Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 23 de Septiembre de 2014

Ponente:Harry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución:23 de Septiembre de 2014
Emisor:Segunda de lo Penal

VISTOS: Para resolver en el fondo, cursa ante la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, recurso de casación en el fondo, formalizado por el licenciado A.A.E.P., contra la Sentencia de 16 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de las provincias de Chiriquí y Bocas de Toro, dentro del proceso penal seguido a J.E.P.Q., sancionado a la pena de 64 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por igual término, una vez cumplida la pena principal, como autor del delito de venta de drogas ilícitas. La audiencia de casación fue celebrada el 20 de mayo de 2013, con la participación de la parte recurrente y del representante del Ministerio Público, oportunidad que fue aprovechada por todos para reiterar sus respectivos argumentos, luego de lo cual corresponde emitir el fallo de fondo, tarea a la cual se procede de inmediato (fs. 285-287). HISTORIA CONCISA DEL CASO El presente cuaderno penal tuvo su génesis el 5 de enero de 2011, cuando la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Droga, de la provincia de Chiriquí, en asocio con funcionarios de la Sección de delitos relacionados con droga de la D.I.J. de esa provincia, practicaron diligencia de operación encubierta (compra controlada de drogas), donde resultó vinculado el señor J.E.P.. Luego de disponer la indagatoria del procesado, y concluida la etapa de instrucción sumarial, se realizó la audiencia preliminar el 24 de noviembre de 2011, en el Juzgado Cuarto de Circuito de la Provincia de Chiriquí, mediante las reglas del proceso abreviado, por lo que en ese mismo acto se calificó el mérito legal del sumario y se declaró apertura de causa criminal, por la presunta infracción de las disposiciones contenidas en el Título X, Capítulo V, del Libro II del Código Penal. En ese orden de ideas, mediante sentencia No. 358 del 30 de noviembre de 2011, el Juzgado Cuarto de Circuito de la provincia de Chiriquí condenó al señor J.E.P., y mediante resolución calendada 16 de marzo de 2012, haciendo una errónea valoración del acervo probatorio, confirmó la sentencia apelada. CAUSALES INVOCADAS La única causal de fondo que sirve de sustento a la iniciativa procesal extraordinaria promovida por el recurrente, corresponde al "error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica infracción de la ley sustantiva penal" (fs.265), consagrada en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala, la causal en examen se configura cuando el tribunal le otorga a la prueba un valor que la ley no le atribuye, cuando le niega al medio de prueba la fuerza que la ley le reconoce o cuando admite un elemento probatorio que ha sido producido con inobservancia de las formalidades legales establecidas para esa finalidad. En el primer motivo el casacionista plantea que el Tribunal Ad-quem incurrió en el vicio alegado, al valorar erróneamente la diligencia de allanamiento y registro (fs. 17-19), en la que no se recuperó sustancia ilícita, ni los billetes fotocopiados para la compra controlada de droga, explicando que no considera excluyente de la responsabilidad del imputado, a pesar de que esos elementos son necesarios para acreditar el hecho punible, por tanto al haber restado valor a esa pieza probatoria incurre en la causal señalada (f. 265). Para objetar el cargo expuesto en el primer motivo, la Procuradora General de la Nación indicó que la prueba cuya valoración se cuestiona, se trata de la diligencia de allanamiento y registro practicada en la residencia y en el taller de la familia B., ubicada en Calle Séptima, Avenida Oeste, sector de San Mateo, distrito y ciudad de D., Chiriquí, en la cual a pesar de que no fueron encontrados ni sustancia ilícita, ni los billetes marcados para la compra controlada de droga, el Tribunal Superior, tomó en cuenta otros aspectos, tales como la operación encubierta que fue vigilada en todo momento por funcionarios competentes, que el colaborador efectuó la transacción en la que se pudo identificar plenamente al vendedor de las sustancias, y que el mismo se diera la fuga al notar la presencia de los policías (f. 270). Concluye señalando que el Ad-quem no incurrió en el yerro al que apunta el casacionista, dado que dedujo correctamente la responsabilidad del señor P., por el delito de Venta de Drogas, el cual se desprende de la diligencia de compra controlada de drogas ilícitas, que reposa de fojas 13 a 15, en la que se deja constancia de la venta ocurrida en el Bar Las Palmeras, lugar donde llegó el procesado conduciendo un taxi, para luego entregar al colaborador sustancias a cambio del dinero marcado previamente, mismas que inmediatamente fueron entregadas a las autoridades, resultando ser cocaína, de acuerdo con el análisis practicado in situ (f. 274). Los cargos de infracción legal planteados por el censor, mediante el ejercicio de la causal probatoria invocada, requieren, a fin de acreditar su procedencia, incursionar en la labor de determinar, en primer lugar, la veracidad del vicio alegado, es decir, si efectivamente el juzgador de segunda instancia, valoró las pruebas que se citan mal apreciadas; en segundo lugar, establecer si en efecto, al desplegar esta tarea judicial, el juzgador de alzada se apartó de los criterios de interpretación probatoria, y finalmente, comprobar si el error probatorio, reviste la importancia y trascendencia para variar la parte dispositiva de la resolución judicial impugnada. El examen detenido de la sentencia de segunda instancia atacada, permite a la Sala constatar que, al momento de definir la situación penal del imputado J.E.P.Q., el Tribunal Ad-Quem efectivamente apreció la diligencia de allanamiento y registro (fs. 17-19). En consecuencia, lo que prosigue es analizar el contenido de esta pieza probatoria, a fin de certificar si fue o no, correctamente apreciada, y si el supuesto error que el casacionista denunció tiene la eficacia de variar lo resuelto por el Tribunal de apelación. En esta labor, estima la Sala que la pieza probatoria en comento fue correctamente valorada, ya que el Tribunal, apreció la prueba de conformidad al principio de la sana crítica, arribando a la sentencia impugnada. Entre los planteamientos expuestos por el Tribunal Superior, y que la Sala comparte, plenamente es oportuno extraer los siguientes razonamientos: "están probados los indicios de mala justificación, presencia física, oportunidad y capacidad, dado que hubo contacto con el agente colaborador; que entre las pruebas que militan en su contra se destaca lo señalado por los agentes captores que al tenor de la sana crítica y un análisis de un conjunto de las pruebas, sin la menor duda ubican a J.E.P., quien para la fecha de autos a cambio de dinero vendió lo que a la postre se determinó era sustancia ilícita. Que la compra controlada se dio autorizada por un funcionario competente, donde participó un agente encubierto debidamente supervisado y requisado, donde no se estableció que haya faltado a la verdad, y por lo mismo el principio de autenticidad que emana de la actuación de dichos funcionarios se mantiene, dando como resultado positiva la incautación de la droga conocida como cocaína. (fs. 227). De igual modo, el Tribunal Superior consideró que de los elementos testimoniales, informes y demás pruebas que constan en el sumario, no se colige, como pretende el recurrente, que el Juzgador primario hubiese hecho una valoración errónea de éstos elementos, ya que la misma fue apegada a las reglas de la sana crítica, toda vez que se acreditó la responsabilidad del imputado mediante la confrontación de los elementos probatorios obrantes en autos, la operación encubierta estuvo vigilada en todo momento y se identificó plenamente al sujeto objeto de la compra (fs. 227). La Sala Penal, desestima los cargos de infracción en este motivo, pues tal como se explicó anteriormente comparte los planteamientos expuestos por el Tribunal Ad quem, toda vez que en efecto a pesar de que en la diligencia de allanamiento, no se recuperó el dinero previamente fotocopiado, las autoridades participantes en la compra controlada de droga, observaron claramente el intercambio de la compra entre el colaborador y el imputado, el cual al percatarse de la presencia de las autoridades, huyó inmediatamente del lugar, hasta llegar a la propiedad de la familia B., ubicada en San Mateo, en Calle 7ma (séptima) Avenida Oeste, donde se encontraba el señor J.E.P., quien había solicitado el baño de la residencia por un espacio de tiempo prolongado. Como segundo motivo, se plantea la errónea valoración de las declaraciones de G.O.N. (fs. 130-132) y J.E.G. (fs. 135-137), quienes expresaron que no se le encontró sustancia ilícita, ni el dinero utilizado en la compra controlada de droga, al imputado por tanto el Tribunal Superior incurre en esta causal, porque no se encuentra acreditada la vinculación de su patrocinado (f. 265). Para objetar este motivo la Procuradora General de la Nación, estima que los testimonios de los señores G.O.N. y J.E.G., indican que participaron en la Diligencia de Compra Controlada de Sustancias Ilícitas, dirigida por la Fiscalía Delegada Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Chiriquí y Bocas del Toro, el 5 de enero de 2011, y como tales observaron el momento en el taxi marca Toyota, modelo Yaris, con matrícula 4T-1367, conducido por un sujeto con las características físicas del procesado, se acercó al Bar Las Palmeras, llamó al colaborador, le dio la droga conocida como cocaína y a su vez recibió de éste los dineros marcados, perfeccionándose el intercambio (f. 275). El punto nuclear de la censura que expone el recurrente, radica en determinar si las piezas identificadas en su motivo, fueron erróneamente valoradas por el Tribunal Superior, el ignorar factores o elementos que supuestamente desvinculan al señor J.E.P.. En este empeño, la Sala,Penal comparte, plenamente el planteamiento proferido por el Tribunal Superior, pues tal como se indicó en el primer motivo, a pesar de que no se encontró sustancia ilícita en poder del encartado, así como tampoco el dinero utilizado para la compra controlada de droga, es importante anotar que las autoridades presentes en la diligencia de compra controlada de droga observaron claramente, cuando el señor J.E.P.Q., realizó el intercambio en la compra con el agente colaborador y al percatarse de la presencia de las autoridades, inmediatamente salió del lugar del hecho, por tales razones se desestima el cargo de injuridicidad en este motivo. Como disposiciones legales infringidas y el casacionista cita los artículos 781, 836 y 917 del Código Judicial, así como el artículo 318 del Código Penal. En ese orden de ideas, al no comprobarse los cargos de injuricidad desarrollados en los motivos de la causal, no tiene sentido incursionar en el análisis de las normas legales denunciadas como infringidas, ya que éstas, sin motivos acreditados y subsumibles en el supuesto legal, no podrán estimarse como vulneradas. Como quiera que revisado el recurso de casación en el fondo, encuentra la Sala que no han prosperado los cargos de injuridicidad contra la sentencia revisada en casación se procede a decretarlo así. PARTE RESOLUTIVA Por las consideraciones anteriores la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA, la sentencia de segunda instancia calendada 16 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de las provincias de Chiriquí y Bocas de Toro, dentro del proceso penal seguido a J.E.P.Q., sancionado a la pena de 64 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por igual término, una vez cumplida la pena principal, como autor del delito de venta de drogas ilícitas. N. y devuélvase, HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ JERÓNIMO MEJÍA E. -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS JOSE ISRAEL CORREA GARCIA (Secretario)