Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 27 de Marzo de 2015

Ponente:Harry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución:27 de Marzo de 2015
Emisor:Segunda de lo Penal

VISTOS: En grado de consulta, ingresa a la Sala Penal de la Corte Suprema, el Auto Consultado Nº 166 de 6 de junio de 2011 proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante el cual SOBRESEE DEFINITIVAMENTE de la denuncia formalizada por el Licdo. M.C., en contra de la L.. YARA MORENO, J. Primera Penal Electoral, L.. N.D.G., Fiscal Primera Electoral, L.. L.R., R.L. de la Junta Comunal de Chilibre, y la L.. MILITINA LONG, abogada de la L.. R., por la supuesta comisión de un Delito contra la Administración Pública. La consulta se surte con fundamento en el artículo 2477 y 1949 del Código Judicial, debido a que en el proceso, se identifica claramente que la querella es interpuesta contra personas que son funcionarias públicas; sin embargo una de ellas, como lo es el caso de la L.. L.R., no es funcionaria con mando y jurisdicción en una o más provincias. OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO La Fiscalía Primera Superior, mediante la V.F. N° 183 de 30 de julio de 2010, recomienda al órgano jurisdiccional emita un auto de sobreseimiento definitivo de los hechos denunciados, debido a la insuficiencia de elementos para acreditar la comisión de algún Delito contra la Administración Pública (Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos, Corrupción de Funcionarios Públicos, Concusión y Exacción), en base a lo establecido en el artículo 2207 del Código Judicial. FUNDAMENTO DEL AUTO EN CONSULTA El Segundo Tribunal Superior, luego de valorar las pruebas allegadas durante la instrucción, decreta un sobreseimiento definitivo de manera objetiva e impersonal y ordena el archivo, por considerar en atención al artículo 2467 del Código Judicial, que las pruebas aportadas por el querellante no constituyen por sí solas acreditación de un hecho punible. CONSIDERACIONES DE LA SALA El artículo 96, el ordinal 2 del artículo 127 y el artículo 1949 del Código Judicial, indican que corresponde a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema conocer en segunda instancia de las Consultas de resoluciones dictadas en primera instancia por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, en aquellas causas penales contra Jueces o Fiscales de Circuito Judicial, y los funcionarios que tengan mando y jurisdicción en una o más provincias, sin embargo, por un solo hecho se seguirá un solo proceso aunque sean varios los autores o partícipes en la comisión del hecho punible. Así las cosas, advertimos que la investigación inició con la querella interpuesta por el Licdo. M.C., en su propio nombre y representación, ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción, en contra de la L.. YARA MORENO, J. Primera Penal Electoral, N.D.G., Fiscal Primera Electoral, L.R., R.L. de la Junta Comunal de Chilibre, L.. MILITINA LONG, Abogada de la L.. R., y quienes resulten responsables por la supuesta comisión de un Delito Contra la Administración Pública en las modalidades de Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos, Corrupción de Funcionarios Públicos, Concusión, Exacción y Encubrimiento. Tras consultar las normas legales mencionadas en párrafos anteriores, vemos que la Sala tiene competencia para conocer sobre la situación jurídica de la L.. YARA MORENO, N.D.G., L.R., como Tribunal de Consulta, pues las resoluciones de sobreseimiento en las causas contra servidores públicos se consultan ante el superior, como lo indica el artículo 2477 del Código Judicial, más no así, sobre la situación jurídica de la L.. MILITINA LONG, en virtud que no ocupa un cargo público para que la conducta a ella endilgada, sea objeto de pronunciamiento por parte de esta Sala. En virtud de lo anterior, la condición de Tribunal de Consulta asumida por esta Superioridad, implica amplia discrecionalidad para examinar el Auto de Sobreseimiento Definitivo. Respecto a esta atribución legal, la jurisprudencia ha expresado: "la consulta es una institución procesal establecida por la Ley para determinados casos, en virtud de la cual se traslada la competencia a un tribunal de superior jerarquía de oficio, tal como si se hubiese interpuesto recurso de apelación, a fin que se revise sin limitaciones el proceso, tanto en el aspecto fáctico como jurídico. En consecuencia, la misma se constituye en un deber jurídico del juez que conoce de la causa." (Resolución de Sala Penal de 18 de julio de 2003) Hechas las consideraciones previas procede la Sala a resolver lo que en derecho corresponda. El auto venido en consulta decretó un sobreseimiento definitivo, objetivo e impersonal y ordenó el archivo de las presentes sumarias, lo cual fundamentó en el artículo 2467 del Código Judicial, atendiendo el hecho que al interponer una denuncia o querella contra servidores públicos, es necesario adjuntar la prueba sumaria que acredite el hecho punible atribuido, en los casos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidor público. En ese sentido, debemos advertir que las investigaciones seguidas contra servidores públicos, ya sea por abuso en el ejercicio de sus funciones o por falta de cumplimiento de los deberes de su destino, deben sujetarse al trámite ordinario, según se desprende del artículo 2464 del Código Judicial; y por ende, la decisión jurisdiccional que se dicte con motivo de ello, no debe ser elevada a consulta, por ser ésta un trámite propio de los procesos especiales seguidos contra los servidores públicos, por otros delitos cometidos con motivo del ejercicio de sus funciones. Resulta preciso reiterar entonces, que el artículo 2477 del Código Judicial dispone el trámite oficioso de la consulta, únicamente para las decisiones de sobreseimiento y sentencias que se dicten en los juicios contra servidores públicos, no así, para las órdenes de archivo que se dicten como consecuencia del incumplimiento de presentación de prueba sumaria, presupuesto indispensable cuando se querelle o denuncie a funcionarios públicos por delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos. La razón de ser de la medida de archivo ante este tipo de situaciones, en lugar de un sobreseimiento, ha sido explicada de manera diáfana por esta Sala, en resolución de 27 de agosto de 2010, donde se destaca que el archivo es " ... una decisión jurisdiccional que nace a la vida jurídica por incumplimiento del requisito legal concerniente a la presentación de la prueba sumaria, formalidad que condiciona el inicio de cualquier acto de investigación tendiente a materializar la etapa de instrucción sumarial, se colige que, no se asimila ni a las medidas de sobreseimiento (provisional y definitivo), las cuales son calificativas del mérito legal de un sumario ya instruido; ni a las sentencias, que definen la situación penal y procesal del justiciable frente a la conducta delictiva imputada; de donde sigue que no encuentra adecuación jurídica en ninguna de las dos medidas consultables según el artículo 2477 del Código Penal". No obstante lo anterior, como resultado del sobreseimiento definitivo utilizado por el Tribunal A-Quo, en la parte resolutiva del Auto 1ª Inst. N° 166 de 6 de junio de 2011, se ha posibilitado la consulta del mismo, atendiendo a que el referido artículo 2477 reserva dicho trámite para los autos de sobreseimiento y las sentencias, emitidos en los juicios contra servidores públicos. Así las cosas, debemos indicar al Tribunal de la causa, que el incumplimiento de la presentación de la prueba sumaria, sólo puede dar lugar al archivo del sumario, pero no al sobreseimiento, en ninguna de sus modalidades, máxime porque, conforme al artículo 2212 del Código Judicial, el sobreseimiento sólo puede decretarse cuando esté agotada la investigación tendiente a comprobar el hecho punible y determinar la identidad del imputado, situación que no se da en el presente caso. Se aprecia por otra parte, que a las funcionarias querelladas se les atribuye además, la comisión de delitos de corrupción de servidores públicos, concusión y exacción (Delitos contra la Administración Pública), así como encubrimiento (Delito contra la Administración de Justicia), respecto de los cuales no se emitió calificación alguna, en la parte resolutiva del auto consultado; ni en la parte motiva con relación a los delitos de concusión, exacción y encubrimiento; no obstante, sí se establecieron algunas consideraciones en la parte motiva del auto consultado en lo referente al delito de corrupción. Como quiera que estos delitos sí permiten el trámite de la consulta, por surtirse el proceso respecto a ellos, conforme al trámite especial, nos avocamos a hacer algunas acotaciones. En primer lugar, tenemos a bien señalar que, en virtud del principio de favorabilidad del reo en las causas criminales, resulta imperativa la aplicación del "Principio de Ultractividad" de la ley penal. Dicho principio conlleva la posibilidad de que una ley que ha sido derogada se aplique al caso por ser más favorable que la anterior o la actual. Al respecto las autoras Guerra de Villálaz y Villálaz de A., indican: "La posibilidad de aplicación de la retroactividad o la ultractividad de la ley penal se produce cuando es favorable al reo o lo que se llama la ley penal más benigna." (GUERRA de V., Aura, V. de ALLEN, G.. Manual de Derecho, P. General, L.E.C., 2009, p. 90). La Constitución Política preceptúa el "Principio de Ley Favorable" destacando que "... En materia criminal la Ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aún cuando hubiese sentencia ejecutoriada"; es decir, que las normas aplicables al presente caso corresponden a las contenidas en el Código Penal de 1982. Sobre las conductas típicas atribuidas a las querelladas, cabe manifestar lo plasmado por A.R.E. al referirse a los delitos que protegen la Administración Pública: "aquellos comportamientos típicos que lesionan el interés del Estado en la buena marcha de su administración. El bien jurídico se concreta en estos casos al normal desenvolvimiento de los servicios propios del Estado para su correcto funcionamiento interno, y comprende las ramas Administrativa, propiamente tal, L. y Jurisdiccional" (REYES ECHANDÍA, A.. Tipicidad, Editorial Temis. Bogotá Colombia, 1989, p. 80). Mientras que Aura Emérita Guerra de V. señala que las conductas concernientes a los Delitos contra la Administración de Justicia, son "lesivas al correcto funcionamiento encomendado al Estado, a través del Órgano Judicial y de todas las autoridades involucradas en la ejecución y cumplimiento de las leyes." (Derecho Penal P. Especial, E.M. &P., Panamá, 2002. p.343) Así tenemos que, tanto el Código Penal vigente como el de 1982 clasifican los delitos atendiendo el criterio del bien jurídico protegido. En ese sentido, el Código Penal de 1982 en el Libro Segundo, Título X y XI respectivamente, describe conductas que dan origen a los Delitos contra la Administración Pública y contra la Administración de Justicia, mismas que constituyen el bien jurídico que resulta lesionado al incurrir en alguna de las conductas en ellos tipificadas. Al examinar el auto consultado y los antecedentes que lo apoyan, destacan los siguientes hechos: De acuerdo a la querella, la L.. YARA MORENO, al resolver mediante Resolución S.D. Nº 71-07 de 12 de noviembre de 2007, no se apoyó en la sana crítica, ni ha sido imparcial al decretar un sobreseimiento definitivo objetivo e impersonal a favor de la L.. L.R., y al ordenar la compulsa de copias de dicha actuación a la Fiscalía Primera Electoral, a fin que se investigue la posible comisión de un delito penal electoral en que hubiese podido incurrir el Licdo. M.C.. También cuestiona el análisis realizado por la J. Primera Penal Electoral, al considerar que la denuncia del prenombrado es falsa y temeraria. Indica el querellante, que la L.. N.D.G. llevó a cabo una investigación que desde un inicio se encontraba viciada, no realizó la investigación con responsabilidad y transparencia, y hubo negligencia y arbitrariedad por parte de MORENO y DE GARCÍA. La Resolución S.D. Nº 71-07 de 12 de noviembre de 2007, es consecuencia de la denuncia interpuesta por el Licdo. M.C., ante la Secretaría General de la Fiscalía Penal Electoral, por la posible comisión de un delito electoral, consistente en utilizar propaganda política con fondos públicos y ofrecimiento de puestos y materiales a cambio de la inscripción en el Partido Revolucionario Democrático (PRD), el día 12 de marzo de 2006. Mediante Memorando Nº 05-06 de 19 de abril de 2006 es remitido el expediente distinguido como Nº 035-2006 a la Fiscalía Primera Electoral a fin de dar inicio a las investigaciones correspondientes. La decisión del Juzgado Primero Penal Electoral, se basó en que no consta en el expediente ninguna prueba que pudiera acreditar o dar indicios de la comisión o existencia de las irregularidades denunciadas, y ordenó compulsa de copias a la Fiscalía Electoral Primera, a fin de que se investigue la posible comisión de un delito penal electoral en que hubiere podido incurrir el señor M.C. basándose en los siguientes hechos (f. 37). · Inspección Judicial el día 11 de mayo de 2006, en el corregimiento de Chilibre en la que se pudo determinar que no se encontraron equipos, maquinarias o trabajadores de la empresa constructora CORPORACIÓN M&S INTERNACIONAL, S.A., quienes supuestamente realizan un proyecto de rehabilitación y mantenimiento de avenidas, tampoco se ubicó el letrero que aparecía en las fotografías aportadas por el denunciante y que anuncia la realización de dicho proyecto. · Declaraciones J. cuya práctica fue solicitada por el denunciante, en la que son contestes en afirmar que no les ofrecieron nada, ni material ni ayuda económica a cambio de su inscripción en el PRD, salvo la declaración de la señora M.F. de C., esposa de M.C., quien indica haber escuchado a las personas decir que al inscribirse podían recibir materiales a cambio de su inscripción en el partido. · Nota calendada 28 de abril de 2006 suscrita por el Diputado J.M.M., dirigida a la L.. L.R., donde indica que recibió a satisfacción y en perfecto estado mecánico físico la motoniveladora que estuvo trabajando del 27 de abril al 27 de marzo de 2006. · Nota calendada 24 de marzo de 2006 del Diputado J.M.M., dirigida a la L.. L.R., donde indica que el 27 de marzo de 2006 le estaría enviando la motoniveladora para ser utilizada durante un mes e iniciar trabajos de rehabilitación de calles en el corregimiento de Chilibre. · Cuadro de Transporte de 12 de marzo de 2006. · Nota Nº 1355-2007-DAG-DAGL de 26 de junio de 2007, suscrita por A.S., Director de Auditoría General, sobre informe de auditoría especial Nº 333-576-2006-DAG-DAGL, relacionada con deficiencias administrativas en el trámite de los nombramientos de personal, contrataciones por servicios profesionales y adquisición de bienes y servicios en la Junta Comunal de Chilibre durante el 1º de septiembre de 2004 al 31 de agosto de 2005. · Contratos de alquiler de la Retro-Excavadora y de Camión Volquete, celebrados entre la Junta Comunal de Chilibre y la empresa Edificaciones Portobelo. · Declaraciones J. de distintos ciudadanos, mencionados en el cuadro de transporte aportado por la L.. L.R., quienes indican que prestaron el servicio de transporte para las inscripciones del 12 de marzo de 2006, por lo cual recibieron el pago de B/.40.00. · Declaraciones J. de J.C.B., R.A.S.M. y A.A.P., respecto al transporte de personas que se inscribieron en el PRD, el día 12 de marzo de 2006. · Declaraciones J. de personas elegidas al azar, quienes se inscribieron en el PRD el día 12 de marzo de 2006, éstas fueron contestes al indicar que no les ofrecieron nada a cambio de dicha inscripción y que conocen a la señora L.R. ya que es la Representante de Chilibre. · Declaraciones de N.M., A.B., L.H. y Y.C., quienes fungieron como resgistradores y activistas el día 12 de marzo de 2006, e indican que las inscripciones se realizaron de manera transparente. · V.F. Nº 018-FEP-07 de 24 de julio de 2007, donde se reitera la solicitud de sobreseimiento definitivo de carácter objetivo e impersonal, al considerar que el hecho denunciado no ha sido ejecutado. Consta en el expediente, los descargos a la encuesta penal por el posible Delito de Simulación de Hechos Punibles y Calumnia en Actuaciones Judiciales en la Denuncia Electoral antes indicada, donde el señor CERRUD manifiesta haber denunciado a la señora L.R. por la supuesta comisión del Delito Electoral contra la Libertad y Pureza del Sufragio, agrega que la Fiscal Primera Electoral debió practicar todas las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos, razón por la cual se decretó la ampliación del sumario, y le sorprende que ahora se investigue a quien presentó la denuncia por ser falsa y temeraria, y que él como denunciante no tenía la responsabilidad de investigar el delito tal como lo establece el artículo 1994 del Código Judicial (fs. 38-40). Por otro lado, el señor CERRUD manifiesta en declaración indagatoria rendida dentro del proceso que se le sigue, que no tiene nada que ver con la investigación contra L.R., que los señores CLEMENTINO DE LEÓN, C.G. y V.B., quienes son testigos aducidos por el querellante, manifestaron estar sorprendidos y no apoyaron la denuncia pues son copartidarios y trabajadores de la Junta Comunal de Chilibre. Agrega que L.R. conversó con cada uno de los testigos, sin embargo, admite que no sabe sobre qué hablaron y afirma que recibieron algo a cambio; motivo por el cual cambiaron los testimonios, por tanto, la juez no se basó en la sana crítica y falló en atención a lo que había en el expediente solamente, sin ordenar ni aclarar los puntos oscuros de la investigación (fs. 41-44). En virtud de escrito de oposición presentado por el Licdo. A.R.P., en representación de la L.. YARA MORENO, J., Primera Penal Electoral, indica que lo expuesto por el querellante está basado en apreciaciones subjetivas y distorsionadas de la realidad y que el análisis de los elementos probatorios relacionados con el expediente penal electoral 35-06, demuestra que los hechos denunciados no fueron ejecutados, conforme al ordinal 1 del artículo 2207 del Código Judicial. Para llegar a dichas conclusiones mediante la resolución Nº 71-07 de 12 de noviembre de 2007, se basó en lo dispuesto en el artículo 781 del Código Judicial, es decir, la sana crítica, además de cumplir con los requisitos de forma y fondo, según lo exige el artículo 2209 del Código Judicial (fs. 81-85). Sostiene el querellante que las L.s. YARA MORENO, J. Primera Penal Electoral, N.D.G., Fiscal Primera Electoral y L.R., Represente Legal de la Junta Comunal de Chilibre, han incurrido en los delitos de Concusión, Exacción, Corrupción de Funcionarios Públicos, y Encubrimiento; además de los ya referidos delitos de Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos. - Delito de Concusión El delito de concusión se caracteriza porque el sujeto activo es calificado, es decir, debe ser un servidor público que al amparo de su calidad, posición o cargo oficial, coaccione, constriña, infunda temor para obtener dinero o ventajas patrimoniales de otro. Al respecto, F.C., de la Universidad de Los Andes, Venezuela, sostiene que no basta la calidad de funcionario público en el sujeto activo si no se actúa "con abuso de sus funciones y constriñe, utilizando apremios o coacción psíquica o asedios de cualquier clase, con el fin de violentar la voluntad del sujeto pasivo para obtener el beneficio o su promesa (cfr. F.C., Curso de Derecho Penal, Talleres Gráficos Universitarios, Mérida, Venezuela, pág. 171). El Código Penal de 1982, describe el tipo del delito de concusión en su artículo 329, que dice: "Artículo 329. El servidor público que, con abuso de su calidad o de sus funciones, constriña o induzca a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí mismo o para un tercero, dinero u otra utilidad..." Así las cosas, advertimos que no consta en el expediente la comisión del delito de concusión. Si bien, las investigadas son funcionarias públicas, de los elementos probatorios únicamente se desprende que el Juzgado Primero Penal Electoral, profirió la Resolución S.D. 71-07 de 12 de noviembre de 2007, mediante la cual se decretó un sobreseimiento definitivo de carácter objetivo e impersonal, arguyendo que no constan pruebas o indicios de la comisión de los delitos de Simulación de Hechos Punibles y Calumnia en Actuaciones Judiciales, y ordenó la compulsa de copias a la Fiscalía Electoral Primera, para que se investigue la posible comisión de un delito penal electoral, por parte del ahora querellante, M.C., para lo cual se basó en los hechos detallados previamente por la Sala. Tampoco se ha demostrado, que L.R. sostuvo conversaciones con los testigos aducidos en el proceso que se le siguió, ni que dichas personas hayan recibido algo a cambio para que éstos testificaran a su favor. En conclusión, no obran en el expediente elementos suficientes tendientes a determinar la comisión del delito de concusión, pues los elementos de juicio incorporados, no configuran el tipo delictivo en los términos del citado artículo 329 del Código Penal, pues no aparece en autos, por ejemplo, declaraciones de quien o quienes resultaron constreñidos o inducidos a entregar dineros u otros por orden previa de algún servidor público en abuso de su calidad o funciones. - Delito de Exacción El Licdo. M.C. formula querella por la supuesta comisión del delito de exacción, tipificada en el artículo 330 del Código Penal que a la letra dice: "Artículo 330. El servidor público que, con abuso de su calidad o de sus funciones exija y cobre algún impuesto, tasa, gravamen, contribución, derecho o arbitrio inexistente o que aún siendo legales emplee para su cobranza medios no autorizados por la Ley ..." De la disposición citada se aprecia que la pretensión del querellante es procurar una sanción por considerar que servidores públicos, valiéndose de su calidad o de sus funciones, exigieron y cobraron un "impuesto, tasa, gravamen, contribución, derecho o arbitrio inexistente". Ahora bien, una vez más la Sala debe manifestar que entre las pruebas allegadas a la encuesta penal no se logra acreditar dicha actuación. Por otra parte, examinado el otro componente del tipo penal en comento que consiste en el empleo de medios no autorizados por la ley para la cobranza de impuestos, gravámenes, tasas o contribuciones, aun cuando las mismas fueren legales, se debe señalar que no se aprecia entre el caudal probatorio, prueba alguna de la cual se desprendan siquiera indicios graves que permitan colegir tales prácticas. - CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS La conducta expresamente atribuida a las funcionarias YARA MORENO, J. Primera Penal Electoral, N.D.G., Fiscal Primera Electoral y L.R., Represente Legal de la Junta Comunal de Chilibre, corresponde a la tipificada en el artículo 332 del Código Penal de 1982 , el cual se configura cuando un funcionario público, para retardar u omitir un acto debido, propio de sus funciones, o para ejecutar un acto contrario a sus deberes, recibe o se hace prometer dinero u otro beneficio que tuviere por objeto favorecer o perjudicar a una parte en el proceso, aunque sea de carácter administrativo. "Artículo 332. Cuando la conducta del servidor público prevista en el artículo anterior, tenga como fin retardar u omitir un acto propio de sus funciones, o la ejecución de un acto contrario a sus funciones, o la ejecución de un acto contrario a sus deberes, será sancionado con prisión de 3 a 6 años. ..." Al respecto la Jurisprudencia ha señalado, que el delito de corrupción de servidores públicos implica para el sujeto activo recibir, o hacerse prometer, dinero u otro beneficio para que éste haga, retarde u omita algún acto inherente o contrario a sus funciones, es decir, que "la corrupción es la interacción al margen de la ley entre al menos un agente público y un agente privado u otro público con el objetivo de alcanzar el beneficio personal, de uno de los agentes implicados" (Resolución de 17 de febrero de 2005). G.C.T., en su Diccionario Jurídico nos dice que corrupción es: "el acto de quienes, estando revestidos de autoridad pública, sucumbían a la seducción, como los realizados por aquellos que trataban de corromperlos. En realidad, la corrupción venía a confundirse con el soborno o el cohecho" (C.T., G., Editorial Heliasta, 1998, pág. 99). En el presente caso queda determinado que no existen elementos racionales suficientes que indiquen la comisión del delito de corrupción de funcionario público y el denunciante tampoco indica de qué forma concurre el ilícito que denuncia. La Sala debe reiterar lo manifestado con relación a los delitos que anteceden, toda vez que en el negocio en examen la actuación de la L.. YARA MORENO, se limitó a emitir una resolución en la cual se decretó el sobreseimiento definitivo, objetivo e impersonal, dentro del proceso que inició con denuncia contra la Concejal de Chilibre, L.R.; y se ordenó la compulsa de copias a la Fiscalía Primera Electoral para que se investigue al señor M.C. (ahora querellante), hecho que en su opinión, ocurrió porque interpuso una denuncia contra L.R.; siendo que la Fiscal Primera Electoral, N.G. no hizo su trabajo con responsabilidad y trasparencia, limitándose a solicitar un sobreseimiento; sugerencia que fue atendida por declaraciones rendidas por el personal de la junta comunal y miembros del PRD. El análisis de las pruebas que constan en el cuaderno penal no son suficientes para demostrar que se haya retardado u omitido un acto debido, propio de las funciones como servidor público, o que se haya ejecutado un acto contrario a dichas funciones y/o deberes. En otro orden de ideas, observa la Sala que el Segundo Tribunal Superior dejó sentado en el Auto consultado, que "Al igual que el Delito de Corrupción de Servidores Públicos, el Delito de Abuso de Autoridad, e Infracciones de los deberes de los Servidores Públicos, debe acompañarse la prueba sumaria ..." (f. 141); sin embargo, debemos hacer la salvedad, que para ese delito no se requiere la presentación de prueba sumaria, puesto que el artículo 2467 del Código Judicial instituye el requisito de procedibilidad de la aportación de la prueba sumaria, únicamente en relación a los delitos que refiere el artículo 2464 del mismo cuerpo normativo; estos son, abuso de autoridad y falta de cumplimiento de los deberes de su destino; no así, cualquier otro delito cometido por servidores públicos, con motivo del ejercicio de sus funciones. - Delito de Encubrimiento Tomando en cuenta lo establecido en el Código Penal de 1982, el delito de encubrimiento es tipificado de la siguiente manera: "Artículo 363. El que después de cometido un delito, sin haber participado en él, ayude a asegurar su provecho; a eludir las investigaciones de la autoridad, a sustraerse a la acción de ésta o al cumplimiento de la condena ..." De acuerdo al Diccionario de la Real Academia, encubrir significa ocultar o tapar alguna cosa. Al tratarse de un ilícito, se oculta o tapa un delito ya agotado. Debe existir comprobación cierta de la comisión de un hecho punible, el cual para ser estructurado, es necesario, primero, el autor del hecho y segundo, quien lo encubra. Sobre el particular, sostiene el autor F.F.D., que, "El encubridor siempre participa del propósito y finalidad del autor del delito que encubre y no solamente en lo objetivo de su acción. Favorece al delincuente, por identificarse con sus motivos y deseos. Recepta con lo que produjo el delito que encubre, con lo cual participa del ilícito ánimo de lucro de su autor. Reitera la voluntad de delinquir del autor del delito encubierto, en el tiempo en que se ejecuta su acto encubridor" (F.D., F.. Delitos Contra la Administración Pública, segunda edición, 1985, página 238). De acuerdo a la jurisprudencia el delito de encubrimiento es considerado un delito autónomo. No obstante, se produce luego de la comisión de otro hecho punible, pues tiene por objeto hacer inefectiva la labor de la justicia (Fallo de 29 de abril de 2008). Las piezas probatorias incorporadas al libelo penal, no resultan suficientes para acreditar la comisión de una conducta que se ajuste a esta normativa penal. La solicitud de sobreseimiento definitivo por parte de la Fiscalía Primera Electoral y la emisión de un fallo cónsono con la sugerencia del Ministerio Público, no significa que se hayan prestado para encubrir un delito. En conclusión, lo que en derecho corresponde respecto a los cargos por la supuesta comisión de los delitos de corrupción, concusión, exacción y encubrimiento que se endilgan en las presentes sumarias, es decretar un sobreseimiento provisional, de carácter objetivo e impersonal, debido a que los medios de justificación acumulados en el proceso no son suficientes para comprobar el hecho punible, en virtud de lo establecido en el numeral 1 del artículo 2208 del Código Judicial. PARTE RESOLUTIVA En virtud de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, MODIFICA el Auto Nº 166 de 6 de junio de 2011, en el sentido de dictar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, OBJETIVO E IMPERSONAL, en relación a los delitos querellados de Corrupción de Servidores Públicos, Concusión, Exacción, y Encubrimiento, y lo CONFIRMA en todo lo demás. N., D. y Cúmplase, HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ JERÓNIMO MEJÍA E. -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS JOSE ISRAEL CORREA GARCIA (Secretario)