Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 13 de Octubre de 2004

Ponente:Rogelio A. Fábrega Zarak
Fecha de Resolución:13 de Octubre de 2004
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)
RESUMEN

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR LA FIRMA FORENSE ROSAS Y ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE ANTONIO HERMIDA ESTEVEZ CONTRA LA SENTENCIA NO.717 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2001, EXPEDIDA POR EL JUZGADO SEGUNDO SECCIONAL DE FAMILIA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

 

VISTOS:

Ante el Pleno de esta Corporación Judicial ha interpuesto la firma forense ROSAS Y ROSAS, actuando en nombre y representación del señor A.H.E., demanda de inconstitucionalidad contra la Sentencia No.717 del 31 de diciembre de 2001 dictada por el Juzgado Segundo Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, por considerarse violatoria de lo establecido en los artículos 17,18, 32, 43 y 44 de la Constitución Política de la República de Panamá.

ACTO CUYA INCONSTITUCIONALIDAD SE SOLICITA

La presente acción de inconstitucionalidad se presenta contra la Sentencia No.717 de 31 de diciembre de 2001, proferida por el Juzgado Segundo Seccional de Familia, mediante la cual se decreta la disolución del régimen económico matrimonial de los esposos J.E.R. cedulada E-8-56363 y A.H., cedulado Nº15-132 y el cual se determinó es el de sociedad de gananciales.(fs.17-23).

La sentencia anterior fue objeto de apelación, siendo confirmada por el Tribunal Superior de Familia a través de la resolución de16 de julio de 2002.(fs.25-30)

Contra la resolución de segunda instancia, los apoderados judiciales del señor A.H., anunciaron recurso de casación, cuya concesión fue denegada por el Tribunal Superior de Familia mediante resolución fechada 19 de agosto de 2002. Se interpuso recurso de hecho ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, quien lo denegó a través de la resolución de 30 de octubre de 2002.(fs.31) y (fs.32-35). Con ello se cumplió el principio de subsidiariedad.

CARGOS DE INCONSTITUCIONALIDAD

En su libelo de demanda, la firma forense sostiene que tanto el Juzgado de Primera Instancia como el Tribunal de Segunda Instancia consideraron que el matrimonio celebrado entre el señor A.H.E. y la señora J.E.R., le era aplicable el artículo 10 del Código de la Familia, y que, por no existir capitulaciones matrimoniales, dieron por existente la sociedad de gananciales y ordenaron la disolución del régimen económico matrimonial respectivo.

Considera que los tribunales mencionados no tomaron en consideración que el Código de la Familia no es aplicable al matrimonio celebrado, ya que el artículo 839 del mismo dispuso que ese Código entraría a regir el 3 de enero de 1995 y no se le asignó efecto retroactivo a sus normas.

Se manifiesta que, el señor A.H.E. es panameño y ostentaba la nacionalidad panameña a la fecha en que se celebró el matrimonio en referencia, tal como consta en el Certificado del Registro Civil de Panamá, que en fotocopia autenticada se acompañó a la demanda y que figuró en el proceso de disolución y liquidación del régimen patrimonial mencionado.

También se expresa que, el señor A.H. obtuvo su Carta de Naturaleza el 12 de junio de 1979, mientras que el matrimonio fue celebrado en España el 3 de enero de 1987 e inscrito en el Registro Civil de Panamá el 3 de agosto de 1987, por lo que el señor A.H. portaba a esa fecha la cédula de identidad personal panameña No.N-15-132 y que su matrimonio fue inscrito en el Libro de Matrimonios celebrados por panameños en el extranjero, mediante Acta PE-12-1453 del Registro Civil, que se encuentra inscrita en el Asiento 1543, y que como los cónyuges no celebraron capitulaciones matrimoniales, lo que se aplicaba a su matrimonio era el régimen de separación de bienes, tal como en ese momento establecía el artículo 1163 del Código Civil.

Afirma que les resulta muy curioso que un elemento y un hecho de medular importancia para la determinación del régimen jurídico aplicable en Panamá al matrimonio en referencia, como es el de la nacionalidad panameña de uno de los contrayentes, no hubiese sido ni siquiera mencionado en la Sentencia del Juzgado de Familia que decidió el proceso de liquidación del régimen patrimonial del citado matrimonio, por lo que solicita que esta Corte verifique esta información en la copia autenticada de la sentencia impugnada, que se acompaña al libelo de demanda.

Concluye que los hechos anteriores demuestran en forma diáfana que cuando se celebró el matrimonio y se inscribió en el Registro Civil panameño, el señor A.H. era nacional panameño y no existía en ese momento el Código de la Familia por lo que sus normas no eran y no le son aplicables a dicho matrimonio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Política. Considera que, en ese momento se aplicaba el artículo 90 del Código Civil que establecía que el matrimonio "celebrado en país extranjero en conformidad con las leyes del mismo país, o con las leyes panameñas, producirá en Panamá los mismos efectos civiles que si se hubiese celebrado en Panamá".

Se añade que esta última norma legal establecía que "si un panameño contrajere matrimonio en país extranjero, contraviniendo de algún modo las leyes de la República, la contravención producirá en Panamá los mismos efectos que si se hubiere cometido en el territorio". A su vez, el artículo 1163 del Código Civil, vigente al momento de la celebración del matrimonio y de su inscripción en el Registro Civil panameño, establecía: "Si no hubiere capitulaciones matrimoniales, cada conyugue queda dueño y dispone libremente de los bienes que tenía al contraer matrimonio, de los que adquiera durante él por cualquier título y de los frutos de unos y otros".

Igualmente expresa que, el hecho de que al matrimonio del señor A.H. no le era aplicable el Código de la Familia, lo confirma el artículo 835 del mismo, que en forma elocuente demuestra que las normas de éste no tenían ni tienen efectos retroactivos sobre matrimonios anteriores a su vigencia, especialmente en lo atinente al régimen económico. Esta norma es del tenor siguiente: "El régimen económico de los matrimonios, celebrados o de hecho, los negocios y los procesos que se hallen en trámite al entrar en vigencia este Código, se regirán por las leyes y disposiciones anteriores".

Finalmente explica que, si el Código de la Familia no le era aplicable al matrimonio del señor A.H., por haberse celebrado e inscrito éste antes de la fecha en que entró en vigencia ese Código, tampoco le es aplicable el artículo 10 de este Código que establece que: "El régimen patrimonial de los cónyuges se rige por la ley del lugar donde se haya celebrado el matrimonio, salvo que las partes, de común acuerdo, hayan celebrado capitulaciones matrimoniales o señalado un régimen económico distinto al legal". Y que no obstante lo anterior, para emitir las sentencias impugnadas en este proceso de inconstitucionalidad, los tribunales de instancia consideraron aplicable el Código de la Familia al matrimonio en referencia, con lo cual le asignaron efecto retroactivo a sus normas, sin que así estuviese autorizado por el propio Código y por la Constitución Política.(fs.2-7).

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES VIOLADAS

Y EL CONCEPTO EN QUE LO HAN SIDO

El demandante estima como primera disposición violada, el artículo 17 de la Constitución Nacional que se transcribe a continuación:

Artículo 17: Las autoridades de la República están

instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde

quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción;

asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y

cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley.

Al explicar el concepto de la infracción, el demandante señala que la violación de esta norma constitucional se ha producido en forma directa, por omisión, porque no fue aplicada, dado que los tribunales que emitieron la sentencia impugnada no cumplieron con las normas legales pertinentes, ya que el artículo 43 de la Constitución Política sólo autoriza aplicar en el efecto retroactivo las leyes de orden público y de interés social cuando en ellas así se disponga. En cambio, aplicó con efecto retroactivo el artículo 10 del Código de la Familia, que entró en vigencia ocho (8) años después de celebrado el matrimonio, esto es, el 3 de enero de 1995, a pesar de que el matrimonio se había celebrado el 3 de enero de 1987, con la circunstancia especial de que el artículo 839 de ese Código señaló como fecha de entrada en vigencia del mismo, el 3 de enero de 1995, sin asignarle efecto retroactivo a sus normas.

Igualmente, se estima vulnerado el artículo 18 de la Constitución Nacional, que dispone lo siguiente:

"Artículo 18: Los particulares sólo son responsables ante

las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley. Los servidores

públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de

funciones o por omisión en el ejercicio

de éstas".

Considera que esta norma constitucional fue violada en forma directa por omisión, ya que el Código de la Familia no era aplicable a la relación matrimonial de los señores A.H.E. (panameño) y J.E. de H., porque el matrimonio fue celebrado el 3 de enero de 1987, muchos años antes de la fecha en que entró en vigencia dicho Código, pues, conforme al artículo 839 del mismo, sus normas no tienen efecto retroactivo y sólo se aplican a partir del 3 de enero de 1995.

Acota que el tribunal violó la prohibición instituida por el artículo 18 de la Carta Política, según la cual debía respetar lo establecido en el artículo 839 del Código de Familia, que es posterior al artículo 10 del mismo (que aplicó el tribunal), que prohibió aplicar en efecto retroactivo las normas de dicho Código. Y fue precisamente ese efecto con que el tribunal aplicó el artículo 10 del Código en referencia, a un matrimonio celebrado ocho (8) años antes de la fecha en que el Código de Familia entró en vigencia.

Como tercera disposición constitucional infringida por el acto atacado, cita y explica el artículo 32 de la Constitución Nacional, el cual es del tenor siguiente:

Artículo

32: Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites

legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria.

En su opinión, esta norma constitucional fue violada en forma directa, por omisión, porque no fue aplicada al caso que nos ocupa, dado que para resolver el proceso instaurado por la señora J.E.R. en contra de su esposo, señor A.H., para que se declarase disuelta la supuesta sociedad de gananciales existente en el matrimonio, no se aplicaron los procedimientos y trámites instituidos a ese efecto por el artículo 1163 del Código Civil, que era la norma legal aplicable a dicho matrimonio, porque estaba vigente en el momento de su celebración y el de su inscripción en el Registro Civil panameño (3 de enero de 1987 y 3 de agosto de 1987, respectivamente).

Expresa que, según dicha norma legal, cuando no se hubiesen celebrado capitulaciones matrimoniales, cada cónyuge es dueño y dispone libremente de los bienes que tenía al momento de contraer el matrimonio y de los que adquiera después a cualquier título. En cambio, el tribunal aplicó el artículo 10 del Código de Familia, Código que no se aplicaba y no se aplica al referido matrimonio, porque el mismo entró en vigencia el 3 de enero de 1995, es decir, ocho (8) años después de la fecha en que se celebró e inscribió el matrimonio del señor H., quien era panameño al momento de celebrarse el matrimonio.

Manifiesta que, el artículo 839 del Código de la familia estableció, a texto expreso, que ese Código regiría a partir del 3 de enero de 1995, prohibiendo con ello el efecto retroactivo de sus normas. Sin embargo, el tribunal procedió a tramitar el proceso de disolución de la supuesta sociedad de gananciales, aplicando las normas procedimentales y las sustantivas del Código de la Familia, cuando dicho Código no era aplicable al matrimonio del señor H..

Afirma que el error incurrido por el Tribunal de instancia, al aplicar un Código que no regía dicha relación matrimonial, condujo a aplicar el procedimiento para liquidar una sociedad de gananciales inexistente desde el punto de vista legal y que dio por existente el Tribunal, aplicando los trámites establecidos en los artículos 183 y siguientes de dicho Código, trámites que no debieron aplicarse, porque tales normas no eran aplicables a dicho matrimonio.

Así mismo, considera que se ha violado el artículo 43 de la Constitución Nacional, el cual reza así:

Artículo

43: las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de

interés social cuando en ellas así se exprese. En materia criminal la ley

favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aún cuando hubiese

sentencia ejecutoriada.

Arguye que, esta norma constitucional fue también violada en forma directa, por omisión, porque tampoco fue aplicada al caso que nos ocupa, dado que se aplicaron con efecto retroactivo las normas del Código de la Familia relativas al régimen económico del matrimonio, respecto de un matrimonio celebrado (por un panameño) ocho años antes de la fecha en que entró en vigencia dicho Código. De esta manera, se desconoció el principio de la irretroactividad de la ley instituido por el artículo 43 de la Constitución Política.

Finalmente, considera que se ha violado el artículo 44 de la Constitución Política de la República que consagra:

Artículo

44: Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la ley por

personas jurídicas o naturales.

Sostiene el demandante que este artículo ha sido violado de forma directa, por omisión, porque no se ha respetado el derecho de propiedad del señor H., que le asiste sobre sus bienes y que dicha norma constitucional obliga a respetar, puesto que constituye un derecho fundamental. Considera que como consecuencia de las violaciones de las normas constitucionales y legales ya mencionadas, el Tribunal de Instancia, al obligar al señor H. a distribuir por partes iguales sus bienes con la que fue su esposa, ha desconocido y conculcado el derecho de propiedad del señor H., lo que se hizo desconociendo y no acatando lo establecido en el artículo 44 de la Constitución Política.

OPINION DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACION

Admitida la demanda por cumplir con las formalidades que establece la ley, se corrió traslado de la misma a la señora Procuradora de la Administración, por el término de diez (10) días contados a partir del recibo del expediente y dicha funcionaria emitió la Vista Número 519 de 18 de agosto de 2003, que corre de fojas 39 a 46, en la cual consideró que se debe declarar inconstitucional la Sentencia No.717 de 31 de diciembre de 2001, proferida por el Juzgado Segundo Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Al efecto, señala la señora Procuradora que, de las constancias aportadas por la parte actora, se acredita que el señor A.H.E., panameño naturalizado desde 1979 y J.E.R., mujer española, contrajeron nupcias el 3 de enero de 1987 en la localidad de Orense, España. Dicho matrimonio fue inscrito en el Registro Civil de nuestro país en el Tomo 12, Asiento 1543, del Libro de Matrimonios de Panameños en el Extranjero, como se hace constar en el Certificado de 3 de agosto de 1987, a foja 15 del cuadernillo.

Continúa manifestando que el artículo 43 de la Constitución Política claramente señala que las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social cuando en ellas así se exprese. Que en concordancia con el precepto constitucional citado, el artículo 835 del Código de la Familia establece que el régimen económico de los matrimonios, celebrados o de hecho, se regirán por las leyes y disposiciones anteriores. De igual forma, el artículo 839 indica que el Código de la Familia empezaría a regir desde el 3 de enero de 1995.

También expresa que, de conformidad con las reglas generales de hermenéutica jurídica, la determinación del régimen económico matrimonial de los esposos HERMIDA ESTEVEZ-ESTEVEZ RODRIGUEZ, debía hacerse por las normas del Código Civil, y como el matrimonio se realizó entre un panameño y una ciudadana española, en España, la norma aplicable al conflicto planteado ante la jurisdicción de familia lo era el artículo 90 del Código Civil. Es decir, que por disposición del artículo 1163 del Código Civil, el régimen económico aplicable al matrimonio de dichos cónyuges era el de la separación de bienes.

En consecuencia, a juicio de la Procuraduría de la Administración, la Sentencia No.717 del Juzgado Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, al considerar como norma aplicable para determinar el régimen económico del matrimonio entre J.E.R. y A.H.E., el artículo 10 del Código de Familia, decretar la disolución de tal régimen económico matrimonial y ordenar su liquidación, deviene en inconstitucional por violación de artículo 44 de la Constitución Política que garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la ley.

En ese mismo sentido explica que, el Régimen Económico Matrimonial es: "...el sistema o conjunto de normas que rigen las relaciones patrimoniales producto del matrimonio, o el estatuto que dirige los intereses pecuniarios de los esposos en sus relaciones recíprocas y en sus relaciones con terceros", y como toda limitación al ejercicio del derecho de propiedad, sólo puede ser establecido mediante una ley formal. Que en principio las leyes sólo rigen para el futuro, salvo que ellas mismas declaren que son de orden público o de interés social y tienen efectos retroactivos, y en el caso particular que nos ocupa, considera que el Código de la Familia claramente señala que el régimen económico de los matrimonios, celebrados o de hecho, se regirán por las leyes y disposiciones anteriores a la expedición del Estatuto Familiar, es decir, por el Código Civil, el cual preceptuaba que el matrimonio de panameño celebrado en país extranjero, produciría los mismos efectos jurídicos que si se hubiere celebrado en Panamá, y que, en vista de que en el matrimonio de J.E.R. y A.H.E., no se celebró capitulación matrimonial, el régimen económico aplicable era el de la separación de bienes.

Finalmente, considera que el acto de la autoridad jurisdiccional disminuye el patrimonio del señor A.H.E., sin que exista un válido fundamento legal que autorice dicha actuación y, por tanto, es contrario al contenido del artículo 44 de la Constitución Política, que garantiza la propiedad privada adquirida conforme a la ley.

FASE DE ALEGATOS

Devuelto el expediente se fijó en lista por el término de diez (10) días para el demandante y todas las partes interesadas, si a bien lo tienen, presentaran argumentos por escrito.

Una vez publicados los edictos que exige la ley para las demandas de inconstitucionalidad, se recibieron argumentos escritos de parte de la firma forense ARELLANO & ASOCIADOS, actuando en representación de la señora J.E.R., (fs.53 a 60) y de la firma forense BOUTIN LAW FIRM, actuando en su propio nombre y representación, (fs.62 a 75), y en los que ambos se oponen a la declaración de inconstitucionalidad solicitada y concluyen en que se debe desestimar la misma por no ser violatoria de la Constitución Nacional.

ESCRITO DE OPOSICION PRESENTADA POR LA

FIRMA FORENSE ARELLANO Y ASOCIADOS

Manifiesta la firma ARELLANO y ASOCIADOS, entre otras cosas que, la sentencia demandada de inconstitucional considera que es aplicable al matrimonio celebrado por las personas que son parte de dicho proceso el Código de la Familia y que, por ello, como no existieron capitulaciones matrimoniales que regulen los aspectos patrimoniales de esta relación, debe aplicarse el de la sociedad de gananciales, criterio que fue igualmente seguido por la Fiscal Primera Especializada en Asuntos de Familia y el Menor.

También expresa que este Tribunal no debe confundirse con las alegaciones del demandante en cuanto a la figura de la retroactividad y aplicación del artículo 10 del Código de la Familia y el Menor, ya que si bien es cierto que a falta de capitulaciones matrimoniales, el Juzgado Segundo Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, estableció que a las partes dentro del referido proceso de Disolución y Liquidación del Régimen Económico les es aplicable el régimen de la Sociedad de Gananciales, no es cierto lo afirmado en cuanto a que para arribar a dicha decisión el Tribunal se fundamentó en el régimen económico establecido en el Código de la Familia, no vigente al momento de la celebración del matrimonio, y que por tanto se aplicó con efectos retroactivos. El fundamento legal de la sentencia demandada de inconstitucional, específicamente el artículo 10 del Código de la Familia, establece que por no existir capitulaciones matrimoniales el régimen patrimonial es el de la sociedad de gananciales, por ser éste el régimen vigente en la legislación española al momento de celebrarse el matrimonio entre las partes.

En este mismo sentido sostiene que, si como afirma el demandante, la sentencia demandada de inconstitucional hubiese aplicado el régimen económico establecido en el Código de la Familia, para cuando las partes no hayan convenido en capitulaciones matrimoniales, como pretende hacer valer el demandante, la norma jurídica aplicable sería el artículo 82 del Código de la Familia que establece que a falta de capitulaciones matrimoniales o cuando éstas sean ineficaces, el régimen será el de participación en las ganancias. Obviamente, no fue el régimen económico establecido en el Código de la Familia el fundamento de la decisión en la sentencia, ya que en dicho caso habría aplicado el régimen de participación de las ganancias (art.102 a 126), que en nuestro ordenamiento jurídico vigentes es distinto del régimen de la sociedad de gananciales (art.133 a 150).

También expresa la firma ARELLANO y ASOCIADOS que, en el proceso de Disolución y Liquidación del Régimen Económico al cual accede la sentencia cuya inconstitucionalidad se demanda, quedó debidamente probado que los señores M.H.E. y J.E.R. contrajeron matrimonio en la ciudad de Orense, España, el 3 de enero de 1987 (fs.104 del expediente principal) y que los señores HERMIDA Y ESTEVEZ son ciudadanos nacidos en España (si bien el sr. Hermida se naturalizó panameño, dicho acto no produce la pérdida de su nacionalidad española, por lo que al contraer matrimonio en España, lo hizo como ciudadano natural de España).

Agrega que es de resaltar, como bien lo expresa la resolución de 16 de julio de 2002 expedida por el Tribunal Superior de Familia, mediante la cual se confirma la sentencia demandada de inconstitucional, que haciendo la investigación pertinente, se observa a fojas 20 del dossier un documento denominado "Testimonio de vigencia de leyes" aportado por la actora y en el cual según las leyes españolas se aplica el régimen de sociedad de gananciales vigente al momento de realizarse el matrimonio en el año 1987; por lo que tratandose de matrimonio celebrado en el extranjero y no existir capitulaciones matrimoniales el régimen patrimonial es el de la sociedad de gananciales, a pesar del cambio de nacionalidad, ya que observamos a fojas 21 de dicho documento que se establece en el Código Civil Español, artículo 9, que el cambio de nacionalidad no alterará el régimen económico matrimonial...".

Finalmente, añaden que la demandante pretende confundir al señalar que la norma jurídica aplicable para establecer el régimen económico entre los señores HERMIDA y ESTEVEZ lo era el artículo 1163 del Código Civil, que se refiere al régimen de separación de bienes a falta de capitulaciones matrimoniales; sin considerar que este matrimonio se celebró en el extranjero, siendo que dicha excerta legal únicamente tiene aplicación a matrimonios celebrados dentro del territorio de la República de Panamá, lo cual quedó demostrado no ocurrió en el presente caso.

ESCRITO DE OPOSICION DE LA FIRMA

FORENSE BOUTIN LAW FIRM

Por su parte, la firma forense BOUTIN LAW FIRM, en las consideraciones finales de su escrito de oposición a la demanda de inconstitucionalidad, visibles de fojas 62 a 75, manifiesta lo pertinente citar:

El fundamento de la aplicación del régimen de gananciales no responde a la inexacta interpretación hecha por la Procuradora de la Administración, pues la sentencia se basa en dos aspectos fundamentales; a saber: en primer lugar, en la regla de conflicto imperante al momento y tiempo de la celebración del matrimonio, pues estamos en presencia de lo que se denomina conflicto de leyes en el tiempo y no en presencia de los conocidos en el derecho interno como derecho transitorio. En segundo lugar, en que estamos en presencia de lo que se conoce como una relación jurídica de naturaleza u origen internacional en donde el factor de conexión inicial se ve modificado voluntariamente, y engendrando así la aplicación de dos leyes en el tiempo de manera sucesiva sobre la misma relación jurídica.

Así

la forma y solemnidades de un matrimonio celebrado en Paris se rige por la ley

de su celebración, posteriormente, las partes fijan su domicilio en la ciudad

de Panamá, la ley territorial panameña reconoce los derechos adquiridos al

tiempo de la concertación del matrimonio y el régimen fundado entre las partes vigentes,

más los efectos de la relación hacia el futuro como las obligaciones recíprocas

de los cónyuges, el régimen de separación de cuerpos, el divorcio se someten a

la nueva ley, pero la ley panameña no puede regular retroactivamente las

causales de nulidad de la celebración de dicho matrimonio en el extranjero ni

el régimen económico, pues ella no imperaba en aquel entonces ni era la ley

natural del régimen matrimonial celebrado en Orense.

El recurso de inconstitucionalidad es vicioso, puesto que existe todo un régimen constitucional del derecho de familia cónsono con el nuevo jus cogens internacional relativo a la protección de la familia, siendo los artículos invocados por la requirente carentes de toda aplicabilidad dentro del contexto que se debate. (fs.74-75).

DECISION DE LA CORTE

Una vez expuestos los argumentos del demandante, el concepto vertido por la Procuradora de la Administración y los respectivos escritos de oposición, entra el Pleno a considerar la pretensión de inconstitucionalidad, que se formula en la demanda.

En sustancia, existen dos normas cuya constitucionalidad se cuestiona, el artículo 32 (derecho fundamental al debido proceso) y el artículo 44 (derecho fundamental a la propiedad debidamente adquirida), paralelamente se cuestiona la inconstitucionalidad del artículo 17 (norma programática o directiva, que es susceptible de ser violada, con otra disposición que consagre derechos fundamentales, que es el caso) y el artículo 18, que también, según constante jurisprudencia de este Pleno, es programática o directiva).

Analicemos las normas cuestionadas a la luz de las circunstancias del caso (principio de concreción), en sede de interpretación constitucional.

La garantía del debido proceso que incorpora la Constitución Política en su artículo 32, tiene una consolidada existencia en nuestro Estado de Derecho, como institución fundamental garantizadora de los derechos fundamentales, en todas nuestras Cartas Constitucionales, y consiste, como ha puntualizado el M.A.H., en "una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por el contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos" (ARTURO, H., "El Debido Proceso", Editorial Temis, S.A.. Santa Fé de Bogotá-Colombia, 1996, pág.54).

J.F. destaca, en sus "Instituciones de Derecho Procesal Civil" que la jurisprudencia ha llenado de contenido la garantía del debido proceso, integrado por los derechos que se indican a continuación:

  1. - Derecho a la jurisdicción, que consiste en el derecho a la tutela constitucional.

  2. - Derecho al juez natural.

  3. - Derecho a ser oído.

  4. - Tribunal competente, predeterminado en la ley, independiente e imparcial.

  5. - Derecho a aportar pruebas lícitas, relacionadas con el objeto del proceso, y de contradecir las aportadas por la otra parte o por el juez.

  6. - Facultad de hacer uso de los medios de impugnación previstos en la ley contra resoluciones judiciales motivadas.

  7. - Respeto a la cosa juzgada.

    Sin embargo, estima el Pleno que, en adición a los derechos que integran el derecho al debido proceso, que tiene un contenido de derechos múltiples (como se ha visto), se encuentra el que se respeten los trámites que resulten esenciales, y se provea a la ejecución, por los tribunales, de las decisiones que éstos emitan.

    Desde la vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva (la que, con arreglo a la doctrina de este Pleno forma parte de la garantía constitucional del debido proceso), la doctrina española le ha dedicado una importancia decisiva, como derecho fundamental. "El derecho a la tutela judicial efectiva puede ser definido como el derecho fundamental que asiste a toda persona para obtener, como resultado de un proceso sustanciado con todas las garantías previstas en el ordenamiento jurídico, la protección jurisdiccional de sus derechos e intereses legítimos. Se caracteriza por cumplir una función de defensa, en base a la heterocomposición del conflicto a través del poder del Estado, y por su marcado carácter procesal, ya que surge con la incoacción, desarrollo y ulterior resolución de un proceso" manifiesta J.S.E. (vide autor citado, en "La Tutela Jurisdiccional de los intereses colectivos a través de la legitimación de los grupos", Editorial Dykinson, Madrid, 1995, págs. 85-86) (Las cursivas son del autor citado).

    El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho de prestación, no de libertad y, por lo tanto, de configuración legal, por lo que sólo puede ser ejercido por los cauces y en las oportunidades procesales previstas por el ordenamiento que las regula, sin que, en ningún caso se pueda desconocer su contenido esencial, ya indicado en el párrafo que sigue (véase J.P.I.J., "Las garantías constitucionales del proceso", E.J.M.B., Barcelona, pág.42).

    Desde la vertiente del derecho de defensa, este Pleno, en sentencia de 13 de septiembre de 1996 ha dicho:

    "...

    Es así como el proceso está constituido por una serie de elementos dirigidos a asegurar la efectiva o adecuada defensa de las partes en el mismo. A estos elementos procesales se refiere el D.A.H. en su interesante obra sobre el debido proceso, al indicar que "si se viola alguno de dichos elementos de tal manera que se afecte la posibilidad de las personas de defender efectivamente sus derechos (ya sea por violación del derecho a ser oido; por falta de la debida notificación, ausencia de bilateralidad, o contradicción del derecho a aportar pruebas; de la posibilidad de hacer uso de medio de impugnación contra resoluciones judiciales; falta total de motivación de éstas; tramitación de procesos no regulados mediante ley; pretermisión de una instancia; seguirse un trámite distinto previsto en la ley -proceso monitorio en vez de uno ordinario; ejecución de sentencia en vez de proceso ejecutivo; notificación por edicto cuando debe ser personal; sentencia arbitraria que, por ejemplo, desconoce la cosa juzgada material-) ante tribunal competente, la sanción correspondiente será la nulidad constitucional" (HOYOS, A., "El debido proceso", Editorial Temis, S.A., Santa Fe de Bogotá, 1995; págs.89-90).

    Es importante agregar, que en numerosos precedentes, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la violación del debido proceso únicamente ocurre cuando se desconocen o pretermitan trámites esenciales del proceso que, efectivamente, conlleven a la indefensión de los derechos de cualquiera de las partes".

    (Sentencia de 13 de septiembre de 1996. Ponente: M.A.F. de A., fs.10-11).

    El contenido esencial del debido proceso, por lo tanto, se integra con los derechos de ser juzgado por tribunal competente independiente e imparcial preestablecido en la ley, permitir la bilateralidad y contradicción, aportar pruebas en su descargo, obtener una sentencia de fondo que satisfaga las pretensiones u oposiciones, la utilización de los medios de impugnación legalmente establecidos, y que se ejecute la decisión jurisdiccional proferida cuando ésta se encuentre ejecutoriada, y también que los derechos reclamados puedan, en el momento de dictarse la sentencia, ser efectivos. Forma también parte del núcleo de la garantía que ocupa al Pleno el derecho a que el tribunal, para proferir su decisión, satisfaga los trámites procedimentales que sean esenciales, es decir, en adición a aquellos que ya han sido destacados, los que, en general, de restringirse de manera arbitraria o de negarse, producen en el afectado una situación de indefensión, por lesionar los principios de contradicción y bilateralidad procesales.

    Es evidente que, en el caso controvertido, al señalarse como aplicable la norma de vigencia en el tiempo, como efecto de la disposición transitoria contenida en el artículo 825 del Código de la Familia, se introduce una norma que tiene su efecto inmediato en la jurisdicción civil o de familia, aspectos éstos que, como queda evidenciado, forman parte del debido proceso.

    En nuestro ordenamiento privado hemos puesto toda una serie de mecanismos de protección para el patrimonio de los herederos, en particular los hijos. El Código Civil inauguró el sistema que habría de regirnos hasta el advenimiento del Código de la Familia, al dar preferencia a las capitulaciones matrimoniales y, en ausencia de ellas, el principio de la separación de bienes. Al no acreditarse la existencia de capitulaciones matrimoniales (como reconoció la sentencia recurrida), rige, pues, el principio de la libertad de testar, o como dice la legislación civil "cada cónyuge queda dueño y dispone libremente de los bienes que tenía al contraer matrimonio y los que adquiera por él a cualquier título" (art.1163 del Código Civil). El Código de la Familia vino a alterar, no dramáticamente el régimen económico matrimonial, al preferir, en primer término, las capitulaciones matrimoniales y, de no existir, el régimen de participación en las ganancias (Artículo 82 del Código de la Familia), en cuya virtud "cada uno de los cónyuges adquiere derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte". Como se advierte, en el sistema del Código Civil, que es el vigente en la presente encuesta, reina la libertad en esta materia, en tanto que en el de la participación en las ganancias, existe una especie de régimen de comunidad distinto a la sociedad de gananciales con respecto a los bienes que han sido aportados por los cónyuges durante el matrimonio.

    En otros sistemas, que han influido grandemente en el Código Civil nuestro, el principio general es el de las capitulaciones matrimoniales y, en su defecto, el de sociedad de gananciales (art.1316, Código Civil Español), pero el sistema está sujeto a las limitaciones que imponga la ley (española).

    Las limitaciones que impone la ley española son las denominadas "legítimas", y, en su defecto, las denominadas "mejoras" (a no confundir con las adiciones en fincas en Derecho Real) en el cual, contrariamente a lo que existe en nuestro sistema, en el sistema español existe indisponibilidad parcial del patrimonio del de cuius, las dos terceras partes de su patrimonio (arts.806 y 808 del Código Español), pero el sistema está sujeto a las limitaciones que imponga la ley (española).

    Es de destacar que el sistema al cual se aplican los matrimonios ocurridos en el extranjero (España), es el más enérgico de los tres, a saber, sociedad de gananciales, en lugar del de libertad (Código Civil) o participación en las utilidades (Código de la Familia), sistema éste que claramente vulnera nuestro orden público internacional, que debe respetar conforme lo estípula muy claramente el artículo 7º del Código de la Familia, contrariándose con ello el orden público nacional al pretender aplicarse una normativa que impone un régimen económico matrimonial, contrario al nuestro, orden público que constituye "la excepción o autotutela que tiene todo sistema judicial para rechazar la aplicación en el derecho judicial del foro violentaría principios fundamentales de su sistema que impiden, pues, su aplicación en dicho ordenamiento jurídico del foro" (Dr. G.B., "Derecho Internacional Privado", pág.386, Panamá, 2002). Dicho criterio viene reforzado por el segundo párrafo del artículo 9º del reiteradamente citado del Código de la Familia, es decir, la legislación panameña en materia de familia.

    En base a las consideraciones que anteceden, la sentencia que se pretende inconstitucional no podía, como lo hizo, optar por un régimen económico que no se le aplicaba a los bienes de la pareja divorciada, de sociedad de gananciales, a menos que ese expresamente se hubiese pactado.El núcleo de la polémica constitucional hace referencia a una norma de derecho internacional privado. Tanto si se aplica el artículo 90 del Código Civil en relación con el régimen aplicable a los matrimonios celebrados con anterioridad al Código de la Familia, el efecto es igual, aún cuando los principios que recoge el artículo 90 se encuentran regulados en el Código de la Familia, en su artículo 9º y el artículo 10. Este artículo remite, salvo pacto en contrario, a la preferencia del régimen legal, que es el de separación de bienes, que no es el de sociedad de gananciales y mucho menos la indisponibilidad de los bienes de la herencia, por vía de la incorporación de la institución de las legítimas. La diferencia no pequeña es la que existe entre la separación de bienes y la participación en las ganancias.

    Por las consideraciones que anteceden, el régimen económico matrimonial (que es el de sociedad de gananciales) no habiendose convenido capitulaciones matrimoniales, no puede ser aplicado en Panamá, en que, a falta de capitulaciones matrimoniales, rige el régimen de participación de utilidades y aún, en matrimonios acaecidos con anterioridad a la entrada a regir el Código de la Familia, el régimen económico previsto en el Código Civil (véase artículo 1163), con arreglo a la disposición transitoria contenida en el artículo 835 del Código de la Familia, adoptado mediante Ley Nº3, de 17 de mayo de 1994.

    Es evidente que el sistema de liquidación del régimen económico familiar, en su aplicación, lesiona el patrimonio del accionante al impedir la aplicación de la libertad en el patrimonio, con arreglo al artículo 835 (disposición transitoria) del Código de la Familia, y con ello se vulnera igualmente el artículo 44 constitucional.

    Por lo antes expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL la sentencia de 16 de julio de 2002, dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE FAMILIA, en el proceso de liquidación del régimen económico matrimonial, interpuesto por J.E.R. contra A.H.E..

    COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.

    ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK

    ARTURO HOYOS -- CÉSAR PEREIRA BURGOS -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO -- ADÁN ARNULFO ARJONA L. (Con salvamento de voto) -- JOSE A. TROYANO -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ (Con salvamento de voto)-- G.J.D.C. (Con salvamento de voto)

    CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)

    SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO

    A.A.A. L.

    Con el mayor respeto y consideración debo manifestar mi desacuerdo con el fallo de mayoría por las razones que a continuación se precisan:

    La decisión de mayoría opta, a mi juicio erróneamente, por declarar inconstitucional la sociedad de gananciales que existía con ocasión del matrimonio que contrajeron A.H. y J.E.R. el 3 de enero de 1987 en el Distrito de Baboras, Orense, España.

    Dicho pronunciamiento lamentablemente incurre en notorios desaciertos jurídicos como se aprecian a continuación:

  8. -La Sentencia pasa por alto la realidad del expediente.

    El primer señalamiento que debe hacerse a este respecto es que el fallo mayoritario llega a sus erróneas conclusiones soslayando realidades evidentes que no era posible desconocer. En efecto, según consta en Autos, el matrimonio que celebraron los esposos H. y E. se realizó fuera de la República de Panamá y con arreglo a las formalidades jurídicas de la Ley del lugar de su celebración (España).

    Este elemento es crucialmente trascendente para la decisión de la controversia de constitucionalidad planteada, puesto que el núcleo litigioso se centra en el supuesto desconocimiento del régimen patrimonial panameño aplicable a los cónyuges cuando estos no han convenido capitulaciones matrimoniales.

    La sociedad de gananciales que unía a los cónyuges no surgió por la aplicación de la Ley Panameña, sino por la Ley Española que es el ordenamiento jurídico que gobernaba el matrimonio celebrado en 1987 entre los esposos H. y E. fuera de Panamá.

    La sentencia en este sentido inexplicablemente ignora que estamos ante una controversia con factores de extranjería que obligaban a la aplicación de un Derecho Sustantivo distinto del panameño, ya que el matrimonio se celebró en España con arreglo a las Leyes de ese país. El error de enfoque que incurre la mayoría es tratar esa relación matrimonial como si la misma hubiese surgido a la vida jurídica al amparo de la Ley Civil Panameña.

  9. -La Sentencia desconoce la Ley aplicable al matrimonio extranjero.

    En estrecha relación con el planteamiento que se viene exponiendo es preciso recalcar que el fallo de mayoría declara la inconstitucionalidad arguyendo, supuestamente, que los Tribunales panameños aplicaron al matrimonio Hermida-Estévez un régimen patrimonial que no correspondía.

    Lamento no compartir esta posición puesto que, si el acto de matrimonio se sujetó a la Ley extranjera, en este caso, la Española, es evidente que el régimen patrimonial aplicable a los cónyuges es el que prevalece al tiempo de su celebración. Cuando los esposos Hermida-Estévez contrajeron matrimonio en 1987 en España surgió para ellos el régimen de sociedad de gananciales y por este motivo es que los Tribunales panameños en acatamiento de lo que establece claramente el artículo 10 del Código de la Familia, tenían que respetar esta situación jurídica. El artículo 10 del Código de la Familia preceptúa lo siguiente:

    "Artículo 10. El régimen patrimonial de los cónyuges se rige por la Ley del lugar donde se haya celebrado el matrimonio, salvo que las partes, de común acuerdo, hayan celebrado capitulaciones matrimoniales o señalado un régimen económico distinto al legal". (El destacado es propio).

    Es conveniente apuntar que esta realidad no puede alterarse por ninguna de las siguientes circunstancias:

    a.--La inscripción del matrimonio en Panamá, puesto que el matrimonio sigue siendo extranjero ya que se celebró fuera del territorio nacional y con arreglo a las prescripciones de un ordenamiento legal foráneo.

    b.-Que el Código de la Familia entró a regir el 3 de enero de 1995, pues lo único que establece el artículo 10 de ese Código es una regla de orientación para la solución de los conflictos de Derecho Internacional Privado cuando la relación en controversia presenta factores de extranjería, como se dan en el presente caso, ya que se trata de un matrimonio suscrito en España de acuerdo con las Leyes Españolas. El artículo 10 del Código de la Familia lo único que vino a reafirmar es la regla que ya existía en el artículo 90 del Código Civil que a la letra preceptuaba:

    "Artículo 90. El matrimonio celebrado en país extranjero en conformidad con las Leyes del mismo país, o con las Leyes panameñas, producirá en Panamá los mismo efectos civiles que si se hubiera celebrado en Panamá.

    "Con todo, si un panameño contrajere matrimonio en país extranjero, contraviniendo de algún modo las Leyes de la República, la contravención producirá en Panamá los mismos efectos que si hubiere cometido en el territorio".

    Es bueno anotar también que el reconocimiento del principio que consagran los artículos 10 y 90 de los Código de Familia y Civil respectivamente, no plantean una aplicación retroactiva del Código de la Familia, puesto que es claro que el matrimonio celebrado en España en 1987 tiene que ser regulado en sus aspectos patrimoniales por lo que al efecto estatuye a la Ley Española que, en este caso, reconocía la existencia de una sociedad de gananciales.

  10. Se examinan cuestiones de legalidad sin relevancia constitucional.

    El fallo con el cual discrepo adelanta consideraciones relativas a la aplicación de la legalidad ordinaria que no tienen una trascendencia constitucional que lo justifique.

    No es cierto que la decisión judicial atacada con la demanda de inconstitucionalidad, haya desconocido el debido proceso o el derecho de propiedad como proclama la mayoría.

    Lo que acontece es que la controversia de familia fue decidida por sus Jueces naturales quienes aplicaron la legislación sustantiva que correspondía de conformidad con los elementos de extranjería que caracterizaban el matrimonio objeto de la discusión. Los Jueces de la jurisdicción de familia en Panamá no podían desconocer el hecho de que el matrimonio Hermida-Estévez surgió a la vida jurídica en España y que por tanto quedo sometido a las Leyes de ese país.

    La sentencia del Pleno ha venido a debilitar la aplicación de la Ley extranjera que tenían que respetar los Jueces panameños por virtud de la naturaleza no nacional del vínculo matrimonial que unía a los esposos Hermida-Estévez.

    Por lo demás, observo con pesar que la sentencia dictada decreta la inconstitucionalidad de un acto distinto al demandado, lo cual, además, de violar el principio de congruencia, afecta un acto confirmatorio dejando incólume la sentencia de primer grado.

    Estimo que la controversia debió ser resuelta de manera distinta y por ello, no me queda otro camino que expresar mi respetuoso y categórico disentimiento manifestando que, SALVO EL VOTO.

    Fecha ut supra.

    ADAN ARNULFO ARJONA L.

    CARLOS H. CUESTAS (Secretario General)

    SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO

    A.C. CORTEZ

    El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoció de la demanda de inconstitucionalidad propuesta por la firma forense ROSAS Y ROSAS, actuando ésta en nombre y representación de A.H.E., demanda de inconstitucionalidad incoada contra la sentencia Nº17 de 31 de diciembre de 2001, emitida por el Juzgado Segundo Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, por estimarse violatoria de las normas jurídicas 17, 18, 32, 43 y 44 de la Norma Fundamental de la República de Panamá. Por no encontrarse conforme con la voluntad plasmada por la mayoría plenaria que declaró que es inconstitucional la sentencia de 16 de julio de 2002, me veo en la obligación de salvar mi voto al tenor de las razones jurídicas que expongo a continuación:

    Al momento de la discusión del tema, expresé que, al tenor de la materia en debate, era de la esencia jurídica analizar la conveniencia de la aplicación y alcance del artículo 10 del Código de Familia en cuanto a la materia en cuestión. Que dicha norma o excerta jurídica señala que:

    "ARTICULO 10:

    El régimen patrimonial de los cónyuges se rige por la ley del lugar donde se haya celebrado el matrimonio, salvo que las partes, de común acuerdo, hayan celebrado capitulaciones matrimoniales o señalado un régimen económico distinto al legal".

    Este pronunciamiento advertido en lo referente a dicha norma jurídica (artículo 10 del Código de Familia) y su texto, nos permite aclarar lo externado por el actor, en cuanto a que su texto fue aplicado retroactivamente por parte del Juzgado Seccional de Familia del Primer Circuito Seccional de Panamá al matrimonio ya celebrado.

    Mi criterio jurídico (no compartido por la mayoría plenaria), es que la norma jurídica de la referencia consagra el derecho sustantivo aplicable (norma vigente), al momento en que se instauró el proceso de disolución y liquidación del régimen económico matrimonial, que en España (lugar donde se celebró el matrimonio) no era otro que, el de gestión y disposición de bienes gananciales, cuyo bienes a falta de capitulaciones matrimoniales corresponden conjuntamente a los cónyuges (Sociedad de gananciales).

    A criterio del suscrito, la tesis esgrimida por la mayoría plenaria se equivoca toda vez que, a mi juicio, en el proceso de familia que desató la controversia y que originó la sentencia Nº717 del 31 de diciembre del 2001, mal pudo decretarse como régimen económico matrimonial aplicable el de Separación de bienes, si el matrimonio no se celebró en Panamá y el artículo 10 del código de la Familia en comento, nos remite para tales efectos al artículo 1375 del Código Civil Español, como norma aplicable en el tiempo y el cual reza así:

    ARTICULO 1375.

    "En efecto de pacto en capitulaciones, la gestión y disposición de los bienes gananciales corresponde conjuntamente a los cónyuges, sin perjuicio de lo que se determine en los artículo siguientes", estimo, a manera de conclusión, que el Juzgado Seccional de Familia, no erró, ni tampoco vulneró ninguna norma constitucional y mucho menos afectó el derecho de propiedad privada, ni el debido proceso como garantía constitucional, al estimar mediante resolución judicial, que el régimen matrimonial aplicable lo era el de gestión y disposición de bienes gananciales, cuyas consecuencias a falta de capitulaciones matrimoniales corresponden conjuntamente a los cónyuges y desaplicó mediante resolución judicial el régimen de separación de bienes.

    Finalmente, como mi criterio es que la sentencia de fecha 16 de julio de 2002 no lesiona ni contrasta con norma constitucional alguna y como quera que ese no es el parecer de la mayoría plenaria, con respeto, SALVO MI VOTO.

    ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ

    CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)

    SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA

    GRACIELA J. DIXON C.

    Respetuosamente debo manifestar que no comparto la decisión contenida en la resolución que declara la inconstitucionalidad de la sentencia de 16 de julio de 2002 proferida por el Tribunal Superior de Familia, dentro del proceso de liquidación del régimen económico matrimonial de los señores J.E.R. y A.H.E..

    En primera instancia debo manifestar que la resolución en cuestión declara inconstitucional la sentencia de 16 de julio de 2002 proferida por el Tribunal Superior de Familia, que es confirmatoria de la decisión de primera instancia, cuando lo que se demanda es la resolución judicial Nº717 del 31 de diciembre de 2001 emitida por el Juzgado Segundo Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá (ver folios 1 y 2 del cuadernillo), tal como reiteradamente lo ha establecido la jurisprudencia.

    Por otra parte, debo comentar que la sentencia resuelve la constitucionalidad de los artículos 32, 44 y 17 del propio Texto Constitucional (folio 14 del), lo que a mi criterio no es posible, toda vez que a través de este proceso lo que se persigue es la declaratoria de inconstitucionalidad de todas las leyes, decretos de gabinete, decretos - leyes, reglamentos, estatutos, acuerdos, resoluciones y demás actos provenientes de autoridad impugnados por razones de fondo o forma, más aún cuando la discusión jurídica se centra en la inconstitucionalidad de una resolución judicial que resuelve el régimen patrimonial de los cónyuges A.H.E. y J.E.R..

    Finalmente, en torno a las apreciaciones jurídicas que contiene la sentencia, comparto las consideraciones del Magistrado CIGARRUISTA expuestas en su salvamento de voto al resaltar la conveniencia de analizar el alcance del artículo 10 del Código de la Familia, toda vez que esa disposición legal claramente indica que:

    "El régimen patrimonial de los cónyuges se rige por la ley del lugar donde se haya celebrado el matrimonio, salvo que las partes, de común acuerdo, hayan celebrado capitulaciones matrimoniales o señalado un régimen económico distinto al legal".

    Luego entonces, si el matrimonio celebrado por los señores HERMIDA ESTÉVEZ y E.R. se realizó en España bajo el régimen económico matrimonial de la sociedad de gananciales; y las partes no señalaron, de común acuerdo otro, éste es el aplicable, sin que esto implique que se le está dispensado a la norma una interpretación de carácter retroactivo.

    Expresada mi inconformidad con respecto a las consideraciones de forma y de fondo de la presente sentencia de inconstitucionalidad, luego de reiterar mis respetos, manifiesto que salvo mi voto.

    Fecha: ut supra.

    GRACIELA J. DIXON C.

    CARLOS H. CUESTAS (Secretario General)