Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 25 de Septiembre de 2020

PonenteCarlos Alberto Vásquez Reyes
Fecha de Resolución25 de Septiembre de 2020
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Carlos Alberto Vásquez Reyes

Fecha: 25 de septiembre de 2020

Materia: Acción contenciosa administrativa

Impedimento

Expediente: 24082-20

VISTOS:

El Procurador de la Administración, D.R.G.M., ha presentado solicitud para que se le declare impedido y, en consecuencia se le separe del conocimiento de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la Firma Galindo, A.&.L., actuando en nombre y representación de C.O.C.H., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución NoDIGAJ-089-2019 de 15 de abril de 2019, emitida por la Universidad de Panamá, así como su acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El representante del Ministerio Público, a través de la Vista Fiscal Número 604 de 28 de julio de 2020, basa su solicitud de impedimento señalando que, con fundamento en sus atribuciones legales, sirve de consejero jurídico a los servidores públicos, por ende, indica que emitió opinión "mediante la Consulta C-005-18 de 7 de febrero de 2018, referente a la viabilidad legal de incorporar en la normativa universitaria el concepto de pago de prima de antigüedad y bonificación por antigüedad a sus funcionarios, contenido y desarrollado por la Ley 23 de 12 de mayo de 2017 y la posibilidad de establecer una fecha de vigencia propia o diferente a la consagrada en la precitada excerta legal". (fojas 121-122)

En ese sentido, considera el Procurador de la Administración que la consulta absuelta al D.E.F.C., Rector de la Universidad de Panamá, guarda relación con la acción acusada, sobre todo en lo referente a "la aplicación supletoria o no de la Ley 9 de 20 de junio de 1994, de Carrera Administrativa, aspecto éste que es abordado por el accionante en su libelo y en el acto administrativo impugnado", razón por la cual solicita que se le declare legalmente impedido para conocer este proceso, con fundamento en el numeral 1 del artículo 78 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 78. Son causas de impedimento y recusación en los miembros del Tribunal de lo Contencioso-administrativo las siguientes:

  1. Hacer conceptuado sobre la validez o nulidad del acto que se acusa, o sobre el negocio sometido al conocimiento de la corporación, o haber favorecido a cualquiera de las partes en el mismo;

  2. ..."

    Para sustentar su argumento, se aprecia desde la foja 124 a 128 del expediente judicial, copia simple de la Consulta C-005-18 de 7 de febrero de 2018, dirigida al D.E.F.C., Rector de la Universidad de Panamá, suscrita por el D.R.G.M., en su condición de Procurador de la Administración, donde emite su opinión respecto a la viabilidad legal de incorporar en la normativa universitaria el concepto de pago de prima de antigüedad y bonificación por antigüedad a sus funcionarios, contenido y desarrollado por la Ley 23 de 12 de mayo de 2017 y la posibilidad de establecer una fecha de vigencia propia o diferente a la consagrada en la precitada excerta legal, así como la aplicación supletoria de la Ley 9 de 20 de junio de 1994, sobre Carrera Administrativa.

    Siendo así las cosas, la demanda bajo análisis tiene como objeto la declaratoria de ilegalidad de la Resolución No.DIGAJ-089-2019 de15 de abril de 2019, emitida por la Universidad de Panamá, la cual le niega el pago de la prima de antigüedad a C.O.C.H., por lo que, en ese sentido, estima este Tribunal Colegiado que la circunstancia invocada por el Procurador de la Administración, ciertamente se subsume en la causal de impedimento prevista en el numeral 1 del artículo 78 de la Ley 135 de 1943, pues se encuentra relacionada con el concepto que emitió la Procuraduría de la Administración, a través de la Consulta C-005-18 de 7 de febrero de 2018, constituyéndose así motivo suficiente para separarlo del conocimiento del presente negocio.

    En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES LEGAL el impedimento manifestado por el Procurador de la Administración, R.G.M. y, en consecuencia, LO SEPARA del conocimiento del presente negocio, quien será reemplazado por el funcionario designado por la Procuraduría de la Administración.

    N.,

    CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

    C.C.R. (Salvamento de Voto) -- LUIS RAMÓN FÁBREGA S.

    TAMARA COLLADO (Secretaria Encargada)

    SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO C.C.R.

    Con el respeto que me caracteriza, debo señalar que no estoy de acuerdo con el fundamento legal empleado por el Procurador para declararse impedido en esta demanda, ya que indica las causales de impedimento contenidas en el artículo 78 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, son aplicables al Procurador de la Administración.

    En ese sentido, debemos señalar que a pesar que el artículo 395 del Código Judicial, establece que le son aplicables a los agentes del Ministerio Público las disposiciones sobre impedimentos y recusaciones de los magistrados y jueces, la jurisdicción contencioso administrativa se rige por una ley especial que establece sus propias causales de impedimento, contenidas en el artículo 78 de la Ley 135 de 1943, por lo quelas normas contenidas en el Código Judicial solo son procedentes cuando existen vacíos en el procedimiento, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los juicios y actuaciones que corresponden a esta jurisdicción especial. El artículo 78 de la Ley 135 de 1943 es del tenor siguiente:

    Artículo 78. "Son causales de impedimento y recusación en los miembros del Tribunal de lo contencioso-administrativo las siguientes:

  3. Haber conceptuado sobre la validez o nulidad del acto que se acusa, o sobre el negocio sometido al conocimiento de la corporación, o haber favorecido a cualquiera de las partes en el mismo.

  4. Haber dictado el acto o providencia de cuya revisión se trate, o haber contribuido a dictarlo, o haber ejecutado o contribuido a ejecutar el hecho u operación administrativa de las partes en el mismo.

  5. Estar dentro del cuarto grado de parentesco o consanguinidad o segundo de afinidad con alguna de las partes o sus apoderados.

  6. Tener interés en la actuación o tenerlo alguno de los parientes expresados en el inciso anterior".

    Las causales de impedimento descritas en el artículo 78 de la Ley 135 de 1943, hacen referencia única y exclusivamente a los Magistrados que conforman el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y no aluden en forma alguna al Procurador de la Administración.

    Con respecto a las causales de impedimento del Procurador de la Administración, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia mediante Resolución de 22 de junio de 2016, señala:

    "1.- El artículo 78 de la Ley 135/1943, dispone taxativamente que las causales de impedimento y recusación son directamente aplicables sobre los miembros del Tribunal, lo cual lleva a interpretar a este Despacho que esta disposición es única y exclusivamente aplicable a los Magistrados o Administradores de Justicia que se encargan de examinar y dictaminar las resoluciones que se surten ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

    E inclusive, el propio artículo 79 de la Ley 135/1943, aclara aún más señalando que éstas causales de impedimento se surten sólo sobre los Magistrados que conforman el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, al señalar ésta disposición lo siguiente:

    Artículo 79. "Cuando en un magistrado ocurra alguna de las causales señaladas, deberá manifestarse impedido para conocer del negocio de que se trate, sea contencioso o no, y expondrá los hechos que constituyen el impedimento. En vista de esta manifestación, el resto de los miembros que forman la corporación decidirá si es fundado o no el impedimento.

    Si lo fuere, se dispondrá que pase el asunto al magistrado que sigue de turno; y si no, que continúe en el conocimiento el que se manifestó impedido.La resolución que se adopte, en uno u otro sentido, no estará sujeta a recurso alguno."(Las negrillas son nuestras)

    Como se puede apreciar, la disposición anteriormente transcrita hace alusión única y exclusivamente a los Magistrados que integran o conforman el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, en tanto que no se evidencia su aplicación de forma directa para el Procurador de la Administración. "

    En virtud de lo antes expuesto, considero que las casuales de impedimento previstas en el artículo 78 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, son aplicables única y exclusivamente a los Magistrados que integran o conforman el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y no evidencian su aplicación de forma directa al Procurador de la Administración.

    Por lo anteriormente expuesto y con todo respeto, SALVO MI VOTO.

    Fecha ut supra.

    C.C.R.

    TAMARA COLLADO (SECRETARIA ENCARGADA)