Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Agosto de 2019

Ponente:Luis Ramón Fábrega Sánchez
Fecha de Resolución:12 de Agosto de 2019
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El resto de los Magistrados que integran la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, conocen del denominado recurso extraordinario de apelación promovido por la Firma Almengor Caballero & Asociados, contra la Resolución de fecha 6 de diciembre de 2018, dictada por el H.M.S.C.C.R., mediante la cual no admite la solicitud especial para que se requiera al liquidador administrativo dar el trámite correspondiente según la Ley Bancaria, de enviar a la S. Tercera, el incidente de impugnación interpuesto por Estrella del Sol Invest, S.A., en contra de la Resolución N°004-2017, emitida por el liquidador administrativo, dentro del proceso de liquidación forzosa de FPB BANK, INC.

I-ARGUMENTOS DE LA APELANTE

La firma Almengor Caballero & Asociados, mediante escrito visible de foja 18 a la 22 del expediente judicial, formaliza recurso de apelación en contra de la Resolución fechada 6 de diciembre de 2018, visible de foja 14 a la 16 del expediente judicial, en la cual se resolvió no admitir la solicitud especial para que se requiera al liquidador administrativo dar el trámite correspondiente según la Ley Bancaria, de enviar a la S. Tercera, el incidente de impugnación interpuesto por Estrella del Sol Invest, S.A., en contra de la Resolución N°004-2017, emitida por el liquidador administrativo, dentro del proceso de liquidación forzosa de FPB BANK, INC, y fundamentó la misma en lo siguiente:

… En este sentido debemos resaltar el contenido del artículo 164 de la Ley Bancaria (Decreto Ley N°9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley No. 2 de 22 de febrero de 2008),…

Tenemos entonces que la propia Ley establece la competencia de la S. Tercera en una ley especial para conocer de los procesos de impugnaciones relativos a decisiones de un liquidador dentro de un proceso de liquidación forzosa de un banco. Adicionalmente, la Ley requiere que se presenten dichas impugnaciones ante el Liquidador, como en efecto se hizo, para que el mismo lo envíe ante esta Honorable S. Tercera, junto con un informe explicativo, situación que no ha ocurrido en más de un año y dos meses en perjuicio de nuestros mandantes….

OPOSICIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

Mediante la Vista Fiscal N°36 de 8 de enero de 2019, visible de foja 24 a la 35 del expediente judicial, la Procuraduría de la Administración se opone al recurso de apelación presentado por el solicitante, y en lo medular sostuvo lo siguiente:

… Por tanto se desprende con claridad de lo anterior que la naturaleza de la materia que trata de introducir la demandante no es competencia de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia; ya que la solicitud que se examina, guarda relación con una liquidación bancaria que no figura en el catálogo de procesos atribuidos a este Despacho.

En este orden de ideas, recordemos que el sólo hecho que una entidad del Estado se encuentre identificada como parte demandada no le da competencia automática a la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, y así quedo recogido en el análisis que se hizo en la decisión de 9 de febrero de 2007, a través de la cual, el resto de los Magistrados de la S. Tercera, en grado de apelación, conocieron del recurso de apelación interpuesto por la licenciada M.F., quién actuando en nombre y representación de Ingenieros Civiles y Asociados, S.A., recurrió en contra del Auto de 18 de julio de 2006, a través del cual, no se admitió una Demanda de Plena Jurisdicción en contra de la Resolución número 20-DGT-06 de 16 de marzo de 2006, emitida por la Dirección General de Trabajo, el acto confirmatorio y para que se hicieran otras declaraciones; …

III-DECISIÓN DEL TRIBUNAL

De lo expuesto por la partes: apelante (Firma Almengor Caballero & Asociados), opositor (Procuraduría de la Administración) y cumplidos los trámites legales correspondientes, procede el resto de la S. a resolver el recurso de apelación impetrado; en este sentido, la parte apelante sustenta sus argumentos en que la S. Tercera tiene competencia para conocer la solicitud impetrada por esta, para que el Liquidador Administrativo Designado por la Superintendencia de Bancos, le de el trámite correspondiente según la Ley Bancaria, de enviar a la S. Tercera el expediente de incidente de impugnación, interpuesto por Estrella del Sol Invest, S.A., contra la Resolución N°004-2017, emitida por el Liquidador Administrativo, dentro del Proceso de Liquidación Forzosa de FPB BANK, INC., según lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley Bancaria (Decreto Ley N°9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley No. 2 de 22 de febrero de 2008),

Por su parte, la parte opositora concuerda con la postura del sustanciador y sostiene que la solicitud que se analiza, incumple con lo establecido en el artículo 97 del Código Judicial, que dispone la competencia que tiene la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia y entre la cual no se encuentra la petición objeto de estudio, entre otros argumentos.

Analizados los argumentos de las partes por el resto de los Magistrados que componen la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, debemos advertir que no compartimos el criterio externado por el magistrado Sustanciador, en cuanto a que no somos competentes para conocer las Resoluciones sobre Objeciones a que hace referencia el artículo 164 del Decreto Ejecutivo 52 del 30 de abril de 2008, que adopta el Texto Único del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008, dentro de un proceso de liquidación bancaria, al no estar incluido en el catalógo que contiene el artículo 97 del Código Judicial.

La norma en comento señala lo siguiente:

Artículo 164. Resolución sobre Objeciones. …

Cada una de las resoluciones de que trata este artículo deberá ser publicada en un diario de circulación nacional por cinco días hábiles y podrá ser impugnada por la vía incidental ante la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la última publicación. La sustanciación se surtirá ante el liquidador o la junta de liquidación quien, a su prudente arbitrio, podrá ordenar la acumulación de los incidentes que tengan causa, partes o pretensión común.

Surtido el trámite, el liquidador o la junta de liquidación, enviará a la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia los distintos cuadernos, junto con un informe explicativo de su resolución, con el propósito de que los incidentes sean decididos. En consideración al carácter de interés social que debe tener la liquidación forzosa administrativa, las impugnaciones remitidas por el liquidador o la junta de liquidación a la S. Tercera, deberán ser resueltas con prelación a cualquier otro proceso contencioso administrativo.

Una vez transcrito el artículo en mención, podemos observar que si bien es cierto el artículo 97 del Código Judicial, no incluye este tipo de resoluciones como competencia de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia; existe una Ley especial que regula esta materia y le da la competencia a esta S., para resolver vía incidente las resoluciones emitidas por el liquidador o la junta de liquidación. (Resoluciones sobre objeciones, artículo 164 del Decreto Ejecutivo 52 del 30 de abril de 2008, que adopta el Texto Único del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008.)

Al respecto, una vez aclarada esta situación, podemos concluir que en efecto le asiste la razón al apelante en cuanto a la competencia que tiene la S. para resolver este tipo de procesos, y esto es así ya que existe jurisprudencia en la que se han resuelto este tipo de incidentes, veamos:

FALLO DE 01 DE ABRIL DE 2016 (MAGISTRADO ZAMORANO)

IV. DECISIÓN DE LA SALA

Expuestos los argumentos y objeciones presentadas dentro del presente incidente presentado contra la Resolución N°03-2015 de 15 de enero de 2015, emitida por el Liquidador del BANCO ES BANK, procede esta S. a realizar las siguientes consideraciones:

La competencia de esta Corporación de Justicia, para dirimir este tipo de incidencia está contenida en el artículo 164 del Decreto Ley 9 de 1998, modificado por el Decreto Ley N°2 de 2002, cuyo texto único se adopta mediante Decreto Ejecutivo No.52 de 2008. Su contenido dice así:

"ARTÍCULO 164. RESOLUCIÓN SOBRE OBJECIONES. Vencido el término de treinta días a que se refiere el artículo anterior, el liquidador o la junta de liquidación dictará tantas resoluciones motivadas como estime necesarias, en las que resolverá las objeciones formuladas y dispondrá lo siguiente:

Identificación de los bienes que integran la masa de la liquidación.

Inventario de los depósitos y demás obligaciones que fueron aceptadas y aquellas que fueron rechazadas, señalando su naturaleza y su cuantía.

3. El orden de prelación con que las obligaciones del banco serán pagadas.

De igual forma, en cuaderno separado, el liquidador o la junta de liquidación dictará una resolución que contendrá la lista de los bienes excluidos de la masa de la liquidación.

Cada una de las resoluciones de que trata este artículo deberá ser publicada en un diario de circulación nacional por cinco días hábiles y podrá ser impugnada por la vía incidental ante la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la última publicación. La sustanciación se surtirá ante el liquidador o la junta de liquidación quien, a su prudente arbitrio, podrá ordenar la acumulación de los incidentes que tengan causa, partes o pretensión común.

Surtido el trámite, el liquidador o la junta de liquidación enviará a la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia los distintos cuadernos, junto con un informe explicativo de su resolución, con el propósito de que los incidentes sean decididos. En consideración al carácter de interés social que debe tener la liquidación forzosa administrativa, las impugnaciones remitidas por el liquidador o la junta de liquidación a la S. Tercera deberán ser resueltas con prelación a cualquier otro proceso contencioso administrativo. (lo resaltado es nuestro)

Ante la remisión de la actuación que se le cuestiona al liquidador bancario de ES BANK (PANAMA), S.A., observamos, que la Resolución N°03-2015 de 15 de enero de 2015, señala en el punto segundo de la parte resolutiva de la actuación impugnada, que dicha Resolución podía ser impugnada vía incidental ante la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Por tanto, como cuestión previa, ante la solicitud del Liquidador Bancario de que se desestime el presente incidente, toda vez que no se presentaron objeciones contra la Resolución 03-2015 de 15 de enero de 2015 previo a interponer el incidente que nos ocupa, esta S. debe señalar que dicha solicitud no es procedente, toda vez que la norma es clara en expresar que la resolución que dispone el orden de prelación debe ser dictada de forma posterior a que se resuelvan las objeciones al informe preliminar, y contra ella cabe incidente ante esta S., tal como la misma resolución lo señala. Por tanto, se debe proceder a resolver el incidente que nos ocupa.

La Resolución 03-2015 de 15 de enero de 2015, emitida por el Liquidador bancario, dentro del proceso de liquidación administrativa ES BANK (PANAMA), S.A., ordenado por la Superintendencia de Bancos, enlista los créditos aceptados en la liquidación, de personas naturales y jurídicas, señalando el número de las cuentas y el tipo de depósito de que se trata, si es a la vista o de plazo fijo, y establece el orden de prelación en que deberán ser pagadas dichas obligaciones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 167 del Texto Único de la Ley Bancaria, que dispone:

"ARTÍCULO 167. ORDEN DE PRELACIÓN. Salvo lo dispuesto en otros artículos de este Decreto Ley, las obligaciones del banco serán pagadas durante la liquidación en el siguiente orden:

Los depósitos nuevos que se constituyan durante el período de reorganización.

Los depósitos de diez mil balboas o menos. En caso que existan dos o más depósitos de esta categoría a nombre de la misma persona, se pagará el mayor de ellos hasta la suma de diez mil balboas. Este límite podrá ser modificado por la Superintendencia.

Las obligaciones de carácter laboral.

Las obligaciones a favor de la Caja de Seguro Social en concepto de cuotas obrero-patronales de los empleados del banco.

Las obligaciones de carácter tributario con el Tesoro Nacional o los municipios, así como tasas por servicios públicos que preste el Estado.

6. Los demás depósitos y otras obligaciones.

Las obligaciones comprendidas dentro de cada una de las categorías anteriores se pagarán a prorrata. Cada categoría excluye a las otras según el orden establecido en el presente artículo hasta donde alcancen los bienes del banco.

Las obligaciones reconocidas mediante sentencias o laudo arbitral serán pagadas en la categoría que corresponda, según su naturaleza y a prorrata.

No se aplicará al pago de las obligaciones de los bancos, el orden de prelación o de preferencia establecido en otras leyes."

Al respecto, se advierte que el proceso de liquidación forzosa, es un proceso de orden público, concursal y universal de naturaleza administrativa, que tiene como propósito de convertir en activos líquidos los bienes del intervenido para satisfacer el pasivo, en cuanto a ello fuere posible. La distribución de los pasivos líquidos del intervenido a los acreedores concurrentes se hace con fundamento al orden y prelación legalmente determinado, de conformidad con las reglas y principios básicos de la legislación bancaria.

De acuerdo al principio par "conditio creditorum", reconocido como uno de los principios rectores que rigen este tipo de proceso de liquidación, debe hacerse el llamamiento a todos los acreedores del proceso concursal para que puedan satisfacer sus deudas de manera equitativa y rápida.

Dicho principio busca salvaguardar el derecho de equidad de cada una de las personas que participan en calidad de acreedores de la masa liquidadora, es decir, que los acreedores van a participar de la liquidación revestidos de los mismos beneficios y restricciones que dispone la ley, sin privilegios cuando se encuentren en igualdad de condiciones.

En consecuencia, con respecto a la prelación de créditos se entiende que el fin perseguido es el "pago o entrega de dinero" en orden prefijado por la Ley, a los acreedores de distinto grado de la entidad intervenida. En Resolución de 17 de febrero de 2006, emitida por esta S., dentro del incidente interpuesto contra la Resolución N°019-2004 de 20 de septiembre de 2004, emitida por el Liquidador Bancario de BANCRÉDITO (PANAMÁ), en cuanto al orden de prelación en las liquidaciones forzosas se señaló:

"En la liquidación forzosa de una entidad bancaria, el orden de prelación de los créditos contra la masa de la liquidación constituye el mecanismo mediante el cual se le atribuye a un determinado acreedor el derecho de cobrar su crédito antes de que lo hagan otros acreedores. De esta forma, la prelación o preferencia "consiste en un Derecho subjetivo y personal, ejercitable frente a otros acreedores que quedan situados en una posición jerárquicamente inferior". (GARRIDO, J.M.. Los Créditos Privilegiados en la quiebra y en la suspensión de pagos, Manuales de Formación Continuada, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2000, página 159).

Dentro de este marco conceptual, se procede al análisis de las objeciones y peticiones presentadas por el incidentista, el cual solicita, en primer lugar, que el liquidador de ES BANK (PANAMÁ), S.A., en el orden de prelación del pago de las obligaciones que establece en la resolución recurrida, se reconozca la antelación a los cuenta habientes de buena fe, en relación al pago de cualquier persona física o jurídica relacionada con el grupo económico que aduce existe y dentro del cual se incluye a Grupo Espíritu Santo.

También solicita el incidentista, SOCIEDAD EAST GROUP ENTERPRISES CORP., que se adopten medidas de garantía para recuperar créditos y activos y que estos no se han repartido entre la empresa relacionadas al qué denomina grupo económico, hasta que no se dilucide judicialmente su posible responsabilidad y legitimación como acreedores contra la masa de la liquidación. Dentro de las medidas, pretende que en defensa del interés de la masa y los acreedores buena fe, el liquidador presente o ejerza acciones de responsabilidad contra NOVO BANK antes BANCO ESPÍRITU SANTO, así como acciones de responsabilidad civil y criminal, contra la auditora, las partes relacionadas, administradores, directivos y subsidiarias del grupo económico, en los órganos jurisdiccionales.

Ante las pretensiones del incidentista es importante aclara cuáles son las facultades y competencia que la Ley Bancaria le otorga al Liquidador Bancario, dentro del proceso de liquidación forzosa, mismas que se pueden apreciar en el artículo 168 del Texto Único de la Ley Bancaria, (Decreto ley 9 de 26 de febrero de 1998 modificado por el Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008) adoptado por el Decreto Ejecutivo No 52 el 30 de abril del 2008, que dispone:

ARTÍCULO 168. FACULTADES DEL LIQUIDADOR O DE LA JUNTA DE LIQUIDACIÓN. El liquidador o la junta de liquidación tendrá las siguientes facultades:

Suspender o limitar el pago de las obligaciones del banco y de las deudas de la masa según la disponibilidad de los recursos.

Emplear al personal necesario y separar del cargo a aquellos empleados cuya actuación dolosa o negligente haya propiciado la liquidación, así como a aquellos empleados que, por reducción de las actividades del banco, sean innecesarios.

Atender la correspondencia y otorgar cualquier documento a nombre del banco.

Administrar, controlar y custodiar los activos del banco.

Ceder o vender activos de acuerdo con su valor realizable, neto de provisiones, reservas y cualquier otro ajuste que determine la Superintendencia, conforme a las normas y regulaciones prudenciales existentes.

Transferir total o parcialmente los activos y pasivos del banco a una entidad con licencia para ejercer el negocio de fideicomiso en Panamá, previa autorización de la Superintendencia.

Ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro de sus atribuciones que permitan el inicio, perfeccionamiento y ejecución de la liquidación a través del traspaso de activos y pasivos y del fideicomiso.

Establecer en el contrato de fideicomiso los mandatos, términos y condiciones para la conducente liquidación de activos y pasivos transferidos.

9. Cualquier otra facultad que, previa solicitud fundada del liquidador o de la junta de liquidación, sea autorizada por el Superintendente para un propósito determinado.

En atención a las facultades transcritas en el artículo precedente, es importante referirse, en primera instancia, a las referencias que hace el incidentista sobre la conformación de un grupo económico en el que se incluya NOVO BANK antes BANCO ESPÍRITU SANTO, como parte de un grupo económico, conformado también por ES BANK (PANAMÁ), S.A., en Panamá, para que sea considerada esta situación en el establecimiento del orden de prelación.

Se advierte, así, que dentro de las facultades del liquidador, que describe el artículo 168 citado, no se contempla su competencia para establecer la existencia de algún grupo económico dentro del proceso de liquidación.

De conformidad a lo establecido en el artículo 3 del Texto Único de la Ley Bancaria, recogida en el Decreto Ejecutivo N°52 de 30 de abril de 2008, se define al Grupo Económico como el conjunto de personas naturales o jurídicas, de cualquier nacionalidad o jurisdicción, cuyos intereses se encuentran en tal forma relacionados entre sí y que, a juicio de la Superintendencia, deben considerarse como si fueran una sola persona.

De la definición, se desprende claramente que la competencia para establecer si un conjunto de personas naturales o jurídicas integran un grupo económico y determinar la existencia o no del mismo, es la Superintendencia de Bancos. En consecuencia, no le corresponde al Liquidador determinar ni la existencia ni la conformación de un grupo económico al momento de determinar el orden de prelación del pago de las obligaciones a los acreedores y mucho menos, desatender el orden de prelación establecido por la Ley.

No se aprecia que la Superintendecia de Bancos haya determinado la existencia del grupo económico que señala el incidentista, al momento de ordenar la liquidación forzosa de ES BANK (PANAMÁ), S.A., por lo que adoptar una decisión como la solicitada por el incidentista e ir más allá de la masa del banco intervenido sería rebasar la facultades concedidas al liquidador por Ley.

En este mismo orden de ideas, en relación con la pretensión del incidentista de que se adopten medidas de garantías, en el sentido de la recuperación de activos y créditos entre las empresas pertenecientes o que están relacionadas al grupo económico, de los cuales entienden hace parte ES BANK (PANAMÁ), S.A.; a las pretensiones de que se adopten medidas de defensa de los intereses de la masa y los acreedores de buena fe a través de acciones de responsabilidad civil contra NOVO BANK, la auditora, administradores y directivos; y la solicitud de que el liquidador ejerza las correspondientes acciones legales ante los órganos jurisdiccionales competentes y la persecución de compensación realizadas entre los bancos del grupo económico, le corresponde a la S. señalar, que estas medidas y solicitudes no son de competencia del Liquidador y no guardan relación con la resolución incidentada, que se circunscribe únicamente a establecer el orden de prelación en que se pagarán las obligaciones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley Bancaria. En otras palabras, no le es dable a esta Superioridad pronunciarse sobre una pretensión que en nada guarda relación con el acto administrativo objetado.

Basado en los anteriores argumentos, lo que corresponde es negar la incidencia presentada por la firma forense Alves & Co Abogados Attorney At Law, actuando en nombre y representación de la SOCIEDAD EAST GROUP ENTERPRISES CORP., toda vez que no se han aportado elementos que desvirtúen el orden de prelación establecido por liquidador bancario, y en atención a que el resto de las solicitudes son improcedentes, en relación con el tema abordado en la resolución recurrida.

En consecuencia, la S. Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la incidencia presentada por la firma Alves & Co Abogados Attorney At Law, actuando en representación de la SOCIEDAD EAST GROUP ENTERPRISES CORP., contra la Resolución No.03-2015 de 15 de enero de 2015, emitida por el Liquidador del BANCO ES BANK (PANAMA), S.A.

Es importante hacer la salvedad, que los Magistrados que conformamos la S. Tercera, debemos estar actualizados, en cuanto a los procesos que son de nuestra competencia, no obstante, una vez superado el tema de la competencia debemos aclarar que en el caso que nos ocupa las sociedades Lewis Advisors, S.A., y Estrella del Sol Invest, S.A., a través de apoderados judiciales, presentaron una solicitud ante esta S., para que se requiera al Liquidador de FPB Bank Inc., remita a esta superioridad el incidente de impugnación que presentara contra la Resolución N°004-2017, proferida por el liquidador de FPB Bank, INC.; sin embargo, es necesario advertir que nuestra legislación no establece ningún mecanismo o norma que faculte a la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, para imprimir el trámite solicitado, mismo que carece de sustento legal alguno.

De lo mencionado en lineas precedentes, resulta oportuno explicarle a la parte actora que las discrepancias contra la resolución que decide las objeciones formuladas al informe de un liquidador dentro de la liquidación forzosa de una entidad bancaria, que conoce la S. Tercera por la vía incidental, no tiene carácter administrativo, pues la jurisdicción Contencioso Administrativa es la vía judicial idónea para decidir aquellas controversias que se originen entre los particulares y la administración pública, con ocasión de la actividad realizada por está en ejercicio de la función administrativa, que no es el caso de la actuación del lquidador de una entidad bancaria, y, por tanto, lo procedente es que se apliquen las disposiciones del Código Judicial en lo que se rifiere a la materia de incidentes.

Aclarado este punto, solo nos resta confirmar lo decidido por el Sustanciador, pues tal como hemos señalado en lineas precedentes, no existe disposición legal alguna que nos permita acceder a lo solicitado por la parte actora.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Resto de la S. Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Confirma lo dicho por el Magistrado Sustanciador en el Auto fechado 06 de diciembre de 2018, INADMITIENDO la solicitud especial presentada por la Firma Almengor Caballero & Asociados, para que se requiera al liquidador administrativo dar el trámite correspondiente según la Ley Bancaria, de enviar a la S. Tercera, el incidente de impugnación interpuesto por Estrella del Sol Invest, S.A., en contra de la Resolución N°004-2017, emitida por el liquidador administrativo, dentro del proceso de liquidación forzosa de FPB BANK, INC.

N.,

LUIS RAMÓN FÁBREGA S.

ABEL AUGUSTO ZAMORANO

KATIA ROSAS (Secretaria)