Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 8 de Marzo de 2002

Ponente:CÉSAR PEREIRA BURGOS
Fecha de Resolución: 8 de Marzo de 2002
Emisor:Segunda de lo Penal

VISTOS:

Ha llegado a conocimiento de la Sala Penal de la Corte Suprema, la solicitud de fianza de excarcelación formulada por el licenciado G.R.R., en favor de J.F.J.L.C., quien se encuentra detenido en virtud del trámite de extradición gestionado por el Gobierno de la República del Perú.

La remisión del cuadernillo que contiene la petición del beneficio caucionado a esta Superioridad, es consecuencia del auto calendado 19 de noviembre de 2001 emitido por el Tribunal de Apelaciones y Consultas de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante el cual se declara nulo el auto de 29 de octubre de 2001 proferido por el Juzgado Tercero Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, que concedió la fianza de excarcelación solicitada a favor de L.C. y fijó la caución en la suma de veinte mil balboas.

ANTECEDENTES DE ESTE CASO

El examen de la presente actuación permite conocer que el licenciado G.R.R., en representación de L.C., plantea solicitud de beneficio caucionado ante el Juzgado Tercero Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal. Esta petición se hace sustentar, básicamente, en los siguientes hechos: 1) que L.C. está privado de su libertad a órdenes del Ministerio de relaciones Exteriores, en virtud del trámite de extradición gestionado por la República del Perú; 2) que el Ministerio de Relaciones Exteriores concedió la extradición de L.C. por la presunta comisión del delito de encubrimiento (real y personal) y 3) que en nuestra legislación al delito de encubrimiento no se le niega el derecho de fianza excarcelaria (fs.3-10).

Por presentada la petición, el Juez Tercero Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, mediante oficio N°914 de 22 de octubre de 2001, solicita al Ministro de Relaciones Exteriores la remisión de copias debidamente autenticadas de "todo lo actuado en relación a la detención ordenada en contra de J.F.J.L. CORBETTO)" (f.11).

Remitida la actuación a ese despacho judicial, el Juez Tercero Municipal, mediante auto de 29 de octubre de 2001, decide conceder el beneficio caucionado y fijar la suma en veinte mil balboas, además de aplicarle a L.C. las medidas cautelares consagradas en los ordinales a) y b) del artículo 2127 del Código Judicial. Esta medida se apoya en la afirmación de que "Resulta conducente, adentrarnos en los aspectos procedimentales de la figura de extradición, aunque no es tema de competencia del Tribunal, pero sí advertimos que ése (sic) procedimiento no es óbice para que nos pronunciemos de la solicitud de Fianza Excarcelaria" y que "mientras la Corte Suprema de Justicia, decide si se revoca o no la Resolución Judicial de 22 de octubre de 2001, que decidió EXTRADITAR a JULIO LIZIER CORBETTO, no impide que el tribunal resuelva sobre si procede o no concederle su libertad bajo fianza" (f.295).

Cabe resaltar que esa decisión fue apelada por la Personera Tercera Municipal del Distrito de Panamá, quien argumentó que "el Juzgado Tercero Municipal Penal del Distrito de Panamá no tiene competencia para conocer la solicitud de fianza de excarcelación solicitada por el apoderado judicial del extraditable" (f.300) y que "En este caso específico, la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema...en auto de once (11) de julio de dos mil uno (2001), niega este beneficio" (f.301).

El medio de impugnación formalizado motivó el ingreso del negocio al Tribunal de Apelaciones y Consultas del Primer Circuito Judicial de Panamá, autoridad judicial que mediante auto fechado 19 de noviembre de 2001, declara nulo el auto apelado, por considerar que "las actuaciones del Juzgador Primario deviene en nulas al tenor de lo dispuesto por el artículo 1151 del código de procedimiento, pues se aprecia claramente que se ha violado normas imperativas de competencia" (f.308).

DECISION DE LA SALA

Remitida la actuación a esta esfera jurisdiccional, le corresponde a la Sala resolver lo que en derecho corresponde.

En tal empeño, se advierte de inmediato que la petición de libertad caucionada formulada por el licenciado G.R.R., a favor de J.F.J.L.C., resulta improcedente, debido a la concurrencia de un hecho claro, contundente e ineludible: Ya con anterioridad esta Sala Penal se pronunció sobre la concesión de esta pretensión procesal, oportunidad en la que negó el beneficio caucionado solicitado en favor de L.C., mediante resolución judicial calendada 11 de julio de 2001.

Las razones jurídicas que sustentaron tal decisión jurisdiccional conciernen a: 1) que la concesión de la libertad caucionada no puede limitarse a una simple deducción matemática, sobre el intervalo penal asignado para cada ilícito; 2) que la determinación de su decreto debe ir precedido por un análisis, no sólo del hecho punible atribuido y su penalidad, sino también de la existencia de circunstancias cautelares de excepcional relevancia, como las relativas a la adquisición de prueba, al peligro de fuga del imputado, a la necesidad de presentación en juicio y al peligro de que se prosiga con ofensas y ataques al derecho ajeno y 3) que los fuertes indicios de sustracción a los rigores de la justicia y de peligrosidad que pesan sobre L.C., asociados a su grado participación en un caso tan complejo y delicado como el de V.M., por las graves imputaciones delictivas atribuidas; por la cantidad de personajes vinculados y por las repercusiones políticas ocasionadas, hechos todos de conocimiento público, se traducen en circunstancias cautelares de excepcional relevancia que justifican el mantenimiento de la detención, pues con la puesta en libertad del imputado, evidentemente no se garantiza la consecución de los fines de la justicia (Cfr. Registro Judicial, julio de 2001, págs.476-481).

La situación procesal actual en el caso de L.C., refleja que el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió conceder su extradición al Gobierno de la República del Perú, por la presunta comisión del delito de encubrimiento. Tal comprobación indica que con posterioridad a la medida jurisdiccional emitida por esta Sala, no ha sobrevenido ninguna circunstancia que haya impedido formalizar el trámite de extradición. Aunado a esto, se aprecia que tampoco se han acopiado piezas probatorias idóneas que permitan variar el criterio jurídico expuesto por esta Corporación de Justicia sobre la no concesión del beneficio caucionado en el caso de L.C.. Por estas razones, lo que procede en derecho es negar la nueva iniciativa procesal propuesta.

Como último punto, la Sala estima necesario destacar que el examen del presente cuaderno, también pone de relieve la concurrencia de una situación jurídica particular, que atañe a la actuación del licenciado J.A.M., Juez Tercero Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, en la solución de la presente pretensión procesal y que esta Superioridad no puede pasar por alto, por tratarse de cargos serios que atentan contra la correcta administración de justicia.

Sobre este aspecto, el estudio del proceso revela que el Juez Tercero Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, al pronunciarse sobre la procedencia de la fianza de excarcelación solicitada en favor de L.C., incurre en faltas de seria gravedad que infringen reglas de competencia, de cumplimiento obligatorio de las decisiones emitidas por los superiores jerárquicos y de las garantías que aseguran el cumplimiento de los fines de una adecuada justicia penal.

En esa dirección, se advierte que el Juez Tercero Municipal asume la competencia para conocer de una fianza de excarcelación solicitada dentro de un proceso en el que la persona se encuentra detenida preventivamente, en virtud de un trámite de extradición gestionado, en este caso, por el Gobierno de la República del Perú.

Evidentemente, no se trataba de un petición formulada dentro de un proceso penal ordinario en el que, por razón de la penalidad asignada al delito atribuido, el Juez Tercero Municipal era el juzgador competente de la causa. Las reglas de competencia atribuidas a los Jueces Municipales, contempladas en el artículo 174 del Código Judicial, no indican que sea competente para el conocimiento de procesos de extradición, ni para resolver medidas que sobrevengan como consecuencia del trámite de estas causas legales.

A pesar de ello, el Juez Tercero Municipal propone tajantemente la conducencia de "adentrarnos en los aspectos procedimentales de la figura de extradición, aunque no es tema de competencia del Tribunal", y luego advierte "que ése (sic) procedimiento no es óbice para que nos pronunciemos de la solicitud de Fianza Excarcelaria" (f.295). Esa sóla afirmación comprueba el desconocimiento que presenta el Juez Tercero Municipal, sobre las pautas legales que reglamentan su ámbito de competencia como juzgador primario.

El hecho se agrava cuando se constata que el Juez Tercero Municipal, previamente, tuvo conocimiento que tanto el Pleno de la Corte como esta Sala Penal habían resuelto sendas iniciativas procesales de habeas corpus y fianza excarcelaria, respectivamente, propuestas en favor de L.C. y que ninguna de ellas había sido acogida. Así se consignó en informe remitido por la Directora General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores (fs.12-13). De igual manera, en la documentación recibida por el Juez Tercero Municipal, consta copia debidamente autenticada de la sentencia de 14 de septiembre de 2001, proferida por el Pleno de esta Corporación de Justicia, mediante la cual se declara legal la detención de L.C., medida judicial en cuya parte motiva, se advierte también que la situación jurídica de L.C. había sido previamente conocida por la Sala Penal en virtud de una fianza de excarcelación, la que fue negada mediante resolución de 11 de julio de 2001 (Cfr.20-26).

En este negocio, el Juez Tercero Municipal no sólo desconoce las reglas que le atribuyen competencia, sino que concede la fianza y fija su cuantía en el monto de veinte mil balboas, desatendiendo los pronunciamientos judiciales mencionados en el párrafo precedente, en los que se realizó un estudio jurídico pormenorizado que acreditó: 1) la ausencia de vicios de ilegalidad de la detención L.C. y 2) la concurrencia de circunstancias cautelares de excepcional relevancia que justifican el mantenimiento de la detención, para garantizar la consecución de los fines de la justicia.

Por la oportuna intervención de la representante del Ministerio Público, que censuró la decisión adoptada por el Juez Tercero Municipal, se pudo remediar la infundada medida judicial que pretendió desconocer reglas de competencia, incumplir las decisiones del Pleno y de la Sala Penal dictadas en este caso y poner en peligro la consecución de los fines de una adecuada justicia penal.

La seriedad de los cargos que se desprenden de la actuación adelantada por el licenciado J.A.M., Juez Tercero Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, en el trámite de la presente solicitud de fianza excarcelaria, impone el deber de remitir copia debidamente autenticada de este expediente al superior jerárquico del Juez Tercero Municipal, a los efectos de que inicie una investigación disciplinaria, por razón de la infracción de las prohibiciones y falta de cumplimiento de los deberes que contempla el Código Judicial.

Por las consideraciones que anteceden, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA el beneficio de fianza de excarcelación, solicitado por el licenciado G.R.R., en favor de J.F.J.L.C. y ORDENA la remisión de copias autenticadas de la presente actuación a la esfera de los Jueces de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, para que inicien la respectiva investigación disciplinaria contra el licenciado J.A.M., Juez Tercero Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, conforme lo establecen los artículos 286 y siguientes del Código Judicial.

N. y Cúmplase.

(fdo.) C.P.B.

(fdo.) R.G.R.

(fdo.) J.M.F.

(fdo.) MARIANO E. HERRERA

Secretario

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