Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 5 de Marzo de 2007

PonenteRoberto González R.
Fecha de Resolución 5 de Marzo de 2007
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Celebrada la audiencia oral y pública; corresponde a la Sala emitir Sentencia dentro del recurso extraordinario de casación en el fondo promovido por la licenciada G.A.M.N., Fiscal Segunda de Circuito de la Provincia de Coclé; contra la Sentencia de Segunda Instancia de 3 de junio de 2005 proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial que declaró nulidad de todo lo actuado dentro del proceso penal seguido a J.A.F.D. por la presunta comisión de un delito contra el pudor, la integridad y la libertad sexual en perjuicio de la menor H.N.T.

Es necesario advertir, que mediante resolución de 25 de enero de 2006 (fs. 289-292) el recurso de casación sólo fue admitido en razón de la segunda causal de fondo invocada por la recurrente en su libelo. Por lo tanto, el Tribunal de Casación se limitará a considerar esta única causal de fondo, es decir, la de: "error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo e implica infracción de la ley sustancial penal".

HISTORIA CONCISA DEL CASO

La investigación penal inició el 24 de octubre de 2003, cuando la señora Y.P.T.B. presentó querella en la Personería Segunda Municipal del Distrito de A. aduciendo que el señor J.F.D. se dedicaba a molestar y enamorar a su hija H.N.T., quien en ese momento contaba con la edad de 14 años; relata además que en horas de la mañana de ese día, el señor J.F.D. le había mandado un papel a su hija, razón por la cual acudió al Juzgado de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Coclé y ahí le informaron que debía formalizar denuncia en el Ministerio Público (Fs. 1-3).

Se incorporó al expediente el dictamen médico legal practicado por el Instituto de Medicina Legal de la Provincia de Coclé que determinó que la adolescente H.N.T. presenta himen abierto y dilatado con rupturas a las 3, 6 y 9 horas, con signos de defloración de vieja data (f.21).

La menor H.N.T. rinde declaración en la que manifestó que tuvo relaciones sexuales con J.A.F.D. en diciembre de 2003 cuando tenía 14 años, y desde esa época ha sostenido relaciones sexuales con el señor FLORES DOMÍNGUEZ en alrededor de 5 ocasiones, todas consentidas; pues era su novia (fs. 23-25).

Al rendir declaración indagatoria, J.A.F.D. niega los cargos formulados en su contra, señala que no ha tenido relaciones con la menor H.N.T., desconociendo las razones por la cuales ésta y su madre lo acusan(fs. 38-41).

La audiencia preliminar se celebró el 27 de octubre de 2004; y en esa fecha el juzgador de primera instancia llamó a responder en juicio a J.A.F.D. por la probable comisión de delito contenido en el Capítulo I del Título VI del Libro Segundo del Código Penal (fs. 163-168).

Realizada la audiencia ordinaria el día 6 de diciembre de 2004 (fs. 188-204); a través de sentencia No. 15 de 25 de enero de 2005, el Juzgado Segundo de Circuito de la Provincia de Coclé, Ramo Penal; decidió condenar a J.A.F.D. a 24 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y derechos políticos por igual término; no obstante reemplazó la pena principal por 200 días multas a razón de tres balboas(B/.3.00) por día multa lo que totalizó seiscientos balboas (B/.600.00) (fs. 206-209).

Contra la decisión de primera instancia, la defensa técnica anunció y sustentó recurso de apelación, siendo que el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, a través de Sentencia de 3 de junio de 2005, declaró nulidad de todo lo actuado (fs. 242-246).

LA CAUSAL

La recurrente aduce como causal la de "error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo e implica infracción de la ley sustancial penal"; contemplada en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial .

LOS MOTIVOS

La censora fundó la causal invocada en dos motivos. En el primero, considera que el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial incurre en error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba al no valorar la declaración de la menor H.N.T. toda vez que ésta señaló que sostuvo relaciones sexuales con J.A.F.D. en 5 ocasiones y que era señorita al momento de mantener la primera relación sexual con el imputado; versión que reafirma en el acto de audiencia. Así mismo, la recurrente considera que el Ad quem no tomó en cuenta el testimonio de J.M., quien afirma haber visto juntos, al imputado con la ofendida.

En el segundo motivo, expresa la casacionista que el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial incurrió en error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba cuando omite referirse dictamen médico legal (fs. 21) donde consta que la adolescente H.N.T. presentó himen abierto y dilatado, signos de desfloración de vieja data.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

La recurrente estima que el fallo del Tribunal Superior conculcó en concepto de violación directa por omisión el artículo 917 del Código Judicial, que establece la manera en que el juez debe apreciar los testimonios, toda vez que el Ad -quem no tomó en cuenta las declaraciones de H.N.T. (Fs. 23-25 y 188-204)quien hace un señalamiento directo contra J.A.F.D. como la persona con la cual mantuvo su primera cópula carnal; y el testimonio de la señora J.C.M. TUÑÓN (fs. 188-204) quien indicó que en varias ocasiones vio a la menor H.N.T. con el señor J.A.F.D. en el parquecito del pueblo.

La recurrente expone además como norma vulnerada el artículo 980 del Código Judicial, pues consideró que el Tribunal Superior no se refiere al dictamen médico legal que reposa a foja 21 del expediente, donde se certificó que la menor H.N.T. presenta himen abierto y dilatado.

Considera la casacionista que el Tribunal Superior igualmente transgredió el artículo 985 del Código Judicial, ya que omitió tomar en consideración que el análisis en conjunto de las pruebas aducidas con los hechos querellados acreditan que la menor de 14 años tuvo relaciones carnales consentidas con el imputado.

Como resultado de la infracción de las normas adjetivas antes reseñadas, la recurrente estimó que se había quebrantado el contenido del artículo 219 del Código Penal, que tipifica el delito de estupro.

OPINIÓN DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN

En relación al primer motivo, la Sra. Procuradora General de la Nación considera que el cargo de injuridicidad progresa, pues si bien en la sentencia recurrida el Tribunal Superior se limita a manifestar que la declaración de la menor H.N.T. presenta contradicciones, el Juzgador de segunda instancia no indicó en qué consistían las referidas contradicciones. Agregó la rectora del Ministerio Público, que pese a que la menor H.N.T. en la deposición que rindió ante el Juzgado de Niñez y Adolescencia niega haber sostenido relaciones sexuales con el imputado, en el expediente la ofendida manifestó afirmativamente que mantuvo relaciones íntimas con el imputado en mas de una ocasión, siendo doncella y cuando había alcanzado la edad de 14 años.

En cuanto al segundo motivo, la máxima representante del Ministerio Público consideró que el cargo de injuridicidad inserto queda en evidencia cuando el Tribunal Superior, si bien hace mención del examen médico legal, no realizó ninguna consideración del dictamen pericial. Agrega la Procuradora General de la Nación, que el examen médico legal, tratándose de un delito como el estupro, constituye una prueba concluyente para determinar si la comisión del hecho punible ha tenido lugar. Finalmente estima que la ausencia de cualquier consideración debe tenerse como "protuberante" y si a ello se añaden los señalamientos directos endilgados por la menor afectada, así como por J.M., se pueden obtener indicios que vinculan al imputado con el delito investigado.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN

La causal en la que se fundamenta el recurso de casación; error de hecho sobre la existencia de la prueba que implica infracción de la ley sustancial penal; se genera "cuando el juzgador fundamenta su decisión en una prueba que no existe en el proceso o no ha sido admitida, o deja de considerar la que legalmente ha sido admitida y cuando se distorsiona fácticamente el contenido de un elemento probatorio que válidamente existe en el proceso (cfr. Fallo de 25 de junio de 1998). Ahora, ese error debe tener la transcendencia suficiente para provocar, en el evento de que efectivamente se acredite, que el fallo emitido por el Tribunal Superior quedó huérfano del sustento jurídico sustantivo invocado por el juzgador.

En la sentencia objeto de censura, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial estableció lo siguiente:

"... De conformidad a los artículos 1956 y 2000 del

Código Judicial es presupuesto procesal para la iniciación de un sumario por

delito de estupro, la formulación de una querella en la que la parte ofendida

solicite la investigación del delito respectivo; requisito básico

(circunstancia esencial para la tramitación, en la terminología del artículo

700 del C.J.), que en este caso no se cumplió, a lo cual debe agregarse la

irregularidad procesal de seguir tramitando el sumario a pesar de que la parte

ya había desistido de la presunta querella, de acuerdo a lo establecido en el

artículo 1959 del Código Judicial.

Dentro de este marco de irregularidad procesal grave, es

particularmente débil el señalamiento de la menor presuntamente ofendida, que

en sus diversas deposiciones ha emitido declaraciones contradictorias (f.23,

73, 90 y 125)...(fs.244-245).

"... Las irregularidades procesales detectadas en este

negocio penal son causales de nulidad de acuerdo a los artículos 2 y 3 del

Código Penal...".(fs. 245).

De lo anterior puede colegirse, que el Ad quem a través de Sentencia de 3 de junio de 2005 (fs.219-246), al resolver el recurso de apelación promovido por la defensa del imputado, J.A.F.D. contra la sentencia condenatoria de primera instancia emitida por el Juzgado Segundo de Circuito Ramo Penal de Coclé; consideró que toda la actuación era nula pues se habían quebrantado las garantías dispuestas en los artículos 2 y 3 del Código Penal, toda vez que dentro del referido expediente:

1- La querella presentada no había cumplido con la formalidad que se consigna en el artículo 2000 del Código Penal.

2- La representante de la ofendida había desistido de la querella.

3- Se habían presentado contradicciones en las deposiciones rendidas por la menor ofendida dentro del proceso, lo que debilitó el señalamiento hecho contra el imputado.

Luego de revisar detenidamente el criterio con el que el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial fundamentó la decisión de declarar la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso penal seguido a J.A.F.D. por la presunta comisión de un delito contra el Pudor y la libertad sexual; la Sala se encuentra obligada a realizar una serie de consideraciones, antes de proceder a pronunciarse en torno a la causal, y el mérito que le corresponden a los motivos en los que se fundamenta el presente recurso extraordinario de casación.

En primer lugar, la Sala advierte que mediante Ley 31 de 29 de mayo de 1998 se establece en la República de Panamá un marco normativo especial cuyo interés es brindar protección a las víctimas del delito. Dentro del contenido del mencionado instrumento normativo, se garantiza a la victima, sin mayores formalidades, el acceso al proceso como parte activa en calidad de querellante de manera que pueda reclamar la responsabilidad penal del imputado y obtener la indemnización civil por los perjuicios derivados de la comisión del hecho punible. En este sentido, el actual articulo 2000 del Código Judicial, tal como fuera modificado por el artículo 19 de la Ley 31 de 1998, sólo reclama como presupuestos de la querella, que la víctima o su representante, acudan ante la respectiva autoridad de instrucción, expresen su interés para que se investigue el hecho, y se imponga la sanción correspondiente.

Ahora bien, la Sala al examinar el escrito de querella presentado por Y.P.T.B. ante la Personería Primera Municipal de Antón (fs 1-2); observa que la representante legal de la menor ofendida identifica al querellado en la persona de J.F.D., luego cuando realiza una descripción de los hechos señala que F.D. se dedica a molestar y enamorar a su hija, una menor de 14 años de edad; agregando que ha acudido a solicitar auxilio de otras autoridades como la Corregiduría de A. y el Juzgado de N. y Adolescencia de la Provincia de Coclé. Conviene aclarar, que si bien la querellante taxativamente no señala el delito a investigar ni solicita la aplicación específica de una pena; lo cierto es que identifica a la persona del querellado, proporciona datos suficientes que sugieren la probable comisión de un delito cuando señala que su menor hija de 14 años de edad es "molestada" por un varón adulto; además el hecho que específicamente haya indicado que acudió en búsqueda de auxilio ante las autoridades judiciales de niñez y adolescencia y de la esfera de policía, denota su interés frente a la situación presentada procurando la intervención del ente jurisdiccional, en este caso de orden punitivo; interés que reafirma cuando en ampliación de querella el 31 de mayo de 2004 indicó textualmente lo siguiente: "...ayer vieron a JUAN con H. en un bicicleta y yo ni muerta voy a aceptar esa relación yo quiero a JUAN lejos de mi hija y yo pensé que él era una buena persona pero con esto yo me estoy dando cuenta de que él no sirve para mi hija y yo necesito que las autoridades actúen..."(f.35). Ahora, si existe un reclamo en torno a la manera poco diáfana a través de la cual se presenta el escrito de querella, el mismo tendría que hacerse al representante del Ministerio Público, pues a la víctima no se le puede exigir en principio conocer aspectos técnico-jurídicos relativos a los requisitos de la querella, siendo que la Agencia de Instrucción receptora de la querella, se encuentra obligada a prestar toda la asesoría de manera tal que la víctima, o su representante, puedan hacer valer sus derechos, cumpliendo los requisitos de ley, con lo cual se evitaría una respuesta negativa del aparato jurisdiccional por razón de elementales falencias técnicas en la construcción del proceso(cfr. Fallo de 14 de febrero de 1997).

No obstante, la Sala no deja de centrar su atención en el segundo argumento al que acude el Tribunal Superior para fundar su decisión, es decir; que dentro del proceso se había presentado el desistimiento de la pretensión punitiva una vez la madre de la víctima externó su interés de retirar los cargos formulados a través de la querella suscrita ante la Personería Primera Municipal del Distrito de A., utilizando como asiento jurídico lo dispuesto en el artículo 1959 del Código Judicial, cuyo texto pasamos a reproducir;

Artículo 1959:

"El querellante podrá, en todo tiempo, desistir de la querella, salvo las excepciones contempladas en este Código" (lo resaltado es propio).

De lo anterior se infiere que, si bien el legislador ha dejado abierta la posibilidad que el querellante pueda renunciar a su participación como parte activa dentro del proceso, esto no es capaz de provocar automáticamente la terminación del proceso penal. El Juzgador debe indagar dentro del Código de Procedimiento Penal, si la acción penal se enerva o no a partir del desistimiento de la pretensión punitiva por parte del ofendido, o sus legítimos representantes. En efecto, la eficacia del artículo 1959 del Código Judicial queda condicionada a lo que el legislador dispone en otras normas, como es el caso de lo que establecen los artículos 1956 y 1965 de la excerta legal antes citada(antes de la reforma establecida por la Ley 16 de 2004) cuya revisión revela, que si bien los delitos de rapto, estupro y ultrajes al pudor; reclaman la presentación de querella por parte de la persona ofendida o su legítimo representante, dentro de un término claramente establecido, para que el Agente del Ministerio Público proceda a iniciar formalmente la instrucción sumarial, lo cierto es que a partir de ahí, la gestión es absolutamente oficiosa; amén que el delito objeto del presente proceso no se ubica dentro del inventario que se hace en el artículo 1965 del Código Judicial respecto a aquellos hechos punibles en los cuales el desistimiento de la pretensión punitiva, genera la conclusión y archivo del proceso penal. Por tanto, que la víctima o su representante desistan de la querella, no impide que la autoridad de instrucción prosiga con la investigación, ejerza la acción y se pueda aplicar una sanción a la persona que resulte responsable de la comisión de un delito contra el pudor y la libertad sexual (ahora denominados "delitos contra el pudor, la integridad y la libertad sexual"), como es el caso del estupro.

La Sala debe advertir, que luego de la reforma introducida a la legislación procesal por vía de la Ley 16 de 2004, específicamente al artículo 1956 del Código Judicial, se han relajado los presupuestos que antes se reclamaran para dar inicio a la instrucción sumarial, cuando el hecho objeto de la investigación penal corresponda a aquellos comprendidos dentro del Título VI del Libro II del Código Penal, entre los que se incluye el delito de estupro. En la actualidad, en el referido artículo 1956 del Código Judicial, sólo se exige querella para iniciar la instrucción sumarial en delitos contra el pudor, la integridad y la libertad sexual en aquellos casos en que la víctima sea mayor de edad, salvo para el delito de trata de personas.

Artículo

1956: En los delitos tipificados en el Título VI del Libro II del Código Penal,

el procedimiento será de oficio.

R. querella aquellos delitos en los cuales la víctima sea mayor

de edad, salvo los casos de delitos de trata de personas. La querella deberá

promoverse dentro de los seis meses siguientes a la comisión del hecho.

En todo caso, el proceso se iniciará de oficio cuando la víctima sea una persona incapaz o con discapacidad, aunque sea mayor de edad.

Ahora bien, la disposición procesal no es aplicable al caso bajo examen, pues tal como se desprende de la inteligencia del artículo 32 del Código Civil, aún cuando la aplicación de las normas procesales es inmediata una vez el precepto normativo adquiere eficacia; cierto es que los términos y otras actuaciones continuarán gobernados por la disposiciones jurídicas vigentes al momento en que el proceso tuvo su génesis.

Hecha la aclaración necesaria, luego de recibir el concepto de las partes que intervienen dentro del recurso, procede la Sala a verificar si prosperan los cargos de injuridicidad contenidos en los motivos que sirven de sustento a la única causal objeto de valoración.

En el primero, la recurrente considera que el Tribunal Ad- quem incurrió en error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, por cuanto omitió considerar la declaración rendida por la menor H.N.T., quien indica que sostuvo relaciones sexuales con el imputado en un número plural de ocasiones cuando aún era doncella; versión que es confirmada por la ofendida en el acto de audiencia, además de no tomar en cuenta el testimonio de la señora J.M., quien señaló que vio juntos a la víctima y al imputado.

Al respecto, de la lectura del fallo emitido por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Panamá se obtiene, que si bien se hace mención de las declaraciones rendidas en el proceso por la menor H.N.T. indicando que el señalamiento realizado es débil en la medida que se aprecian contradicciones, lo cierto es que el estudio de las mismas se hace en función de una supuesta irregularidad procesal, situación que ya ha sido descartada por la Sala; además no se advierte que el Ad quem haya considerado la declaración de la señora J.M.T., por tal razón y habida cuenta que la causal en la que se fundamenta el recurso puede presentarse igualmente cuando el Ad Quem altera el contenido fáctico de un elemento probatorio; se procede a examinar las declaraciones presentadas por la menor H.N.T. y la señora J.M.T., a efectos de verificar si se acredita el cargo de injuridicidad.

En relación con las deposiciones que presenta la menor H.N.T.; la Sala enfatiza que en la declaración consultable a 23-25, rendida el 22 de marzo de 2004 ante la Fiscalía Segunda de Circuito de Coclé, ésta señaló que conocía a J.A.F.D., pues fue su novio por espacio de 1 año y 2 meses; y a pregunta formulada por la Fiscalía si había sostenido relaciones sexuales con J.F.D., H.N.T contestó " si tuve relaciones con él y fue en diciembre de 2003, yo tenía 14 años y fueron como 5 veces porque ya yo no me podía ver con él porque mi mamá ya no aceptaba que yo anduviera con él porque a ella le habían dicho que él andaba con una muchacha y la muchacha estaba encinta y entonces mi mamá que como yo siguiera con él, ella lo iba a meter preso y eso no era lo que yo quería porque como él estaba en Panamá estudiando y por mi yo no quería que él lo metieran preso...". Luego al ser interrogada si cuando mantuvo relaciones carnales con J.A.F.D. era virgen y además si las mismas fueron consentidas; la menor H.N.T. respondió afirmativamente a la primera pregunta y señaló además que: "los dos tuvimos la decisión de que iba a pasar, él a mi no me obligaba a nada y fueron con mi consentimiento..." (f. 24).

La menor H.N.T. rindió nuevamente declaración en el acto de audiencia ordinaria (fs. 190-192), y frente al cuestionario que le presentara la representante del Ministerio público, respondió: que conocía a J.F., pues iba a su casa por su mamá, la señora Y.P.T.B.; además manifestó que tuvo relaciones sexuales con J.F.D., sin registrar contactos sexuales previos o posteriores con ninguna otra persona; cuando la F. le pregunta a la menor H.N.T. acerca de la impresión que le merecía que el joven J.F.D. en su declaración indagatoria hubiere manifestado que no había mantenido relaciones sexuales con ella; categóricamente indicó "él si tuvo relaciones conmigo". Seguidamente cuando se increpa a la declarante a fin que indique si las relaciones sexuales que sostuvo con J.A.F.D., fueron obligadas o consentidas, la joven respondió: "sí con mi consentimiento"; finalmente manifestó la declarante que como consecuencia de las relaciones que sostuvo con J.A.F.D., tiene un mes de embarazo (fs. 190-192).

En lo que atañe a la deposición de H.N.T. consultable a foja 73, esta declaración fue rendida ante el Juzgado de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Coclé el día 3 de marzo de 2004 dentro de un proceso de protección por situación de riesgo social. Aquí a la menor H.N.T. indicó que: " yo se que me porto mal y yo ando con un muchacho que mi mamá no quiere que yo ande con él y yo me fui con ese muchacho, yo iba a regresar a mi casa, yo me porto mal porque mi mamá no acepta la relación que yo tenia con ese muchacho, al principio si lo aceptó y después me dijo que no anduviera mas con él y yo quería seguir con él, pero después me di cuenta que el tenia otra mujer, J.F. se llama el muchacho, no mantuve relaciones con él, con él es el único que he andado".

En la declaración rendida el 22 de junio de 2004 dentro de un proceso de protección por situación de riesgo social ante el Juzgado de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Coclé consultable a folios 90-91 (fs. 90-91), la menor H.N.T. refiere que nunca tuvo nada con J., que no sostiene relaciones con nadie y cuando buscaba a "J." es porque ella misma lo quería.

En relación con el testimonio de J.C.M. TUÑÓN(Fs. 196-199), la recurrente considera que el mismo no fue tomado en consideración pese a que es conteste al indicar que vio juntos a la menor H.N.T. con el imputado en un parquecito. En tal sentido, textualmente la testigo indicó; a pregunta formulada por el abogado defensor si la relación que existía entre la señora Y.T. y el imputado J.A.F.D., había continuado: "no continuó porque yo lo veía a él con la niña ahí en el parquecito cuando ella vivía acá arriba,pero nunca me imaginé que andaba con ella porque como andaba con la mamá porque todo el mundo lo decía en Antón, de repente se destapó el Coco que H. andaba con J., se mudó para el bajo y comenzaron los problemas hasta donde han llegado, a cada rato nos llegaba guardias a la casa porque ella largaba a la hija y como la hija se iba para nuestra casa la Policía llegaba ahí" (Fs. 196-199).

Luego de auscultar el contenido de la resolución objeto del recurso, así como de las pruebas sobre las cuales la casacionista aduce que el Tribunal Superior incurrió en error de hecho en cuanto a su existencia; la Sala advierte que no progresa el cargo de injuridicidad presentado. Ello es así, pues en primer lugar el Ad quem en el fallo de 3 de junio de 2005 consideró las declaraciones rendidas por la menor afectada H.N.T., tanto aquellas presentadas dentro del proceso penal, así como de las deposiciones que rindiera esta dentro de un proceso de protección ante la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia, así mismo el escrutinio de estas deposiciones no permite descubrir que el Tribunal Superior haya distorsionado el contenido de las declaraciones, pues queda en evidencia que la menor afectada presentó versiones contradictorias. En lo concerniente al testimonio de J.C.M.T., si bien el mismo no es inventariado en la resolución objeto de censura, lo cierto es que esta prueba sólo permite aportar que en alguna ocasión se vio juntos al imputado con la menor de edad en un parque del pueblo, sin que esta afirmación sea lo suficientemente irrefutable para acreditar la existencia del hecho punible, y es aquí donde nuevamente insiste la Sala que la causal invocada no se comprueba únicamente verificando si la prueba fue o no tomada en consideración por el Tribunal Ad quem o si la decisión se fundó en una prueba inexistente; sino que además se requiere que esa omisión sea lo suficientemente protuberante, es decir que sea capaz de dejar sin sustento al fallo, lo que en efecto no ha ocurrido.

En cuanto al segundo motivo, la recurrente estimó que el Tribunal Superior igual cometió error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, pues soslayó el dictamen médico legal practicado a la menor H.N.T.

Al respecto, la Sala aprecia que a foja 21 se observa copia autenticada de evaluación médico legal fechada a 26 de septiembre de 2003; a partir de la cual se establece que la menor H.N.T. presenta himen abierto y dilatado con rupturas a las 3, 6 y 9 horas, signos de defloración de vieja data; ano íntegro; sin evidencias de violencia física, ni enfermedades de transmisión sexual.

En relación a la prueba que la recurrente aduce ignorada por el Tribunal Superior, la Sala considera, que aún cuando el Ad quem de manera muy tímida solo menciona la experticia médico legal para indicar que se encuentra afectada por el hecho que la querellante había presentado el desistimiento de la querella, sin entrar a deferirle ningún mérito, lo cierto es que la prueba hace parte del acervo considerado por el Ad Quem; por tanto una vez mas, la recurrente no logra acreditar el vicio de injuridicidad contra el fallo impugnado.

Como viene expuesto, al no acreditarse vicio de injuridicidad a la resolución del Ad- Quem, tampoco puede considerarse que se ha ocasionado vituperio alguno a los artículos 917, 980 y 985 del Código Judicial, así como el artículo 219 del Código Penal en el concepto presentando por la recurrente.

El Tribunal de Casación aclara que dentro del recurso de casación, sólo se pueden tomar en consideración las causales expresamente aludidas por el recurrente (cfr. art. 2450 del Código Judicial); estando vedado referirse a otras causales aún cuando pueda resultar en evidencia notables falencias en la tramitación proceso. Si el casacionista pretendía que se verificara el mérito probatorio de determinados elementos insertos en autos, otra fue la causal que debió invocar.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo que antecede, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley; NO CASA la Sentencia de 3 de junio de 2005 proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de la Provincia de Panamá, a través de la cual se revocó la Sentencia No. 15 de 25 de enero de 2005 proferida por el Juzgado Segundo de Circuito de la Provincia de Coclé, Ramo Penal.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

ROBERTO E. GONZÁLEZ R.

ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

MARIANO E. HERRERA (Secretario)

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