Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Diciembre de 2004

PonenteEsmeralda Arosemena de Troitiño
Fecha de Resolución20 de Diciembre de 2004
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Ha llegado a conocimiento de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación en el fondo formalizado por la LICENCIADA M.J.D.S., quien actúa en su condición de defensora de oficio de A.T.R., contra la sentencia definitiva de segunda instancia Nº134-S.I. de 14 de julio de 2003, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

La medida judicial censurada con este medio de impugnación extraordinario, confirma la sentencia de primera instancia, emitida por el Juzgado Séptimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, que condenó a A.T.R. a cumplir la pena principal de 7 años de prisión, por ser responsable del delito de violación carnal agravado, cometido en perjuicio de la niña M.A. (fs.329-332).

Resulta importante destacar, que el despacho ponente, mediante resolución judicial calendada 21 de abril de 2004, decidió admitir el recurso de casación formulado por la defensa oficiosa (f.465), por lo que el proceso se sometió a los trámites ordinarios de sustanciación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2441 y 2442 del Código Judicial.

Por evacuadas las diligencias procesales, relativas al traslado del negocio al Procurador General de la Nación, la realización del acto de audiencia oral y la presentación de alegatos por escrito, lo que procede, en este momento, es pronunciarse sobre el fondo de la pretensión formulada por la recurrente, a lo que se avoca la Sala de inmediato, previo las siguientes consideraciones.

HISTORIA CONCISA DEL CASO

La presente actuación penal, tiene su génesis en denuncia criminal que interpusiera G.A.O.C., el 13 de junio de 2001, ante la División de Delitos Contra el Pudor y La Libertad Sexual de la Policía Técnica Judicial, mediante la cual puso en conocimiento que su ex-concubino, A.T.R., abusó sexualmente de su hija M.A.. La denunciante detalló que su hija le informó de tal hecho, para el 14 de julio de 1999 y que nuevamente, el 10 de junio de 2001, le volvió a narrar la agresión sexual cometida, en su contra, por el denunciado. Según la denunciante, T.R. tenía a la niña "chantajeada con unas fotos que él le había tomado casi semidesnudas" (f.2) y que "se la llevaba para Calle 12 San Felipe donde él tiene un cuarto...ahí la llevado (sic) tres veces donde tuvo relación sexual con ella" (f.3).

La investigación preliminar de los hechos, fue adelantada por la División de Delito Contra el Pudor y La Libertad Sexual de la Policía Técnica Judicial. Con posterioridad, el caso pasó a la Fiscalía Auxiliar de la República y finalmente a la Fiscalía Décimo Quinta del Primer Circuito Judicial de Panamá; despacho público en el que se acopió, entre otros elementos, la declaración indagatoria de A.T.R., quien negó la comisión del hecho delictivo atribuido, alegando que se trata de una acusación por represalia, a los regaños y correcciones que, como padrastro, le aplicaba a la niña por malos comportamientos (fs.99-106).

Resulta importante anotar, que en la fase instructiva, el representante del Ministerio Público también sometió a los rigores de la declaración indagatoria a G.A.O.C., madre de la ofendida, por considerar que actuó con negligencia inexcusable, al saber que su hija había sido abusada y no acudir, oportunamente, a denunciar el hecho ante las autoridades competentes (fs.127-131).

La etapa de instrucción sumarial culminó con la opinión fiscal de que, se emitiera auto de llamamiento a juicio contra A.T.R. y G.A.O.C., por la presunta infracción de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título VI del Libro II del Código Penal.

El conocimiento del negocio penal fue adjudicado al Juzgado Séptimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, despacho judicial que, luego de celebrar el acto de audiencia preliminar, decidió abrir causa criminal contra Tejada Rojas, por la presunta comisión de delito contra el pudor y la libertad sexual, en perjuicio de la niña M.A.. En cuanto a la situación procesal de G.A.O.C., se dictó un sobreseimiento provisional con relación a su participación en el cargo delictivo de violación carnal; sin embargo, también se ordenó la compulsa de copias, a la esfera de los Juzgados Municipales, para que fuese procesada por la presunta comisión de delito de encubrimiento (fs.242-255).

Con posterioridad, se llevó a cabo el acto de audiencia ordinaria y seguidamente, el juez de la causa emite sentencia Nº154 de 26 de diciembre de 2002, mediante la cual condena a A.T.R. a la pena principal de 7 años de prisión, por ser autor del delito consumado de violación carnal agravada, en perjuicio de M.A.. Esta medida judicial fue impugnada por la defensora de oficio del sentenciado, por estimar, básicamente, que en la encuesta penal no existían elementos contundentes que acreditaran su responsabilidad, considerando que el único señalamiento que operaba en su contra, que era el de la ofendida, adolecía del vicio de la contradicción pues, la menor de edad se había retractado de su declaración inicial, en la que indicaba al imputado como autor de la agresión sexual.

Tal actividad procesal motivó el ingreso del negocio al Segundo Tribunal Superior de Justicia, el que, mediante sentencia Nº134- S.I. de 14 de julio de 2003, confirmó el fallo apelado, tras determinar que las experticias médicas practicadas a la víctima, consiguieron acreditar que fue manipulada para variar su relato inicial y exculpar al imputado, y en atención de ello, procedió a otorgarle relevancia probatoria a la primera declaración de la ofendida que, según el "ad-quem", revela con claridad los detalles de la conducta delictiva y los hechos que rodearon su comisión.

Esta última decisión jurisdiccional, es la que se impugna mediante el ejercicio del presente recurso de casación penal.

CAUSAL INVOCADA

La defensora técnica fundamenta la iniciativa procesal, en una sola causal de fondo, que concierne al "Error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado e implica infracción de la Ley sustancial penal" (fs.461-462), consagrada en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial.

MOTIVOS ADUCIDOS

La casacionista apoya la causal invocada en un solo motivo, en el que se plantea, medularmente, que el juzgador de segunda instancia incurrió en el vicio alegado, "al deducir de la evaluación psiquiátrica del DOCTOR ALEJANDRO PÉREZ...y el psicólogo L.E.R....indicios para acreditar la autoría de A.T. ROJAS...a pesar de que ésta menor se retracta de su acusación tanto ante el médico psiquiatra forense y el psicólogo forense y ante la fiscalía instructora...y que el imputado...a través de su declaración indagatoria...niega su participación en el hecho investigado" (f.462).

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

La recurrente plantea que la resolución judicial censurada, infringe los artículos 983 del Código Judicial y 216 y 218 del Código Penal.

El artículo 983 se cita infringido, de manera directa por omisión, toda vez que, "de los informes del médico psiquiatra forense y del psicólogo forense...no se puede derivar indicios suficientes para acreditar la participación de él en el hecho investigado, ya que la menor ofendida se retracta de los cargos que hace tanto ante los facultativos forenses, como ante la fiscalía instructora" (fs.462-463).

El artículo 216 se alega infringido, en concepto de indebida aplicación, ya que, "como consecuencia del error de derecho en la apreciación de la prueba, en este proceso no se ha acreditado que A.T. ROJAS haya tenido acceso sexual con persona menor de catorce años" (f.463).

Finalmente, el artículo 218 se señala infringido, en concepto de indebida aplicación pues, se ha acreditado que el imputado "con abuso de confianza haya mantenido acceso sexual con menor de catorce años" (f.464).

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El Procurador General de la Nación, al contestar el traslado que le fuera corrido del presente recurso de casación, manifestó que la sentencia impugnada no debe ser casada.

La consideración del Jefe del Ministerio Público, se sustenta en los planteamientos fácticos de que, "al valorar los informes periciales y las declaraciones de quienes los rindieron, el juzgador ponderó lo que en éstos se expresó con relación a la poca credibilidad que tenía la retractación de la menor, lo que hizo conforme a las reglas de la sana crítica, sobre todo, a la experiencia que se tiene en casos como el presente" (f.470) y que "los hechos denunciados fueron corroborados por quien era objeto de los abusos sexuales que se le imputaban a A.T., que lo manifestado en la denuncia y lo declarado por la menor, además de guardar relación entre sí, se dan una serie de detalles en cuanto a la forma como se daba el ilícito. Se tiene, así mismo, que al procederse al examen médico forense de la menor se verificó que estaba desflorada de vieja data, lo que es concordante con lo expresado por la víctima del delito. Todo ello es lo que lleva al médico psiquiatra y al psicólogo forense a restarle credibilidad a la aducida retractación de M.A., llegando, incluso, a señalar que ésta había sido manipulada por un adulto" (f.472).

DECISIÓN DE LA SALA

A. En cuanto a los motivos

La recurrente censura, medularmente, la apreciación probatoria que el juzgador de segunda instancia le concedió, tanto a la evaluación psiquiátrica del doctor A.P., como a la evaluación psicológica del licenciado L.R., ambas practicadas a la ofendida M.A., por considerar que no son contestes con la realidad que emerge de autos, ya que, A. se retractó de su acusación contra el imputado T.R., sumado al hecho de que éste, al ser sometido a los rigores de la declaración indagatoria, negó la comisión del hecho delictivo que se le atribuye.

Para resolver lo que en derecho procede, la Sala empieza por resaltar, que la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba, sobreviene cuando el juzgador de segunda instancia le otorga al medio probatorio, un valor que no tiene, o no le reconoce el valor que tiene, o lo admite sin cumplir con los requisitos legales (Cfr. Registro Judicial de octubre de 1994, pág.240). El manejo de esta causal fondo, a nivel jurisprudencial, indica que su procedencia está condicionada, a la comprobación de que el error alegado sea veraz, manifiesto y trascendental, es decir, que efectivamente el juzgador de segunda instancia haya incurrido en la apreciación del elemento que se invoca mal valorado, que esa labor jurisdiccional haya desbordado o desconocido las reglas procesales de interpretación probatoria y que el yerro cometido sea de tal magnitud e importancia, que tenga la eficacia de variar la parte dispositiva del fallo censurado. Esto es así, "porque la Corte no puede, con simples argumentos subjetivos, carentes de veracidad o de relevancia, inmiscuirse en la facultad jurisdiccional del juzgador de apreciación de la prueba" (Registro Judicial, julio de 2001, pág.411).

Un examen detenido de la sentencia de segunda instancia censurada, permite conocer que el tribunal ad-quem, ciertamente, apreció los dictámenes, psiquiátrico y psicológico, practicados por los galenos del Instituto de Medicina Legal, a la menor de edad ofendida, para definir la situación penal del imputado Tejada Rojas (f.331). Sin embargo, de esa labor de apreciación probatoria, a juicio de la Sala Penal, no emerge ningún indicio que sugiera que el tribunal ad-quem, se alejó de las reglas procesales de la sana crítica y en consecuencia, le otorgó una apreciación distinta de las que merecían tales piezas de convicción. Por el contrario, se advierte, que la conclusión a la que arribó el juzgador de segunda instancia, luego de interpretar las experticias médicas que vienen señaladas, responde a la deducción correcta de los hechos que, según la lógica, la experiencia y la psicología, consiguen demostrar estos elementos de juicio.

En esa línea de pensamiento, se constata que el Tribunal Superior consideró que las evaluaciones, psiquiátrica y psicológica, practicadas a la víctima, tenían la eficacia probatoria de desacreditar la ampliación del relato brindado por M.A., en el que, en contraposición de su declaración incriminatoria inicial, exculpa a Tejada Rojas de la comisión del abuso sexual, ya que, según lo estimó el "ad-quem", tales experticias médicas arriban a la misma conclusión de señalar, que la versión exculpatoria de la ofendida, "...representa un discurso aprendido..." y que "...no goza de credibilidad por ser producto de manipulación por parte de un adulto..." (f.331).

Esta consideración probatoria, motivó al juzgador de segunda instancia, concederle plena eficacia a la declaración inicial de M.A., la que estimó "detallista al narrar las veces, la época y los lugares donde el procesado abusó sexualmente de ella, además de tenerla amenazada con unas fotografías que le había tomado, en situaciones comprometedoras, que le sirvieron para sus depravados propósitos" (f.331).

A criterio de esta Corporación de Justicia, el resultado probatorio que sobreviene de la correcta apreciación de los citados dictámenes forenses, no puede ser otro, que el considerado por el "ad-quem". Hay que tener presente que se tratan de pruebas periciales confeccionadas por especialistas en las ramas de la psiquiátrica y la psicológica, y por esa especial condición profesional, sus opiniones son idóneas y de trascendente valor, a los efectos de acreditar, por ejemplo, si los términos de un relato se ajustan o no a la realidad, en consideración de que sus conclusiones no obedecen a juicios subjetivos, sino a estudios técnicos, que exploran las aptitudes del individuo, su estado emocional y sus condiciones morales y afectivas.

Aunado a lo anterior, se debe tener en consideración que, a propósito de las deposiciones contradictorias rendidas por un declarante en un proceso, esta Sala ha sido consistente en dejar sentado el criterio que, ante tal situación, los testimonios recabados al inicio de la investigación, son los que tienen mayor credibilidad. Así lo ha expresado la doctrina jurisprudencial:

"Cabe señalar que es jurisprudencia de esta S. que los testimonios recabados al inicio del sumario gozan de mayor credibilidad, pues los hechos se encuentran gravados con mayor claridad en la mente del testigo:

"En primer lugar, y contrario a lo afirmado por el a-quo, es jurisprudencia de esta Corporación, que los testimonios emitidos al inicio del proceso gozan de mayor credibilidad que los que se obtengan tiempo después, ya que es posible que puedan ser influidos por factores externos.

Sobre este mismo tema, vale l apena citar a E.F., quien en su obra "De las pruebas penales", T.I., páginas 75 y 76 afirma:

"Las primeras declaraciones de los testigos que se recogen en el procedimiento escrito deben tenerse como las más verídicas, porque no hay tiempo de engañarlos o apartarlos de su deber, mientras en la discusión pública los testigos pueden, si están comprados o se les ha inducido a apartarse de su deber, retractarse impunemente de las declaraciones escritas en el expediente...". (Cfr. Resolución Judicial de la Sala Penal de la Corte Suprema de 26 de agosto de 1997, publicada en el Registro Judicial de agosto de 1997, pág.199).

Este marco jurisprudencial, aunado a las conclusiones señaladas en las experticias médicas, constituye apoyo suficiente para confirmar la posición asumida por el "ad-quem", de desestimar el relato exculpatorio ofrecido por la niña M.A. y concederle plena eficacia probatoria a su versión inicial, en la que estableció, de manera coherente y consistente, los pormenores del delito del que fue víctima: el autor, la fecha, el lugar y los hechos que rodearon su comisión (cfr. fs.4-6 y 15-16).

Y, es que si se analizan detalladamente las piezas procesales que componen el presente cuaderno penal, se demuestra que, efectivamente, existieron factores externos que, hacen razonablemente presumir, que la víctima estuvo sometida a presiones para variar su relato inicial. Tales circunstancias fueron: 1. Que la ofendida estuvo en contacto con el imputado, mientras éste se encontraba privado de su libertad corporal, tal como lo afirmó su madre G.A.O.C. (fs.108-109). 2. Que en otra ocasión, la ofendida estuvo en contacto con la hija del imputado en su propia casa, tal como lo manifestó O.C. (f.109). 3. Que en la actuación investigativa también resultó vinculada la madre de la víctima, a quien se le endilgó el hecho de haber actuado con negligencia inexcusable, al no denunciar el hecho oportunamente ante las autoridades, lo que, según la funcionaria de instrucción, fue decisivo "y determinante para que TEJADA conservara la OPORTUNIDAD de seguir forzando sexualmente a la joven" (f.129) y por ello fue indagada, sometida a la aplicación de medidas cautelares personales e incluso, afronta, responsabilidad penal por la presunta comisión de delito de encubrimiento.

Todos estos hechos, valorados conjuntamente, llevan al convencimiento que, ciertamente, en el trascurso de la investigación, la víctima fue sometida a una serie de situaciones conflictivas, que bien pudieron incidir en su cambio de relato, razón por la cual, adquieren, plena vigencia probatoria, las conclusiones plasmadas en las experticias médicas censuradas, las que dicho sea de paso, no adolecen de ningún defecto que vicie su eficacia e inclusive, fueron ratificadas, mediante declaración jurada, por sus suscriptores, el psiquiatra forense A.P. (f.197) y por el psicólogo forense L.R.G. (f.180).

Sumado a lo anterior, corre otra comprobación que demerita que el relato exculpatorio de la ofendida tenga validez, y es que M.A. manifestó, en su declaración inicial, que inculpó a Tejada Rojas, porque "...nada más quería que él se fuera de la casa..." (f.189), lo que es una excusa que carece de veracidad, pues según la versión de su madre, G.A.O.C., el procesado Tejada Rojas en el "...mes de marzo...se fue de la casa..." (f.108).

Finalmente, cabe resaltar que la declaración rendida por el imputado Tejada Rojas en el proceso, no posee ninguna trascendencia probatoria, ni para descalificar las conclusiones de los dictámenes médicos forenses analizados, ni para avalar su irresponsabilidad penal, como lo pretende hacer ver su defensora técnica. Ello, fundamentalmente, porque contra Tejada Rojas opera el indicio de mala justificación, consistente en haber declarado, en la presente actuación penal, que nunca mantuvo relaciones sexuales con la ofendida; mientras que en otro proceso, de carácter administrativo, adelantado en la Corregiduría de Tocumen, admitió haber tenido contacto sexual con la niña M.A.. Así se certifica, con la copia autenticada de la resolución administrativa (f.115) y con la declaración jurada del propio Corregidor de Policía del Corregimiento de Tocumen, L.E.C.G. (f.137).

Según lo tiene expresado la doctrinal jurisprudencial, si el imputado "da una explicación plausible, hace caer el indicio. Por el contrario, si da una explicación mala o contradictoria, refuerza el indicio permitiendo atribuir un sentido desfavorable al hecho sospechoso" (Registro Judicial, mayo de 1994, pág.266) (el resaltado es nuestro).

En consideración de todo lo anterior, la Sala concluye que, en este caso, el Segundo Tribunal Superior de Justicia valoró correctamente las piezas que obran en autos, específicamente, las experticias médicas forenses practicadas a la menor de edad ofendida, con lo que resulta desestimado el cargo de infracción legal, basado en la causal de fondo, que concierne al error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo e implica infracción de la ley sustantiva penal.

B. En cuanto a las disposiciones legales infringidas

Como quiera que la alegada infracción del artículo 983 del Código Judicial, única disposición adjetiva señalada como conculcada, viene sustentada con una argumentación fáctica similar, a la planteada en la sección de los motivos, se debe concluir que tampoco ocurre su vulneración, lo que, consecuentemente, acredita la falta de apoyo para determinar la infracción de los artículos 216 y 218 del Código Penal.

Por las consideraciones que anteceden, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia definitiva de segunda instancia Nº134-S.I. de 14 de julio de 2003, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

N. y devuélvase.

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

GRACIELA J. DIXON C. -- ANIBAL SALAS CESPEDES

MARIANO HERRERA (Secretario)

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