la cual se removió del cargo al profesor E.D.G. actuó con culpa al violar por omisión dicho artículo que establece el cumplimiento de las garantías procesales necesarias, es decir, con un debido proceso.

Además plantea que se violó el artículo 140 del Capítulo V del Estatuto Universitario que establece que los profesores podrán ser removidos, luego de un debido proceso, y que el Consejo Académico, al momento de dictar la Resolución No.153-04 SGP, mediante el cual se removió del cargo al profesor D.G. actuó con culpa en violación por omisión, ya que debe cumplirse con el debido proceso.

Se violó el artículo 2 literal a) del reglamento interno de la Comisión de Asuntos Disciplinarios, aprobado por el Consejo Académico No.14-04 de 14 de abril de 2014, que establece como función de la Comisión de Asuntos Disciplinarios, atender los procesos disciplinarios cumpliendo el debido proceso, lo que se violó por omisión.

· INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA.

Mediante Oficio No.094 de 16 de enero de 2018, la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo, remite a la Universidad de Panamá, solicitud de informe explicativo de conducta, mismo que fue aportado mediante Nota No.159-2018 de 24 de enero de 2018, en donde el Rector de la Universidad de Panamá, al rendir su informe explicativo de conducta, señalando los antecedentes del negocio en cuestión, planteando que efectivamente existe prescripción en base al artículo 1706 del Código Civil, ya que el mismo pudo interponer su acción desde el 7 de abril de 2005, y no lo hizo, además señalan que la suma total de indemnización resulta excesiva en relación con los elementos que el demandante invoca para demostrar que se han afectado el decoro, honor y reputación del agraviado y de concederse, afectaría negativamente el reducido pecunio universitario.

· CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN.

Luego del traslado correspondiente, el Procurador de la Administración mediante Vista No.201 de 18 de febrero de 2019, emite su concepto solicitando a esta Superioridad se sirvan declarar que el Estado NO ES RESPONSABLE por los supuestos daños y perjuicios ocasionados por funcionarios en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia NO ESTÁ OBLIGADA a pagar la suma de setecientos setenta y dos mil cuatrocientos dólares con ochenta y ocho centésimos (B/.772,460.88), en concepto de daños y perjuicios, ya que no concurren los elementos necesarios para atribuirle responsabilidad extracontractual al Estado, específicamente lo referente al nexo o relación de causalidad, toda vez que la Universidad de Panamá no ha provocado daños y perjuicios con el reintegro del profesor E.D.G..

Aunado a lo anterior en la vista final de alegatos No.513 de 20 de mayo de 2019, presentan excepción de prescripción de la acción de indemnización, señalando que la parte actora presentó su acción 11 años después de haberse ocasionado el hecho dañoso, por lo cual la misma se encuentra prescrita, por lo que se incumple con el contenido establecido en el artículo 1706 del Código Civil.

VI. DECISIÓN DE LA SALA.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Una vez cumplidos los trámites previstos para estos procesos, corresponde a los integrantes de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia pasar a dirimir el fondo del presente litigio.

Competencia.

La S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en atención a lo dispuesto en el Artículo 97 numeral 10 del Código Judicial, en concordancia con el Artículo 206 numeral 2 de la Constitución Política, establece como competencia de la S. Tercera, el conocimiento de las causas referentes a la responsabilidad patrimonial del Estado, por reparación directa, en virtud de la mala, defectuosa o deficiente prestación de los servicios públicos.

Legitimación.

En el caso que nos ocupa, el demandante E.D.G., comparece a solicitar indemnización por daños y perjuicios, en virtud de los daños y perjuicios ocasionados en virtud de la sanción de remoción, como profesor de la Universidad de Panamá, por no cumplir con el deber de proteger el patrimonio universitario, el cual se le confió como Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, mediante Resolución No.153-04 SGP de 20 de octubre de 2004, proferida por el Consejo Académico, por lo cual el mismo se encuentra legitimado para tales efectos.

Cuestión Previa

La Procuraduría de la Administración mediante Vista 513 de 20 de mayo de 2019, alega la excepción de prescripción en atención a las siguientes consideraciones:

(...) Tal como hemos manifestado durante todo el proceso, resulta necesario reiterar la disconformidad o el origen de la demanda, radica en la Resolución 153-04 SGP de 20 de octubre de 2004, por el cual el Consejo Académico presidido por G.G. de Paredes el entonces Rector de la Universidad de Panamá, aplica la sanción de remoción del profesor E.D., y tal como indica la institución demandada en su informe de conducta, el profesor ejerció su derecho a recurrir a través del recurso de reconsideración, al respecto el Consejo Académico en reunión 20-05, celebrada el 22 de marzo de 2005, aprobó las Resoluciones 9-09-SGP y 10-05-SGP, mediante la cual decidieron mantener la sanción impuesta. (foja 51 expediente judicial).

Siendo ello así, se tiene el plazo de un año que prevé el artículo 1706 del Código Civil para interponer una acción de indemnización como la que ocupa nuestra atención, la cual comenzó a correr a partir del 22 de marzo de 2005, fecha en la cual el Consejo Académico confirmó la sanción en contra de E.D., posteriormente el demandante presentó una Acción de Amparo de Garantías y una Advertencia de Inconstitucionalidad, que según indica el informe de conducta de la Universidad de Panamá, ambas acciones fueron no admitidas por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallos de fechas 20 de marzo de 2007 y 11 de mayo de 2009 respectivamente.

En consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1706 del Código Judicial, la acción ensayada debió interponerse a más tardar el 22 de marzo de 2006; no obstante, la misma fue presentada el 8 de enero de 2018; es decir, once (11) años después de prescrito el término para la interposición de la acción respectiva.(...)

Con respecto a los planteamientos esbozados por la Procuraduría de la Administración en su escrito, esta Superioridad analizará el tema en cuestión, tomando en consideración las constancias procesales contenidas en el expediente judicial veamos: La demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción fue presentada ante Secretaría de la S. Tercera el día 8 de enero de 2018; el hecho originador del daño según el demandante lo es la Resolución No.153-04 SGP de 20 de octubre de 2004, proferida por el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, decisión que fue objeto de recurso de reconsideración que fue resuelto mediante las Resoluciones 9-09-SGP y 10-05-SGP de 22 de marzo de 2005, que decidieron mantener la sanción impuesta, debidamente notificadas mediante edicto desfijado el 7 de abril de 2005, fecha en que queda en firme la decisión que origina el daño.

Consta además en el expediente que el profesor E.D.G. presentó una Acción de Amparo de Garantías Constitucionales y una Advertencia de Inconstitucionalidad, mismas que según informe de conducta de la Universidad de Panamá, no fueron admitidas mediante fallos de 20 de marzo de 2007 y 11 de mayo de 2009 respectivamente, no presentó tampoco demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción que le permitiese a esta S. determinar la legalidad del acto proferido.

El demandante señala que su demanda es viable en torno a que el 13 de enero de 2017 se le notifica la decisión del Consejo Académico de la Universidad de Panamá, de reincorporarlo en la categoría que tenía al momento de haber sido separado, en respuesta a una solicitud que este realizara al Rector de la Universidad de Panamá, mediante nota S/N de 3 de octubre de 2016, por lo que señala que a partir de esta fecha es que debe computarse el término para interponer la acción de reparación directa.

En ese orden de ideas, es pertinente transcribir el contenido del artículo 1706 del Código Civil que señala lo siguiente:

"La acción civil para reclamar indemnización por calumnia o injuria o para exigir responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que trata el artículo 1644 del Código Civil, prescribe en el término de un (1) año, contado a partir de que lo supo el agraviado." (lo resaltado es de la S.).

Si se iniciare oportunamente acción penal o administrativa por los hechos previstos en el inciso anterior, la prescripción de la acción civil se contará a partir de la ejecutoría de la sentencia penal o de la resolución administrativa según fuere el caso."

El precitado artículo, establece dos presupuestos para determinar el cómputo del término de prescripción de una acción para reclamar indemnización y la primera se empieza a computar en el término de un (1) año desde que lo supo el agraviado, y en caso de haber interpuesto oportunamente algún tipo de acción penal o administrativa por los hechos previstos en el inciso anterior, desde la ejecutoría de la sentencia penal o resolución administrativa según fuere el caso.

Tal como puede evidenciarse, el hecho generador del daño lo constituye la Resolución No.153-04 SGP de 20 de octubre de 2004, proferida por el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, que queda en firme el 7 de abril de 2005. Tomando en consideración que el demandante no presenta oportunamente acción administrativa, ni acción penal que pueda lugar a que esta Corporación de Justicia considere otra fecha distinta para realizar el cómputo el término de un (1) año que tenía para interponer la acción de reparación directa o cualquiera de los supuestos contenidos en el artículo 97 del Código Judicial, la fecha válida para interponer la demanda en cuestión vencía el día 8 de abril de 2006.

El hecho que el profesor D.G. haya sido restituido en su puesto y notificado el día 13 de enero de 2017, no lo habilita para presentar una demanda de este tipo ante esta Corporación de Justicia, en primera instancia, porque dicha decisión proferida por el Consejo Académico, mediante la cual se le restituye no es el acto dañoso que se reclama en la presente demanda, y en segunda instancia, porque dicha decisión no fue producto de recurso administrativo alguno, sino de una petición realizada por el profesor E.D.G. el 3 de octubre de 2016, la que no lo posibilita para reactivar la vía administrativa.

En ese orden de ideas, la S. concuerda con el sustento utilizado por el Procurador de la Administración en el sentido de que la acción se encuentra prescrita, toda vez que ha transcurrido más del año estipulado por el artículo 1706 del Código Civil, (11 años), para este tipo de acciones tal y como lo ha establecido la S. en sendos fallos en donde indica que el término de prescripción para reclamar al Estado indemnizaciones por actos u omisiones ejercidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones o en casos de deficiente prestación de los servicios públicos se produce transcurrido un año a partir en que el sujeto agraviado por la acción del Estado tuvo conocimiento o se enteró de la afectación, es decir desde el momento en que el perjudicado pudo ejercitar dicha acción (8 de abril de 2005).

En consecuencia, sólo le queda a esta S. declarar PROBADA la excepción de prescripción de la acción solicitada por la Procuraduría de la Administración, en la causa activa, no pudiendo pronunciarse sobre la pretensión del actor.

Por consiguiente, la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN de la acción, aducida por la Procuraduría de la Administración, y en consecuencia, DESESTIMA LAS PRETENSIONES contenidas en la demanda contencioso administrativa de indemnización interpuesta por el Lcdo. F.B. actuando en nombre y representación de E.D.G., para que se condene al Estado Panameño (Universidad de Panamá), al pago de setecientos setenta y dos mil cuatrocientos sesenta balboas con ochenta y ocho centavos (B/.772,460.88) en concepto de daños y perjuicios causados a su persona, y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPREDIENTE.

N.,

ABEL AUGUSTO ZAMORANO

CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

KATIA ROSAS (Secretaria)