Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 12 de Enero de 2015

Ponente:Harry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución:12 de Enero de 2015
Emisor:Segunda de lo Penal
 
CONTENIDO

VISTOS: Para pronunciarse en el fondo se encuentran los recursos de casación formalizados por el Licdo. J.E.C.S., Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, contra la Sentencia de Segunda Instancia N° 197 de siete (7) de octubre de dos mil diez (2010), proferida por el SegundoTribunal Superior del Primer Distrito Judicial. La decisión judicial censurada mediante los recursos de casación incoados, confirmó la Sentencia de Primera Instancia mediante la cual resultaron absueltos E.A.J.H., N.M.H., L.Y.J.F. y D.C.G.G. de los cargos formulados en su contra por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y posesión agravada de drogas. Cumplidos los trámites procesales inherentes al traslado del recurso a la Procuraduría General de la Nación y luego del acto de audiencia oral, corresponde a la S. pronunciarse sobre el fondo de la pretensión procesal esbozada por el recurrente, a lo que procedemos previa la consideración de las siguientes anotaciones procesales. ANTECEDENTES DEL CASO El presente proceso tuvo su origen el día primero (1) de marzo de 2008 en atención a la Diligencia de Allanamiento y Registro a cargo de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas realizada en una residencia ubicada en el corregimiento 24 de Diciembre, sector de C.A., poblado de R.C., próximo a la Parrillada Las Totumas, C.S.P., Tercera casa a mano derecha, en la que ocurrió un hallazgo de ochocientos (800) paquetes con la inscripción "R.C." con una sustancia en su interior que se presumía fuese cocaína y donde fueron aprehendidos B.C., D.G. y L.J.F.. En el curso de la investigación penal, fueron investigados los señores B.C., D.C.G.G., L.J.F., E.J.F., N.M.H., L.J.F. y R.C.A.. El veinticuatro (24) de mayo de dos mil nueve (2009), el Juzgado Primero de Circuito Penal del Primer Distrito Judicial de Panamá, celebró la audiencia preliminar sustanciada bajo las reglas del juicio abreviado; y en consecuencia, mediante Auto Mixto declaró la apertura de causa criminal contra B.C., D.C.G.G., L.J.F., N.M.H., L.J.F. y E.J.F. como presuntos infractores de las disposiciones contenidas en el Título VII, Capítulo V y Título XII, C.V., ambos del Libro II del Código Penal derogado (Ley N° 18 de 22 de septiembre de 1982); es decir, Delitos Contra la Salud Pública Relacionados con Drogas y Contra la Economía Nacional en la modalidad de Blanqueo de Capitales. Por otro lado, se sobreseyó provisionalmente al señor R.C.A. de los cargos formulados en su contra. Mediante Sentencia de Primera Instancia el Tribunal de la causa declaró penalmente responsables a B.C.M. y L.Y.J.F. como autores de los delitos de Blanqueo de Capitales y Posesión Agravada de Drogas a la pena de cincuenta (50) meses de prisión, doscientos (200) días multa e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término; y absolvió a D.C.G.G., N.M.H., L.Y.J.F. y E.A.J.F.. Esta decisión fue objeto de recurso de apelación, por lo que una vez surtida la alzada, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial deja sin efecto la sanción pecuniaria impuesta a los señores B.C.M. y L.Y.J.F. y confirma en todo lo demás la resolución de primera instancia. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Compete al Tribunal de Casación determinar la procedencia de los cargos planteados por el recurrente en cada uno de los libelos. El mecanismo extraordinario de impugnación se sustenta en dos causales probatorias, las cuales examinaremos de manera separada. Antes de iniciar el análisis, cabe advertir que reiterada jurisprudencia de esta S. ha sostenido que el error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia e implica violación de la ley sustancial penal, se configura 1. Cuando a una prueba legalmente producida no se le reconoce el valor que la ley le otorga; 2.Cuando a una prueba legalmente producida se le da un valor no reconocido por la ley; 3. Cuando la prueba no fue producida o practicada con apego a los requisitos legales correspondientes; es decir, cuando se le considera sin que se hubiere producido legalmente y se le confiere una fuerza probatoria estatuida sólo para elementos probatorios que reúnan todas las cualidades exigidas por la ley; y 4. Cuando se desconocen las reglas de la sana crítica al analizar el caudal probatorio. Mientras que el error de hecho en la existencia de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado e implica infracción de la ley sustancial penal, se configura 1. Cuando el Tribunal ignora la presencia material de una prueba en el proceso; 2. Cuando afirma que determinada prueba aparece materialmente en el expediente siendo que ella no consta en el proceso o; 3. Cuando determinado elemento probatorio es distorsionado por el Tribunal haciéndole decir más o menos de lo que realmente se desprende dicho elemento probatorio. Aunado a lo anterior resulta imprescindible establecer el concepto de delito como una conducta típica, antijurídica y culpable, así lo reconoce nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 13 del Código Penal, por tanto debe constatarse en primer lugar si nos encontramos frente a la conducta por la cual los procesados fueron llamados a juicio. Lo señalado en las líneas que preceden concurre dado que al analizar la tipicidad como elemento conceptualizador del delito, podemos determinar que la conducta típica atribuida a una persona requiere recibir, depositar, negociar, convertir o transferir dineros, títulos valores, bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de actividades relacionadas con el tráfico de drogas (en el caso que nos ocupa), con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o de eludir las consecuencias jurídicas del mismo. Así las cosas, se blanquean capitales con la finalidad de separar los bienes de su origen ilícito y así encubrir actividades delictivas que dan un resultado económico. Realizada la anterior explicación procede la S. al estudio correspondiente. RECURSO DE CASACIÓN PROPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A E.A.J.F.. PRIMERA CAUSAL INVOCADA Corresponde al supuesto "error de hecho en la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal", consignada en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial y es sustentada en siete (7) motivos a saber: MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSALa. Primer motivo Señala el recurrente que el Ad-Quem no valoró las pruebas que constan a fojas 380-381, 386-388, 403-408 y 479-484, consistentes en copias de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, que son dos actas de inspección ocular, un informe de inspección ocular y la declaración indagatoria de R.A.M.J. en la que se establece el interés del grupo familiar de E.J. en el proceso penal seguido contra el señor R.M.. A juicio del recurrente la omisión probatoria llevó al Tribunal Superior a desconocer que R.M. admitió en la declaración indagatoria que pertenecía a un grupo criminal dirigido por J.C. que introdujo al territorio nacional 1600 paquetes de cocaína entre otros cargamentos, a través del área de desembarque ubicado J.D., lo cual permite determinar que E.J. tenía un particular interés en la actividad precedente (narcotráfico), lo que le facilitó la comisión del delito de blanqueo de capitales. b. Segundo Motivo Es censurada la ausencia de valoración de los documentos encontrados bajo la disponibilidad del grupo familiar de E.J., que lo relacionan con R.M. y J.C., consistentes en facturas por la compra de camiones a nombre de R.M., facturas a nombre de N.M. de la casa del Revisado por cuarenta dólares (B/.40.00), recibo a nombre de N.M. por el pago de un cuarto de alquiler por setenta dólares (B/. 70.00) y planilla en la que figura J.C. como empleado del desembarcadero de J.D. (fs. 252, 254, 834-835) de la cual se desprende según el recurrente la ejecución de un delito relacionado con drogas ejecutado por R.M., actividad que le importaba a E.J. y le facilitaba el delito de blanqueo de capitales.c. Tercer Motivo Surge de la omisión del informe policial de relación (fs. 248-251) en el que se establecen datos conectivos entre la actividad relacionada con drogas realizada por R.M. y J.C. y los actos económicos controlados por el grupo familiar de E.J..d. Cuarto Motivo Según el recurrente, la omisión en la valoración del informe policial de obtención de información (fs. 34-35) en el cual se establece la relación interpersonal que unía a L.J. con LYSEIKA JAÉN a través de su esposo N.M. y su cuñado E.J.. Por otro lado agrega que las actuaciones de narcotráfico realizadas por L.J. facilitaron la acumulación de ganancias de fuente legítima no acreditada por parte de su hermana LYSEIKA JAÉN, N.M. y E.J..e. Quinto Motivo Ausencia de valoración de los documentos de compra venta de un vehículo a nombre de E.J. (f. 365), con lo que se establece la existencia de un acto económico injustificado.f. Sexto Motivo Guarda relación con la no valoración del informe de la Sección de Investigación Financiera (fs. 1850-1851, 1874-1875), en el que se establece la fluidez de los desembolsos injustificados de grandes sumas de dinero a cargo de E.J., quien no aparece como cotizante de la Caja de Seguro Social, ni ha declarado renta, teniendo un patrimonio injustificado de B/. 10,500.00.g. Séptimo Motivo La omisión de las consultas efectuadas a la base de datos de la Autoridad de Tránsito (f. 570) en la que se establece la titularidad de un vehículo a nombre de E.J.. DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Como normas infringidas son señalados los artículos 780 del Código Judicial, así como los artículos 390 numeral 2 y 55 del Código Penal. OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO En síntesis, el entonces Procurador General de la Nación R.B., al emitir su concepto sobre este motivo, sostuvo que las pruebas no valoradas por el Ad-Quem demuestran el interés que existía por parte del grupo familiar de E.A.J.F. por el proceso penal seguido a R.A.M.J. y la disposición de dinero por parte del procesado para la compra del vehículo ...., a sabiendas que estaba vinculado con actividades ilícitas relacionadas con drogas. Por otro lado, advierte que de haber apreciado las pruebas obviadas, el Ad-Quem habría concluido que M.J. aceptó pertenecer al grupo criminal dirigido por J.A.C.I. para introducir drogas al país a través del área de embarque de J.D., actividad en la que estaba involucrado J.F., facilitando la comisión del delito de Blanqueo de Capitales. DECISIÓN DE LA SALA En el primer motivo expone el recurrente que el Ad-Quem no le concedió valor probatorio a las copias de las actas de inspección ocular, el informe de inspección ocular y la declaración indagatoria de R.A.M.J. dentro de un proceso que se le sigue a raíz de la Operación MORGAN (fs. 380, 386, 403 y 479) y que establecen el interés del grupo familiar de E.J. en dicho proceso. Mientras que en el segundo motivo refiere la no valoración de los documentos encontrados mediante diligencia de allanamiento y registro practicada en la Casa N° C-30, calle tercera, Urbanización Las Américas; entre ellos: a) factura por la compra de camiones a nombre de R.M.; b) factura a nombre de N.M. de la casa del Revisado por cuarenta dólares (B/. 40.00) en concepto de alquiler de un estacionamiento en Calle L, P.R.; c) recibo a nombre de N.M. por el pago de un cuarto de alquiler por setenta dólares (B/. 70.00) y; d) planilla en la que figura J.C. como empleado del desembarcadero de J.D., de la cual se desprende según el recurrente la ejecución de un delito relacionado por drogas ejecutado por R.M., actividad que le importaba a E.J. y le facilitaba el delito de blanqueo de capitales (fs. 252, 254, 834-835) . En la misma diligencia fueron levantadas pruebas de ion scan en los vehículos marca Chevrolet, modelo Aveo, color rojo, matriculado 427818, S., modelo Gran V., color azul, matriculado 29538, y Toyota, modelo Yaris, color verde, matriculado 417275, los cuales resultaron negativos para la presencia de sustancias ilícitas (fs. 204-205). La no valoración de las pruebas que anteceden no permiten determinar la responsabilidad penal de E.J.F. respecto a la comisión del delito de blanqueo de capitales. Si bien es cierto, R.M. manifestó mediante declaración indagatoria, que CAICEDO trabajaba en el embarcadero de L.B. como soldador y que la droga la introducían por ese lugar, y además figura la planilla en la que aparece J.C. como empleado del desembarcadero de J.D. (lugar donde laboraba el procesado); sólo dan cuenta de un proceso penal seguido contra R.M. y J.C.I., cuyas copias estaban bajo la tenencia de N.M., quien aceptó mantenerlas en su poder (f. 1005); es decir, no demuestran de ninguna manera que el procesado pudiera estar relacionado al proceso seguido contra MITCHELL y CAICEDO y como veremos al analizar el resto de los elementos probatorios, no se reflejan conductas que encajen con los verbos rectores del tipo penal de blanqueo de capitales. También es objetada en el tercer y cuarto motivo, la no valoración del Informe de Investigación y Relación de Hechos (fs. 248-251), así como el Informe de Obtención de Información (fs. 34-35) ratificados mediante declaración jurada por el Cabo Eduar Troya, los cuales no hacen referencia alguna del procesado. Lo único que pudiera deducirse del Informe de Obtención de Información al confrontarlo con las declaraciones indagatorias y las diligencias de careo de L.J.F. y E.J. FERNÁNDEZ, es la relación que los une en virtud del vínculo de consanguinidad puesto que son hermanos; entretanto, del Informe de Relación de Hechos se colige una incongruencia al detallar que en el vehículo marca Daihatsu, modelo Terios, matriculado 394313, propiedad de CAICEDO IBARGUEN (Operación MORGAN) fueron encontrados documentos correspondientes a la compra del vehículo marca S., modelo Grand V., color azul (registrado a nombre de E.A.J.F.); pues al confrontar la información con la plasmada en la diligencia de inspección ocular efectuada en el vehículo, observamos que no hace alusión a los documentos enunciados (ver fs. 380-381, 405-406). Con base en lo antedicho, estima este Tribunal de Casación que la no valoración por parte del Tribunal de Alzada de dichos informes y la respectiva ratificación mediante declaración jurada, en nada afectan la situación jurídica del procesado pues mediante dicha declaración no pueden valorarse de otra forma los informes señalados, más que como un indicio para iniciar la instrucción sumarial y no como prueba idónea para lograr la comprobación de la vinculación de E.J.F. al delito de Blanqueo de Capitales. Y es que las diligencias adelantadas y preparadas por los miembros de la Policía Técnica Judicial, al igual que la Fuerza Pública, tendrán esa consideración de conformidad con lo normado por el artículo 2042-A del Código Judicial, disposición legal que además establece que dichos informes deberán estar debidamente firmados por el agente o agentes que participaron en ellos. En virtud de ello corresponde al agente instructor la realización de las diligencias tendientes a recabar los rastros o señales del delito investigado, de acuerdo a lo normado por el artículo 2050 del Código Judicial. Estima el recurrente al formular el quinto motivo, que los documentos de compra venta de un vehículo registrado a nombre de E.J.F. (f. 365) establecen la existencia de un acto económico injustificado. Al respecto L.J.F., refirió en declaración indagatoria (fs. 186-197) que es hermana del señor E.J.F., quien es un adicto en recuperación y lo tiene en su casa. Agregó que el vehículo marca S., modelo V., color azul, con matrícula 295381 está registrado a nombre de su hermano pero es su esposo quien lo tiene, y respecto a la procedencia de los mil ochocientos dólares (B/. 1,800.00) encontrados en la diligencia de allanamiento, indicó que corresponden a la planilla de los muchachos que su esposo tenía trabajando en el embarcadero. Consta entre los documentos incautados el contrato de compra venta del vehículo S., modelo Gran V., color azul, matriculado 29538, donde aparece como vendedor el señor R.J.M.M. y como comprador E.A.J.F. (fs. 350-351) y también hay constancia de las consultas efectuadas a la base de datos de la Autoridad de Tránsito (f. 570) en la que se establece la titularidad del vehículo mencionado, a nombre de E.A.J.F.. Sin embargo esta prueba por sí sola no demuestra la comisión del delito de blanqueo de capitales por parte del procesado, puesto que con ella no se prueba la separación de bienes de su origen ilícito con la finalidad de encubrir actividades delictivas que dan un resultado económico, por lo tanto desechamos el cargo de injuridicidad aducido por el recurrente. El sexto motivo guarda relación con la no valoración del informe de la Sección de Investigación Financiera (fs. 1850-1851, 1874-1875), en el que según el recurrente se establece la fluidez de los desembolsos injustificados de grandes sumas de dinero a cargo de E.J., quien no aparece como cotizante de la Caja de Seguro Social, ni ha declarado renta, teniendo un patrimonio injustificado de B/. 10,500.00. En ese sentido observamos que mediante nota ABP/VPE N° 016-2009 de 2 de febrero de 2009, la Asociación Bancaria de Panamá informó no mantener información de manejo inusual de dinero por parte de E.J. GONZÁLEZ. De igual forma lo manifestó la Superintendencia de Bancos (fs. 1472-1473), recomendando solicitar la información a la Unidad de Análisis Financiero, la cual comunicó que E.J.F. no mantiene referencias como persona sospechosa reportada por alguna entidad bancaria o financiera (f. 1625). En contraposición, la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, solicitó a la División de Blanqueo de Capitales, Sección de Investigación Financiera, la realización de un informe con la finalidad de establecer la relación entre las evidencias acopiadas en el expediente y comprobar la presunta vinculación de los procesados con los delitos investigados. El informe en cuestión fue suscrito y ratificado mediante declaración jurada por el C.E.Á., según el cual, E.A.J.G. mantiene a su nombre el registro de un vehículo valorado en B/. 10,500.00, no figura como declarante de ingresos (F. 1474), no cotiza en la Caja de Seguro Social, no mantiene registros de bienes inmuebles a su nombre y figura en una sociedad anónima (Centro de Copiado Plaza, S.A.), en calidad de suscriptor director y tesorero. Esta última información, al ser confrontada con la Escritura Pública correspondiente (f. 1469), nos permite constatar que la sociedad en cuestión fue inscrita en la Ficha 333876, R. 55560 de 7 de agosto de 1997 y la persona cuyo nombre aparece corresponde a E.A.J.O., mientras que el certificado de nacimiento del procesado (f. 1964) permite determinar que su nombre es E.A.J.F., contradiciendo la información plasmada en el informe, igual que ocurrió en el caso de la procesada D.C.G.G. que según el informe también forma parte de G.S., S.A.; sin embargo, la persona que figura como directora y secretaria es D.C.G.S. (f. 1470). El Capitán E.Á. llega a la conclusión que nos encontramos frente a la comisión del delito de blanqueo de capitales ya que el procesado no registra ingresos que justifiquen el patrimonio que ostentaba, ni ha presentado pruebas que acrediten su procedencia. A criterio de la S.,el informe en cuestión carece de coherencia y además de ello no cumple con las normas probatorias establecidas en el Código Judicial al obviar la verificación de la idoneidad del perito para realizar el informe, y a pesar de las conclusiones a las que arriba, no constata la fluidez de desembolsos injustificados de grandes sumas de dinero a cargo de E.J.F. como ha señalado el recurrente, únicamente se limita a realizar un listado de los dineros y bienes de los procesados sin establecer una correlación fehaciente con las actividades de los mismos; incluso, adjudica la participación de J.F. en una sociedad anónima, pasando por alto que los nombres no coinciden. Aunado a ello, tampoco fue demostrado que el procesado estuviera vinculado al delito de posesión Agravada de Drogas por el que también fue llamado a juicio, y aún cuando no se requiera una sentencia condenatoria previa; resulta indispensable probar que con la ejecución de alguno de los verbos tipos descritos en el artículo 389 del Código Penal de 1982, interconectados con el delito de blanqueo de capitales, lo pretendido por el sujeto activo es el ocultamiento de dineros y bienes provenientes de aquellos delitos; de lo contrario, se estaría condenando por la tenencia de dinero en grandes cantidades (cuestión que tampoco es del caso) y con base en suposiciones y no en hechos que devienen de otros que son ciertos. Tampoco podemos obviar el hecho que corresponde a las personas naturales o jurídicas dedicadas a la actividad bancaria, financiera, etc. informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre movimientos o transacciones sospechosas, ya que es la entidad administrativa facultada por Ley N° 42 de 2 de octubre de 2000 (artículo 1 numeral 2, artículo 2), llamando la atención particularmente que ninguna entidad emitió alerta, así como tampoco lo hizo la Superintendencia de Bancos. En consecuencia, la situación fáctica que esbozó el Tribunal Ad-Quem en la motivación de la sentencia se ajusta a la realidad procesal; por lo que no se evidencian vicios de interpretación probatoria; es decir, que el razonamiento o ponderación realizado por el Tribunal Ad-Quem se ajusta a lo dispuesto por las reglas de la sana crítica. La sección de las disposiciones legales infringidas, advierte la S. que al no probarse los motivos, no tiene sentido analizar la supuesta infracción de las normas, ya que no podrían estimarse como vulneradas. SEGUNDA CAUSAL INVOCADA Corresponde al supuesto "error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal", establecida en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial. MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSALa. Primer Motivo Expone el licenciado C. que el Tribunal Ad-Quem apreció de manera errada la diligencia de allanamiento y registro (fs. 26-29) realizada en la Casa N° C-30, calle tercera, Urbanización Las Américas, al concluir la ausencia de ilicitud.b. Segundo Motivo Es censurada la apreciación de la declaración indagatoria de E.J.F., toda vez que el Tribunal sobre valoró la coartada de que su salario justifica la fuente de adquisición del vehículo marca S., modelo Gran V., color azul, matriculado 29538. DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Como Disposiciones legales infringidas cita la violación directa por omisión de los artículos 836, 917 del Código Judicial y los artículos 390, numeral 2 y 55 del Código Penal, ésta última en concepto de violación directa por comisión. OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador General de la Nación refirió respecto de la causal en comento, que el procesado derivó provecho de las actividades ilícitas relacionadas con drogas que vinculan a su familia y que mantenía nexos con una organización criminal integrada por IBARGUEN y MITCHELL, por lo que el Tribunal Ad-Quem ignoró los indicios que se derivan de la diligencia de allanamiento realizada en la residencia N° C-30, ubicada en calle tercera de la Urbanización Las Américas. Por otro lado agrega que las excepciones ofrecidas por el procesado no lo desvinculan de la responsabilidad penal por el delito de blanqueo de capitales, ya que de ella se corrobora además, que labora en el desembarcadero de L.B. y devenga un salario de B/. 50.00 semanales, por lo que surgen indicios como que ese lugar fue utilizado para la entrega de droga y que el salario del procesado no justifica la adquisición de un vehículo para ponerlo a su nombre y venderlo más tarde. DECISIÓN DE LA SALA Respecto al primer motivo atinente a la errada valoración de la diligencia de allanamiento y registro practicada en presencia de L.J.J.F., E.A.J.F., N.M.H. y R.C., fue encontrado un pasaporte N° 16494760 correspondiente a AMILKA M. HURTADO, tres celulares, la suma de B/. 1,800 desglosados en billetes de veinte dólares americanos en la recámara principal (ocupada por N.M. y LIZEIKA J.F.); copia del expediente N° 534-07 de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Droga, correspondiente al proceso seguido a J.A.C.I. y R.A.M.J. por la presunta comisión de delitos contra la Economía Nacional y la Salud Pública, Relacionados con Drogas, volantes de envío de dinero mediante WESTWERN UNION y TELEGIROS, cuyos remitentes son N.M. y L.J.F., recibos de pago de la empresa SERMASA, S.A., factura de La Casa del Revisado a nombre de N.M. por el alquiler de un estacionamiento, recibo de pago de alquiler de una habitación a nombre de N.M.. Además de ello, fueron levantadas muestras de ION SCAN en los vehículos marca Chevrolet, modelo Aveo, color rojo, matriculado 427818; S., modelo Gran V., color azul, matriculado 29538, y Toyota, modelo Yaris, color verde, matriculado 417275, y al registrarlos no se encontró nada ilícito. Los mismos aparecen registrados a nombre de N.M., E.A.J.F. y LIZEIKA JAMILETH J.F. respectivamente (fs. 75-78). Cabe resaltar que con dicho elemento probatorio se logra comprobar que la anterior diligencia fue ordenada a consecuencia de una Diligencia de Allanamiento y Registro realizada previamente en el poblado de R.C. (Operación NANO), cerca de la Parrillada Las Totumas, C.S.P., C.A.; en atención a denuncia ciudadana e informes policiales según los cuales, una unidad de la Policía Nacional llamada L.J.F., prestaba colaboración a una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias ilícitas. En dicha diligencia se llevó a cabo la aprehensión de B.C. y D.G.G., la incautación de 800 paquetes rectangulares forrados con cinta adhesiva color amarillo con el logo R.C. y la aprehensión de L.J.F. a la altura del centro comercial LA DOÑA (fs. 47-49), quien fue conducida a R.C., donde se le realizó una toma de muestras de ION SCAN en su anatomía y en el vehículo por ella conducido y se encontró la suma de cinco mil balboas (B/. 5,000.00) Igual suma fue encontrada en la habitación de B.C.; además de B/. 1,031.00 en efectivo y un cheque por B/. 1,300.00 en poder de D.C.G.G., a quienes también se les tomaron muestras de ion scan (fs-50-150). Además de ello, logra determinarse que L.J.F. es cuñada de N.M., hermana de L.Y.J.F. y de E.J.F., quienes residen en la Casa N° C-30, calle tercera, Urbanización Las Américas, lugar frecuentado por la unidad policial. Las pruebas enunciadas no constituyen una prueba que permita establecer más que el vínculo de consanguinidad que lo une con su hermana L.J.; por cuanto las facturas encontradas en dicho lugar no evidencian la participación de E.J. FERNÁNDEZ en una actividad criminal (ni si quiera están a su nombre); por otro lado, tampoco permiten establecer una relación que permita vincular al procesado con la droga incautada en R.C. mediante la operación NANO, ni con el expediente encontrado mediante diligencia de allanamiento en la residencia habitada por el procesado. Aunado a los hechos advertidos en los párrafos que preceden, el informe de análisis de muestras tomadas mediante ion scan en los vehículos Chevrolet, modelo Aveo, color rojo, matriculado 427818; S., modelo Gran V., color azul, matriculado 29538, y Toyota, modelo Yaris, color verde, matriculado 417275, el resultado fue negativo (fs. 204-206). El segundo motivo corresponde a la errada apreciación de la declaración indagatoria de E.J.F., que al tenor de lo planteado por el recurrente, el Tribunal sobre valoró la coartada de que su salario justifica la fuente de adquisición del vehículo marca S., modelo Gran V., color azul, matriculado 29538. Tras el análisis de la declaración vertida por J.F. advierte la S., que dista de lo señalado por el recurrente pues éste no justificó la compra del vehículo en mención con el salario devengado del trabajo desempeñado en el desembarcadero de J.D., por el contrario manifestó que su cuñado N.M. le pagaba B/. 50.00 semanales como ayudante de pintura y soldadura y que el vehículo fue comprado por M. registrándolo a su nombre con la finalidad de venderlo posteriormente y utilizar el dinero en el tratamiento de rehabilitación, ya que es adicto a las drogas y en ese sentido lo expresó el Tribunal Superior, cuestión que fue reiterada por L.J.F. en su declaración. Lo depuesto por el procesado no justifica de manera fehaciente la fuente de adquisición del vehículo, pero de las otras piezas procesales (informe de la unidad de análisis financiero e informe de la Sección de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional), no se evidencia la acumulación de ganancias a través de actividades de origen ilícito, ni la ejecución de operaciones lícitas con la finalidad de justificar grandes cantidades de capital, ni la introducción de los mismos en el sistema bancario o financiero; por el contrario, evidencian que el procesado no mantiene cuentas bancarias, bienes inmuebles, ni sociedades. Por otro lado, el Ministerio Público no realizó las gestiones necesarias para obtener medios de prueba tendientes a comprobar la comisión del hecho, y ante la inexistencia incluso de indicios respecto a la realización de un delito cuyas ganancias económicas necesiten ser justificadas con la finalidad de ser ingresadas al mercado financiero legítimo, las pruebas insertas en el expediente no demuestran el cargo de injuridicidad aducido por el recurrente, por lo tanto, advertimos que al no probarse los motivos, carece de sentido el análisis la supuesta infracción de las normas, ya que no podrían estimarse como vulneradas. RECURSO DE CASACIÓN PROPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A N.M.H. PRIMERA CAUSAL INVOCADA Corresponde al supuesto "error de hecho en la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal", consignada en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial y es sustentada en siete (7) motivos a saber: MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSALa. Primer motivo Señala el recurrente que el Ad-Quem no valoró las pruebas que constan a fojas 380-381, 386-388, 403-408 y 479-484, consistentes en copias de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, consistente en dos actas de inspección ocular, un informe de inspección ocular y la declaración indagatoria de R.A.M.J. en la que se establece el interés del grupo familiar de E.J. en el proceso penal seguido contra el señor R.M.. A juicio del recurrente la omisión probatoria llevó al Tribunal Superior a desconocer que R.M. admitió en la declaración indagatoria que pertenecía a un grupo criminal dirigido por J.C. que introdujo al territorio nacional 1600 paquetes de cocaína entre otros cargamentos, a través del área de desembarque ubicado en J.D., lo cual permite determinar que N.M. tenía un particular interés en la actividad precedente (narcotráfico), lo que le facilitó la comisión del delito de blanqueo de capitales. b. Segundo Motivo Es censurada la ausencia de valoración de los documentos encontrados bajo la disponibilidad del grupo familiar de N.M., que lo relacionan con R.M. y J.C., consistente en facturas por la compra de camiones a nombre de R.M., facturas a nombre de N.M. de la casa del Revisado por cuarenta dólares (B/. 40.00), recibo a nombre de N.M. por el pago de un cuarto de alquiler por setenta dólares (B/. 70.00) y planilla en la que figura J.C. como empleado del desembarcadero de J.D. (fs. 252, 254, 834-835) de la cual se desprende según el recurrente la ejecución de un delito relacionado por drogas ejecutado por R.M., empleando camiones y el desembarcadero de J.D., actividad que le importaba a N.M. y le facilitaba la comisión del delito de blanqueo de capitales.c. Tercer Motivo Surge de la omisión del informe policial de relación (fs. 248-251) en el que se establecen datos conectivos entre la actividad relacionada con drogas realizada por R.M. y J.C. y los actos económicos controlados por el grupo familiar de NERIS M..d. Cuarto Motivo Según el recurrente, la omisión en la valoración del informe policial de obtención de información (fs. 34-35) en el cual se establece la relación interpersonal que unía a L.J. con LYSEIKA JAÉN a través de su esposo N.M.. Por otro lado agrega que las actuaciones de narcotráfico realizadas por L.J. facilitaron la acumulación de ganancias de fuente legítima no acreditada por parte de su hermana LYSEIKA JAÉN y NERIS M..e. Quinto Motivo Ausencia de valoración de los documentos hallados en poder de N.M., en los que constan transacciones comerciales y que establecen actos económicos continuos (fs. 271-288, 296, 320-321). El Tribunal Ad-Quem obvió que el procesado controlaba pagos de abono a la fabricación de carrocerías costosas, la compra de un vehículo y transferencias internacionales de dinero, relacionados con la ejecución de delitos precedentes relacionados con drogas llevados a cabo por R.M. y L.J., favoreciendo la comisión del delito de blanqueo de capitales. f. Sexto Motivo Guarda relación con la no valoración del informe de la Sección de Investigación Financiera de la Policía Nacional (fs. 1850-1851, 1874-1875), en el que se establece la fluidez de los desembolsos injustificados de grandes sumas de dinero a cargo de N.M., quien no aparece como cotizante de la Caja de Seguro Social, ni ha declarado renta, teniendo un patrimonio injustificado de B/. 44,251.80.g. Séptimo Motivo La omisión de la ponderación de los recibos de pago de SERMASA, S.A. a N.M. (f. 256), que establecen que el procesado tenía un salario de subsistencia en el año 2006 (B/. 200.00 mensuales).h. Octavo Motivo Corresponde a la omisión en cuanto a la valoración de las consultas efectuadas a la base de datos de la Autoridad del Tránsito (f. 586), en la que se establece la titularidad de un vehículo a nombre de N.M., lo cual llevó al Tribunal a desconocer la actividad procedente del narcotráfico que le facilitaba a N.M. la comisión del delito de blanqueo de capitales. DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Como normas infringidas son señalados los artículos 780 del Código Judicial, así como los artículos 390 numeral 2 y 55 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión. OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Sobre la causal en mención, el licenciado R.B. es del criterio que N.M.H. incurrió en el delito de blanqueo de capitales según se desprende de los elementos probatorios no valorados por el Ad-Quem, donde se demuestra la realización de transacciones y la existencia de un patrimonio no justificado en atención a la diferencia derivada de la diferencia entre el patrimonio establecido y los ingresos comprobados. DECISIÓN DE LA SALA Refiere el recurrente en el primer y segundo motivo, la no valoración de las copias de la instrucción del sumario a cargo de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas contra R.M. y J.C., por la comisión de un delito relacionado con drogas, y la no valoración de los documentos incautados en la residencia de NERIS M. mediante diligencia de allanamiento y registro. Observa la S. al igual que en el caso de J.F., que la no valoración de las copias del sumario instruido, no permiten determinar la responsabilidad penal de N.M. respecto a la comisión del delito de blanqueo de capitales por las razones que expondremos a continuación. En las copias del expediente consta que R.M. manifestó mediante declaración indagatoria que J.C. trabaja en el embarcadero de L.B. como soldador y que la droga la introducen por ese lugar; así como consta la incautación mediante diligencia de allanamiento y registro allanamiento realizada en la Casa N° C-30, calle tercera, Urbanización Las Américas, de una factura a nombre de N.M. de la casa del Revisado por cuarenta dólares (B/. 40.00) por el alquiler de un estacionamiento en Calle L, P.R. (lugar donde fueron detenidos MITCHELL y CAICEDO), factura por la compra de dos camiones marca Mitsubishi, modelo C. matriculados 409065 y 409067 por la suma de B/. 27,000.00 a nombre de R.M., planilla en la que figura J.C. como empleado del desembarcadero de J.D. (lugar donde labora el procesado) y recibos de pago a los empleados de la empresa SERMASA, S.A., ubicada en calle 1ª L.B., J.D. (fs. 252, 254, 834-835). En la misma diligencia fueron levantadas pruebas de ion scan en los vehículos marca Chevrolet, modelo Aveo, color rojo, matriculado 427818, S., modelo Gran V., color azul, matriculado 29538, y Toyota, modelo Yaris, color verde, matriculado 417275 arrojaron resultados negativos para la presencia de sustancias ilícitas (fs. 204-205). También se objeta en el tercer y cuarto motivo, la no valoración del Informe de Investigación y Relación de Hechos, así como en Informe de Obtención de Información (fs. 34-35) ratificados mediante declaración jurada por el Cabo Eduar Troya. El Informe de Investigación y Relación de Hechos reitera lo mencionado en líneas anteriores y además de ello advierte que en la diligencia de allanamiento realizada en la Casa N° C-30, ubicada en calle tercera, Urbanización Las Américas, se encontró un documento relacionado a la demanda de habeas corpus presentada a favor de A.R., HEVAR RIASCO y F.M., relacionados con la OPERACIÓN CÁNTAROS y cuyo abogado, el licenciado C.E.S. asiste a algunos de los detenidos en la operación NANO; mientras que el informe de Obtención de Información establece la relación interpersonal que une a L.J. y N.M., a consecuencia del vínculo de consanguinidad respecto a L.J.F., esposa del procesado. El examen de las pruebas que anteceden no demuestran el cargo de injuridicidad aducido por el recurrente puesto que si bien, reflejan indicios que relacionan a MITCHELL y CAICEDO, así como a A.R., HEVAR RIASCO y F.M. con N.M., no prueban la comisión del delito de blanqueo de capitales, pues el tipo penal requiere la separación de bienes de su origen lícito con el objeto de encubrir actividades delictivas que dan un resultado económico, lo cual no consta en autos como veremos seguidamente al analizar el resto de los motivos. El recurrente advierte en el quinto motivo, que el Tribunal Ad-Quem pasó por alto las transacciones comerciales que establecen actos económicos continuos (fs. 271-288, 296, 320-321) y pagos de abono a la fabricación de carrocerías costosas, la compra de un vehículo y transferencias internacionales de dinero, relacionados con la ejecución de delitos precedentes relacionados con drogas llevados a cabo por R.M. y L.J., favoreciendo la comisión del delito de blanqueo de capitales. En ese mismo sentido, el sexto motivo concerniente al informe elaborado por la División de Blanqueo de Capitales, Sección de Investigación Financiera de la Policía Nacional (fs. 1850-1851, 1874-1875), refiere fluidez de los desembolsos injustificados de grandes sumas de dinero a cargo de N. M., teniendo un patrimonio injustificado de B/. 44,251.80, desglosados de la siguiente manera: B/. 1,800.00 correspondiente a la suma de dinero encontrada en su residencia, pago a Grupo Sílaba por B/. 9,000.00, pago de dos camiones marca Mitsubishi, modelo C. con matrícula 409065 y 409067 respectivamente por el monto de B/. 27,000.00 a la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PANAMEÑA, S.A., un recibo por la instalación de vagón por la suma de B/. 5,000.00 y facturas de giros de dinero enviados a Colombia que en total corresponde a B/. 1,450.00. Advertimos entonces que el pago a Grupo Sílaba corresponde a la compra del vehículo marca Kía, modelo P., con matrícula 467286, año 2006, registrado a nombre de L.J.F.; quien adquirió un préstamo personal en el año 2006 a través de BANVIVIENDA, tal como consta en la diligencia de inspección ocular ordenada por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas a fojas 1815-1827; en los slip de pago por el monto de B/. 130.00 mensuales realizados por ésta a la institución bancaria y el recibo N° 63236 de grupo sílaba (fs. 274-284 y 320). Observamos además de la factura por la compra de los camiones C., que fueron vendidos por Comercializadora Internacional Panameña, S.A. y si bien, fueron encontrados en la residencia de N.M. tras diligencia de allanamiento, no permite determinar que la suma de dinero pagada fue desembolsada por su persona ya que está a nombre de R.M. (f. 252) y los vehículos se encuentran registrados a nombre de otras. Continuando con el análisis de la presente causal, el recurrente advierte en el séptimo motivo, la omisión de la ponderación de los recibos de pago de SERMASA a N.M. (f. 256), que establecen que el procesado tenía un salario de subsistencia en el año 2006 (B/. 200.00 mensuales). Constan dos recibos de pago de SERMASA, S.A. a N.M. (f. 256), que según el recurrente y el informe de la Sección de Investigación Financiera de la Policía Nacional, establecen que el procesado tenía un salario de subsistencia en el año 2006 de B/. 200.00 mensuales, además de la consulta efectuada a la base de datos de la Autoridad del Tránsito (f. 586), en la que se establece la titularidad del vehículo Marca Chevrolet, modelo Aveo, matrícula 427818 a nombre de N.M.. Al respecto advertimos que C.J.M. manifestó que SERMASA. S.A. se dedica a la reparación y construcción de motonaves cuyo personal depende de la nave en la que se esté trabajando, y que N.M. es su hermano de padre y trabajó con él hasta enero de 2008 ya que se fue a Colombia y al regresar a Panamá le informó que estaba sufriendo del corazón y le mandaron reposo. Refirió que vivía con una señora llamada L., pero no mantienen buenas relaciones porque le decía a su esposa que le pidiera una buena vida, buena casa y ropa. Hablaba muy poco con su hermano y sólo temas de trabajo ya que es cristiano y a su hermano no le gustaba, llegó a visitarlo en dos ocasiones. Respecto al auto marca P. indicó que en ocasiones M. llegaba en ese carro y cree q lo compró con un préstamo que hizo la esposa; sin embargo no sabe a nombre de quién está (fs. 895-897). Así las cosas, observa esta Superioridad que las facturas de SERMASA, S.A. emitidas a nombre de N.M. por el monto de B/. 200.00, en concepto de trabajos de soldadura realizados en el embarcadero de J.D. con fecha veinticinco (25) de marzo y primero (1) de abril de 2006, no evidencian que el ingreso mensual del procesado haya sido de B/. 200.00 como refiere el recurrente y el informe de la Sección de Investigación Financiera de la Policía Nacional. Indicamos lo anterior basados en los siguientes hechos: a) la declaración de E.A.J.F., quien indicó que los pagos de dicha empresa eran realizados semanalmente; al corroborar la fecha de emisión de los recibos observamos que ambos corresponden a dos pagos efectuados en día sábado y que en el caso en cuestión se determina que ocurrieron en sábados continuos; b) que el resto de los recibos de pago girados en las mismas fechas y que corresponden a otros trabajadores, nos permiten advertir que no corresponde a un pago fijo, pues oscilan entre los B/. 120.00 y B/. 275.00, lo cual establece indicios de que el salario mensual del procesado podía oscilar entre los B/. 1,000.00 y B/. 1,200.00 como señaló en la declaración indagatoria (fs. 256-269). Resulta evidente que el informe de la Sección de Investigación Financiera de la Policía Nacional carece de coherencia y además, no cumple con las normas probatorias al obviar la verificación de la idoneidad del perito al momento de la declaración en la que fue ratificado, y a pesar de las conclusiones a las que arriba, queda demostrado que el salario de subsistencia no corresponde a B/. 200.00 mensuales como hemos manifestado en los párrafos anteriores, el procesado no aparece como cuenthabiente en ninguna entidad bancaria según informes proporcionados por las propias instituciones, no mantiene bienes inmuebles inscritos a su nombre, ni aparece como accionista o dignatario en ninguna sociedad, tampoco se registran transacciones de grandes sumas de dinero, cuestiones propias del delito de blanqueo de capitales. La nota ABP/VPE N° 016-2009 de 2 de febrero de 2009, la Asociación Bancaria de Panamá informó no mantener información de manejo inusual de dinero por parte de NERIS M.; de igual forma lo manifestó la Superintendencia de Bancos (fs. 1472-1473), recomendando solicitar la información a la Unidad de Análisis Financiero, la cual comunicó que el procesado no mantiene referencias como persona sospechosa reportada por alguna entidad bancaria o financiera (f. 1625). Como octavo motivo, se alega la no valoración de las consultas efectuadas a la base de datos de la Autoridad del Tránsito (f. 586), en la que se establece la titularidad de un vehículo a nombre de N.M., lo cual llevó al Tribunal a desconocer la actividad procedente del narcotráfico que le facilitaba a N.M. la comisión del delito de blanqueo de capitales. La prueba en comento no constituye un elemento con suficiente fuerza para incidir en lo dispositivo del fallo recurrido; pues para la configuración del delito de blanqueo de capitales deben verificarse cuestiones previas que no fueron comprobadas en la investigación, tales como la acumulación de ganancias derivadas de la actividad del narcotráfico o de alguna de las conductas definidas en el artículo 389 del Código Penal de 1982. Por las anteriores consideraciones, estima este Tribunal, no se logran acreditar los cargos de injuridicidad indicados por el recurrente, en contra de la sentencia de segunda instancia, por lo que no cabe casar la sentencia conforme al recurso presentado. De lo anterior se desprende que tampoco se produjo la alegada infracción del artículo 780 del Código Judicial, ni los artículos 390 y 55 del Código Penal, en los conceptos invocados. SEGUNDA CAUSAL INVOCADA Corresponde al supuesto "error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal, establecida en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial. MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSALa. Primer Motivo Expone el licenciado C., que el Tribunal Ad-Quem apreció de manera errada la diligencia de allanamiento y registro (fs. 26-29) realizada en la Casa N° C-30, ubicada en calle tercera de la Urbanización Las Américas, al concluir la ausencia de ilicitud.b. Segundo Motivo Es censurada la apreciación de la declaración indagatoria de N.M., toda vez que el Tribunal sobre valoró la coartada de que su salario justifica la fuente de adquisición de los bienes y dinero que ostentaba. DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Como Disposiciones legales infringidas cita la violación directa por omisión de los artículos 836, 917 del Código Judicial y los artículos 390, numeral 2 y 55 del Código Penal, ésta última en concepto de violación directa por comisión. OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador General de la Nación estima que de haber sido valoradas correctamente la diligencia de allanamiento y registro efectuado en la residencia C-30 de Las Américas, así como la indagatoria rendida por N.M. en conjunto con el resto del caudal probatorio, habría llegado a la conclusión de que los bienes y dineros ubicados en poder del grupo familiar de NERIS M., son el resultado de actividades relacionadas con drogas y además se habría concluido que la versión del procesado por sí sola no sustenta el dinero y bienes que poseía, máxime que según el Informe Final elaborado por la División de Blanqueo de Capitales llegó a la conclusión que el prenombrado poseía una suma de B/. 44,251.80 cuyo origen no pudo justificar, lo cual se evidencia de la diferencia existente entre el patrimonio y los ingresos comprobados. DECISIÓN DE LA SALA El primer motivo refiere la errada apreciación por parte del Tribunal Ad-Quem, de la diligencia de allanamiento y registro (fs. 26-29) realizada en la Casa N° C-30, calle tercera, Urbanización Las Américas. Al respecto debemos reiterar que tal como fue indicado en el acta correspondiente, no fue encontrado nada ilícito; incluso, el resultado de las muestras de ION SCAN tomadas en los vehículos marca Chevrolet, modelo Aveo, color rojo, matriculado 427818; S., modelo Gran V., color azul, matriculado 29538, y Toyota, modelo Yaris, color verde, matriculado 417275, donde tampoco se encontró nada ilícito, resultaron negativos para la presencia de sustancias ilícitas (fs. 204-206). Dicha diligencia fue ordenada en principio, por la posible vinculación de NERIS M., E.J.F. y L.J.F. con la operación NANO, la cual inició con la denuncia contra L.J.F. como colaboradora de una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias ilícitas, quien frecuentaba la residencia del procesado. De la operación NANO resultó la aprehensión de L.J.F., B.C. y D.C.G.G., además de la incautación de 800 paquetes rectangulares forrados con cinta adhesiva color amarillo con el logo R.C., en la finca ubicada en el sector de C.A., Poblado de R.C., C.S.P., tercera casa a mano derecha; arrojando además resultados positivos para las muestras de ion scan levantadas tanto en la anatomía de L.J.F. como en el vehículo conducido por ésta, al igual que las muestras levantadas en la anatomía de B.C., quienes fueron declarados penalmente responsables por la comisión del delito de posesión de sustancias ilícitas en su modalidad agravada y por el delito de blanqueo de capitales. En ese sentido, ratificamos que L.J.F. es cuñada de N.M., hermana de L.J.F. y de E.J.F., quienes residen en la Casa N° C-30, ubicada en calle tercera, Urbanización Las Américas y que si bien es cierto, eran frecuentados por la unidad policial, ese hecho no revela responsabilidad penal por parte del procesado; es decir, del hecho no dimana una relación que permita vincular al procesado con la droga incautada en RANCHO CAFÉ mediante la operación NANO. En el segundo motivo es cuestionada la supuesta sobre valoración de la declaración indagatoria de NERIS M. (fs. 1002-1006) por parte del Tribunal Ad-Quem toda vez que su salario no justifica la fuente de adquisición de los bienes y dinero que ostentaba. Advierte la S. que al analizar la prueba cuestionada, dista de lo señalado por el recurrente, aunado al resto de los elementos probatorios que constan en el expediente, surge duda razonable a favor del procesado. En primer lugar, observamos que M. refirió ser constructor naval y que labora en el embarcadero de J.D. desde que llegó a Panamá (año 2006), cuyo jefe directo es su hermano C.J.M. y su salario oscilaba entre B/. 1,000.00 a B/. 1,200.00 mensuales. Sobre el dinero encontrado en su residencia al momento del allanamiento, indicó que se lo dan a su hermano para el pago de los trabajadores y en cuanto a los bienes, manifestó lo siguiente: a) su esposa tenía un Toyota y un Kia que es del banco porque no se ha terminado de pagar; b) el vehículo V. lo compró fiado con un abono de B/. 800.00, cuyo costo total era de B/. 8,000.00, con la finalidad de venderlo posteriormente y pagar la estadía de su cuñado E.J., quien aparece como propietario del vehículo porque en ese entonces no tenía los papeles en orden; c) además del V., tiene un vehículo Aveo. Respecto a los giros realizados mediante WESTERN UNION, refirió eran dirigidos a sus hijas, su mamá y al centro de rehabilitación donde se encontraba su cuñado, y uno a nombre de M.C.M.M. quien es una amiga, para el sepelio de su hijo; no mantiene cuentas bancarias, tarjetas de crédito o préstamo, como ya se ha indicado. Al respecto redundamos en la constancia de dos recibos de pago de la empresa SERMASA, S.A. a nombre de N.M. por el monto de B/. 200.00 en concepto de trabajos de soldadura realizados en el embarcadero de J.D., con fecha veinticinco (25) de marzo y primero (1) de abril de 2006, que a nuestro criterio no evidencian que el ingreso mensual del procesado haya sido de B/. 200.00 mensuales; puesto que de la declaración de E.J. inferimos que los pagos de dicha empresa eran realizados semanalmente; esto corresponde también con las deposiciones del procesado y L.J.F. cuando señalaron que los B/. 1,800.00 incautados en su residencia le fueron entregados el día viernes (día anterior al allanamiento) para realizar el pago a los trabajadores de SERMASA, S.A. Lo anterior es reforzado con el examen de la fecha de emisión de los recibos, que en el caso en cuestión ocurrieron en sábados continuos; por otro lado, observa la S. respecto al resto de los recibos de pago girados en las mismas fechas y que corresponden a otros trabajadores, que no se trata de un pago fijo, pues oscilan entre los B/. 120.00 y B/. 275.00, lo cual permite establecer que el salario mensual del procesado podía oscilar entre los B/. 1,000.00 y B/. 1,200.00 como señaló el procesado en la declaración indagatoria (fs. 256-269) o un poco menos. Aunado a lo anterior y como fue expuesto en el análisis de la primera causal, el vehículo marca Kía, modelo P., con matrícula 467286, año 2006, fue comprado por su esposa L.J.F.; mediante un préstamo personal a través de BANVIVIENDA, según consta a fojas 1815-1827, en los slip de pago por el monto de B/. 130.00 mensuales realizados por ésta a dicha institución bancaria y el recibo Nº 63236 de Grupo Sílaba (fs. 274-284 y 320). Finalmente cabe destacar que las constancias acopiadas al proceso no son suficientes para inferir que la ocurrencia del delito de blanqueo de capitales, provenientes de un ilícito relacionado con droga, puesto que no se logró demostrar que estuviera vinculado a un delito relacionado con drogas, y aún cuando no se requiera una sentencia condenatoria previa; resulta indispensable probar que con la ejecución de alguno de los verbos tipos descritos en el artículo 389 del Código Penal de 1982, interconectados con el delito blanqueo, lo pretendido por el sujeto activo es el ocultamiento de dineros y bienes provenientes de aquellos delitos; de lo contrario, se estaría condenando por la tenencia de dinero en grandes cantidades y con base en suposiciones y no en hechos que devienen de otros que son ciertos; cuestión que tampoco es del caso. Sobre este punto, nótese que no existen evidencias de la posesión de bienes suntuosos, cuentas bancarias o dineros en tales cantidades que puedan relacionarse con la actividad ilícita de blanqueo de capitales, todo lo contrario, en el caso de los procesados E.J.F., N.M. y L.J.F., que los mismos son personas de un modus vivendi regular. En otro orden de ideas, no se ha probado que el dinero encontrado en la Casa N° 30, calle tercera, urbanización Las Américas, haya sido negociado en los organismos financieros del país, y en virtud de ello la Fiscalía no puede pretender una conducta por blanqueo de capitales, por cuanto los elementos constitutivos de ese tipo penal, no se encuentran acreditados, pues ni siquiera existe una relación circunstancial entre el dinero en efectivo incautado (B/. 1,800.00) o los envíos de dinero a Colombia y la posible comisión de delitos contra la Salud Pública relacionados con Drogas. Así las cosas, estima esta Superioridad que no se ha logrado demostrar el cargo de injuridicidad endilgado a la sentencia en el presente motivo y en consecuencia no se ha producido la trasgresión del artículo ... del Código Judicial, ni del artículo ... del Código Penal, advertidas por el recurrente como violentadas por la sentencia recurrida. RECURSO DE CASACIÓN PROPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A L.Y.J.F. PRIMERA CAUSAL INVOCADA Corresponde al supuesto "error de hecho en la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal", consignada en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial y es sustentada en siete (7) motivos a saber: MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSALa. Primer motivo Señala el recurrente que el Ad-Quem no valoró las pruebas que constan a fojas 380-381, 386-388, 403-408 y 479-484; es decir, las copias de la investigación seguida a R.A.M.J. y J.C. consistentes en dos actas de inspección ocular, un informe de inspección ocular y la declaración indagatoria de R.A.M.J. en la que se establece el interés del grupo familiar de L.Y.J.F., en el proceso penal seguido contra el señor R.M.. A juicio del recurrente la omisión probatoria llevó al Tribunal Superior a desconocer que R.M. admitió en la declaración indagatoria que pertenecía a un grupo criminal dirigido por J.C. que introdujo al territorio nacional 1,600 paquetes de cocaína entre otros cargamentos, a través del área de desembarque ubicado en J.D., lo cual permite determinar que LISEIKA JAÉN tenía un particular interés en la actividad precedente (narcotráfico), facilitando la comisión del delito de blanqueo de capitales. b. Segundo Motivo Es censurada la ausencia de valoración de los documentos encontrados bajo la disponibilidad del grupo familiar de LISEIKA JAÉN, que la relacionan con R.M. y J.C., consistente en facturas por la compra de camiones a nombre de R.M., facturas a nombre de N.M. de la casa del Revisado por cuarenta dólares (B/. 40.00), recibo a nombre de N.M. por el pago de un cuarto de alquiler por setenta dólares (B/. 70.00) y planilla en la que figura J.C. como empleado del desembarcadero de J.D. (fs. 252, 254, 834-835) de la cual se desprende según el recurrente la ejecución de un delito relacionado con drogas ejecutado por R.M., empleando camiones y el desembarcadero de J.D., actividad que le importaba a LISEIKA JAÉN y le facilitaba la comisión del delito de blanqueo de capitales. c. Tercer Motivo Surge de la omisión del informe policial de relación (fs. 248-251) en el que se establecen datos conectivos entre la actividad relacionada con drogas realizada por R.M. y J.C. y la causa penal seguida contra LISEIKA JAÉN.d. Cuarto Motivo Según el recurrente, la omisión en la valoración del informe policial de obtención de información (fs. 34-35) en el cual se establece la relación interpersonal que unía a L.J. con su hermana LYSEIKA JAÉN a través de su esposo N.M.. Por otro lado agrega que las actuaciones de narcotráfico realizadas por L.J. facilitaron la acumulación de ganancias de fuente legítima no acreditada por parte de su hermana LISEIKA JAÉN y NERIS M..e. Quinto Motivo Ausencia de valoración de los documentos consistentes en transacciones comerciales hallados en poder de LISEIKA JAÉN, en los que constan transacciones comerciales que establecen actos económicos continuos (fs. 272, 274-278, 280, 284-285, 287, 295, 297, 327, 329, 340, 341, 371, 375)). El Tribunal Ad-Quem obvió que la procesada controlaba pagos por la compra de vehículos e insumos para remodelar su vivienda, hacía transferencias internacionales de dinero y costeaba un préstamo sin haber justificado la procedencia de la fuente legítima, favoreciendo la comisión del delito de blanqueo de capitales. f. Sexto Motivo Guarda relación con la no valoración del informe de la Sección de Investigación Financiera de la Policía Nacional (fs. 1852-1857, 1874-1875), en el que se establece la fluidez de los desembolsos injustificados de grandes sumas de dinero a cargo de LISEIKA JAÉN. g. Séptimo Motivo Corresponde a la omisión en cuanto a la valoración de las consultas efectuadas a la base de datos de la Autoridad del Tránsito (f. 578, 580-582), en la que se establece la titularidad de una finca y dos vehículos a nombre de LISEIKA JAÉN, lo cual llevó al Tribunal a desconocer la actividad procedente del narcotráfico que le facilitaba a LISEIKA JAÉN la comisión del delito de blanqueo de capitales. DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Como normas infringidas son señalados los artículos 780 del Código Judicial, así como los artículos 390 y 55 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión. OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Sobre la causal en mención, el licenciado R.B. es del criterio que las pruebas demuestran la existencia de actos económicos continuos realizados por L.J.F., cuya fuente legítima no pudo acreditar, lo cual concuerda con el Informe Financiero elaborado por la División de Blanqueo de Capitales, el cual es concluyente en el sentido que la procesada no pudo justificar los fondos ni su patrimonio, y además, es complementado con el registro de consulta a la base de datos que muestra que la procesada es dueña de una finca y dos vehículos, lo cual refuerza la existencia de actividades ilícitas relacionadas con drogas, delito precedente del delito de blanqueo de capitales. DECISIÓN DE LA SALA Los motivos primero y segundo refieren la ausencia de valoración por parte del Ad-Quem de las copias de la instrucción del sumario a cargo de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas seguido contra R.M. y J.C. por la comisión de un delito relacionado con drogas (380-381, 386-388, 403-408 y 479-484), y la no valoración de los documentos incautados en la residencia de NERIS M. mediante diligencia de allanamiento y registro (fs. 252, 254, 834-835) . Del contenido de las piezas procesales que anteceden, el Tribunal de Casación concluye sin lugar a dudas, que no contribuyen a determinar la responsabilidad penal de la procesada respecto del delito de blanqueo de capitales, puesto que sólo dan cuenta de un proceso seguido contra R.M. y J.C.I., cuyas copias estaban bajo la tenencia de N.M., quien aceptó mantenerlas en su poder. Además, las facturas por la compra de dos camiones Mitsubishi C. que aparecen a nombre de R.M., factura a nombre de N. M. de la casa del Revisado por cuarenta dólares (B/. 40.00), recibo a nombre de N.M. por el pago de un cuarto de alquiler por setenta dólares (B/. 70.00) y la planilla en la que figura J.C. como empleado del desembarcadero de J.D., no evidencian que la procesada pudiera estar relacionada con la comisión alguna conducta ilícita. Por otro lado, la diligencia de allanamiento da cuenta de las muestras de ion scan levantadas en los vehículos marca Chevrolet, modelo Aveo, color rojo, matriculado 427818; S., modelo Gran V., color azul, matriculado 29538, y Toyota, modelo Yaris, color verde, matriculado 417275 (fs. 204-205), cuyos resultados fueron negativos para la presencia de sustancias ilícitas. También es objetada en el tercer y cuarto motivo, la no valoración del Informe de Investigación y Relación de Hechos (248-251), así como en Informe de Obtención de Información (fs. 34-35) ratificados mediante declaración jurada por el Cabo Eduar Troya. Observamos que los informes mencionados brindan información relacionada a las operaciones CÁNTAROS, NANO y MORGAN y la relación interpersonal que une a L.J.F. y L.J.F., a consecuencia del vínculo de consanguinidad ya que son hermanas; sin embargo no refieren ni siquiera indiciariamente de la participación de la procesada en la ejecución de un delito relacionado con drogas, ni la acumulación de ganancias derivadas de la actividad del narcotráfico. Refiere el recurrente en el quinto motivo la no valoración de los documentos consistentes en transacciones comerciales hallados en poder de L.J.F., que a su juicio corresponden a transacciones comerciales que establecen actos económicos continuos (fs. 272, 274-278, 280, 284-285, 287, 295, 297, 327, 329, 340, 341, 371, 375), obviando que la procesada controlaba pagos por la compra de vehículos e insumos para remodelar su vivienda, hacía transferencias internacionales de dinero, y costeaba un préstamo sin haber justificado la procedencia de la fuente legítima favoreciendo la comisión del delito de blanqueo de capitales. Sobre el particular advertimos que dichas pruebas corresponden a un pago realizado a Grupo Sílaba por la compra del vehículo Kía, modelo P., con matrícula 467286 del año 2006 registrado a nombre de la procesada; quien adquirió un préstamo personal en el 2006 a través de BANVIVIENDA, tal como consta en la diligencia de inspección ocular ordenada por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas a fojas 1815-1827, en los slip de pago por el monto de B/. 130.00 mensuales, realizados por ésta a dicha institución y el recibo N° 63236 de Grupo Sílaba (fs. 272, 274-284 y 327-329,340-341). En cuanto a los insumos adquiridos para remodelar su vivienda, observamos a fojas 371 y 375 del expediente, tres facturas de Materiales El Proveedor, S.A. numeradas 38165, 38163 y 38187 por las sumas de B/. 118.55, B/. 381.58 y B/. 12.34, en las que consta que la procesada compró diversos materiales consistentes en inodoro, azulejos, bordillo, lechada entre otros, lo que representa un total de B/. 512.47, entretanto los giros mediante Western Union por B/. 500.00, B/. 50.00 y B/. 200.00 enviados en los meses de mayo, agosto y diciembre de 2007 (fs. 287, 295, 297) y mediante Telegiros, por la suma de B/. 120.00 en el mes de febrero de 2008, no representan elevadas sumas de dinero ni de ellos podemos inferir transacciones sospechosas, aunado al hecho que no se ha establecido mediante medios idóneos que son producto de blanqueo de capitales precedidos de la actividad del narcotráfico. En declaración indagatoria refirió la procesada que a su nombre tiene un vehículo Toyota Yaris que compró en conjunto con su esposo utilizando ahorros y el dinero de la venta de un taxi que M. mantenía inactivo en Colombia para no tener que pagar mensualidad; además, que paga el seguro con su salario, mantiene una cuenta de ahorros de Banco General autorizada por el papá de su hija para sufragar gastos de ésta, lo cual no fue verificado por el agente instructor; la casa es pagada mediante descuentos directos efectuados a la Caja de Ahorros, ha trabajado en Canal Air Mechanical durante 10 años y su salario mensual es de B/. 800.00. También refirió no conocer a B.C. y D.G., al igual que fue negado por éstos y la procesada mediante diligencia de careo y afirmó conocer a L.J.F. y E.J.F., los cuales son sus hermanos y a N.M., quien es su esposo (fs. 1448-1463). El sexto motivo alude la no valoración del Informe de la Sección de Investigación Financiera de la Policía Nacional (fs. 1852-1857, 1874-1875) y que guarda relación con el motivo que antecede; sugiere que la procesada registró un patrimonio de B/. 111, 611.17, producto de la adquisición de dos vehículos, la Finca N° 140370, pago a tarjeta de crédito, préstamos bancarios, costo de la canasta básica estimada mensualmente en B/. 650.00 (del año 2001 a 2008), ingresos de 77,718.22 de salarios devengados durante 8 años y 6 meses, y préstamos de Banvivienda y Banco General. Consta a fojas 1113 y 1114, certificación expedida por la empresa H.I. Homa Co, I.. indicando que L.Y.J.F. laboró para dicha empresa desde el 20 de diciembre de 1999 hasta el 25 de julio de 2003 devengando un salario de B/. 800.00 mensuales; así mismo la certificación expedida por Canal Air Mechanical, I. en la que se deja constancia que labora en dicha empresa en calidad de secretaria desde el 11 de agosto de 2003 devengando un salario de B/. 800.00. Respecto a la Finca N° 140370, corresponde a la residencia identificada N° C-30, obtenida en el año 1994 por HARILAL MORAR, su anterior pareja mediante un préstamo hipotecario de la Caja de Ahorros por B/. 24,580.00, manteniendo un saldo de B/. 9,790.40 (según reporte de transacciones históricas emitido por la Caja de Ahorros y otros documentos a fojas 1697-1701 y ss.) y que está registrada a nombre de éste y la procesada como consta en certificación extendida por el Registro Público (f. 1671). Contrario a lo señalado, el informe le da un valor de adquisición o valor original a la propiedad, de B/. 40,580.30, lo cual incide en el abultamiento de las cifras correspondientes al patrimonio de la procesada. El informe en cuestión detalla además pagos a tarjeta de crédito (con límite de B/. 600.00), préstamo personal (aprobado por B/. 2,800), cuenta de ahorros (cerrada en marzo de 2008), mismos que no evidencian movimientos de grandes sumas de dinero, además del hecho que todas han sido canceladas (fs. 1723, 1726-1727, 1731-1758). Mientras que el vehículo marca Kia, modelo P., con matrícula 467286, año 2006, fue adquirido por L.Y.J.F. mediante un préstamo personal otorgado por BANVIVIENDA en el año 2006, según consta en diligencia de inspección ocular a fojas 1815-1827, slip de pago por el monto de B/. 130.00 mensuales realizados por la procesada a dicha institución y el recibo N° 63236 de Grupo Sílaba (fs. 274-284 y 320). La falta de coherencia del Informe de la Sección de Investigación Financiera de la Policía Nacional junto con la contravención de no satisfacer las normas probatorias concernientes a la verificación de la idoneidad del perito que confeccionó el informe, nos permiten deducir que a pesar de las conclusiones a las que arriba el informe, no constata la fluidez de desembolsos injustificados de grandes sumas de dinero a cargo de L.J.F., únicamente se limita a realizar un listado de los dineros y bienes de los procesados sin establecer una correlación fehaciente con las actividades de los mismos. Aunado a ello, tampoco fue demostrado que la procesada estuviera vinculada al delito de posesión Agravada de Drogas por el que también fue llamada a juicio, y aún cuando no se requiera una sentencia condenatoria previa; resulta indispensable probar que con la ejecución de alguno de los verbos tipos descritos en el artículo 389 del Código Penal de 1982, interconectados con el delito blanqueo, lo pretendido por el sujeto activo es el ocultamiento de dineros y bienes provenientes de aquellos delitos; de lo contrario, se estaría condenando por la tenencia de dinero en grandes cantidades (cuestión que tampoco es del caso) y con base en suposiciones y no en hechos que devienen de otros que son ciertos, desatendiendo el tenor literal del tipo penal. En contraposición al informe, la Asociación Bancaria de Panamá, mediante nota ABP/VPE N° 016-2009 de 2 de febrero de 2009, informó no mantener información de manejo inusual de dinero por parte de L.J.F.. De igual forma lo manifestó la Superintendencia de Bancos (fs. 1472-1473), recomendando solicitar la información a la Unidad de Análisis Financiero, la cual comunicó que la procesada no mantiene referencias como persona sospechosa reportada por alguna entidad bancaria o financiera (f. 1625). No debemos pasar por alto que entre las funciones de la unidad se encuentran precisamente, la de recabar de las instituciones públicas y de las entidades privadas declarantes toda la información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con el delito de blanqueo de capitales; analizar la información obtenida a fin de determinar transacciones sospechosas o inusuales, así como operaciones o patrones de blanqueo de capitales que sean producto de estos delitos y suministrar directamente la información al Procurador General de la Nación que a su juicio deba procederse a una investigación por parte del Ministerio Público. Sin embargo, considera este Tribunal de Casación lo anterior no implica que el agente instructor no deba ejercer su función de investigación y recabar los medios probatorios que deban constar en autos a efectos de lograr la condena de quienes sean acusados de la comisión de este delito. Todo lo anterior nos lleva a compartir los razonamientos esbozados por el Segundo Tribunal Superior, sobre la ausencia de elementos para sustentar los cargos de injuridicidad aludidos, que permitan configurar la conducta delictiva conocida como blanqueo de capitales. En efecto, estima la S. que la resolución impugnada se apoya en inferencias razonables, deducidas válidamente del caudal probatorio incorporado al expediente, y que se ajustan a las reglas de la lógica y del correcto entendimiento humano, por tanto se descarta el vicio de injuridicidad. SEGUNDA CAUSAL INVOCADA Corresponde al supuesto "error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal, establecida en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial. MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSAL a. Primer Motivo Expone el licenciado C., que el Tribunal Ad-Quem apreció de manera errada la diligencia de allanamiento y registro (fs. 26-29) realizada en la Casa N° C-30, ubicada en calle tercera de la Urbanización Las Américas, al concluir la ausencia de ilicitud. b. Segundo Motivo Es censurada la apreciación de la declaración indagatoria de L.Y.J.F., toda vez que el Tribunal sobre valoró la coartada de que su salario justifica la fuente de adquisición de los bienes y dinero que ostentaba. DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Como Disposiciones legales infringidas cita la violación directa por omisión de los artículos 836, 917 del Código Judicial y los artículos 390, numeral 2 y 55 del Código Penal, ésta última en concepto de violación directa por comisión. OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador General de la Nación concuerda con los vicios de ilegalidad endilgados al fallo de segunda instancia, ya que a pesar que no se encontró nada ilícito, fueron ubicados una serie de documentos demostrativos de la existencia de un nexo directo entre el grupo familiar de L.J.F. y la organización criminal integrada por R.M. y J.C.I., investigados por delitos relacionados con drogas, además, debió desestimarse la coartada de la procesada sobre la fuente de sus ingresos. DECISIÓN DE LA SALA En cuanto al primer motivo, atinente al supuesto error en la valoración de la diligencia de allanamiento realizada en la Casa N° C30, calle tercera, urbanización Las Américas, destacamos tal y como fue indicado en el acta correspondiente, no fue encontrado nada ilícito ni que relacione a la procesada con la comisión de un hecho punible; entretanto, reiteramos que incluso el resultado de las muestras de ION SCAN tomadas en los vehículos marca Chevrolet, modelo Aveo, color rojo, matriculado 427818; S., modelo Gran V., color azul, matriculado 29538, y Toyota, modelo Yaris, color verde, matriculado 417275, dio negativo para la presencia de sustancias ilícitas (fs. 204-206). Dicha diligencia fue ordenada tras la posible vinculación de N.M., E.J. y LISEYKA JAÉN con la operación NANO, por denuncia contra la unidad de la Policía Nacional L.J.F., como colaboradora de una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias ilícitas quien frecuentaba la residencia de la procesada. L.J.F. es hermana de L.Y.J.F. y de E.J.F.; éstos últimos habitantes de la Casa N° C-30, calle tercera, Urbanización Las Américas y si bien es cierto, eran frecuentados por la unidad policial, no deja entrever la responsabilidad penal de la procesada; es decir, no existe un vínculo que relacione a la procesada con la actividad ilícita ejecutada por su hermana en conjunto con B.C., ni con el expediente encontrado al momento de la diligencia de allanamiento y registro contentivo de un proceso seguido a R.M. y J.C.. Advierte la S. que la declaración vertida por L.Y.J.F. (fs. 1002-1006) no es conteste con lo señalado por el recurrente en el segundo motivo. En primer lugar, observamos que la procesada refirió se desempeñaba como secretaria de gerencia en la empresa Canal Air Mechanical, devengando un salario de B/. 800.00 mensuales, lo cual es corroborado por la certificación emitida por dicha empresa a foja 1114; además de ello consta certificación de la empresa HOMA CO, INC. en la que figura que la procesada laboró del 20 de diciembre de 1999 al 25 de julio de 2003 como secretaria, con un salario de B/. 800.00 (f. 1113), y el informe de sueldos de la Caja de Seguro Social desde el año 2001 a 2008 (fs. 1778-1781). Manifestó tener un vehículo Toyota Yaris comprado entre ella y su esposo, con ahorros y de la venta de un taxi que éste mantenía inactivo en Colombia. Respecto a los giros realizados mediante WESTERN UNION indicó que correspondían al pago de un Centro de rehabilitación para Adictos donde su hermano recibía terapia, siendo que todos en la familia colaboraban para enviarle dinero para sus gastos. Sobre el particular observa la S. que los giros fueron efectuados por los siguientes montos: B/. 500.00, B/. 50.00 y B/. 200.00; enviados en los meses de mayo, agosto y diciembre de 2007 (fs. 287, 295, 297) y uno mediante Telegiros por la suma de B/. 120.00 en el mes de febrero de 2008. Manifestó que la cuenta de ahorros de Banco General es autorizada por su anterior pareja para el depósito de dinero para sufragar los gastos de su hija, cuestión que como advertimos al analizar la causal anterior, no fue corroborada por el agente instructor; además indicó pagar la casa mediante descuento directo a la Caja de Ahorros, lo cual es congruente con el reporte de transacciones históricas emitido por la Caja de Ahorros y los documentos de trámite de la hipoteca que reposan a fojas 1697-1701 y ss. y la certificación del Registro Público (f. 1671). En consecuencia, la situación fáctica que esbozó el Tribunal Ad-Quem en la motivación de la sentencia se ajusta a la realidad procesal; por lo que no se evidencian vicios de interpretación probatoria; es decir, que el razonamiento o ponderación realizado por el Tribunal Ad-Quem se ajusta a lo dispuesto por las reglas de la sana crítica. La sección de las disposiciones legales infringidas, advierte la S. que al no probarse los motivos, no tiene sentido analizar la supuesta infracción de las normas, ya que no podrían estimarse como vulneradas. Frente a esta situación, lo procedente conforme a derecho es no casar la sentencia recurrida. Resueltos los recursos de casación que anteceden, y previo el análisis del recurso de casación interpuesto contra D.C.G.G. y en atención a una función didáctica, la S. estima oportuno hacer las siguientes observaciones al recurrente: El blanqueo de capitales está constituido por circunstancias particulares; según el autor español F.A.B.G., el lavado de dinero es un proceso que conlleva tres etapas a saber: "1. Etapa de Acumulación de Ganancias: Una vez obtenido el dinero de los intercambios de mercancías (drogas, armas, etc.) Se acopian utilizando el sistema financiero para la ocultación de su origen ilícito. ... 2. Etapa de Colocación: El capital acumulado tiene que irse canalizando por distintas vías para su posterior blanqueo: envío a otros ambientes geográficos - paraísos fiscales o zonas grises- intermediación de activos en chiringuitos financieros, casas de cambio, compra de bienes en negocios de metálicos. ... 3. Etapa de Integración: El capital se blanquea a través de personas interpuestas, sistemas bancarios o financieros paralelos o subterráneos, paraísos fiscales, inversiones inmobiliarias y sociedades-pantallas." (B.G., Fº A.. La mundialización del blanqueo de capitales. El caso español. Artículos doctrinales, ) De acuerdo a informes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), algunas de las modalidades que puede adoptar ese delito, son: -El ingreso de grandes sumas en efectivo en una cuenta bancaria con el fin de efectuar inmediatamente una transferencia a otra cuenta. -La realización de pequeños y numerosos depósitos de dinero en varias cuentas con el fin de eludir la obligación de declarar dichas cantidades, efectuando posteriormente transferencias a otra cuenta, generalmente en el extranjero (smurfing) -Uso de intermediarios financieros (testaferros o sociedades pantalla) constituidas en otra jurisdicción y cuentas puentes para dificultar la identificación del verdadero origen de la transferencia. -La contratación de expertos sometidos al secreto profesional: abogados y entidades offshore. -La constitución de marañas de sociedades y cuentas bancarias que creen confusión en una caja única. -La asociación con personas de confianza de entidades financieras o delegaciones que actúen en beneficio de la organización criminal. -El uso de cuentas de colecta o recaudación. -La realización de operaciones dinerarias permitidas en el país de origen y que justifican la recepción de dicho capital, como por ejemplo: un depósito en garantía de un préstamo. -El empleo de las transferencias electrónicas y, en concreto el electronic cash, como consecuencia de la rapidez en sus operaciones y la dificultad que plantea la identificación del ordenante." De allí que para el descubrimiento y sanción de este tipo de conductas, resulta indispensable seguir el rastro del dinero, básicamente a través del examen minucioso del movimiento financiero, tales como la frecuencia y cuantía de depósitos y retiros, modalidad del depósito (efectivo, cheque), constante movimiento del capital, la imposibilidad de justificar los cuantiosos ingresos frente a la actividad a la que se dedique, y por supuesto el nexo causal existente entre el o los cuenta habientes o depositantes con alguna actividad ilícita. En conclusión, para comprobar la comisión del delito de blanqueo de capitales se requiere la ejecución de ciertas conductas que no fueron probadas; si bien el delito de Blanqueo de Capitales es una conducta autónoma consistente en realizar operaciones financieras y comerciales con la finalidad de conceder a bienes adquiridos de forma ilícita apariencia lícita; la legislación penal panameña sigue el sistema de catálogo; es decir, que la ley establece una serie de ilícitos de los cuales deben derivar los recursos a los cuales pretende concedérseles connotaciones acordes con la ley, lo cual no fue demostrado por el recurrente. RECURSO DE CASACIÓN PROPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A D.C.G.G. PRIMERA CAUSAL INVOCADA Corresponde al supuesto "error de hecho en la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal", consignada en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial y es sustentada en siete (7) motivos a saber: MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSAL a. Primer motivo Señala el recurrente que el Ad-Quem omitió la valoración del testimonio de A.O. (fs. 243-246), quien era mayoral de la finca R.C. y aseguró que B.C. y D.G. tenían tres meses viviendo en el lugar donde fueron hallados 945 kilogramos de cocaína. A juicio del recurrente la omisión probatoria llevó al Tribunal Superior a desconocer que el lugar utilizado para almacenar el cargamento de droga era también la residencia D.G.; es decir, su presencia en el lugar no fue fortuita, por lo que resulta concordante con el delito de posesión agravada de drogas ilícitas. b. Segundo Motivo Es censurada la ausencia de valoración de la diligencia de allanamiento de la finca R.C. (f. 5), que de haber sido apreciada por el Tribunal Ad-Quem, habría concluido que la distribución del inmueble constaba únicamente de dos recámaras y que en una de ellas fueron encontrados los 945 kilogramos de cocaína, que por sus compuestos químicos generan un olor fastidioso que hace imposible que una persona alegue desconocimiento, lo que en conjunto con el resto del caudal probatorio resulta concordante con el delito de posesión agravada de drogas ilícitas por parte de D.G.. DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Como normas infringidas son señalados los artículos 780 del Código Judicial, así como el 260 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión. OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Sobre la causal en mención, indica el Ministerio Público que el testimonio del señor A.Q.O. y la información obtenida antes de la detención de la procesada, demuestran que su presencia en el lugar donde se ubicó la droga no fue casual, sino que obedece a su vinculación directa en la organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Por otro lado, advierte que la diligencia de allanamiento permite establecer que la residencia está compuesta por dos recámaras, lo cual resta fortaleza a la excepción esbozada por D.C.G.G. al manifestar que sabía de la existencia de la droga, ya que resulta evidente que se trataba de 945 kilogramos de cocaína, que suponen movilización y participación de varias personas en su transporte, además de expedir un fuerte olor que hace imposible que se alegue el desconocimiento. DECISIÓN DE LA SALA El recurrente censura en el primer motivo, la ausencia de valoración por parte del Ad-Quem de la declaración jurada rendida por el señor A.O. (fs. 243-246) y en el segundo motivo, la no valoración de la diligencia de allanamiento y registro llevado a cabo en la Finca R.C. (f. 5), los cuales analizaremos en conjunto. Si bien se trata de pruebas no valoradas por el Tribunal Ad-Quem, corresponden en primer lugar a un único señalamiento particularmente débil y a la diligencia de allanamiento y registro, de los cuales no colegimos cargos de injuridicidad que den certeza jurídica acerca de la participación de D.C.G.G. en la comisión del delito de posesión agravada de drogas. El anterior criterio está basado en el hecho que el señor A.O. precisó los siguientes hechos: 1. Labora en la empresa ETESA y en construcción y mantenimiento de céspedes en diferentes propiedades; entre ellas, la Finca R.C., específicamente mantenimiento de césped y piscina, "nada adentro de la residencia", de tres a cuatro días a la semana durante la mañana, por un período de dos a tres horas ya que debía dar mantenimiento en otros lugares. 2. Que en R.C. se quedaba la pareja que fue detenida, quienes nunca le dieron sus nombres ni les preguntó en los tres meses que se quedaron en el lugar. 3. Al describir a la pareja refiere que "la muchacha" era delgada, bajita, pelo alisado corto, con unas pintitas medio blancas en el cabello. 4. Que el día 1 de marzo de 2008 (día en que ocurrió el allanamiento) estuvo en R.C., y a las 7:30 de la mañana llegó una camioneta de la que se bajó una mujer que le pidió que abriera la puerta, quien fue en dirección a la piscina y se sentó en una silla pegada a la casa, la describió como morena, alta, bastante agarrada y vestía un suéter colorado. Mientras que la diligencia de allanamiento y registro realizada en una finca ubicada en el corregimiento 24 de Diciembre, sector de C.A., poblado de R.C., calle S.P., tercera casa a mano derecha da cuenta de los siguientes hechos: 1. De la diligencia resultaron detenidos los ciudadanos L.J.F., B.C. y D.C.G.. 2. Entre otras cosas en la recámara principal se encontró B/. 5,000.00 en efectivo. 3. En la segunda recámara fueron encontrados sacos de naylon color blanco con el nombre de S., S.A. y 800 paquetes forrados con cinta adhesiva color amarillo con el nombre R.C. en color rojo, contentivos de polvo (cocaína). 4. En la sala fue ubicada la cartera perteneciente a D.C.G.G., en cuyo interior se encontraron entre documentos personales, la cantidad de B/. 1,035.00 en efectivo y un cheque por la suma de B/. 1,300.00 a su nombre, de la cuenta de Banco Global de Inversiones, S.A. (HSBC) N° 076-001668-00. 5. Se tomaron muestras de ion scan en las personas aprehendidas y en los vehículos de B.C. y L.J.F.. Así las cosas, esta S. considera que dentro de todo proceso penal debe cumplirse con la aplicación de los principios básicos que rigen nuestro ordenamiento jurídico, es decir, valorar el material probatorio en su conjunto y no de manera aislada y en ese sentido advertimos los siguientes aspectos: A foja 212 del expediente consta el resultado de las muestras tomadas de los brazos y antebrazos, mangas, hombros y pantalón boxer de la procesada, cuyo resultado fue negativo para la presencia de sustancias ilícitas. Observamos que B.C. (1043-1051) y D.C.G.G. (1059-1070) coinciden en sus deposiciones respecto a que se conocieron en el gimnasio del Hotel Miramar hace dos meses aproximadamente, que la procesada estaba de visita al momento del allanamiento, que compartieron la misma habitación, que habían ido en otras ocasiones, que la procesada estudiaba en la Universidad Latina (mercadeo), vivía en Obarrio y que llegaron a la finca el día viernes a las 9:00 P.M. Aunado a lo anterior, D.G.G. manifestó sostenerse económicamente con el dinero que gana como acompañante y que un día antes de la detención; es decir, viernes, B.C. la llamó para que lo acompañara a la finca a pasar el fin de semana llegando a las 9:30 p.m. (ver foja 1060 y 1070). Respecto al dinero encontrado en su cartera indicó que el dinero en efectivo correspondía a ahorros, mientras que el cheque correspondía al pago de varias salidas con B.C., lo cual puede corroborarse a foja 227 donde consta copia del cheque en cuestión en el que figura la misma firma que consta en la declaración indagatoria de CÁRDENAS. También encontramos concordancia en las declaraciones de L.J.F. y D.G.G. en cuanto a negar que se conocen y señalar que sostuvieron una conversación en el área de la piscina en la que J.F. le preguntó si sabía dónde había un taller. J.F. describió a la procesada como clarita, pelo largo, entre 19 y 20 años de edad, no muy alta, coincidiendo con las vistas fotográficas tomadas en el allanamiento, el pasaporte y la licencia de conducir de la misma (ver fs. 1060, 1000, 227). Por el contrario, lo declarado por el señor ORTEGA carece de fuerza suficiente para influir en lo dispositivo de la sentencia puesto que no trabajaba diariamente en la finca ni por un período prolongado de tiempo al dedicarse a otras labores; afirmó que no ingresaba a la residencia, no sabía los nombres de quienes supuestamente habitaban el lugar, y la descripción dada tampoco coincide con la de la procesada. Por otro lado, el Ministerio Público tampoco realizó diligencias pertinentes para determinar si se trataba de la misma persona (reconocimiento en rueda de detenidos o reconocimiento fotográfico). De igual manera, la diligencia de allanamiento por sí sola no permite determinar que la procesada es responsable del delito por el cual se le acusa, pues únicamente deja constancia de que la procesada estaba presente en el lugar al momento de la diligencia; mientras que el relato de B.C., quien se declaró responsable del delito de posesión agravada de drogas, corrobora el dicho de la procesada indicando que únicamente fue a pasar el fin de semana y que al confrontarlo con lo depuesto con ésta, se desprende que la finalidad de ésta era ofrecer servicios de acompañante; entretanto, L.J.F. y la procesada negaron conocerse en sus declaraciones como en las diligencias de careo (fs. 1448-1463), afirmando haber conversado únicamente en el área de la piscina el día del allanamiento, llamando la atención además, el hecho que las muestras de ion scan levantadas de los cuerpos de B.C. y L.J.F. arrojaron resultados positivos, mientras que las muestras levantada del cuerpo de G.G. resultaron negativas. Así las cosas, estima la S. que los argumentos planteados por el recurrente no tienen la virtualidad de demostrar un vicio a consecuencia de un error de hecho en la existencia de la prueba y por tanto no se logra comprobar el cargo de injuridicidad atribuido a la resolución. Debemos recordar que el error debe ser manifiesto de manera que haya influido en lo dispositivo de la sentencia, lo cual no se ajusta al presente caso Con base en lo anteriormente indicado, se concluye que no se ha producido la trasgresión del artículo 780 del Código Judicial, ni del artículo 260 del Código Penal de 1982, disposiciones legales advertidas por el recurrente como violentadas por la sentencia recurrida, en concepto de violación directa por omisión tanto las normas adjetivas como las normas sustantivas. Respecto de los razonamientos expuestos para desarrollar los conceptos de infracción de las normas antes citadas, denota este Tribunal de Casación que los mismos coinciden fundamentalmente con los de los motivos propuestos, los que fueron ya escrutados previamente por esta Superioridad. SEGUNDA CAUSAL INVOCADA Corresponde al supuesto "error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal, establecida en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial. MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSAL a. Primer Motivo Según el casacionista no fue correctamente ponderado el informe aprehensión (f. 51) al estimarlo como un indicio de presencia en el lugar donde fue incautada la droga, dejando de lado que la procesada protagonizó una precipitada fuga cuando las unidades de la Policía Nacional ingresaron al inmueble. b. Segundo Motivo Es censurada la apreciación de la declaración indagatoria de D.C.G.G. (fs. 1059-1070), toda vez que el Tribunal sólo la examinó para sobrevalorar la coartada de la fuente de dinero que poseía como meretriz. De haberla apreciado en su totalidad, también habría advertido que la procesada explicó que recibió el dinero de B.C., excepcionó que estaba en el lugar desde el día anterior, huyó al ver unos hombres armados y desconocía la existencia de la droga. De haber valorado correctamente dicha prueba en conjunto con el resto de los medios probatorios, habría considerado que estuvo viviendo tres meses en dicho lugar, según lo manifestó A.O., además, es baladí la excusa de que la huída estuvo motivada por amenazas de hombres armados ya que eran policías debidamente identificados, además es trivial el desconocimiento de la existencia de la droga frente al hedor químico que produce una tonelada de droga. DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Como Disposiciones legales infringidas cita la violación directa por omisión de los artículos 836 y 917 del Código Judicial y el artículo 260 del Código Penal, todas en concepto de violación directa por omisión. OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador General de la Nación refirió respecto de la causal en comento, que el Informe de allanamiento y registro de la finca ubicada en la 24 de Diciembre, C.A., R.C., que D.C.G.G. intentó darse a la fuga a pesar de la presencia e identificación de las unidades de la policía, por lo que no se puede deducir la presencia casual de la procesada. Agrega que la sola declaración de la prenombrada carece de eficacia probatoria para acreditar el verdadero origen del dinero, mientras que la excusa que dio para justificar su huida del lugar de los hechos, no es plausible; por otro lado, su excepción de desconocimiento de la droga no es del todo creíble, ya que la habitación donde se ubicó la droga se encontraba a dos o cuatro metros de su habitación. DECISIÓN DE LA SALA Las pruebas que de acuerdo al recurrente no fueron correctamente ponderadas son el informe de aprehensión y la estimación incompleta de la indagatoria. Al remitirnos al fallo impugnado, se aprecia que el Segundo Tribunal Superior tomando concluyó lo siguiente: "En el caso bajo examen, solamente consta indicio contra la señora procesada D.C.G.G., estaba en el lugar donde las autoridades competentes incautaron la droga. Con respecto a éste aspecto, no concurren medios probatorios demostrativos de su responsabilidad penal, pues al realizarle la prueba de ion scan, la misma resultó negativa en la presencia de sustancia ilícita, razón por la cual no consta elemento probatorio alguno para vincularla con la comisión del delito de Posesión de Drogas, en su modalidad Agravada. Si bien, al momento de ser aprehendida la señora procesada D.C.G.G., le incautaron cierta suma de dinero en efectivo y cheque expedido a su nombre, al rendir declaración indagatoria, fue enfática en manifestar, ello era producto de sus ahorros y trabajo como dama de compañía. Siendo ello así, surgen dudas razonables a favor de la señora procesada D.C.G.G., por tanto debemos observar el principio indubio pro reo (en caso de duda debe favorecerse al reo)." Al resolver sobre el mérito del cargo de injuricidad desarrollado a través de los dos motivos que sustentan la causal de error de valoración probatoria y, del que supuestamente adolece la decisión de segunda instancia, estima la S. que, contrario a lo que manifiesta el recurrente y la Procuradora General de la Nación, esta decisión no presenta la deficiencia probatoria que se le adjudica. Veamos porqué: En primer lugar, el informe de aprehensión suscrito por el Capitán JOHN DORNHEIM (fs. 50-56), no goza del mérito suficiente para incriminar a D.C.G.G., al no haber sido debidamente ratificado por el agente, razón por la que mal podían ser apreciados como un medio de prueba para debatir sobre la responsabilidad de la procesada. Respecto a la declaración indagatoria de D.C.G.G., no advertimos sobre valoración alguna por parte del tribunal Ad-Quem. Al confrontar dicha prueba con el resto del caudal probatorio surge duda razonable a favor de la procesada, pues el dicho de ésta respecto a la procedencia del dinero en efectivo y el cheque incautados al momento de la aprehensión no ha sido desvirtuado por el ente investigador, quien no ha podido demostrar de manera fehaciente que es producto de un delito relacionado con drogas. Como mencionamos al analizar la causal anterior, la declaración jurada del señor el señor A.O., no es un indicativo concluyente que la procesada incurrió en la conducta delictiva que se le imputa, pues queda claro que la descripción de la mujer que supuestamente llevaba tres meses viviendo en la finca no coincide con las características físicas de D.G.G.; además, el declarante no accesaba a la residencia, no sabía los nombres de las personas que habitaban el lugar, no trabajaba a diario en la finca ni por tiempo prolongado debido a otras responsabilidades laborales. Tampoco surgen contradicciones en cuanto a lo expresado tanto por B.C. como por la procesada al momento de rendir declaración indagatoria; si bien es cierto, es el principal medio de defensa con el que cuenta un imputado y que lo hace libre de apremio y libre de juramento, no podemos pasar por alto que la coartada respecto al origen del dinero no ha sido desvirtuada. Aunado a lo anterior, encontramos concordancia en las declaraciones de L.J.F. y D.C.G.G., de las que se desprende que se conocieron en el área de la piscina de la finca el día del allanamiento, donde intercambiaron algunas palabras respecto a la ubicación de un taller mecánico. Por otro lado, la diligencia de allanamiento únicamente da cuenta de la presencia de la procesada al momento en que se llevó a cabo, mientras que el resultado de las muestras tomadas mediante ion scan resultaron negativas. Así las cosas, considera la S. que el Segundo Tribunal Superior, mal podría haber asignado valor probatorio al informe de aprehensión suscrito por el Capitán JOHN DORNHEIM, más que como un indicio de presencia de la procesada en el lugar del allanamiento y además de ello, realizó una correcta valoración de la declaración indagatoria de la procesada por lo que no resulta violada ninguna regla de apreciación o valoración; en consecuencia, las disposiciones legales infringidas, y el concepto en que lo han sido, esta superioridad es del criterio que el recurrente no ha podido demostrar los cargos de injuridicidad en contra de la sentencia impugnada. PARTE RESOLUTIVA Por las consideraciones que se dejan expuestas, la SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NOCASA la Sentencia de Segunda Instancia N° 197 de siete (7) de octubre de dos mil diez (2010), proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso seguido contra B.C., L.J.F., E.J.F., L.J.F. y D.G.G. por la comisión del delito de Blanqueo de Capitales y Posesión Agravada de Drogas. N. y devuélvase. HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ JERÓNIMO MEJÍA E.--- GABRIEL E. FERNÁNDEZ MIKE ZUÑIGA RODRÍGUEZ (Secretario Judicial Suplente)