Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 3 de Abril de 2009

Ponente:Winston Spadafora Franco
Fecha de Resolución: 3 de Abril de 2009
Emisor:Pleno

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la acción de inconstitucionalidad promovida por el licenciado G.P.M., contra el párrafo final del artículo 22 de la Ley No.27 de 21 de mayo de 2008.

Corresponde en esta etapa procesal a esta Corporación de Justicia revisar el libelo de la demanda promovido, a fin de determinar si satisface los requisitos necesarios para su admisibilidad.

El activador constitucional está interponiendo esta acción de inconstitucionalidad dentro de un proceso penal seguido A.F.J., N.M.L., N.M.V. e I.M.V., porque en el acto de audiencia el Magistrado Presidente no permitió la lectura del auto de enjuiciamiento, ni la indagatoria de los imputados, invocando para ello el último párrafo del artículo 22 de la Ley No.27 de 21 de mayo de 2008, todo esto según se puede apreciar en el propio libelo de demanda.

La lectura anterior, parece indicar que el accionante pretende utilizar la acción de inconstitucionalidad como un medio de impugnación dentro del referido proceso, siendo que éste proceso constitucional constituye una acción de naturaleza autónoma.

Aunado a ello, si la finalidad del demandante también era lograr la suspensión del acto de audiencia mientras se surtiera el trámite de esta acción de inconstitucionalidad, cabe señalar que la presentación de este tipo de demanda no suspende el proceso reseñado o la tramitación de cualquier proceso, como sucede con la advertencia de inconstitucionalidad siempre y cuando lo demandado de inconstitucional sea la norma legal o reglamentaria que resuelve el caso.

Por otro lado, el pronunciamiento que se dicte en una demanda de inconstitucionalidad tiene efectos hacia el futuro, es decir, no tiene efectos retroactivos, excepto cuando se trate de actos individualizados. En este caso en particular, la acción de inconstitucionalidad no se dirigió contra el acto de audiencia que hizo surgir la disconformidad del activador constitucional, sino contra el párrafo final del artículo 22 de la Ley No.27 de 21 de mayo de 2008, que es un acto de carácter general. Pero, los cargos de injuricidad constitucional están dirigidos a la decisión adoptada en el acto de audiencia dentro del proceso penal reseñado en párrafos precedentes.

Por otro lado, esta Superioridad ha reiterado en innumerables pronunciamientos que en la sección correspondiente a las disposiciones constitucionales que se consideren infringidas debe indicarse el respectivo concepto de infracción, situación que ha sido omitida en el presente caso. Así, esta Corporación Judicial ha indicado que:

"... en toda acción de inconstitucionalidad, luego de la transcripción de las disposiciones constitucionales que se estiman infringidas, debe expresarse el concepto de infracción. Este presupuesto procesal de la demanda tiene una importancia cardinal debido a que en este apartado le corresponde al activador procesal explicar el modo como ha surgido el conflicto entre la norma o acto atacado con la disposición fundamental que se estima infringida. En ese sentido, tenemos que en materia del control de constitucionalidad de leyes y actos jurídicos generales, debe atenderse lo preceptuado en el artículo 203 de la Carta Magna, que establece la competencia exclusiva del Pleno de la Corte Suprema de Justicia para conocer y resolver sobre la integridad de la Constitución, cuando cualquier persona demande ante ella la inconstitucionalidad de leyes, decretos y demás actos por razones de fondo o de forma" (Sentencia de 30 de septiembre de 1999).

Dicho requerimiento procesal de la indicación del concepto de infracción de las disposiciones constitucionales que se estiman lesionadas, se encuentra contenido en el numeral 2 del artículo 2560 del Código Judicial, como presupuesto básico para proceder a la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad presentada. Por lo tanto, con vista de las deficiencias anotadas, la Corte considera que lo que corresponde en derecho es proceder a decretar su inadmisibilidad.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de inconstitucionalidad promovida por el licenciado G.P.M., contra el párrafo final del artículo 22 de la Ley No.27 de 21 de mayo de 2008.

N. y archívese.

WINSTON SPADAFORA FRANCO

ADÁN ARNULFO ARJONA L. (Con Salvamento de Voto) -- ESMERALDA AROSEMENA DE T. --V.L.B.P. --A.C.C. --J.M. E. (Con Salvamento de Voto) -- HARLEY J. MITCHELL D. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)

EXPLICACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO

ADAN ARNULFO ARJONA L.

Suscribo la presente decisión que dispone no admitir esta acción de Inconstitucionalidad, aunque por razones distintas a las invocadas por la mayoría.

Los motivos que en mi opinión hacen inadmisible esta demanda de inconstitucionalidad son los siguientes:

  1. Se está ejercitando contra un acto que no tiene la naturaleza normativa o reglamentaria que exige el numeral 1 del artículo 206 de la Constitución Nacional.

  2. La acción de inconstitucionalidad no es el mecanismo idóneo para impetrar la reparación de agravios particulares.

    Examinaré por separado cada una de estas razones:

    1. LOS ACTOS DE CONTENIDO SUBJETIVO NO PUEDEN SER ATACADOS POR UNA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD.

    La acción de inconstitucionalidad propuesta infortunadamente adolece de una deficiencia formal trascendente que afecta su inteligibilidad, ya que, por un lado, se dice que se demanda la inconstitucionalidad del artículo 22 de la Ley 27 de 21 de mayo de 2008, pero, por otro lado, al identificar la pretensión se afirma, contradictoriamente que "le solicitamos de manera respetuosa que se DECLARE INCONSTITUCIONAL la decisión proferida por el Magistrado Presidente de la audiencia celebrada el día lunes 16 de junio del presente año 2008 en el Salón de Audiencia del Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá" (cfr. foja 11 del expediente).

    La circunstancia indicada pone de manifiesto que no existe claridad acerca de cuál es el objetivo que persigue esta acción de inconstitucionalidad, y tal razón, es suficiente para justificar la no admisión de la misma.

    Si asumiéramos que la demanda de inconstitucionalidad esta dirigida contra una decisión adoptada dentro de un proceso en el curso de la audiencia celebrada el 16 de junio de 2008, tendríamos que concluir que tampoco es jurídicamente posible admitir dicha acción puesto que la naturaleza del acto demandado no cumple la exigencia prevista en el artículo 206 numeral 1 de la Constitución Nacional.

    La Resolución que es objeto de ataque en este expediente tiene un incuestionable contenido subjetivo, puesto que ella guarda relación con una medida que adoptó en el curso de un proceso penal el Magistrado que presidía la audiencia.

    De lo anterior, resulta relevante destacar los siguientes caracteres de la Resolución cuya inconstitucionalidad se reclama:

    Estos dos caracteres que se dejan enunciados revelan, a mi modo de ver, que la medida adoptada en el audiencia del 16 de junio de 2008 por ser un acto de contenido subjetivo, no puede ser atacada a través de la acción objetiva de Inconstitucionalidad.

    La razón de esto es muy clara: el control constitucional objetivo previsto en el numeral 1° del artículo 206 de la Constitución no esta diseñado para reparar agravios individuales, porque para ese propósito existen otras instituciones de garantía específicas para esa finalidad, como es el caso del A., el Habeas Corpus en materia de libertad, o el Habeas Data en lo que concierne al acceso de información pública.

    El aserto que se deja expresado es fácil de apreciar con la sola lectura del numeral 1° del artículo 206 de la Constitución Nacional cuando dispone:

    "Artículo 206. La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:

  3. La guarda de la integridad de la Constitución para lo cual la Corte en pleno conocerá y decidirá, con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la Administración, sobre la inconstitucionalidad de las LEYES, DECRETOS, ACUERDOS, RESOLUCIONES Y DEMÁS ACTOS que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona.

    Cuando en un proceso el funcionario público encargado de impartir justicia advirtiere o se lo advirtiere alguna de las partes que la DISPOSICIÓN LEGAL O REGLAMENTARIA aplicable al caso es inconstitucional, someterá la cuestión al conocimiento del Pleno de la Corte, salvo que la disposición haya sido objeto de pronunciamiento por parte de ésta, y continuará el curso del negocio hasta colocarlo en estado de decidir.

    Las partes sólo podrán formular tales advertencias una vez por instancia.

  4. (....)". (El destacado es propio)

    Como se ve, en ambos casos sea en la acción autónoma de inconstitucionalidad o en la consulta o advertencia, el acto susceptible de control por parte del Pleno de la Corte Suprema debe tener, como principio general, un contenido de alcance general y normativo o reglamentario.

    El análisis del texto que presenta el artículo constitucional indicado corrobora este criterio, al señalar que el Pleno puede conocer y decidir sobre la inconstitucionalidad de los siguientes actos:

    El numeral 1 del artículo 206 de la Constitución al enunciar los actos que son susceptibles de ser sometidos al control objetivo de constitucionalidad incluye la expresión residual "y demás actos".

    Es esta expresión genérica la que históricamente ha dado albergue a la errónea tesis de que ella autoriza la promoción de la acción de inconstitucionalidad con propósitos de reparación de agravios subjetivos.

    El sistema de control objetivo de constitucionalidad que impera en nuestro país, puede decirse que es uno de los más liberales del mundo, si se le compara con el que impera en otros ordenamientos constitucionales (vgr. España) en los que existen claras restricciones en cuanto a la legitimidad para promover la acción y demás requisitos de la misma.

    En la gran mayoría de los sistemas jurídicos del mundo, sólo es posible el control constitucional abstracto de normas. Sin embargo, el sistema escogido por el constituyente panameño, que se activa mediante la demanda autónoma de inconstitucionalidad, es tan amplio que permite el control de "actos", tal como lo indica el numeral 1 del artículo 206 de la Carta Fundamental.

    La doctrina constitucional comparada ha reconocido este carácter sui géneris de nuestro sistema:

    "Excepcionalmente, ...como sucede en Panamá, el control no sólo se refiere a las leyes y demás actos de rango legal, sino materialmente a todos los actos estatales, lo que lo hace único en el derecho comparado." (Brewer-Carías, A. R. El Sistema Mixto o Integral de Control de Constitucionalidad en Colombia y Venezuela, Caracas-Bogotá, 1995, p. 31)

    Lo que sí se advierte después de una mirada general en el panorama comparado es que el sistema de control objetivo de constitucionalidad está concebido para ejercerse respecto de actos de naturaleza normativa, y no en función de reparar agravios particulares.

    La expresión "y demás actos" no puede, en mi opinión, dársele un alcance que provoque una desnaturalización del control objetivo de constitucionalidad al punto que se permita cuestionar un acto que por su esencia no puede ser impugnado a través de esa vía.

    La revisión histórica acerca de la forma como la jurisprudencia ha entendido para estos efectos la expresión "y demás actos" deja ver que el casuismo y los intereses del momento pueden ser factores que han influido en la interpretación tolerante y complaciente acerca del tipo de acto que puede ser sometido al control objetivo de constitucionalidad. Es así que, la jurisprudencia del Pleno en esta materia, ha permitido la impugnación por vía de acción objetiva de inconstitucionalidad contra Actos Administrativos que resuelven situaciones particulares; Actos Judiciales, como sentencias o autos que deciden controversias sobre intereses subjetivos; Actos de Naturaleza Política (Decretos de Indultos por delitos políticos) y Actos Electorales (sentencia de 19 de enero de 2009 que declaró inconstitucional el Decreto No.19 de 2003 por el cual se reglamentó el segundo párrafo del artículo 292 del Código Electoral, la Resolución 008 de 2004 y el Acuerdo No.15 de 2004) y Contractuales.

    El Doctor CARLOS BOLIVAR PEDRESCHI en su clásica obra titulada "El Control de la Constitucionalidad en Panamá" (Ediciones Fábrega, L., P. y G., Panamá, 1965) formula algunos comentarios en relación con el alcance de la expresión genérica "y demás actos" frente a la impugnación constitucional de sentencias judiciales:

    "(....) A. rectamente las disposiciones de la Constitución del 46 que consagran el control de la constitucionalidad, parece claro que al Constituyente le era indiferente la fuente de donde partiera el acto violatorio de la Constitución. En su interés por que no quedara fuera del control virtualmente ningún acto, el Constituyente, después de citar expresamente determinados actos, usó la expresión genérica "demás actos", sin esmerarse en fijarle límites a éstos ni en cuanto a la fuente genérica de donde partían ni en cuanto a la jerarquía que, en especial, representaba dentro de esa fuente genérica la autoridad que lo dictara. Estas realidades hacen suponer que el Constituyente no pretendió excluir las sentencias del control de la constitucionalidad.

    En cuanto a la posición de la Corte Suprema de Justicia sobre el extremo planteado, ésta es contradictoria.

    (....)

    Las razones expuestas hasta aquí nada tienen que ver con que sí resulta conveniente o no la extensión del control de la constitucionalidad a la sentencias judiciales. Únicamente se ha querido demostrar que dentro del sistema de control constitucional vigente en Panamá entran las sentencias de las propias autoridades judiciales, siempre que no sean de la Corte o de alguna de sus Salas. (El destacado es propio, cfr. páginas 234 y 242)

    Los apuntamientos que hace este apreciado y distinguido jurista son definitivamente importantes por la solidez formativa de quien los emite. Sin embargo, el transcurso del tiempo y la evolución que ha experimentado el pensamiento constitucional acerca de nuestras instituciones, me llevan a pensar que tales orientaciones pueden hoy en día resultar insuficientes para dar adecuada respuesta a los problemas que ofrece la compleja realidad.

    Sin demeritar el indiscutible valor científico de la opinión citada, estimo que existe un razonable espacio para plantear una forma distinta de enfrentar el problema jurídico en comento. Ello es que, el estudio comparativo entre la naturaleza y fines del sistema de control objetivo de constitucionalidad frente al régimen de control para la reparación de agravios subjetivos (A., H.C. y Habeas Data) plantea conclusiones muy distintas, que justifican una reflexión renovadora sobre el particular, como propondré seguidamente:

    1. EL CONTROL OBJETIVO -VS- CONTROL PARA REPARAR AGRAVIOS PARTICULARES: SUS DIFERENCIAS SUSTANCIALES.

    El planteamiento sobre el cual apoyo estas reflexiones es el siguiente:

    El control objetivo de constitucionalidad en Panamá está diseñado para ejercerse respecto de actos normativos de aplicación general y excepcionalmente sobre actos subjetivos, cuando el Constituyente de manera expresa e inequívoca, así lo ha dispuesto.

    Como derivación directa de lo anterior, soy del criterio que el control objetivo de constitucionalidad no puede utilizarse pretextando la reparación de agravios subjetivos, ya que esa finalidad, en sede constitucional, tiene que ser encauzada mediante alguna de las instituciones que conforman el Sistema de Control de Garantías Fundamentales (vgr. Amparo, H.C. y Habeas Data).

    La piedra de toque que permite advertir la diferencia entre el control objetivo de constitucionalidad y el Sistema de Control de Garantías Fundamentales, radica en la naturaleza y finalidad de cada uno de ellos. Si se tuviese que enumerar a manera de contraste los atributos diferenciadores entre uno y otro, destacaría los siguientes:

  5. Por su naturaleza y Finalidad:

    Las diferencias en este aspecto son notorias como se aprecia a continuación:

    La Justicia Constitucional de Garantías Fundamentales tiene una función homofiláctica o de protección de las personas (del griego: homo = hombre + phylasso = velar, guardar), pues su objetivo a través del H.C., el A. y el Habeas Data, está centrado en revocar aquellas ordenes que violen o amenacen la libertad y los demás derechos y garantías reconocidos como fundamentales por la Constitución. En esta Justicia de Garantías Fundamentales la intervención jurisdiccional busca de manera sumaria, expedita y sin mayores formalidades la determinación de la violación o amenaza en perjuicio de una persona concreta, y de considerar comprobada la infracción, dicta las ordenes restitutorias necesarias para que se repongan las cosas al estado anterior a la violación o amenaza del Derecho Fundamental, dispensando de esa forma protección a quien ha resultado lesionado.

    En cambio, la justicia constitucional, en su manifestación de control abstracto, tiene una función nomofiláctica o de protección del orden normativo (del griego: nomo = norma + phylasso = velar, guardar), y es por esto que al enumerar las atribuciones que la Constitución le asigna al Pleno de la Corte Suprema de Justicia señala que le corresponde ejercer "la guarda de la integridad de la Constitución" (art.206 num.1 C.N.).

    Cuando se ejercita el control abstracto y objetivo de constitucionalidad el fin es que el Pleno de la Corte ejerza el escrutinio respecto de actos infractores que por su contenido general desconocen la jerarquía normativa de la Constitución y perturban la plena vigencia y aplicación de los preceptos consagrados en aquella.

    En el control objetivo de constitucionalidad la situación de agravio particular no constituye el centro de atención, puesto que tanto en la acción autónoma como en la Advertencia o Consulta, el acto analizado o discutido tiene que revestir carácter normativo:

    "La guarda de la integridad de la Constitución para la cual la Corte en Pleno conocerá y decidirá, (....) sobre la Inconstitucionalidad de las Leyes, Decretos, Acuerdos, Resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona.

    "Cuando en un proceso el funcionario público encargado de impartir justicia advirtiere o se lo advirtiere alguna de las partes que la DISPOSICIÓN LEGAL O REGLAMENTARIA aplicable al caso es inconstitucional, someterá la cuestión al conocimiento al Pleno de la Corte...".

    Como se ve, en ambos supuestos el control objetivo de constitucionalidad tiene que dirigirse contra actos normativos sean éstos legales o reglamentarios.

    En el caso de la Advertencia o Consulta de Inconstitucionalidad la situación es más evidente cuando se señala que sólo puede entablarse en relación con una disposición legal o reglamentaria aplicable al caso, lo cual excluye la posibilidad de advertir o consultar actos que no revistan tal atributo.

    En el control objetivo de constitucionalidad, el Pleno de la Corte, una vez comprueba la ilegitimidad o incongruencia entre un precepto legal o reglamentario y las normas de la Constitución, expide la correspondiente sentencia que, cual si fuese un Legislador negativo, hace desaparecer del mundo jurídico para restablecer la guarda de la integridad del ordenamiento superior que ha resultado lesionado por el acto objeto de la declaración.

    El objeto de la acción directa de inconstitucionalidad es la guarda y custodia de la Constitución, en su carácter de normativa organizadora del Estado, la cual no debe, por tanto, ser desconocida por normas de inferior jerarquía.

    Es, precisamente, estos atributos del control objetivo y abstracto de constitucionalidad los que ponen de manifiesto que el mismo no puede ser utilizado para la reparación de agravios a derechos fundamentales causados a una persona concreta, ya que tal finalidad debe ser atendida a través de los mecanismos de la Justicia de Garantías (Amparo, H.C. y Habeas Data). Es allí, en la Justicia de Garantías donde las partes pueden encontrar el remedio constitucional contra actos lesivos a sus derechos fundamentales, por lo que es un error que se pretenda utilizar el control objetivo y abstracto para esos propósitos.

    El control objetivo y abstracto de constitucionalidad no es una instancia ni tampoco puede sustituir o revisar la corrección o justeza del criterio con que un Tribunal ha aplicado o entendido la Ley en un caso concreto, pues, para ello existen los medios legales de impugnación ordinarios y en la esfera constitucional la acción de Amparo, de H.C. o de Habeas Data, según sea el caso.

    La acción directa de inconstitucionalidad es, entonces, un mecanismo de control constitucional esencialmente normativo y excepcionalmente subjetivo.

    El Doctor PEDRESCHI al referirse al paralelo que puede trazarse entre el A. y el control objetivo de constitucionalidad, destaca ciertos elementos de interés para la discusión:

    "Pero si bien tienen en común las características apuntadas, se diferencian, sobre todo en aquellos Estados en que no se le confunde con el control mismo, en el alcance de las acciones que se promueven, en los valores que de modo inmediato pretenden proteger y en las exigencias para el ejercicio de ambas instituciones. Así, el recurso de amparo tiene un radio de acción más limitado tanto por lo que hace a los artículos de la Constitución cuya protección puede pretender como por los actos contra los que procede.

    ...

    En cuanto al objeto inmediato, el recurso de amparo supone siempre una defensa de carácter personal, supone defenderse de una orden que de modo directo y personal le afecta. El control, por el contrario, no siempre ha de suponer una defensa contra actos que, de modo directo y personal, atenten contra quienes hacen uso de este recurso." (Ibíd., pp. 110-111)

    No faltara quien sostenga que el control objetivo y abstracto de constitucionalidad no puede limitarse sólo a actos normativos, sino que también puede permitir la reparación de agravios subjetivos fundado en que la expresión genérica "demás actos" es tan amplia que permite entenderla extendida a actos de aplicación particular de la Ley (vgr. Acto Administrativo que resuelve una disputa o sentencia que decide un conflicto entre dos particulares, etc.).

    En relación con esta eventual tesis, debo señalar que considero que la misma soslaya los distintos elementos diferenciadores entre el control objetivo de constitucionalidad y la jurisdicción de protección de Garantías Fundamentales.

    Aceptar las innegables diferencias entre uno y otro control de ninguna forma implica discriminar o desconocer las posibilidades que tienen los afectados para reclamar la protección de la Constitución en un caso determinado. Lo que acontece es que, cuando se trata de proteger Derechos Fundamentales específicos, que han resultado agraviados por una actuación de autoridad, el instrumento idóneo que tiene que ejercitarse es el que la propia Constitución ha diseñado que, según el caso, puede ser el A., el Habeas Corpus o el Habeas Data.

    Forzar el control objetivo de constitucionalidad para que conozca de pretensiones de contenido reparador subjetivo, es un proceder técnicamente erróneo, ya que rompe la relación de equilibrio y de funcionalidad que debe existir entre el Tribunal Constitucional y los Juzgados y Tribunales de la justicia ordinaria.

    Si la justicia común toma una determinación que afecta intereses subjetivos determinados, el agraviado cuenta con los medios legales para atacar tal decisión, luego de lo cual, sino consigue su propósito, puede ensayar reclamar la protección de la Justicia Constitucional de Garantía, por la vía del A., más no por la acción directa de inconstitucionalidad.

    La interpretación serena y fundada que debe tener la expresión "y demás actos" consagrada en el artículo 206 de la Constitución, no es que a través de ella pueden deslizarse pretensiones para la reparación de agravios subjetivos, sino que serán admisibles, excepcionalmente, aquellos actos que el propio Constituyente haya reconocido de manera expresa la posibilidad de ser examinados, en sede constitucional, por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. En seguimiento de lo expresado, considero que los "demás actos" que pueden ser objeto del control abstracto y objetivo de constitucionalidad, son, por ejemplo, entre otros los siguientes:

    · Las sentencias expedidas en materia electoral por el Tribunal Electoral que, no obstante ser definitivas, irrevocables y obligatorias, admiten expresamente el recurso de inconstitucionalidad como lo prevé el párrafo final del artículo 143 de la Constitución.

    · Los Acuerdos Municipales que según el artículo 242 de la Constitución, tienen fuerza de Ley dentro del respectivo Municipio.

    · Los reglamentos que expida la Autoridad del Canal de Panamá con arreglo a lo que dispone el artículo 323 de la Constitución.

    · Los actos de concesión o de naturaleza contractual que desconozcan preceptos constitucionales imperativos, como es el caso de los bienes que no pueden ser objeto de apropiación privadas (art.258 C.N.) o el manejo privativo que la Constitución le asigna a la Autoridad del Canal de Panamá respecto de la Administración, funcionamiento, conservación, mantenimiento y modernización de la vía interoceánica y sus actividades conexas (art.316 C.N.).

    · Los Decretos de Indulto por delitos políticos, o la rebaja de penas o concesión de libertad condicional a reos de delitos comunes, si se expiden en violación de la Constitución.

    · Las sentencias que expida la Asamblea Nacional en ejercicio de sus atribuciones judiciales cuando deciden el juzgamiento del Presidente de la República o los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con infracción de la Constitución.

    Es cierto que en algunos de los ejemplos citados, existen actos que tienen un contenido subjetivo o particular, pero los que los hace susceptibles del control constitucional abstracto es que en su aplicación pueden haberse desconocido preceptos de rango constitucional relativos a la composición misma de los órganos del Estado o del ejercicio de sus competencias en desafío del texto de la Constitución.

    Por ejemplo, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 13 de septiembre de 1990, conoció y decidió la demanda de inconstitucionalidad que se entabló contra las resoluciones que expidió la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa en el año 1988 mediante las cuales, destituyó de sus cargos al P. y V. de la República, cargos que a la sazón ocupaban los señores E.A.D. y RODERICK ESQUIVEL.

    El Pleno de la Corte despacho favorablemente la demanda de inconstitucionalidad y luego de estudiada la controversia señaló lo siguiente:

    "Después de examinada toda la actuación constitucional de la Asamblea Legislativa, a través de las resoluciones No.1-D de 25 de febrero de 1988 y No.1 de 26 de febrero de 1988, no cabe ninguna duda, de que la resolución No.14 de 26 de febrero del Consejo de Gabinete, que designó al señor M.S.P., Ministro Encargado de la Presidencia, es inconstitucional.

    (....) Pero es el caso que las resoluciones impugnadas son total y absolutamente inconstitucionales y que no dejan ninguna duda de ninguna naturaleza de que, tanto la actuación de la Asamblea Legislativa como la del Consejo de Gabinete, fueron de completo desconocimiento de normas elementales de la Constitución Política de la Nación, dándose en la práctica un verdadero golpe de Estado técnico que impidió el funcionamiento de uno de los órganos del Estado en forma legal". (El destacado es propio)

    En el caso que se cita, me parece claro que era factible ejercer control objetivo de constitucionalidad aun cuando el acto se refiriera a la destitución de dos personas concretas, ya que lo que se estaba protegiendo no era la situación particular de los afectados sino la guarda de integridad de la Constitución, que había quedado mancillada al destituir a los máximos representantes del Órgano Ejecutivo sin las formalidades y exigencias de juicio, o quórum consagradas en la propia Constitución.

    En definitiva, la frase "y demás actos" que aparece en el artículo 206 de la Constitución Nacional debe merecer una interpretación consecuente con la naturaleza del Sistema de Control Objetivo de Constitucionalidad que, como se ha indicado, no busca la reparación de agravios subjetivos, sino la defensa jerárquica de los preceptos superiores consagrados en la Constitución. Los únicos "actos" distintos a los normativos que, en mi opinión, pueden ser sometidos a control objetivo de constitucionalidad son aquellos que el Constituyente ha señalado expresamente o aquellos cuya posibilidad es lícito admitir por la naturaleza grave de la infracción institucional causada.

  6. Por el contenido y los efectos de la sentencia que los decide.

    En este aspecto también se aprecian diferencias sustanciales entre el control objetivo de constitucionalidad y la Justicia de Garantías Fundamentales:

    En el sistema de control abstracto de constitucionalidad, la sentencia que profiere el Pleno de la Corte tiene carácter constitutivo y sus efectos se proyectan hacia el futuro (ex nunc) como lo establece claramente el artículo 2573 del Código Judicial que a la letra preceptúa:

    "Artículo 2573. Las decisiones de la Corte proferidas en materia de inconstitucionalidad son finales, definitivas, obligatorias y no tienen efecto retroactivo".

    Es conveniente anotar que la frase "y no tienen efecto retroactivo" fue considerada conforme a la Constitución mediante sentencia de 4 de junio de 1991 del Pleno de la Corte Suprema.

    Las sentencias constitutivas son aquellas que a partir de su ejecutoria crean, modifican o extinguen una relación jurídica y por ello sus efectos se producen hacia el futuro para respetar las situaciones que se hayan consumado en el pasado y no introducir inestabilidad o incertidumbres.

    El profesor J.F.P. en su obra "DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL CIVIL" (Editorial Plaza & Janés, Bogotá, Colombia, agosto 2004, páginas 1164 y 1165) plantea las siguientes observaciones acerca de las sentencias constitutivas:

    "Sentencias Constitutivas.

    Entiéndase por sentencia constitutiva la resolución mediante la cual se constituye, modifica o extingue un estado jurídico, una relación jurídica o una situación jurídica. T., en calidad ejemplo, la sentencia que decreta el divorcio. Hasta tanto se ejecutoríe la sentencia, los cónyuges se encuentran casados. Al ejecutoriarse la sentencia es cuando viene a producirse la disolución del vínculo matrimonial, hasta entonces existente entre los cónyuges. (El reconocimiento de la sentencia constitutiva no surge en el derecho -como ocurre con la sentencia declarativa- de una norma procesal, sino material). Dispone lo que va a ser; lo que ocurrirá, lo que será. Son transformadoras de situaciones o relaciones. Los efectos de estas sentencias se proyectan hacia el futuro o diferencia de las declarativas que producen efectos retrospectivamente. Estas sentencias se requieren en casos en que basta la voluntad unilateral. La sentencia constitutiva se da en aquellos casos en que sólo se puede efectuar el cambio con la intervención adicional del juez. Es un acto complejo. La sentencia constitutiva produce un estado jurídico que las partes solas, sin intervención del juez, no podían realizar. El estado nuevo, la situación nueva, viene a surgir con la sentencia. Naturalmente, la sentencia constitutiva requiere -tal como ocurre con la sentencia de condena- una declaración previa sobre el derecho. Frecuentemente requiere también que se realice determinados actos administrativos a efectos de que se cumplan fuera del proceso.

    (....)

    Otra característica de la sentencia constitutiva es que, a distinción de la sentencia de condena y declarativa que producen sólo efectos Inter. partes, viene a surtir efectos erga omnes".

    En cambio la sentencia que se dicta en la jurisdicción Constitucional de Garantías Fundamentales es de carácter declarativa y produce efectos retrospectivos ya que si considera fundada la pretensión tiene que reponer las cosas al status quo anterior a la expedición de la orden que ha lesionado derechos subjetivos.

    La sentencia que decide, por ejemplo, un A. o un H.C., es declarativa porque en caso favorable, lo que hace es reconocer que, en efecto, se ha producido una violación del Derecho Fundamental de una persona concreta, y, por ello, restituye o reestablece el goce pleno del derecho que ha sido lesionado por una orden impartida o ejecutada por un servidor público.

    El profesor FABREGA en la obra antes citada (ibídem, páginas 1155, 1156 y 1157) hace algunos señalamientos ilustrativos sobre las llamadas sentencias declarativas o de certeza:

    "Entiéndase por sentencia declarativa, de simple o de pura declaración de certeza (también de mera declaración o acertamiento), como su nombre lo indica, aquella que tiene por objeto la mera declaración de una relación, el alcance, efectos o interpretación de una situación jurídica, su inexistencia, de un derecho o incluso de un hecho de trascendencia para el derecho.

    (....)

    La sentencia declarativa cumple o satisface una necesidad jurídico-social: la de dar certidumbre y seguridad a las relaciones jurídicas, lo que es indispensable para la paz social. La certeza aparece así como un bien que el ordenamiento jurídico ha de tutelar. La sentencia viene a disipar la incertidumbre.

    (....)

    Las sentencias declarativas producen efectos hacia el pasado. El juez declara un derecho o la inexistencia de uno preexistente al pronunciar la sentencia". (El destacado es propio)

    De igual manera, cabe resaltar las diferencias que existen entre las sentencias que se profieren en el control abstracto de constitucionalidad frente a las que dicta la Justicia Constitucional de Garantías Fundamentales:

    En el control abstracto, la sentencia tiene efectos ultra-partes, es decir, que su alcance es erga omnes, pues, es oponible a la generalidad; en tanto que, en la Justicia Constitucional de Garantías Fundamentales, la sentencia proyecta sus efectos inter.-partes, esto es, dentro de un específico circuito de intereses y derechos como lo son los del agraviado directo, los de los terceros con interés legítimo y los de la autoridad que ha dictado la orden cuestionada.

    Por último, en lo que atañe al contenido de la sentencia en uno y otro sistema, es preciso tener en cuenta que en el control abstracto de constitucionalidad el norte de la decisión es de carácter nomofiláctico, pues, persigue proteger el orden normativo superior para preservar la guarda de la integridad de la Constitución; en tanto que, en la Justicia de Garantías Fundamentales, la sentencia es de carácter homofiláctica ya que busca proteger a las personas cuyos Derechos Fundamentales han sido desconocidos o amenazados por una orden adoptada o ejecutada por un servidor público.

    Ahora bien, es importante señalar que el carácter abstracto del control objetivo de constitucionalidad no significa que al examinar un determinado precepto legal el Pleno de la Corte tiene que hacerlo prescindiendo de la perspectiva de los Derechos Fundamentales y la dignidad de la persona humana. Ello es que, al enjuiciar la constitucionalidad de una norma legal o reglamentaria el Pleno tiene que tomar en cuenta dentro de su parámetro de apreciación objetivo, si el contenido de la norma censurada afecta o incide desfavorablemente sobre los Derechos Fundamentales y la dignidad de la persona, entendida ésta en sentido abstracto y general.

    Es necesario a estos efectos tener presente el contenido del párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución, incorporado por virtud de las Reformas Constitucionales del año 2004 y que textualmente señala:

    "Artículo 17. (....)

    Los derechos y garantías que consagra ésta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los Derechos Fundamentales y la dignidad de la persona".

    Las anotaciones que preceden, ponen de manifiesto, las notorias diferencias que existen entre el control abstracto de constitucionalidad y la Justicia de Garantías Fundamentales, por lo que se impone una reevaluación de los criterios que han prevalecido a la fecha y que ha llevado, erróneamente, a considerar que el control abstracto puede permitir la impugnación constitucional de actos lesivos a derechos subjetivos.

    La expresión "y demás actos" prevista en el artículo 206 de la Constitución no puede ser interpretada como si significara "cualquier acto", pues ello llevaría a interpretaciones extensivas que terminarían por asimilar, contra natura, la acción directa de constitucionalidad con el A. o el Habeas Corpus, por ejemplo.

    Como he señalado líneas atrás, la expresión "y demás actos" es residual y no admite interpretaciones tan generosas que desnaturalicen la esencia del sistema de control abstracto u objetivo de constitucionalidad. Los "demás actos" que pueden ser objeto de control abstracto serán aquellos expresamente admitidos por el Constituyente (vgr. las sentencias electorales proferidas por el Tribunal Electoral de acuerdo al artículo 143 de la Constitución) o los que por la naturaleza de la infracción revistan trascendencia constitucional objetiva.

    Aun cuando la jurisprudencia del Pleno de la Corte no ha sido en esta materia uniforme es preciso señalar que sí ha rechazado demandas de inconstitucionalidad que pretenden colocar a ese Tribunal Constitucional en la posición de una instancia revisora de los criterios del Tribunal de Instancia, con fines claramente reparatorios.

    Así, por ejemplo, mediante Auto de 6 de agosto de 2004, el Pleno se negó a admitir una demanda de inconstitucionalidad contra el Auto de 11 de junio de 2003 y la Sentencia de 7 de noviembre de 2003, expedidos por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial. El primero de ellos era un auto de mejor proveer, dictado dentro de un proceso declarativo de nulidad de mayor cuantía promovido por Proyectos, Construcciones y Ventas, S.A. contra Fundación Fénix de Panamá, y el segundo fue la sentencia que resolvió la apelación contra dicho auto.

    En aquella oportunidad, el Pleno fundamentó así su negativa:

    "En segundo lugar, se extrae de la formulación de su pretensión que la actora aspira a que el Pleno revise las potestades en materia de aportación oficiosa de pruebas ejercida por el Tribunal de apelación (atribución instituida por el artículo 793 del C.J., porque en su opinión ha sido desplegada vulnerando el equilibrio procesal entre las partes y la imparcialidad del juzgador, lo que ha incidido en una decisión en desfavor de los derechos de la Fundación Fénix de Panamá.

    Al respecto, cabe recordar que el Tribunal Constitucional no es una instancia adicional en que le demandante pueda debatir aspectos de aplicación o interpretación de la Ley que son de atribución de las instancias ante las que se ventilan los procesos judiciales correspondientes que concluyen, normalmente, con una decisión que puede ser o no beneficiosa a una u otra parte de la contienda procesal.

    En el caso específico de la prueba oficiosa aportada por [el] Ad-quem ello tiene pleno fundamento en la Ley, sin que su ejercicio dentro de los limites y prescripciones de la norma habilitante degenere en parcialidad o trato procesal discriminatorio como equivocadamente afirma quien demanda.

    Considera el Pleno que la demanda ensayada no tiene ribetes de un asunto de rango constitucional sino de aplicación de la Ley procesal y las potestades de documentación que tienen los Jueces y Magistrados dentro de la excelsa función jurisdiccional, en aras de resolver las contiendas o litigios entre los asociados de conformidad con la verdad material, sin suplantar el principio de carga probatoria dentro del proceso (Art. 784 del C. Judicial) ni propiciar la disparidad o desigualdad entre las partes.

    Por tanto , la demanda en cuestión no debe ser admitida." (Subraya la Corte.)

    En conclusión, me parece claro la necesidad de que se enmiende la tesis histórica errónea que ha prevalecido hasta la fecha, en el sentido de que el control abstracto de constitucionalidad puede servir para la reparación de agravios particulares, ya que la naturaleza de ese control no es compatible con tal finalidad, y el mecanismo idóneo para atender en perspectiva constitucional las lesiones subjetivas a los Derechos Fundamentales tiene que reconducirse mediante las instituciones que conforman la Justicia de Garantías (Amparo, H.C. y Habeas Data).

    La demanda de inconstitucionalidad propuesta en este caso particular era y es inadmisible porque no configura un acto normativo de alcance general y el medio procesal ensayado no es idóneo para la finalidad perseguida por su proponente.

    De esta forma dejo planteada mi opinión sobre el caso en estudio.

    Fecha ut supra.

    ADAN ARNULFO ARJONA L.

    CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)

    VOTO RAZONADO DEL MAGISTRADO

    JERÓNIMO MEJÍA E.

    A pesar de estar de acuerdo con la Parte Resolutiva de la resolución adoptada por el Pleno de esta Corporación de Justicia, mediante la cual NO ADMITE la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Licenciado GERMAN PEÑA, considero pertinente realizar las siguientes precisiones respecto a una parte muy específica de la parte motiva.

    Tal como se observó en el momento en que fuera presentado el proyecto en lectura, la resolución establece que:

    "Por otro lado, esta Superioridad ha reiterado en innumerables pronunciamientos que en la sección correspondiente a las disposiciones constitucionales que se consideren infringidas debe indicarse el respectivo concepto de infracción, situación que ha sido omitida en el presente caso...

    Dicho requerimiento procesal de la indicación del concepto de infracción de las disposiciones constitucionales que se estiman lesionadas, se encuentra contenido en el numeral 2 del artículo 2560 del Código Judicial, como presupuesto básico para proceder a la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad presentada"(El subrayado es nuestro).

    Respetuosamente, no estoy de acuerdo con que se afirme que la falta de un concepto de infracción es de tal magnitud que impide la admisión de la demanda de inconstitucionalidad, máxime cuando el cargo de injuridicidad se advierte en la explicación que brinda el Licenciado GERMAN PEÑA en el libelo de la acción impetrada.

    Tal como he manifestado en anteriores ocasiones, el artículo 472 del Código Judicial establece que cuando la ley establezca formas o requisitos determinados para los actos del proceso, sin que establezca que la omisión o desconocimiento de dichas formas o requisitos hacen el acto nulo o ineficaz, se le reconocerá valor o eficacia siempre que la forma adoptada logre la finalidad perseguida por la Ley.

    Así las cosas, comparto la parte resolutiva de la decisión jurisdiccional prohijada por el resto de los Honorables Magistrados que componen el Pleno, mas soy del criterio que no debió plasmarse en la parte motiva que la falta del concepto de la infracción genera la inadmisibilidad de la acción de inconstitucionalidad.

    Con el debido respeto,

    JERÓNIMO MEJÍA

    CARLOS H. CUESTAS (Secretario General)