Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Sala 2ª de lo Penal, 9 de Abril de 2008

Ponente:Esmeralda Arosemena de Troitiño
Fecha de Resolución: 9 de Abril de 2008
Emisor:Sala Segunda de lo Penal

VISTOS:

Conoce la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, del recurso de casación, en el fondo, presentado por el licenciado O.I.C., quien actúa en su condición de defensor técnico de A.A.J.R., contra la sentencia N° 40 de 4 de mayo de 2007, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que revoca la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado Quinto de Circuito Penal de Panamá, y en su lugar condena al imputado a la pena de dos (2) años de prisión y cien (100) días multas, como autor del delito de Estafa en perjuicio de FINCOLAC.

La ritualidad jurídica asignada a la sustanciación del recurso de casación, indica que, en este momento procesal, corresponde determinar si la iniciativa procesal satisface los requisitos de admisibilidad que se encuentran definidos en los artículos 2430 y 2439 del Código Judicial, los que han sido ampliamente desarrollados por criterios jurisprudenciales emitidos en la materia.

Se inicia el examen de rigor constatando que el mecanismo extraordinario de impugnación fue anunciado y sustentado dentro de los términos de ley; promovido por persona hábil para recurrir y está enderezado contra una resolución judicial susceptible de ser censurada, vía casación.

El memorial se dirige a la Magistrada Presidenta de la Sala, como lo señala el artículo 101 del Código Judicial (f.345); y en la sección de la historia concisa del caso, se consignan los datos procesales más relevantes de la actuación penal, haciendo especial énfasis en la génesis del negocio, la calificación del sumario y las sentencias de primera y segunda instancia (fs.346).

Como primera causal de fondo, el casacionista invocó una de las establecidas en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial, específicamente la que señala: cuando la sentencia es infractora de la ley sustancial penal en concepto de interpretación errada de la ley.

De acuerdo con reiterados criterios doctrinales y jurisprudenciales, esta causal se presenta cuando, pese a ubicar la norma en la que se encuadran los hechos investigados, el juez al aplicar la disposición, no le reconoce el sentido o alcance verdadero, o le asigna otros ajenos a su contenido, con total independencia de las cuestiones de hecho.

Por lo tanto, los motivos que sustentan esta causal deben reflejar con total claridad el razonamiento vertido por el tribunal de la causa y del cual se desprende que la sentencia incurre en una errada interpretación de la ley.

En el examen de los dos motivos que sustentan la causal, se advierte que el recurrente no precisa de qué manera el Tribunal Superior incurre en el error hermenéutico indicado. Por el contrario, hace referencia a situaciones fácticas, de las cuales se desprende que no está de acuerdo con la forma como el juzgador de segunda instancia dio por acreditados los hechos del negocio. Esto se confirma, en el primer motivo, al observar que el recurrente insiste en que el imputado sí comunicó a la Financiera que se había cerrado la cuenta contra la cual había girado cheques a favor de ésta, mientras que el Tribunal Superior estimó que el sindicado no había realizado tal gestión.

Con dicho planteamiento, la causal que se infiere es más bien la de infracción de las normas sustantivas en concepto de indebida aplicación, y no la de errónea interpretación. De modo que no existe consistencia entre la causal invocada y los motivos que dicen sustentarla.

En la sección de las disposiciones legales infringidas, el censor destaca que se quebrantan los artículos 190 y 193 del Código Penal, en concepto de interpretación errónea; sin embargo, indica que tal infracción ocurre por no haberse comprobado el actuar doloso del imputado, razonamiento que indica que el censor insiste en una deficiente valoración de la prueba, elemento que no forma parte de la estructura de la causal en examen.

Como regla de hermenéutica dejada de aplicar, el recurrente señala que se desatendió el elemento literal de las normas penales arriba citadas, tal como lo prescribe el artículo 9 del Código Civil. Sin embargo, dado que el concepto de infracción de las normas sustantivas antes citadas, no es consistente con los cargos de injuricidad que sustentan la causal invocada, por cuanto no revelan un claro y protuberante error de interpretación, no se puede entrar a determinar si la regla de hermenéutica fue o no desatendida.

Como si se tratara de un alegato de instancia o la sutentación de un recurso ordinario, el recurrente invoca también la deficiente aplicación de los principios de congruencia e indubio pro reo, para señalar que de no haberse incurrido en la errónea interpretación de los artículos 190 y 193 lex cit., el Tribunal Superior habría concluido que el actuar del imputado no constituye delito. Sobre este extremo, es importante señalar que si el censor estima que la conducta del sindicado no se adecua a ningun tipo penal, existe una causal de casación especial para dicha situación, que no corresponde precisamente con la aquí invocada.

Por lo anterior, en la invocación de la causal de infracción de la ley sustancial penal en concepto de errónea interpretación, para reforzar el cargo de injuricidad, resulta intrascendente que se acuse la infracción de los artículos del Código Penal que recogen los principios de legalidad y tipicidad (art. 1 y 5).

Dadas las deficiencias advertidas en la sustentación de la primera causal, la misma no podrá ser admitida para el examen de fondo.

Como segunda causal, el recurrente señala que la sentencia incurre en error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial penal, causal recogida en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial. Como quiera que la causal está debidamente identificada, corresponde entrar en el examen de los motivos a efectos de determinar si de los mismos se desprenden cargos de injuricidad que apoyen la causal alegada.

La jurisprudencia nacional tiene sentado que la sección que atañe a la especificación de los motivos, cuando se alude a una causal probatoria, debe desarrollarse en base a los siguientes parámetros: 1. precisar la pieza de convicción, que se alega erróneamente valorada o no apreciada, 2. explicar la manera como ocurrió el yerro probatorio, lo que equivale a concretizar el método de interpretación probatoria otorgada por el juzgador de segunda instancia, en qué radica el error, cuál es la valoración correcta que debió hacerse y qué hecho fáctico se consigue demostrar en tal sentido; y, 3. acreditar, que el error tiene la eficacia de variar, por sí solo, la parte dispositiva de la sentencia censurada (Cfr. Fallo de la Sala Penal de 28 de marzo de 2005).

Al examinar los argumentos que expresa el censor en los motivos 1, 2 y 3, al amparo de las exigencias formales antes indicadas, se puede constatar que los mismos se limitan a denunciar que el Tribunal de apelación no le dio el valor probatorio que la ley le atribuye a las declaraciones de E.N.R.J., H.H. y A.A.J., respectivamente; sin embargo, el recurrente no indica que interpretación probatoria usó el juzgador de segunda instancia, y en qué radica el error, y más importante aún, cuál es la valoración correcta que debió hacerse y el hecho fáctico que persigue demostrar.

Respecto a los motivos 4 y 5, en los que se denuncia la errónea valoración de pruebas documentales, el censor se limita a indicar que el Tribunal de apelación no le dio el valor probatorio adecuado a dichas piezas, no obstante, nuevamente deja de concretizar en qué radica el error, y sobre todo, cuál es la valoración correcta que debió hacerse.

El sexto motivo tampoco contiene un cargo de injuricidad coherente con la causal invocada, pues ni siquiera se identifica un medio de prueba del que se haya hecho una errónea interpretación probatoria. Si bien al final de este motivo, el recurrente vuelve a insistir en que la declaración indagatoria del imputado fue mal valorada, planteamiento que ya había expresado en el tercer motivo, todas las demás afirmaciones son de carácter subjetivas, dirigidas a cuestionar la motivación general de la sentencia, consideraciones que escapan a la puntualidad y precisión que demanda la elaboración de los cargos de injuricidad en el recurso de casación.

Con respecto a las normas legales infringidas, se indica la infracción del artículo 917 del Código Judicial en concepto de violación directa por omisión, citando las declaraciones que rindieron dos testigos y el imputado, sin embargo, no explica cuál fue la conclusión a la que llegó el tribunal sobre el valor probatorio de dichas piezas, dónde radica el error de apreciación en que incurre el juzgador y que demuestra la infracción por omisión de la regla de valoración probatoria.

De igual forma, cita la infracción de manera directa por omisión, de los artículos 1948, 199 y 469 lex cit., no obstante, ninguna de esta normas recoge reglas de valoración probatoria, por lo cual su inclusión en la formalización de esta causal, evidentemente no es pertinente.

Más adelante, cita la infracción del artículo 986 del Código Judicial, empero, deja de indicar el concepto de infracción, pero lo más significativo es que tal regla de valoración es aplicable en materia de indicios, medio probatorio sobre el cual no se elaboró ningún cargo de injuricidad en la sección de los motivos, por tanto su cita tampoco tiene pertinencia con los cargos formulados.

Como normas sustantivas infringidas, el censor cita los artículos 190 y 193 del Código Penal, ambos en concepto de indebida aplicación. Al explicar la forma cómo se produce la infracción de la norma sustantiva, el activador señala que la misma surge a raíz de la deficiente actividad probatoria, pero concluye afirmando que lo actuado por el tribunal de apelación implica que se ha tenido como delito un hecho que no lo es, consideración que se ajusta a otra causal de fondo que no es la que se invoca en esta oportunidad, razonamiento que revela cierta indefinición para concretar un cargo de ilegalidad contundente contra la sentencia impugnada.

Lo anterior conduce a que la Sala tampoco pueda dar trámite a la segunda causal del recurso ensayado.

La tercera causal que formaliza el casacionista es la relativa al supuesto cuando se tenga como delito un hecho que no lo es, recogida en el numeral 2 del artículo 2430 del Código Judicial.

Al formalizarse esta causal, debe tenerse presente que la misma opera cuando el juez califica como delito un hecho que no lo es, pero con total independencia de la actividad probatoria, porque si el error de calificación surge de ésta, entonces debe invocarse una de las dos causales probatorias.

Al examinar los motivos del 1 al 5 de esta tercera causal, se puede constatar que corresponden a una transcripción casi literal de los motivos que se expusieron para sustentar la segunda causal ya examinada, y a través de los cuales el censor pretendía entrar en el debate de la valoración de la prueba. Por consiguiente, si se ha señalado que la causal en examen, recogida en el numeral 2 del artículo 2430 lex cit., se presenta cuando el juez califica como delito un hecho que no lo es, pero con total independencia de la actividad probatoria, los mismos motivos que se emplearon para sustentar una causal probatoria no son idóneos para sustentar la causal ahora formalizada.

El sexto motivo tampoco contiene un cargo de injuricidad coherente con esta causal, pues sólo hace afirmaciones de carácter subjetivas, dirigidas a cuestionar la motivación general de la sentencia, consideraciones que escapan a la puntualidad y precisión que demanda la elaboración de los cargos de injuricidad en el recurso de casación.

Finalmente, aún cuando el séptimo motivo destaca como cargo de injuricidad que la conducta desplegada por el imputado no se subsume a las exigencias de la norma sustantiva aplicada, por lo que no constituye delito; sin embargo, de lo expuesto en el tercer motivo, se desprende que el censor sustenta dicha afirmación en la tesis que el imputado sí comunicó a la financiera que la cuenta contra la cual le giró cheques a su favor, había sido cerrada, excepción que el Tribunal Superior no comparte por no encontrarla probada en el expediente. Lo anterior revela una contradicción que sólo es posible desentrañar a través de una causal probatoria, y no por medio de la ahora ensayada.

En cuanto a la sección de las disposiciones legales infringidas, el recurrente la inicia citando una norma de valoración probatoria (art. 917 del Código Judicial), lo cual confirma lo indicado en párrafos anteriores en relación a la incorrecta formulación de los motivos, en una causal que no atañe a errores probatorios.

De igual forma, cita la infracción de manera directa por omisión, de los artículos 1948, 469, 1942 y 1943 lex cit., normas procesales que recogen principios generales del proceso civil y penal, pero que no son las fundamentales para efectos de sustentar la infracción de ley que se busca determinar a través de esta causal, relativa específicamente a la atipicidad o ausencia de tipicidad.

Al explicar el concepto de infracción de los artículos 190 y 193 del Código Penal (fs. 369), el casacionista sostiene que se da la indebida aplicación de tales preceptos por no haberse valorado adecuadamente las declaraciones de E.N.R.J., H.H. y A.A.J., planteamiento que revela su insistencia en que la indebida aplicación de las normas sustantivas obedece a errores probatorios y no por un error en la calificación que hace el juez de los hechos, al subsumirlos como una conducta delictiva.

También se acusa la infracción de los artículos 1 y 5 del Código Penal que recogen los principios de legalidad y tipicidad, que si bien atienden a la especial naturaleza de la causal en examen, por la incorrecta formulación de los cargos injuricidad en todos los motivos analizados, no puede el tribunal de casación entrar a determinar la posible infracción de estas normas sustantivas.

Por último, el censor aduce la infracción de los artículos 30 y 31 lex cit., normas que regulan temas relativos a la culpabilidad, elemento integrante de la acepción técnica del delito (acción, típica, antijurídica y culpable), no obstante, el cargo de injuricidad que ha mantenido el casacionista es que el actuar del imputado no configura una acción típíca, planteamiento distinto a que éste no haya actuado con dolo; de allí que, de acuerdo con la doctrina, el tema de la culpabilidad debe ventilarse a través de otra causal más específica, como la del numeral 5 del artículo 2430 del Código Judicial, en lugar de la recogida en el numeral 2 de la misma disposición, que debe reservarse para el elemento de la atipicidad.

Concluido el examen formal de la tercera y última causal, considera la Sala que el recurso de casación no debe ser admitido, dada la pluralidad de defectos que hacen que el mismo carezca de unidad y sentido lógico, requisitos fundamentales para examinar en el fondo, todo recurso de casación.

Por las consideraciones que se dejan expuestas, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo, formalizado por el licenciado O.I.C., quien actúa en su condición de defensor técnico de A.A.J.R., contra la sentencia N° 40 de 4 de mayo de 2007, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

JERÓNIMO MEJÍA E. -- WINSTON SPADAFORA F.

MARIANO HERRERA (Secretario)