Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), Quinta de Instituciones de Garantía, 27 de Agosto de 2007

PonenteMirtha del Carmen Vanegas S.
Fecha de Resolución27 de Agosto de 2007
EmisorQuinta de Instituciones de Garantía

VISTOS:

Conoce la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, de sendos recursos de casación, en el fondo, formalizados por la licenciada M.E. De Gracia Morales, quien actúa en su condición de defensora de oficio de A.D.G. y por la licenciada M.D.C.C., quien actúa como apoderada judicial de D.E.H.P., contra la sentencia de 9 de noviembre de 2006, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veraguas.

La medida judicial cuestionada con el mecanismo extraordinario de impugnación, confirma la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Primero del Circuito Judicial de Veraguas, Ramo Penal, que condenó a H.J.M.C., A.D.G. y D.E.H.P., a las penas principales de 48, 55 y 60 meses de prisión, respectivamente, por ser responsables del delito de robo, cometido en perjuicio del Mini Super Chang.

Vencido el término de fijación del negocio en lista, procede la Sala a evacuar la etapa de admisibilidad de las iniciativas formalizadas, confrontándolas con el cumplimiento de los presupuestos procesales establecidos en los artículos 2430 y 2439 del Código Judicial, los que han sido ampliamente interpretados por reiterados criterios jurisprudenciales dictados en la materia.

1-Recurso de casación propuesto por la defensa oficiosa de A.D.G..

El recurso de casación formalizado por la defensa

técnica del imputado D.G., atiende las siguientes exigencias generales:

  1. lo formula persona hábil parar recurrir, 2. se anuncia y sustenta dentro de

    los términos de ley; 3. se dirige contra una resolución judicial susceptible de

    ser impugnada vía casación, y 4. el memorial se dirige a la Magistrada

    Presidenta de la Sala, tal como lo establece el artículo 101 del Código

    Judicial.

    En cuanto a los requisitos legales que conciernen a la estructura formal del recurso, la historia concisa del caso no se presenta de manera correcta, ya que contiene una referencia fáctica muy limitada, que impide conocer las particularidades básicas que dieron origen a la resolución judicial impugnada (f.404). C. jurisprudencia de este máximo Tribunal de Justicia, ha insistido que en este aparte del libelo, se deben expresar los antecedentes procesales más importantes de la actuación, haciendo especial énfasis a la génesis del proceso, la calificación del sumario y las decisiones judiciales de primera y segunda instancia.

    Aunado

    a lo anterior, la actora hace alusión a diversas piezas testimoniales que obran

    en la encuesta penal, como lo son las declaraciones de M.B., Solemar

    Vásquez y H.J.M. (f.404), lo que, no corresponde a elementos fácticos y procesales, que debe

    contener esta sección.

    El recurso de casación se fundamenta en una sola causal de fondo, la cual se identifica correctamente, correspondiendo al supuesto de "error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la Ley Sustancial Penal" (f.404).

    La

    causal invocada se apoya en un único motivo, que no consigue explicar y

    acreditar adecuadamente, el cargo de infracción probatorio que se le atribuye a

    la sentencia de segunda instancia, veamos:

  2. Se citan extractos de las declaraciones juradas de los deponentes M.G. y S.V. (f.405), método que contrasta con el modo apropiado de plantear un vicio de injuridicidad con base en la causal probatoria aducida, cuál es, básicamente, el de identificar la pieza de convicción que se considerada erróneamente apreciada, expresar la forma en que ocurre el vicio valorativo y acreditar su incidencia en la parte medular del fallo impugnado.

  3. Se atribuye el cargo de infracción de "error de hecho en la apreciación de la prueba" (f.405); el que no sólo resulta distinto a la causal de fondo alegada, sino que se trata de un supuesto que no tiene existencia material en el catálogo de causales de fondo que establece el artículo 2430 del Código Judicial.

  4. Se introducen argumentos sin ninguna trascendencia para acreditar algún vicio de carácter probatorio, atribuible a la sentencia censurada, como el señalar que "La sana crítica es lógica y no se puede deducir hechos probados de afirmaciones que no hacen los testigos ya que será una deducción ilógica" (f.405).

  5. Se razona en los términos de una causal de fondo distinta de la invocada como fundamento del recurso, pues indicar que "Al no darse valor probatorio a ambos testimonios" (f.405), implica introducir un cargo que se relaciona con la causal de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica infracción de la ley sustancial penal, la cual sobreviene, entre otros supuestos, cuando el juzgador de segunda instancia ignora o no considera un elementos probatorio materialmente incorporado al proceso.

    Esta Corporación de Justicia tiene sentado que "la admisibilidad de un recurso de casación penal, depende, en gran medida, de la correcta presentación de los motivos, pues es la sección del memorial donde se debe expresar, de forma diáfana, concreta e independiente, la argumentación fáctica que sustenta el cargo de infracción legal atribuido a la resolución de segunda instancia, mediante la causal invocada. Esto significa, que su no presentación o la exposición inadecuada, trae como consecuencia la inadmisibilidad del medio de impugnación, debido a que el Tribunal de casación desconoce en qué radica la disconformidad del censor y ello imposibilita emitir un juicio de valor, en torno a la juridicidad o no de la resolución censurada" (Resalta la Sala) (Resolución Judicial de la Sala Penal de 5 de mayo de 2005).

    En

    cuanto a la sección de la disposiciones legales infringidas, el concepto de

    infracción del artículo 917 del Código Judicial, se encuentra mal

    formulado. La parte resolutiva de la

    sentencia de segunda instancia cuestionada, da cuenta que la norma fue aplicada

    (f.383) y la propia recurrente reconoce que el Tribunal Superior utilizó la

    norma (f.405). Ello indica que el

    citado artículo 917, no puede resultar conculcado "en concepto de violación

    directa por omisión" (f.405), como lo sostiene la actora.

    2- Recurso de casación propuesto por la defensa particular del imputado D.E.H.P.

    El libelo de formalización presentado por la defensa del procesado H.P., cumple las formalidades de estar dirigido a la Magistrada Presidenta de la Sala Penal; de haber sido anunciado y formalizado oportunamente; de que quien lo propone es hábil para recurrir; y de dirigirse contra una sentencia susceptible de ser impugnada vía casación.

    Ahora bien, la historia concisa del caso no se presenta adecuadamente, ya que se introducen informaciones procesales sobre una diversidad de medios de prueba constante en autos, como lo son las declaraciones juradas de Z.C. y H.H., declaración indagatoria de D.E.H. y diligencias de reconocimiento en rueda de detenidos (fs.409-411), todo lo cual, como se precisó al examinar el recurso anterior, no corresponde a esta sección del libelo.

    El mecanismo extraordinario de impugnación se sustenta en la causal de: "Error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la Ley Sustantiva Penal" (f.411).

    Esta

    causal se apoya en seis motivos; sin embargo, ninguno logra acreditar,

    correctamente, un cargo claro y formal de infracción probatoria.

    En el primer motivo, se alude, conjuntamente, a la errónea valoración probatoria de una diversidad de pruebas (declaración de Z.C., declaración de J.H. y diligencia de reconocimiento en rueda de detenido). La correcta técnica casacionista indica que se debe precisar y explicar el vicio probatorio de determinado elemento de juicio, por cada motivo citado, para que el Tribunal identifique, con diafanidad y exactitud, las piezas concretas que se consideran mal valoradas, la manera en que ocurre el yerro probatorio y si el vicio anotado es trascendencia. Además, se desatiende la formalidad de precisar la foja donde reposan las pruebas que se consideran mal valoradas.

    En

    el segundo, quinto y sexto motivo, tampoco se mencionan las fojas donde constan

    las pruebas que se señalan erróneamente apreciadas (copias de investigaciones

    de otros delitos de robo, declaración jurada de Z.C. y declaración de

    Á.D.M.. Aunado a ello, se

    esbozan argumentos sobre la supuesta

    inculpabilidad del imputado H.P., sin establecer la forma en que

    ocurrió la infracción probatoria alegada y su incidencia en la parte resolutiva

    del fallo impugnado.

    El tercer motivo, no describe ningún cargo de infracción dirigido a demostrar la errónea valoración, por parte del juzgador de segunda instancia, de algún elemento de prueba que obra en la encuesta penal.

    En el cuarto motivo, se introduce un argumento fáctico que no se relaciona con la causal de fondo invocada como sustento del recurso. En efecto, sostener que el Tribunal Ad-Quem incurre en un error probatorio, al pasar "por alto que en el dossier no se ha acreditado un elemento que resulta básico para poder sancionar por delito contra el Patrimonio, tal es el caso de la Propiedad y preexistencia" (f .412), se relaciona con la naturaleza jurídica de la causal de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica infracción de la ley sustantiva penal, la que sobreviene, entre otros supuestos, cuando el juzgador fundamenta su decisión en prueba que no figura en el proceso, o cuando tiene la creencia equivocada que un hecho ha ocurrido, cuando en autos no se encuentra acreditado.

    Con relación al aparte de las disposiciones legales infringidas, la censora cita la infracción del artículo 917 del Código Judicial en concepto de violación directa por omisión (f.413), lo que no es correcto, pues, como se mencionó con anterioridad, dicha disposición legal fue aplicada o considerada por el Tribunal Ad-Quem.

    En

    cuanto a la supuesta infracción del

    artículo 2069 del Código Judicial, se advierte que la recurrente emplea el

    mismo argumento fáctico esbozado en el cuarto motivo que apoya la causal

    (f.416), el que, como vimos, se relaciona con un vicio de infracción probatoria

    distinto del invocado como sustento de la iniciativa procesal.

    Por las consideraciones que se dejan expuestas, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE los recursos extraordinarios de casación, en el fondo, formalizados por la licenciada M.E. De Gracia Morales, defensora de oficio de A.D.G. y por la licenciada M.D.C.C., apoderada judicial de D.E.H.P., contra la sentencia de 9 de noviembre de 2006, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veraguas.

    N. y D..

    MIRTHA DEL CARMEN VANEGAS S.

    GRACIELA J. DIXON C. -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES

    MARIANO HERRERA (Secretario)

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