Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 10 de Septiembre de 2003

PonenteCésar Pereira Burgos
Fecha de Resolución10 de Septiembre de 2003
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de recurso extraordinario de casación en el fondo presentado por la defensa técnica de C.A.N., R.A., V.M.B.G., M.T.R. y M.S.R.O. contra la sentencia calendada 18 de abril de 2001 proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial que reformó la resolución de 17 de marzo de 2000, expedida por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá y condenó a M.T.R. y V.M.B.G. a la pena de 15 años de prisión como responsables del Delito de Tráfico Internacional de Drogas. De igual manera, se sancionó a M.S.R.O. a la pena de 12 años de prisión y a G.A.G.P. a la pena de 80 meses de prisión. Asimismo se condenó a R.A., C.A.N., A.M.D., J.M.G., A.A.A., E.R.C., A.P. y J.Q. a la pena de 8 años de prisión. Igualmente indica la resolución que inhabilita a todos los imputados para el ejercicio de funciones públicas por el mismo período que la pena principal, luego de cumplida ésta (f. 2847).

Admitido el recurso de casación y en cumplimiento de las ritualidades procesales que corresponden a este medio extraordinario de impugnación, se corrió traslado al Procurador General de la Nación y con posterioridad se celebró la audiencia oral prevista por el artículo 2442 del Código judicial. Por encontrarse este negocio penal en estado de resolver a ello se procede.

HISTORIA CONCISA

De acuerdo a los libelos de formalización del recurso de casación, el 7 de mayo de 1997 la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas autorizó a la Policía Técnica Judicial para que realizara una operación encubierta denominada Tormenta del Caribe, la cual tenía como propósito desarticular una organización criminal dedicada al trasiego internacional de sustancias ilícitas desde Colombia, hacia Panamá y Haití, para finalmente introducirla en Estado Unidos.

Durante la fase de instrucción resultaron vinculados criminalmente, entre otras personas, C.A.N.A., R.A., M.T.R. y M.S.R.O. y V.B.G.. Finalizada la instrucción sumarial el Juzgado Segundo de Circuito, Ramo Penal, de la provincia de Panamá, mediante auto de 25 de marzo de 1999, abrió causa criminal contra los encartados y posteriormente, mediante sentencia de 17 de marzo de 2000, condenó a C.A.N.A. y a R.A. a la pena de 36 meses de prisión como responsable del delito de tráfico ilícito de drogas consumado. En cuanto a M.S.R.O. lo condenó a 64 meses de prisión por el delito de tráfico local de drogas consumado y Absolvió a M.T.R. y a V.B.G., entre otros de los cargos formulados en su contra. Igualmente impuso a los condenados la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término de la pena principal impuesta a cada uno (f. 2618). Dicha sentencia fue apelada y el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, profirió la sentencia No. 81 S.I, calendada 18 de abril de 2001, por medio de la cual reformó la sentencia de primera instancia y en su lugar condenó a M.T.R. y a V.B.G. a la pena de 15 años de prisión, a C.A.N.A. y R.A. les impuso la pena de 8 años de prisión y en cuanto a M.S.R.O. le impuso la pena de 12 años de prisión. Igualmente el ad quem los inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término que la pena principal, luego de cumplida ésta siendo esta sentencia el objeto del presente recurso extraordinario de casación.

  1. Recurso de Casación a favor de M.T.R..

    La licenciada M.A. de V. aduce una causal de casación en el fondo, es decir, error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica infracción de la ley sustantiva, contenida en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial.

    1. Motivos

      La recurrente apoya la causal en tres motivos, expresando en el primer motivo que el Tribunal Superior condenó a T.R. porque R.A. (f. 138-142), "declaró que tenía una agenda propiedad de M.R., a quien M.T.R. le pidió que anotara el teléfono de la casa de A.D., para que lo llamara respecto al desembarque de la mercancía (pág. 2734)". Sin embargo esa declaración es subjetiva porque nunca aseguró que percibió con sus sentidos que esos teléfonos eran marcados para informar de la llegada de mercancía (f. 2997)

      En el segundo motivo asegura que el Tribunal Superior comete error al valorar la declaración de M.R. (f.47-54), toda vez que condenó a T.R., porque R. expresó que un panameño y un colombiano le dieron dinero para adquirir dos vehículos, sin embargo el deponente no hace ningún señalamiento de M.T.R. (f. 2997).

      En el tercer motivo expresa que el Tribunal Superior le concede plena prueba a las pruebas documentales(f. 721-724) encontradas en el vehículo aprehendido y que tiene el nombre de M.T.R., de pagos realizados a M., así como de gastos de mantenimiento del vehículo, sin embargo, dicho vehículo no es propiedad de T.R., ya que la Certificación de Registro Vehicular (f. 1551) determina que su propietario es H.R.M.. Aunado a ese hecho el vehículo estaba en posesión de Digno O.H. (f. 1144-1150).

    2. Disposiciones Legales infringidas

      La casacionsita expresa que como consecuencia de los motivos señalados resultaron infringidos los artículos 922, 917 y 781 del Código Judicial, así como el artículo 255 del Código Penal.

      Del artículo 922 del Código Judicial se dice que fue infringido en concepto de violación directa por omisión, porque el Segundo Tribunal Superior tomó como cierta la declaración de R.A., pese a que no se formó de sus propias y directas percepciones, toda vez que supone que M.T.R. le ordenó que anotara en la agenda números telefónicos para verificar sobre la llegada de mercancías (f. 2998).

      Del artículo 917 de la excerta procesal se dice que fue infringido en concepto de violación directa por omisión, porque el Tribunal Superior no valora adecuadamente la declaración de M.R., pues su deposición no comprueba que T.R. se encuentre vinculado a delitos de drogas, ya que R.O. solamente menciona la compra de autos, de los cuales T.R. no es su propietario (f. 2998).

      Del artículo 781 de la mencionada excerta procesal se dice que fue infringido en concepto de violación directa por omisión porque el Tribunal Superior no utilizó la sana crítica al momento de valorar los documentos (721-724), que fueron encontrados en un vehículo que no es propiedad de T.R. y el Segundo Tribunal concluye que son propiedad de T.R. (f. 2999).

      Del artículo 255 del Código Penal se dice que fue infringido en concepto de indebida aplicación, pues las pruebas testimoniales y las documentales, no son suficientes para comprobar que T.R. ejecutó las acciones de introducir, sacar, intentar sacar drogas aunque sea tránsito o tráfico internacional (f. 2999).

      Finalmente solicita sea casada la sentencia y en su lugar se absuelva a M.T.R. de los cargos formulados en su contra (f. 3000).

      OPINION DEL MINISTERIO PUBLICO

      El Procurador General de la Nación mediante vista fiscal No. 57 de 28 de mayo de 2002, solicita a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que no case el recurso de casación formalizado a favor de T.R., por considerar que en el primer motivo el Tribunal Superior, se sirvió de otras pruebas para determinar la responsabilidad penal de T.R., como son que el auto que conducía D.H., se encontraban ocultos documentos referentes a escrituras de inmuebles, cuentas bancarias y facturas por servicio de telefonía celular (f. 3049). En cuanto al segundo motivo expresa el Procurador, que de la declaración de G.G. se confirma que V.B. recibía instrucciones de M.T.R. (f. 3050). En el tercer motivo, sostiene el Procurador que resulta indiferente que el auto donde se encontraron los documentos que vinculan a T.R., con el delito no se encuentre a su nombre pues lo que prueban es que forma parte de la empresa criminal (f. 3051).

      En cuanto a las disposiciones legales infringidas y el concepto de infracción, señala el Procurador que los artículos 922, 917 y 781 del Código Judicial, así como el artículo 255 del Código Penal, no resultan infringidos por la sentencia proferida por el Tribunal Superior, pues como se expuso en los motivos el Tribunal Superior valoró correctamente los medios de prueba de acuerdo a la sana crítica que lo llevaron a ubicar a T.R. como responsable del ilícito investigado (f. 3054).

  2. Recurso de casación a favor de Roberto Arosemena

  3. Causal

    La licenciada Z.A., aduce una causal de casación en el fondo, es decir, Cuando se cometa error de derecho al admitir o calificar los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal contenida en el numeral 8 del artículo 2430 del Código Judicial.

    1. Motivos

      La recurrente apoya la causal en un único motivo, expresando que el Tribunal Superior erró al valorar la declaración de R.A. (f. 138-142) porque concluyó que su declaración no es espontánea ni oportuna afirmando que había sido aprehendido en flagrancia y que existían suficientes elementos de juicio en su contra, sin embargo A. fue detenido en su residencia y sin que se hubiese podido comprobar que tenía conocimiento de la operación que se había realizado en Colón, ofreciendo al inicio de la instrucción investigativa información que permitió aclarar el hecho punible, descubrir y sindicar a sus autores (f. 3003).

    2. Disposiciones legales infringidas

      La casacionsita cita como infringidos el artículo 917 del Código Judicial y los artículos 66 y 69 del Código Penal.

      Del artículo 917 del Código Judicial se dice que fue infringido en concepto de violación directa por omisión porque el Tribunal Superior no valoró la declaración de A. de acuerdo a la sana crítica que le hubiesen permitido comprobar que A. ofreció datos que sirvieron para el encausamiento de muchas personas que no se encontraban bajo investigación, en momentos en que todavía se iniciaba la investigación (f. 3004).

      Del artículo 66 del Código Penal se dice que fue infringido en concepto de violación directa por omisión porque su patrocinado ofreció información espontánea y oportuna, sin ocultarle nada al investigador, que permitieron esclarecer el hecho punible (f. 3005).

      Del artículo 69 del Código Penal se dice que fue infringido en concepto de violación directa por omisión, porque el juzgador de segunda instancia no le reconoció la disminución de una tercera parte de la pena a A. a que tenía derecho por la confesión espontanea y oportuna (f. 3005).

      En base las consideraciones anteriores solicita que la sentencia se casada y se le aplique la atenuante de la confesión espontánea y oportuna a su defendido.

      OPINION DEL MINISTERIO PUBLICO

      El Procurador General de la Nación, solicita a esta Superioridad que no case la sentencia impugnada por considerar que los cargos formulados en su contra no prosperan porque no existe confesión espontánea y oportuna de A., toda vez que, se retractó de los señalamientos que en un inicio de la investigación realizó y porque al momento de rendir las declaración, ya la autoridad tenía conocimiento de la actividad ilícita en la que participaba (f. 3037).

      En relación a las disposiciones legales infringidas y el concepto de infracción, sostiene el Procurador que como se expuso en el motivo señalado no resultaron infringidos el artículo 917 del Código Judicial, así como tampoco los artículos 66 y 69 del Código Penal (f. 3038).

  4. Recurso de Casación a favor de C.A.N.A..

    La licenciada Z.A. aduce dos causales de casación en el fondo las cuales se analizaran de manera separada.

  5. Primera Causal.

    La casacionista aduce la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica infracción de la ley sustantiva contenida en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial.

    1. Motivos

      La casacionista apoya la causal en cuatro motivos manifestando en el primer motivo que el Segundo Tribunal Superior comete error al valorar la declaración de G.G. (f. 58-60 y 1492-1499), ya que le concede valor de plena prueba a los datos que permitieron hallar el depósito de drogas, pero la disminuye cuando refiere que la conducta de C.N. consistía en la de manejar un vehículo Toyota Tercel verde, hasta la entrada de la ciudad de Colón y que después otro contacto se encargaría de introducirla a esa Zona franca (f. 3008). En el segundo motivo expresa que el Segundo Tribunal Superior al valorar la prueba consistente en la declaración de R.A. (f. 138-142), no toma en cuenta su testimonio en el sentido de que A. no lo menciona en el ingreso y salida de la droga del país (f. 3008).

      En el tercer motivo expresa la casacionista que el Segundo Tribunal Superior de Justicia al valorar la prueba consistente en la deposición de M.S.R.O. (f. 47-54), no tomó en cuenta que R. expresó que N. fue detenido en la entrada de la ciudad de C. en momentos en que almorzaba (f. 51), por lo que solamente participó en el traslado de la droga hacia Colón y no hacia el extranjero (f. 3008).

      En el cuarto motivo la casacionsita señala que el Segundo Tribunal Superior de Justicia la examinar la prueba consistente en la declaración de C.A.N.A. (f. 62-68), no toma en cuenta su versión cuando señaló que sólo conducía un Toyota Tercel de color verde en la ciudad de Colón y que fue detenido mientras almorzaba. Sin embargo ese vehículo no transportaba drogas, es decir, que N.A., no intervino en la introducción de drogas en la Zona Libre con el ánimo de sacarla a otro país (f. 3009).

    2. Disposiciones Legales Infringidas

      Señala la recurrente que como consecuencia de los motivos señalados resultaron infringidos el artículo 917 del Código Judicial y los artículos 255 y 258 del Código Penal.

      Del artículo 917 del Código Judicial se dice que fue infringido en concepto de violación directa por omisión porque si el Tribunal Superior hubiese valorado las declaraciones G.G.P., R.A. y M.S.R. de acuerdo a la sana crítica hubiese concluido que la conducta de su representado consistió en conducir un vehículo hacia la ciudad de Colón y no ha transportar drogas dentro de la zona libre (f. 3009).

      Del artículo 255 del Código Penal se dice que fue infringido en concepto de indebida aplicación porque su patrocinado no introdujo droga al territorio nacional, así como tampoco la intentó sacar del país, pues su conducta consistió en viajar en un vehículo Toyota Tercel que no transportaba drogas, hasta la entrada de la provincia de Colón (f. 3010).

      Del artículo 258 del Código penal se dice que fue infringido en concepto de violación directa por omisión, porque su patrocinado sólo cooperó con las personas que traspasarían la droga de la Ciudad de Panamá a la entrada de la Ciudad de Colón, toda vez que no tenía conocimiento del destino de la droga luego que llegara a esa ciudad portuaria del atlántico (f. 3011).

      Finalmente solicita que su patrocinado sea sancionado por el artículo 258 del Código Penal y, que al dosificarle la pena se haga de la misma manera que lo dispuso el Tribunal de la causa, es decir, 6 años de prisión en base al principio de la reformatio in pejus (f. 3011).

  6. Segunda Causal.

    La casacionista aduce como segunda causal "cuando se cometa error de derecho al admitir o calificar los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal" contenida en el numeral 8 del artículo 2430 del Código Judicial.

    1. Motivos

      La casacionsita apoya la causal en un único motivo asegurando que el Tribunal Superior manifestó que en la declaración de C.N. (f. 62-68), no se encuentra probada la atenuante de la confesión oportuna y espontánea porque existían suficientes elementos probatorios en su contra, sin embargo al momento de ser detenido las autoridades de la Policía Técnica Judicial desconocían su identidad y N. suministró información espontánea y oportuna así como también ayudó a esclarecer el hecho punible y a sus autores (f. 3012).

    2. Disposiciones Legales Infringidas.

      Sostiene la casacionista que como consecuencia de los motivos señalados resultaron infringidos el artículo 917 del Código Judicial y los artículos 66 y 69 del Código Penal.

      Del artículo 917 del Código Judicial se dice que fue infringido en concepto de violación directa por omisión, porque el Tribunal Superior no valoró la declaración de N. de acuerdo a la sana crítica, que permite concluir que admitió su participación en el delito ante la autoridad y en el momento en que todavía se iniciaban las investigaciones (f. 3012).

      Del artículo 66 del Código Penal se dice que fue infringido en concepto de violación directa por omisión, ya que N. realizó una declaración espontánea, sin ocultarle nada al investigador y oportuna porque sirvió para completar la existencia del hecho punible y establecer la vinculación de otras personas a éste (f. 3013).

      Del artículo 69 del Código Penal se dice que fue infringido en concepto de violación directa por omisión, ya que la sentencia de segunda instancia no le reconoció la disminución de una tercera parte a C.N., que le había concedido el Juez de la causa (f. 3013).

      OPINION DEL MINISTERIO PÚBLICO

      El Procurador General de la Nación en su vista fiscal, expresa que no analizará la primera causal aducida por la recurrente, pues el Tribunal Superior al proferir la sentencia no entró a valorar la conducta del procesado N., toda vez que la sentencia de primera instancia no fue apelada, por lo que mal se puede inferir que el Tribunal Superior, haya cometido errores in iudicando cuando no revisó la conducta del procesado (f. 3029).

      En la segunda causal aducida, sostiene el Procurador que la analizará por considerar que el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas apeló dicha situación. En ese sentido, solicita que no sea casada la sentencia por considerar que la confesión de N. no es espontánea ni oportuna, ya que fue detenido en flagrancia, producto de la operación encubierta que se realizaba por parte de los agentes de la División de Narcóticos de la Policía Técnica Judicial para detectar al grupo de personas que se dedicaban al tráfico internacional de drogas, en el cual cada uno tenía funciones, debidamente asignadas, para llevar con éxito esta actividad criminal (f. 3032).

      En cuanto a las disposiciones legales infringidas y el concepto de infracción, sostiene el Procurador que como se expuso en el motivo no resultan infringidos los artículos 917 del Código Judicial, así como tampoco los artículos 66 y 69 del Código Penal, ya que la confesión de N. no fue oportuna ni espontánea (f. 3035).

  7. Recurso de Casación a favor de Misael Ruiz Ortiz

  8. Causal

    El licenciado O.A.A. aduce una causal de casación en el fondo, es decir, "error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica infracción de la ley sustantiva " contenida en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial.

    1. Motivos

      El casacionista apoya la causal en dos motivos argumentando en el primer motivo que el Tribunal Superior valoró erróneamente el informe de novedad calendado 28 de mayo de 1997 (f. 23-24) que da cuenta de la incautación de 754 paquetes de cocaína en la ciudad de Colón y la detención de M.R., para ese mismo día, lo que corrobora que R. fue sorprendido ante la ejecución de un delito local de drogas ilícitas, porque en ese informe sólo se plasma el tráfico o traslado de droga dentro del territorio nacional (f. 3018).

      En el segundo motivo el casacionsita expresa que el Tribunal Superior no valoró adecuadamente la declaración indagatoria de R.A. (138-142), toda vez que no señala que la droga incautada en el 28 de mayo de 1997 en poder de M.R. sea la misma que en otra fecha distante y distinta R.A. hubiese desembarcado para su custodia en el Club de Yates y P., por lo que se conducta se ubica en el trafico local de drogas (f. 3018).

    2. Disposiciones Legales Infringidas

      El casacionista expresa que como consecuencia de los motivos endilgados contra la sentencia resultaron infringidos el artículo 917 del Código Judicial y el artículo 255 del Código Penal.

      Del artículo 917 del Código Judicial se dice que fue infringido en concepto de violación directa por omisión porque el Tribunal Superior no valoró de acuerdo a la sana crítica el informe de novedad de 28 de mayo de 1997, porque no existe una relación cronológica con la droga incautada y los desembarques en el muelle del Club de Yates y Pescas (f. 3019).

      Del artículo 255 del Código Penal se dice que fue infringido por indebida aplicación pues no se ha comprobado que su patrocinado haya participado del tráfico de sustancias ilícitas hacia el exterior del territorio (f. 3019).

      OPINION DEL MINISTERIO PUBLICO

      El Procurador General de la Nación mediante vista fiscal, solicita a la Sala Penal que no case la sentencia impugnada por considerar en cuanto al primer motivo está claramente determinada, tanto por el informe de novedad que se cuestiona como por los demás medios de convicción ponderados por el juzgador, la actividad ilícita a la que se dedicaba esta organización criminal a la cual pertenecía M.R. (f. 3055).

      En cuanto al segundo motivo sostiene el Procurador que del gran número de elementos de convicción, informes, operaciones encubiertas, testimonios, se llega sin mayores esfuerzos a la conclusión que la droga encontrada en poder de M.R. forma parte de la droga que fue desembarcada en el Club de Yates y P. y que luego fue decomisada en la entrada de la Zona Libre de Colón (f. 3057).

      En relación a las disposiciones legales infringidas y el concepto de infracción, sostiene el Procurador que como se expuso en los motivos anteriormente no resultan infringidos los artículos 917 del Código Judicial, así como tampoco el artículo 255 del Código Penal (f. 3058).

      V.R. de Casación a favor de V.M.B.G..

  9. Causal

    El licenciado E.C., aduce una causal de casación en el fondo, esto es el error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica infracción de la ley sustantiva contenida en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial (f. 2956).

    1. Motivos

      El recurrente apoya la causal en cuatro motivos, manifestando en el primer motivo, que el Tribunal Superior valora de manera errada la declaración de R.A. (f. 138-142), ya que A. sólo expresa que conoce a B.G., dónde vivía y el auto que poseía lo cual no es vinculante con el hecho imputado (f. 2957).

      En el segundo motivo señala que el juzgador de segunda instancia valora erradamente la declaración de M.S.R.O. (f. 47-54), al deponer que B. le suministró dinero para comprar unos vehículos, lo cual sólo comprueba la adquisición lícita de los vehículos (f. 2957).

      En el tercer motivo señala que el Ad-Quem le otorga plena prueba a la declaración de G.G.P. (f. 1497- 1505), cuando señaló que B. le entregó dinero para que alquilara un depósito para guardar la droga, sin embargo no existe ninguna prueba en el expediente que corrobore el testimonio de González (f. 2957).

      En el cuarto motivo señala que el Tribunal Superior valoró de manera errada la diligencia de allanamiento (f. 120-125 y f. 2733), realizada en la residencia de R.A. al concluir que el número de teléfono 612-9476 encontrado en la agenda electrónica pertenecía a V.B.G., toda vez que H.R.M., expresó que ese número de teléfono era de su propiedad (f. 1104-1113)

    2. Disposiciones Legales Infringidas

      El casacionista señala que como consecuencia de los motivos señalados resultaron infringidos los artículos 917, 918, 781 del Código Judicial y el artículo 255 del Código penal.

      Del artículo 917 del Código Judicial se dice que fue infringido en concepto de violación directa por omisión porque el Tribunal Superior no aplicó la sana crítica al valorar los testimonios de A. y R. (f. 2958).

      Del artículo 918 del Código Judicial se dice que fue infringido en concepto de violación directa por omisión porque la sentencia del Tribunal le otorgó plena prueba a la declaración que rindiera G.G.P. a pesar de que fue la única persona que declaró que V.M.B. le había entregado dinero para alquilar un depósito donde se ocultaría una droga (f. 2959).

      Del artículo 781 del Código Judicial se dice que fue infringido en concepto de violación directa por omisión porque si hubiese valorado la diligencia de allanamiento de acuerdo a la regla de la sana crítica , hubiese llegado a la conclusión de que el teléfono celular 612-94-76 no es propiedad de nuestro mandante, sino de H.R.M. (f. 2959).

      Del artículo 255 del Código penal se dice que fue infringido en concepto de indebida aplicación porque las declaraciones rendidas por R.A. y M.S.R.O., así como la diligencia de allanamiento no comprueban que V.M.B.G. haya ejecutado o realizado la acción de introducir, colocar en tránsito sacar o intentar sacar drogas del territorio nacional (f. 2959).

      Finalmente solicita que la sentencia se casada y se absuelva a V.M.B.G. de los cargos formulados en su contra.

      OPINION DEL MINISTERIO PUBLICO

      El Procurador General de la Nación solicita a la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, que no case el recurso de casación formalizado a favor de V.M.B.G., por considerar en el primer motivo, que del contexto general de la declaración de R.A. se desprende que B. tenía una participación activa en la comisión del hecho ilícito por el cual fue sentenciado, porque R.A. "manifestó que M. y G. le informaron que necesitaban un tercer vehículo que les sirviese de escolta para el transporte de la sustancia ilícita, por lo que M. habló con V.B. para la compra del vehículo que necesitaban, llevándole él a la residencia de B. ubicada en Fuentes del Fresno para que éste hiciese la compra del vehículo" (f. 3941).

      De otra parte el Tribunal Superior ponderó otros elementos de convicción de los que se comprueban la participación de B.G. en el delito investigado (f. 3041).

      En cuanto al segundo motivo expresa el Procurador que resulta evidente la vinculación de V.B. en este hecho delictivo mediante la declaración de M.R., ya que señala que fue B. quien proporcionó el dinero para la compra de los vehículos que eran utilizados en la operación ilícita de tráfico internacional de drogas (f. 3042).

      En relación al tercer motivo sostiene el Procurador que que si bien es cierto que sólo existe el testimonio de G.G.P. sobre el hecho de que V.B. le entregó el dinero para alquilar el depósito en el que se almacenaría la droga, no debe perderse de vista que este no es el único elemento de convicción utilizado por el juzgador para establecer la responsabilidad del sentenciado. Debe recordarse que V.B. es uno de los dirigentes de esta organización criminal y es quien entrega el dinero para la compra de los vehículos utilizados en este delito, en donde se encontró documentación que relaciona a todos los miembros de esta estructura criminal (f. 3043).

      En el cuarto motivo sostiene el Procurador que de la declaración de H.R. se infiere claramente que este obtuvo el celular con el número 612-9476 a su nombre pero que quien lo utilizaba era el procesado V.B. (f. 1108), teléfono desde el cual se coordinaba todo lo relacionado con la operación de droga que V.B. dirigía (f. 3044).

      En cuanto a las disposiciones legales infringidas y el concepto de infracción. Señala el Procurador que como se expuso en los motivos los artículos 917 , 918 y 781 del Código Judicial, así como el artículo 255 del Código Penal, no resultaron infringidos por la sentencia de 18 de abril de 2001, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

      DECISION DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

      Conocido los libelos de casación así como la opinión del representante del Ministerio Público, procede esta Superioridad a resolver las pretensiones de los casacionistas.

  10. Recurso De Casación a favor de M.T.R..

    En cuanto a la Causal:

    1. Primer Motivo:

      R.A. expresó que "M.R. me dijo de que él y el jefe de él VICTOR BROWM, andaban en algo, y que si yo me queria (sic) ganar unos billetes fácil, yo nada más tenía que acompañarlos a ellos...sirviéndoles de escolta para transportar la mercancía...de allí fue que yo fui con ellos al Club de Yates y Pesca...fuimos en tres ocasiones, en las dos primeras la mercancía no llegó y en la última, llegó como a las tres de la mañana. Esa mercancía llegó en un bote...me dieron por haberlos acompañados QUINIENTOS DOLARES...Ellos...siguieron en sus cosas...MISAEL...se entrevistó con V. y con COMPA MARTIN...Ellos comenzaron a llamar a mi casa...como si fuera el centro de operaciones...ya que era en mi casa donde el recibía instrucciones porque en dos o tres ocasiones yo cogía el teléfono y se lo pasaba a MISAEL..." (f. 140).

      Agrega que, M.R. le suministró una agenda de color celeste con el logo de SONY que contenían números de teléfonos que pertenecían a "....El del GORDO DOMI, es el señor que trabaja en el Club de Yates y P., ese es el teléfono de casa, ese teléfono se lo dio EL COMPA MARTIN, a MISAEL, para que lo llamara para la cuestión del desembarque de la mercancía y a que hora podía ser"(f. 141).

      El Segundo Tribunal Superior de Justicia al proferir la sentencia impugnada expresó que:

      "Durante la diligencia de allanamiento a la residencia de R.A., se incautó una agenda con unos números telefónicos y este explicó que el que dice "Hermano 612-9476, es un teléfono celular del señor V.B. y que era donde se llamaba para hablar con él, respecto a cualquier mensaje que dejara C.M. a M., para que lo llamara respecto al desembarque de la mercancía ; y el que dice COMPA-898-3357, es donde se llamaba al C.M."(f. 2834).

      La Sala desestima el cargo de injuridicidad, porque es evidente que R.A. conocía el movimiento de Organización Criminal que se dedicaba al traslado de la mercancía de droga desde el Club de Yates y P., hacia la Zona Libre de C., toda vez que asegura que su casa era utilizada por M.R., para comunicarse con M.T.R., quien a su vez, le daba las instrucciones para el trasiego de la sustancia ilícita hacia C..

      En cuanto al segundo motivo M.S.R. depuso que "compre una FOURRUNNER, eso fue hace como dos (2) meses, fuimos GAMAL y un sujeto de nombre ROBERTO y yo, a mi me dieron el dinero para que pagara el carro en Motores de la Guardia, fueron dieciséis mil ($ 16.000.00) dólares en efectivo, ese dinero se lo dio un Colombiano a un panameño, ese carro lo pusimos a nombre mío, pero sólo eso, también compramos un TERCEL verde, la misma persona que entrego (sic) el dinero, le dio el dinero a R.A. para que comprara el TERCEL verde y lo pusiera a su nombre"(f. 52).

      El Segundo Tribunal Superior en la sentencia emitida expresó que:

      "M.S.R.O. ...señaló que a él le dieron el dinero para adquirir un vehículo marca FourRunner y también uno marca Land Cruiser, que ese dinero se lo había dado el colombiano a un panameño y que esa misma persona le dio el dinero a R.A. para comprar el Toyota Tercel. Obsérvese que este último al declarar da a entender que quienes compraron el carro que aparecía registrado a su nombre fueron M.S.R. y V.B.G., quienes a su vez hablaron con C.M. para la compra del mismo, diciéndole que necesitaban el carro (fs. 138-142)"(f. 2836).

      La Sala desestima el cargo de injuridicidad, pues se desprende de la deposición de R. que la persona que le entregó el dinero fue precisamente la misma que le dio el dinero a R.A.. De esa manera el tribunal Ad-quem lo deduce al proferir la sentencia, ya que A. manifestó que V.B.G. habló con compa M. es decir, M.T.R. para la adquisición de unos vehículos que se necesitaban para escoltar la droga desde el Club de Yates y P. hasta la Zona Libre de C.. En ese sentido, el Tribunal Superior no sólo se sirvió del testimonio de R., sino que valoró su declaración conjuntamente con la deposición de A., que le permitieron determinar la vinculación de Torres Riasco con el ilícito investigado.

      En cuanto al tercer motivo se aprecia que el Tribunal Superior expresó que:

      "entre los documentos encontrados en el vehículo conducido por el señor DIGNO O.H.D.L.R. a nombre de H.R., cuyo propietario era el señor V.B.G. y donde había documentación a nombre de M.T.R., se encontró una especie de informe o detalle de costos varios, entre los cuales figuran pagos hechos a nombre de MISAEL a COMPA del Club de Pesca, papel ahumado de Land Crusier, pago de Placa de Toyota Tercel, gasto de mantenimiento de F.R., etc (f. 721-724). O., que M.S.R. tenía un vehículo Land Cruiser y otro F.R. a su nombre, y que R.A. tenía un toyota T. a su nombre, que dijo que fue comprado por M. y por V.B. y, coincidentalmente en el documento arriba señalado, encontrado dentro del vehículo utilizado por V.B.G., y que se encuentra a nombre del abogado H.R.M., se detallan pagos a gastos hechos, tanto por M., como algunos relacionados a tres vehículos, que son una Land Crusier, una FourRunner y un Toyota Tercel, que son precisamente los carros que están a nombre de M.S.R.O. y R.A., quienes están confesos del ilícito que se investiga"(f. 2837).

      Los documentos visibles a fojas 721 a 724 reflejan un informe de gastos entre los que se detallan:

      "B/.18000.00...Compra de Four Roner........

      B/.100.00...Compadre"Club"...................

      B/. 2000.00...M. (Adelanto)..............

      B/. 50.00...M. (Menudo Bar)..............

      B/.3000.00....M. (Reparación de su casa)...B/. 80000.00...Compa (Club).................

      B/. 2000.00...Adelanto M.................

      B/. 2000...Compa Club Pesca..................

      B/. 6000.00...M.A................

      B/. 5000.00...Compa Club de Yate.............

      B/. 6000...Adelanto M...................

      B/10000.00... pago de M......

      B/. 155.00...Papel Ahumado Land Cruiser......

      B/. 47.25...Compra Placa Toyota Tercel.......

      B/. 1000.00... Compa (Club)..................

      B/.10000.00...M. (Predio-Cartón-Calle.......

      B/.7000.00...Compa (Club)...................

      B/.2000.00...Miscelaneos Misael Compra Mobil 4.......

      B/. 2600.00...Compa Club.....................

      B/.1000.00...Compa Club 5-5-97..............

      B/. 172.00...Gasto de Mantenimiento de Four Roner..."(F. 721-724).

      Por su parte, D.H. al rendir declaración indagatoria expresó que el vehículo que conducía un Honda Accord era propiedad del licenciado H.R., para quien él trabaja como asistente (f. 1144-1150).

      La Corte desestima los cargos de injuridicidad, pues como se aprecian en las pruebas documentales encontradas en el vehículo Honda Accord, propiedad del licenciado H.R., dan cuenta del vínculo existente entre M.T.R., M.R., y otros, que forman parte de la red o empresa criminal dedicada al trasiego de sustancias ilícitas. Por otro lado, el hecho de que el vehículo Honda Accord sea propiedad del licenciado H.R., sólo revela que estas personas dedicadas al trafico de sustancias ilícitas se valen de terceros para registrar bienes muebles e inmuebles con el ánimo de ocultar sus bienes y así eludir la justicia.

    2. Disposiciones Legales Infringidas y Concepto de Infracción.

      La Corte desestima la infracción de los artículos 922, 917 y 781 del Código Judicial por considerar que el Tribunal Superior valoró correctamente la declaración de R.A., porque tal como se expuso en los motivos, M.T.R. formó parte de la organización criminal desarticulada y conjuntamente con la deposición de M.R. comprueban su vinculación en el delito de tráfico internacional de drogas.

      Por otro lado es necesario advertir que aunque el vehículo Honda Accord no estaba a su nombre, las pruebas documentales encontradas en el vehículo dan cuenta que M.T.R. era el cabecilla de la organización criminal en nuestro país.

      De igual manera, la Sala desestima la infracción del artículo 255 del Código Penal, pues los testimonios de R.A. y M.R., así como las pruebas documentales permiten comprobar la vinculación de M.T.R. en el delito de tráfico internacional de sustancias ilícitas.

  11. Recurso de casación a favor de Roberto Arosemena

  12. En cuanto a la causal

    El Segundo Tribunal Superior expresó que:

    "la sentencia recurrida, reconoce como circunstancias atenuantes la confesión y el arrepentimiento a favor de los imputados R.A. y CESAR NAVARRO, a M.R.O. y GAMAL GONZALEZ...Nuestra jurisprudencia patria ha sido abundante y constante, respecto a la confesión y al arrepentimiento como circunstancia atenuante. En ese sentido, se ha señalado reiteradamente, que para que la confesión opere como atenuante, es necesario que se cumple con los requisitos consagrados en el numeral 5 del artículo 66 del Código Penal, es decir los de espontaneidad y oportunidad...En el caso particular que nos ocupa, los imputados fueron aprehendidos, algunos en flagrancia y los otros cuando ya existían suficientes elementos de juicio en su contra, por lo que es más que evidente que no concurre la atenuante de la confesión reconocida por el A-quo desde ningún punto de vista...en donde miembros de la Policía Técnica Judicial, debidamente autorizados, ingresan a la organización delincuencial y proporcionan la información necesaria acerca del movimiento y de sus participantes..."(2830).

    Aunado a ese hecho sostiene el Tribunal Superior que los imputados:

    "frente a las pruebas existentes en su contra, empezaron a decir algunas cosas respecto a la participación de ellos en este caso, lo cierto es que no fueron constantes en sus deposiciones durante todo el curso del proceso, pues muchos variaron sus posturas, asumidas en la fase de instrucción sumarial, al momento de la audiencia de fondo, por presiones externas indudablemente, pero las mismas tenían como propósito sembrar en la mente del juzgador dudas inexistentes..."(f. 2831).

    La Sala desestima el cargo de injuridicidad pues, la confesión de R.A. no fue oportuna ni espontánea porque fue aprehendido debido a la operación encubierta "T. delC.", cuando existían suficientes elementos en su contra que permitían comprobar el hecho punible.

    En otro orden de ideas, esta Superioridad ha reiterado en innúmeras ocasiones que la declaración es espontánea y oportuna cuando "el agente concurra voluntariamente a la autoridad para dar parte de lo sucedido; por otro lado la oportunidad se refiere a que la propia confesión del agente sea eficaz, al faltar otras pruebas que lo vinculen por el contrario, si el individuo luego de conocer las pruebas que militan en el expediente, y como consecuencia de la fuerza probatoria que ellas implican, es que decide confesar, entonces no es posible que se le conceda la atenuante "(Cfr. Sentencias de la Sala Penal de 24 de enero y 20 de febrero de 2001).

    Por otro lado, Observa la Sala que el Tribunal Superior al momento de dosificar la pena manifestó que "a R.A.....se les fijará en OCHO (8) AÑOS DE PRISION, la pena mínima contemplada para este delito, pues algunos de una u otra forma, aceptaron la comisión del ilícito y suministraron alguna información, aunque no fueron consistentes como para los efectos de reconocer el beneficio de la cooperación conforme al artículo 28 de la ley de drogas"(f. 2846).

    Disposiciones Legales infringidas

    La Sala desestima la infracción de los artículos 917 del Código Judicial, porque tal como se expuso en los motivos la declaración de R.A. no fue oportuna ni espontánea, pues al momento de ser detenido ya la autoridad tenía conocimiento de su participación en el ilícito investigado.

    Así mismo, la Sala desestima la infracción de los artículos 255 y 258 del Código Penal, porque como se expuso en los motivos la declaración de R.A. no fue oportuna ni espontánea.

  13. Recurso de Casación a favor de César Augusto Navarro Aguilar

  14. Primera Causal

    El Segundo Tribunal Superior expresó que "Este Tribunal no puede entrar a valorar el escrito presentado por la Licenciada ALLEYNE, pues el mismo está dirigido a atacar el fondo de la sentencia de grado, contra la cual ni ella ni sus defendidos anunciaron apelación oportunamente"(f. 2882).

    En ese orden de ideas, la Corte comparte el criterio del Procurador General de la Nación, de tal manera que no examinará la causal aducida por la recurrente, pues se desprende de la sentencia impugnada que el Tribunal Superior no analizó el libelo de apelación presentado por la defensa técnica de C.A.N., lo que trajo como consecuencia que no examinara la participación ni la conducta típica atribuida a N.. En ese sentido, la Sala Penal desestima, los cargos de injuridicidad en esta causal, y las supuestas infracciones atribuidas a las disposiciones legales.

  15. Segunda Causal.

    La Sala entrará a analizar la segunda causal aducida por considerar que tal como expresó el Procurador General de la Nación, el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, apeló sobre esta circunstancia atenuante que fue reconocida por el tribunal de primera instancia, de esa manera el Tribunal Superior entró a examinar esa circunstancia.

    En cuanto a los motivos

    El Segundo Tribunal Superior mediante la sentencia recurrida expresó que la atenuante de confesión espontánea y oportuna:

    "tampoco se da en el caso en comento, aunque para algunos de los imputados a los cuales se les reconoció tal atenuante, como...CESAR NAVARRO...frente a las pruebas existentes en su contra, empezaron a decir algunas cosas respecto a la participación de ellos en este caso, lo cierto es que no fueron constantes en sus deposiciones durante todo el curso del proceso, pues muchos variaron sus posturas, asumidas en la fase de instrucción sumarial, al momento de la audiencia de fondo, por presiones externas indudablemente, pero las mismas tenían como propósito sembrar en la mente del juzgador dudas inexistentes..."(f. 2831).

    Agrega el Tribunal que:

    "Nuestra jurisprudencia patria ha sido abundante y constante, respecto a la confesión y al arrepentimiento como circunstancia atenuante. En ese sentido, se ha señalado reiteradamente, que para que la confesión opere como atenuante, es necesario que se cumple con los requisitos consagrados en el numeral 5 del artículo 66 del Código Penal, es decir los de espontaneidad y oportunidad...En el caso particular que nos ocupa, los imputados fueron aprehendidos, algunos en flagrancia y los otros cuando ya existían suficientes elementos de juicio en su contra, por lo que es más que evidente que no concurre la atenuante de la confesión reconocida por el A-quo desde ningún punto de vista...en donde miembros de la Policía Técnica Judicial, debidamente autorizados, ingresan a la organización delincuencial y proporcionan la información necesaria acerca del movimiento y de sus participantes..."(2830).

    La Corte desestima los cargos de injuridicidad pues tal como expresó el Segundo Tribunal Superior, para que se configure al atenuante de la confesión espontánea y oportuna se requiere la concurrencia de diversos elementos, que no se encuentra acreditado en este proceso, pues N. fue detenido, producto del seguimiento que se venía realizando mediante la operación T. delC., la que tenía como objetivo desarticular la empresa criminal, que se dedicaba a transportar la droga hacia Estados Unidos, desde el Club de Y. y P. hacia la Zona libre de C. y finalmente introducirla en Estado Unidos. Aunado a ese hecho, tal como señaló el Tribunal Superior de Justicia, N. no fue constante durante la fase de instrucción, y se retractó de sus declaraciones en la audiencia de fondo con la intención de confundir al juzgador.

    En cuanto a las disposiciones legales infringidas y el concepto de infracción la Sala desestima la infracción del artículo 917 del Código Judicial, porque como se expresó en los motivos anteriormente examinados, C.N. fue detenido, producto del seguimiento de los agentes encubiertos en la operación Tormenta del Caribe, y porque no fue constante en sus declaraciones.

  16. Recurso de Casación a favor de Misael Ruiz Ortíz

  17. En cuanto a la causal.

    Motivos

    El informe de novedad calendado 28 de mayo de 1997, da cuenta del operación denominada Tormenta del Caribe, mediante la cual actuaron efectivos policiales como agentes encubiertos lograndóse la incautación de "21 cajas de cartón de regular tamaño contentivas en su interior de setecientos cincuenta y cuatro (754) paquetes forradas con cinta adhesiva de color crema...el cual se presume sea CLORHIDRATO DE COCAINA"(f. 24)

    El Segundo Tribunal Superior al proferir la sentencia impugnada manifestó que:

    "Desde el inicio de las investigaciones, la policía Técnica Judicial, por intermedio del inspector jefe de la División de estupefacientes, pone de relieve la existencia de una organización criminal dedicada al trasiego de sustancias ilícitas y, con el propósito de disgregarla sugieren la utilización de agentes encubiertos...lo cual fue aprobado por la Fiscalía de Drogas..., iniciándose así una operación policial de altas proporciones denominada Tormenta del Caribe, con el propósito de desarticular la banda que exportaba droga hacia los Estados Unidos. Durante la ejecución de la citada operación policial, se logró incautar 1381 paquetes que contenían una cantidad equivalente a 1,429.290.0 gramos de cocaína y 7,035.0 gramos de heroína los cuales ingresaron a nuestro país, por el Club de Y. y P., a través de lanchas rápidas...Panamá no es un país productor de drogas y es un hecho público y notorio, que las personas dedicadas al tráfico internacional de drogas, utilizan medios de transporte marítimo, terrestre y aéreo, para movilizar la sustancia ilícita desde su lugar de origen hasta su destino, trasiego éste dentro del cual la geografía de nuestro país se inserta como zona de tránsito, en virtud de las características que rodean su posición geográfica . En el caso específico del trasiego por vía marítima, constituye un hecho innegable, la utilización de nuestras costas como sitios de desembarco y traslado de la droga en ruta a su destino final y ello es una realidad" (f. 2827).

    La Sala desestima los cargos de injuridicidad en el primer motivo, porque de lectura de la sentencia que ahora se ataca permite colegir que el Tribunal Superior valoró correctamente el informe de novedad calendado 28 de mayo de 1997. En efecto, la droga decomisada y que se plasma en el informe de novedad que se cuestiona era precisamente parte de la droga que se intentaba sacar del país hacia los Estados Unidos.

    En relación al segundo motivo, R.A. expresó que "MIZAELR. me dijo de que él y el jefe de él VICTOR BROWN, andaban en algo, y que si yo me queria (sic) ganar unos billetes fácil, yo nada más tenía que acompañarlos a ellos...sirviéndoles de escolta para transportar la mercancía...de allí fue que yo fui con ellos al Club de Yates y Pesca...fuimos en tres ocasiones, en las dos primeras la mercancía no llegó y en la última, llegó como a las tres de la mañana. Esa mercancía llegó en un bote...me dieron por haberlos acompañados QUINIENTOS DOLARES...Ellos...siguieron en sus cosas...MISAEL...se entrevistó con V. y con COMPA MARTIN...Ellos comenzaron a llamar a mi casa...como si fuera el centro de operaciones...ya que era en mi casa donde el recibía instrucciones porque en dos o tres ocasiones yo cogía el teléfono y se lo pasaba a MISAEL...que... le dio una agenda de color celeste con el logo de SONY y los números de teléfonos localizados en su agenda pertenecen a "....El del GORDO DOMI, es el señor que trabaja en el Club de Yates y P., ese es el teléfono de casa, ese teléfono se lo dio EL COMPA MARTIN, a MISAEL, para que lo llamara para la cuestión del desembarque de la mercancía y a que hora podía ser"(f. 141).

    La Sala desestima el cargo de injuridicidad pues el Tribunal Superior valoró correctamente la declaración de R.A., ya que expresó que la droga era trasladada desde el Club de Yates y Pesca hasta la Zona Libre, evidentemente que para sacarla del país. Aunado a ese hecho el Tribuna Superior se sirvió de otras pruebas que acreditan el delito de tráfico internacional de sustancias ilícitas.

    En cuanto a las disposiciones legales infringidas y el concepto de infracción la Sala desestima la infracción del artículo 917 del Código Judicial, pues como se expresó en el motivo señalado el Tribunal Superior valoró correctamente la declaración de R.A., así como el informe de novedad calendado 28 de mayo de 1997, que da cuenta que estamos en presencia de un delito de tráfico internacional de drogas.

    En cuanto a la supuesta infracción del artículo 255 del Código Penal, la Corte desestima su infracción pues como se dijo anteriormente el Tribunal Superior valoró correctamente la deposición de R.A., que conjuntamente con otras pruebas acreditadas en el expediente permiten acreditar el delito de tráfico internacional de drogas.

    V.R. de casación a favor de Víctor Manuel Brown Gallardo

  18. En cuanto a la causal

    En cuanto a los motivos:

    R.A. expresó que "M.R. me dijo de que él y el jefe de él VICTOR BROWN, andaban en algo, y que si yo me queria (sic) ganar unos billetes fácil, yo nada más tenía que acompañarlos a ellos...sirviéndoles de escolta para transportar la mercancía...de allí fue que yo fui con ellos al Club de Yates y Pesca...fuimos en tres ocasiones, en las dos primeras la mercancía no llegó y en la última, llegó como a las tres de la mañana. Esa mercancía llegó en un bote...me dieron por haberlos acompañados QUINIENTOS DOLARES...Después de semana santa, ellos necesitaban un carro porque para la escolta de la droga, para esa fecha ellos M. y GAMAL ya tenían dos carros, la Four Runner negra y la Land Cruiser verde, y me dijeron que había que comprar un carro chico que fuera la escolta, es decir este carro iría adelante y los otros dos detrás, por si había algún reten, ellos devolverse, entonces ellos llamaron al COMPA MARTIN desde mi casa y le dijeron que necesitaban ese carro. El COMPA MARTIN parece ser que habló con V.B., para la compra del carro, porque MISAEL me dijo que V. necesitaba una copia de la cédula mía para comprar el vehículo. Yo le llevé la fotocopia de mi cédula a V.B., quien vive en Fuentes del F., no sé el número de la casa pero lo puedo identificar. Ellos compraron el carro y lo usaban en esa forma..."(f. 140).

    El Segundo Tribunal Superior al proferir la sentencia impugnada manifestó que:

    "Durante la diligencia de allanamiento a la residencia de R.A., se incautó una agenda con unos números telefónicos y este explicó que el que dice "Hermano 612-9476, es un teléfono celular del señor V.B. y que era donde se llamaba para hablar con él, respecto a cualquier mensaje que dejara C.M. a M., para que lo llamara respecto al desembarque de la mercancía ; y el que dice COMPA-898-3357, es donde se llamaba al Compa Martín"(f. 2834).

    La Sala desestima los cargos de injuridicidad, porque de la lectura de la sentencia atacada se desprende que R.A. señala a B.G. como una de las personas que llamaban a M. para coordinar el trasiego de la droga. En efecto, es evidente que A. conocía el movimiento de la Organización Criminal, toda vez que su casa era el centro de operaciones, lugar que era utilizado por M.R. para comunicarse con V.B.G., así como también se prestó para que compraran un vehículo y los pusieran a su nombre para escoltar la droga, lo que da cuenta y pone en evidencia que la sustancia era transportada hacia la Zona Libre de Colón, para luego sacarla del país, por lo que se desestima el cargo de injuridicidad

    En cuanto al segundo motivo M.S.R. depuso que "compre una FOURRUNNER, eso fue hace como dos (2) meses, fuimos GAMAL y un sujeto de nombre ROBERTO y yo, a mi me dieron el dinero para que pagara el carro en Motores de la Guardia, fueron dieciséis mil ($ 16.000.00) dólares en efectivo, ese dinero se lo dio un Colombiano a un panameño, ese carro lo pusimos a nombre mío, pero sólo eso, también compramos un TERCEL verde, la misma persona que entrego el dinero, le dio el dinero a R.A. para que comprara el TERCEL verde y lo pusiera a su nombre"(f. 52).

    El Segundo Tribunal Superior expresó que:

    "M.S.R.O. ...señaló que a él le dieron el dinero para adquirir un vehículo marca FourRunner y también uno marca Land Cruiser, que ese dinero se lo había dado el colombiano a un panameño y que esa misma persona le dio el dinero a R.A. para comprar el Toyota Tercel. Obsérvese que este último al declarar da a entender que quienes compraron el carro que aparecía registrado a su nombre fueron M.S.R. y V.B.G., quienes a su vez hablaron con C.M. para la compra del mismo, diciéndole que necesitaban el carro (fs. 138-142)"(f. 2836).

    La Sala desestima el cargo de injuridicidad, pues es evidente que los vehículos adquiridos por R. eran utilizados para escoltar la droga desde el Club de Yates y Pesca, hasta la Zona Libre de Colón, lo que da cuenta de que no estamos frente a una compra lícita de vehículos, pues eran utilizados y adquiridos con el dinero producto de la empresa destinada al trasiego de sustancias ilícitas.

    En cuanto al tercer motivo G.G. manifestó que "M.R. y V.B. me ordenaron poner el depósito a mi nombre, para guardar la mercancía. Esa era parte de la droga que fuimos a buscar al YATES y PESCAS, yo hice (2) viajes al YATES, la del depósito y la de C., yo hable con los fiscales y les dije de la existencia del depósito y por eso encontraron la droga ahí...PREGUNTADO: Diga el indagado, cuánto recibió y de parte de quien por alquilar el depósito? CONTESTO: S.F., la plata me la entregó el señor V.B. el personalmente, a mí y a MISAEL, el depósito eran trescientos ($300.00) balboas y me dio cuatrocientos ($400.00)..."(f. 1496).

    El Segundo Tribunal Superior manifestó que:

    "G.A.G.P., es otro que menciona a V.B. y lo ubica dentro de la organización criminal. Señala que conoció a V.B., a través del señor M.R. y que se reunió con él para recibir instrucciones con relación a las drogas. Destaca, que tanto MISAEL como V.B., coordinaban el movimiento de la sustancia ilícita. Además, que recibió personalmente de manos de V.B., el dinero para alquilar el depósito, donde se guardaría la droga incautada (fs. 1497-1505). Posteriormente, en el acto de audiencia, varió esta versión, en un acto que los abogados denominaron de aclaración."(f. 2835).

    La Corte desestima el cargo de injuridicidad pues una lectura de la sentencia proferida por el Segundo Tribunal Superior y la declaración de G. permite comprobar, que en efecto, V.B.G. era la persona encargada de los pagos, en la empresa criminal que se de dedicaba al trasiego de sustancias ilícitas. Aunado a ese hecho se observa que el Tribunal Superior se sirvió de otros elementos de convicción allegados al expediente para determinar la responsabilidad penal de B.G..

    En lo concerniente al cuarto motivo se aprecia que en la diligencia de allanamiento realizada a la residencia de R.A., se decomisó una agenda que contenía el número telefónico 612-9476 con el nombre de Hermano(f.126).

    Por su parte, H.R. al ser cuestionado sobre el número telefónico expresó:

    "Diga el declarante si usted tiene un celular con el número 612-9476? CONTESTO: S.F., si, yo contraté un segundo celular con el número que usted me indica, a solicitud del señor V.B., con el acuerdo de que por ese favor , el pagaría la cuenta del teléfono mío. PREGUNTADO: partiendo de su respuesta anterior, debemos entender que V.B., pagaba los celulares No. 612-7683 y 612-9476? CONTESTO: S.F., correcto, así es....PREGUNTADO: Diga el declarante con que fin usted contrató los servicios del celular 612-9476 CONTESTO: Señor Fiscal, para entregárselo al señor BROWN, que me lo solicitó" (f. 1106).

    El Segundo Tribunal Superior mediante la sentencia impugnada manifestó que "

    Durante el curso de las investigaciones se pudo comprobar que el número telefónico 612-9476, que dijo el señor A. era para comunicarse con V.B., corresponde a un teléfono célular activado en la Compañía Bell South a nombre del Licenciado H.R., quien durante una declaración jurada explicó que dicho celular lo había sacado a su nombre, a solicitud de V.M.B.G., un cliente suyo y como contraprestación por ese favor, este último pagaría la cuenta telefónica de otro teléfono celular, que sí era utilizado por él"(f. 2834).

    La Corte desestima los cargos de injuridicidad en este motivo porque el Tribunal Superior valoró correctamente la deposición de H.R., así como la diligencia de allanamiento a la residencia de R.A., toda vez que la deposición de R. corrobora el testimonio de A., acreditando así que el número de teléfono celular 612-9476, era utilizado por V.B.G. para coordinar el trasiego de sustancias ilícitas.

    En cuanto a las disposiciones legales infringidas y el concepto de infracción. La Corte desestima la violación del artículo 917, 918 y 781 del Código Judicial, por considerar tal como se expuso en los motivos, que el Tribunal Superior valoró correctamente el testimonio de A., R., G.P. y la diligencia de allanamiento a la residencia de A. que conjuntamente con la declaración R. lo llevaron a determinar la responsabilidad penal de V.B.G., mediante el cual organizaba el trasiego de las sustancias ilícitas.

    También se desestima la infracción del artículo 255 del Código Penal, por considerar que del caudal probatorio examinado se desprende la conducta típica, antijurídica y culpable de V.B.G..

    Como quiera que los cargos de injuridicidad contra la sentencia de No. 81-S.I proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia y calendada 18 de abril de 2001 no han prosperado, procede la Corte a declararlo así.

    Por las consideraciones anteriores la CORTE SUPREMA SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA, la sentencia de 18 de abril de 2001 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

    1. y N..

    CÉSAR PEREIRA BURGOS

    ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- ROBERTO GONZALEZ R.

    MARIANO HERRERA

    (Secretario)

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