Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 14 de Junio de 2013

PonenteLuis Mario Carrasco M.
Fecha de Resolución14 de Junio de 2013
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS: Procedente de la Procuraduría General de la Nación ingresa a esta Colegiatura para su calificación legal las sumarias en averiguación iniciadas por querella interpuesta por la licenciada MILAGROS DEL C.V.Q. a través de su apoderada judicial, licenciada HOLANDA ROSA POLO, contra el F. Primero Especializado en Delitos Relacionados con D., licenciado J.E.C.S., por la presunta comisión de las conductas descritas en el Capítulo I y II, Título X,y del Capítulo I, Título II, del Libro II del Texto Único del Código Penal de 2007, es decir, por los delitos de Abuso de Autoridad, Corrupción de Servidores Públicos y Contra la Libertad. LOS HECHOS La F.ía Tercera Especializada en Delitos Relacionados con D. asumió el conocimiento de las sumarias en averiguación seguidas contra la F.D. de D. de H. y Los Santos, encargada, licenciada M.V., por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios públicos por presuntas irregularidades ocurridas en la investigación denominada "Operación Zapallo". Mediante diligencia de 15 de diciembre de 2010, el F.T., licenciado SOFANOR ESPINOSA, ordenó recibirle declaración indagatoria a la señora M.V., diligencia que se llevó a cabo en dicha fecha. Seguidamente, el Agente de Instrucción ordenó la detención de la investigada y el 16 de diciembre de 2010 se le recibió ampliación de declaración indagatoria. LA QUERELLANTE La licenciada POLO señala que la señora M.D.C.Q. fue designada como F. de D. de la Provincia de H. y Los Santos, encargada, del 22 de noviembre al 6 de diciembre de 2010. En dicha agencia de investigación se instruyó el sumario del caso denominado "Operación Zapallo". Posteriormente, el 15 de diciembre de 2010 la licenciada V.Q. se apersonó a la sede de las F.ías de D. en el Edificio Avesa, Ciudad de Panamá, porque "había sido citada por sus superiores" debido a ciertas anomalías que se habían reportado respecto a la mencionada investigación, ya que el sumario fue enviado incompleto al Órgano Judicial "por la Agencia Instructora a cargo del F.M.M.": faltaban "veintiséis (26) cajas del caso" contentivas de expedientes con sus respectivas pruebas o documentación, que por instrucciones del Ministerio Público se mantenían en la sede de la Policía Nacional de la Provincia de Los Santos, custodia que era ilegal porque la policía no era la autoridad competente para tales efectos. Indica la abogada de la querellante que el mismo 15 de diciembre de 2010, la F.ía Tercera Especializada en Delitos Relacionados con D. le formuló cargos a la licenciada V.Q. por la supuesta comisión de los delitos contra la economía nacional (blanqueo de capitales) y contra la administración pública (corrupción de servidores públicos). Sostiene la letrada que en medio de la declaración indagatoria su mandante "fue objeto de cuestionamientos por sus tres (3) superiores", a saber, los F.es Primero, Segundo y Tercero Especializados en Delitos Relacionados con D.; este último era el que estaba a cargo de la instrucción sumarial y el asesor del Procurador General de la Nación, licenciado N.J., se dirigía a la señora V.Q. "manifestándole que tenía que cooperar". Comenta la licenciada POLO que el 16 de diciembre de 2010 la Agencia Instructora le receptó ampliación de declaración indagatoria a la señora V.Q. en las instalaciones de las F.ía de D. en el Edificio Avesa, Piso 8, donde fue cuestionada nuevamente por los F.es Primero, Segundo y Tercero siendo objeto de "amenazas, intimidación, presión y coacción sicológicas, torturas sicológicas y otros actos mas (sic) degradantes a la moral y salud mental" de su representada. Agrega que según versiones de su mandante, a pesar de que el F.T. era el encargado de la diligencia, el querellado, licenciado J.C.S., era "el que ejercía el mando y el control de la misma" y: "(le decía) al funcionario que receptaba la declaración indagatoria que pusiera hechos que mi representada no había manifestado y amenazándola de tal manera y obligándola a firmar la diligencia a pesar de que ella solicitó que se le diera el derecho de llamar a uno o varios abogados especialistas en la materia y que le garantizaran sus derechos constitucionales, de igual manera siendo este derecho Constitucional negado, situación que ante las actuaciones, presiones e intimidación de manera sicológicas ejercidas en contra de mi representada, entró en shock emocional y nervioso y en un estado emocionalmente de afectación sicológico y nerviosismo sin poder estar en sus cinco sentidos normales siendo afectada sicológicamente solicitándole que se suspendiera la diligencia, siendo negado este derecho y el querellado...en ningún momento dejó de intimidar a mi representada la cual aduce que el querellado le decía que el (sic) cumplía órdenes y que el (sic) solo sabía que mi representada tenía que declarar y firmar la diligencia a costa de lo que fuera y si no lo hacía y se negaba se iba a arrepentir y le iba a perseguir a su familiar y su hija (sic) más nunca iba a estar a su lado, porque iba a pudrir en la cárcel". Por lo anterior, la querellante le atribuye al F.C. la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, corrupción de servidores públicos y contra la libertad. De igual manera sostiene que el F.C. con sus actuaciones ha violado la garantía del debido proceso contenida en el artículo 32 de la Constitución Política; las garantías fundamentales descritas en los artículos 17, 18, 19, 22 y 28 de dicha excerta legal; los artículos 2008 y 447 del Código Judicial, referentes a los derechos de los imputados y las reglas de ética judicial de los funcionarios de instrucción, respectivamente; la Ley 12 de 1991 "Por la cual se aprueba la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura"; y la Ley 31 de 1998 "De la Protección a las Víctimas del Delito"(Fs.1-22). LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN El Procurador General de la Nación, Suplente Especial, licenciado D.E.G., es de la opinión que de la actuación de los querellados, como del material probatorio acopiado en la investigación, no se satisfacen los postulados establecidos en el artículo 2467 del Código Judicial, a efectos de ser estimada como prueba sumaria, porque es indispensable que al momento de imputarse la conducta de abuso de autoridad, se acredite el dolo por parte del agente (servidor público) que la despliega, elemento inobservado en la documentación aportada como prueba sumaria. Agrega que el delito de abuso de autoridad es subsidiario, en razón a que lo comete el servidor público mediante acciones que no encuadran en tipos penales ya descritos dentro de la normativa penal. De allí que estime incongruente que se aduzca que la actuación del F.C. encuadre en varios tipos penales, incluyendo el de abuso de autoridad. Por otra parte, el Procurador considera que no se evidencia que haya existido un acuerdo de voluntades (cohecho) entre servidor público alguno y un tercero, a fin de que el funcionario realizase o dejase de realizar un acto propio o contrario a sus funciones (cohecho propio o impropio), es decir, no se acreditó la existencia de esta conducta punible. En otro orden de ideas, el colaborador de la instancia expresa que en la querella se resalta el hecho de que M.V. fue sometida a un concierto de vejámenes y violaciones de garantías individuales, al punto de que fue afectada emocionalmente, de lo cual discrepa porque a ésta se le practicó una evaluación médica legal en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de las conclusiones vertidas por el médico forense no se deduce que la evaluada sufra de algún tipo de alteración emocional producto de los hechos alegados en la querella. Agrega que su "sintomatología" es consecuencia de situaciones o eventos que la misma experimenta, ya que no puede desconocer que en la actualidad M.V. está siendo investigada, se le ordenó la detención preventiva y se encuentra bajo libertad por fianza, lo que puede ser un detonante en su estado emocional. Continúa señalando que la querellante manifiesta que presuntamente fue privada de las garantías individuales al momento en que dispuso recibirle declaración indagatoria, la posterior declaración y de la ampliación de indagatoria, violaciones que incluyen el no permitirle la asistencia de abogado, mantenerla incomunicada, entre otras. Sobre el particular, indica que es un hecho cierto que la hoy querellante declaró bajo juramento ser abogada en ejercicio, fungió por un período determinado como Secretaria Judicial y posteriormente como F. de D. de la Provincia de H. y Los Santos, de lo cual se desprende el conocimiento vasto que tiene sobre cuáles eran sus derechos constitucionales y legales durante todo este proceso. Además, expresa que constan en el expediente copias autenticadas de la declaración y posterior ampliación de indagatoria que M.V. rindiera ante la F.ía Tercera de D. los días 15 y 16 de diciembre de 2010, y de ambas diligencias judiciales se desprende que efectivamente fue puesta en conocimiento del contenido de los artículos 22 y 25 de la Constitución Política de la República, entre otras garantías de Ley, por lo que su señalamiento resulta incongruente a efectos del delito imputado, máxime cuando la hoy ofendida es una persona conocedora del derecho, que fungió en su momento como F.D. de D. en el Ministerio Público. El colaborador de la instancia también señala que se receptó declaración jurada de R.M., quien manifestó, respecto al propio desarrollo de las diligencias de recepción indagatoria de la señora V.Q., que: "estuve presente solamente yo y en ocasiones el F.S. se apersonaba al lugar para verificar como (sic) iba desarrollándose la indagatoria"(Fs.154-162). Expresa el Procurador que el mencionado testigo señala que ante el supuesto desconocimiento de las garantías fundamentales y los derechos constitucionales que se dieron en la diligencia y posterior ampliación de declaración indagatoria de la hoy querellante M.V., esto no se dio y que la propia V. le preguntó cuánto le costaría un abogado particular, a lo que él le contestó que ello dependía de las tarifas que establecían los profesionales del derecho e incluso le dijo que de requerir un abogado de oficio dicha solicitud se consignaría en Acta; no obstante, la propia M.V. decidió seguir declarando libremente, previa lectura de sus derechos, tal cual se plasmó en el Acta de ambas diligencias judiciales. Por otro lado, el Procurador expresa -sobre el argumento de M.V., respecto a que fue privada de libertad, a que tuvo que dormir en el piso, esposada, engrilletada, y que estando detenida fue totalmente incomunicada, todo por orden del F.J.C.- que las personas responsables de la custodia de M.V. en determinados momentos durante los días 15 y 16 de diciembre del año 2010, rindieron declaraciones juradas en las que contrarían lo manifestado por la prenombrada. Así tenemos que los testigos L.C.V., J.L.H., JULIO CÉSAR WONG, C.J.C., SANYA SALCEDO, R.S., miembros de la Dirección de Investigación Judicial, todos fueron contestes en negar que M.V. haya sido víctima de la violación de sus derechos fundamentales, e incomunicada por instrucciones del F.J.C. o por cualquier otra autoridad, empero, refieren dichos testigos lo contrario: que la licenciada V.Q., fue objeto de trato diferenciado (no fue recluida en Sistema transitorio de Cárcel y permaneció en Divisiones de la Dirección de Investigación Judicial), trato que se le brindó por su calidad de funcionaria del Ministerio Público y ex F. de D., precisamente por indicaciones del F. que instruía la causa en su contra, licenciado SOFANOR ESPINOSA. Por lo anterior, el procurador indica que luego de agotada la instrucción del sumario y de haberse practicado las diligencias judiciales correspondientes a fin de determinar o no la existencia de los hechos punibles querellados y la vinculación de sus autores, puede precisar que los elementos probatorios allegados a la investigación, no acreditan la comisión de delito alguno y recomienda que al momento de calificar el mérito del sumario se dicte un sobreseimiento definitivo, de conformidad con los artículos 2467 y 2207, numeral 2 del Código Judicial, respectivamente. CONSIDERACIONES DE LA SALA Antes de entrar al examen del negocio que nos ocupa es necesario expresar que el querellado es un F. Especializado en Delitos Relacionados con D., que ejerce sus funciones a nivel nacional, lo que de conformidad con el numeral 1 del artículo 94 del Código Judicial, le da competencia a esta S. para conocer de su situación jurídica como tribunal de primera instancia. Aclarado lo anterior se procede a examinar las sumarias para su calificación legal: - DEL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD En el Capítulo IV, Título X, Libro II del Texto Único del Código Penal de 2007 se tipifica el delito abuso de autoridad, conforme el cual el servidor público que, con abuso de su cargo, ordena o comete en perjuicio de alguna persona un hecho arbitrario no calificado específicamente en la ley penal, será sancionado con pena de uno a dos años de prisión o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana(artículo 355). La jurisprudencia de esta corporación ha establecido que ese tipo penal requiere que el servidor público acusado realice un acto arbitrario no clasificado en la ley penal. Un acto arbitrario es aquello que se realiza sin referencia alguna a un marco legal. En otros términos, supone el ejercicio de la función pública por fuera de toda facultad normativa. La S. debe señalar que en esta categoría de delitos, por disposición de las normas que rigen el Procedimiento Penal, se exige que el denunciante acompañe con su escrito la prueba sumaria del hecho punible. Un examen del cuadernillo que contiene las sumarias da cuenta que el denunciante aportó como única prueba una copia simple del manuscrito fechado 22 de diciembre de 2010 suscrito por MILAGROS DEL CARMEN V. dirigido al F. Auxiliar de la República de Panamá con sello de recibido en la F.ía Tercera Especializada en Delitos Relacionados con D. el 22 de diciembre de 2010.(Fs.23-32) En reiteradas ocasiones esta S. ha manifestado que las pruebas aportadas para acreditar la comisión de un delito de abuso de autoridad deben cumplir con las formalidades que la ley señala: se exige que los documentos sean aportados al proceso en originales o copias. Estas últimas deberán ser autenticadas por el funcionario público encargado de la custodia del original(artículo 833 CJ). En este caso, el documento que acompaña la querella es una copia simple. Siendo esta la situación, ante una prueba que no cumple con las formalidades legales para tener validez dentro del negocio en estudio, lo que corresponde es ordenar el archivo del expediente, tal cual lo establece el artículo 2467 del Código Judicial. - DEL DELITO DE CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS La querellante sostiene que el F.C. llevó a cabo las conductas descritas en los artículos 345, 346 y 348 del Texto Único del Código Penal, es decir, los delitos de Corrupción de Servidores Públicos. En la doctrina se señala que la corrupción o cohecho consiste en "la 'venta' de la función pública por parte del servidor público"[1] o "en poner precio a un acto de la administración pública que debía ser gratuito".[2] De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, el cohecho es un "Delito consistente en sobornar a un juez o a un funcionario en el ejercicio de sus funciones, o en la aceptación del soborno por parte de aquellos" (http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cohecho). Expresado lo anterior, la S. procede a examinar las piezas procesales para determinar si en el presente negocio concurren los elementos que integran ese tipo penal: Mediante Diligencia de 15 de diciembre de 2010 el F.T. Especializado en Delitos Relacionados con D., licenciado S.E.V., dispuso recibirle declaración indagatoria a la licenciada M.D.C.V.Q.; en esa misma fecha se recibieron los descargos y al día siguiente, 16 de diciembre de 2010, la ampliación de indagatoria (Fs.86-121). La S. advierte que las diligencias fueron suscritas por el titular del despacho, licenciado S.E.V., y la Secretaria General encargada, licenciada JOSSIRA ODERAY ROJAS OSORIO. Esta última rindió declaración jurada y al ser interrogada sobre cómo se dieron los hechos manifestó que ella no participó en esas diligencias; que la recepción de la declaración indagatoria de la licenciada V.Q. se dio en las oficinas ubicadas en el piso 8 del Edificio Avesa y que en su calidad de Secretaria General Encargada refrendó la firma del licenciado SOFANOR, en las diligencias de declaración indagatoria y ampliación respectivamente. Agrega que en las últimas líneas de estas diligencias se observan las iniciales del F., seguidas de una diagonal con las iniciales del licenciado del departamento de trámite, R.M., oficial mayor de la F.ía Especializada en Delitos Relacionados con D.(F.144). Con base en lo anterior se citó al licenciado R.M. CLAROS para que ofreciera su versión de los hechos. Este manifestó que ocupa el cargo de Secretario Judicial de la F.ía Especializada en Delitos Relacionados con D. y que para el 15 de diciembre de 2010 el licenciado SOFANOR lo llamó aproximadamente al mediodía y le dijo que necesitaba que se apersonara a su oficina. Al llegar al despacho se encontraban reunidos los F.es MURGAS, SOFANOR, CARABALLO y la licenciada M.V.. Allí el F.S. le explicó lo que estaba ocurriendo con la licenciada V. y le solicitó que le receptara declaración indagatoria. El testigo manifestó que la declaración indagatoria de la licenciada M.V. se receptó en una computadora que estaba ubicada justo en la entrada del despacho del F.S.. Solamente estaban presentes la licenciada V. y él, pues el F.S. se apersonaba al lugar "para verificar cómo iba desarrollándose la indagatoria". Agrega que el ex Procurador BONISSI llegó y se reunió con el F.S. por unos cinco minutos; después, el F.C. pasó hacia la oficina del F.S. y le preguntó a él cómo iba la declaración indagatoria. En el transcurso de la tarde, también se presentó el F. MURGAS. Señaló que los tres funcionarios mantuvieron reunión con el F.T. en momentos distintos de la tarde del 15 de diciembre de 2010. Se le preguntó al licenciado MONTENEGRO si al practicar las diligencias le puso en conocimiento de la licenciada V. los artículos 22 y 25 de la Constitución Política -que consagran las garantías de derecho a ser oído, derecho a defensa, presunción de inocencia y la no obligación de declarar en su contra- a lo cual respondió que sí lo hizo Y que incluso le explicó a la licenciada V. que "como abogada tenía conocimiento de que para rendir una declaración indagatoria estaba en la potestad de hacerlo en presencia de un abogado" y señala que la licenciada V. "decidió rendir su declaración indagatoria sin la presencia de un abogado". Expresa que inclusive la indagada le preguntó "cuanto (sic) costaría un abogado particular" y él le respondió "que los abogados tenían sus tarifas establecidas y que no podría darle una cifra cierta"; ella también le preguntó sobre la asistencia de un abogado de oficio: ...le respondí que una vez ella hiciera la solicitud lo que procedía era enviar un oficio a la Defensoría de Oficio, solicitando se le asignara un abogado a su persona y ella respondió que eso era muy demorado. Al ser interrogado respecto a los señalamientos vertidos por la parte querellante, sobre las supuestas violaciones a los derechos de la señora V. por parte del F.C., el licenciado MONTENEGRO expresó: Con respecto a lo señalado por la licenciada POLO, con respecto a hechos que según la licenciada V., se desarrollaron durante la indagatoria, es falso. Puedo dar fe de que la persona que supervisaba directamente el desarrollo de la ampliación de indagatoria y la recepción de las declaraciones juradas que se desarrollaron en el expediente 140 de la F.ía Tercera, era el F.S.E.. Obviamente, la información que se desarrollaba dentro de la investigación se le suministraba por parte del F.T. al F.C. como al F. Primero de D. Nahaniel Murgas, con la finalidad de mantenerlos al tanto en especial al F. Primero del Desarrollo de esta investigación. Quiero señalar que mientras la F.ía Tercera mantuvo la investigación del expediente 140 de la licenciada VALDES, en ningún momento recibí órdenes del F.J.C., ni del F.N.M., todas las directrices con respecto a las diligencias en la que tuve participación se dieron bajo el mando y supervisión del F.S. Espinosa(F.159). ................................................. Con respecto a lo señalado por la licenciada V., al plantear lo de si se le negó comer, hacer sus necesidades biológicas, a la misma no se le negó utilizar el sanitario. Inclusive hizo uso del mismo varias veces. Por otro lado, con respecto a lo de la comida, le consulté al F.S. y lo que el F. me solicitó le indicara a la licenciada VALDES, era que tan pronto culminara la declaración indagatoria se coordinaría lo de los alimentos, en vista de que al supervisar el desarrollo de la indagatoria de la licenciada VALDES, se percató que la misma estaba brindando información delicada y para no perder el hilo de lo que estaba declarando...se le indicó lo anterior, es decir, que tan pronto terminara de rendir sus descargos de defensa se coordinaría lo de los alimentos. ................................................. Mientras estuvo la licenciada V. en el despacho luego de culminada la declaración indagatoria la misma se mantuvo en el área del comedor de los escoltas de los F.es, hasta que los miembros de la DIJ, la fueran a buscar para su aprehensión hasta que se resolviera su situación jurídica. Por la calidad de cargos que mantenía la licenciada VALDES, el F.S. le solicitó a los miembros de la DIJ que se apersonaron a buscarla que no la mezclaran con el resto de los detenidos, que la mantuvieran en un área en el cual no tuviera con el resto de los detenidos y que de paso al traslado de ella a la DIJ, hicieran un alto para que la misma comprara ya que mantenía efectivo. Cuando la licenciada VALDES fue retirada del despacho yo estuve presente ya que yo personalmente hice entrega del oficio de su traslado y la misma no fue esposada, esto a solicitud del F. por la calidad del cargo que mantenía la misma como F.. Quiero hacer la salvedad que de las solicitudes que realizó el F.S., si no se cumplieron en la DIJ, o en el lugar que se mantuvo detenida la licenciada VALDES, se escapa de mi conocimiento(Fs.160-161). La S. al concluir el examen de la prueba testimonial que antecede observa que en la entonces F.ía Tercera Especializada en Delitos Relacionados con D. se dio inicio a las sumarias seguidas contra la licenciada V.Q. y las diligencias de recepción de indagatoria y su ampliación estuvieron a cargo del F.S.E.. Las piezas procesales no acreditan que el querellado o alguno de los servidores públicos que intervinieron en la diligencia de indagatoria hayan omitido o retardado un acto en violación de sus obligaciones o como consecuencia de ello, por sí mismo o por interpósita persona, aceptado, recibido o solicitado donativo, promesa, dinero o cualquier beneficio o ventaja para perjudicar a la querellante, conductas descritas en los artículos 345 y 346 del Texto Único del Código Penal de 2007. - DEL DELITO DE UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA Esta conducta consiste en que el servidor público utiliza a su favor o de un tercero una información o dato de carácter reservado o confidencial y de acceso restringido del que tenga conocimiento por razón de su cargo(Artículo 348 CP 2007). A juicio de la S. las pruebas testimoniales no dan cuenta de que los funcionarios que intervinieron en la recepción de descargos de la licenciada V.Q. hayan utilizado alguna información de carácter restringido o confidencial y de acceso restringido en su contra. - DEL DELITO CONTRA LA LIBERTAD El artículo 156 del Texto Único del Código Penal de 2007 tipifica los sometimientos a castigos o torturas inhumanas y degradantes: El servidor público que someta a un privado de libertad a castigos indebidos que afecten su salud o dignidad será sancionado con prisión de dos a tres años. Si el hecho consiste en tortura, castigo infamante, vejación o medidas arbitrarias o si se comete en la persona de un menor de edad, la sanción será de cinco a ocho años de prisión. En la instrucción del sumario se recibieron las declaraciones juradas de miembros de la Policía Nacional que participaron en la aprehensión y custodia de la señora VALDES QUIROS los días 15 y 16 de diciembre de 2010. Todos son contestes al señalar que ésta nunca fue esposada ni engrilletada; expresan que no recibieron llamadas telefónicas del F.J.C. o de sus superiores jerárquicos para informarles que debían mantener incomunicada a la señora V. ni tampoco le dijeron a esta última que estaba incomunicada. Además, expresan que a la entonces funcionaria del Ministerio Público se le proporcionó sus alimentos, lugar para descansar y uso del sanitario cuando lo requirió. Sobre el particular, la Agente THALMARIE MABEIRA ATHANASIADES ARCHIBOLD dijo que el día 15 de diciembre de 2010 el Capitán WONG la llamó y le comunicó que tenía que ir a custodiar a una persona y al llegar al Edificio Avesa, en compañía de los Cabos ANA AARÓN y GURUCHAGA, les dijeron que subieran al octavo piso y que informaran que iban a buscar a la licenciada M.V., quien era funcionaria pública. La persona que los atendió les indicó que la atendieran bien y que no le pusieran esposas. De allí, la custodiaron hasta la S. de guardia del Edificio Avesa. Ella le preguntó a la licenciada V. si tenía hambre y la señora V. le contestó que sí y le dio cinco dólares (B/.5.00) para que fuera al KFC; fue a comprarle la comida y a su regreso se trasladaron en el carro a la DIJ de Ancón y al llegar, le hicieron el parte médico, le dijeron que no la pusieran dentro del sistema transitorio, sino que pidiera al Departamento de Captura que pasara la noche allí. Fueron al Departamento de Narcóticos donde ella procedió a realizar la filiación de la aprehendida y al terminar la regresó al Departamento de Captura(Fs.354-355). Por su parte, el M.L.C.V., quien al momento de la aprehensión de la señora V.Q. fungía como Ejecutivo de la División de Delitos Relacionados con D. de la Dirección de Investigación Judicial con sede en Ancón, expresó que estuvo a cargo de su custodia el día 15 de diciembre de 2010: ella pidió alimentos en un restaurante de comida rápida y se los trajeron; comió sentada en el comedor de la División y luego fue trasladada a la División de Captura(F.299). Otro de los testigos que dio su versión de los hechos es el Cabo 2° J.L.H.M. quien señala que custodió a la señora V. desde que la trasladó el M.V. a la División de Captura hasta las seis de la mañana del día 16 de diciembre de 2010 cuando fue relevado por el Cabo 2° CARLOS CASTILLO. Indica que aquella no estaba esposada o engrilletada, se le ofreció alimento, y comió, y una cama colcha para dormir pero ella prefirió descansar en una silla acolchonada(F.302). En igual sentido, el Cabo 2° C.J. CASTILLO CASTILLO, quien fungía en la División de Captura de la DIJ, expresó que custodió a la licenciada V. desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche del 16 de diciembre de 2010. Indica que se le dio el desayuno a la aprehendida, se aseó en el baño del área del comedor-cocina y luego el Capitán WONG se la llevó a eso de las ocho y media de la mañana, y en la noche la M. SANYA se la llevó(Fs.309-310). Respecto a lo anterior, el C.J.C.W.G., quien era el jefe de Operaciones de la División de Delitos Relacionados con D. de la DIJ, manifestó que en horas de la mañana del 16 de diciembre de 2010 la acompañó a la sede de la Policía Nacional junto con I.F., miembro de esa entidad de seguridad pública, para que se practicara la prueba de orto que es necesaria para ingresarla como detenida en las instalaciones de la DIJ, pero no había reactivos y la trasladaron a un laboratorio de la localidad para hacerle el examen. Indicó que se le ofreció un trato especial por el hecho de ser funcionaria de la F.ía de Droga(Fs.305-306). Además, indicó que la aprehendida realizó una llamada a un familiar desde la oficina de la División de D. de la DIJ(Fs.306-307). Por otra parte, la M.S.G.S.M. expresó que el 16 de diciembre de 2010 estuvo de turno en el Centro de Acopio de Información de la DIJ en Ancón. La funcionaria describe que al realizar la inspección en el área de la División de Narcóticos se encontró con la licenciada V.Q.: ...observé a una dama a la cual no conocía que estaba acostada en un sillón, viendo televisión, y le pregunté a nuestra unidad que quién era; la funcionaria me respondió que era la F. de D. de H. y Los Santos, me dijo que por instrucciones del F.S., ella estaba allí bajo custodia. Verifique (sic) toda la División, las ventanas, las puertas y no me pareció que se reunían todas las condiciones de seguridad para que la misma pernoctara en ese lugar, máxime que sólo había una unidad bajo su custodia. También me llamó la atención que si la persona estaba custodiada por una sola unidad no estuviese por lo menos esposada en las manos. No tenía esposas en las manos ni en los pies, estaba acostada tranquilamente viendo televisión, acostada en un sofá. La funcionaria(policía) me dijo que eran instrucciones del F., y yo le dije que yo le daría las explicaciones al F. que por razones de seguridad en mis condiciones de M. de turno tomaba la decisión de trasladarla a otra División donde hubiesen más unidades que garantizaran la custodia de la misma. Me dirigí a la licenciada y le explique(sic) que nos comprendiera, pero que por razones de seguridad no podía permanecer allí y le pedí disculpas porque tenía que trasladarla a otro(lugar), tal vez menos cómodo, pero más seguro. Procedí en compañía de la funcionaria a llevarla a la División de Captura sin esposas, debido a que había instrucciones del F. de que le diera tratamiento distinto, conversé con ella, le pregunté si ya le habían dado la llamada, si se había comunicado con su familiar, le ofrecí una llamada y ella me dijo que no era necesario que ya le habían dado la llamada. También le pregunté que si había cenado porque ya eran como las ocho y algo de la noche, me dijo que no, que le habían ofrecido de las que se da a los detenidos, pero no quería esa comida, entonces le pregunté qué deseaba comer y me dijo que un trío de esos del McDonald's, de inmediato mandé a llamar un conductor y un vehículo que fuera a comprar la comida. Yo la iba a pagar con mi dinero...ella me dijo que no que ella tenía dinero, que ella la pagaba; sacó dinero lo que me llamó también la atención porque a los privados de libertad no se les permite tener dinero, pero como me habían advertido que había una solicitud especial de la F.ía, no di instrucciones al respecto, me imagino porque como ella era fiscal y funcionaria del Ministerio Público, no una delincuente común, por eso le dieron ese tratamiento(Fs.312-313). Visto lo anterior, la S. debe indicar que los testimonios de los miembros de la Policía Nacional que estuvieron a cargo de la custodia de la señora V.Q. no acreditan que haya sido objeto de castigos indebidos, torturas, castigos infamantes, vejaciones o medidas arbitrarias por parte de sus custodios ni mucho menos que a estos se les haya dado instrucciones de someterla durante su privación de libertad a tales tratos. En ese sentido, vale destacar que la señora M.D.C.V.Q. fue evaluada el 18 de abril de 2011 por el Dr. J.B.D., psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien consignó: Al momento de la evaluación la señora V.Q. relata que cuando se dieron los hechos ella trabajaba como fiscal de drogas encargada de H. y Los Santos y que en cumplimiento de sus funciones como fiscal encargada para declarar en un proceso administrativo. Señala que mientras se daba esto fue privada de su libertad y trataba cruelmente como a una criminal. Explica que la insultaban y le gritaban que tenía que declarar contra otras personas y la amenazaban de que se iba a pudrir en la cárcel. Añade que la incomunicaron y no le permitieron realizar alguna llamada telefónica ni siquiera contactar con su abogado. Acota que fue esposada y engrilletada, además de que estuvo por espacio de cuatro días casi sin comer y tomando solo (sic) agua. Indica que de no ser por su madre que busco (sic) apoyo en la Comisión de Justicia y Paz se hubiera enloquecido. Señala que luego de ocho días es que logra ver a uno de sus hermanos, quien le da noticias sobre su hija. Anota que en total estuvo detenida por noventa y dos días y que para obtener su libertad fue necesario pagar una fianza de cien mil balboas, para lo cual sus familiares se endeudaron; toda vez que ella proviene de una familia con pocos recursos económicos. Afirma que estuvo recluida Ancón y luego en el Centro Femenino de rehabilitación; lugares donde pasó vergüenzas y humillaciones. ................................................. Al examen mental actual acude con un buen arreglo y aseo general. Inicialmente se observa comunicativa y espontánea, pero luego se torna angustiada y preocupada, principalmente al relatar los hechos que ha vivenciado desde diciembre del año pasado. Esta (sic) alerta y orientada tanto en persona, como en lugar y tiempo. Su pensamiento es lógico y formal. No presenta alucinaciones. Su estado de ánimo es ansioso. Su funcionamiento intelectual y juicio de realidad están conservados. Manifiesta planes concretos para su futuro y conserva mecanismos psicológicos para afrontar la adversidad. La sintomatología (descrita previamente) que presenta la señora V.Q. puede considerarse, como esperada (no sobrepasa la respuesta o reacción promedio) en una persona que experimenta situaciones o eventos estresantes y cambios biográficos significativos. En conclusión, en cuanto a su estado de salud mental actual, a pesar de que se evidencian signos y síntomas emocionales, estos son reactivos a su situación legal actual y no son de intensidad suficiente como para constituir un trastorno o enfermedad mental toda vez que mantiene conservada su capacidad de afrontamiento y funcionamiento social(F.363). Por consiguiente, no está acreditado que la querellada haya sido, como consecuencia de su privación de libertad, sometida a torturas, vejaciones o tratos crueles que la hayan afectado psicológicamente. De allí que no prosperan los argumentos de la letrada. En consecuencia, la S. procede a ordenar el archivo del expediente por no haberse aportado la prueba sumaria que acredite el delito de abuso de autoridad y dictar un sobreseimiento definitivo, objetivo e impersonal a favor licenciado J.E.C.S. con base en el numeral 2 del artículo 2207 del Código Judicial, porque los hechos investigados no constituyen delitos. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo expuesto la Corte Suprema, S. de lo penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE DE MANERA OBJETIVA E IMPERSONAL las sumarias instruidas contra el F. Primero Especializado en Delitos Relacionados con D., licenciado J.E.C.S. por la presunta comisión de las conductas descritas en el Capítulo I y II, Título X,y del Capítulo I, Título II, del Libro II del Texto Único del Código Penal de 2007, es decir por los delitos de Corrupción de Servidores Públicos y Contra la Libertad; y, ORDENA el archivo de las sumarias en averiguación por el delito de Abuso de Autoridad. N.. LUIS MARIO CARRASCO M. VICTOR L. BENAVIDES P. -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ JOSE ISRAEL CORREA GARCIA (Secretario) [1] G.M., A. y GÓMEZ PAVAJEAU, C.A., Delitos Contra la Administración Pública, 2ª Edición, Universidad Externado de Colombia, Bogota, 2004.p.275 [2] L.B., E.. Delitos en Particular, Tomo II, Editorial Porrúa,México D.F.,1997. P.487-488

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